por Luis Enrique Alcalá | Jul 30, 2009 | LEA, Política |
Un cierto interés—no excesivo, debe admitirse—ha despertado entre lectores de esta publicación la idea de propiciar un referéndum consultivo, convocado por iniciativa de electores, para dilucidar políticamente el grado de preferencia nacional por un régimen político-económico de tenor socialista, que el gobierno presidido por Hugo Chávez se empeña en imponer desde su pretendida superioridad en relación con el resto de los venezolanos. Por otra parte, puede anotarse asimismo que no se ha manifestado una contrariedad ante la proposición.
Lo que sí ha sido expuesto, y precisamente por quienes más entusiasmo sienten ante la esperanza de un intento así, es la inquietud de una posible retracción en la disposición a estampar las firmas ciudadanas requeridas para la convocatoria. (En el orden de 1.700.000).
El argumento—o la duda—es si la experiencia de la infame “lista de Tascón” no disminuiría grandemente la propensión a comprometerse con una iniciativa como la propuesta, por temor a sufrir represalias que afectarían, sobre todo, las posibilidades profesionales y económicas de la gente.
Sería, claro, extraordinariamente ingenuo suponer que un gobierno como el existente en Venezuela, luego de una nutrida historia de ventajismo generalizado y de, particularmente, su muy concreta disposición al amedrentamiento y la venganza política, no procuraría intimidar a la población—claramente mayoritaria—que rechaza la implantación a rajatabla de un esquema socialista en Venezuela.
Pero hay dos consideraciones que pueden ser explicadas con facilidad a los miembros del enjambre ciudadano y que, si no invalidan de un todo la angustia, sí pueden moderarla considerablemente. La primera de estas razones es que se está perdiendo el miedo al gobierno, con el paso del tiempo y por causa de su ineficacia. Ya se le habla en otros términos. Obreros empleados en las industrias básicas de la zona de Guayana han exigido al gobierno que “enserie” su manejo de las empresas públicas de allá, con frialdad pragmática que es más ominosa que un lenguaje agresivo. Pero también los protestantes tambores de Curiepe han ido a retumbar ¡a las puertas del mismísimo Palacio de Miraflores!
La segunda razón para no temer es probablemente más persuasiva: quienes firmaron para convocar el referéndum revocatorio de 2004 están marcados ya. Y ¿qué es una raya más para un tigre? Ya están marcados, ya están señalados, y muchos entre ellos han sufrido la represalia y el reconcomio. Que firmasen otra vez no empeoraría para nada su situación.
Un número a considerar: el Consejo Nacional Electoral debió finalmente aceptar la validez de 2.436.830 firmas que activaron el referéndum revocatorio del 15 de agosto de 2004. Fueron 700.000 firmas más que las que ahora se necesita para convocar un referéndum consultivo. Esto es, contamos con 2.500.000 tigres.
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 23, 2009 | LEA, Política |
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (18 de abril de 1961) dice en su Artículo 39 (numeral 2): “Cuando terminen las funciones de una persona que goce de privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento en que esa persona salga del país o en el que expire el plazo razonable que le haya sido concedido para permitirle salir de él, pero subsistirán hasta entonces, aún en caso de conflicto armado”.
El gobierno de facto en Honduras argumentará que una vez vencido el plazo de 72 horas que dio al personal diplomático venezolano para que salga del país, los privilegios e inmunidades concedidos a ése se habrán extinguido, y por tanto podrá deportar a ese personal contra su voluntad anunciada sin violar aquella convención.
El gobierno constitucional venezolano ha emitido instrucciones clarísimas a su personal diplomático: “Permanezca en Honduras”. El choque parece inevitable y el punto lógico-jurídico-político de la cancillería venezolana es razonable: el ultimátum con plazo de 72 horas fue emitido por un gobierno inconstitucional, ilegal, írrito. Por tanto, ningún acto de un gobierno como ése puede tener validez, y en este caso no podría aplicar disposiciones de la Convención de Viena. Venezuela da por no recibida la conminatoria.
Al mismo comienzo de la crisis hondureña, por otro lado, el Presidente de la República advirtió que consideraría un acto expreso de guerra por parte de Honduras cualquier maltrato al embajador venezolano. Si llegare a producirse la expulsión forzada de los diplomáticos venezolanos, y si Chávez quisiera sostener su palabra, habría peligro cierto de guerra entre ambos países.
