por Luis Enrique Alcalá | Ene 31, 2008 | Cartas, Política |
Uno tiene que imaginar aquellas reuniones semanales del Comité Nacional de COPEI, o del CEN (Comité Ejecutivo Nacional) de Acción Democrática considerando, como punto primero del orden del día, cómo fregar a los venezolanos, para que fuese cierto que la condición del pueblo antes de Chávez fuera el resultado de una intencionalidad reprobable en los actores políticos que entonces predominaban. Tal descripción es, naturalmente, absurda; puede decirse que los miembros de ambos cuerpos colegiados tenían un interés en ser personas influyentes y poderosas, pero no es cierto que procuraban serlo a costa del bienestar de los venezolanos.
Uno tiene que imaginar que un día a la semana se reúnen en el Caracas Country Club una o dos docenas de los hombres más ricos del país para “excluir”—DRAE: Quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba. Descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo—, concreta y operacionalmente, a las “mayorías excluidas” del país. No hay tal propósito consciente en las personas adineradas de esta nación.
A pesar de cosas tan evidentes, se admite sorprendentemente, en el lenguaje político común, que hay mayorías excluidas del progreso por élites egoístas (capitalistas salvajes) y que la baja calidad de la política prechavista se debía a acciones intencionales por parte de los dirigentes de ella en connivencia con las primeras. Hasta centros de investigación de la pobreza que son sostenidos por mecenas privados hablan de “exclusión” para referirse a la causa de una patológica distribución de la riqueza en Venezuela. (El llamado Proyecto Pobreza, de la Universidad Católica Andrés Bello, por ejemplo, produce documentos con títulos como “Estado y exclusión social”).
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En la psicología de la cognición frame (marco) es un conjunto conceptual asociado con alguna idea, con alguna palabra, y que la acompaña en su combinación con otras palabras o ideas. Por ejemplo, la palabra “alivio” tiene un marco conceptual asociado a ella: con el fin de dar alivio a alguien es preciso que haya una aflicción y una parte afligida y una parte que la alivie, que quite el daño o el dolor. Quien alivia es un héroe. Quien quiere impedirle es un villano, puesto que quiere que la aflicción siga. (Toda esa información se conjura con el uso de esa sola palabra). Si ahora se combina con la palabra “fiscal”, para constituir la frase “alivio fiscal”, se dice con ella que el impuesto es una aflicción. Con esa metáfora, quien libere del impuesto es un héroe y quien trate de detenerlo un hombre malo. De modo que, si se generaliza el uso de la expresión “alivio fiscal”, con eso se generaliza la aceptación del marco conceptual descrito. (Ejemplo del profesor George Lakoff, de la Universidad de California en Berkeley. En entrevista registrada el 15 de enero de 2004 en BuzzWatch—Inside the Frame—, Lakoff describe así el sinuoso procedimiento lingüístico: “Desde el primer día de Bush en el poder, el lenguaje proveniente de la Casa Blanca cambió por completo. Los boletines de prensa cambiaron. Una de las nuevas expresiones fue ‘alivio fiscal’. Evoca todas esas cosas: que los impuestos son una aflicción de la que debemos librarnos, que hacer eso es heroico, que quienes tratan de impedir esta cosa heroica son malos. Los boletines de prensa se enviaron a todas las televisoras, a todos los periódicos, y pronto los medios comenzaron a usar la expresión ‘alivio fiscal’. Esto pone allí un cierto marco: un marco conservador, no un marco progresista. Pronto una buena cantidad de gente estaba usando la expresión ‘alivio fiscal’ y antes de darse cuenta los demócratas comenzaron a usar la expresión ‘alivio fiscal’ y se dieron un tiro en el pie”).
Lo mismo ocurre con la palabra “exclusión”. Al decirla se implica por ella que hay alguien que no está donde debiera porque hay otro que lo impide, que lo “excluye”. De alguna manera hemos aceptado colectivamente esta explicación de la pobreza venezolana; por lo menos, no hay una refutación activa del “marco” usualmente evocado por ese concepto de exclusión, ni siquiera suficientemente por parte de quienes son acusados de ser los perpetradores de ella.
A partir de tan lamentable forfeit, se construye la noción de que los ricos de este país son culpables de la pobreza de la mayoría. Ellos procurarían activamente la pobreza de los muchos. “Ser rico es malo”.
La verdad es que está en el interés empresarial, principalmente, que la mayoría de los habitantes de un país disfrute de ingresos sustanciosos, capaces de sostener un nivel de consumo que signifique ventas altas y ganancias también altas. Cualquier empresario que buscase activamente que aumentara la pobreza de la sociedad en la que actúa sería un suicida.
Pero el pensamiento marxista o marxistoide sostiene, justamente, que los empresarios, los ricos, son estos kamikazes de la economía, y que se suicidan todos los días, como en harakiri reiterado, en el seno de templos especiales que conocemos con el nombre de empresas. Sería en ellas, principalmente, donde se lleva a cabo la exclusión que produce la pobreza que, a su vez y a plazo más bien breve, terminaría por matar al empresario. El análisis “científico” del marxismo reside principalmente en El capital de Carlos Marx, cuyo objeto de estudio fundamental es la “plusvalía”, o el “robo” que el patrono haría al obrero como único creador del valor económico. (A estas alturas del siglo XXI hay todavía quienes creen que el análisis de Marx es científico. Así, por caso, ha opinado el general retirado Raúl Isaías Baduel, en su discurso de despedida de su actividad militar del 18 de julio del año pasado: “En el Aló Presidente del 27 de marzo de 2005, el Señor Presidente Chávez indicó, cito: ‘el Socialismo de Venezuela se construiría en concordancia con las ideas originales de Carlos Marx y Federico Engels’ fin de la cita. Reiterando lo que al respecto he mencionado en una oportunidad anterior, si la base para la construcción del Socialismo del Siglo XXI es una teoría científica de la talla de la de Marx y Engels, lo que construyamos sobre ella no puede serlo menos, so pena de que la estructura construida no pase a ser más que una humilde choza levantada sobre los cimientos de un rascacielos”).
