por Luis Enrique Alcalá | Feb 26, 1996 | Política, Referéndum |
Hará pronto un año que el Señor Presidente de la República convocó a los venezolanos a construir entre todos un proyecto de país. Es decir, nos invitó a participar en la fijación del rumbo del Estado. En su último mensaje anual al Congreso, el 10 de marzo de 1995, nos hizo precisamente esa invitación. Y durante el lapso de casi un año hemos desatendido el llamado. Muchos de nosotros hemos hecho proposiciones, es cierto, pero la mayoría de las veces éstas han sido demasiado vagas—el “acuerdo nacional”, el plan coherente y creíble—o las hemos envuelto en un lenguaje meramente crítico y a veces irrespetuoso.
Acá queremos atrevernos a un poco menos que lo que fue solicitado: a proponer que el Señor Presidente anuncie el próximo 12 de marzo un cierto conjunto de medidas económicas de corto plazo y algunas modificaciones inmediatas en la organización y el funcionamiento del Estado.
Comoquiera que el primer grupo de proposiciones son de política económica, creemos necesario hacer notorio que, como el ciudadano Ministro de Hacienda, no somos economistas. Nuestra perspectiva es la de un político general. Pero así como un médico general puede válida y responsablemente hacer observaciones en un caso neumológico aunque no sea un especialista en neumonología, debiera ser admisible que un político general conjeture soluciones en el reino de la política económica, sujeto, claro está, a la evaluación crítica de los economistas.
Este atrevimiento nuestro tiene un antecedente puntual. Cuando comenzaba el gobierno de Jaime Lusinchi estaba recién estrenado el problema de la deuda externa venezolana. Éste no había sido universalmente reconocido hasta su mención por Rafael Alfonzo Ravard en un discurso del 23 de agosto de 1982, y las discrepancias entre Leopoldo Díaz Bruzual desde el Banco Central de Venezuela y Luis Ugueto Arismendi, primero, y después Arturo Sosa desde el Ministerio de Hacienda, significaron el traslado del irresuelto problema a la Administración Lusinchi. Unos 400 y tantos bancos acreedores de la República de Venezuela, temblorosos por el deterioro general de la seguridad financiera mundial luego de la erupción de las deudas públicas de Polonia y México, hacían toda clase de presiones sobre el gobierno recién encargado.
Por aquel momento nos atrevimos a proponer—en una publicación que hasta cierto punto es la precursora de referéndum—que se tomara una fracción de las reservas en oro de la Nación para liquidarla en los mercados internacionales, y que se emplease el efectivo resultante para saldar deudas con los bancos más pequeños del lote de acreedores, los que, siguiendo la misma Ley de Pareto que usan los predicadores de la “calidad total”, eran la mayoría pero representaban un porcentaje pequeño de la deuda total.
Con esta recomendación se perseguía aliviar al gobierno de la presión de la jauría más inquieta—los bancos más pequeños—para concentrarse en la negociación con la veintena de bancos más grandes—de los que podía esperarse más serenidad y mayor paciencia—al tiempo que se emitía una clara señal de voluntad de pago. Habría habido, incluso, un beneficio colateral muy saludable si se hubiese adoptado la recomendación, pues poco tiempo antes, durante el período de Luis Herrera Campíns, el Banco Central de Díaz Bruzual había sido criticado duramente por haber revalorizado las reservas de oro, aunque se les había asignado un valor significativamente menor al que resultaría de valorizarlas a los precios del oro en el mercado internacional. La crítica que se hacía –la revalorización de Díaz Bruzual era una manipulación contable que no tenía fundamento en operaciones reales– hubiera dejado de tener razón al realizar parte de las reservas y así conseguir un precio de referencia que habría sido marcadamente superior al precio registrado en las cuentas nacionales, haciendo entonces que éstas pudiesen, con toda justificación, ser consideradas serias, sobrias y conservadoras.
Eso fue nuestra aventura en territorio de economistas en 1984, y la primera vez que reivindicamos nuestro derecho a emprenderla.
