por Luis Enrique Alcalá | Jul 17, 2008 | LEA, Política |
Durante su reciente visita a Ecuador, el presidente Chávez reiteró sus principales consignas: que es necesaria la unidad de las naciones de América Latina, y que en un mundo de imperialismo y neocolonialismo, con hegemonía capitalista estadounidense, sería preciso construir un socialismo del siglo XXI.
Tales cosas las dice en reunión con sus pares de Ecuador y Nicaragua, esto es, en una cumbre. Ha ingresado ya a su zona de olvido aquella denuncia suya de que los presidentes se la pasaban de cumbre en cumbre, mientras los pueblos pasaban de un abismo a otro.
La integración de América Latina o, menos ambiciosamente, la de América del Sur debe ser, precisamente, predicada y vendida a los pueblos latinoamericanos o suramericanos, no a sus gobernantes. Si sólo se plantea en cumbres—o como en el caso que nos ocupa, en minicumbres—otras dinámicas conspirarán para impedir la consecución de tan necesario como difícil objetivo.
Por ejemplo, ¿es un estímulo a la integración política de América del Sur el nivel de compras de armamento por parte del gobierno presidido por Chávez? En su reciente reunión con los empresarios venezolanos, Chávez remachó su intención de convertir a Venezuela en “una potencia mediana”, y en ninguna otra cosa es más evidente ese propósito que en el rearme venezolano de los últimos años. ¿Cómo pueden recibir los mandatarios de la región una invitación a reunirse con quien militariza todo lo que toca?
Tampoco puede creerse, por otra parte, en un programa de integración que venga con la condición previa de reunir regímenes socialistas, o el anunciado fin de suscitar el derrumbe del capitalismo. (Que es lo que Chávez recomienda de nuevo, ahora cuando resuella por la herida de la negativa evaluación que Barack Obama tiene de su persona política).
La imposición de una ideología, cualquiera sea ésta, a todo un continente es desproporcionadamente pretenciosa. Ni siquiera Cuba aceptaría una cosa así. Raúl Castro acaba de declarar que lo que ahora viene en su país es un “socialismo realista”, léase à la manière chinoise. Es decir, un socialismo que se convierte en capitalismo.
Una vez más, entonces, Hugo Chávez se equivoca cuando acierta. Una cosa es repudiar el Consenso de Washington, una cosa es preferir un mundo multipolar a uno que sea unipolar bajo hegemonía de los Estados Unidos o la democracia participativa sobre la meramente representativa; otra cosa muy diferente es creer que la única opción al ya viejo catecismo del Banco Mundial y a la unipolaridad es el socialismo. Hoy en día, en el actual state of the art de la política, es ésta una opción de aficionados.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 17, 2008 | Cartas, Política |
Intervenir la sociedad con la intención de moldearla involucra una responsabilidad bastante grande, una responsabilidad muy grave. Por tal razón, ¿qué justificaría la constitución de una nueva asociación política en Venezuela? ¿Qué la justificaría en cualquier parte?
Una insuficiencia de los actores políticos convencionales sería parte de la justificación si esos actores estuvieran incapacitados para cambiar lo que es necesario cambiar. Que ésta es la situación de los actores políticos tradicionales es justamente una afirmación que puede sostenerse, y acá se incluye a los viejos partidos—AD, COPEI, MAS, Causa R—tanto como a nuevos: Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo o el Partido Socialista Único de Venezuela.
Y no es que se descalifique a los actores políticos convencionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales. Se les descalifica desde la persuasión de su incapacidad para comprender los procesos políticos, de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Puede desautorizárseles, entonces, si llegamos a convencernos de su incapacidad constitucional para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio intelectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los verdaderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos, puesto que está construido sobre esquemas conceptuales obsoletos. (La ubicación en un eje izquierda-derecha, por ejemplo). Así lo revela un cuidadoso análisis de las proposiciones que surgen de los actores políticos tradicionales, como supuestas soluciones a la crítica situación nacional, situación a la vez penosa y peligrosa.
Pero junto con esa insuficiencia en la conceptualización de lo político debe anotarse un total divorcio entre lo que es el adiestramiento típico de los líderes políticos y lo que serían las capacidades necesarias para el manejo de los asuntos públicos. Por esto, no solamente se trata de entender la política de modo diferente, sino de permitir la emergencia de nuevos actores políticos que posean experiencias y conocimientos distintos.
Las organizaciones políticas que operan en el país no son canales que permitan la emergencia de los nuevos actores que se requieren. Por lo contrario, su dinámica ejerce un efecto deformante sobre la persona política, hasta el punto de imponerle una inercia conceptual, técnica y actitudinal que le hacen incompetente políticamente. Hasta ahora, por supuesto, el país no ha conocido opciones diferentes, pero, como bien sabemos, aun en esas condiciones los registros de opinión pública han detectado grandes desplazamientos en la valoración popular de los actores políticos tradicionales, la que es cada vez más negativa.
Por evidencia experimental de primera mano sabemos que los actores políticos tradicionales están conformados de modo que sus reglas de operación se oponen a los cambios requeridos en conceptos, configuraciones y acciones políticas. Por esto es que es necesaria una nueva asociación política: porque de ninguna otra manera saludable podría proveerse un canal de salida a los nuevos actores políticos.
………
No basta, sin embargo, para justificar la aparición de una nueva asociación política la más contundente descalificación de las asociaciones existentes. La nueva asociación debe ser expresión ella misma de una nueva forma de entender y hacer la política y debe estar en capacidad de demostrar que sí propone soluciones que escapan a la descalificación que se ha hecho de las otras opciones. En suma, debe ser capaz de proponer soluciones reales, pertinentes y factibles a los problemas verdaderos.
No debe entenderse por esto, sin embargo, que tal asociación pretenda conocer la más correcta solución a los problemas. Tal cosa no existe y por tanto tampoco existe la persona o personas que puedan conocerla. Es ése, precisamente, el problema de definir a una organización por una ideología, que no es otra cosa que la pretensión de disponer de una panacea o solución universal. Ningún actor político que pretenda poseer la solución completa o perfecta es un actor serio.
Siendo las cosas así, lo que proponga un actor político cualquiera siempre podrá en principio ser mejorado, lo que de todas formas no necesariamente debe desembocar en el inmovilismo, ante la fundamental y eterna ignorancia de la mejor solución. (Lo perfecto es enemigo de lo bueno). Más todavía, una proposición política aceptable debe permitir ser sustituida por otra que se demuestre mejor: es decir, debe ser formulada de modo tal que la comparación de beneficios y costos entre varias proposiciones sea posible.
De este modo, una proposición deberá considerarse aceptable siempre y cuando resuelva realmente un conjunto de problemas, es decir, cuando tenga éxito en describir una secuencia de acciones concretas que vayan más allá de la mera recomendación de emplear una particular herramienta, de listar un agregado de estados deseables o de hacer explícitos los valores a partir de los cuales se rechaza el actual estado de cosas como indeseable. Pero una proposición aceptable debe ser sustituida si se da alguno de los siguientes dos casos: primero, si la proposición involucra obtener los beneficios que alcanza incurriendo en costos inaceptables o superiores a los beneficios; segundo, si a pesar de producir un beneficio neto existe otra proposición que resuelve más problemas o que resuelve los mismos problemas a un menor costo.
En ausencia de estas condiciones para su sustitución la política que se proponga puede considerarse correcta, y dependiendo de la urgencia de los problemas y de su importancia (o del tiempo de que se disponga para buscar una mejor solución) será necesario llevarla a la práctica, pues el reino político es reino de acción y no de una interminable y académica búsqueda de lo perfecto.
………
Pero es importante también establecer que no constituyen razones válidas para rechazar una proposición la novedad de la misma (“esto no se ha hecho nunca”) o la presunción de resistencias a la proposición. Por lo que respecta a la primera razón debe apuntarse que una precondición de las políticas aceptables es precisamente la novedad. Respecto de la existencia de resistencias y obstáculos hay que señalar que eso es un rasgo insalvable de toda nueva proposición. El que las resistencias y los obstáculos hagan a una proposición improbable no es una descalificación válida, puesto que el trabajo del hombre es precisamente la negación de probabilidades, la consecución de cosas improbables.