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Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre realmente en el flujo económico habitual de una empresa capitalista típica? Tomemos por caso una industria imaginaria y esquemática que actúe en ambientes financieros en los que la tasa de interés sea parecida a la de países desarrollados o, más bien, a la que prevaleció en Venezuela (9% anual) durante el período democrático hasta 1989, el año de introducción del “paquete económico” del segundo gobierno de Pérez, para los intereses que los bancos pagaban a los depósitos a plazo fijo. A lo largo de esa etapa, un industrial exitoso se daba con una piedra en los dientes cuando la ganancia de su empresa, típicamente de 10% o 15% de sus ventas, llegaba a representar cada año un 20% del capital que había invertido en ella. La diferencia de 11% sobre la tasa de interés era el incentivo que le movía a arriesgar capital y esfuerzo, y a someterse a riesgos adicionales de otra índole. (El riesgo al fracaso o el riesgo jurídico, por ejemplo). Ese margen diferencial era suficiente para que no se conformara con recibir 9% de un banco sobre el capital que depositara en él, o 12% si se atrevía a prestarlo él mismo con los riesgos implicados en la actividad de prestamista.
Digamos que en esa industria imaginaria hay un total de 400 personas trabajando (entre empleados y obreros) y que cada uno devenga, en promedio, 8.000 bolívares (fuertes) de remuneración mensual por su trabajo. (Unos ganan menos de 8.000 y otros ganan más, como es lo usual). El total de la remuneración del trabajo sería en este caso de 3.200.000 bolívares mensuales, o 38.400.000 anuales.
Supongamos ahora que esta fuerza de trabajo es dirigida por cuatro socios ejecutivos, cada uno de los cuales posee un 25% del capital y devenga un sueldo mensual de 65.000 bolívares (65.000.000 en bolívares débiles), u ocho veces el promedio de la remuneración promedio a los trabajadores, para una remuneración ejecutiva total de 260.000 bolívares mensuales o 3.120.000 anuales.
Supongamos también que por la magia del socialismo del siglo XXI se logra que estos ejecutivos ya no perciban sueldos, sino que trabajen con el mismo ahínco que antes como esclavos, y que lo que antes ganaban se reparta entre los 400 trabajadores. Bueno, en este caso la remuneración mensual de toda la fuerza de trabajo pasaría de ser 3.200.000 bolívares a ser 3.460.000 o, lo que es lo mismo, la remuneración mensual promedio de cada trabajador crecería de 8.000 bolívares mensuales a 8.650. Es decir, para conseguir un aumento salarial de sólo 8% debo reducir todo ejecutivo a la esclavitud, confiando en que su dedicación y su productividad permanecerían inalteradas bajo ese régimen.
En una industria típica la remuneración del trabajo está alrededor de 40% del costo total de producción, y éste es un 70% del total de costos y gastos. (Los gastos generales no asociados a la producción serían el 30% de ese total). Esto provendría de la siguiente estructura: un total anual de costos de la producción de 96.000.000 bolívares—de los que 38.400.000, como hemos dicho, corresponderían a la remuneración del trabajo—y gastos generales de 41.142.857 para un total de gastos y costos de 137.142.857 bolívares. Si la ganancia fuese, como es típico, de 10% de las ventas, entonces la empresa tendría que vender 152.400.000 bolívares por año para que, restado de ellos el total de costos y gastos, esa ganancia quedara en algo más de 15.000.000. (Exactamente, 15.257,143).
Si ahora consideramos que con ese monto se cumple el objetivo de un rendimiento anual de 20% sobre el capital invertido, lo que los accionistas han arriesgado en la empresa es un poco más de 75.000.000 de bolívares (76.285.714).
Ahora bien, es igualmente política habitual de una industria apartar la mitad de la ganancia para reinversión en la empresa que la mantenga viable, de modo que lo que realmente llega a repartirse de dividendos a los accionistas es asimismo la mitad de aquélla. En este caso, 7.628.571 bolívares por año. Ah, pero el socialismo del siglo XXI hace otro acto mágico al obtener de los ejecutivos accionistas su tesón de siempre aunque les arrebate los dividendos para repartirlos, una vez más, entre los trabajadores. Por este acto contrario a la “exclusión” cada trabajador recibiría al año 19.071 bolívares adicionales, o el equivalente de 1.589 bolívares mensuales más.
En síntesis, la desaparición de la remuneración ejecutiva y los dividendos vendría a representar un aumento mensual en la remuneración promedio de los trabajadores de 2.239 bolívares. Su sueldo pasaría de 8.000 bolívares por mes a 10.239, para un aumento de 28%.
¿Representaría tal cosa el paso de algún trabajador de la “exclusión” a la “inclusión social”?
De más está repetir que los cálculos presentados son esquemáticos—no se ha considerado cosas tales como las habituales comisiones pagadas a vendedores ni el impepinable rubro del impuesto sobre la renta—y corresponden a una empresa ficticia, pero se trata de un ejemplo bastante cercano a las condiciones frecuentes de una industria promedio.
¿Es esto tan difícil de explicar a la población?
La conclusión es clarísima: no hay nada de ciencia en la interpretación marxista de la economía de las unidades productivas. La verdad es que la labor empresarial, erróneamente tenida por excluyente, se remunera (salvo casos especiales particularmente escandalosos) de modo muy razonable. Si se eliminara la remuneración ejecutiva y el pago de los dividendos, se “excluiría” (esta vez sí) la función imprescindible de aquel que arriesga considerablemente para obtener una justa ganancia. En nuestro caso: cada uno de los cuatro socios recibiría una alta remuneración mensual (65.000 bolívares) por la delicada gestión que implica imaginar y definir el negocio, mantenerlo unido coherentemente y dirigir sus operaciones en medio de un ambiente competitivo y estatalmente regulado. Además recibiría un dividendo que debe compensarle la inmovilización de los recursos que invierte como capital y el riesgo nada trivial de perderlo. En el ejemplo discutido, cada accionista habría tenido que aportar 19.071.429 bolívares, y recibiría por año 1.907.143 bolívares como dividendo, un 10% de su inversión.
¿Es esto algo censurable? ¿Debe esto impedirse para que cada trabajador reciba 1.589 bolívares adicionales por mes, suponiendo que la rentabilidad de la empresa seguiría siendo la misma al suprimir el incentivo al capitalista salvaje?
De nuevo, ¿son estas claras cuentas algo de dificilísima explicación a los ciudadanos de este país?
