por Luis Enrique Alcalá | Jul 31, 2008 | Cartas, Política |
Por un largo tiempo ha sido doctrina enseñada en IFEDEC—hoy Centro de Formación Internacional Arístides Calvani—que los socialcristianos o demócrata-cristianos debían extraer su política de los principios de la democracia cristiana. (Principios del humanismo cristiano, prefiere decir ahora el IFEDEC). Esta formulación venía tomada directamente del jesuita belga Roger Vekemans, quien dejó honda huella en Chile y el resto de América Latina. El padre Vekemans, nacido en 1921 y fallecido el 24 de octubre del año pasado, fue entre otras muchas cosas Director de CEDIAL (Centro para el Desarrollo Social de América Latina) y de la revista Mensaje, y antes de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica de Chile. Fue en esta última institución donde impulsó la idea de la “Promoción Popular”, que se convertiría en consigna práctica en el Cordiplán del primer gobierno de Caldera, bajo el liderazgo de doña Adela Abbo de Calvani. Un blog del movimiento Un Techo para Chile (Espacio de Debate) asegura que la Promoción Popular “buscaba remodelar la estructura social, con el fin de establecer un cambio social radical. Esta iniciativa postulaba que la sociedad debería abrirse para permitir el acceso de los grupos marginales, a través de una extensa gama de mecanismos de acogida, fueran éstos culturales, económicos o políticos. Éstos organizarían a los sectores marginados para intentar las reformas sociales, reunidos en juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos y talleres de todo tipo”. Como puede verse, toda una nueva “geometría del poder”. Hay muy poco de original en la prédica chavista.
Pues bien, Vekemans planteaba que la política concreta debía deducirse de la ideología socialcristiana, cuya fuente primaria se halla en las llamadas “encíclicas sociales” de los papas modernos. (Rerum novarum, de León XIII en 1891; Quadragesimo anno, de Pío XI en 1931; Mater et magistra, de Juan XXIII en 1961, principalmente, sin olvidar que es uso de Juan Pablo II la expresión “capitalismo salvaje”, de tan caro aprecio del actual presidente venezolano, en Centesimus Annus de 1991. Nada menos que en La Habana, en 1998, el papa Wojtyla lo fustigó en estos términos: “Por otro lado resurge en varios lugares una forma de neoliberalismo capitalista que subordina la persona humana y condiciona el desarrollo de los pueblos a las fuerzas ciegas del mercado, gravando desde sus centros de poder a los países menos favorecidos con cargas insoportables. Así, en ocasiones se impone a las naciones, como condiciones para recibir nuevas ayudas, programas económicos insostenibles. De este modo se asiste al enriquecimiento exagerado de unos pocos a costa del empobrecimiento creciente de muchos, de forma que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres”. Del mismo modo, sin embargo, repudió con la mayor contundencia al marxismo y a la llamada Teología de la Liberación).
Del magisterio de la Iglesia Católica en materia social surgían guías para la acción política, y de ellas se procedió a la formulación de los principios de la democracia cristiana. A comienzos de la década de los sesenta, Enrique Pérez Olivares había escrito un útil manual sobre el tema, que se empleaba como libro de texto en los cursos ideológicos que COPEI ofrecía a sus nuevos militantes. Más tarde, Rafael Caldera escribiría “Especificidad de la democracia cristiana”, con igual intención pedagógica. Pérez Olivares, por ejemplo, organizaba los tales principios en tres grupos: principios metapolíticos (la dignidad de la persona humana o la primacía del Bien Común), principios políticos (verbigracia, el principio de subsidiaridad del Estado) y principios para la acción (moral política, por caso, según la cual no sólo el término sino el camino de un partido demócrata-cristiano, si quería ser llamado así, debía atenerse a la ética).
Pero el IFEDEC tenía por misión la de formar dirigentes demócrata-cristianos en América Latina para las lides políticas reales y cotidianas, y en su labor docente llegó a percatarse de que la simple formula de Vekemans no parecía ser muy práctica. Resulta extraordinariamente difícil, imposible más bien, recogerse en alguna celda solitaria envuelto en una bata china, para enfrascarse en profundas cavilaciones sobre el “principio de la perfectibilidad de la sociedad civil” y deducir de él alguna solución, pongamos, al problema de la deuda externa del país o a su delincuencia organizada. Enfrentado a tal dificultad, el IFEDEC inventó el método de los “planos de mediación”. por el que se postulaba que un solo brinco desde el nivel de los principios hasta el piso de las políticas concretas era demasiado camisón p’a Petra. Por esto postulaba una aproximación en sucesivos planos teóricos de concreción creciente. Esto es, el IFEDEC proponía el corrimiento de la arruga, algo así como el intento de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead (en Principia Mathematica) por escapar a la inconsistencia lógica mediante la teoría de los tipos, una escalera infinita de lenguajes y metalenguajes. En 1931, el matemático checo Kurt Gödel daría estocada de muerte a su pretensión, pero de esto no llegó noticia a los gabinetes y aulas del IFEDEC.
A comienzos de 1984, Eduardo Fernández, a la sazón Secretario General de COPEI, anunció la convocatoria de un congreso ideológico de su partido, iniciando así una penetrante moda política, que luego copiaría Primero Justicia con el suyo y hasta Diosdado Cabello, que el año pasado proponía uno para el Partido Socialista Único de Venezuela. Al año siguiente se iniciaban las labores preparatorias, y es en ese momento cuando el suscrito remite su renuncia (la segunda y penúltima) a la condición de militante de COPEI. En unas “memorias prematuras” comento esa circunstancia de 1985: “El 12 de junio me invitó a almorzar Gustavo Tarre Briceño… Gustavo insistió en esa oportunidad en que mi renuncia a COPEI no sería aceptada y me invitó a participar activamente en la preparación del ‘congreso ideológico’ de su partido… Por lo que respecta al congreso ideológico tuve que declinar, pues Gustavo me había dicho que les hacía falta un nivel intermedio, sociológico, entre un nivel principista y filosófico que estaba confiado a Enrique Pérez Olivares y Arístides Calvani, y un nivel de políticas específicas del que se ocupaban diferentes comisiones. Gustavo creía, y me aseguró que también Eduardo, que yo era el indicado para establecer un ‘puente’ entre esos dos niveles. En esas condiciones, expliqué, lo que se me pedía era involucrarme en algo en lo que yo no creía, puesto que pensaba que la política ya no podía seguir ‘deduciéndose’ a partir de un piso principista y abstracto de principios ideológicos generales”.
