por Luis Enrique Alcalá | Jul 8, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Niall Ferguson (Glasgow, 1964) ha sido llamado por The Times londinense “el más brillante historiador británico de su generación”. Es esta evaluación la que aparece al pie de su nombre, como lema heráldico, en la edición de bolsillo que hiciera Penguin Books (2004) de su libro “Imperio: cómo Inglaterra hizo el mundo moderno”. En todo caso, Ferguson escribe con gran amenidad, y revela la erudición con la que acomete sus temas en una profusa provisión de citas y documentos curiosos e interesantes.
Al comienzo de la introducción de ese libro Ferguson dice: “Cómo es que un archipiélago de islas lluviosas a las afueras de la costa nor-occidental de Europa llegó a gobernar el mundo, es una de las cuestiones fundamentales no sólo de la historia británica, sino de la del mundo”. Y luego añade: “La segunda y quizás más difícil cuestión es, simplemente, si el Imperio fue una cosa buena o mala”. La respuesta que Ferguson dará se pronuncia del lado positivo, no sin reconocer lo siguiente: “Hoy día es bastante convencional pensar que, a fin de cuentas, fue una mala cosa. Probablemente la razón principal de que el Imperio cayese en descrédito fue su involucración en el tráfico atlántico de esclavos y en la esclavitud misma”. Así cierra la introducción: “Para bien o para mal… el mundo que conocemos hoy es en gran medida el producto de la era británica del Imperio. El asunto no es si el imperialismo británico no tuvo manchas. Las tuvo. El asunto es si pudo haber un camino menos sangriento hacia la modernidad”.
Ferguson cree que en teoría esto era posible, aunque no en la práctica. Es una postura extraña en quien ha abogado por un “contrafactualismo histórico” y sostiene que no hay leyes históricas inexorables y que es la acción de los hombres concretos lo que determina la trayectoria humana.
La Ficha Semanal #202 de doctorpolítico contiene el fragmento final de la obra, el cierre de su capítulo de conclusiones. En éste hace, primeramente, un balance que arroja saldo positivo para el Imperio Británico: “…el Imperio del siglo diecinueve indudablemente fue pionero del libre comercio, los movimientos libres de capital y, con la abolición de la esclavitud, del libre trabajo. Invirtió inmensas sumas en el desarrollo de una red global de modernas comunicaciones. Esparció y defendió el imperio de la ley en vastas áreas. Y aunque peleó muchas guerras menores, el Imperio mantuvo una paz global sin parangón antes o después”.
Pero luego admite Ferguson que los Estados Unidos son, en efecto, una nación tan imperial como la inglesa. Le da, por tanto, la razón a Hugo Chávez en este punto. Y eso que Ferguson aprobó abiertamente a George W. Bush y su invasión de Irak. Claro, a Ferguson le gustan los imperios de bandera anglosajona. Lo evidencia su imperioso lenguaje.
LEA
…
Gringo imperator
¿Qué lecciones pudieran aprender los Estados Unidos de la experiencia imperial británica? Una obvia es que la más exitosa economía del mundo—como Inglaterra fue durante la mayor parte de los siglos dieciocho y diecinueve—puede hacer mucho por imponer sus valores preferidos sobre sociedades menos avanzadas tecnológicamente. Es realmente sorprendente que Gran Bretaña fue capaz de gobernar tanto del mundo sin requerir un presupuesto de defensa especialmente grande. Para ser precisos, el gasto británico de defensa fue en promedio poco más de 3 por ciento de su producto nacional neto entre 1870 y 1913, y fue menor aún por el resto del siglo diecinueve.
Era dinero bien gastado. Sin duda es cierto que, en teoría, unos mercados internacionales abiertos hubieran sido preferibles al imperialismo pero, en la práctica, el libre comercio global ni estaba ni está ocurriendo. El Imperio Británico lo imponía.
En comparación, los Estados Unidos de hoy son inmensamente más ricos en relación con el resto del mundo que lo que alguna vez fuera Inglaterra. En 1913, la cuota de Inglaterra del producto total del mundo era de 8 por ciento; la cifra equivalente para los Estados Unidos era de 22 por ciento en 1998. No puede pretenderse que, al menos en términos fiscales, el costo de expandir el Imperio Americano llegaría a ser prohibitivo, aun cuando significase muchas guerras pequeñas como la de Afganistán. En 2000, el gasto de defensa estadounidense era de algo por debajo de 3 por ciento del producto nacional bruto, comparado con un promedio de 6,8 por ciento para los años 1948-98. Aun después de grandes recortes en el gasto militar, los Estados Unidos son todavía la única superpotencia del mundo, con una capacidad financiera y militar-tecnológica que no tiene rival. Su presupuesto de defensa es catorce veces el de China y veintidós veces el de Rusia. Inglaterra jamás disfrutó una ventaja tal sobre sus rivales imperiales.
La hipótesis, en otras palabras, es la de un paso en dirección de una globalización política, con un desplazamiento de los Estados Unidos de un imperio informal a uno formal, como una vez lo hiciera la Inglaterra victoriana. Esto es lo que ciertamente es de esperar si en verdad la historia se repite. Aunque su imperialismo no fue totalmente inconsciente, Inglaterra no se había propuesto gobernar una cuarta parte de la superficie terrestre. Como hemos visto, su imperio comenzó como una serie de bases costeras y esferas de influencia informales, en mucho como el “imperio” americano después de 1945. Pero las amenazas reales y percibidas a sus intereses comerciales tentaron constantemente a los británicos a progresar del imperialismo informal al formal. Fue así como tanto del mapamundi llegara a colorearse con el rojo imperial.
Nadie podría negar la extensión del imperio americano informal—el imperio de las corporaciones multinacionales, de las películas de Hollywood e, incluso, el de los evangelistas de televisión. ¿Es esto algo muy distinto del incipiente imperio británico de compañías comerciales monopolistas y misioneros? Tampoco es una coincidencia que un mapa que muestra las principales bases militares de los EEUU en el mundo se parezca notablemente a un mapa de las estaciones de aprovisionamiento de carbón de la Marina Real de hace cien años. Incluso la política exterior americana reciente recuerda la diplomacia de cañoneras del Imperio Británico en su apogeo victoriano, cuando algún pequeño problema en la periferia podía ser resuelto con un breve y aguzado “golpe quirúrgico”. La única diferencia es que las cañoneras de hoy vuelan.