Esa proposición fue presentada a economistas por esa misma época, con el resultado de que no pudimos obtener de ellos una razón válida para no efectuar la operación que no fuese la de objeciones del tenor siguiente: eso nunca se hace.
De hecho, esa fue la argumentación que vehementemente opuso a la idea Luis Teófilo Núñez, en uno de aquellos editoriales que publicaba cuando dirigía el diario El Universal y que firmaba con el pseudónimo de “Amadís”. Las reservas de oro eran consideradas por quienes, como él, se oponían a la proposición, como las “joyas de la familia”, como lo último que se tocaba. En vano preguntamos cuál era el sentido de “reservar” si las reservas no podían ser usadas en caso de necesidad.
Plenamente conscientes, pues, de que no dominamos el campo de la economía, cometemos el atrevimiento de sugerir al Señor Presidente de la República, en primer término, algunas medidas de política económica.
Fecha cierta
Creemos que el Señor Presidente debe anunciar, esencialmente, cinco grandes decisiones económicas, y que a todas ellas debe asignarles fecha precisa. Como enfatiza el Dr. Bruno Egloff, el economista a quien hemos dedicado con agradecimiento este trabajo, es de suprema importancia atender el punto de la credibilidad con un compromiso cronológico. De allí que acojamos su idea básica e insistamos en que las medidas deben poder ser colocadas con precisión en un calendario.
En primer lugar, el Presidente de la República debe anunciar el cese del régimen de control de cambios para las doce de la noche del 31 de marzo de 1996. Esto no sería otra cosa que el cumplimiento de un compromiso asumido públicamente por el Gobierno Nacional en los términos de la Agenda Venezuela, compromiso que reiteró de modo explícito el Ministro de Hacienda en diciembre de 1995 al anunciar la nueva tasa oficial de 290 bolívares por dólar. El Presidente anunciaría así un decreto inmediato que establece una fecha definitiva para el cese del control, y la misma sería compatible con lo que ha sido prometido, lo que deberá ser visto con toda justicia como signo de seriedad.
En términos estrictos lo que el gobierno ha prometido es la eliminación del control de cambios en dos etapas. Su compromiso del primer trimestre de 1996 es en lo tocante a la cuenta corriente, mientras no ha fijado fecha para lo relativo a la cuenta de capital. El Dr. Egloff acepta la conveniencia de un desmontaje gradual, sólo que sugiere una apertura inmediata en la cuenta de capital para transacciones de monto inferior a 5 mil dólares. Carecemos de capacidad técnica para opinar sobre esta específica recomendación, pero creemos recomendable fijar también una fecha cierta a la liberación total, para la que nos atrevemos a sugerir el 31 de marzo de 1997 a las doce de la noche. (Cae en día lunes).
Nuestra segunda recomendación fue prefigurada el 19 de octubre de 1994 en el número 8 del Volumen 1 de esta publicación: “En otras latitudes, en otros países, se ha optado… por reformular la definición del valor unitario de las monedas. Esto ha sido hecho algunas veces con éxito. Otras veces el cambio de moneda no ha servido como un factor contribuyente al tratamiento de la inflación. El ejemplo antonomásico de un caso exitoso es el del franco nuevo, con el que la república francesa sustituyó a cien de los francos viejos. Ese cambio de valor se ha demostrado como estable… Más recientemente, en varios países de América del Sur se ha procedido también a la emisión de nuevos signos monetarios sustitutivos de los anteriores, con mayor éxito que en otras ocasiones, cuando tales manipulaciones llegaron a verse anuladas dentro de los procesos hiperinflacionarios de Brasil y de varios países del Cono Sur del continente… Tiene sentido preguntarse, entonces, si una medida de naturaleza similar tiene cabida en Venezuela y si la misma sería de algún modo eficaz en el tratamiento de la dolencia inflacionaria. Una escala de conversión adecuada para un nuevo bolívar sería la misma que la empleada por los franceses. Así, un nuevo bolívar debería valer 100 bolívares de los actuales”.
