por Luis Enrique Alcalá | Dic 9, 2004 | LEA, Política |
Consummatum est. Es realmente triste la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que pone en manos de una discrecionalidad oficialista propensa al totalitarismo, la capacidad de destruir iniciativas libres en medios de comunicación, o al menos de amordazarlas con amedrentamiento. El cepo se ha cerrado.
Ahora bien ¿era esto evitable?
Muchos gobiernos anteriores a éste intentaron regular el comportamiento de la industria de la radio y la televisión. Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, consideró el llamado Proyecto RATELVE, que fue ferozmente combatido y con éxito por los medios privados. Su líder ostensible fue el profesor Antonio Pasquali, autoridad en temas comunicacionales, en ese entonces considerado un engendro del demonio que pretendía atentar contra la libertad de expresión, y ahora bienvenido por esos mismos medios porque es un decidido opositor a esta ley de los cuatro nombres.
Luis Herrera Campíns introdujo las limitaciones a la publicidad de bebidas alcohólicas y cigarrillos en radio y televisión—lo que no impidió que se vendiera cerveza bajo el eufemismo de malta—y el segundo gobierno de Rafael Caldera presentó y perdió batalla en la que buscó imponer su concepto de «información veraz», ya no sólo en Venezuela, sino en el ámbito de toda la comunidad iberoamericana de países.
De modo más episódico y recóndito, el gobierno de Jaime Lusinchi presionó sin mucho escrúpulo a más de un medio de comunicación, y a la vuelta de Carlos Andrés Pérez éste reintrodujo los censores previos, que se desconocían desde los tiempos de Pérez Jiménez, a raíz del fracasado golpe chavista del 4 de febrero de 1992, en aras de la «seguridad del Estado».
Durante mucho tiempo una proporción importante de la ciudadanía creyó que los medios debían ser moderados—en el número anterior de esta carta se registraba cómo se expresó tal opinión en el II Encuentro de la Sociedad Civil, organizado por la Universidad Católica Andrés Bello en 1995—y en épocas betancurianas o leoninas un boicot de anunciantes buscó doblar la cabeza del diario El Nacional porque a su criterio había en su nómina de periodistas un exceso de plumas—o máquinas de escribir—izquierdistas.
Se trata, por tanto, de un forcejeo de larga data. (No siempre contra el gobierno). Y esta vez lo perdieron los medios de comunicación.
Algo así ocurrió con la idea de una constituyente. El Frente Patriótico abanderado por Juan Liscano procuró vender esa idea. La «Carta de Intención» de Rafael Caldera con Venezuela, de su campaña de 1993, llegó a considerarla. Pero ni el Congreso de ese tiempo acertó a reformar a fondo la constitución ni Caldera quiso convocar una constituyente, ni siquiera el referendo consultivo que Chávez luego convocaría. Por esto se pudo escribir al término del segundo gobierno del docto presidente: «Pero que el presidente Caldera haya dejado transcurrir su período sin que ninguna transformación constitucional se haya producido no ha hecho otra cosa que posponer esa atractriz ineludible. Con el retraso, a lo sumo, lo que se ha logrado es aumentar la probabilidad de que el cambio sea radical y pueda serlo en exceso. Éste es el destino inexorable del conservatismo: obtener, con su empecinada resistencia, una situación contraria a la que busca, muchas veces con una intensidad recrecida»
¿Se habría evitado la «ley mordaza»—»ley de contenidos», «ley resorte», Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión—si in illo tempore los medios no hubieran sido tan suspicaces de Pasquali, o hubieran demostrado fehacientemente su voluntad de moderación? Otra vez, una pregunta retórica, de contestación imposible.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Dic 2, 2004 | LEA, Política |
No es secreto para nadie que la dinámica más resaltante en la política venezolana de hoy es la que se iniciara el 18 de noviembre con el atentado al fiscal Anderson y sus secuelas, incluyendo muy especialmente las numerosas actuaciones policiales del gobierno en busca de culpables. No es la única, por supuesto. Como es característico de su estilo estratégico, el gobierno desata ataques simultáneos sobre distintos puntos: una ley para controlar los medios radiotelevisivos que en su tiempo de periodista habría rechazado José Vicente Rangel (como consta de sus escritos); un recurso de revisión de la sentencia en Sala Plena Accidental del TSJ que absolviera al general Vásquez Velasco et al.; citaciones al por mayor; nombramiento de supremos jueces; etcétera.