Sin embargo, en tres aspectos el proceso de “anglobalización” es hoy en día fundamentalmente diferente. Desde una inspección más cercana, las fortalezas de América pueden no ser las fortalezas de un hegemón imperial nato. Por una parte, el poderío imperial británico dependía de la exportación masiva de capitales y gente. Pero desde 1972 la economía americana ha sido importadora neta de capital (a razón de 5 por ciento del producto doméstico bruto en 2002), y sigue siendo el destino favorito de inmigrantes de todo el mundo, no un productor de posibles emigrantes coloniales. En su apogeo, Inglaterra fue capaz de girar sobre una cultura de desvergonzado imperialismo que se remontaba al Periodo Isabelino, mientras que los EEUU—nacidos no de una guerra contra la esclavitud, como el Sr. Blair parecía sugerir en una conferencia, sino de una guerra contra el Imperio Británico—siempre será gobernante de otros pueblos a regañadientes. Desde la intervención de Woodrow Wilson para restaurar al gobierno electo en México en 1913, el enfoque americano ha sido, demasiado a menudo, disparar algunos proyectiles, penetrar marchando, celebrar elecciones y luego irse al diablo… hasta la próxima crisis. Haití es un ejemplo reciente; Kosovo otro. Afganistán pudiera ser el próximo, o quizás Irak.
En 1899, Rudyard Kipling, el poeta más grande del Imperio, dirigió una poderosa petición a los Estados Unidos para que asumieran sus responsabilidades imperiales:
Asuman la Carga del Hombre Blanco—
Envíen los mejores de su cría—
Comprometan a sus hijos en exilio
A servir la necesidad de sus cautivos;
A atender con arnés pesado
Pueblos que aletean salvajes—
Sus pueblos sombríos, recién conquistados,
Medio diablos, medio niños.
Asuman la Carga del Hombre Blanco
Y cosechen su vieja recompensa:
La acusación de quienes mejoren,
El odio de los que protejan…
Nadie se atrevería hoy a usar un lenguaje tan políticamente incorrecto. La realidad es, no obstante, que los Estados Unidos han tomado—lo admitan o no—algún tipo de carga global, tal como urgía Kipling. Se consideran responsables no sólo de pelear una guerra contra el terrorismo y los Estados forajidos, sino también de diseminar los beneficios del capitalismo y la democracia fuera de su territorio. Y del mismo modo que el Imperio Británico antes que él, el Imperio Americano actúa infaltablemente en nombre de la libertad, aun cuando su propio interés se manifieste de manera primordial. Éste fue el punto que señalaba John Buchan, mirando hacia el apogeo del kindergarten imperialista desde el ventajoso y oscuro punto de 1940:
“Yo soñaba con una hermandad planetaria con historia de una raza y un credo común, consagrada al servicio de la paz; Inglaterra enriqueciendo al resto con su cultura y sus tradiciones, y el espíritu de los Dominios como un viento fuerte que refrescara el aire viciado de los viejos países… La ‘carga del hombre blanco’ es ahora una frase casi sin sentido; antes implicaba una nueva filosofía política y un estándar ético, serio y seguramente no innoble”.
Pero Buchan, como Churchill, encontró un heredero de este legado al otro lado del Atlántico:
“…Sólo hay en el globo dos organizaciones probadas de unidades sociales de gran escala, los Estados Unidos y el Imperio Británico. Este último ya no puede exportarse… pero los Estados Unidos… son el ejemplo supremo de una federación en acto… Si el mundo va a tener alguna vez prosperidad y paz, debe haber alguna clase de federación—no diré de democracias, pero sí de Estados que acepten el reino de la Ley. Para tal tarea, aquéllos me parece que son el líder predestinado”.
Descontando la retórica de tiempos de guerra, hay algo más que un poco de verdad en eso. Y, sin embargo, el imperio que hoy gobierna el mundo es a la vez más y menos que su progenitor británico. Tiene una economía mucho más grande, mucha más gente, un arsenal mucho mayor. Pero es un imperio que carece del impulso para exportar su capital, su gente y su cultura a aquellas regiones atrasadas que los necesitan con mayor urgencia y que, si son desatendidas, generarán las mayores amenazas a su seguridad. Es un imperio, en suma, que no se atreve a pronunciar su nombre. Es un imperio en negación.
El Secretario de Estado americano Dean Acheson dijo, célebremente, que Inglaterra había perdido un imperio y fracasado en encontrar un rol. Quizás la realidad es que los americanos han asumido nuestro viejo rol sin enfrentar el hecho de que un imperio viene con él. La tecnología del gobierno allende los mares puede haber cambiado—los acorazados pueden haber cedido el puesto a los F-15. Pero guste a quien guste, niéguelo quien lo niegue, el imperio es hoy una realidad, como lo fuera durante los trescientos años cuando Inglaterra gobernó, e hizo, el mundo moderno.
Niall Ferguson
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 3, 2008 | LEA, Política |
El mundo está, en algunas cosas, muy mejorado últimamente. Nosotros tuvimos, primeramente, un espectacular 2 de diciembre, cuando se derrotara el terrible proyecto de “reforma” constitucional auspiciado por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. A partir de allí, el gobierno de Chávez ha tenido que recular en varias ocasiones. (“La imposición de normas demagógicas de admisión a las universidades, el currículo ‘bolivariano’, la declaración de las FARC como insurgentes, la prohibición de aumentar el costo de los pasajes en Caracas, el cobro de la transmisión de videos de Venezolana de Televisión, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia”).
Luego, los demócratas en los Estados Unidos se han puesto de acuerdo para postular al primer hombre de raza negra a la Presidencia, y éste hace campaña ahora abrazado de su hasta hace nada contendiente, la primera mujer en aspirar al mismo cargo. Tan sólo el domingo pasado, además, la Madre Patria se alzó, para alborozo de todo español, de todo peninsular, de todo hispanoamericano, invicta, con la copa europea de fútbol al cabo de cuarenta y cuatro años.
Pero el evento más dramático y positivo de todos los últimos es, sin que quepa un asomo de duda, el astuto operativo del gobierno de Colombia que devolvió, finalmente, la libertad a Ingrid Betancourt y a otros catorce rehenes en poder de las FARC. El mundo entero está de fiesta. Bueno, no todo el mundo. Las FARC deben estar desoladas, y algo tristes Ramón Rodríguez Chacín y su jefe, el presidente Chávez. Sería especulación pura imaginar los sentimientos al respecto de Ahmadinejad y Mugabe.
El muy feliz suceso viene a ser la puntilla para las FARC, dejadas en ridículo luego de que hubieran sufrido las mortales bajas de Manuel Marulanda, Raúl Reyes e Iván Ríos. El ejército colombiano, que tenía cercados a los guardianes de Ingrid Betancourt, optó por dejarlos con vida en el engaño, y el gobierno de Colombia presentó tal decisión como acto de buena voluntad, que acompañó con una nueva invitación a que los irregulares depongan las armas—como recomendó el presidente Chávez después de sacar cuentas más realistas—con la promesa de una reincorporación digna a la vida ciudadana civilizada.
Las declaraciones de Ingrid Betancourt a su llegada a Bogotá, serenas, agradecidas e inteligentes, fueron una poderosa defensa de la democracia y la civilidad y un decidido espaldarazo a Álvaro Uribe. No sólo dijo que, por fortuna, había sido no ella sino Uribe electo a la Presidencia de Colombia, pues había resultado ser “un gran presidente”, sino que había reflexionado largamente y concluido que la reelección, concretamente la de Uribe y en general como posibilidad constitucional, había sido inmensamente beneficiosa para Colombia.