Toda proposición política seria, y muy especialmente las que se pretenda emerjan por el canal de una nueva asociación política, deberá estar dispuesta a someterse a un escrutinio y a una crítica comparativa que se conduzcan con arreglo a las normas descritas más arriba. La “objetividad” política sólo se consigue a través de un proceso abierto y explícito de conjetura y refutación, pero jamás dentro de un ámbito en el que lo pautado es el silencio y el acatamiento a “líneas” establecidas por oligarquías (so pena de verse enfrentado a tribunales disciplinarios), o en el que se confunde la legitimidad política con la mera descalificación del adversario.
Las ofertas provenientes de los actores políticos tradicionales son insuficientes porque se producen dentro de una obsoleta conceptualización de lo político. En el fondo de la incompetencia de los actores políticos tradicionales está su manera de entender el negocio político. Son puntos de vista que subyacen, paradójicamente, a las distintas opciones doctrinarias en pugna. Es la sustitución de esas concepciones, por otras más acordes con la realidad de las cosas y con nuevos moldes conceptuales—la ciencia de los sistemas complejos, por ejemplo—, lo primero que es necesario, pues las políticas que se desprenden del uso de tales marcos conceptuales son políticas destinadas a aplicarse sobre un objeto que ya no está allí, sobre una sociedad que ya no existe.
………
Tal vez el mito político más generalizado y penetrante sea el mito de la igualdad. Hay diferencia entre las versiones, pero en general ese mito es compartido por las cuatro principales ideologías del espectro político de la época industrial: el marxismo ortodoxo, la socialdemocracia, el social-cristianismo y el liberalismo. Sea que se postule como una condición originaria—como en el liberalismo—o que se vislumbre como utopía final—como en el marxismo—la igualdad del grupo humano es postulada como descripción básica en las ideologías de los distintos actores políticos tradicionales. El estado actual de los hombres no es ése, por supuesto, como jamás lo ha sido y nunca lo será. Tal condición de desigualdad se reconoce, pero se supone que minimizando al Estado es posible aproximarse a un mítico estado original del hombre, o, por lo contrario, se supone que la absolutización del poder del Estado como paso necesario a la construcción de la utopía igualitaria, hará posible llegar a la igualdad. (Entre estos polos procedimentales extremos se desenvuelven corrientes de postura intermedia, como la socialdemocracia y el socialcristianismo.) Entretanto, se concibe usualmente a la obvia desigualdad como organizada dicotómicamente. Así, por ejemplo, se comprende a la realidad política como si estuviese compuesta por un conjunto de los honestos y un conjunto de los corruptos, por un conjunto de los poseedores y un conjunto de los desposeídos, un conjunto de los reaccionarios y uno de los revolucionarios, etcétera.
La realidad social no es así. Tómese, para el caso, la distinción entre “honestos” y “corruptos” que parece tan crucial a la persistente y agravada problemática de corrupción administrativa. Si se piensa en la distribución real de la “honestidad”—o, menos abstractamente, en la conducta promedio de los hombres referida a un eje que va de la deshonestidad máxima a la honestidad máxima—es fácil constatar que no se trata de que existan dos grupos nítidamente distinguibles. Toda sociedad lo suficientemente grande tiende a ostentar una distribución que la ciencia estadística conoce como distribución normal de “las cualidades morales”: en esa sociedad habrá, naturalmente, pocos héroes y pocos santos, como habrá también pocos felones, y en medio de esos extremos la gran masa de personas cuya conducta se aleja tanto de la heroicidad como de la felonía.
Si no se entiende las cosas de ese modo la política pública se diseña entonces para un objeto social inexistente. Y esto es lo usual, pues nuestra legislación típica incluye un sesgo hacia una descripción angélica de los grupos humanos—la famosa “comunidad de profesores y estudiantes en busca de la verdad” de nuestra legislación universitaria, por ejemplo—o bien hacia el polo contrario de una legislación que supone la generalizada existencia de una propensión a delinquir, como es el caso de la legislación electoral o del instrumento orgánico de “salvaguarda del patrimonio público”.
Es necesario entonces que esa óptica dicotómica e igualitarista sea suplantada por un punto de vista que reconozca lo que es una distribución normal de los grupos humanos.
Por ejemplo, la distribución teóricamente “correcta” de las rentas, de adoptarse un principio meritológico, sería también la expresada por una curva de “distribución normal”, dado que en virtud de lo anteriormente anotado sobre la distribución de la heroicidad y en virtud de la distribución observable de las capacidades humanas—inteligencia, talentos especiales, facultades físicas, etc.—los esfuerzos de una sociedad adoptarán asimismo una configuración de curva normal.
Esta concepción que parece tan poco misteriosa y natural contiene, sin embargo, implicaciones muy importantes. Para comenzar, en relación con discusiones tales como la de la distribución de las riquezas, nos muestra que no hay algo intrínsecamente malo en la existencia de personas que perciban elevadas rentas, o que esto en principio se deba impedir por el solo hecho de que el resto de la población no las perciba. Por otra parte, también implica esa concepción que las operaciones factibles sobre la distribución de la renta en una sociedad tendrían como límite óptimo la de una “normalización”, en el sentido de que, si a esa distribución de la renta se la hiciera corresponder con una distribución de esfuerzos o de aportes, las características propias de los grupos humanos harían que esa distribución fuese una curva normal y no una distribución igualitaria, independientemente de si esa igualación fuese planteada hacia “arriba” o hacia “abajo”.
No es, sin embargo, la normalización de una sociedad una tarea pequeña. La actual distribución de la riqueza en Venezuela dista mucho de parecerse a una curva normal, y es importante políticamente, al igual que correspondiente a cualquier noción o valor de justicia social que se sustente, que ese estado de cosas sea modificado.
Otra conclusión, finalmente, que se desprende del concepto de sociedad normal, es que el progreso posible de una sociedad es el progreso que desplaza a la curva normal como conjunto en una dirección positiva, y no el de intentar el igualamiento de la distribución por modificación en la forma de la curva. Si bien es posible que todos progresen, los esfuerzos que lleven una intencionalidad igualitaria están condenados al fracaso por constituir operaciones tan imposibles como las de construir un móvil perpetuo. Tan imposible como hacer que una población esté compuesta por genios, es lograr que sea toda de idiotas. Tan imposible como hacer que toda sea una población de santos es obtener que sea íntegramente conformada por delincuentes, y, por tanto, en una sociedad económicamente justa, no podrá ser que todos sus habitantes sean ricos o que todos sus habitantes sean pobres.
………
Son concepciones como las arriba contrastadas las que constituyen un viejo y un nuevo paradigma político. Por un lado las concepciones que se hacen cada vez más ineficaces y menos pertinentes. Por el otro las que introducen una perspectiva inusitada y en correspondencia con una visión más exacta de lo social, lo que reduce la impertinencia política, al ser concepciones más del tiempo de esta gran fase nueva de la civilización. Es importante construir lo necesario para que se dé el tránsito de uno a otro paradigma, de uno a otro concepto, de una vieja a una nueva conceptualización. Esto precisa de una nueva asociación política. Los actores políticos tradicionales, legitimados internamente por sostener alguna posición ideológica en algún “espacio” del viejo eje político de derechas e izquierdas, difícilmente pueden aceptar lo que tendrían que aceptar, que es, ni más ni menos, que de aquello que les sostiene no es posible deducir soluciones a los problemas políticos importantes. Las reglas de las organizaciones políticas tradicionales configuran un ambiente asfixiante que impide la ventilación de planteamientos que difieran de las interpretaciones consagradas. Es necesario por esto diseñar y crear una nueva asociación política, con unas normas que faciliten la emergencia y difusión de las nuevas concepciones, así como la actividad de nuevos y más competentes actores políticos individuales.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 16, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Madiba cumplió noventa años el viernes de la semana pasada. Ya son muchos más los que ha cumplido en libertad que en prisión, pero el domingo 11 de febrero de 1990 salía a la calle después de veintisiete años de encierro, lo que era una ganga, si se considera que había sido condenado a confinamiento perpetuo. Ésta era la decisión del famoso Juicio de Rivonia, que le impuso pena interminable por delitos de sabotaje contra la supremacía blanca de Sudáfrica. El tiempo de cárcel puede ser muy útil al hombre indicado. Mientras estaba encerrado, Madiba estudió leyes por correspondencia con la Universidad de Londres, y ésta le tuvo nada menos que como candidato a su cargo de Canciller en 1981. Es la única elección que Madiba perdiera: la princesa Ana se alzó con el puesto.