Por lo que respecta a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, diversos factores externos—incluyendo Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—han expresado grave preocupación y reserva, pero internamente ha sido imposible, a una oposición pulverizada y pendiente del barrage de actuaciones de la Fiscalía General de la República y los cuerpos policiales, impedir la aprobación del nuevo y estratégico mecanismo de control. Por esto ha surgido la idea de intentar un referendo abrogatorio, al menos parcial, de la ley.
Aquí habría que preguntarse si la susodicha ley cuenta con un apoyo mayoritario en la ciudadanía. Me temo que éste es el caso, por lo que los promotores de un hipotético referendo abrogatorio tendrían no sólo que convocarlo (con el apoyo de 10% de los electores), sino que convencer a los ciudadanos de la inconveniencia de la ley. Esto es ¿estamos seguros de que una mayoría nacional rechaza la susodicha ley? ¿No estará una mayoría a favor de la misma, así como nos asegura Luis Vicente León que todas las encuestas actuales muestran un apoyo mayoritario al gobierno y tal como todas las encuestadoras serias predijeron un triunfo gubernamental el 15 de agosto? En 1995 se celebraba en los predios de la Universidad Católica Andrés Bello el II Encuentro Nacional de la Sociedad Civil, dedicado al tema Medios de Comunicación y Responsabilidad Ciudadana. En sus actas consta cómo un cierto manifiesto, firmado por más de seis mil ciudadanos valencianos y presentado al evento, concluía ya para esa época con la siguiente recomendación: «Corresponde al Estado velar por el resguardo de la integridad individual de sus ciudadanos y, en tal sentido, exhortamos al Ejecutivo Nacional a ejercer un verdadero control, dirección y vigilancia de las concesiones e impedir aquellas formas de expresión que transmiten imágenes reñidas con la moral colectiva, bajo la falsa premisa de una ilimitada libertad de expresión».
En cuanto al festín policial de estos días, tampoco han servido de mucho las lúcidas voces que han protestado los evidentes excesos y la violación de procedimientos legales. Entre las más claras advertencias ha estado la del Dr. Hermann Petzold-Pernía, que desde el diario La Verdad de Maracaibo ha recordado una certera admonición de Benjamín Constant: «El pueblo no tiene el derecho de golpear ni a un solo inocente, ni de tratar como culpable a un solo acusado, sin pruebas legales. Él no puede, pues, delegar un derecho semejante en nadie. El pueblo no tiene derecho a atentar contra la libertad de opinión, contra la libertad religiosa, contra las salvaguardas judiciales, contra las formas protectoras. Ningún déspota, ninguna asamblea puede, por consiguiente, ejercer un derecho semejante, diciendo que el pueblo lo ha revestido con éste (…). Pues se arroga, en nombre de la soberanía del pueblo, un poder que no está comprendido en esa soberanía, y no es solamente el desplazamiento irregular del poder lo que existe, sino la creación de un poder que no debe existir».
Es verdaderamente lamentable que el evento Anderson parezca haber destruido un cierto germen de buenas intenciones surgidas en el gobierno justo después de las elecciones del 31 de octubre. Seis días antes del asesinato horrendo del fiscal caballito de batalla, decía Hugo Chávez a los alcaldes y gobernadores «del proceso», reunidos en el teatro de la Academia Militar: «No nos creamos dueños de la verdad. El sectarismo es uno de nuestros males, es una de las amenazas que llevamos nosotros por dentro. En vez de condenar a los que votaron por el Sí hay que convencerlos». Pero su policía no convence.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Nov 25, 2004 | LEA, Política |
Una semana densa, especialmente cargada de eventos y sobresaltos. Luego del atentado asesino contra el fiscal Danilo Anderson, sobrevino la violenta muerte de Antonio López Castillo (a quien se tenía por implicado en el sonado crimen); la inmisericorde detención de sus padres a raíz del allanamiento a su residencia, que encontró un verdadero arsenal; la detención e imputación de Iván Simonovis por los sucesos del 11 de abril de 2002; la efectista visita de Hugo Chávez a España; el fallecimiento del abogado oficialista Omar Meza; la aprobación en segunda discusión de la ley de contenidos.