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 29, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Cinco años se cumplieron ayer del sesquicentenario del nacimiento de José Martí, el Apóstol de Cuba. Este mismo año se cumplirán, el 19 de mayo, trece del centenario de su muerte en la Batalla de Dos Ríos, abaleado por soldados españoles mientras luchaba, ya no con la pluma sino con la espada, por la independencia cubana. En Versos sencillos el propio Martí anticipaba su modo de morir:
No me pongan en lo oscuro
A morir como un traidor¡
Yo soy bueno y como bueno
Moriré de cara al sol!
En conmemoración de aquel 28 de enero publica ayer El Nuevo Herald un breve artículo de Carlos Ripoll, biógrafo y estudioso del héroe cubano: Martí y los derechos humanos. Es su texto lo que se reproduce en esta Ficha Semanal #181 de doctorpolítico.
La mayor parte de la vida de Martí transcurrió en el frecuente destierro, comenzando a la temprana edad de diecisiete años. En uno de sus exilios vivió una breve temporada en tierra venezolana. A esta tierra la amó como veneró a Simón Bolívar, a quien estudió a fondo y de quien dijo: “En calma no se puede hablar de aquel que no vivió jamás en ella: ¡de Bolívar se puede hablar con una montaña por tribuna, o entre relámpagos y rayos, o con un manojo de pueblos libres en el puño y la tiranía descabezada a los pies…!” Y también: “De las palmas de las costas, puestas allí como para entonar canto perenne al héroe, sube la tierra, por tramos de plata y oro, a las copiosas planicies que acuchilló de sangre la revolución americana; y el cielo ha visto pocas veces escenas más hermosas, porque jamás movió a tantos pechos la determinación de ser libres, ni tuvieron teatro de más natural grandeza, ni el alma de un continente entró tan de lleno en la de un hombre”. (Discurso sobre Simón Bolívar ante la Sociedad Literaria Hispanoamericana, 28 de octubre de 1993).
Martí fue político y fue literato, patriota y poeta; sobre todo, usó una cabeza clarísima. Algún político contemporáneo, dado a la ideología y la indiscreción, pudiera reflexionar sobre palabras de Martí, escritas veinte años antes de su muerte: “Las cuestiones graves no se resuelven con teorías preconcebidas. La conciliación es garantía de la paz, y lo son de acierto el severo examen y prudencia”.
Pero tan clara como su cerebro era su alma, que mantenía abierta aun para sus enemigos. De esto dejó testimonio en estas dos estrofas:
Cultivo una rosa blanca
En julio como en enero,
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca
El corazón con que vivo,
Cardo ni ortiga cultivo,
Cultivo una rosa blanca.
LEA
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Los derechos de Martí
La más antigua violación de los derechos humanos en Cuba se cometió contra los indios. Como siempre cuando quiere el abuso imponer doctrina, se recurrió a desacreditar la víctima: se acusaba al nativo de idolatría y perversidad, y lo perseguían con turbas de perros. Había entonces religiosos que no daban la espalda al crimen. Alzó la voz nuestro primer disidente, el padre Bartolomé de las Casas, de quien dijo Martí: “Cuatrocientos años hace que vivió, y parece que está vivo todavía”. Pasados quinientos, aún hoy, está vivo Las Casas: ni el crimen se ha agotado en la isla ni falta quien lo delate. En las primeras décadas de la conquista se suicidó más del diez por ciento de los indígenas; desde el triunfo del estalinismo en Cuba más del diez por ciento de la población se ha ido al exilio: otra forma de protesta, y de suicidio.
La cumbre cubana de la lucha por los derechos humanos la ocupa José Martí. Su primera denuncia pública apareció en El presidio político en Cuba. Tenía 18 años. Estaba en Madrid. Acusó a España de cruel indiferencia ante “la petición de los derechos” para su patria: al comienzo de la Guerra Grande había dicho Carlos Manuel de Céspedes: “Los cubanos no pueden hablar, no pueden escribir, no pueden ni siquiera pensar […] La isla de Cuba no puede estar privada de los derechos que gozan otros pueblos, y no puede consentir que se diga que no sabe más que sufrir”.
El apostolado todo de Martí gira en su defensa de los derechos humanos. Al iniciar la última campaña por la libertad de Cuba, en 1891, dijo en su discurso de Tampa: “Si en las cosas de mi patria me fuera dado preferir un bien a todos los demás, un bien fundamental que de todos los del país fuera base y principio, y sin el que los demás bienes serían falaces e inseguros, ese sería el bien que yo prefiriera: yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. La actual Constitución de Cuba reproduce las últimas palabras de esa cita, pero, falsificando a Martí, suprimieron las palabras que siguen, en las que dejó bien claro lo que para él era “la dignidad plena del hombre”: “El carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio integro de sí y el respeto, como de honor de familia, al ejercicio íntegro de los demás; la pasión, en fin, por el decoro del hombre”.
Todos los crímenes sociales que ha padecido Cuba, desde el descubrimiento hasta el presente, tienen raíz en alguna violación de los derechos humanos, tal como se enuncian en la Declaración Universal, y aun en su más amplio sentido: agravios o atropellos contra “la dignidad plena del hombre”.
Como en Tablas de la Ley deberán escribirse en Cuba los juicios de Martí sobre los derechos humanos, de los que aquí, con ocasión del 155 aniversario de su natalicio, a modo de ejemplo, se trascriben algunos:
• El respeto a la libertad y al pensamiento ajenos, aun del ente más infeliz, es mi fanatismo: si muero, o me matan, será por eso.
• A quien merme un derecho, córtesele la mano, bien sea el soberbio quien se lo merme al inculto, bien sea el inculto quien se lo merme al soberbio.
• Contra la razón augusta, nada. Sobre el deber de dar empleo a las fuerzas que puso en la mente la naturaleza, nada. Ni rey sobre el derecho político, ni rey sobre la conciencia. Por encima del hombre, sólo el cielo.
• De los derechos y opiniones de sus hijos todos está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos.
• Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía.
• Cuando no se disfruta de la libertad, la única excusa del arte y su único derecho para existir es ponerse al servicio de ella. ¡Todo al fuego, hasta el arte, para alimentar la hoguera!
• Me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar.
• Ni el que tiene un derecho, tiene con él el de violar el ajeno para mantener el suyo: ni el que se ve dueño de una fuerza debe abusar de ella.
• Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan.
• Ningún triunfo se logra definitivamente fuera del buen sentido y el equilibrio de los derechos humanos.