Los aviones Sukhoi Su-30 MK2 de la Fuerza Aérea Venezolana tienen una autonomía de vuelo más que suficiente para atacar blancos hondureños: 3.000 kilómetros. Pero es que seguramente, en un combate tan desigual como el planteado, Venezuela podría contar con bases de operación concedidas por Nicaragua. (Y se queja de las anunciadas de Estados Unidos en Colombia).
No es de despreciar tan horrible posibilidad. No sería la primera vez en la historia que un gobierno en serios problemas se involucra adrede en un conflicto bélico con otro país, como medio de concitar apoyo interno y superar dificultades de gobernabilidad. Hugo Chávez está de a toque. Tiene motivos doctrinales, políticos, coyunturales, temperamentales y espectaculares para declarar la guerra a Honduras. ¿Qué otra cosa pudiera traer más satisfacción a un militar de su tipo?
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 16, 2009 | LEA, Política |
Últimamente, el oficialismo anda extraviado por los lados del estado Miranda. Confunde política y folklore.
Es cierto que el 24 de junio recordamos la Segunda Batalla de Carabobo de 1821, y que tal cosa es fecha entrañable para un régimen militarista que diseña pasaportes con las imágenes de dieciséis personajes venezolanos, de los que trece son militares. (Los tres civiles son Luisa Cáceres de Arismendi, esposa de un militar, Manuelita Sáenz, querida de un militar, y Simón Rodríguez, maestro entusiasta de un militar). Es cierto que ese mismo día se celebra en Curiepe la festividad de San Juan Bautista, y que los feligreses se visten mayormente de rojo, por atribuir al santo un gusto particular por ese color. Pero estos festejos no tienen nada que ver con batallas, ni el rojo es usado porque los habitantes de Curiepe militen en el PSUV.
Tres semanas después de la última celebración, le dio a la Guardia Nacional, que sólo obedece órdenes del gobierno de Hugo Chávez, por apersonarse en Curiepe con un centenar de efectivos y la misión de tomar la sede de una subcomisaría de la Policía del Estado Miranda en dicha población. ¿El pretexto? ¿La coartada de este nuevo desafuero? Pues que la Alcaldesa del Municipio Brión, del que Curiepe es parroquia, habría determinado que el modesto cuartel está ubicado en un terreno de propiedad municipal. (Si esto hubiera sido verdad, que no lo es ¿no hubiera podido conversarse civilizadamente el asunto con la Gobernación del Estado Miranda y hasta ofrecer, en espíritu cooperativo a favor de la población, una cesión en comodato que facilitara la protección civil?)
De nada valió que Adriana D’Elía, Secretaria de la Gobernación, se acercara al lugar de la toma militar para mostrar el documento de propiedad del terreno. El capitán de la Guardia Nacional a cargo de la impostergable operación indicó que seguía órdenes, y que la funcionaria regional tendría que ir a presentar su queja a la alcaldía mencionada. De inmediato, además, aquélla debió huir de bombas lacrimógenas lanzadas por los heroicos guardias.
Ah, pero los habitantes de Curiepe se molestaron mucho con el abuso. La gente sonó sus famosos tambores dentro de las casas, primero, y luego fue a la calle a protestar y a levantar una barricada que cerró el acceso al poblado. Quemó cauchos, y repelió la visita de cinco extras oficialistas que intentaron penetrar premunidos de armamento más que suficiente.
Todavía están en pie de guerra contra el abuso los habitantes de Curiepe. Que aprenda la lección el gobierno nacional; no vaya a ser que a Venezuela entera se le ocurra seguir el ejemplo que Curiepe dio.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 9, 2009 | LEA, Política |
Pobre presidente Chávez. El abortado aterrizaje de Manuel Zelaya en Tegucigalpa, dentro de un avión de PDVSA que violó espacio aéreo hondureño y habría alcanzado un heroísmo televisado por Telesur, es el segundo gran espectáculo internacional que se le cae. (El primero, recordaremos, fue la frustrada entrega de rehenes por parte de la guerrilla colombiana en diciembre de 2007; el niño Enmanuel no estaba en manos de los guerrilleros y el presidente venezolano se quedó con los crespos hechos). Esta vez era un show que dirigía a distancia. Si es auténtica una fotografía que el diario hondureño La Prensa atribuye a AFP, Chávez comandaba la operación ante un televisor con la señal de Venezolana de Televisión y un pizarrón blanco que decía: “051345JUL09 Enjambre de abejas africanas, Tribuna Presidencial, heridos por picadas y desesperación de las personas”. ¿Dónde habría quedado nuestro principio constitucional de no intervención y respeto al principio de autodeterminación de los pueblos? Si es auténtica la foto, ¿cómo hizo La Prensa para ponerse en ella?