Cuando Frederik Willem de Klerk, Primer Ministro de Sudáfrica, decidió ponerlo en libertad y permitir la actuación del Congreso Nacional Africano que Madiba fundara, el paciente prisionero declaró a su liberación: “Nuestro recurso a la lucha armada en 1960, con la formación del ala militar de Umkhonto we Swize, fue una acción puramente defensiva contra la violencia del apartheid. Los factores que hicieron necesaria la lucha armada existen todavía hoy. No tenemos otra opción que continuar. Expresamos la esperanza de que se cree pronto un clima conducente a un arreglo negociado, de forma que ya no haya más necesidad de lucha armada”.
Tres años después de esas palabras compartía el Premio Nóbel de la Paz con de Klerk, y el 27 de abril de 1994, una semana después de los treinta años justos de haberse iniciado el proceso de Rivonia, Umkhonto we Swize ganaba con 62% de los votos las primeras elecciones de sufragio universal en toda la historia de Sudáfrica y Madiba era elegido Presidente. Entonces, en vez de dirigir una vindicta de raíz centenaria, condujo un gobierno de unidad nacional del que el propio de Klerk fue el segundo al mando. (Sin duda, un modelo de magnanimidad para que se midan con él ciertos gobernantes mezquinos).
El viernes de la semana pasada, las agencias noticiosas difundían maravilladas que Madiba había aludido al problema de la pobreza en una breve alocución cumpleañera: “Hay en Sudáfrica mucha gente que es rica, y que pudiera compartir su riqueza con aquellos que no son tan afortunados para ser capaces de conquistar la pobreza”. Pero no es en absoluto nueva esta preocupación en Madiba. Con mucho más fuerza y detalle, se refirió en 1964 al problema en su alegato desde el banquillo de los acusados del Juicio de Rivonia. Son justamente las palabras finales de ese discurso, sobre la pobreza de los sudafricanos, las que se reproducen en esta Ficha Semanal #204 de doctorpolítico.
Madiba es un título honorífico que se adjudica a los sabios ancianos del clan africano de los Mandela. Pero en Sudáfrica, en verdad, hay un único Madiba: Nelson Rolihlahla Mandela.
LEA
…
Cumpleaños feliz
Sudáfrica es el país más rico de África, y pudiera ser uno de los países más ricos del mundo. Pero es una tierra de contrastes extremos y notables. Los blancos disfrutan lo que muy bien puede ser el más alto estándar de vida en el mundo, mientras los africanos viven en pobreza y miseria. Cuarenta por ciento de los africanos vive hacinado en reservaciones que, en algunos casos, están golpeadas por la sequía, donde la erosión y el agotamiento del suelo les hace imposible obtener su sustento de la tierra. Treinta por ciento de ellos son operarios, inquilinos que trabajan o invasores en granjas de blancos y viven en condiciones similares a las de los siervos en la Edad Media. El otro treinta por ciento vive en poblaciones donde han podido desarrollar hábitos económicos y sociales que los acercan, en algunos aspectos, a los estándares blancos. Sin embargo, la mayoría de los africanos, incluso en este grupo, están empobrecidos por los bajos ingresos y el alto costo de la vida.
La sección mejor pagada y más próspera de la vida urbana de los africanos está en Johannesburgo. Sin embargo, su posición es en realidad desesperada. Las cifras más recientes fueron ofrecidas por el Sr. Carr, Gerente del Departamento de Asuntos No Europeos de Johannesburgo. La línea de pobreza para la familia de africanos promedio es (según el departamento del Sr. Carr) de R 42,84 por mes. Él pudo mostrar que el salario mensual promedio es de R 32,24, y que el 46% de todas las familias africanas en Johannesburgo no gana lo suficiente para vivir.
La pobreza va de la mano de la desnutrición y la enfermedad. La incidencia de la desnutrición y las enfermedades carenciales es muy alta entre los africanos. La tuberculosis, la pelagra, el Kwashiorkor, la gastroenteritis y el escorbuto traen la muerte y la destrucción de la salud. La incidencia de la mortalidad infantil es una de las más altas del mundo. De acuerdo con el Funcionario Médico de Pretoria, la tuberculosis mata cuarenta personas (casi todas africanas) al día, y en 1961 se reportó 58.941 casos nuevos. Estas enfermedades no sólo destruyen los órganos vitales del cuerpo, sino que redundan en condiciones de retardo mental y falta de iniciativa, y reducen la capacidad de concentración. Los resultados secundarios de estas condiciones afectan al conjunto de la comunidad y el estándar del trabajo prestado por los trabajadores africanos.
La queja de los africanos, no obstante, no es sólo que ellos sean pobres y los blancos ricos, sino que las leyes, que son hechas por los blancos, están diseñadas para perpetuar esta situación. Hay dos formas de salir de la pobreza. La primera es mediante la educación formal, y la segunda es que el trabajador adquiera más destreza en su trabajo y de con ella mayores salarios. Por lo que concierne a los africanos, ambas avenidas de progreso son deliberadamente entorpecidas por la legislación.
El gobierno actual ha buscado siempre impedir que los africanos busquen educación. Una de sus primeras medidas, luego de alcanzar el poder, fue la de interrumpir los subsidios para la alimentación escolar de los africanos. Muchos niños africanos que asistían a las escuelas dependían de este suplemento a su dieta. Esto fue un acto cruel.
Hay una educación obligatoria para todos los niños blancos a un costo prácticamente nulo para sus padres, sean ellos ricos o pobres. No hay facilidades similares para los niños africanos, aunque hay unos pocos que reciben tal asistencia. Los niños africanos, sin embargo, tienen que pagar más que los blancos por su escolaridad. Según cifras citadas por el Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales en su revista en 1963, aproximadamente 40% de los niños africanos entre siete y catorce años no asiste a la escuela. Para aquellos que asisten a la escuela, los estándares son grandemente diferentes de los concedidos a los niños blancos. En 1961, el gasto gubernamental per cápita para los estudiantes africanos en las escuelas públicas fue estimado en R 12,46. Para los mismos años, el gasto per cápita para los niños blancos en la Provincia del Cabo (que son los únicos datos que tengo disponibles) fue de R 144,57. Aunque no dispongo de cifras, puede sostenerse, sin duda, que los niños blancos en los que se gastó R 144,57 por cabeza provenían de hogares más ricos que los de los niños africanos en los que se gastó R 12,46 por cabeza.
También es diferente la calidad de la enseñanza. Según la Revista Educativa Bantú, sólo 5.660 niños africanos obtuvieron su certificado de educación primaria en toda Sudáfrica en 1962, y en ese año sólo 362 pasaron la matriculación. Esto es presumiblemente consistente con la política para la educación de los bantúes, de la que el actual Primer Ministro, con ocasión del debate sobre la Ley de Educación Bantú, dijo lo siguiente:
“Cuando tenga control de la educación de los nativos la reformaré, de forma que se enseñe desde la niñez a los nativos a percatarse de que la igualdad con los europeos no es para ellos… Quienes creen en la igualdad no son maestros deseables para los nativos. Cuando mi Departamento controle la educación de los nativos sabrá para qué clase de educación superior está capacitado un nativo, y si tendrá una oportunidad en su vida de usar su conocimiento”.
El otro obstáculo principal al progreso económico de los africanos es la barrera industrial de color, por la que todos los mejores puestos de la industria están reservados sólo a los blancos. Más aún, a los africanos que obtienen empleo en ocupaciones no calificadas o semicalificadas no se les permite formar sindicatos reconocidos según la Ley de Conciliación Industrial. Esto significa que las huelgas de trabajadores africanos son ilegales, y que se les niega el derecho de contratación colectiva que se permite a los mejor pagados trabajadores blancos. La discriminación de la política de sucesivos gobiernos sudafricanos hacia los trabajadores africanos es evidente en la llamada “política civilizada de trabajo”, por la que se adjudica empleos públicos no calificados y protegidos a aquellos trabajadores blancos que no son admitidos en la industria, con salarios que exceden en mucho los ingresos del empleado africano promedio en la industria.