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La política no es una ciencia, por más que exista el término “ciencias políticas”. Estas últimas, por supuesto, procuran examinar la política con criterio y método científico, pero en este caso la política es tenida por objeto de estudio, no como práctica. Por tal razón, la educación en ciencias políticas no capacita a nadie para el ejercicio político. La política misma es una práctica; más propiamente, es una profesión, un arte, un oficio, un métier. Esto es fácil de entender si se piensa en la medicina; ella no es tampoco una ciencia, sino una profesión, una técnica si se quiere. Naturalmente, existen “ciencias médicas” que le dan riguroso soporte: la bacteriología o la fisiología, por ejemplo, pero la medicina como tal no es una ciencia.
Mucho menos es la política una suerte de geometría, una ciencia deductiva o axiomática, capaz de extraer un sinnúmero de “teoremas políticos” por mero razonamiento lógico. Y esto es precisamente lo que se creía en COPEI y en su afiliado centro de formación, el IFEDEC. Esa creencia en una relación deductiva entre principios y política es un rasgo bastante común del paradigma político clásico, y se manifestaba con particular intensidad en el pensamiento de los líderes de la democracia cristiana venezolana. Un destacado ejemplo lo constituyó el debate sobre el “agotamiento del modelo de desarrollo venezolano”, tema de moda por los comienzos de la década de los ochenta y en el que terció el Dr. Rafael Caldera con una tesis bastante típica de las formulaciones clásicas. Caldera argumentó, desde un discurso pronunciado en tierras mexicanas, que no era cierto que el modelo de desarrollo venezolano hubiese caducado; más bien, por lo contrario, el asunto era que no había sido llevado a la práctica, y que debía buscarse la descripción del susodicho modelo en el Preámbulo de la Constitución Nacional de 1961.
Una postura idéntica podía encontrarse en muchos otros discursos como, por ejemplo, en la estereotipada conferencia sobre “objetivos nacionales” del curso estándar del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional: “Los Objetivos Nacionales se dividen en Objetivos Nacionales Permanentes y Objetivos Nacionales Transitorios. Los Objetivos Nacionales Permanentes están enumerados en el Preámbulo de la Constitución Nacional”. A fin de cuentas, el IAEDEN inició sus funciones durante el primer gobierno de Caldera.
Cuando se diseñó la mentada conferencia estaba en vigencia la constitución de 1961. Éste es el trozo pertinente de su preámbulo: “…con el propósito de mantener la independencia y la integridad territorial de la Nación, fortalecer su unidad, asegurar la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones; proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social; lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social, y fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre; mantener la igualdad social y jurídica, sin discriminaciones derivadas de raza, sexo, credo o condición social; cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las repúblicas hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre la base del recíproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumentos de política internacional; sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la Tierra; y conservar y acrecer el patrimonio moral e histórico de la Nación…”
Ahora tenemos, desde 1999, una nueva Constitución. Su Preámbulo declara: “…con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad…”
Obviamente, los textos que anteceden son un recuento de valores y criterios más que de objetivos, por lo que difícilmente puede llamarse al Preámbulo de la Constitución un “modelo de desarrollo”. A pesar de esto, es muy generalizada la creencia mitológica en que ese tipo de formulaciones equivale a haber arribado a un “proyecto de país”, noción que subyace a la gran mayoría de los esfuerzos políticos y no es exclusiva del pensamiento partidista.
Allá en la década de los noventa, por ejemplo, Elías Santana, el incansable dirigente vecinal y cívico, buscaba organizar el movimiento “Venezuela 20-20”. En principio quería visualizar, sobre el año 2020, la clase de país que sería Venezuela tras la aplicación de un “proyecto-país”. (En realidad la designación 20-20 aludía no sólo al año, sino por vía metafórica a una vista o “visión” 20-20, la fórmula abreviada con la que se designa a una vista perfecta. El uso de la metáfora no era, por otra parte, demasiado original. Ya por entonces existía para la Península Malaya, uno de los “milagros” económicos del Lejano Oriente, el plan “Malasia 20-20”, exactamente con la misma intención simbólica de Santana). La convocatoria inicial de Santana afirmaba de una vez que el “proyecto de país” debía cristalizar en una nueva constitución.
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Tal modo de entender el problema político general, “políticamente correcto” y aparentemente impecable, conduce a la frustración, y este deprimente resultado se sintió con particular agudeza en el seno de COPEI, precisamente por su compromiso con los principios de su doctrina. Sus dirigentes debían combinar, en malabarismo imposible, el discurso de los principios con las actuaciones de la vida política cotidiana que tendían, por necesidades de Realpolitik, a contradecirlos. Cíclicamente, un mea culpa emergía de sus labios: “Nos hemos pragmatizado. Nos hemos adequizado. Es preciso retornar a los principios. Tenemos que rescatar la diferencia”. (El Congreso Ideológico Nacional de COPEI, celebrado en 1986, fue precedido en Caracas por un Congreso Ideológico Distrital cuyo lema era, justamente, “Al rescate de la diferencia”).
En verdad, tal cosa era una tarea de Sísifo. La política no se deduce; se inventa. No puede ser extraída, porque no es ciencia axiomática, de unos principios doctrinarios, ideológicos, por más hermosos, entrañables e inspiradores que puedan ser. Y esta tozuda realidad presenta un grave problema a quienes insistan en practicar una “política de valores”, una política ideológica, si suponen que sus principios éticos deben ser el punto de partida.
Este problema, sin embargo, tiene solución: ella consiste en ubicar los valores en su correcto lugar; no el de fines u objetivos, sino el de criterios de selección. Es la creatividad política, la invención, la que ante, digamos, el problema de la pobreza, será capaz de producir tres o cuatro posibles soluciones. Entonces será posible descartar la segunda solución, por ejemplo, porque colida con el principio de la dignidad de la persona humana o el de la libertad. Es decir, no es lo requerido el abandono de los valores, sino su correcta aplicación. Pero no se les pida ser axiomas, porque no lo son.