La fotografía acerca de la que no cabe duda de autenticidad es la de la Secretaria de Estado de los EEUU, Hillary Clinton, mientras sostiene una gorra de Globovisión en las manos y es flanqueada por Alberto Federico Ravell y Leopoldo Castillo. La poderosa secretaria recibió a los nombrados justo después de concluir su reunión con Manuel Zelaya, para conversar cosas que probablemente nunca sabremos y conceder una entrevista al asediado canal venezolano de televisión.
A pesar de que prácticamente no puede encontrarse en las respuestas de la Sra. Clinton una crítica directa a las políticas del Estado venezolano—ciertamente declaró que no le parecía “inteligente” alinearse con países que, como Irán, han “tomado acciones contra sus propios ciudadanos por protestar pacíficamente por lo que consideran irregularidades en el proceso de votación”—el gobierno de Venezuela ya ha producido un comunicado que rechaza las declaraciones de la poderosa funcionaria estadounidense.
El texto de este comunicado es, en verdad, atípicamente sobrio. A pesar de repudiar lo dicho por Clinton, no contiene, insólitamente, ni bravatas ni insultos. Dice, naturalmente: “Es difícil creer que sean sinceras las intenciones de recomponer la relación bilateral cuando se calculan actos inamistosos de estas características”. Más naturalmente, ignora olímpicamente que el propio presidente Chávez tuvo, previamente, el “acto inamistoso” de insinuar la participación de los Estados Unidos en el golpe del 28 de junio y el secuestro del presidente Obama por gente de su gobierno que no le contaría las cosas.
Pero además de constituir la reunión con los venezolanos un obvio espaldarazo a la libertad de expresión en nuestro país, la reunión previa revela un hecho clarísimo: no es Miraflores, es la Secretaría de Estado estadounidense la que construye el proceso de restablecimiento constitucional en Honduras. Manuel Zelaya, a pesar de usar aviones venezolanos, no viajó a Caracas para obtener la guía de su pretendido mentor político. Viajó a Washington, a ponerse bajo el cobijo de los Estados Unidos. Y tendrá que portarse bien—nada de consultas constituyentes—y conceder amnistía a los golpistas a cambio de su propia inmunidad. Oscar Arias, ex Presidente de Costa Rica y Premio Nóbel de la Paz, supervisa hoy la transacción.
Y es que el asunto hondureño, en el que el presidente Chávez ha querido aparecer como el muchacho de la película, lo que ha hecho es ponerlo en evidencia, resaltando su inconsistencia argumental. Un golpista criticando a otros. Cachicamo llamando a morrocoy conchudo.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 2, 2009 | LEA, Política |
María de Lourdes Vásquez ha reportado en el diario El Universal recientes declaraciones (30 de junio) del Presidente de la República, que siguen ya un guión ortodoxamente marxista. Abre así su nota: “El Presidente de la República, Hugo Chávez, indicó durante la noche del martes que en Venezuela existe una ‘guerra social’, según él desatada por las clases poderosas que quieren seguir explotando a los más pobres y en función de ellos manipulan y tienen desatada una ‘guerra psicológica’.” (En ese momento, Chávez inauguraba una nueva escuela técnica de formación de suboficiales en Maracay, ciudad que fuera la plataforma de lanzamiento de su golpismo o, como él prefiere decir en los últimos días, su gorilismo).
A juzgar por las mediciones de un encuestador hasta no hace mucho respetado por el gobierno (Félix Seijas, IVAD), Hugo Chávez habla así pero no convence. En la encuesta nacional que practicara Seijas entre el 17 y el 26 del mes pasado, los entrevistados asignaron estos porcentajes al fijar la responsabilidad por los problemas de la Nación: el gobierno nacional, 26,3 %; el Presidente, 18,3%; los gobernadores de estado, 15%; los alcaldes, 8,2%; la oposición, 9,4%; los empresarios, 2,9%.
Dos ítems más confirman que Chávez expone sus primitivas teorías a un auditorio sordo: primero, al medir la importancia que debe darse al respeto a la propiedad privada, 48,9% de los encuestados cree que es muy importante y 45,7% que es importante, para un total de 96,4%. Luego, 65% prefiere la propiedad privada, contra sólo 7% que prefiere la propiedad social. ¿Querrán suicidarse políticamente los asambleístas nacionales con la aprobación de la Ley de Propiedad Social?
