Puro show (Actualizado)

por Luis Enrique Alcalá | Nov 11, 2012 | Argumentos, Política | 6 Comentarios

Muy atentamente

(Al final de esta entrada se ha insertado una actualización)

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A Orlando Amaya

Gran parte de las desgracias de nuestra vida nacional se debe al empirismo, al desconocimiento de las razones fundamentales que rigen la marcha de las sociedades, de las empresas y las industrias, en fin, a la ignorancia petulante, vestida de suficiencia.

Santiago Key-Ayala

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Voy de cuento. Era el año de 1994, y el segundo gobierno de Rafael Caldera había emitido un segundo decreto de suspensión de garantías, fundado en la mala situación en que la gravísima crisis bancaria de ese año había colocado al país. El Congreso de la República, acicateado por COPEI—ardido porque su líder fundador le había ganado las elecciones del año anterior—, se negó a repetir la aprobación que había concedido al primer decreto. («El Congreso, en manos de la oposición, no estuvo de acuerdo con este segundo decreto, y el 22 de julio procedió a restituir todas las garantías suspendidas, salvo la contenida en el Artículo 96, a cuya suspensión había prestado su aquiescencia con ocasión del decreto de febrero. (…) El gobierno no se conformó con esto, y emitió el mismo día un nuevo decreto de suspensión—No. 285—con idéntico alcance. El guante del desafío había sido recogido». Luis Enrique Alcalá: Las élites culposas, Editorial Libros Marcados, 2012).

En tal circunstancia, el gobierno amenazó con convocar un referendo para consultar al Pueblo acerca de la suspensión que pretendía, cuando aún no existía en la legislación venezolana la figura de referendos consultivos—Caldera prefería decir «consultativo»—, y dejó caer que José Guillermo Andueza, prestigioso jurista y Ministro de Relaciones Interiores, ya tenía una redacción del decreto de convocatoria de la consulta.

Entonces publicó el diario El Nacional los resultados de una encuesta telefónica que se le ocurrió hacer sobre el tema: 90% de los consultados apoyaba la suspensión de garantías. Ni corto ni perezoso, Luis Alfaro Ucero condujo las tropas parlamentarias de Acción Democrática en apoyo del decreto 285, que fue finalmente aprobado, dejando en deslucida posición a COPEI y a La Causa R, partidos que se opusieron. Juan José Caldera anunció en la Cámara del Senado que ya el referendo no sería necesario.

Por mi parte me sentí frustrado, y no porque las garantías quedaran suspendidas, sino porque la consulta popular no se había efectuado; por eso escribí Ahora tiene que consultar, el artículo principal del #6 de referéndum (publicación mensual que por entonces producía), el 8 de agosto de 1994. No me pareció ni serio ni acertado que el gobierno de Caldera reculara con el referéndum que amagara:

Este retroceso gubernamental tiene bastante de lamentable pues, como pudo evidenciarse, la ciudadanía creyó que había llegado la ocasión para participar directamente, por primera vez, en la adopción de una decisión de Estado.

(…)

…si el Gobierno declaró, por boca del Ministro Andueza, que ya tenía redactado un decreto para convocar a referéndum, ¿qué puede impedir que se redacte otro para consultar a los Electores sobre cualquier otro asunto, dado que según la doctrina Andueza habría bastado un acto del Ejecutivo para que se produjera la convocatoria?

Si era posible convocar un referéndum “consultativo” sobre la suspensión de las garantías, es posible convocar un referéndum para consultar a los Electores sobre cualquier otra materia. A este respecto puede valer la pena considerar la siguiente idea: consultar a los Electores sobre los lineamientos generales del plan de desarrollo económico y social del Ejecutivo, el que hasta ahora, dicho sea de paso, es desconocido.

La Constitución Nacional incluye ahora, gracias al Artículo 7º de su Enmienda Nº 2, la siguiente disposición: “El Ejecutivo Nacional en el transcurso del primer año de cada período constitucional, presentará para su aprobación, a las Cámaras en sesión conjunta, las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación”.

En nuestra opinión, debiera ser a los Electores, no a las Cámaras del Congreso de la República, a quienes debiera solicitarse la aprobación de las “líneas generales del plan de desarrollo” del Ejecutivo. Esto, naturalmente, precisaría que la Constitución fuese modificada. No puede crearse de la noche a la mañana un carácter vinculante que colida con uno dispuesto expresamente en el texto constitucional.