A menudo el gobierno contesta a sus críticos diciendo que los africanos de Sudáfrica están económicamente mejor que los habitantes de otros países de África. No sé si tal cosa es verdadera, y dudo que pueda establecerse comparaciones que no tomen en cuenta los índices del costo de la vida en esos países. Pero aun si fuera cierta, en tanto atañe a la gente africana es irrelevante. Nuestra queja no es que somos pobres en comparación con la gente de otros países, sino que somos pobres en comparación con la gente blanca de nuestro propio país, y que la legislación nos impide la alteración de ese desequilibrio.
La carencia de dignidad humana experimentada por los africanos es el resultado directo de la política de la supremacía blanca. La supremacía blanca implica la inferioridad negra. Una legislación diseñada para preservar la supremacía blanca atrinchera a esta noción. En Sudáfrica, los trabajos serviles son invariablemente hechos por los africanos. Cuando se trata de cargar o limpiar algo el hombre blanco buscará que un africano lo haga por él, sea que el africano sea o no su empleado. Por esta clase de actitud, los blancos tienden a ver a los africanos como una cepa diferente. No los ven como gente que tiene sus propias familias; no se dan cuenta de que tienen emociones, que se enamoran como lo hace la gente blanca; que quieren estar con sus esposas y sus hijos como la gente blanca quiere estar con los suyos; que quieren ganar dinero suficiente para mantener adecuadamente a sus familias, para alimentarlas y enviarlas a la escuela. ¿Y cuál es el sirviente, o el jardinero o el obrero que puede esperar eso alguna vez?
Las leyes de pase, que para los africanos son la más odiosa legislación en Sudáfrica, hacen que los africanos estén sujetos a la vigilancia policial en cualquier momento. Dudo que haya un solo varón africano en Sudáfrica que no haya tenido algún roce con la policía por su pase. Cientos y miles de africanos son echados a la cárcel cada año bajo las leyes de pase. Aun peor es el hecho de que las leyes de pase mantienen separados a los esposos y conducen al colapso de la vida familiar.
La pobreza y el colapso de la vida familiar causan efectos secundarios. Los niños vagan por las calles de los barrios porque no tienen escuelas adonde ir, o dinero que les permita asistir a la escuela, o padres en casa que se aseguren de que vayan a ella, porque ambos padres (si es que hay dos) deben trabajar para mantener con vida a la familia. Esto conduce a una fractura de los estándares morales, a un aumento alarmante de la ilegitimidad, y a una violencia creciente que no sólo hace erupción en la política, sino en todas partes. La vida en los barrios es peligrosa. No hay un día que pase sin que alguien sea acuchillado o asaltado. Y la violencia se transporta de los barrios a las áreas donde viven los blancos. La gente teme caminar sola de noche por las calles. La penetración en las casas y los robos aumentan, a pesar del hecho de que a esas ofensas les es ahora imponible sentencia de muerte. Las sentencias de muerte no pueden curar la llaga pestilente.
Los africanos quieren que se les pague un salario vital. Los africanos quieren hacer los trabajos que son capaces de hacer, y no trabajos para los que el gobierno los declara capaces. Los africanos quieren que se les permita vivir donde consiguen empleo, y no ser endosados fuera de un área porque no nacieron allí. Los africanos quieren que se les permita poseer tierra en los sitios donde trabajan, y no ser obligados a vivir en casas alquiladas que nunca podrán llamar propias. Los africanos quieren ser parte de la población general, y no confinados a vivir en sus propios guetos. Los hombres africanos quieren que sus esposas y sus hijos vivan con ellos donde trabajan, y no ser forzados a una existencia nada natural en albergues para hombres. Las mujeres africanas quieren estar con sus hombres, y no quedar permanentemente como viudas en las reservaciones. Los africanos quieren que se les permita salir después de las once de la noche, y no ser confinados a sus habitaciones como si fueran niños pequeños. Los africanos quieren que se les permita viajar en su propio país y buscar trabajo donde quieren y no donde la Oficina del Trabajo les dice. Los africanos quieren una participación justa en el conjunto de Sudáfrica; quieren seguridad y una participación en la sociedad.
Por encima de todo, queremos iguales derechos políticos, porque sin ellos nuestras incapacidades serán permanentes. Sé que esto sonará revolucionario a los blancos de este país, porque la mayoría de votantes sería africana. Esto hace que el hombre blanco tema la democracia.
Pero no se puede permitir que este temor se interponga en el camino de la única solución que garantizará la armonía racial y la libertad para todos. No es verdad que el voto universal traería la dominación racial. La división política basada en el color es enteramente artificial, y cuando desaparezca terminará también la dominación de un grupo de color a manos del otro. El Congreso Nacional Africano ha invertido medio siglo en la lucha contra el racismo. No cambiará esa política cuando triunfe.
Es esto, entonces, por lo que el Congreso Nacional Africano lucha. Su lucha es verdaderamente nacional. Es una lucha del pueblo africano, inspirada por su propio sufrimiento y su propia experiencia. Es una lucha por el derecho a vivir.
Durante toda mi vida me he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He combatido contra la dominación blanca, y he combatido contra la dominación negra. He amado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y espero lograr. Pero si fuere necesario, es un ideal por el que estoy preparado a morir.
Nelson Rolihlahla Mandela
por Luis Enrique Alcalá | Jul 15, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
El siglo XX comenzó, casi, con la muerte de la reina Victoria (22 de enero de 1901), y su primer año concluyó, casi, con el otorgamiento de los primeros Premios Nóbel (10 de diciembre de 1901, en el aniversario de la muerte de Alfredo Nóbel, quien los instituyera en testamento de 1895). Victoria fue el punto culminante del imperialismo europeo; los Premios Nóbel una magnífica institución de la civilización occidental que resalta uno de los rasgos dominantes de aquel siglo: el despliegue exponencial y asombroso de la ciencia. Informalmente, se conoce como Premio Nóbel de Economía al Premio en Ciencias Económicas instituido (1968) por el Sveriges Riksbank (el Banco Central de Suecia) en memoria de Alfredo Nóbel. Fue conferido por vez primera al año siguiente.
En el primer año del siglo XXI fue galardonado con ese premio el economista estadounidense Joseph E. Stiglitz, por su “análisis de las informaciones asimétricas en los mercados”. (Stiglitz compartió el premio con su colegas, también estadounidenses, George A. Akerlof y A. Michael Spence). En su lección como premiado en el Aula Magna de la Universidad de Estocolmo (8 de diciembre de 2001), Stiglitz explicó: “Muchos de los debates políticos de las últimas dos décadas se han centrado sobre un punto clave: la eficiencia de la economía y la relación adecuada entre el mercado y el gobierno. El argumento de Adam Smith [1776], el fundador de la economía moderna, de que los mercados libres conducían a resultados eficientes ‘como por arte de una mano invisible’, ha desempeñado un papel central en estos debates: sugería que podíamos, en gran medida, confiar en mercados sin intervención gubernamental. En el mejor de los casos, habría un rol limitado para el gobierno. El conjunto de ideas que presentaré acá ha minado la teoría de Smith y el punto de vista sobre el gobierno que descansa en ella. Han sugerido que la razón por la que la mano es invisible es que simplemente no está allí o, al menos, que si lo está es paralítica”.
Lo anterior es noción sostenida, entre otras cosas por las asimetrías de la información en los mercados—que dista de ser perfecta o transparente—, por quien fuera, además de Premio Nóbel en 2001, asesor económico del gobierno de William Clinton y nada menos que Economista Jefe y Vicepresidente Senior del Banco Mundial. Más sorprendente aún es que Stiglitz escribiera “El malestar de la globalización” (Globalization and its Discontents, 2002) para señalar como villano, precisamente, al mismísimo Banco Mundial. La Ficha Semanal #203 de doctorpolítico se compone de casi todo el prólogo—autobiográfico, tal vez egocéntrico—que Stiglitz escribió para el libro.