La proposición de hoy es en esencia la misma, a la que adicionamos dos elementos nuevos: la fijación de una paridad con el dólar para la nueva moneda y la fecha de su entrada en circulación. Sugerimos al Señor Presidente de la República que anuncie un nuevo bolívar equivalente a cien bolívares de los actuales con una paridad de 4,30 por dólar norteamericano para el día 24 de julio de 1996, fecha en la que volvemos a conmemorar el natalicio del Libertador. (Los franceses usaron por un tiempo la denominación de “nuevo franco” o NF para referirse a su nueva moneda, pero hoy en día se dice simplemente franco. Nuestro NB o “nuevo bolívar” podrá recuperar el augusto nombre sin necesidad de adjetivo en un tiempo razonable).
Cuando hacíamos la proposición en octubre de 1994 comentábamos: “Probablemente sería mas estable una medida de este tipo dentro de una economía de mayores proporciones que la nuestra pero, aunque sólo fuese por su efecto facilitador de las transacciones en efectivo, aunque sólo fuese por su efecto psicológico sobre la población, vale la pena considerar la emisión de un nuevo bolívar más fuerte. La comodidad en el uso de una nueva moneda más poderosa puede llegar a ser un factor de cierta importancia, así como la psicología no es un factor a despreciar dentro del juego económico de las sociedades, y convendría a la psiquis nacional ver de nuevo respetada en el símbolo monetario, hoy en día vergonzantemente disminuido, la persona del Padre de la Patria”.
Es obvia la asociación que se busca con la tasa de 4,30 por dólar con nuestra antigua paridad “democrática”. (Hasta el gobierno de Betancourt iniciado en 1959 el bolívar tenía una paridad, más fuerte aún, de 3,35 por dólar). Es un punto que añade carga psicológica favorable. Y es posible que un refuerzo ulterior fuese el adelantar al 24 de julio de 1996 la liberación de los controles en la cuenta de capital, desde la fecha que hemos sugerido del 31 de marzo de 1997. Nuevamente este es un punto para el que carecemos de los suficientes conocimientos técnicos. Lo que sí suponemos es que el país que pudo recibir al Papa más popular de la historia de un modo tan organizado, será capaz de preparar lo necesario para la transición a la nueva moneda para la fecha en la que se cumplirán 213 años del nacimiento de Simón Bolívar.
En cambio, sí creemos que es pertinente para la consideración de la paridad respecto del dólar la siguiente relación: para el año de 1995 el valor en dólares del producto bruto estadounidense era de 7 billones (7.058 miles de millones, en estimación empleada por Strategyon, empresa analítica fundada hace varios años por Henrique Salas Römer). Para el mismo pasado año el producto teritorial bruto de Venezuela fue de 72,4 miles de millones de dólares. Es decir, los Estados Unidos producen 97,5 veces, digamos 100 veces, lo que produce Venezuela.
Si se adoptase el criterio de que la relación entre monedas de países distintos debiese estar en función de sus respectivas producciones reales—tal vez, amigos economistas, una noción no tan descabellada si atendemos a vuestras teorías, que pretenden convencernos de que el sector “nominal”, el dinero, debe ser un espejo del sector “real” de bienes y servicios concretos—entonces la relación anotada debiera indicar que la moneda venezolana actual no debiera ser superior a un centésimo de dólar. Que cien bolívares de los actuales no sean suficientes, que consideraríamos adecuada una paridad de 430 (NB 4,30) por dólar, pudiera justificarse con un coeficiente de 4,3 que expresase factores cualitativos tales como la riqueza y variedad de la producción norteamericana, su mayor sofisticación, y factores de esa clase.
La tercera recomendación que nos tomamos la libertad de hacer al Señor Presidente de la República es la de cancelar la totalidad de las prestaciones sociales acumuladas de los trabajadores de la Administración Pública Nacional mediante pago efectivo en dólares para el día 1º de mayo de 1996.