En momentos cuando ha sido judicialmente cuestionada la reelección de Uribe, una afirmación como ésa, proveniente de voz tan querida y poderosa, la de la mujer del día, no tiene precio. Para todo lo demás existe Mastercard.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 3, 2008 | Cartas, Política |
En las “megaelecciones” del 30 de julio de 2000, cuando Hugo Chávez fuera “relegitimado” como Presidente de la República con el 59,7% de los votos (frente a 37,5% de Francisco Arias Cárdenas y 2,7% de Claudio Fermín), se eligió asimismo un total de 165 diputados a la primera Asamblea Nacional, órgano unicameral creado por la Constitución aprobada en referéndum el 15 de diciembre del año anterior, que sustituía al antiguo congreso bicameral especificado por la de 1961.
Esta Asamblea estuvo en funciones hasta los inicios de 2006, pues las elecciones del 4 de diciembre de 2005 la recompusieron, íntegramente con diputados partidarios del gobierno, a raíz del forfeit de los partidos de oposición. (Las encuestas de la época anticipaban que el conjunto de los candidatos opositores alcanzaría, a lo sumo, una treintena de escaños. Las uvas estaban verdes).
La Asamblea 2000-2005 contó, en cambio, con una muy significativa presencia opositora. Si bien el MVR se había alzado con el 44% de los votos—que a la postre compondrían, con los votos de PPT, los indígenas y el MAS un total de 91 curules oficialistas—la oposición logró ubicar 74 diputados. (De los 21 diputados electos por el MAS, 13 se separaron del oficialismo en el llamado “MAS menos”, mientras que 8 del “MAS más” continuaron apoyando al gobierno). La oposición, si bien usualmente apabullada—la fracción gobiernera cambiaba el Reglamento Interior y de Debates cada vez que le daba la gana—tenía voz y voto. Las voces de Julio Borges, Liliana Hernández, Henry Ramos Allup, Ramón José Medina y Gerardo Blyde eran muy prominentes.
Es esa Asamblea la que aprueba dos leyes de especial gravitación sobre la agenda electoral de este año: la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (17 de mayo de 2005) y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (27 de noviembre de 2001). En ninguna de estas ocasiones se escuchó decir que esas leyes contenían previsiones inconstitucionales.
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En efecto, la Ley Orgánica de la Contraloría estipula en su artículo 105: “La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado. Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes. En aquellos casos en que sea declarada la responsabilidad administrativa de la máxima autoridad, la sanción será ejecutada por el órgano encargado de su designación, remoción o destitución”.
De esta redacción queda claro que tales disposiciones son aplicables solamente a funcionarios públicos cuyo cargo no proviene de una elección popular, al punto que remite el asunto a “la administración de los recursos humanos” de los entes en los que hubieran trabajado quienes fueran objeto de las sanciones. Más aún, el último parágrafo del artículo indica que cuando la persona sancionada sea la máxima autoridad de un organismo público—un ministro, el presidente de un instituto autónomo o una empresa del Estado—, quien debe aplicar la sanción es el “órgano encargado de su designación, remoción o destitución” y, claramente, los electores nacionales o locales no son “un órgano”. En consecuencia, el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría no se aplica a funcionarios electos que son, en sí mismos, “la máxima autoridad”, y no en virtud de una “designación”, sino por voluntad del pueblo. Éste no los designa o los nombra, los elige.
¿Se aplica entonces esa disposición al caso de Leopoldo López? La respuesta es que sí se aplica, porque la sanción que le impone Clodosbaldo Russian no está referida a su actuación como Alcalde de Chacao, un cargo electivo, sino a un incidente ocurrido en 1998, cuando era Analista de Entorno Nacional en PDVSA, un cargo de designación. En esa oportunidad, la Gerencia de Asuntos Públicos de la empresa era desempeñada por su señora madre, Antonieta Mendoza de López, y por su gestión directa Primero Justicia, que a la sazón era, no todavía un partido, sino una organización no gubernamental, habría recibido una donación de PDVSA de monto superior a los sesenta millones de bolívares de 1998. (López no ha desmentido esta acusación. Un año antes, por otra parte, se promovía la candidatura de Luis Giusti, Presidente de PDVSA, a la Presidencia de la República. El vehículo no podía ser Primero Justicia pues, como quedó dicho, no era un partido. Unos pocos dirigentes de COPEI, descontentos con la opción de Irene Sáez, intentaron que su partido aceptara la figura de Giusti).
Pero se ha dicho que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría es inconstitucional. En particular, se argumenta que colide directamente con el Artículo 65 de la Constitución. Así, por ejemplo, sostiene el editorial del diario Tal Cual el día de ayer: “…sólo un juez podrá decidir si el ‘inhabilitado’ es realmente culpable del delito o la irregularidad que motiva la inhabilitación. Si la sentencia fuere condenatoria y, además, ratificada en las instancias superiores, entonces y sólo entonces el ciudadano perdería sus derechos políticos. El artículo 65 de la Constitución es muy claro al respecto”.
Lo que el Artículo 65 de la Constitución estipula es lo siguiente: “No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.
Ahora bien, es posible sostener que esa redacción no es ni exhaustiva ni taxativa. Es decir, el Art. 65 indica que quienes hayan sido condenados—sólo un juez puede condenar, y el Contralor no lo es—por los delitos que especifica no pueden postularse a cargos de elección popular, pero no significa que otras causales no puedan conducir a la misma inhabilitación. En otras palabras, no dice el artículo que solamente aquellos que hayan sido condenados por esa clase de delitos estarán impedidos de postularse.
A mayor abundamiento, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece en su Artículo 83: “No podrán ser postulados para alcalde o alcaldesa, concejal o concejala ni miembros de las juntas parroquiales: 1. Quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política… 4. Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública”. Esto es, el primer numeral de ese artículo hace referencia a la inhabilitación descrita en el Art. 65 de la Constitución (y a la interdicción, por ejemplo por causa de facultades mentales disminuidas que lleven a un juez a declararla), y en su numeral cuarto alude a la inhabilitación que según el Art. 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría es prerrogativa del Contralor. O sea, la ley municipal distingue entre dos clases de inhabilitación, una de las cuales es por sentencia condenatoria y la otra por acto administrativo de, en este caso, Clodosbaldo Russian. De no ser taxativa o exhaustiva la previsión del Art. 65 de la Constitución, tampoco sería inconstitucional el Art. 83 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
¿Saldado el asunto? No, porque hay otro artículo constitucional que sí es taxativo, a diferencia del Art. 65. Se trata del Artículo 42 (Capítulo II: De la nacionalidad y ciudadanía; Sección Segunda: De la Ciudadanía), que reza: “Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. Y es, indudablemente, un derecho político postularse para cargos de elección popular. Por ejemplo, es derecho de todo venezolano mayor de veinticinco años y estado seglar postularse para el cargo de alcalde. (Antes, la Constitución establece en su Artículo 39: “Los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución, ejercen la ciudadanía y, en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución”).