La política responsable en el siglo XXI es una política clínica. Con fundamento en la ciencia, sin serlo ella misma. Con la mayor objetividad que sea posible, eludiendo definirse como mero combate con un adversario que lo justificaría todo. Con apego a la definición de su término calificador: “clínico, ca. Perteneciente o relativo al ejercicio práctico de la [política] basado en la observación directa de los [casos] y en su tratamiento”. (Modificado del Diccionario de la Real Academia Española. Las definiciones inglesas enfatizan que no se trata de estudios teóricos, y asimismo que hay una distancia “clínica”, desapasionada). En ningún caso, desde el intento pretencioso e imposible de imponer una ideología.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 29, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Los vecinos de la urbanización caraqueña de Los Palos Grandes, reunidos en Asamblea de Ciudadanos, formularon una carta-compromiso que hicieron firmar a todos y cada uno de los aspirantes a la Alcaldía de Chacao en las próximas elecciones del 23 de noviembre. La iniciativa y el documento son, por supuesto, un acto político importante, pero también una lección de pedagogía ciudadana. En vez de resignarse al habitual rol pasivo de los electores, hicieron saber a los precandidatos que al resultar electo uno de ellos quedará sujeto al compromiso contraído y a la vigilancia y contraloría vecinal.
Ni uno solo de los pretendientes pudo sustraerse a la firma. Como es natural, está en su interés cortejar el voto de los habitantes del municipio, y haberse negado podría representarles el fracaso. Al estampar su firma, claro, no sólo procuran congraciarse con los electores, sino que quedan sujetos a un pacto que les obliga. La sociología considera que es la base de la vida social la norma tácita que recoge un adagio del Derecho Romano: pacta sunt servanda. (Los pactos deben ser cumplidos). Sin ella, sin la confianza básica que descansa en ella, serían imposibles la vida en sociedad y su progreso. Los vecinos de Los Palos Grandes, por otra parte, mostraron el tramojo a los concursantes: “Esta es una carta vinculante con lo moral, con la ética y, además de lo anterior, con su futuro político. Aquello que de aquí incumpliereis, afectará el futuro político de sus carreras”.
El documento, por tanto, es una muestra de madurez política. No puede negarse que los cambios ocurridos en los últimos diez años no son todos negativos. En particular es grandemente positiva la apertura de nuevos canales de expresión de la voluntad ciudadana, ejemplificados en los Consejos Comunales y las Asambleas de Ciudadanos. Esto corresponde a la noción jurídica inglesa de devolution: la concesión estatutaria de poderes del gobierno central de un Estado a gobiernos de los niveles regional o local. En nuestro caso, la figura de las asambleas de ciudadanos tiene rango constitucional, mientras que una ley ha creado la de los consejos comunales.
Es sabio acoger estas nuevas vías de participación popular y llenarlas de presencia ciudadana, en lugar de replegarse y declararlas sospechosas. Los habitantes de Los Palos Grandes han hecho precisamente eso, y lo han hecho para comprometer al próximo Alcalde del Municipio Chacao y fijar su responsabilidad. La Ficha Semanal #205 de doctorpolítico recoge el texto completo de la carta-compromiso firmada por los aspirantes a su alcaldía la que, como ponen sus redactores, aspira a ser reproducida por entidades similares en todo el país. Es la Carta Magna de los vecinos.
LEA
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Compromiso electoral
Señores precandidatos
a la Alcaldía de Chacao
14 de julio 2008
Compromiso de gestión de gobierno de los precandidatos a la Alcaldía de Chacao con los vecinos de Los Palos Grandes. Responsabilidad con la moral y la ética.
Estimados precandidatos a la Alcaldía de Chacao:
Bienvenidos a Los Palos Grandes.
Los tiempos de la contienda electoral dejaron de ser meras consignas vistosas, rosario de promesas entusiastas de ustedes y pasiva aceptación de ofertas por parte nuestra.
Esta comunidad de vecinos ha asumido, vigorosamente, su condición participativa y la ejerce con toda propiedad.
Es por ello que al convocarlos, más que escucharlos, queremos oigan las necesidades, aspiraciones y exigencias de esta comunidad, para que las incorporen a su gestión de gobierno cuando uno de ustedes resulte electo.
Ustedes aspiran, legítimamente, a obtener nuestros votos y con ellos el cargo.
Conviene entonces recordarles qué significa nuestro voto.
Nuestro voto incluye contraloría a su gestión. No es promesa de silencio, ni complicidad. El voto de Los Palos Grandes, no es renuncia a la crítica, sino compromiso a hacerla constructiva. Nuestro voto no implica incondicionalidad, porque si se la diéramos, ambos, alcalde y vecinos, saldríamos perjudicados como ha demostrado la historia reciente del país.
El voto que vamos a depositar el 23 de noviembre no nos compromete con ninguno de ustedes, nos compromete con nuestra comunidad, que espera de ustedes servicio, transparencia, eficiencia, probidad, inclusión y lealtad con quienes les hemos dado el mandato de dirigirnos. Nada menos que eso.
A tal fin, algunos de los vecinos que participamos en las diversas fuerzas vivas de LPG, quisimos establecer este encuentro que aspiramos sea replicado en todo el país. Presentamos a ustedes esta carta-compromiso que recoge una buena parte de las inquietudes y aspiraciones de esta comunidad y en la que su firma se constituye en un pacto con todos los vecinos a cuyo voto aspiran.
Esta es una carta vinculante con lo moral, con la ética y, además de lo anterior, con su futuro político. Aquello que de aquí incumpliereis, afectará el futuro político de sus carreras. El endoso de Chacao es emblemático.
Lo saben ustedes y lo sabemos nosotros.
Actuemos todos en consecuencia.
Lo siguiente es el trabajo de un equipo de vecinos cuyo compromiso ciudadano es de larga data, y – cuyo manejo de la problemática vecinal está fundado en el conocimiento, como reflejan los puntos expuestos:
Compromiso de los precandidatos a la Alcaldía de Chacao con los vecinos de Los Palos Grandes.
1. Respetaré la continuidad de los programas de Salud, Seguridad, Deportes, Iluminación, Juventud Prolongada, Atención a los Vecinos, Culturales, Ambientales (entre otras cosas, los relacionados con la recolección de la basura).
2. Me abocaré a la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Local – PDUL – como la herramienta de planificación que es, el cual es una deuda con el municipio y la ciudad.
3. Haré efectiva la letra de la LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, en sus disposiciones de derechos ciudadanos.