Carlos Ripoll
por Luis Enrique Alcalá | Ene 24, 2008 | LEA, Política |
El Centro para la Integridad Pública en los Estados Unidos, y el Fondo para la Independencia en el Periodismo, organización afiliada a la primera, publicaron anteayer un estudio que certifica y cuantifica la mentira sistemática del gobierno de George W. Bush en relación con los riesgos de seguridad que Irak representaba para los estadounidenses. El ámbito temporal del estudio cubre los dos años subsiguientes al mega-atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, y registra las instancias de falsedad mediante el examen de una base de datos compuesta por fuentes primarias—documentos oficiales del gobierno y discursos de altos funcionarios—y fuentes secundarias, esencialmente citas provenientes de los principales medios de comunicación.
La palma se la lleva el propio presidente Bush. El estudio encontró que Bush hizo 232 afirmaciones falsas respecto de Irak y su presunto arsenal de armas de destrucción masiva, y otras 28 acerca de sus supuestas conexiones con al Quaeda. A pesar de que ambas cuestiones carecían, como se demostró luego fehacientemente, de fundamento serio, Bush ha continuado insistiendo en que la remoción de Hussein del poder era lo correcto, lo que de paso establece la doctrina de que el gobierno de los Estados Unidos es juez suficiente y brazo autorizado para decidir y ejecutar la deposición de un gobernante extranjero. (O sea, declaración elocuente sobre el respeto que le merece el principio de la autodeterminación de los pueblos).
La medalla de plata de la mentira correspondió al ex Secretario de Estado, Colin Powell, quien hizo 244 afirmaciones falsas sobre las imaginarias armas de destrucción masiva de Irak y 10 sobre su connivencia con al Quaeda. La medalla de bronce fue compartida por el ex Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el ex Secretario de Prensa, Ari Fleischer, pues cada uno produjo un total de 109 declaraciones falsas.
En total, el estudio registra 935 afirmaciones mentirosas en boca de los más altos funcionarios del gobierno de Bush, comenzando por él mismo e incluyendo, además de los ya nombrados, a Condoleezza Rice, Paul Wolfowitz (defenestrado de la Presidencia del Banco Mundial) y Scott McLellan. La conclusión del trabajo es la siguiente: “En breve, la administración Bush condujo la nación a la guerra sobre la base de información errónea que propagó metódicamente y culminó en la acción militar contra Irak el 19 de marzo de 2003”. Una cita típica viene del Vicepresidente, Dick Cheney, que hablando a una reunión de los Veteranos de Guerras Extranjeras, dijo: “En términos simples, no hay ninguna duda de que Saddam Hussein posee ahora armas de destrucción masiva. No hay duda de que las está amasando ahora para usarlas contra nuestros amigos, contra nuestros aliados y contra nosotros”.
¿No advertía ya Jean François Revel en “El conocimiento Inútil” (1988): “La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira”?
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 24, 2008 | Cartas, Política |
Es ciertamente auspicioso el acuerdo firmado ayer por la mayoría de los partidos opositores de alguna significación. Enfrentados a un punto ineludible de la agenda política, las elecciones de gobernadores y alcaldes, han optado por acordar un esfuerzo unitario, cuya primera expresión práctica se manifestaría en la presentación de candidaturas únicas a esos cargos. En buena medida carga con el mérito de tan importante concertación el Secretario Nacional de COPEI, Luis Ignacio Planas. Con motivo del sexagésimo segundo aniversario de su partido, se dio a la tarea de promover la unidad de los partidos de oposición. La semana pasada se comentó acá la respuesta empática de Manuel Rosales a este planteamiento.
Acción Democrática, Alianza Bravo Pueblo, Causa R, COPEI, Movimiento Al Socialismo, Primero Justicia, Proyecto Venezuela y Un Nuevo Tiempo fueron los suscritores, en el Ateneo de Caracas, de un documento en el que delinean el sentido de la unión, concebida bajo la protección del Espíritu del 23 de enero, ido ya el Espíritu de la Navidad. Si la iniciativa llega a feliz término, esto es, si en verdad los distintos componentes del pacto logran presentar candidaturas únicas en las numerosas circunscripciones estadales y municipales, habrán conseguido poner en serios problemas a las candidaturas oficialistas, sobre las que ahora hace efecto la erosión del apoyo a Chávez y su gobierno y el deterioro particular de actuales gobernantes rojos en localidades como Petare o Anzoátegui.
Hasta aquí, pues, debe saludarse la iniciativa de Planas-COPEI, acogida por sus nuevos siete socios. Se trata de una postura sensata, que parte de la base de que ninguno de los ocho partidos de la planeada alianza es lo suficientemente representativo como para hablar por toda la oposición.
Ahora bien, hay aún residuos evidentes de una manera equivocada de plantear las cosas en el documento que compromete a los partidos que lo suscriben, y esta preocupante circunstancia se manifiesta justamente al comienzo, al presentarse las dos premisas iniciales de todo el planteamiento. Éstas dicen así: [1] “El 2 de Diciembre del 2007, la mayoría de los venezolanos, al rechazar la Reforma Constitucional propuesta, se pronunció al mismo tiempo por una visión de país distinta, con valores y metas diferentes al modelo que se proponía en el Proyecto de Reforma”; [2] “Igualmente en esa oportunidad el pueblo venezolano le expresó un mandato al Gobierno Nacional: Cumpla con el Estado de Derecho previsto en la Carta Magna y dedíquese a gobernar y a resolver los problemas de la gente”.
Ambas afirmaciones son del mismo tenor que lo que pretendía un fenecido “Movimiento 4D”, que a comienzos de 2006 quiso interpretar que una abstención de 75% en las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre de 2005 equivalía a dieciséis “mandatos” específicos “del pueblo a la nación”. (Del pueblo a sí mismo, pues). En un manifiesto firmado también en el Ateneo de Caracas (4 de febrero de 2006) se aseguraba cosas como las siguientes: “El 4-D el pueblo venezolano manifestó su voluntad de progresar y prosperar de manera sustentable, con igualdad de oportunidades para todos; así como superarse y ser dueño de su destino” o “El 4-D el pueblo venezolano invocó el cumplimiento de la cláusula federal y redimir las reformas políticas dirigidas a la descentralización y la paulatina desconcentración del poder político, como fórmulas de control social y garantía de libertad”. Era demasiada deducción a partir de un silencio.
