por Luis Enrique Alcalá | Abr 23, 2012 | Historia, Memorias, Política |
Aitor Muñoz: contraportada, lomo y portada de Las élites culposas (clic amplía)
(Extracto del noveno capítulo de Las Élites Culposas, próximo a aparecer en librerías).
Luego de extraños y prolongados silencios, Hugo Chávez viajó a Cuba en enésima ocasión y pronto se supo que allí estaba por razones médicas. Allí, por propia admisión, fue intervenido quirúrgicamente para extirparle un tumor canceroso. Al cabo de angustiosos días de desinformación y rumores de toda índole, Chávez habló en cadena de televisión y radio desde La Habana el 30 de junio de 2011, para dar algún detalle de su enfermedad y su tratamiento. Desde entonces, ha ido y venido para acomodar sesiones de quimioterapia entre menos exigentes jornadas de trabajo. Durante los días que ha pasado en Venezuela, ha regresado a su pose conciliatoria: ha comentado que ya no debe decirse “Patria, Socialismo o Muerte”; ha recomendado un uso menos frecuente de las camisas rojas que identifican a sus seguidores y a él mismo; ha ordenado el cortejo de la clase media venezolana. Ha asegurado que vencerá la enfermedad que ahora lo vence. Dice que ya no se siente enfermo, sino como convaleciente de la enfermedad que “tuvo”.
Pero ahora que le ha llegado su némesis, su castigo olímpico en forma de cáncer pélvico, cirugía, quimioterapia y caída de pelo, pareció, inicialmente, arrepentirse a toda prisa de haber insistido tanto en lo que llama socialismo del siglo XXI, en el uso ad nauseam del color rojo y el lema Patria, Socialismo o Muerte—ya este último término no le causa gracia—a ver si se apiada de él un panteón irritado por su arrogancia. Cerró el año 2011 reconociendo, en repetida confesión televisada, sus grandes errores, pero ya ha vuelto por sus fueros.
Mucho antes del proceso canceroso de su organismo, partidarios que han sido suyos ya lo desahuciaban políticamente, tan evidente es su agresivo engreimiento. Incapaces de admitir la restauración de antiguos usufructuarios del poder, se quejan de no distinguir en el paisaje la figura de un outsider, sin saber que emplean el mismo término que introdujera a comienzos de los ochenta, cuando ya era obvio el desarreglo político del país, el oráculo semanal que fuera Gonzalo Barrios.
Pero un outsider, alguien que viene de fuera, no puede surgir de las filas chavistas, ni siquiera en el improbable caso de que Hugo Chávez, fajado con su enfermedad, se vea impedido de la candidatura. Tampoco, por supuesto, de las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Los partidos que componen la abigarrada mezcla de MUD no han experimentado la metamorfosis que sería necesaria para convertirse en actores relevantes y pertinentes. Se trata de un impedimento congénito o, aun más profundamente, genético, constitucional. El valor que se requiere para sobreponerse a eso es el necesario para sufrir una lobotomía ideológica; no es coraje frecuente. Quizás, si nos indignamos como en El Cairo, Madrid, Londres y Nueva York, algún día estén dispuestos a someterse a esa operación.
luis enrique ALCALÁ
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 21, 2012 | Historia, Memorias, Política |
Aitor Muñoz: contraportada, lomo y portada de Las élites culposas (clic amplía)
(Extracto del octavo capítulo de Las Élites Culposas, próximo a aparecer en librerías).
El 5 de agosto de 2008, los magistrados alineados con la línea del Ejecutivo Nacional procedieron a mutilar la Carta Magna, cuando su función y prerrogativa es la de asegurar la constitucionalidad de leyes y actos del Poder Público. Estos magistrados eran en ese momento Luisa Estella Morales Lamuño, Presidente del Tribunal y de la Sala, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Francisco Antonio Carrasquero López, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales, el ponente de la bestial decisión 1.265. Pedro Rondón Haaz no se prestó a la carnicería y consignó un noble voto salvado.
Clodosbaldo Russián, entonces Contralor General de la República, había procedido a inhabilitar a Enrique Mendoza, Leopoldo López Mendoza y 270 ciudadanos más, impidiéndoles la postulación a cargos electivos. Una primera ronda defensiva concitó a varios voceros, quienes adujeron que no se había configurado lo que estipulaba el Artículo 65 de la Constitución.
De todas formas, la defensa basada en el Artículo 65 de la Constitución era débil, puesto que su redacción no era exhaustiva ni taxativa. Es decir, el Art. 65 indica que quienes hayan sido condenados—sólo un juez puede condenar, y el Contralor no lo es—por los delitos que especifica no pueden postularse a cargos de elección popular, pero no significa que otras causales no puedan conducir a la misma inhabilitación. En otras palabras, no dice el artículo que solamente aquellos que hayan sido condenados por esa clase de delitos estarán impedidos de postularse.