Sobre esto último se ha pronunciado José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Vivanco es de la opinión—ya anticipada con algún tiempo—de que la ley de los cuatro nombres (ley de responsabilidad social de la radio y la televisión, ley de contenidos, ley resorte, ley mordaza) «amenaza gravemente la libertad de prensa en Venezuela. Sus restricciones ambiguamente concebidas y sus fuertes castigos son una receta para la auto censura de la prensa y la arbitrariedad de las autoridades de Gobierno». Igualmente destacó Vivanco que la señalada ley viola las normas internacionales que protegen la libre expresión.
Pero ya es hecho cumplido. Ahora vendrá la promulgación, después de lo cual los medios radiofónicos y televisivos dispondrán de plazos variables para ajustarse a las exigencias de la novísima norma. El horizonte de la libertad continúa contrayéndose en Venezuela.
Entretanto el presidente Chávez detona una bomba de tiempo en Madrid, con sus nada protocolares acusaciones contra el gobierno de Aznar, provocadas nada menos que por el canciller español, Miguel Ángel Moratinos. Esto en medio de una luna de miel del mandatario venezolano con el Presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero. Habrá que ver si éste es capaz de ofrecer explicaciones convincentes sobre lo denunciado por Moratinos y Chávez, que en todo caso desmiente previas declaraciones de este último, quien dos semanas después del 11 de abril de 2002 señalaba: «Creo en lo que Aznar siempre me ha dicho. España viene de horrendas dictaduras y no creo que Aznar vaya a estar apoyando este horroroso intento de instalar en Venezuela una dictadura».
Una semana movida. Para conmemorar los 41 años de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, una firma escocesa ha puesto en la Internet el archivo de un juego de vídeo (JFK Reloaded, descargable por la suma de $9,99) con el que se juega a ser el asesino de Dallas y ganar puntos si se es capaz de disparar tres veces en unos pocos segundos sobre la imagen del presidente asesinado, que puede observarse en la pantalla de un computador en movimiento hacia su fatídico final. El mundo está bonito.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Nov 18, 2004 | LEA, Política |
Reporta Max Blumenthal en AlterNet: «Sólo unos pocos días después del 11 de septiembre, un golpeado George W. Bush invitó a un pequeño grupo de líderes evangélicos a la Casa Blanca para que le ofrecieran consejo espiritual. Allí discutieron tranquilamente las Escrituras y las implicaciones del 11 de septiembre por unos momentos. Luego el antiguo presidente de la Convención Baptista Sureña, James Merritt, se dirigió al presidente con unas pocas palabras de estímulo. ‘Sr. Presidente, usted y yo somos compañeros creyentes en Jesucristo’, dijo Merritt. Bush movió su cabeza afirmativamente. ‘Ambos creemos que hay un Dios soberano en control de este universo’. Bush asintió de nuevo. ‘Ya que Dios sabía que esos aviones golpearían esas torres antes de que usted y yo naciéramos, ya que Dios sabía que usted estaría sentado en esa silla aun antes de que el mundo fuera creado, sólo puedo extraer la conclusión de que usted es el hombre de Dios para esta hora’, sentenció Merritt. Fue entonces cuando Bush bajó su cabeza y lloró».
En Caracas tenemos un presidente santero (a lo cubano), y que se siente encarnación de Bolívar, miembro del panteón de María Lionza; ni que hablar del fundamentalismo de raíz islámica, con sus conceptos de Jihad, o de la sociedad israelita que entiende tener un contrato específico firmado por una divinidad que le confiara que es su pueblo predilecto y elegido; ahora en la sociedad más racional y secularizada del planeta también el fundamentalismo con asiento religioso contribuye a la formación de su política.