4. Promoveré e incorporaré la Designación del Representante Comunitario como se describe en el artículo 169 de la Ley Orgánica vigente.
5. Daré continuidad, con celeridad y eficiencia, a los procedimientos administrativos, en materia urbana, ya abiertos.
6. Ofreceré acompañamiento, asesoría y seguimiento a los procesos judiciales que dañen la calidad de vida de los vecinos de todo el municipio.
7. Me abocaré a eliminar la discrecionalidad de la Administración Tributaria y de Ingeniería Municipal que han fomentado el conflicto entre residentes y comerciantes, y buscaré fórmulas conjuntas que favorezcan a ambas partes y no a una sola.
8. Me comprometo a rescatar y hacer cumplir las leyes que regulan la convivencia y que fueron confiscadas por decisiones tribunalicias que han perjudicado a los vecinos.
9. La mía será una Alcaldía abierta a los vecinos. Las comisiones de trabajo tanto las promovidas por la Alcaldía así como las llevadas adelante por los vecinos, contarán con el apoyo y estimulo de todo el equipo que me acompañe.
10. Me comprometo a mantener una administración transparente y las cuentas estarán a disposición de los vecinos en todo lo relativo al presupuesto de gastos de la Alcaldía y a la ejecución de proyectos.
Si así lo hiciereis que Dios y la Patria os lo premien, si no que os lo demanden.
Liliana Hernández Carlos Vecchio Ramón Muchacho
Emilio Graterón Samantha Quintero Luis Sandoval
William Torres Guetón Rodríguez
por Luis Enrique Alcalá | Jul 17, 2008 | LEA, Política |
Durante su reciente visita a Ecuador, el presidente Chávez reiteró sus principales consignas: que es necesaria la unidad de las naciones de América Latina, y que en un mundo de imperialismo y neocolonialismo, con hegemonía capitalista estadounidense, sería preciso construir un socialismo del siglo XXI.
Tales cosas las dice en reunión con sus pares de Ecuador y Nicaragua, esto es, en una cumbre. Ha ingresado ya a su zona de olvido aquella denuncia suya de que los presidentes se la pasaban de cumbre en cumbre, mientras los pueblos pasaban de un abismo a otro.
La integración de América Latina o, menos ambiciosamente, la de América del Sur debe ser, precisamente, predicada y vendida a los pueblos latinoamericanos o suramericanos, no a sus gobernantes. Si sólo se plantea en cumbres—o como en el caso que nos ocupa, en minicumbres—otras dinámicas conspirarán para impedir la consecución de tan necesario como difícil objetivo.
Por ejemplo, ¿es un estímulo a la integración política de América del Sur el nivel de compras de armamento por parte del gobierno presidido por Chávez? En su reciente reunión con los empresarios venezolanos, Chávez remachó su intención de convertir a Venezuela en “una potencia mediana”, y en ninguna otra cosa es más evidente ese propósito que en el rearme venezolano de los últimos años. ¿Cómo pueden recibir los mandatarios de la región una invitación a reunirse con quien militariza todo lo que toca?
Tampoco puede creerse, por otra parte, en un programa de integración que venga con la condición previa de reunir regímenes socialistas, o el anunciado fin de suscitar el derrumbe del capitalismo. (Que es lo que Chávez recomienda de nuevo, ahora cuando resuella por la herida de la negativa evaluación que Barack Obama tiene de su persona política).
La imposición de una ideología, cualquiera sea ésta, a todo un continente es desproporcionadamente pretenciosa. Ni siquiera Cuba aceptaría una cosa así. Raúl Castro acaba de declarar que lo que ahora viene en su país es un “socialismo realista”, léase à la manière chinoise. Es decir, un socialismo que se convierte en capitalismo.
Una vez más, entonces, Hugo Chávez se equivoca cuando acierta. Una cosa es repudiar el Consenso de Washington, una cosa es preferir un mundo multipolar a uno que sea unipolar bajo hegemonía de los Estados Unidos o la democracia participativa sobre la meramente representativa; otra cosa muy diferente es creer que la única opción al ya viejo catecismo del Banco Mundial y a la unipolaridad es el socialismo. Hoy en día, en el actual state of the art de la política, es ésta una opción de aficionados.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 17, 2008 | Cartas, Política |
Intervenir la sociedad con la intención de moldearla involucra una responsabilidad bastante grande, una responsabilidad muy grave. Por tal razón, ¿qué justificaría la constitución de una nueva asociación política en Venezuela? ¿Qué la justificaría en cualquier parte?
Una insuficiencia de los actores políticos convencionales sería parte de la justificación si esos actores estuvieran incapacitados para cambiar lo que es necesario cambiar. Que ésta es la situación de los actores políticos tradicionales es justamente una afirmación que puede sostenerse, y acá se incluye a los viejos partidos—AD, COPEI, MAS, Causa R—tanto como a nuevos: Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo o el Partido Socialista Único de Venezuela.
Y no es que se descalifique a los actores políticos convencionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales. Se les descalifica desde la persuasión de su incapacidad para comprender los procesos políticos, de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Puede desautorizárseles, entonces, si llegamos a convencernos de su incapacidad constitucional para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio intelectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los verdaderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos, puesto que está construido sobre esquemas conceptuales obsoletos. (La ubicación en un eje izquierda-derecha, por ejemplo). Así lo revela un cuidadoso análisis de las proposiciones que surgen de los actores políticos tradicionales, como supuestas soluciones a la crítica situación nacional, situación a la vez penosa y peligrosa.
Pero junto con esa insuficiencia en la conceptualización de lo político debe anotarse un total divorcio entre lo que es el adiestramiento típico de los líderes políticos y lo que serían las capacidades necesarias para el manejo de los asuntos públicos. Por esto, no solamente se trata de entender la política de modo diferente, sino de permitir la emergencia de nuevos actores políticos que posean experiencias y conocimientos distintos.
Las organizaciones políticas que operan en el país no son canales que permitan la emergencia de los nuevos actores que se requieren. Por lo contrario, su dinámica ejerce un efecto deformante sobre la persona política, hasta el punto de imponerle una inercia conceptual, técnica y actitudinal que le hacen incompetente políticamente. Hasta ahora, por supuesto, el país no ha conocido opciones diferentes, pero, como bien sabemos, aun en esas condiciones los registros de opinión pública han detectado grandes desplazamientos en la valoración popular de los actores políticos tradicionales, la que es cada vez más negativa.