Por esta razón aduje el 3 de julio que el Artículo definitivo era el 42 de la Constitución, que establece con carácter taxativo y meridiana claridad: “Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. No imaginé nunca que Morales Lamuño, Dugarte Padrón, Carrasquero López y Zuleta de Merchán aprobarían la retorcida argumentación de Delgado Rosales, quien concluyó que la protección de los derechos políticos garantizada por el Artículo 42 ¡sólo amparaba a los venezolanos por naturalización!
La aberrante conclusión—que los venezolanos por naturalización disfrutarían de protecciones que estarían negadas a los venezolanos por nacimiento—fue sostenida sobre la redacción más resbalosa y falaz que puede ser imaginada, y fue acogida por todos menos uno de los magistrados de la Sala Constitucional. La Constitución había sido amputada, cercenada, en atroz decisión del 5 de agosto de 2008.
luis enrique ALCALÁ
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 19, 2012 | Argumentos, Política |
Cuando estaba enchufado, violaba derechos y era feliz
Un íntimo y competente amigo, profesional del Derecho, llamó para comentar la bomba política que representan las declaraciones de Eladio Aponte Aponte, ex Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, concedidas al canal SoiTV y reproducidas por Globovisión y CNN en Español. El poco análisis que aquí se encuentra es el que logro recordar de mi conversación con el amigo, y se debe a su autorizado pensamiento.
Esencialmente, me dijo que estas declaraciones tienen una enorme gravedad, que influirá sobre el destino del caso que Diego Arria, por poner un caso, ha introducido contra el Presidente de la República ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. No constituyen, precisó, una prueba directa, pero sí un indicio aportado por un testigo de calificación muy considerable. Es un ex magistrado del TSJ quien declara y, por si fuera poco, quien presidiera su Sala Penal. Corresponderá a los jueces de La Haya determinar si estos indicios pueden ser tenidos por prueba.
Aponte involucra directamente al presidente Chávez en la orientación de causas judiciales según sus conveniencias políticas, en franca violación de la autonomía del Poder Judicial. Incluso menciona una reunión periódica—semanal—en la oficina de la Vicepresidencia Ejecutiva para tales fines. Menciona también casos diversos, como el de los comisarios de la Policía Metropolitana para los que habría orden ejecutiva de mantenerlos en reclusión, el de la juez Afiuni (a quien señala como magistrada valiente), o algunos casos por los que recibía llamadas de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel o Henri Rangel Silva, en procura de protecciones especiales para ciertos testigos o involucrados. En el proceso, Aponte se inculpa a sí mismo.
Mi amigo piensa que esta apertura ha suscitado interés del Departamento de Estado de los EEUU, sobre todo al considerar que el descrédito de la cúpula militar que se desprende de lo declarado por Aponte puede hacerle imposible a los altos oficiales chavistas su participación en un golpe de Estado. (Las declaraciones de Aponte se han producido dentro de un acuerdo con la Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos).
Finalmente, estima que este candente caso beneficia electoralmente a Henrique Capriles Radonski, no por propio mérito, sino por grave demérito de su contrincante. Debiera verse un cambio en los registros de las encuestas a partir de ahora, aunque en el fondo no se trata de algo que no se supiera. En buena medida, el efecto dependerá de la credibilidad que suscite el ex magistrado—ver nota en El Universal—, y ya se ocupará el régimen de desacreditarlo más de lo que ha hecho. Entretanto, abajo está la entrevista completa a Eladio Aponte Aponte y un enlace para descargar la transcripción de la misma, tomada de El Universal, en formato .pdf. LEA
Entrevista completa a ex magistrado Aponte Aponte… por Globovision
Transcripción a .pdf APONTE-SoiTv
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 18, 2012 | Historia, Memorias, Política |
Aitor Muñoz: contraportada, lomo y portada de Las élites culposas (clic amplía)
(Extracto del tercer capítulo de Las Élites Culposas, próximo a aparecer en librerías)
Y es que los arrolladores triunfos del chavismo—elecciones regionales del 8 de noviembre de 1998, elecciones presidenciales del 6 de diciembre, referendo consultivo del 25 de abril de 1999—habían sumido a lo que hasta hace nada gobernaba al país y ahora era muy minoritaria oposición, en una catatonia determinada por la conciencia de culpa y la vergüenza. Hasta fines de 2001 no se levantarían con alguna eficacia las antiguamente poderosas voces de los partidos tradicionales, que en la elección presidencial de 1998 habían obtenido, Acción Democrática, 591.362 votos y, COPEI, 140.792 contra 3.673.685 sufragios a favor de Chávez. Tanto fue el encogimiento catatónico que la mayoría de los candidatos de oposición a la [Constituyente por la] circunscripción nacional, veintinueve en total, se presentó en postulaciones de la “sociedad civil” o por iniciativa propia. Así, por ejemplo, como candidato por iniciativa propia, se postuló ¡Henry Ramos Allup en el estado Apure! Los neo-opositores procuraban evitar, patéticamente, que se les identificara con Acción Democrática o COPEI, pero su disfraz de independientes no engañó a nadie. Luis Herrera Campíns creyó oportuno recomendar: “Compren alpargatas, que lo que viene es joropo”.