Pero si, como había argumentado el Gobierno, podía hacerse un referéndum no vinculante para consultar su diferendo con el Congreso, perfectamente puede celebrarse uno para el acto más esencial que puede haber en el ejercicio de la política: obtener la aquiescencia del Pueblo respecto del rumbo general del Estado de cuya soberanía es asiento.

Obviamente, nada de lo que antecede fue atendido. Tomaría más de tres años que el Congreso, en reforma de diciembre de 1997, introdujera el enteramente nuevo Título VI (De los referendos) a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que finalmente creó en nuestra legislación los referendos consultivos. (La Constitución de 1961 sólo contemplaba un referéndum aprobatorio de cualquier «reforma general» del texto constitucional).

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Estas cosas vienen a cuento porque el Vicepresidente Ejecutivo de la República acaba de anunciar (10 de noviembre) el inicio de un proceso «constituyente» para la confección del plan de gobierno 2013-2019. Como es costumbre nomencladora, etiquetadora del gobierno que sirve, ahora constituyente significa algo que no es constituyente. Veamos las propias palabras de Nicolás Maduro:

La carga que tiene el concepto de constituyente en nuestra Constitución va mucho más allá de una Asamblea Constituyente, se trata del poder del pueblo para crear, recrear, fundar y refundar patria, para ejercer soberanía de manera permanente con la Constitución como instrumento fundamental de trabajo, como guía de navegación para esta generación y las que se están formando. (…) Sabemos que en cada barrio, centro de trabajo, taxi, liceo, universidad, esquina se ha acumulado un patrimonio de ideas, experiencias y realizaciones que nos coloca en una situación especial para abordar la elaboración del plan de gobierno. (…) Este es un enorme proceso de aprendizaje de formación y autoformación que exige apartar tiempo para el estudio en los colectivos, grupos de base, ministerios, alcaldías y gobernaciones. Este es un gran proceso para ordenar el pensamiento político y para ordenar y mejorar la calidad de la acción política de cada uno de nosotros.

Ocarina Espinoza, periodista de El Universal, reportó: «Dijo [Maduro] que desde el año 2006 la población que ha votado por el presidente Hugo Chávez lo ha hecho con la conciencia de que lo que se espera para el país es el desarrollo de un plan socialista y esta es la hora de participación para concretarlo». Por su parte, Noticias 24 anota: “El Comandante Chávez nos ordenó que echemos andar a partir de hoy aquí en Caracas y simultáneo [quiso decir «echemos a andar» y simultáneamente] con todo el territorio nacional, lo que hemos denominado Proceso Constituyente para la Elaboración Colectiva del Plan Socialista de la nación 2013-2019″. También ofreció algo por lo que cabe felicitarlo: “Nosotros vamos a extenderle la mano a todos los venezolanos y candidatos que por alguna razón no votaron por Chávez, a ellos también tenemos que tenderle la mano”. (Todavía no está muy afinada la cosa esta de participación de los opositores; en el mismo acto en el que Maduro llevó la voz cantante, el Ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, especificó: «Todos los revolucionarios tenemos no sólo el derecho sino el deber de incorporarnos para sumar, nutrir, aportar, construir en colectivo y generar este proceso constituyente desde las bases». Parece que no tienen ese derecho o deber quienes no sean «revolucionarios»). La periodista Espinoza destacó asimismo estas palabras de Arreaza: «en ningún país del mundo se da una convocatoria tan amplia, tan incluyente como la que se está dando en estos momentos en Venezuela». Maduro ya había preguntado: «Digan ustedes cuándo habían sido convocados en la historia de nuestro país por un líder de nación para que hagamos un solo plan, el plan de la patria se podría decir».

Entonces Jorge Giordani completó con pretenciosidad el panegírico de ocasión:

A partir de este momento se inicia un proceso constituyente, nunca visto en nuestra historia. Tendrá repercusiones no solamente en los próximos años, sino que puede ser un ejemplo para los países que están en crisis y ven en este proceso [revolucionario] esperanzas, y materializar las suyas.