Es posible que se sientan sobre seguro al considerar las preferencias partidistas. Seijas mide un apoyo al PSUV de 33,5%, mientras registra los siguientes porcentajes favorables a los partidos de oposición: Acción Democrática, 5,8%; Primero Justicia, 5,3%; Un Nuevo Tiempo, 4,5%; COPEI, 3,3%; Proyecto Venezuela, 2,5%. (El total de estos miembros principales de la Mesa de Unidad Democrática—constituida por once partidos—alcanza a 21,4%, o doce puntos por debajo del PSUV).
Pero estas cosas cambian. La mesa unitaria es considerada positiva por el 64,3% de los entrevistados, mientras sólo 26,3% la considera negativa.
Lo cierto es que la aprobación de Chávez y el chavismo está descendiendo dramática y aceleradamente, y mientras se ocupa de sus tropiezos en Honduras y de consolar al matrimonio Kirchner, hace nada vapuleado en elecciones argentinas, la mayoría de los electores venezolanos (52,9%) estima que la situación de nuestro país es desfavorable.
¿Cómo pudiera ser de otro modo, si la primerísima responsabilidad de un gobierno es la seguridad de los ciudadanos y 82,3% cree que ella es nuestro principal problema?
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2009 | LEA, Política |
Se ha suscitado un escándalo razonable por la sentencia de la Sala Constitucional del 18 de este mes, correspondiente al expediente Nº 03-0296, sobre ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán. El caso tiene que ver con la solicitud de nulidad, por razones de inconstitucionalidad, contra algunos artículos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y decretos presidenciales de 1984 y 1992 (anteriores a la presidencia de Hugo Chávez) que contienen el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento parcial sobre Transmisiones de Televisión.
El mayor drama se ha puesto sobre la extensión del concepto de responsabilidad penal para tener como sujetos capaces de la misma a las personas jurídicas. Así, por ejemplo, se escribe: “Es cuestión de lógica elemental que quien puede incurrir en delitos es únicamente la persona individual y concreta que representa a la ‘persona jurídica’ y no las personas jurídicas en sí mismas. Lógica y ontológicamente, es imposible que un ‘ente abstracto’ pueda incurrir en un delito. Para cometer un delito se requiere de órganos corporales: cerebro, pies, manos, ojos, boca, etc., órganos estos de los cuales las ‘personas jurídicas’ carecen. Por lo cual atribuirle responsabilidad penal a un ‘ente abstracto’, a una ‘persona jurídica’ está fuera de toda lógica y racionalidad”.
La posición de la Sala viene expuesta escuetamente por la magistrada Zuleta en estos términos: “… una concepción laxa de la responsabilidad penal, permite reorientar el concepto de imputación en la teoría del delito fracturando las estructuras ontológicas del Derecho Penal para concluir que las personas jurídicas ostentan la capacidad de culpabilidad penal—imputabilidad—, puesto que la culpabilidad ya no se concibe como un juicio de reproche eminentemente personal sino como un juicio que—en tanto función social—protege preventivamente los bienes jurídicos, siendo que la tutela penal abarca a todas las personas, ya sean éstas naturales o jurídicas; aceptar lo contrario y aferrarse al principio tradicional societas delinquere non potest implicaría—frente a novedosas formas de criminalidad—dotar de impunidad a los entes colectivos y convertirlos así en gérmenes para la sociedad”.
En cristiano: Zuleta argumenta, con razón, que es tendencia moderna la consideración de responsabilidad penal de personas jurídicas, y cita cuatro casos concretos. En verdad, Francia, y después España, ya han legislado en esa dirección, y hay abundante material de serios juristas americanos que opinan a favor de esta modernización. Otras razones, bien expuestas por el magistrado disidente Pedro Rondón Haaz, son mejor fundamento de un repudio de la sentencia. Rondón, por cierto, no objeta la opinión citada de Zuleta.
Es ésta la misma Sala a la que el suscrito reclama la amputación del sentido del Artículo 42 de la Constitución, en su Sentencia 1.265 del año pasado que justificara la inhabilitación indebida de varios candidatos en las elecciones del 23 de noviembre de 2008. Pero en el punto concreto mencionado, quien escribe sostiene la misma opinión de la magistrada ponente y la mayoría de la Sala.
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