No es serio leer en lo ocurrido el pasado 2 de diciembre significados que no están allí, al menos en la voluntad de cada uno de quienes votaron ese día. No es cierto que el 2 de diciembre “la mayoría de los venezolanos” se pronunció por una cierta “visión de país”. Que una dama rechace las pretensiones de un determinado pretendiente no es lo mismo que acepte las de otro que ni siquiera las ha formulado, por más que este último se diferencie del rechazado.
Tampoco es cierto que el 2 de diciembre de 2007 “el pueblo venezolano” le dijo a Hugo Chávez que se dedicara “a gobernar y a resolver los problemas de la gente”. Lo que ocurrió, estrictamente hablando, es que el 51% de los votantes (28,6% de los electores o, si se quiere, 28,6% “del pueblo”) rechazó en referéndum las propuestas alteraciones constitucionales. Ir más allá de eso es pura retórica, para no decir que es una usurpación. Puede decirse, por supuesto, que es función del liderazgo político “interpretar” la voluntad popular, pero tal cosa no cabe cuando esa voluntad se ha manifestado explícitamente por sí misma, se ha representado ya a sí misma.
Colocadas al inicio mismo del documento, y actuando como fuentes originales de todo lo que sigue, las premisas pretendidas debilitan toda la presentación posterior. Esta vez el contrabando, debe reconocerse, ha sido menor. En vez de dieciséis deducciones excedidas se postula sólo dos, las mencionadas; el resto de las afirmaciones, muy parecidas a las recogidas en el manifiesto del “Movimiento 4D”, es presentado como un conjunto de objetivos.
La ordenación misma de los objetivos es sintomática. Por ejemplo, el documento plano (de Planas) declara: “Combatir la pobreza es nuestro compromiso esencial”. Pero a pesar de tal esencialidad, este objetivo específico aparece en el puesto número seis, justo después de que se enumera, en quinto lugar, este otro objetivo: “Respeto a la propiedad privada y a las libertades económicas”. Si el combate a la pobreza es el compromiso esencial de los firmantes ¿por qué no fue presentado en el primerísimo lugar?
Un caso digno de notar es el del tercer objetivo: “Queremos un país descentralizado”. La explicación de este objetivo, expuesto con ventaja de tres cuerpos sobre el “compromiso esencial” del combate a la pobreza, es la siguiente: “Es fundamental desconcentrar el poder y que funcione una efectiva descentralización geográfica y funcional del poder público en su conjunto. Los Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, las Juntas Parroquiales y los Consejos Comunales electos deben ser responsables directos ante el pueblo que les dio su confianza, y no ante el poder central ó ante funcionarios designados a dedo desde la Capital que solo responde a quien los designó”. Pero la firma misma del documento, en acto escenificado en el Ateneo de Caracas, es decir, en la capital, es decir, en el centro, fue una manifestación centralista. Es sólo después de enumerar ocho objetivos de ámbito nacional y uno sólo “local” (el número 3, “Queremos un país descentralizado”) desde una posición central—¿centralista?—que aparece por fin un objetivo más o menos descentralizado, el que de todas maneras es subsumido, a pesar de tratarse de elecciones estadales y municipales, bajo un concepto nacional: “La primera tarea que debemos cumplir en el camino de hacer realidad las propuestas anteriores es que todos los que compartimos estos valores y metas, debemos unirnos para elegir Gobernadores, Alcaldes y Legisladores regionales que estén comprometidos con la visión de país que proponemos, además de presentar sus respectivas propuestas Estadales y Municipales como candidatos”. Esto es, las candidaturas locales unitarias serían una manifestación particular de una “visión de país” que se exige compartir—antes de las “respectivas propuestas Estadales y Municipales”—aunque lo que se discutirá en noviembre no será el país sino la administración pública de estados y municipios.
El locus correcto para firmar acuerdos preelectorales ante comicios regionales y municipales no es la capital de la República, sino cada una de las entidades territoriales donde los cargos serán disputados. Claro, uno entiende que Proyecto Venezuela o Alianza Bravo Pueblo no tienen mucha vida en Barinas o Delta Amacuro, y necesitaban la escena nacional, centralista, para tener algún título que exhibir.
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Alguien afirmó que la alianza anunciada representaría el 90% de la oposición venezolana. Pero esto es una exageración. Es verdad que alrededor de 18% de la opinión pública manifestaba, a lo largo de 2007, identificarse como oposición al gobierno, pero también que la suma de identificaciones con Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y COPEI (los “cuatro grandes”), no llegaba a 7% del total. (Alianza Bravo Pueblo, Causa R, Movimiento al Socialismo y Proyecto Venezuela, los “cuatro chicos”, no superaban, sumados, el 2%). No toda la gente que se piensa como de oposición se afilia a alguno de los partidos existentes.
Y no es que los partidos que apoyan al gobierno nacional estén boyantes. Ya para mediados de 2007 reportaba Hinterlaces (18º Monitor Sociopolítico, junio) que la identificación total de la población con partidos, oficialistas y opositores en conjunto, era de sólo 31%, y que 67% de la misma no se identificaba con ninguno. Más de la mitad de los electores puede ser clasificada como “Ni-ni”.
En los momentos se nota, sin embargo, una reciente recuperación de espacio de los partidos de oposición, sobre todo en territorios regionales. COPEI pudo colocar ofrendas florales al Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas, espacio hasta hace nada vedado a la oposición, sin mayores contratiempos, en otro logro simbólico para Planas-COPEI. Pero también la iglesia de Cúa estuvo repleta para una misa celebratoria del aniversario del partido verde, y ante un notorio repliegue del oficialismo se evidenciaba el predominio de una consigna: “Miranda para los mirandinos”.
En suma, luego del referéndum del 2 de diciembre, que marca una clara disminución del apoyo popular a Hugo Chávez y sus designios, la afiliación total a partidos de cualquier bando ha disminuido a cerca de 23%, según mediciones recientes. No parece ser, todavía, la hora de los partidos; por lo menos, la hora de los existentes. Si bien los opositores son muy débiles, el gobierno ha fracasado también en la conformación del “partido único de la revolución”, y por esto ahora habla de la reedición del “polo patriótico”. La debilidad de ambos polos formales se manifestó ayer en los actos conmemorativos del 23 de enero de 1958. La marcha “opositora”—convocada en realidad por Oscar Pérez, del Comando “Nacional” de la Resistencia (quien, dicho sea de paso, denunció ayer el acuerdo como «de cogollos» y se quejó de no haber sido invitado a suscribirlo)—no logró movilizar a más de quinientos participantes, y los actos oficialistas no contaron con mucha mayor asistencia.