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Chamán Plan (clic para ver título del libro)

¿En qué consiste el asunto en la práctica? El anuncio de este portentoso proceso fue todo un espectáculo mediático; simultáneamente—no simultáneos—con la participación de Maduro, varios candidatos oficialistas a las gobernaciones metieron su cuchara televisada: Adán Chávez desde Barinas o, acompañado por Rafael Ramírez en Mérida, Alexis Rodríguez. Este último informó, según el reportaje de Ocarina Espinoza «que el plan será presentado el próximo 10 de enero ante la Asamblea Nacional para que se convierta en ley «, y Noticias 24, al reportar la intervención de Giordani, reprodujo esto: «El inicio de este debate público permitirá que el pueblo venezolano aporte sus ideas para ser evaluadas por el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, y ser incluidas en el segundo plan socialista 2013-2019 que será presentado el 10 de enero de 2013 ante la Asamblea Nacional». Espinoza escuchó a Arreaza decir: «una de las formas de sistematizar las propuestas que se recogerán a lo largo del país será a través de la página web www.plandelapatria.org.ve. Tiene que haber homogeneidad en la sistematización de las propuestas para poder llegar a las conclusiones más importantes». (Pruebe el enlace para ser recibido con un clásico saludo comunista: «Camarada, a continuación te saldrán las siguientes ventanas…»)

En síntesis, envíe Ud. sus «ideas» para un plan de desarrollo nacional de seis años de vigencia por carta, correo electrónico o a través de las «ventanas» de la web mencionada—allí tendrá que tramitar una autenticación—; eso sí, hágalo pronto, porque el Presi tiene que entregar la tarea en menos de dos meses, el 10 de enero del año que está a punto de comenzar.

Ya sólo eso pone de manifiesto que todo el asunto es una patraña, gato por liebre: si a uno de cada diez electores—por tanto con muy baja representatividad—se le ocurriera enviar, digamos, una sola idea simple, Chávez y su equipo tendrían que procesar casi dos millones de sugerencias. Supongamos que debemos dejarle al menos una semana para redactar lo que presentaría en la Asamblea Nacional el 10 de enero; dispondría entonces de 54 días para su consideración, a razón de 37.000 proposiciones diarias. Por supuesto, Chávez sólo aprobaría lo que esté alineado con su ideología y su intención; por eso no me molestaré en enviarle una idea simplísima: olvidarse de las comunas. (Si la Mesa de la Unidad Democrática quisiera fastidiar el vistoso y engañoso proceso, instruiría a la masa opositora a la que Maduro tiende la mano para que inundara la web del «Plan de la Patria» con millones de participaciones contrarias al «Estado comunal». Esto es más constructivo que las inútiles disquisiciones del «líder nacional» Henrique Capriles Radonski acerca de la constitucionalidad de esta «constituyente»).

Todo el asunto, que por supuesto no tiene nada de constituyente, no busca sino dos objetivos: uno, a corto plazo, es el de armar ese falso tinglado como propaganda electoral para las elecciones de gobernadores; otro, más peligroso, a mediano plazo, el de pretender mediante burda falacia que el «Plan Socialista» ha sido aprobado por el Poder Constituyente Originario, que ese plan castroso es producto de una «constituyente». Este objetivo se ha hecho patente en la reiteración insistente de una mentira: «que desde el año 2006 la población que ha votado por el presidente Hugo Chávez lo ha hecho con la conciencia de que lo que se espera para el país es el desarrollo de un plan socialista» (Nicolás Maduro). Es falsedad repetida ahora por numerosos voceros del gobierno, su jefe incluido, lo que revela que es consigna emitida por el despacho presidencial. La única vez que se consultó explícitamente a los Electores acerca de algo que incluyó, de contrabando, menciones del socialismo—en el referendo de 2007 sobre las reformas propuestas por Miraflores y el Palacio Legislativo—, el rechazo fue la expresión mayoritaria.

Si hubiera real voluntad de fundar el plan de desarrollo nacional—que en este caso es de subdesarrollo—en la decisión popular, el gobierno debiese convocar a un referendo para que la población se pronunciara sobre lo que ahora cocina, como propuse el 8 de agosto de 1994, hace dieciocho años. La petulante caricatura que ahora propone el gobierno no tiene la menor originalidad, como pretende y, por supuesto, la menor sustancia. Es un grosero engaño.