Por evidencia experimental de primera mano sabemos que los actores políticos tradicionales están conformados de modo que sus reglas de operación se oponen a los cambios requeridos en conceptos, configuraciones y acciones políticas. Por esto es que es necesaria una nueva asociación política: porque de ninguna otra manera saludable podría proveerse un canal de salida a los nuevos actores políticos.
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No basta, sin embargo, para justificar la aparición de una nueva asociación política la más contundente descalificación de las asociaciones existentes. La nueva asociación debe ser expresión ella misma de una nueva forma de entender y hacer la política y debe estar en capacidad de demostrar que sí propone soluciones que escapan a la descalificación que se ha hecho de las otras opciones. En suma, debe ser capaz de proponer soluciones reales, pertinentes y factibles a los problemas verdaderos.
No debe entenderse por esto, sin embargo, que tal asociación pretenda conocer la más correcta solución a los problemas. Tal cosa no existe y por tanto tampoco existe la persona o personas que puedan conocerla. Es ése, precisamente, el problema de definir a una organización por una ideología, que no es otra cosa que la pretensión de disponer de una panacea o solución universal. Ningún actor político que pretenda poseer la solución completa o perfecta es un actor serio.
Siendo las cosas así, lo que proponga un actor político cualquiera siempre podrá en principio ser mejorado, lo que de todas formas no necesariamente debe desembocar en el inmovilismo, ante la fundamental y eterna ignorancia de la mejor solución. (Lo perfecto es enemigo de lo bueno). Más todavía, una proposición política aceptable debe permitir ser sustituida por otra que se demuestre mejor: es decir, debe ser formulada de modo tal que la comparación de beneficios y costos entre varias proposiciones sea posible.
De este modo, una proposición deberá considerarse aceptable siempre y cuando resuelva realmente un conjunto de problemas, es decir, cuando tenga éxito en describir una secuencia de acciones concretas que vayan más allá de la mera recomendación de emplear una particular herramienta, de listar un agregado de estados deseables o de hacer explícitos los valores a partir de los cuales se rechaza el actual estado de cosas como indeseable. Pero una proposición aceptable debe ser sustituida si se da alguno de los siguientes dos casos: primero, si la proposición involucra obtener los beneficios que alcanza incurriendo en costos inaceptables o superiores a los beneficios; segundo, si a pesar de producir un beneficio neto existe otra proposición que resuelve más problemas o que resuelve los mismos problemas a un menor costo.
En ausencia de estas condiciones para su sustitución la política que se proponga puede considerarse correcta, y dependiendo de la urgencia de los problemas y de su importancia (o del tiempo de que se disponga para buscar una mejor solución) será necesario llevarla a la práctica, pues el reino político es reino de acción y no de una interminable y académica búsqueda de lo perfecto.
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Pero es importante también establecer que no constituyen razones válidas para rechazar una proposición la novedad de la misma (“esto no se ha hecho nunca”) o la presunción de resistencias a la proposición. Por lo que respecta a la primera razón debe apuntarse que una precondición de las políticas aceptables es precisamente la novedad. Respecto de la existencia de resistencias y obstáculos hay que señalar que eso es un rasgo insalvable de toda nueva proposición. El que las resistencias y los obstáculos hagan a una proposición improbable no es una descalificación válida, puesto que el trabajo del hombre es precisamente la negación de probabilidades, la consecución de cosas improbables.
Toda proposición política seria, y muy especialmente las que se pretenda emerjan por el canal de una nueva asociación política, deberá estar dispuesta a someterse a un escrutinio y a una crítica comparativa que se conduzcan con arreglo a las normas descritas más arriba. La “objetividad” política sólo se consigue a través de un proceso abierto y explícito de conjetura y refutación, pero jamás dentro de un ámbito en el que lo pautado es el silencio y el acatamiento a “líneas” establecidas por oligarquías (so pena de verse enfrentado a tribunales disciplinarios), o en el que se confunde la legitimidad política con la mera descalificación del adversario.
Las ofertas provenientes de los actores políticos tradicionales son insuficientes porque se producen dentro de una obsoleta conceptualización de lo político. En el fondo de la incompetencia de los actores políticos tradicionales está su manera de entender el negocio político. Son puntos de vista que subyacen, paradójicamente, a las distintas opciones doctrinarias en pugna. Es la sustitución de esas concepciones, por otras más acordes con la realidad de las cosas y con nuevos moldes conceptuales—la ciencia de los sistemas complejos, por ejemplo—, lo primero que es necesario, pues las políticas que se desprenden del uso de tales marcos conceptuales son políticas destinadas a aplicarse sobre un objeto que ya no está allí, sobre una sociedad que ya no existe.
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Tal vez el mito político más generalizado y penetrante sea el mito de la igualdad. Hay diferencia entre las versiones, pero en general ese mito es compartido por las cuatro principales ideologías del espectro político de la época industrial: el marxismo ortodoxo, la socialdemocracia, el social-cristianismo y el liberalismo. Sea que se postule como una condición originaria—como en el liberalismo—o que se vislumbre como utopía final—como en el marxismo—la igualdad del grupo humano es postulada como descripción básica en las ideologías de los distintos actores políticos tradicionales. El estado actual de los hombres no es ése, por supuesto, como jamás lo ha sido y nunca lo será. Tal condición de desigualdad se reconoce, pero se supone que minimizando al Estado es posible aproximarse a un mítico estado original del hombre, o, por lo contrario, se supone que la absolutización del poder del Estado como paso necesario a la construcción de la utopía igualitaria, hará posible llegar a la igualdad. (Entre estos polos procedimentales extremos se desenvuelven corrientes de postura intermedia, como la socialdemocracia y el socialcristianismo.) Entretanto, se concibe usualmente a la obvia desigualdad como organizada dicotómicamente. Así, por ejemplo, se comprende a la realidad política como si estuviese compuesta por un conjunto de los honestos y un conjunto de los corruptos, por un conjunto de los poseedores y un conjunto de los desposeídos, un conjunto de los reaccionarios y uno de los revolucionarios, etcétera.