La lectura correcta de la situación es lo que lleva al octeto de partidos a la siguiente invitación: “El acuerdo que proponemos aspira interpretar las esperanzas de todos los venezolanos, por lo cual invitamos al resto de los Partidos Políticos democráticos, al movimiento estudiantil, a todas las instituciones y personalidades de la sociedad democrática y en especial a todo el pueblo de Venezuela, a participar en la lucha por los valores, metas y aspiraciones que proponemos…”
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Las candidaturas unitarias a los cargos de gobernadores y alcaldes, por otra parte, serían de todos modos candidaturas partidistas. Así se desprende de la redacción de las promesas finales del pacto suscrito ayer: “…nos comprometemos a que los candidatos o candidatas de la alternativa que representamos, los escogeremos respetando la opinión de los ciudadanos en cada Estado y Municipio, dentro del compromiso de escoger a quienes por sus condiciones éticas y de capacidad sean los mejores candidatos, los que tengan mayores posibilidades de triunfo, por encima de intereses partidistas, cogollos o compadrazgos, que garanticen proyectar los resultados del 2 de diciembre hacia el futuro. Quienes suscribimos este Acuerdo, y los que lo hagan en adelante, acordaremos un Cronograma que nos permita a través del consenso, las encuestas y otros mecanismos que se consideren necesarios, presentarnos con suficiente antelación a la fecha de inscripción, con candidatos unitarios a todas las Gobernaciones, Alcaldías y Consejos Legislativos del país”. (Observación en passant: de nuevo aquí se ata lo que debieran ser candidaturas y ofertas locales a un nivel nacional o central: “…que garanticen proyectar los resultados del 2 de diciembre hacia el futuro”).
No parece haber allí demasiado espacio para candidaturas independientes. Sin duda hay estupendos candidatos con afiliación partidista, pero debiera preverse mecanismos para la consideración popular de vocaciones públicas no afiliadas. Esto significa que habría que arbitrar recursos que posibiliten la circulación de caras nuevas.
Una analogía de otro campo puede proveer acá la clase de decisión que se requiere. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) decidió, desde sus comienzos, que el grueso de su financiamiento de la investigación en Venezuela sería adjudicado en cabeza de investigadores. Es decir, los proyectos concretos no se aprobaban en razón del centro de investigación que los alojaría, sino para un líder de proyecto y el equipo de auxiliares que lograba reunir. Estas personas debían demostrar su idoneidad, y así debía certificarla un currículo donde constara, por ejemplo, qué artículos habían publicado en revistas prestigiosas y en cuáles conferencias y simposios habían participado. Una prescripción de tal naturaleza, por lo demás razonable, cerraba sin embargo las fuentes de financiamiento a los investigadores noveles, gente recién salida del cascarón universitario, entre la que podía hallarse más de un genio o estrella de la profesión, pero que precisamente por causa de su incipiencia no podía exhibir artículos publicados o conferencias dictadas.
Es así como el CONICIT concibió y dotó de recursos a un programa especial para el financiamiento de investigadores noveles, en el que la exigencia curricular pasaba a un segundo plano, y se valoraba de modo supremo el mérito intrínseco de los proyectos presentados. Algo así debiera poner en práctica la novísima alianza del cincuentenario del 23 de enero de 1958, la que, con las limitaciones apuntadas, debe ser recibida con beneplácito, puesto que representa un importante progreso político.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 22, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En diciembre de 1994 el suscrito comentaba un libro de Moisés Naím, recientemente publicado, en su revista mensual referéndum, la que fue editada entre febrero de 1994 y septiembre de 1998. El libro constituía el primer intento interpretativo de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, por quien fuera uno de los ministros del gabinete económico del período.
Naím expresaba en él sorpresa por el “Caracazo” en 1989 y por los intentos de golpe de Estado en 1992. No lograba explicarse cómo el aumento de precios de algunos rubros alimenticios pasó sin causar disturbios, y en cambio el aumento del precio de la gasolina degeneró en una violencia urbana de proporciones descomunales. Pero la explosión del 27 de febrero de 1989 no fue detonada por el encarecimiento de la gasolina sino por el del transporte interurbano—la mecha se encendió en Guarenas—y este último llegaba, justamente, a coronar molestias previas por los aumentos en los precios del pan y la leche. Por otra parte, estas cosas ocurrían poco después del acto de toma de posesión de Pérez con gran boato y dispendio y, más importantemente, eran tan sólo las más recientes privaciones impuestas a un pueblo de largo sufrimiento y longevas carencias. Casi dos años antes había advertido el contendor de Pérez, Eduardo Fernández: “El pueblo está bravo”.
La Ficha Semanal #180 de doctorpolítico recoge el texto del comentario sobre el libro de Naím. En él se destaca, entre otras cosas, que el economista norteamericano Jeffrey Sachs había asesorado a Pérez en ese fatídico año de 1989, el año de instalación de un “paquete económico” modelado sobre los preceptos del Consenso de Washington, que constituyeron la receta estándar exigida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Vale la pena, entonces, recordar dos pasajes que han sido citados antes—el primero fragmentariamente—en esta publicación. Primero, unos trozos de L’Ancien Régime et la Revolution, de Alexis De Tocqueville, cotejables con la sorpresa admitida por Naím. Dicen así:
“Ningún gran evento histórico está en mejor posición que la Revolución Francesa para enseñar a los escritores políticos y a los estadistas a ser cuidadosos en sus especulaciones; porque nunca hubo un evento tal, surgiendo de factores tan alejados en el tiempo, que fuese a la vez tan inevitable y tan completamente imprevisto… Las opiniones de los testigos oculares de la Revolución no estaban mejor fundadas que las de sus observadores foráneos, y en Francia no hubo real comprensión de sus objetivos aún cuando ya se había llegado al punto de explotar… es decididamente sorprendente que aquellos que llevaban el timón de los asuntos públicos—hombres de Estado, Intendentes, los magistrados—hayan exhibido muy poca más previsión. No hay duda de que muchos de estos hombres habían comprobado ser altamente competentes en el ejercicio de sus funciones y poseían un buen dominio de todos los detalles de la administración pública; sin embargo, en lo concerniente al verdadero arte del Estado—o sea una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro—estaban tan perdidos como cualquier ciudadano ordinario”.