Por supuesto, la pregunta fundamental del referendo del 25 de abril había sido la primera: “¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa?”
La interpretación interesada del gobierno era que la asamblea tenía prerrogativas de poder constituyente originario y que, por consiguiente, gozaba de poderes absolutos. De nuevo, la vergüenza de los partidos tradicionales hizo que esencialmente callaran ante esta monstruosidad. La Asamblea Constituyente tenía por única misión redactar el proyecto de una constitución nueva, que no entraría en vigencia hasta que el verdadero Poder Constituyente Originario la aprobara en referendo. Cualquier otra cosa era un retroceso en el reconocimiento de los derechos del pueblo, como había advertido en Contratesis: “Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros la aprobemos en referéndum”.
Así, lo que era originario no era la asamblea sino el Pueblo, pero a ninguna voz de oposición se le ocurrió hablar así; cogidos por primera vez en el cepo terminológico de la retórica chavista, los opositores burocráticos pensaron que sólo podrían oponer la tesis de que la constituyente no era originaria sino derivada, lo que sonaría mal en un mitin de campaña en cualquier barrio y creyeron, con fundamento, que si lo hacían recibirían pedradas.
Esta abdicación permitió que la Asamblea Constituyente gobernara por decretos que alteraron la “especificación arquitectónica del Estado” contenida en una constitución que aún regía, incluyendo la decapitación del Congreso de la República, al cercenarse la cabeza del Senado en lo que llegaría a llamarse la “Pre-eliminación del Senado”—cuerpo que había sido elegido directamente por los ciudadanos de Venezuela apenas finalizando el año anterior—, antes de que la nueva Constitución entrara en vigencia. Los partidos de oposición continuaron sumidos en el silencio—Henrique Capriles Radonski siguió despachando como Presidente de la Cámara de Diputados como si la cosa no fuera con él—y una escarmentada Corte Suprema de Justicia tampoco opuso resistencia. Sabía que sus días estaban contados.
luis enrique ALCALÁ
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 16, 2012 | Historia, Memorias, Política |
Aitor Muñoz: contraportada, lomo y portada de Las élites culposas (clic amplía)
(Comienzo del primer capítulo de Las Élites Culposas, próximo a aparecer en librerías).
Por la ventana de mi cuarto escuchaba las detonaciones del asalto a la residencia presidencial de La Casona, a la una de la madrugada del 4 de febrero de 1992. Una desazón irresoluble me había atrapado, aumentada porque había buscado evitar, sin éxito, lo que ahora se desarrollaba sin clemencia. Varios venezolanos morirían abaleados o bombardeados y no se tenía seguridad acerca del desenlace. En esos momentos era todavía posible que el sistema democrático fallara y fuera interrumpido, que los golpistas desconocidos triunfaran y asumieran el poder en Venezuela.
Siete meses y catorce días atrás, el 21 de julio de 1991, El Diario de Caracas había publicado un artículo mío—Salida de estadista—, en el que recomendaba la renuncia del presidente Pérez como modo de eludir, justamente, lo que estaba ocurriendo a pocas centenas de metros de mi casa. Allí puse: “El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal”.
Saludado como exageración—el Director del periódico, Diego Bautista Urbaneja, escribió tres días después sobre mi planteamiento: “No creo que exista un peligro serio de golpe de Estado…”—, el expediente de la renuncia sería luego propuesto por nada menos que Rafael Caldera, Arturo Úslar Pietri y Miguel Ángel Burelli Rivas, después de la intentona del 4 de febrero. Yo la había recomendado antes del abuso. Herminio Fuenmayor, el Director de la Inteligencia Militar, declaró que había en marcha una campaña—¡el íngrimo artículo!—para lograr la renuncia de Pérez. El general Alberto Müller Rojas, luego jefe de campaña de Hugo Chávez Frías, escribió en El Diario de Caracas sobre la ingenuidad de mi proposición. Al año siguiente, y luego de la intentona, volvió a escribir en adulación a Úslar Pietri, señalándolo como “el primero” que había solicitado la renuncia de Pérez. La verdad era que un mes escaso antes del golpe Úslar proponía que Pérez se pusiera al frente de ¡un gobierno de emergencia nacional! El interés oportunista de Müller Rojas era obvio: habiendo gravitado antes por los predios de aquel “Frente Patriótico” que lideraba Juan Liscano, quería ahora ser contado entre “Los Notables” que rodeaban a Úslar Pietri.
Pero antes, todavía, alerté sobre el peligro de un golpe de Estado. En Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela (septiembre de 1987), había escrito: “…el próximo gobierno sería, por un lado, débil; por el otro, ineficaz, en razón de su tradicionalidad. Así, la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabilidad de un golpe militar hacia 1991*, o aun antes, sería considerable”.
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* La asonada de Chávez, Arias Cárdenas et al., se supo luego, estuvo prevista para fines del año de 1991. Debía darse para el 16 de diciembre de ese año, con la pretensión de amanecer en el poder en el aniversario de la muerte de Simón Bolívar.
luis enrique ALCALÁ
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