Pero el siglo XXI, el tercer milenio, se inició también con el primer atentado hiperterrorista de la historia. Stiglitz saca de ese horror, que empañó el año de su galardón, una sobria y constructiva moraleja: “El bárbaro atentado del 11 de septiembre ha aclarado con toda nitidez que todos compartimos un único planeta. Constituimos una comunidad global y como todas las comunidades debemos cumplir una serie de reglas para convivir. Esas reglas deben ser—y deben parecer—equitativas y justas, deben atender a los pobres y a los poderosos, y reflejar un sentimiento básico de decencia y justicia social. En el mundo de hoy, dichas reglas deben ser el desenlace de procesos democráticos; las reglas bajo las que operan las autoridades y cuerpos gubernativos deben asegurar que escuchen y respondan a los deseos y necesidades de los afectados por políticas y decisiones adoptadas en lugares distantes”.
LEA
…
En el fondo un villano
En 1993 abandoné la vida académica para trabajar en el Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton. Tras años de investigación y docencia, ésa fue mi primera irrupción apreciable en la elaboración de medidas políticas y, más precisamente, en la política. De ahí pasé en 1997 al Banco Mundial, donde fui economista jefe y vicepresidente senior durante casi tres años, hasta enero de 2000. No pude haber escogido un momento más fascinante para entrar en política. Estuve en la Casa Blanca cuando Rusia emprendió la transición desde el comunismo; y en el Banco Mundial durante la crisis financiera que estalló en el Este asiático en 1997 y llegó a envolver al mundo entero. Siempre me había interesado el desarrollo económico, pero lo que vi entonces cambió radicalmente mi visión tanto de la globalización como del desarrollo. Escribo este libro porque en el Banco Mundial comprobé de primera mano el efecto devastador que la globalización puede tener sobre los países en desarrollo, y especialmente sobre los pobres en esos países. Creo que la globalización—la supresión de las barreras al libre comercio y la mayor integración de las economías nacionales—puede ser una fuerza benéfica y su potencial es el enriquecimiento de todos, particularmente los pobres; pero también creo que para que esto suceda es necesario replantearse profundamente el modo en el que la globalización ha sido gestionada, incluyendo los acuerdos comerciales internacionales que tan importante papel han desempeñado en la eliminación de esas barreras y las políticas impuestas a los países en desarrollo en el transcurso de la globalización.
En tanto que profesor, he pasado mucho tiempo investigando y reflexionando sobre las cuestiones económicas y sociales con las que tuve que lidiar durante mis siete años en Washington. Creo que es importante abordar los problemas desapasionadamente, dejar la ideología a un lado y observar los hechos antes de concluir cuál es el mejor camino. Por desgracia, pero no con sorpresa, comprobé en la Casa Blanca—primero como miembro y después como presidente del Consejo de Asesores Económicos (un panel de tres expertos nombrados por el Presidente para prestar asesoramiento económico al Ejecutivo norteamericano)—y en el Banco Mundial que a menudo se tomaban decisiones en función de criterios ideológicos y políticos. Como resultado se persistía en malas medidas, que no resolvían los problemas pero que encajaban con los intereses o creencias de las personas que mandaban. El intelectual francés Pierre Bourdieu ha escrito acerca de la necesidad de que los políticos se comporten más como estudiosos y entren en debates científicos basados en datos y hechos concretos. Lamentablemente, con frecuencia sucede lo contrario, cuando los académicos que formulan recomendaciones sobre medidas de Gobierno se politizan y empiezan a torcer la realidad para ajustarla a las ideas de las autoridades.
Si mi carrera académica no me preparó para todo lo que encontré en Washington D C., al menos me preparó profesionalmente. Antes de llegar a la Casa Blanca había dividido mi tiempo de trabajo e investigación entre la economía matemática abstracta (ayudé a desarrollar una rama de la ciencia económica que recibió desde entonces el nombre de economía de la información), y otros temas más aplicados, como la economía del sector público, el desarrollo y la política monetaria. Pasé más de veinticinco años escribiendo sobre asuntos como las quiebras, el gobierno de las corporaciones y la apertura y acceso a la información (lo que los economistas llaman “transparencia”); fueron puntos cruciales ante la crisis financiera global de 1997. También participé durante casi veinte años en decisiones sobre la transición desde las economías comunistas hacia el mercado. Mi experiencia sobre cómo manejar dichos procesos comenzó en 1980, cuando los analicé por primera vez con las autoridades de China, que daba sus primeros pasos en dirección a una economía de mercado. He sido un ferviente partidario de las políticas graduales de los chinos, que han demostrado su acierto en las ultimas dos décadas, y he criticado con energía algunas de las estrategias de reformas extremas como las “terapias de choque” que han fracasado tan rotundamente en Rusia y algunos otros países de la antigua Unión Soviética.
Mi participación en asuntos vinculados al desarrollo es anterior. Se remonta a cuando estuve en Kenia como profesor (1969-1971), pocos años después de su independencia en 1963. Parte de mi labor teórica mas relevante fue inspirada por lo que allí vi. Sabía que los desafíos de Kenia eran arduos, pero confiaba en que sería posible hacer algo para mejorar las vidas de los miles de millones de personas que, como los keniatas, viven en la extrema pobreza. La economía puede parecer una disciplina árida y esotérica, pero de hecho las buenas políticas económicas pueden cambiar la vida de esos pobres. Pienso que los gobiernos deben y pueden adoptar políticas que contribuyan al crecimiento de los países y que también procuren que dicho crecimiento se distribuya de modo equitativo. Por tocar sólo un tema, creo en las privatizaciones (digamos, vender monopolios públicos a empresas privadas) pero sólo si logran que las compañías sean más eficientes y reduzcan los precios a los consumidores. Esto es más probable que ocurra si los mercados son competitivos, lo que es una de las razones por las que apoyo vigorosas políticas de competencia.
Tanto en el Banco Mundial como en la Casa Blanca existía una estrecha relación entre las políticas que yo recomendaba en mi obra económica previa, fundamentalmente teórica, asociada en buena parte con las imperfecciones del mercado: por qué los mercados no operan a la perfección, en la forma en que suponen los modelos simplistas que presumen competencia e información perfectas. También aporté a la política mi análisis de la economía de la información, en particular las asimetrías, como las diferencias en la información entre trabajador y empleador, prestamista y prestatario, asegurador y asegurado. Tales asimetrías son generalizadas en todas las economías. Dicho análisis planteó los fundamentos de teorías más realistas sobre los mercados laborales y financieros y explicó, por ejemplo, por qué existe desempleo y por qué quienes más necesitan crédito a menudo no lo consiguen—en la jerga de los economistas: el racionamiento del crédito—. Los modelos que los economistas han empleado durante generaciones sostenían que los mercados funcionaban a la perfección—incluso negaron la existencia del paro—o bien que la única razón de la desocupación estribaba en los salarios excesivos, y sugerían el remedio obvio: bajarlos. La economía de la información, con sus mejores interpretaciones de los mercados de trabajo, capital y bienes, permitió la construcción de modelos macroeconómicos que aportaron enfoques más profundos sobre el paro, y dieron cuenta de las fluctuaciones, recesiones y depresiones que caracterizaron al capitalismo desde sus albores. Estas teorías ofrecen claros corolarios políticos—algunos de los cuales son evidentes para casi todos los que conocen el mundo real—como que la subida de los tipos de interés hasta niveles exorbitantes arrastra a la quiebra a las empresas sumamente endeudadas, y que ello es malo para la economía. Aunque me parecían innegables, esas prescripciones políticas eran contrarias a las que el Fondo Monetario Internacional solía insistir en recomendar.
Las políticas del FMI, basadas en parte en el anticuado supuesto de que los mercados generaban por sí mismos resultados eficientes, bloqueaban las intervenciones deseables de los Gobiernos en los mercados, medidas que pueden guiar el crecimiento y mejorar la situación de todos. Lo que centra, pues, muchas de las disputas que describo en las páginas siguientes son las ideas y las concepciones sobre el papel del Estado derivadas de las mismas.