En consecuencia, las inhabilitaciones de Russian son inconstitucionales a tenor del Art. 42 de la Constitución, puesto que impiden el ejercicio de un derecho político que “sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”.
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Lo anterior debe ser más que sabido por el gobierno nacional, que acaba de saludar, por boca del propio Presidente de la República, la lista de Russian. Pero Hugo Chávez y algunos de sus más inteligentes asesores tienden a hilar fino.
Sabedores de que sería un exabrupto insostenible que el Tribunal Supremo de Justicia, que ha admitido demandas de nulidad por inconstitucionalidad del Art. 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría—la de Sandra Carolina Alfaro Salazar y antes la de Nidia Gutiérrez de Atencio—, decidiera a favor de la legalidad de las acciones de Russian, deben tener motivos políticos para dejar correr esta pelota tanto tiempo. (La pretendida inhabilitación de López no fue decidida en 2008, sino a comienzos de 2006).
Ya en 2004, el año de la “segunda batalla de Santa Inés” (el referendo revocatorio), se impuso a la oposición un camino lleno de obstáculos, entre los que el principal fuera la famosa objeción del Consejo Nacional Electoral a las “firmas de caligrafía similar”. La oposición fue llevada por Chávez y sus ayudantes por una ruta agotadora, para que llegara boqueando a la fecha crucial.
Puede convenir mucho al gobierno mejorar su “imagen democrática” acatando una decisión del TSJ que declare, lo más tarde posible (como se abrió a última hora la “rendija” revocatoria en 2004), que Sandra Carolina Alfaro Salazar y Nidia Gutiérrez de Atencio, y por ende Leopoldo López o Enrique Mendoza, son hábiles políticamente para postularse a cargos de elección popular. (El Alcalde de San Cristóbal, William Méndez, recibió una negativa del TSJ—Sala Político-Administrativa—ante su intento de amparo cautelar contra la inhabilitación que el Contralor le impusiera, pero lo hizo alegando que no se había respetado su derecho a la defensa y al debido proceso, no la inconstitucionalidad del Art. 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría).
Mientras eso ocurre, lo que realmente importaría a los estrategas electorales del gobierno es embarrar la reputación de Leopoldo López, con la reiteración de la especie de que recibió dineros de PDVSA adjudicados por su señora madre. Esto sería suficiente, en una condición de la opinión pública metropolitana que parece favorecer la candidatura de Aristóbulo Istúriz sobre la del actual Alcalde de Chacao. La encuestadora Hinterlaces reveló algunos de los resultados de estudio suyo en Caracas, levantado entre el 6 y el 19 de junio, que adjudican a Istúriz una intención de voto a su favor de 39%, contra 30,1% a favor de López. Bastaría arrancarle a López unos pocos puntos más mediante el enlodamiento de su prestigio, y no sería entonces imprescindible llegar hasta el final con la inhabilitación contralora. Su futuro político se vería más comprometido por una derrota ante Istúriz que por una inhabilitación que, en todo caso, expiraría en 2011, bien a tiempo de lanzarse en pos de la Presidencia de la República en 2012.
Vale la pena recordar, además, que en 2004, recién reelecto Manuel Rosales a la Gobernación del Zulia, el hoy finado Danilo Anderson le mostró el tramojo de una posible inhabilitación por su participación como firmante del famoso decreto inconstitucional de Pedro Carmona Estanga. Esta espada de Damocles estuvo actuante hasta bien entrado el año de 2006, cuando el entonces Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, anunció magnánimamente a Rosales que no actuaría en su contra mientras durase la campaña electoral, precisamente para que no pudiera decirse que se trataba de una intención estrictamente política, no jurídica.
Lo que entonces lograba el Fiscal, recordando la falta de Rosales, ahora lo procura el Contralor. Pero se trata de la misma consigna: no dejar a la oposición ni a sol ni a sombra.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 1, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En 1995 vio la luz un estudio emprendido el año anterior por Conciencia XXI, la organización que diera origen a Consultores 21, la conocida encuestadora. En aquel entonces estaba dirigida por Alfredo Keller, el Presidente de la igualmente conocida Alfredo Keller & Asociados. El estudio en cuestión llevó por nombre “Encuesta Nacional de Valores”, la que había seguido la metodología del Grupo Europeo de Estudio sobre los Sistemas de Valores. La publicación referéndum reseñó los principales hallazgos del estudio en septiembre de 1995, y es el texto de ese comentario el contenido de la Ficha Semanal #201 de doctorpolítico.
Lo encontrado en la Encuesta Nacional de Valores no difiere demasiado de actitudes medidas con posterioridad en los venezolanos. Más recientemente, varios estudios de opinión confirman la vocación democrática de las mayorías venezolanas, así como su creencia en el valor del esfuerzo individual por encima de la caridad estatal.
En una cosa, sin embargo, hay una diferencia marcada entre aquella época y la actual, caracterizada por una amplia politización. Los venezolanos de la mitad de la década de los noventa se mostraban particularmente desentendidos de la política. Vistos los desarrollos posteriores, ese desapego era más bien un desencanto, que luego cristalizó en el voto castigo que representó la elección de Hugo Chávez en 1998.
Chávez, que se presentó a la opinión pública con un golpe de Estado fallido, había estado haciendo campaña política desde que saliera del penal de Yare, sobreseída su causa en 1994 por Rafael Caldera. A pesar de tres años de intensa actividad, en diciembre de 1997, a un año escaso de su elección, Chávez sólo alcanzaba 6% de intención de voto a su favor. Irene Sáez todavía era preferida sobre él y sobre Henrique Salas Römer, los otros dos candidatos que pujaban desde posiciones contrarias al continuismo bipartidista de Acción Democrática y COPEI. Esto es, la mayoría prefería un candidatura “suave” a la muy feroz de Chávez. Pero Sáez abandonó su posición de “independiente”—siempre había sido la candidata de Enrique Mendoza, quien la vendió a COPEI—y terminó aceptando la postulación de los verdes. Los adecos, que originalmente habían postulado a Luis Alfaro Ucero, la destilación más pura del aparato, terminaron defenestrándolo de manera humillante y ofreciendo un tardío apoyo a Salas Römer, “l[o] cual aceptó”.
En el fondo, pues, quedó sólo un candidato distanciado del bipartidismo adeco-copeyano, Hugo Chávez Frías, por quien se desaguó un descontento que en 1994 Conciencia 21 medía como alienación. Como siempre, “del agua mansa líbreme Dios”. Años antes, por otra parte, Eduardo Fernández había diagnosticado en discurso solemne en el Congreso de la República: “El pueblo está bravo”. (5 de julio de 1987).
Por algo sería.
LEA
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No éramos tan malos
Nada tiene que ver con la Comisión Nacional de Valores ni con la Bolsa de Valores de Caracas. No se trata de acciones o bonos Brady. El estudio acometido en 1994 por Conciencia XXI—organismo de la periferia copeyana—, y aún en proceso digestivo, centra su atención sobre la expresión manifiesta de las bases culturales del desarrollo venezolano.