La realidad social no es así. Tómese, para el caso, la distinción entre “honestos” y “corruptos” que parece tan crucial a la persistente y agravada problemática de corrupción administrativa. Si se piensa en la distribución real de la “honestidad”—o, menos abstractamente, en la conducta promedio de los hombres referida a un eje que va de la deshonestidad máxima a la honestidad máxima—es fácil constatar que no se trata de que existan dos grupos nítidamente distinguibles. Toda sociedad lo suficientemente grande tiende a ostentar una distribución que la ciencia estadística conoce como distribución normal de “las cualidades morales”: en esa sociedad habrá, naturalmente, pocos héroes y pocos santos, como habrá también pocos felones, y en medio de esos extremos la gran masa de personas cuya conducta se aleja tanto de la heroicidad como de la felonía.
Si no se entiende las cosas de ese modo la política pública se diseña entonces para un objeto social inexistente. Y esto es lo usual, pues nuestra legislación típica incluye un sesgo hacia una descripción angélica de los grupos humanos—la famosa “comunidad de profesores y estudiantes en busca de la verdad” de nuestra legislación universitaria, por ejemplo—o bien hacia el polo contrario de una legislación que supone la generalizada existencia de una propensión a delinquir, como es el caso de la legislación electoral o del instrumento orgánico de “salvaguarda del patrimonio público”.
Es necesario entonces que esa óptica dicotómica e igualitarista sea suplantada por un punto de vista que reconozca lo que es una distribución normal de los grupos humanos.
Por ejemplo, la distribución teóricamente “correcta” de las rentas, de adoptarse un principio meritológico, sería también la expresada por una curva de “distribución normal”, dado que en virtud de lo anteriormente anotado sobre la distribución de la heroicidad y en virtud de la distribución observable de las capacidades humanas—inteligencia, talentos especiales, facultades físicas, etc.—los esfuerzos de una sociedad adoptarán asimismo una configuración de curva normal.
Esta concepción que parece tan poco misteriosa y natural contiene, sin embargo, implicaciones muy importantes. Para comenzar, en relación con discusiones tales como la de la distribución de las riquezas, nos muestra que no hay algo intrínsecamente malo en la existencia de personas que perciban elevadas rentas, o que esto en principio se deba impedir por el solo hecho de que el resto de la población no las perciba. Por otra parte, también implica esa concepción que las operaciones factibles sobre la distribución de la renta en una sociedad tendrían como límite óptimo la de una “normalización”, en el sentido de que, si a esa distribución de la renta se la hiciera corresponder con una distribución de esfuerzos o de aportes, las características propias de los grupos humanos harían que esa distribución fuese una curva normal y no una distribución igualitaria, independientemente de si esa igualación fuese planteada hacia “arriba” o hacia “abajo”.
No es, sin embargo, la normalización de una sociedad una tarea pequeña. La actual distribución de la riqueza en Venezuela dista mucho de parecerse a una curva normal, y es importante políticamente, al igual que correspondiente a cualquier noción o valor de justicia social que se sustente, que ese estado de cosas sea modificado.
Otra conclusión, finalmente, que se desprende del concepto de sociedad normal, es que el progreso posible de una sociedad es el progreso que desplaza a la curva normal como conjunto en una dirección positiva, y no el de intentar el igualamiento de la distribución por modificación en la forma de la curva. Si bien es posible que todos progresen, los esfuerzos que lleven una intencionalidad igualitaria están condenados al fracaso por constituir operaciones tan imposibles como las de construir un móvil perpetuo. Tan imposible como hacer que una población esté compuesta por genios, es lograr que sea toda de idiotas. Tan imposible como hacer que toda sea una población de santos es obtener que sea íntegramente conformada por delincuentes, y, por tanto, en una sociedad económicamente justa, no podrá ser que todos sus habitantes sean ricos o que todos sus habitantes sean pobres.
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Son concepciones como las arriba contrastadas las que constituyen un viejo y un nuevo paradigma político. Por un lado las concepciones que se hacen cada vez más ineficaces y menos pertinentes. Por el otro las que introducen una perspectiva inusitada y en correspondencia con una visión más exacta de lo social, lo que reduce la impertinencia política, al ser concepciones más del tiempo de esta gran fase nueva de la civilización. Es importante construir lo necesario para que se dé el tránsito de uno a otro paradigma, de uno a otro concepto, de una vieja a una nueva conceptualización. Esto precisa de una nueva asociación política. Los actores políticos tradicionales, legitimados internamente por sostener alguna posición ideológica en algún “espacio” del viejo eje político de derechas e izquierdas, difícilmente pueden aceptar lo que tendrían que aceptar, que es, ni más ni menos, que de aquello que les sostiene no es posible deducir soluciones a los problemas políticos importantes. Las reglas de las organizaciones políticas tradicionales configuran un ambiente asfixiante que impide la ventilación de planteamientos que difieran de las interpretaciones consagradas. Es necesario por esto diseñar y crear una nueva asociación política, con unas normas que faciliten la emergencia y difusión de las nuevas concepciones, así como la actividad de nuevos y más competentes actores políticos individuales.
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 16, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Madiba cumplió noventa años el viernes de la semana pasada. Ya son muchos más los que ha cumplido en libertad que en prisión, pero el domingo 11 de febrero de 1990 salía a la calle después de veintisiete años de encierro, lo que era una ganga, si se considera que había sido condenado a confinamiento perpetuo. Ésta era la decisión del famoso Juicio de Rivonia, que le impuso pena interminable por delitos de sabotaje contra la supremacía blanca de Sudáfrica. El tiempo de cárcel puede ser muy útil al hombre indicado. Mientras estaba encerrado, Madiba estudió leyes por correspondencia con la Universidad de Londres, y ésta le tuvo nada menos que como candidato a su cargo de Canciller en 1981. Es la única elección que Madiba perdiera: la princesa Ana se alzó con el puesto.
Cuando Frederik Willem de Klerk, Primer Ministro de Sudáfrica, decidió ponerlo en libertad y permitir la actuación del Congreso Nacional Africano que Madiba fundara, el paciente prisionero declaró a su liberación: “Nuestro recurso a la lucha armada en 1960, con la formación del ala militar de Umkhonto we Swize, fue una acción puramente defensiva contra la violencia del apartheid. Los factores que hicieron necesaria la lucha armada existen todavía hoy. No tenemos otra opción que continuar. Expresamos la esperanza de que se cree pronto un clima conducente a un arreglo negociado, de forma que ya no haya más necesidad de lucha armada”.