El siguiente pasaje proviene del propio Jeffrey Sachs, que en 2005 escribió en The End of Poverty:
“De algún modo, la actual economía del desarrollo es como la medicina del siglo dieciocho, cuando los doctores aplicaban sanguijuelas para extraer sangre de los pacientes, a menudo matándolos en el proceso. En el último cuarto de siglo, cuando los países empobrecidos imploraban por ayuda al mundo rico, eran remitidos al doctor mundial del dinero, el FMI. La prescripción principal del FMI ha sido apretar el cinturón presupuestario de pacientes demasiado pobres como para tener un cinturón. La austeridad dirigida por el FMI ha conducido frecuentemente a desórdenes, golpes y el colapso de los servicios públicos. En el pasado, cuando un programa del FMI colapsaba en medio del caos social y el infortunio económico, el FMI lo atribuía simplemente a la debilidad e ineptitud del gobierno. Esa aproximación, por fin, está comenzando a cambiar”.
Jeffrey Sachs estaba hablando de su propio cambio, pues once años antes de “El fin de la pobreza” se mostraba tan sorprendido como Naím de los terribles acontecimientos de 1989 y 1992, y para nada renuente a la aplicación de sanguijuelas que luego denunciara.
LEA
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Minotauro de papel
El Fondo Carnegie para la Paz Internacional estimuló a Moisés Naím, antiguo Ministro de Fomento durante el segundo período de Carlos Andrés Pérez, a escribir un libro sobre la política económica de ese período. La invitación culminó en la edición de un libro de Naím en inglés—Paper Tigers & Minotaurs: The Politics of Venezuela’s Economic Reforms (Tigres de Papel & Minotauros: La Política de las Reformas Económicas de Venezuela)—que el propio Fondo Carnegie publicó.
El libro incluye una presentación de Morton Abramovitz, el presidente del Fondo Carnegie, y una introducción de Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Harvard y asesor del gobierno de Pérez en 1989. Naím dejó su cargo de ministro para trabajar en el Banco Mundial, desde donde pasó a ser un asociado senior en el Fondo Carnegie. Esto explica que el libro esté escrito en inglés (probablemente pensado en ese idioma), y que Naím haya escogido hablar del tema desde su cómoda postura académica en los Estados Unidos de Norteamérica.
El libro en cuestión no constituye realmente una sorpresa. Los razonamientos de Naím, las explicaciones que ofrece, son ciertamente las esperables en alguien que fuera uno de los teóricos del paquete perecista. En la conclusión, por ejemplo, eleva a la categoría de “eslabón perdido” del proceso del segundo período de Pérez una estrategia de comunicación eficaz, cuya ausencia habría sido el factor determinante de las crisis políticas que caracterizaron a esa fase de la política venezolana. El título del libro alude a uno de los focos centrales del mismo: los factores que se opondrían al “gran viraje” de Pérez, entre los que habría “tigres de papel”, opositores que se creía fuesen más fuertes y decididos que lo que resultaron, y “minotauros”, oponentes que lo fueron mucho de modo inesperado.
Aun cuando Naím se refiere en más de un punto al tema de la pobreza, y reconoce la existencia de un mar de fondo de descontento previo, confiesa haberse sorprendido con los intentos de golpes de Estado de 1992 y con algunas otras cosas, como la aparente inconsistencia popular, que produjo los desórdenes del 27 de febrero de 1989 y los días subsiguientes pero habría dejado de protestar contra otros aumentos de precio. Traducimos un poco de su primer capítulo para ilustrar el punto: “La predicción de cuáles medidas serían aceptables al público y cuáles provocarían un clamor hostil era igualmente propensa al error. Por ejemplo, nadie anticipó que los venezolanos saldrían a la calle a protestar por la elevación de los precios de la gasolina y los pagos hipotecarios mientras toleraban pasivamente precios de la comida y las medicinas que colocaban a estos rubros fuera del alcance de muchos consumidores. La reacción popular fue tan feroz que forzó al gobierno a abandonar el plan de aumentar el precio de la gasolina (aun cuando todavía hubiera estado entre los más bajos del mundo) y a poner en práctica un costoso subsidio a las hipotecas de las viviendas. Entretanto, los precios de los alimentos y las medicinas continuaron aumentando sin provocar siquiera una reacción remotamente proporcional de los políticos, los medios o el público”. (Pág. 14). Antes Naím declara: “…nadie había sospechado que en Venezuela—uno de los pocos países latinoamericanos que se había ahorrado los horrores de las dictaduras militares de los sesenta y los setenta—las fuerzas armadas influyeran significativamente la política de las reformas económicas. El minotauro militar saltó a la acción dos veces inesperadamente”. (Pág.14).
Tenemos que disentir de esa lectura de Naím, puesto que tales eventos habían sido tanto anticipados como advertidos. El 21 de julio de 1991 el editor de esta publicación argumentaba desde El Diario de Caracas: “Por problemas menores que los que enfrenta el Presidente, Isaías Medina fue derrocado. No pudo nunca recuperar sus derechos políticos. En cambio, Richard Nixon todavía influye en la política mundial y de su país, porque tuvo la sabiduría de, por menos que lo que acongoja al Presidente, renunciar a la presidencia de los Estados Unidos… El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional”. Bastante antes de esa advertencia, escribía también en “La Posibilidad de una Sorpresa Política en Venezuela”: “Por lo que respecta a un golpe militar antes de las elecciones de 1988 las probabilidades aparecen como minúsculas, aun cuando el deterioro continuase, como parece lo inevitable. Sólo un deterioro muy fuertemente acelerado en lo que resta desde ahora hasta las elecciones, pudiera provocar un intento serio de golpe militar. Por esto el sistema político venezolano deberá estar pendiente de acciones intencionales de agitación y agravamiento de la situación por parte de elementos que estuviesen jugando a esta posibilidad. En cambio, de ganar las elecciones de 1988 uno de los candidatos tradicionales, probablemente lo haría con un porcentaje muy reducido de votos. En ese caso el próximo gobierno sería, por un lado, débil; por el otro, ineficaz, en razón de su tradicionalidad. Así, la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabilidad de un golpe militar hacia 1991, o aún antes, sería considerable”. (Septiembre de 1987). En la introducción de este estudio decía: “En la primera sección de este trabajo discutiremos los rasgos que permiten calificar a la situación venezolana como altamente propensa a la sorpresa política. En las subsiguientes, y tratadas de modo distinto, dos clases generales de sorpresa: la posibilidad del outsider democrático en las elecciones de 1988; la posibilidad del golpe militar”.