Se habla ya de una fusión cristiano-sionista contra el Islam, más o menos en los términos siguientes: esas dos religiones tienen, naturalmente, un origen común—comparten todo el Antiguo Testamento—aunque difieren en cuanto a la identificación de Jesús de Nazareth como Mesías. Pero más importante que la raíz, y más determinante para la conformación de un espíritu de cruzados es su coincidencia a futuro: es decir, los judíos esperan una venida del Mesías; los cristianos también esperan lo mismo, aunque en su caso la llamen una segunda venida. Y en ambos casos la expectativa es apocalíptica. Falta la conclusión final: la idea de que la batalla de Armagedón es ya, ahora, y que el enemigo es el Islam. He allí el peligro de este neofundamentalismo occidental. Samuel Huntington (The Clash of Civilizations) transmutado en profeta religioso de escatologías belicistas.
No es que Condoleezza Rice deba ser entendida como una ayatollah cristiana, pero no deja de preocupar que el más moderado Colin Powell haya sido sustituido por ella para servir a la política de un presidente que, con menos sofisticada cabeza, sí es propenso a arrebatos místico-políticos. (La propia Rice había observado el año pasado que la Secretaría de Estado no convenía a su carácter algo belicoso. Hubiera preferido robarle el cargo de Defensa a Donald Rumsfeld, con quien ha mantenido una constante competencia, llena de alguno que otro desencuentro de mutua agresividad).
Entretanto, al inicio de la toma de Fallujah, un enviado de la Deutsche Welle, situado a escasos dos kilómetros de la línea de choque, reportaba el impresionante rugido que erizaba su piel. No eran los cañones, sino un extenso estruendo de voces: el unánime grito de «Alá es grande».
El mundo se nos está poniendo marcadamente peligroso.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Oct 21, 2004 | LEA, Política |
La semana pasada recibí por correo electrónico varios trabajos sobre temas políticos de cierta relevancia, algunos de bastante actualidad. Los enviaba su autor, quien muy decentemente ofrecía el modo de «desuscribirse» de sus envíos, en caso de que algún destinatario no quisiera recibir sus materiales.
Los trabajos en cuestión están bastante bien escritos desde el punto de vista del solo castellano, lo que de por sí es una característica refrescante, dado que en el intercambio electrónico normal lo que tiende a apreciarse es justamente todo lo contrario.
Su contenido es otra cosa enteramente distinta. Aunque a ratos ofrece datos interesantes, estadísticas pertinentes y asociaciones llamativas, resulta obvio de la lectura que el autor opera, casi como autómata, dentro de un marco interpretativo totalmente marxista. Puedo jurar que en uno de los trabajos se adelanta, con la mayor seriedad, la conjetura de que detrás de la demolición de la centenaria estatua de Cristóbal Colón el pasado 12 de octubre debe encontrarse la mano peluda de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana que, según el articulista, siempre ha estado interesada en sembrar divisiones étnicas en y entre «nuestros pueblos».
Con el mayor respeto, agradecí al remitente el envío de los trabajos e intenté mostrarle que tan peregrina hipótesis venía traída por los cabellos, y que un factor más inmediato y eficaz al estúpido estropicio del Día de la Raza es la prédica alucinada y seudohistórica del presidente Chávez.
Intenté asimismo sugerirle que el esquema interpretativo marxista era de suyo de un gran simplismo, visto que sus textos contenían explicaciones de complejísimos procesos sociales a partir de factores causales únicos, como si se tratase de una física newtoniana clásica, de una sencilla mesa de billar donde las interacciones entre las bolas que corren por su superficie están enteramente determinadas.
Le aconsejé que no desvalorizara sus exploraciones de sociólogo aficionado mediante el recurso a condenas efectistas. Había escrito, por ejemplo, que estaba indignado porque en una sesión de la OEA la presidenta en funciones había llevado el debate en inglés, en el seno de un organismo mayoritariamente latino. Llamé su atención al hecho de que su queja sonaba contradictoria en la pluma de quien, como él, escribía desde una dirección electrónica con servidor «usa.net».
Nada. De nada sirvió. Con la mayor tranquilidad contestó con más artículos, entre los cuales estaba uno en el que—juro de nuevo—aseguraba ahora que las siniestras maquinaciones de la CIA se asomaban tras la redacción específica que la Constitución de 1999 había dedicado a las tribus indígenas venezolanas. (Según el autor de los febriles textos, el haberse referido a las tribus locales con el cognomento de «pueblos» era un error terrible de los constituyentes del 99, seguramente influido por un lobby de espías estadounidenses, porque la doctrina de las Naciones Unidas entrevé la transformación de pueblos sin Estado en naciones con él. A este fin estaría trabajando la CIA, para afectar el proceso revolucionario con la hostilidad de próximas naciones como Pemonozuela o Waraolandia).