El tema de las prestaciones sociales en general es, como se sabe, uno de los temas álgidos del debate económico nacional. El caso particular de las prestaciones sociales del sector público, una de las preocupaciones más intensas de las finanzas de la Nación.
Respecto del tema general queremos acotar que, en análisis de un muy calificado y respetado consultor del sector privado—que ha preferido permanecer, generosamente, en el anonimato—el punto de la retroactividad de las prestaciones dejaría de ser casus belli de no existir la inflación, de modo que el verdadero problema—la inflamación inflacionaria—no tendría que ver con un derecho adquirido que, en toda razonabilidad, los trabajadores venezolanos se resisten a sacrificar. Un problema completamente separado es si los montos mismos de las prestaciones se depositan en fideicomisos—la previsión legal vigente que no es acatada ni por el mismo gobierno–—o en fondos de pensiones de nuevo diseño.
En cuanto al punto más específico de las prestaciones sociales del sector público –estimadas en términos gruesos en la cifra de 1 billón de bolívares– se ha propuesto cancelarlas mediante la entrega de acciones de PDVSA a los empleados públicos. Esta proposición, que originalmente fue planteada por el Dr. Asdrúbal Baptista, Ministro de Estado para la Reforma de la Economía, en abril de 1994, ha sido retomada por el periodista Alfredo Peña con un interés que llama a la sospecha por lo falacioso de su argumentación. En efecto, Peña—que ya antes había hecho insistente campaña a la dolarización definitiva de una caja de conversión—argumenta que si Venezuela ha abierto su industria petrolera a la inversión extranjera, los trabajadores del sector público tendrían más que derecho de obtener acciones de PDVSA a cambio de sus prestaciones.
Son dos cosas muy distintas. En ningún caso ha pasado parte del patrimonio de Petróleos de Venezuela a manos de Mobil, o de British Petroleum o de cualquiera otra empresa extranjera que participa en el esquema de ganancias compartidas de la “apertura”. Ninguna posee aunque sea una acción de PDVSA.
Diera más bien la impresión de que detrás del razonamiento de Peña está el de emplearlo más adelante a la inversa, para clamar por una apertura total del capital de PDVSA a la inversión extranjera una vez que se hubiera hecho trabajar, al empleado público venezolano, en gran ironía, como punta de lanza para facilitar la penetración de capitales foráneos en la empresa estratégica por excelencia de nuestro Estado.
En cambio de esto, proponemos que el Señor Presidente decida pagar enteramente las prestaciones sociales de los trabajadores del Gobierno Nacional con moneda norteamericana de las reservas que actualmente se sitúan en el nivel de 6.000 millones de dólares. (El Presidente del Banco Central de Venezuela, en referencia a la posibilidad de desmontar el control de cambios, ha reconocido esta fortaleza de las reservas de divisas).
Empleando la tasa de 290 bolívares por dólar para los cómputos del pago—nuevamente, en números gruesos—la cancelación de estas prestaciones consumiría 3.500 de los 6.000 millones de dólares de las reservas, dejando un remanente de 2.500 millones de dólares para suplir las transacciones de la cuenta corriente. (El monto promedio de compra diaria de “dólares Brady”, la que en algunos casos ha llegado a la cifra de 30 millones, es inferior a la cantidad de 20 millones de dólares en cada uno de los cinco días hábiles de la actividad bursátil. Esto significa que 2.500 millones de dólares suplen 6 meses a razón de 20 millones diarios, tiempo más que suficiente para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiempo más que suficiente para volver a recuperar el nivel de las reservas en una economía que sería mucho más feliz).