Aunque tales ideas han cumplido un papel relevante en el delineamiento de prescripciones políticas—acerca del desarrollo, el manejo de las crisis, y la transición—también son claves de mi pensamiento sobre la reforma de las instituciones internacionales que supuestamente deben orientar el desarrollo, administrar las crisis y facilitar las transiciones económicas. Mi estudio sobre la información hizo que prestara especial atención a las consecuencias de la falta de información; me alegró apreciar el énfasis en la transparencia durante la crisis financiera global de 1997-1998, pero no la hipocresía de instituciones como el FMI o el Tesoro de los EEUU, que la subrayaron en el Este asiático cuando ellos eran de lo menos transparente que he encontrado en mi vida pública. Por eso en la discusión de las reformas destaco la necesidad de una mayor transparencia, la mejora de la información que los ciudadanos tienen sobre esas instituciones, que permita que los afectados por las políticas tengan más que decir en su formulación. El análisis sobre la información en las instituciones políticas surgió de modo bastante natural de mi trabajo previo sobre la información en economía.
Uno de los aspectos estimulantes de acudir a Washington fue la oportunidad no sólo de entender mejor cómo funciona el Estado sino también de contrastar alguna de las perspectivas derivadas de mi investigación. Por ejemplo, en tanto que presidente del Consejo de Asesores Económicos de Clinton, traté de fraguar una filosofía y una política económicas que vieran a la Administración y a los mercados como complementarios, como socios, y que reconocieran que si los mercados son el centro de la economía, el Estado ha de cumplir un papel importante, aunque limitado. Yo había estudiado los fallos tanto del mercado como del Estado, y no era tan ingenuo como para fantasear con que el Estado podía remediar todos los fallos del mercado, ni tan bobo como para creer que los mercados resolvían por sí mismos todos los problemas sociales. La desigualdad, el paro, la contaminación: en estos campos el Estado debía asumir un papel importante. Trabajé en la iniciativa de “reinventar la Administración”: hacer al Estado más eficiente y sensible; había visto cuándo el Estado no era ninguna de las dos cosas y sabía que las reformas eran difíciles, pero también que, por modestas que parecieran, eran posibles. Cuando pasé al Banco Mundial esperaba aportar esta visión equilibrada, y las lecciones aprendidas, a los muchos más arduos problemas del mundo desarrollado.
En la Administración de Clinton disfruté del debate político, gané algunas batallas y perdí otras. Como miembro del gabinete del Presidente, estaba en una buena posición no sólo para observar los debates y sus desenlaces, sino también para participar en ellos, especialmente en áreas relativas a la economía, Sabía que las ideas cuentan pero también cuenta la política, y una de mis labores fue persuadir a otros de que lo que yo recomendaba era económica pero también políticamente acertado. En la esfera internacional, en cambio, descubrí que ninguna de esas dos dimensiones prevalecía en la formulación de políticas, especialmente en el Fondo Monetario Internacional. Las decisiones eran adoptadas sobre la base de una curiosa mezcla de ideología y mala economía, un dogma que en ocasiones parecía apenas velar intereses creados. Cuando la crisis golpeó, el FMI prescribió soluciones viejas, inadecuadas aunque “estándares”, sin considerar los efectos que ejercerían sobre los pueblos de los países a los que se aconsejaba aplicarlas. Rara vez vi predicciones sobre qué harían las políticas con la pobreza; rara vez vi discusiones y análisis cuidadosos sobre las consecuencias de políticas alternativas: solo había una receta y no se buscaba otras opiniones. La discusión abierta y franca era desanimada: no había lugar para ella. La ideología orientaba la prescripción política y se esperaba que los países siguieran los criterios del FMI sin rechistar.
Esas actitudes me provocaban rechazo; no sólo porque sus resultados eran mediocres, sino también por su carácter antidemocrático. En nuestra vida personal jamás seguiríamos ciegamente unas ideas sin buscar un consejo alternativo, y sin embargo a países de todo el mundo se les instruía para que hicieran exactamente eso. Los problemas de las naciones en desarrollo son complejos, y el FMI es con frecuencia llamado en las situaciones más extremas, cuando un país se sume en una crisis. Pero sus recetas fallaron tantas veces como tuvieron éxito, o más. Las políticas de ajuste estructural del FMI—diseñadas para ayudar a un país a ajustarse ante crisis y desequilibrios más permanentes—produjeron hambre y disturbios en muchos lugares, e incluso cuando los resultados no fueron tan deplorables y consiguieron a duras penas algo de crecimiento durante un tiempo, muchas veces los beneficios se repartieron desproporcionadamente a favor de los más pudientes, mientras que los más pobres en ocasiones se hundían aún mas en la miseria. Pero lo que más me asombraba era que dichas políticas no fueran puestas en cuestión por los que mandaban en el FMI, por los que adoptaban las decisiones clave; con frecuencia lo hacían en los países en desarrollo, pero era tal su temor a perder la financiación del FMI, y con ella otras fuentes financieras, que las dudas eran articuladas con gran cautela—o no lo eran en absoluto—y en cualquier caso sólo en privado. Aunque nadie estaba satisfecho con el sufrimiento que acompañaba a los programas del FMI, dentro del Fondo simplemente se suponía que todo el dolor provocado era parte necesaria de algo que los países debían experimentar para llegar a ser una exitosa economía de mercado, y que las medidas lograrían de hecho mitigar el sufrimiento de los países a largo plazo.
Algún dolor era indudablemente necesario, pero a mi juicio el padecido por los países en desarrollo en el proceso de globalización y desarrollo orientado por el FMI y las organizaciones económicas internacionales fue muy superior al necesario. La reacción contra la globalización obtiene su fuerza no sólo de los perjuicios ocasionados a los países en desarrollo por las políticas guiadas por la ideología, sino también por las desigualdades del sistema comercial mundial. En la actualidad—aparte de aquellos con intereses espurios que se benefician con el cierre de las puertas ante los bienes producidos por los países pobres—son pocos los que defienden la hipocresía de pretender ayudar a los países subdesarrollados obligándolos a abrir sus mercados a los bienes de los países industrializados más adelantados y al mismo tiempo protegiendo los mercados de éstos: esto hace a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres… y cada vez más enfadados.
Joseph E. Stiglitz
por Luis Enrique Alcalá | Jul 10, 2008 | LEA, Política |
Impeacheney. The action of charging the holder of the Office of Vicepresident of the United States with misconduct. (El acto de acusar al titular del Oficio de Vicepresidente de los Estados Unidos de conducta indebida). No es probable que la anterior definición aparezca, en años futuros, en el Diccionario Webster del idioma inglés porque prosperasen los presentes amagos de acusación formal de Dick Cheney por abusos diversos de su cargo. El año pasado, el representante Robert Wexler (demócrata por Florida), quien copreside la campaña de Barack Obama en su estado, intentó introducir una resolución de impeachment contra Cheney, y acaba de sumar su apoyo a la introducida por Dennis Kucinich (representante demócrata por Ohio) contra el propio presidente Bush esta semana. Entre los treinta y cinco cargos enumerados en la moción de Kucinich, figura prominentemente el Artículo II: “Falsa y sistemáticamente, y con intención criminal, mezclar los ataques del 11 de septiembre de 2001 con una representación tergiversada de Irak como amenaza de seguridad, como parte de una justificación fraudulenta de una guerra de agresión”.
Por su lado, la senadora demócrata Bárbara Boxer (California), quien preside el comité senatorial del Ambiente y las Obras Públicas, se propone recabar, judicialmente si es necesario, información pertinente al alegato de Jason Burnett, antiguo funcionario de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Según supo primeramente por carta de Burnett del 6 de julio, la oficina del vicepresidente Cheney había presionado por la supresión de más de seis páginas en el testimonio preparado por la jefa del Centro de Control de Enfermedades y Prevención, que detallaban las consecuencias del calentamiento global sobre la salud de la gente. Esto es, Dick Cheney, en su destacado rol de cabildero de corporaciones petroleras, procuró que se dejara al pueblo norteamericano en la ignorancia de los efectos de los gases de invernadero sobre la salud general. Ese testimonio, fuertemente editado, fue presentado al Senado estadounidense. La senadora Boxer declaró: “Este encubrimiento está siendo dirigido desde la Casa Blanca y la oficina del Vicepresidente”.
A pesar de tales enormidades, no es probable que los intentos de impeachment contra ninguno de los dos personajes prosperen. (Para destituir de su cargo a algún funcionario impeachable, la Cámara de Representantes debe aprobar la moción, que iría al Senado para una convicción que requiere una mayoría calificada de las dos terceras partes).