El estudio en cuestión recogió en una “encuesta representativa nacional urbana”, las respuestas de dos mil personas a más de doscientas preguntas que sondeaban posturas, actitudes y valores de los venezolanos. Tal cúmulo de información sobre sus problemas y sus valores, sus satisfacciones e insatisfacciones, sus esperanzas y sus temores, ha generado una ingente cantidad de datos primarios y de elaboraciones ulteriores en cotejos y cruces estadísticos de diverso tipo.
Conciencia XXI se apoyó en el Grupo Europeo de Estudio sobre los Sistemas de Valores, fundación que desde 1979 ha venido reuniendo a bastantes universidades e institutos especializados en el tema. Esta organización ha realizado dos grandes encuestas sobre esta materia: la primera, en 1981, fue llevada a cabo en nueve países de Europa Occidental; la segunda, aplicada en 1990 en quince países europeos y también en los Estados Unidos y el Canadá, equivale a un sondeo representativo de algo más de 700 millones de personas.
El levantamiento de la información primaria de esta Encuesta Nacional de Valores tuvo lugar en los últimos dos meses de 1994, que en su fase de diseño preliminar contó con la participación de Ramón Piñango, Ramón Guillermo Aveledo, Maxim Ross y Gustavo Martín.
Las áreas exploradas cubrieron las bases psico-sociales de la sociedad venezolana, los objetivos sociales y vitales, la familia, la ética y la moral, la religión, el trabajo y la actividad económica, la política. Muchos son los hallazgos interesantes en esta investigación dirigida por Alfredo Keller y que Conciencia XXI pone “al servicio del gobierno, instituciones, educadores, dirigentes políticos y empresariales, de responsables eclesiales, de otros líderes de la sociedad y del público en general”, con la esperanza de que “se convierta en servicio público”. Acá comentaremos algunos de esos hallazgos que nos parecieron de especial importancia y oportunidad.
Un primer resultado esperable tiene que ver con la lectura de la situación general del país y la situación personal de los entrevistados, que se expresa en una suerte de expectativa sobria y cautelosa. El estudio reconoce un 86% de encuestados prudentes ante los cambios personales, desconfiados de la gente y sus intenciones en un 82%, con un entorno social amenazante para el que piden autoridad y disciplina (92%), liderazgo fuerte (76%), cambios radicales (86%) pero no traumáticos sino graduales (84%). Lo que podría llamarse el criterio de la radicalidad gradual.
Para quienes pudieran pensar que tales respuestas implican un soterrado apoyo a eventuales aventuras dictatoriales, es bueno advertirles que, a pesar de la situación económica general y el reciente proceso de empobrecimiento en Venezuela—con un mayor distanciamiento social—los venezolanos, confrontados con el dilema libertad-igualdad, se pronuncian en mayoría (54%) por la libertad (que cada quien pueda vivir y desarrollarse sin obstáculos) antes que por la igualdad (que nadie se vea desfavorecido, que las diferencias no sean tan grandes: 33%).
Igualmente es importante y sugestivo el hallazgo del estudio respecto de la relación entre posiciones igualitarias y el esfuerzo individual. Este último predomina en las respuestas frente a las posturas igualitaristas, lo que sugiere una revisión de la versión despectiva estándar acerca de nuestros pobladores: que seríamos un conjunto humano poco proclive al logro y al esfuerzo individual. La encuesta midió esta oposición entre igualitarismo y esfuerzo individual a través de la comparación entre parejas de definiciones como las siguientes, que registramos con sus porcentajes de acuerdo: 1. Todos deberíamos ganar más o menos lo mismo (27%) – Se debe estimular el esfuerzo individual (73%); 2. La competencia es mala y hace que la gente se ponga egoísta y mezquina (32%) – La competencia es buena y hace que la gente trabaje duro y busque nuevas ideas (68%); 3. Las personas sólo pueden hacerse ricas a costa de otras (32%) – En Venezuela uno puede hacerse rico trabajando y sin perjudicar a nadie (66%).
El que los términos relacionados con una motivación al logro superen claramente a las posiciones igualitaristas—tal vez podría decirse “populistas”—es un claro mentís a las frecuentes interpretaciones deprecatorias del “ADN cultural” de los venezolanos, y permite asentar confianza en que contamos con una orientación de valores proclives al desarrollo de nuestra Nación.
En una jerarquización de aquellos aspectos que son “muy importantes” para los encuestados, se confirma la impresión precedente. Así, en orden decreciente, la familia es muy importante para el 72% de los entrevistados, el trabajo para el 62%, la religión para el 51%, los amigos para el 40%, el tiempo libre para el 38% y la política para ¡el 13%!
La política es el aspecto considerado menos importante por la gente en su mayoría. Según la encuesta de Conciencia XXI, la política no tiene importancia para el 73%, absolutamente ninguna para el 41% y poca para el 32%.
Dice Alfredo Keller: “Baja es la importancia de la política en la vida de la gente, y bajo en consecuencia es su interés por ella. (Apenas el 20% manifiesta algún tipo de interés). Y ello a pesar de que casi la mitad de la población (43%) está informada sobre la situación política del país. Información que no pasa de constituir una implicación cognitiva, con escasísima implicación emocional. Se sabe de ella, pero está fuera de los temas de conversación familiar (17%) o de las conversaciones con los más allegados”.
Por otra parte, el estudio confirma que los políticos y los partidos políticos actuales son las instituciones en las que menos confía la gente, lo que llama a Keller a una preocupada reflexión: la confianza en las instituciones es un factor esencial para el funcionamiento social, por lo que resulta alarmante la desconfianza registrable respecto de todas las ramas del Poder Público y los actores políticos en general.
A pesar de lo cual los entrevistados se pronunciaron muy mayoritariamente a favor de la democracia: “La democracia es el mejor sistema político para Venezuela” (78%); “Hay que defender a la democracia a como dé lugar” (76%); “La democracia puede solucionar los problemas que tenemos” (68%); “Una dictadura no arreglaría los problemas que tiene el país” (69%).
La conjunción lógica de una firme fe en valores democráticos, junto con la implacable desconfianza respecto de todo lo político se expresa consistentemente en el deseo de cambio.
Un 86% expresó apoyo a la idea de que “Venezuela necesita cambios radicales en lo político y lo social”, aunque, radicalidad gradual tomada en cuenta, un 84% opinó a favor de la noción de que “Nuestra sociedad debe mejorarse poco a poco, con reformas”.