Lo que tenemos que hacer—como antídoto para esta anestesia irresponsable y pretenciosa, para esa demagogia vacía—es convocar, por iniciativa popular, un referendo consultivo sobre la implantación arbitraria y caprichosa de un régimen socialista en el país. Por algo el gobierno no lo ha hecho. LEA

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ACTUALIZACIÓN: El Sr. Iván Gutiérrez ha escrito un artículo (El debate sobre las Comunas) que así comienza: «Tiene razón el Presidente, en la Constitución Nacional aprobada en 1999 quedó establecida la vía para promover formas colectivas y sociales de producción. De allí que la propuesta que está haciendo está ajustada a derecho. Quienes se oponen a ella han escogido dos caminos: Asustar con el fantasma del Comunismo y señalar que las alcaldías y gobernaciones serán borradas del mapa por el Estado Comunal». (Ver acá Más vale tarde que nunca).

Pero el 28 de mayo la Agencia Venezolana de Noticias dejó constancia de que Aristóbulo Istúriz, candidato del Presidente de la República para la Gobernación de Anzoátegui, declaró: «Organización y conciencia social son las principales características que debe tener una comuna para que pueda consolidarse como el poder popular que acabará con el estado capitalista burgués. (…) El estado capitalista burgués hay que desmontarlo, ese Estado piramidal, jerarquizado que tiene arriba el poder nacional, después al poder estadal, después al municipal, luego al parroquial y abajo, de último, al pueblo aplastado». Meses después, el 26 de octubre, se conoció información adicional acerca de los propósitos del asunto, en palabras de Istúriz en una reunión con trabajadores de Anzoátegui: «Estoy seguro, les juro que con un sistema de comuna hay menos inseguridad que sin un sistema de comuna. Cada comuna tiene que ser capaz de garantizar la seguridad en su ámbito. No es lo mismo que el consejo comunal. Hablo de comuna».

Bueno, el DRAE viene en nuestro auxilio para entender la distinción establecida por Istúriz; así define: comuna. (Del fr. commune). 1. f. Conjunto de personas que viven en comunidad económica, a veces sexual, al margen de la sociedad organizada. 2. f. Forma de organización social y económica basada en la propiedad colectiva y en la eliminación de los tradicionales valores familiares.

La primera acepción alude a la comuna hippie, típica en los EEUU de la década de los años sesenta. No creo que sea esto lo que Hugo Chávez y Aristóbulo Istúriz preconizan; el sentido en el que este último enfatiza que no habla de consejos comunales es la segunda acepción que ofrece el diccionario. Los valores familiares «tradicionales» son, por supuesto, «burgueses», y deben ser eliminados. (La admisión de Istúriz revela que lo de los consejos comunales no fue sino un truco de ablandamiento previo, en ningún caso una institución definitiva).

Vale la pena registrar que Istúriz ya ha incurrido antes en definiciones dudosas, como cuando argumentaba que la educación venezolana, a través del currículum «bolivariano», debía «estar alineada con el proyecto de país». (Ver en este blog ¿Alineación o alienación?, del 21 de abril de 2005, y también Roña a la vista, del 3 de abril de 2008). En el primero de los artículos puse: «La educación, maestro Istúriz, con lo único que tiene que estar alineada es con la verdad»).

Ahora habla, de nuevo tramposamente, el gobierno de un «proceso constituyente» para referirse al buzón de sugerencias que ha abierto para recibir ideas de la gente sobre el nuevo plan de desarrollo nacional. No es un estreno; mucho antes el oficialismo ha empleado el término de constituyente para engañar incautos. En Roña a la vista, advertí hace más de cuatro años para referirme a la imposición del mentado currículum «bolivariano»:

Esta grosera manipulación viene convenientemente reforzada por el empleo de otras marcas, que pretenden monopolizar y enrostrarnos los chavistas. Así pasa, por ejemplo, con la idea de “Constituyente Educativa”. La palabra “constituyente” se había valorizado mucho como marca para 1999, y cualquier cosa que se propusiese con ese nombre debía ser, por asociación publicitaria, en principio buena y recomendable. Es así como basta decir, en la introducción mencionada del proyecto curricular, que una constituyente educativa—harto sesgada—determinó que la reforma de 1997 fue salvajemente capitalista para que se tenga tamaña injusticia por verdad.

La distorsión terminológica y la manipulación falaz son técnicas harto frecuentes en el uso chavista. Me atrevo a recomendar al Sr. Gutiérrez, quien tiene suficiente cabeza como para admitir al final de su texto que las recientes «migraciones» en el Registro Electoral «constituyen una torpeza política de padre y señor mío», que no se deje engañar. El gobierno no tiene el monopolio de la preocupación por la pobreza, y principalmente la usa como coartada de su dominación. Vale.

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