El propio Barack Obama no está de acuerdo con la iniciativa. El año pasado declaró: “Creo que si comenzamos los procedimientos de acusación seremos tragados por la política que ha hecho que Washington funcione mal. Una vez más, en lugar de atender los asuntos de la gente, nos ocuparíamos en un circo incesante de ojo por ojo, de mutua retaliación”. Pareciera a primera vista, sin embargo, que son “asuntos de la gente” el enorme gasto de la guerra de Irak que sale de los bolsillos de los contribuyentes y los efectos nocivos a la salud del calentamiento global, que la Administración Bush ha desconocido de modo contumaz.
Pero la política convencional es la política que tenemos, y Obama, que ha prometido cambio, bien pudiera convertirse en decepción. Por eso no se escuchará el grito de “iImpeach Cheney!” y menos aún se formará en inglés el vocablo imbushment.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 10, 2008 | Cartas, Política |
La tercera acepción del término “político” en el Diccionario de la Real Academia Española lo hace equivaler a los adjetivos “cortés” y “urbano”. La cuarta es definida así: “Cortés con frialdad y reserva, cuando se esperaba afecto”. En femenino, y operando como sustantivo, la décima acepción es “Cortesía y buen modo de portarse”.
Ése es el sentido en el que decimos “Fulano es muy político”, queriendo significar que Fulano no dice cosas imprudentes en momentos comprometedores de una conversación. Fulano siempre encuentra manera de eludir definiciones incómodas y de pronunciar alguna frase que agrade a sus interlocutores.
Ese significado de la palabra “político” es muy apropiado. La conducta que describe es comúnmente recomendada en la práctica cotidiana de la política, y no sólo en países que hablan castellano. En los de habla inglesa se hicieron populares, a partir de los años setenta, las expresiones “políticamente correcto” y “políticamente incorrecto” para aludir a quienes se comportan o no de modo “político”. Niall Ferguson nos decía anteayer (Ficha Semanal #202 de doctorpolítico), refiriéndose a versos de Rudyard Kipling: “Nadie se atrevería hoy a usar un lenguaje tan políticamente incorrecto”, a pesar de que, en su estimación, Kipling pronosticaba algo que llegaría a ser verdadero.
Hay una oposición, por consiguiente, entre ser “político” y la verdad. En julio de 1972 Yehezkel Dror ofrecía acá en Caracas, según los casos, recomendaciones contradictorias: “Si quieres ser eficaz es necesaria la transparencia de los valores; si pretendes mantener el consenso será mejor que los valores sean opacos”. Así, la eficacia, que precisamente debiera ser el valor supremo de la política, frecuentemente es supeditada a la necesidad de guardar la armonía, y se prefiere políticas mediocres con tal de no alborotar un avispero de opiniones disímiles. Los “consensos-país” son ciertamente formulaciones con las que es muy difícil estar en desacuerdo, puesto que escasamente proponen cosas tan generales que en realidad significan poco.
………
Quien escribe ha recibido, bastante más de una vez, consejos de que debe ser más “político”. La última vez que esto fuera explícito se dio el sábado 24 de noviembre del año pasado. Entonces escuché la opinión de que escribía, de cuando en cuando, juicios lapidarios; “al estilo de Robespierre”, se me dijo. Algo de justo debe haber en ese reclamo, pues lo he escuchado con variantes en otras ocasiones. En 1995 llamó a la casa un querido amigo a decir que estaba muy contento, pues uno de sus políticos favoritos me había elogiado. Añadió prontamente, sin embargo, que la misma persona se había quejado de que yo sería “una roca inamovible”, con la que era muy difícil o imposible negociar o transar.
De ser cierto esto último, el suscrito estaría impedido de cumplir un papel político, puesto que el paradigma prevaleciente, sobre su verdadero rostro de política del poder (Realpolitik) lleva el antifaz de la conciliación de intereses. En efecto, se busca el poder a toda costa, por medios no siempre santos, para emplearlo luego en la concertación de intereses habitualmente opuestos en el seno de una sociedad. La mayoría de las veces se sacrifica la verdad en esa búsqueda del acuerdo. (El “gran acuerdo nacional”, la “concertación”, el “pacto social”, el “consenso-país”). Los mejores pactos, sin duda, como el de Punto Fijo o los de la Moncloa, son los más francos.
………
No hay duda de que la realidad política, aquí y en todas partes del mundo, incluye el forcejeo y el regateo, la negociación y la transacción. Lo que es innecesario es la transacción de los principios o de la verdad. No es necesario mentir para ser un buen negociador.
Pero, se dirá, el problema no es mentir, sino que hay ciertas verdades que no deben ser dichas. Esto es rigurosamente cierto. Tampoco es necesario decir toda la verdad. Convertir el compromiso con la verdad en el prurito de revelarla toda, sin mirar a las consecuencias, no es sabio. Los humanos somos seres sensibles, y somos particularmente sensitivos a la crítica. Si escuchamos que alguien nos censura, no sentiremos simpatía por él. De hecho, aun cuando lo que sea criticado sean nuestras ideas, normalmente tomamos el asunto como si se tratara de algo personal. (“No hay nada tan humillante como una derrota intelectual”. Estudio Especial #1 de doctorpolítico, 26 de junio de 2008). Y la política viene de polis, que en griego significa “muchos”; no es posible ejercerla en soledad. El poeta político que fuera Andrés Eloy Blanco ya ponía en Coloquio bajo la palma (Canto a los hijos):
Por eso quiero, hijo mío,
que te des a tus hermanos,
que para su bien pelees
y nunca te estés aislado;
bruto y amado del mundo
te prefiero a solo y sabio.
A Dios que me dé tormentos,
a Dios que me dé quebrantos,
pero que no me dé un hijo
de corazón solitario.
El asunto es, sin embargo, como lo pone Dror, que para ser eficaces es necesario decir las cosas claras. Es la principal responsabilidad del político, sobremanera si ejerce una función pública, la de encontrar y aplicar los tratamientos más eficaces, entre los disponibles, para la solución de los problemas públicos, y la mentira nunca es una solución. Se puede ser enfermizo, por supuesto, cuando el compromiso con la verdad pasa a ser una pasión, o cuando se la presenta de modo insultante. En esta patología descuella, evidentemente, nuestro actual Presidente. No siempre dice la verdad, por supuesto, pero usualmente es agresivo aun cuando la pronuncia.
Hay, de todos modos, la patología inversa. Cuando un actor determinado se esfuerza por caer bien en toda circunstancia, puede llegar a una situación en la que haya perdido toda credibilidad. Hace unos años, un importante político nacional confiaba a quien escribe lo que sería su principal problema: “Me han dicho que soy el único político venezolano que es a la vez de los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes”. Quien fuera su mano derecha por mucho tiempo, decía de él por esa época: “Si algún día llegare a ser Presidente, Miraflores no tendría espacio para recibir a quienes pudieran jurar que les ha prometido un ministerio”.
De modo, pues, que en esta cuestión debe encontrarse un punto medio. La eficacia que se busca a través de la verdad puede ser destruida en un santiamén por una frase imprudente o injusta, tanto como puede ser anulada en postura ecléctica, excesivamente “política”. No hay ninguna necesidad de andar por la vida sin otra cosa que hacer que enderezar entuertos a punta de agresiones muy sinceras, pero tampoco es una virtud decir que sí a todo, por el temor de negar lo que debe ser negado.
………
Las críticas a personas “políticamente incorrectas”, por otra parte, son muchas veces asimétricas, dependiendo de quien sea la persona política a quien aquéllas ataquen. Los mismos que rechazan la crítica a algún copartícipe de nuestra tendencia, montan una fiesta cuando las más gruesas invectivas son dirigidas al oponente. Es como si éste hubiera dejado de ser gente, tan de carne y hueso como nosotros, tan susceptible a la censura como nosotros mismos.