Tres años después de esas palabras compartía el Premio Nóbel de la Paz con de Klerk, y el 27 de abril de 1994, una semana después de los treinta años justos de haberse iniciado el proceso de Rivonia, Umkhonto we Swize ganaba con 62% de los votos las primeras elecciones de sufragio universal en toda la historia de Sudáfrica y Madiba era elegido Presidente. Entonces, en vez de dirigir una vindicta de raíz centenaria, condujo un gobierno de unidad nacional del que el propio de Klerk fue el segundo al mando. (Sin duda, un modelo de magnanimidad para que se midan con él ciertos gobernantes mezquinos).
El viernes de la semana pasada, las agencias noticiosas difundían maravilladas que Madiba había aludido al problema de la pobreza en una breve alocución cumpleañera: “Hay en Sudáfrica mucha gente que es rica, y que pudiera compartir su riqueza con aquellos que no son tan afortunados para ser capaces de conquistar la pobreza”. Pero no es en absoluto nueva esta preocupación en Madiba. Con mucho más fuerza y detalle, se refirió en 1964 al problema en su alegato desde el banquillo de los acusados del Juicio de Rivonia. Son justamente las palabras finales de ese discurso, sobre la pobreza de los sudafricanos, las que se reproducen en esta Ficha Semanal #204 de doctorpolítico.
Madiba es un título honorífico que se adjudica a los sabios ancianos del clan africano de los Mandela. Pero en Sudáfrica, en verdad, hay un único Madiba: Nelson Rolihlahla Mandela.
LEA
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Cumpleaños feliz
Sudáfrica es el país más rico de África, y pudiera ser uno de los países más ricos del mundo. Pero es una tierra de contrastes extremos y notables. Los blancos disfrutan lo que muy bien puede ser el más alto estándar de vida en el mundo, mientras los africanos viven en pobreza y miseria. Cuarenta por ciento de los africanos vive hacinado en reservaciones que, en algunos casos, están golpeadas por la sequía, donde la erosión y el agotamiento del suelo les hace imposible obtener su sustento de la tierra. Treinta por ciento de ellos son operarios, inquilinos que trabajan o invasores en granjas de blancos y viven en condiciones similares a las de los siervos en la Edad Media. El otro treinta por ciento vive en poblaciones donde han podido desarrollar hábitos económicos y sociales que los acercan, en algunos aspectos, a los estándares blancos. Sin embargo, la mayoría de los africanos, incluso en este grupo, están empobrecidos por los bajos ingresos y el alto costo de la vida.
La sección mejor pagada y más próspera de la vida urbana de los africanos está en Johannesburgo. Sin embargo, su posición es en realidad desesperada. Las cifras más recientes fueron ofrecidas por el Sr. Carr, Gerente del Departamento de Asuntos No Europeos de Johannesburgo. La línea de pobreza para la familia de africanos promedio es (según el departamento del Sr. Carr) de R 42,84 por mes. Él pudo mostrar que el salario mensual promedio es de R 32,24, y que el 46% de todas las familias africanas en Johannesburgo no gana lo suficiente para vivir.
La pobreza va de la mano de la desnutrición y la enfermedad. La incidencia de la desnutrición y las enfermedades carenciales es muy alta entre los africanos. La tuberculosis, la pelagra, el Kwashiorkor, la gastroenteritis y el escorbuto traen la muerte y la destrucción de la salud. La incidencia de la mortalidad infantil es una de las más altas del mundo. De acuerdo con el Funcionario Médico de Pretoria, la tuberculosis mata cuarenta personas (casi todas africanas) al día, y en 1961 se reportó 58.941 casos nuevos. Estas enfermedades no sólo destruyen los órganos vitales del cuerpo, sino que redundan en condiciones de retardo mental y falta de iniciativa, y reducen la capacidad de concentración. Los resultados secundarios de estas condiciones afectan al conjunto de la comunidad y el estándar del trabajo prestado por los trabajadores africanos.
La queja de los africanos, no obstante, no es sólo que ellos sean pobres y los blancos ricos, sino que las leyes, que son hechas por los blancos, están diseñadas para perpetuar esta situación. Hay dos formas de salir de la pobreza. La primera es mediante la educación formal, y la segunda es que el trabajador adquiera más destreza en su trabajo y de con ella mayores salarios. Por lo que concierne a los africanos, ambas avenidas de progreso son deliberadamente entorpecidas por la legislación.
El gobierno actual ha buscado siempre impedir que los africanos busquen educación. Una de sus primeras medidas, luego de alcanzar el poder, fue la de interrumpir los subsidios para la alimentación escolar de los africanos. Muchos niños africanos que asistían a las escuelas dependían de este suplemento a su dieta. Esto fue un acto cruel.
Hay una educación obligatoria para todos los niños blancos a un costo prácticamente nulo para sus padres, sean ellos ricos o pobres. No hay facilidades similares para los niños africanos, aunque hay unos pocos que reciben tal asistencia. Los niños africanos, sin embargo, tienen que pagar más que los blancos por su escolaridad. Según cifras citadas por el Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales en su revista en 1963, aproximadamente 40% de los niños africanos entre siete y catorce años no asiste a la escuela. Para aquellos que asisten a la escuela, los estándares son grandemente diferentes de los concedidos a los niños blancos. En 1961, el gasto gubernamental per cápita para los estudiantes africanos en las escuelas públicas fue estimado en R 12,46. Para los mismos años, el gasto per cápita para los niños blancos en la Provincia del Cabo (que son los únicos datos que tengo disponibles) fue de R 144,57. Aunque no dispongo de cifras, puede sostenerse, sin duda, que los niños blancos en los que se gastó R 144,57 por cabeza provenían de hogares más ricos que los de los niños africanos en los que se gastó R 12,46 por cabeza.
También es diferente la calidad de la enseñanza. Según la Revista Educativa Bantú, sólo 5.660 niños africanos obtuvieron su certificado de educación primaria en toda Sudáfrica en 1962, y en ese año sólo 362 pasaron la matriculación. Esto es presumiblemente consistente con la política para la educación de los bantúes, de la que el actual Primer Ministro, con ocasión del debate sobre la Ley de Educación Bantú, dijo lo siguiente:
“Cuando tenga control de la educación de los nativos la reformaré, de forma que se enseñe desde la niñez a los nativos a percatarse de que la igualdad con los europeos no es para ellos… Quienes creen en la igualdad no son maestros deseables para los nativos. Cuando mi Departamento controle la educación de los nativos sabrá para qué clase de educación superior está capacitado un nativo, y si tendrá una oportunidad en su vida de usar su conocimiento”.