No todo es buena noticia, sin embargo. Junto con esta prudencia y sobriedad, junto con esta mayor valoración del esfuerzo individual, aparecen algunas fisuras. Una observación de gran interés es la que registra el estudio en materia de “seguridad moral”. Keller presenta el punto de este modo: “Si la política, la acción política y la vida democrática no son sino procedimientos para tomar decisiones justas sobre lo que debe ser hecho o evitado en el seno de una sociedad, no es banal preguntar y saber si la sociedad, los venezolanos creen que ‘existen normas claras sobre lo que está bien y lo que está mal y que esas normas se aplican siempre, a todas las personas y en cualquier circunstancia’ o si, por el contrario, creen que ‘nunca podrá haber normas totalmente claras sobre lo que está bien y lo que está mal, porque lo bueno y lo malo dependen completamente de las circunstancias del momento’”.
La encuesta encontró ante esta disyuntiva una distribución simétrica: quienes postulan la existencia de normas y valores absolutos (46%) igualan en número a quienes creen que las circunstancias son dominantes (46%). Esto implica que sólo la mitad de los venezolanos tendría principios seguros para distinguir siempre entre el bien y el mal. La retórica reflexiva de Keller le impulsa a preguntar: ¿significará esto una disolución de las actitudes y la conciencia morales, o más bien se trataría de un “refinamiento del discernimiento ético”? La distribución hallada en las respuestas de acuerdo con las opciones presentadas se asemeja más, según datos de 1990 (Estados Unidos) y 1994 (Europa) a la presente entre los europeos que a la dominante entre los norteamericanos: (85% de certeza moral).
Son muchos los datos y los posibles cruces y correlaciones de la información levantada en esta oportuna y útil Encuesta Nacional de Valores emprendida por Conciencia XXI. La seriedad del equipo del proyecto permite apostar a la confiabilidad de los datos; la interpretación de los mismos está abierta al juicio de los analistas.
Vale la pena recobrar algunas reflexiones de una presentación de Alfredo Keller de los resultados de la investigación: “Antes de extrapolar hacia el futuro, fijando el destino a partir de nuestros deseos y temores, conviene basarse en nuestros conocimientos, relativamente seguros, sobre el presente y el pasado reciente. Este estudio puede ser un insumo… Se lee muy frecuentemente, y el estudio arroja algunos elementos de apoyo a esos escritos, que vivimos en un mundo descreído, en una ‘sociedad que produce perplejidad’, ‘necesitada de esperanza’. Faltan valores que relacionen y agreguen las voluntades humanas, que nos aglutinen en torno a ideales. Se acabaron las religiones que daban sentido o respuesta a las cuestiones inaplazables. Se acabaron también las ideologías políticas que alimentaban la esperanza en mundos mejores… Es verdad. Todos tenemos miedo: por nuestra seguridad, por el futuro, por el país, por el mundo. Tal es la naturaleza de la imaginación humana. Y, empero, todo hombre, toda civilización, han seguido adelante al sentir que tienen la obligación de hacer lo que es preciso hacer. El compromiso personal de cada uno con su destreza, el compromiso intelectual y el compromiso emocional, amalgamados en uno solo, podrán realizar el ascenso que todos deseamos”.
Es esta una admonición, una invitación de Keller que no vacilamos en suscribir.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2008 | LEA, Política |
La edición de hoy de The New York Times trae un penetrante artículo de opinión (Combata al terror con YouTube), firmado por Daniel Kimmage, analista senior de Radio Europa Libre/Radio Libertad.
En esencia, Kimmage recuerda la importancia que siempre tuvo para al Quaeda el espacio mediático. En su artículo—y en reciente trabajo suyo—da cuenta de más de cuatrocientas cincuenta piezas—declaraciones, libros, artículos, revistas, grabaciones audio y videos cortos y largos—producidos por al Quaeda solamente en julio de 2007. “Estos productos llegan al mundo a través de una red cuasi-oficial de producción online y entidades de distribución como Al Sahab, que difunde declaraciones de Osama bin Laden.
Ahora bien, a pesar de tanto interés en pelear la batalla de las ideas, al Quaeda pudiera ser superada por los enjambres de la Internet. Dice Kimmage: “Pero los nexos mediáticos de al Quaeda, por más avanzados que sean, son en verdad obsoletos. Si la Web 1.0 tenía que ver con la creación de recursos oficiales estilísticamente atractivos en la Red, y la Web 2.0 con dejar que los usuarios se lancen por su cuenta a la interactividad y la provisión de contenidos propios, al Quaeda y sus afiliados se atascaron en 1.0”. Ampliando el punto, argumenta: “El anonimato y la accesibilidad, característicos de la Web 1.0, ofrecían una plataforma ideal para la demagogia radical de al Quaeda. Las redes sociales, que son rasgo emergente de la Web 2.0, pueden unir a una mayoría silenciosa fragmentada y ayudarla a encontrar su voz ante oponentes gangsteriles, sea que se trate de gobernantes represivos o movimientos islámicos extremistas”.
Ayman al-Zawahri, dice Kimmage, había solicitado en diciembre pasado preguntas que se remitieran a un sitio web de la red terrorista, pero no publicó respuestas hasta abril de este año, retraso que explicó como debido a razones de seguridad. (“Trate usted de imaginar a Osama bin Laden administrando su cuenta en Facebook, y podrá usted comprender por qué las redes sociales a plena escala no serían la próxima frontera de al Quaeda”).
Una conciencia parecida sería de gran utilidad en el caso venezolano. Es evidente que cosas como el correo electrónico, o la mensajería de texto por celulares, han servido para la propagación instantánea de mensajes y consignas en el seno del enjambre ciudadano. Incluso desde el punto de vista legal, uno pudiera causar efectos políticos de importante magnitud. En teoría, por ejemplo, uno pudiera abolir el gobierno por Internet, pues la primera habilitación legislativa de Hugo Chávez produjo en enero de 2001 el Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, cuyo Artículo 4 dice textualmente: “Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas”.
He allí un interesante tema de ingeniería política.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2008 | Cartas, Política |
Ayer leí en el diario Tal Cual la información que aportó Teodoro Petkoff en su acostumbrado editorial: según algunas encuestas, tres cuartas partes de la población venezolana (mayor de 18 años) “realiza[n] sus opciones políticas sin apelar al ancla partidista”. (Diecisiete por ciento de esa población seguiría de algún modo al PSUV—que hace un año representaba 30%—y todos los partidos de oposición juntos recaban 10%). Y destaca Petkoff: “Esto no significa que el país esté despolitizado. Al contrario, la gran paradoja es que en una época de hiperpolitización, como la que vivimos desde hace más de nueve años, las organizaciones políticas por excelencia de una sociedad democrática, que son los partidos políticos, tienen la credibilidad seriamente averiada”.
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Es común que algún joven que encuentre atractiva la actividad política tenga algún familiar o amigo, tal vez una tía, que le aconseje: “¡No, mijito! No se meta en eso, que la política es muy cochina”. No otra sería la explicación de por qué los problemas públicos sean refractarios a las soluciones o nuestras instituciones políticas nos parezcan, casi siempre, poco satisfactorias, si no espantosas. Llevada a extremos más educados o militantes, esa hipótesis se encuentra en el núcleo mismo de lo que se ha dado en llamar antipolítica.