La cosa no es fácil. Por más empeño que pongamos en una política clínica, es innegable que se combate con acritud contra los adversarios. (En especial si se lidia con un contendiente, como Chávez, que es él mismo agresivo en grado sumo). No obstante, es posible disciplinarse a este respecto. Una regla útil es procurar la descalificación del contrario, no por su negatividad, sino por la insuficiencia de su positividad. A fin de cuentas, lo que interesa a los ciudadanos es la solución de los problemas públicos, antes que el descrédito de algún actor concreto. Siendo esto así, lo que más importaría a un trámite político responsable es mostrar que nuestro oponente propone políticas ineficaces o insuficientes.
¿Es tal disciplina posible? Hace casi cinco años se escribía acá (Carta Semanal #51, del 28 de agosto de 2003) lo siguiente: “…el boxeo, deporte de la lucha física violenta, fue objeto de una reglamentación transformadora con la introducción de las reglas del Marqués de Queensberry. Así se transformó de un deporte ‘salvaje’ en uno más ‘civilizado’, en el que no toda clase de ataque está permitida”. Si esto fue posible a los boxeadores, ¿por qué no lo sería a los políticos?
Pues porque tal cosa no es necesariamente tan valorada como una actitud más combativa, especialmente en una cultura que exalta a los peleadores—olímpicamente destacamos, desde hace tiempo, en tiro, esgrima, boxeo, judo y tae kwon do, siendo una notable excepción a esta tendencia la del querido nadador Rafael Vidal—, o cuando la representación del electorado es el vehículo de su propia ira. En junio de 1986 completó el suscrito un trabajo que llamó Dictamen, su primer ejercicio de política clínica o medicina política. En su introducción se lee:
…los pueblos esperan, primero, que sus gobernantes aprendan y entiendan, que sus gobernantes resincronicen y favorezcan los cambios. A menos que sus gobernantes decidan no cambiar, y entonces también todo el pueblo se pasa, por un trágico momento, al bando de la ‘política realista’. También le ocurre a los pueblos que en ocasiones se sienten moralmente obligados a ganar por todos los medios.
Trece meses después, Eduardo Fernández diría en sesión solemne del Congreso de la República: “El pueblo está bravo”. En 1989 esto se supo con el “Caracazo”, y un pueblo bravo eligió a Hugo Chávez, cuya ira se hizo evidente antes en una madrugada de febrero.
………
El pueblo está ahora, sin embargo, cansado de la animosidad política, empezando por la del Presidente de la República, indudablemente la más cargada y virulenta de las que haya visto Venezuela en toda su historia. Pero Chávez no inventó la Realpolitik, ni la noción de que la política es combate. En famoso discurso decía Rafael Caldera, uno de nuestros presidentes de mejor costumbre: “…porque no estoy en las alturas del poder, sino en las arenas de la lucha política”. Si se le ocurría a algún periodista solicitar a Carlos Andrés Pérez o Jaime Lusinchi que se definieran, cualquiera de los dos (así lo hicieron más de una vez) contestaría: “Yo lo que soy, ante todo, es un luchador político”. Y los militantes del Movimiento Electoral del Pueblo debieron inventar un saludo estatutario. No podían decirse entre sí, como antes, “compañeros”, ya que acababan de separarse de Acción Democrática y así se saludaban los adecos, ni tampoco podían decirse “camaradas”, puesto que tal es el saludo por antonomasia de los comunistas, así que decidieron llamarse oficialmente combatientes. Más recientemente, reportaba El Universal el 31 de mayo de este año: “Daniel Santolo, Secretario General de esta tolda [Causa R] afirmó que el respaldo a Leopoldo López está motivado por su condición de luchador social…”, y la misma nota traía el abundamiento de Andrés Velásquez, quien señalaba: “el apoyo a López está estrechamente ligado a la lucha por defender nuestra Constitución y nuestros derechos políticos, democráticos…” En el sitio web de Un Nuevo Tiempo se leía el lunes de esta semana en su primera reseña: “Las mujeres siguen en la lucha en las parroquias…” Y en un folleto de Carlos Ocariz—por quien el suscrito votará para la Alcaldía del Municipio Sucre, justamente por su valentía al decir cosas “políticamente incorrectas”, como que en octubre de 2004 había perdido las elecciones por abstención opositora y no por fraude gobiernista—se encuentra la siguiente primera definición: “Como incansable luchador por las justas reivindicaciones de la gente…”
Chávez, por supuesto, ha llevado este paradigma bastante más allá, casi hasta sus últimas consecuencias. (En verdad, el chavoma es una dolencia más bien leve, si se le compara con el hitleroma o el fideloma). En este campo, Chávez no obedece a la urbanidad con la que habitualmente combaten y se agreden políticos más convencionales; no come con cubiertos. Y, naturalmente, tiene formación profesional beligerante.
………
El paradigma descrito no es fácil de superar. A la larga, sólo puede ser la presión de los electores lo que induzca el cambio paradigmático que instaure una exigencia clínica: que la política sólo se justifica si logra resolver los problemas de carácter público. Mientras esto no ocurra, mientras el pueblo no tome conciencia de que puede imponer ese concepto, la tentación de ser “político” es difícil de rechazar. Habrá cosas “que no se dicen”.
Posiblemente fuera la primera reconvención que el suscrito recibiera a este respecto una llamada telefónica a mediados de 1986, rememorada en el #224 de esta publicación, del 8 de febrero del año pasado: “Había escrito sobre tema político unas ‘memorias prematuras’, en las que hacía mención detallada de algunos intercambios con personas concretas y conocidas. Se me dijo que esto no era de buena educación. Recuerdo haberme defendido al apuntar que Manuel Antonio Carreño, autor del famoso ‘Manual de urbanidad y buenas costumbres’, señalaba como del todo incivil y grosero que la gente entrara al interior de las casas montada en sus caballerías. Los corceles debían llegar solamente al patio, donde serían amarrados. Pero salvaba que en casos de emergencia los médicos podían llegar a caballo hasta el comedor. Así, dije a mi amable crítico, creo que estamos en emergencia, y en lo político médico soy”. Cuando una sociedad padece grave dolencia política, el escrúpulo de urbanidad debe dejar paso a la verdad, lo que no desdice de un comportamiento médico.
De hecho, en 1995 me preocupé de componer, y luego jurar, un código “hipocrático” para la política. La segunda de sus estipulaciones dice: “Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros”.
Pero un tal compromiso crítico debe ser asumido sin arrogancia. Quien critica debe estar él mismo abierto a la crítica. La quinta estipulación del código aludido es: “Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando éstos se debiesen a mi negligencia”. Y la séptima dice: “No dejaré de aprender lo que sea necesario para el mejor ejercicio del arte de la Política, y no pretenderé jamás que lo conozco completo y que no hay asuntos en los que otras opiniones sean más calificadas que las mías”. La octava exige: “Reconoceré según mi conocimiento y en todo momento la precedencia de aquellos que hayan interpretado antes que yo o hayan recomendado antes que yo aquello que yo ofrezca como interpretación o recomendación, y estaré agradecido a aquellos que me enseñen del arte de la Política y procuraré corresponderles del mismo modo”.
Debo admitir que esa práctica es exigente, y que tiende a traer costosas consecuencias a la vida personal de quien ose seguirla, aunque también puedo decir que no son intolerables. De resto, la crítica política que con frecuencia se encuentra en estas páginas es el ejercicio de una responsabilidad. No podría edulcorar mis evaluaciones, presentando inexactas lecturas al lector, porque una más cruda pero fiel interpretación me cause problemas. Podría simular que los recibo con alguna indiferencia.
Una vez me fue de ayuda leer a Cristopher Hodgkinson en The Philosophy of Leadership:
La indiferencia debe entenderse acá, naturalmente, en un sentido especial. No es que al líder no le importe. Al líder le importan y tienen que importarle los resultados, especialmente aquellos resultados humanos y organizacionales en los que tiene responsabilidad plena o parcial. A lo que, en razón del honor, debe ser indiferente es a los resultados de las acciones en tanto le afecten personalmente. Suponiendo que su curso de acción sea correcto, que ha descubierto cuál es su deber y cumplido con él, lo que es entonces un asunto de indiferencia, de despreocupación, es su propio éxito o fracaso. Ése es el ideal. Su propio ego debe dejar de importar, tiene que ser eliminado de la ecuación de las variables organizacionales. Tiene que ser trascendido. Y aunque esto pueda parecer escandalosamente idealista, esa praxis es también posible.
LEA
_________________________________________________
intercambios