El otro obstáculo principal al progreso económico de los africanos es la barrera industrial de color, por la que todos los mejores puestos de la industria están reservados sólo a los blancos. Más aún, a los africanos que obtienen empleo en ocupaciones no calificadas o semicalificadas no se les permite formar sindicatos reconocidos según la Ley de Conciliación Industrial. Esto significa que las huelgas de trabajadores africanos son ilegales, y que se les niega el derecho de contratación colectiva que se permite a los mejor pagados trabajadores blancos. La discriminación de la política de sucesivos gobiernos sudafricanos hacia los trabajadores africanos es evidente en la llamada “política civilizada de trabajo”, por la que se adjudica empleos públicos no calificados y protegidos a aquellos trabajadores blancos que no son admitidos en la industria, con salarios que exceden en mucho los ingresos del empleado africano promedio en la industria.
A menudo el gobierno contesta a sus críticos diciendo que los africanos de Sudáfrica están económicamente mejor que los habitantes de otros países de África. No sé si tal cosa es verdadera, y dudo que pueda establecerse comparaciones que no tomen en cuenta los índices del costo de la vida en esos países. Pero aun si fuera cierta, en tanto atañe a la gente africana es irrelevante. Nuestra queja no es que somos pobres en comparación con la gente de otros países, sino que somos pobres en comparación con la gente blanca de nuestro propio país, y que la legislación nos impide la alteración de ese desequilibrio.
La carencia de dignidad humana experimentada por los africanos es el resultado directo de la política de la supremacía blanca. La supremacía blanca implica la inferioridad negra. Una legislación diseñada para preservar la supremacía blanca atrinchera a esta noción. En Sudáfrica, los trabajos serviles son invariablemente hechos por los africanos. Cuando se trata de cargar o limpiar algo el hombre blanco buscará que un africano lo haga por él, sea que el africano sea o no su empleado. Por esta clase de actitud, los blancos tienden a ver a los africanos como una cepa diferente. No los ven como gente que tiene sus propias familias; no se dan cuenta de que tienen emociones, que se enamoran como lo hace la gente blanca; que quieren estar con sus esposas y sus hijos como la gente blanca quiere estar con los suyos; que quieren ganar dinero suficiente para mantener adecuadamente a sus familias, para alimentarlas y enviarlas a la escuela. ¿Y cuál es el sirviente, o el jardinero o el obrero que puede esperar eso alguna vez?
Las leyes de pase, que para los africanos son la más odiosa legislación en Sudáfrica, hacen que los africanos estén sujetos a la vigilancia policial en cualquier momento. Dudo que haya un solo varón africano en Sudáfrica que no haya tenido algún roce con la policía por su pase. Cientos y miles de africanos son echados a la cárcel cada año bajo las leyes de pase. Aun peor es el hecho de que las leyes de pase mantienen separados a los esposos y conducen al colapso de la vida familiar.
La pobreza y el colapso de la vida familiar causan efectos secundarios. Los niños vagan por las calles de los barrios porque no tienen escuelas adonde ir, o dinero que les permita asistir a la escuela, o padres en casa que se aseguren de que vayan a ella, porque ambos padres (si es que hay dos) deben trabajar para mantener con vida a la familia. Esto conduce a una fractura de los estándares morales, a un aumento alarmante de la ilegitimidad, y a una violencia creciente que no sólo hace erupción en la política, sino en todas partes. La vida en los barrios es peligrosa. No hay un día que pase sin que alguien sea acuchillado o asaltado. Y la violencia se transporta de los barrios a las áreas donde viven los blancos. La gente teme caminar sola de noche por las calles. La penetración en las casas y los robos aumentan, a pesar del hecho de que a esas ofensas les es ahora imponible sentencia de muerte. Las sentencias de muerte no pueden curar la llaga pestilente.
Los africanos quieren que se les pague un salario vital. Los africanos quieren hacer los trabajos que son capaces de hacer, y no trabajos para los que el gobierno los declara capaces. Los africanos quieren que se les permita vivir donde consiguen empleo, y no ser endosados fuera de un área porque no nacieron allí. Los africanos quieren que se les permita poseer tierra en los sitios donde trabajan, y no ser obligados a vivir en casas alquiladas que nunca podrán llamar propias. Los africanos quieren ser parte de la población general, y no confinados a vivir en sus propios guetos. Los hombres africanos quieren que sus esposas y sus hijos vivan con ellos donde trabajan, y no ser forzados a una existencia nada natural en albergues para hombres. Las mujeres africanas quieren estar con sus hombres, y no quedar permanentemente como viudas en las reservaciones. Los africanos quieren que se les permita salir después de las once de la noche, y no ser confinados a sus habitaciones como si fueran niños pequeños. Los africanos quieren que se les permita viajar en su propio país y buscar trabajo donde quieren y no donde la Oficina del Trabajo les dice. Los africanos quieren una participación justa en el conjunto de Sudáfrica; quieren seguridad y una participación en la sociedad.
Por encima de todo, queremos iguales derechos políticos, porque sin ellos nuestras incapacidades serán permanentes. Sé que esto sonará revolucionario a los blancos de este país, porque la mayoría de votantes sería africana. Esto hace que el hombre blanco tema la democracia.
Pero no se puede permitir que este temor se interponga en el camino de la única solución que garantizará la armonía racial y la libertad para todos. No es verdad que el voto universal traería la dominación racial. La división política basada en el color es enteramente artificial, y cuando desaparezca terminará también la dominación de un grupo de color a manos del otro. El Congreso Nacional Africano ha invertido medio siglo en la lucha contra el racismo. No cambiará esa política cuando triunfe.
Es esto, entonces, por lo que el Congreso Nacional Africano lucha. Su lucha es verdaderamente nacional. Es una lucha del pueblo africano, inspirada por su propio sufrimiento y su propia experiencia. Es una lucha por el derecho a vivir.
Durante toda mi vida me he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He combatido contra la dominación blanca, y he combatido contra la dominación negra. He amado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y espero lograr. Pero si fuere necesario, es un ideal por el que estoy preparado a morir.
Nelson Rolihlahla Mandela
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