La “hipótesis de la tía” no es, ni con mucho, exclusiva de los círculos familiares venezolanos, como tampoco es exclusivamente nuestra la distancia creciente entre las organizaciones partidistas y el cuerpo de los electores. El anarquismo británico acostumbra alebrestarse cada vez que se acerca un primero de mayo; en un reporte de BBC News sobre protestas en Londres poco antes del 1Ëš de mayo de 2002, una participante llamada June explicaba su presencia: “El gobierno local está fallándoles a las comunidades”. Y añadió: “Los partidos han perdido su conexión con la gente ordinaria y sus comunidades”.
Por su parte, la revista Playboy publicaba en 1969, característicamente, un artículo (La muerte de la política) del activista estadounidense Karl Hess, que había sido el redactor principal de la plataforma del Partido Republicano para las campañas de 1960 y 1964. El planteamiento inicial decía: “Tanto la izquierda como la derecha son reaccionarias y autoritarias. Esto es, ambas son políticas. Sólo buscan revisar los métodos actuales para la adquisición y el empleo del poder político. Los movimientos radicales y revolucionarios no buscan revisar sino revocar. El blanco de la revocación debiera ser obvio. El blanco es la política misma”. Y el final incluye el epitafio: “La política devora a los hombres”.
En general, sin embargo, los autores que anuncian el deceso de alguna cosa de profunda y longeva raigambre—sea Gabriel Vahanian en The Death of God: The Culture of Our Post-Christian Era, o antes Federico Nietzsche declarando que Dios ha muerto (en “La ciencia gaya”), o Francis Fukuyama certificando “El fin de la historia”, o Michel Foucault el del hombre (de la filosofía humanista, en realidad)—generan notoriedad y suscitan importante reflexión, pero se equivocan. Ni la historia ha concluido, ni la humanidad ha decidido prescindir de Dios, ni la política ha desaparecido.
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El 25 de octubre del año pasado, el #260 de la Carta Semanal de doctorpolítico evocaba: “Los primeros signos de una conciencia de rechazo a la política que precediera a Chávez datan al menos de 1984. Para la época, la prestigiosa encuestadora Gaither hacía regulares estudios de opinión en Venezuela. En ellos era la siguiente una pregunta estándar: ‘¿Cuál es el mejor partido?’ (A los entrevistados se les ofrecía las opciones de AD, COPEI, MAS y otros). En agosto de 1974, la suma de las respuestas de ‘ninguno’ y la abstención que típicamente se codifica como ‘No sabe/No contesta’ era de 29% de los encuestados. En septiembre de 1979 y octubre de 1983 esta suma se había estabilizado en 27%. Para agosto de 1984, a seis meses del inicio del gobierno de Jaime Lusinchi, el indicador ascendió a 43%. (Casi 30% respondió decididamente: ‘el mejor partido es ninguno’). Esta súbita fractura, una toma de conciencia repentina reflejada en el estudio de esa última fecha debió prender las alarmas políticas”.
En efecto, Venezuela ya había tenido por entonces cinco períodos democráticos (tres adecos y dos copeyanos), y la desilusión había precipitado súbitamente desde la última vez que una mayoría (73% en octubre de 1983) había sido capaz de identificar un “mejor partido” entre los entonces actuantes. Menos de diez años después se producían los alzamientos militares contra el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y la antipolítica emergía en manifestaciones tales como la telenovela “Por estas calles” (un notorio éxito de RCTV), transmitida justamente en los años 1992 y 1993, al final del cual Rafael Caldera accedía por segunda vez a la Presidencia de la República montado sobre una plataforma ajena al bipartidismo.
Las posteriores candidaturas de Henrique Salas Römer, Irene Sáez y Hugo Chávez Frías fueron todas predicadas desde un discurso de corte antipolítico. De éstas, la única que se mantuvo en esa línea fue la del último de los nombrados. La candidatura Sáez, a la que todos los pronósticos auguraban el triunfo hasta un año antes de la elección de Chávez, se hundió verticalmente al convertirse en candidatura de COPEI a fines de ese año, y Salas Römer recibió a última hora el “beso de la muerte” en el apoyo de Acción Democrática.
Era el momento de los antipolíticos, no el de los partidos, y en América Latina llegaba a la Alcaldía de Bogotá un prometedor Antana Mockus (luego de mostrar irreverentemente su trasero en público) y a la Presidencia de Ecuador Abdalá Bucaram. (Wikipedia: “Bucaram asumió el cargo ofreciendo diálogo y madurez. Sin embargo, desde el primer día de gobierno, la sociedad se alteró por las excentricidades del Presidente y su entorno, así como los cambios administrativos y la inundación de personal en entes públicos como pago por favores políticos motivaron un incipiente movimiento para reclamar a Bucaram. Su gobierno, que solo duró poco más de seis meses, se caracterizó por su alto nivel de corrupción, su política económica neoliberal con un amplio programa de privatizaciones de empresas estatales y por la excentricidad, que incluía actuaciones no correspondientes a un presidente, como conciertos con el grupo Los Iracundos, planes de contratar a Diego Maradona por un millón de dólares para jugar una noche en su equipo de fútbol, y fiestas en la casa presidencial”. Cualquier parecido o diferencia con nuestra realidad es mera coincidencia).
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No es, pues, ni nuevo ni propio el rechazo a los partidos en Venezuela. Lo que sigue siendo la razón principal de tal desapego es la convicción existente sobre la presunta suciedad intrínseca a la actividad política. Era obvia, ya a comienzos de los ochenta, la insuficiencia política en Venezuela. (Decir insuficiencia renal es denotar que el aparato urinario no cumple adecuadamente su función; mencionar insuficiencia cardiaca que el corazón no bombea como debe ser. Si el aparato político de un país no sólo no resuelve la mayoría de los problemas públicos importantes, lo que es su función, sino que más bien los agrava, puede hablarse con propiedad de insuficiencia política). La pregunta crucial es: ¿a qué se debe la insuficiencia política? ¿Cuál es su etiología?
Entre 1983 y 1985 el suscrito se preocupó por la respuesta a esa pregunta. Por experiencia personal no estaba convencido de la validez de la “hipótesis de la tía”. Sus accidentes biográficos le habían permitido trabajar de cerca con empresarios, docentes universitarios, hombres de iglesia, políticos, artistas de diverso género y profesionales de la cultura, científicos, militares y hasta funcionarios del deporte. En cada uno de estos grupos había encontrado la misma distribución estadística de la moralidad: cada uno contaba con una que otra persona de excepcionales cualidades positivas, con una o dos más de terrible conducta y con una amplísima mayoría de seres comunes y corrientes, ninguno de los cuales era heroico o santo, ni tampoco un delincuente a tiempo completo. En un momento dado hay una Madre Teresa de Calcuta por planeta; simétricamente, y por fortuna, hay sólo un Adolfo Hitler. La mayoría de los humanos no es ninguno de los dos extremos.