También opinábamos en el mismo estudio: “Las mismas condiciones que hacen en general más probable la aparición de un hecho político sorpresivo son las que han aumentado la base con la que contaría un intento militar de tomar el control de las cosas: las condiciones de creciente deterioro de la situación. Sería muy raro que en las condiciones venezolanas de la actualidad no hubiesen aumentado las aproximaciones al tema y el examen de las consecuencias de un hecho tal por parte de actores con alguna posibilidad técnica de intentarlo… la posibilidad subsiste, y su cristalización supondría un deterioro más acusado, tal vez con la explosión de violencia social previa y la ausencia de una solución civil eficaz a los ojos de los militares que estuviesen pensando en esa dirección”.
Eso, pues, por lo que respecta al punto de la predecibilidad. En cuanto al fondo del problema, la óptica de Naím corresponde a una perspectiva clásica, newtoniana, mecanicista, según la cual “debería ocurrir” una explosión social por el aumento de los precios de alimentos y medicinas porque ocurrió una con el aumento de los precios del transporte. El propio Naím reconoce que la explosión del 27 de febrero de 1989 fue espontánea. Como hemos expresado acá, no es una visión clásica la que permite una explicación satisfactoria del fenómeno, sino modelos más actualizados de la teoría del caos y la teoría de la complejidad, la que, dicho sea de paso, permite entender, a través del fenómeno de la autorganización de sistemas complejos, las estabilidades que Naím no entiende.
Pero también está todo el libro en línea con la idea, más o menos difundida, de que el programa de Pérez era un programa esencialmente correcto. Las equivocaciones habrían sido, como reportamos antes, comunicacionales ante todo, las que serían más importantes que otras explicaciones que Naím minimiza, como la siguiente: “Los defensores del enfoque con orientación de mercado echan la culpa de la agitación política al gobierno de Pérez. Argumentan que su gobierno era corrupto y falló al no poner suficientemente atención a los costos sociales de los cambios que puso en práctica. No hizo nada para forzar el goteo hacia abajo de los beneficios de las reformas a las clase pobre y media” . Naím dice que estas “…generalizaciones son engañosas y dejan de capturar la esencia de la experiencia venezolana con las reformas”. (Pág. 12)
En este tipo de perspectiva lo acompañan ambos prologuistas. Sachs se sorprende, como Naím: “La gran paradoja de la experiencia venezolana es que logros macroeconómicos significativos—un rápido crecimiento del PNB, el haber esquivado la hiperinflación, la promoción de exportaciones—hayan sido acompañados por una profunda agitación política, incluyendo dos intentos de golpe. ¡Uno se estremece de pensar en lo que un fracaso macroeconómico hubiera producido!”. (Pág. 5).
Por su parte, Abramovitz establece la equivocación en las mismas primeras líneas de todo el libro: “La gerencia de las reformas de mercado es quizás el principal problema público en más y más países, desde los viejos países socialistas hasta las diversas economías de América Latina”.
Que estos estudiosos de los problemas públicos den prioridad al tema del mercado por encima del inmenso, principalísimo, decididamente central problema de la distribución de la riqueza en nuestros países, es evidencia de la tecnocrática ceguera y académica autosuficiencia que caracterizó, como a otros gobiernos en el mundo, al segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez, del que Moisés Naím fue destacado protagonista. Por fortuna, el libro de Naím no pasa de ser un minotauro de papel, aunque tal vez se trate, en su caso particular, de un minotauro de papel moneda.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 17, 2008 | LEA, Política |
Las más recientes declaraciones de Manuel Rosales parecen indicar que se encuentra bien encaminado. El 13 de enero el partido COPEI cumplió 62 años de fundado y, en un acto conmemorativo de esta circunstancia, Rosales declaró: “Queremos construir con todos los partidos, con la sociedad civil, con todos los sectores, un movimiento alternativo, de cambio, para la reconciliación, para la unidad de Venezuela y que tomará fuerza a partir de las elecciones de gobernaciones y alcaldías donde aspiramos ganar la mayoría de esas gobernaciones y estas alcaldías”. Luego añadió: “En medio de esta crisis que vive el pueblo de Venezuela, la construcción de esa alternativa pasa por el reencuentro, por ceder posiciones y establecer dos premisas fundamentales: la primera es un proyecto, un plan, un programa de cambios, de reconciliación para el país y, lo segundo, la selección de los mejores candidatos”.
Tales conceptos parecieran indicar su reconocimiento al hecho de que su propio partido, Un Nuevo Tiempo, no es la estructura que podría alojar por entero al movimiento que predica, puesto que lo imagina integrado por “todos los partidos”. Si esto fuera así, Rosales habría ganado una nueva conciencia de las limitaciones de UNT, y tal cosa sería, sin duda, un explícito signo de madurez política.
Todavía predicó el abandono de prácticas inconvenientes: “Hay que marcar distancia con los cogollos, con el amiguismo, con el compadrazgo, con el sectarismo y con ese proceso malo que, a veces, se cierne sobre los partidos, como es el grupalismo y el sentido de darle carácter familiaridad o amiguismo a la selección de candidatos”.
Finalmente, expresó su decidido apoyo a una proposición de COPEI: que primero se logre la elección unitaria de “los mejores candidatos” a las gobernaciones y alcaldías y luego se les inscriba como en el Consejo Nacional Electoral, y no al revés, como ha sido la costumbre.
Rosales está actuando, entonces, como factor de unidad. Esta actitud suya es auspiciosa, y permite augurar una participación constructiva y eficaz en las próximas elecciones regionales, previstas para el mes de noviembre.
Ahora bien, los candidatos a gobernador o alcalde no pueden limitarse a un programa genérico de carácter nacional, por más loable y necesaria que sea la meta de la reconciliación del país. Se trata, por supuesto, de elecciones precisamente regionales, y ninguna bandera nacional puede sustituir las plataformas programáticas específicas para cada gobernación y cada alcaldía. Buenos candidatos unitarios, por supuesto; pero también buenos programas, propios para cada estado y cada municipio.
Quienes diagnostican que durante el gobierno de Chávez la descentralización ha perdido terreno ante el centralismo, no pueden olvidar ahora las peculiaridades de cada entidad.
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