Al sujeto le resbala cualquier argumento. Provisto de una teoría simple pero totalizante, encontrará explicación estándar para cualquier cosa, y ninguna argumentación en contrario le inducirá a abandonar el papel de combatiente revolucionario intelectual que con tan evidentes orgullo y alegría ha asumido. Y el redactor de tales desvaríos explica que su formación viene de experiencias pedagógicas nacionales, mencionando por ejemplo al Instituto Ezequiel Zamora, en el que habría aprendido cosas que le permiten afirmar que la clave de nuestros problemas es que las burocracias de los países dominantes han decidido impedir el desarrollo de nuestras desvalidas naciones. Etcétera.
Desde un dogmatismo tan cerrado es imposible la lectura clínica de nuestra historia y nuestra actual dinámica. Pero ésa es la rigidez de la concepción que el gobierno de Chávez procura convertir en dogma docente nacional. Y después entroniza en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas a un director escogido en una votación en la que los obreros del instituto tienen más peso que los propios investigadores.
Si hay todavía quien crea que lo ideológico no es importante para Chávez, y que no es en ese terreno donde la batalla fundamental debe ser librada, no ha comprendido todavía cuál es el verdadero carácter de esta revolución que consagra una sociología tan uniforme y elemental, tan tapa amarilla.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Oct 7, 2004 | LEA, Política |
En su edición de ayer el diario Tal Cual hace referencia a un estudio auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer, de la democracia cristiana alemana y de larga presencia en Venezuela. (A lo largo de los años ha sido sostén importante de los esfuerzos copeyanos y, principalmente, de la acción docente del Instituto de Formación Demócrata Cristiana, IFEDEC). El estudio es de ámbito latinoamericano, y se contrae a medir la calidad de la democracia en nuestros países, mediante índice empleado por la sucursal argentina de la fundación, que fue el centro de elaboración del estudio.
El hecho de que el índice más alto (10.242 puntos) fuera adjudicado a Chile y el más bajo (1.552 puntos) a Venezuela, pareciera sugerir que se trata de un estudio «sesgado» a favor de los países en los que las reformas liberales se han asentado mejor, y en contra de aquellos que, como Venezuela, han adoptado un perfil de lucha contra el «neoliberalismo salvaje» y el liderazgo norteamericano. Chile es, por supuesto, el país en el que esas reformas a favor del libre mercado han tenido más éxito. Todos los indicadores de progreso económico y social muestran que la segunda patria de Andrés Bello marcha a la cabeza de sus hermanos de América Latina.
Pero tal impresión acerca de un posible sesgo liberal se desvanece al notar que el antepenúltimo país de la clasificación es Colombia (3.054 puntos), que ha forjado estrechísima alianza militar con los Estados Unidos, al menos desde la época Pastrana-Clinton, y que en general mantiene una política económica de corte liberal. Son otros, por tanto, los factores que determinan la clasificación.
En particular ha recibido gran peso la consideración de la seguridad, al elaborarse un indicador de «condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad». Es éste asunto el que llama la atención de la Fundación Adenauer. Así concluye: «la inseguridad se instala en la región como un elemento significativo de la valoración ciudadana del comportamiento de sus instituciones».
De modo más general el estudio observa: «Los países en crisis presentan un peligroso deterioro institucional, la democracia parece perder vitalidad; se la prefiere aunque se desconfía de su capacidad para mejorar las condiciones de vida; los partidos políticos están en el nivel más bajo de la estima pública; el Estado es mirado con expectativa y recelo a la vez y en algunos casos, el ímpetu democrático que caracterizó las últimas décadas del siglo pasado se debilita».
Como se trata de una evaluación genérica pudiéramos concluir que no somos los únicos—mal de muchos…—en exhibir una patología política tan preocupante, aunque no es nada estimulador conocer que si alguna vez fuimos paradigma de democracia en la región, ahora hemos conseguido la dudosa distinción del puesto 18, el último.
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