Siendo las cosas así, no hay en la política una mayor maldad intrínseca que la que se encuentra en cualquier grupo estadísticamente normal; si acaso, en la política se manifiestan las bondades y maldades típicas del género humano con mayor notoriedad, porque actividades más privadas no están, simplemente, tan sujetas al escrutinio público. ¿De dónde, entonces, venía la insuficiencia política?
En junio de 1986 quien escribe reformuló una hipótesis distinta, adelantada en febrero de 1985, en los siguientes términos: “La exploración de Venezuela pone de manifiesto la coexistencia simultánea—y en gran medida interactuante—de varios síndromes, cada uno de los cuales es la asociación de un conjunto de signos. Los síndromes no son todos de la misma clase, pues corresponden a procesos patológicos de distinta gravedad o se manifiestan en distintos componentes o estructuras sociales. Sin embargo, es posible resumir así el problema somático más importante de la actualidad venezolana: Venezuela padece una insuficiencia política grave… La insuficiencia política funcional en Venezuela no debe explicarse a partir de una supuesta maldad de los políticos tradicionales. Con seguridad habrá en el país políticos ‘malévolos’, que con sistematicidad se conducen en forma maligna. Pero esto no es explicación suficiente, puesto que en la misma proporción podría hallarse políticos bien intencionados, y la gran mayoría de los políticos tradicionales se encuentra a mitad de camino entre el altruismo y el egoísmo políticos. La explicación última de nuestra insuficiencia política funcional reside, pues, en la esclerosis paradigmática del actor político tradicional… Es a la causa fundamental de la insuficiencia política funcional venezolana, la esclerosis paradigmática de los actores políticos tradicionales, a la que hay que dirigir el tratamiento de base”.
Esta tesis ha sido expuesta acá esquemáticamente en varias ocasiones. Se trata de que el modo de entender la política misma, su sentido, la manera en que se la practica se ha hecho tan obsoleta como insuficiente.
La política convencional se la entiende, en palabras de Hess, ocupada del asunto de “la adquisición y el empleo del poder político”. En ambientes democráticos, su tecnología cotidiana es la conciliación de intereses opuestos, y por tanto son para ella importantes el diálogo, la negociación y la transacción. Pero a esa tarea ostensiblemente beneficiosa, subyace el propósito de la dominación, y en la práctica es el modo normal de actuación política la competencia, el combate. Los políticos convencionales, por consiguiente, pasan paradójicamente la vida confrontándose para acceder a un poder que les permitiría conciliar.
Actitudinalmente, además, el político convencional “parte del principio de que debe exhibirse como un ser inerrante, como alguien que nunca se ha equivocado, pues sostiene que eso es exigencia de un pueblo que sólo valoraría la prepotencia”. Los partidos son, en consecuencia, agrupaciones de personas que creen que siempre tienen la razón.
Es claro que estos dos rasgos del paradigma político prevaleciente—el de la política de poder o Realpolitik—impiden que el aparato público cumpla cabalmente con la única función que lo justifica: la solución de los problemas de carácter público. (De hecho, es esto lo que ha sido medido una y otra vez por estudiosos del fenómeno; por ejemplo, John A. Vasquez en The power of power politics). Si la cuestión es alcanzar el poder e impedir que el competidor haga lo propio, el adiestramiento más importante del político es el de un arte marcial, pues la lucha es su actividad constante. Las destrezas a adquirir son las requeridas para ese combate: artes retóricas y de manipulación.
Si el paradigma “realista” es la causa última de la insuficiencia política, aquí y en toda latitud, no habrá solución de fondo hasta que no lo suplante un paradigma “clínico”, que entienda la política como arte o profesión de solucionar los problemas públicos, y hasta tanto nuestros políticos no reciban un adiestramiento correspondiente. En particular: “El nuevo actor político… tiene la valentía y la honestidad intelectual de fundar sus cimientos sobre la realidad de la falibilidad humana. Por eso no teme a la crítica sino que la busca y la consagra”.
Somos falibles. Aun el más inteligente de los hombres no puede acertar en todo. En nuestra civilización tenemos a Alberto Einstein por genio prácticamente insuperable, pero incluso este monstruo de la Física dejó de tener razón en su propio campo, una vez que hubiera hecho su monumental contribución, que en verdad se detuvo cuarenta años antes de su muerte. No podemos tener la razón en todo, y el común debate político y partidista está fundado, por tanto, en una insensatez.
Esto no equivale, sin embargo, a la asunción de la antipolítica como la solución. Lo que hay que hacer no es defenestrar a la política, sino hacerla de otra manera. Por la misma razón, la solución no reside en la “reconstrucción” del sistema de partidos. O se hace algo diferente o volverá a registrarse el rechazo que Petkoff comentaba ayer. Y hasta ahora “lo nuevo”—Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, el PSUV o Podemos, aun el “nuevo” COPEI (Partido “Popular”)—no hace sino repetir el viejo modelo: una organización orientada al combate político y la conquista del poder con fundamentación de tipo ideológico.
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Pero en América Latina la antipolítica ha sido siempre la excusa principal del militarismo. En 1997 se publicó la tercera edición de un muy útil libro editado por Brian Loveman y Thomas M. Davies Jr.: The Politics of Antipolitics: The Military in Latin America. Los editores de esta muy recomendable colección de trabajos y documentos señalan: “En mucho de Latinoamérica los oficiales militares profesionales llegaron a la conclusión de que sólo el fin de la ‘política’ y el establecimiento del gobierno militar a largo plazo podrían proveer las bases a la modernización, el desarrollo económico y la estabilidad política”. En Venezuela conocemos muy bien esta coartada.
En el libro, Knut Walter y Philip J. Williams, que presentan un estudio sobre el caso salvadoreño, alertan sobre los peligros de convertir en panacea la construcción de pactos (nuestro “gran diálogo nacional”, “concertación nacional”, “reconciliación nacional”, “pacto social”, “consenso país”, etcétera), como modo de salir de los gobiernos militares hacia una transición democrática, mientras que el mismo Loveman acuña el término “soberanía residual” para referirse a cómo los militares permanecen infiltrados en el sistema político aun después de cesar como gobernantes directos. Loveman sugiere: “Sin una amplísima revisión o abolición de las leyes de seguridad nacional, antiterrorismo u orden público, la democracia latinoamericana continuará siendo rehén de sus guardianes militares”. (En su artículo “Democracias protegidas: Antipolítica y transiciones políticas en América Latina”).
No hay otro país en América Latina donde esto sea más obvio que en la Venezuela de hoy. Después de más de un siglo de férula militar, gendarmes necesarios y césares democráticos, creímos haber dejado atrás el militarismo a la caída de Marcos Pérez Jiménez. A cincuenta años de esta circunstancia, sin duda en intento atípico, Hugo Chávez ha militarizado el poder público a un grado sin precedentes.
Sería un error, no obstante, atribuir su llegada al poder a un éxito de la antipolítica. Su irritante presencia se debe, más bien, al fracaso de una política mal hecha, y la superación de su estropicio sólo podrá ser alcanzada desde, de nuevo, la política. Pero no la misma de antes.
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