Esta decisión, creemos, tendría las siguientes enormes ventajas: primero, mejoraría de modo instantáneo la economía personal, hogareña, microeconómica de los empleados públicos; segundo, liberaría al gobierno de la pesadísima carga de las prestaciones de sus empleados; tercero, pondría a disposición del mercado un volumen muy importante de divisas en una oferta atomizada que haría imposible la corrupción que tiende a anidarse cuando quiera que hay una fuente discrecional y monopólica de divisas; cuarto, fortalece nuestra posición para nuestro negocio con el FMI. (Anticipamos el siguiente tipo de crítica: “¡Eso es poner en manos de unos tierrúos y patas en el suelo una plata que se van a gastar inmediatamente en Miami!” Como si no fuese precisamente eso lo que hubieran hecho, más de una vez excediéndose en los cupos legales, poblaciones muy distintas a la de los empleados públicos, cuyo ejemplar típico no tiene la menor posibilidad de hacer el viaje mayamero por excelencia. Rogamos se nos excuse la vulgaridad de este comentario. En todo caso, estamos dispuestos a apostar que esa inyección directa de efectivo en dólares a personas naturales venezolanas sería manejada, en conjunto, dentro de una gran racionalidad a pesar de que habría casos aislados irresponsables).
El 1º de mayo de 1996, nueva celebración del Día del Trabajo, es fecha propicia para esta gran liberación.
Nuestra cuarta proposición al Señor Presidente de la República es la de que anuncie, para el día 12 de marzo de 1997, la completa fusión de los bancos comerciales que el Estado venezolano ha llegado a poseer como consecuencia de la crisis bancaria, en un solo gran banco comercial—bajo la denominación de “Banco de Venezuela”—que deberá ser privatizado un año después –el 12 de marzo de 1998– en condiciones que explicaremos más adelante.
En los momentos actuales el gobierno se desgasta cada día ante la miríada de problemas cotidianos que debe atender, y entre estos se encuentra, naturalmente, el engorroso problema de manejar, en función subsidiaria que le es extraña, un numeroso grupo de bancos comerciales de todos los tamaños. El gobierno debería considerar la emulación de PDVSA a este respecto. La casa matriz de la industria petrolera venezolana está llegando a la conclusión de que no tiene sentido mantener, en condiciones monopólicas, tres marcas distintas de gasolina para el mercado local—Lagovén, Maravén, Corpovén—con la consiguiente triplicación de esfuerzos de mercadeo. Así, planea mercadear la gasolina producida por sus subsidiarias bajo una sola marca. (Y abrir el mercado a la competencia de marcas extranjeras).
Del mismo modo debiera el gobierno reducir una docena de dolores de cabeza a una sola y única preocupación: la creación de un gran banco comercial, que durante el tiempo que dure todavía en manos del Estado venezolano se convierta en pivote de la reactivación productiva en Venezuela, mediante un agresivo y a la vez prudente programa de fomento a la industria y el agro nacionales. (Sugerimos adicionalmente que los fondos crediticios de un programa de tal naturaleza sean adjudicados en un 70% por libre solicitud de los interesados en el apoyo a la empresa privada –con los estudios apropiados a cada caso– y en un 30% en unos cuantos campos determinados por prioridades establecidas con criterio estratégico).
Con la fusión de los bancos Consolidado, Latino, La Guaira, Venezuela, República, Progreso, Maracaibo, etcétera, se estaría mejorando en grado apreciable una condición indeseable del sistema financiero venezolano: su excesiva atomización. Sería un paso muy significativo hacia una compactación racional del sector. Y, naturalmente, sería mucho más fácil manejar una sola entidad, que gerenciar toda una bancada diversa que además debiera, en principio, competir entre sí.
De resto, la intención final deberá ser la de privatizar en cuanto sea posible—tal vez de modo más gradual que en el año calendario que hemos sugerido—ese nuevo Banco de Venezuela, obviamente muy atractivo en razón de su tamaño, dando prioridad a inversionistas venezolanos y suramericanos para la compra de la mayoría del capital.
Nuestra última proposición de política económica es la de que el Señor Presidente, en su esperado discurso del 12 de marzo, reafirme la seria intención del Estado venezolano de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a fin de que este organismo apuntale con su financiamiento, en el orden de los montos que han sido manejados como hipótesis de trabajo, la estrategia de la Agenda Venezuela complementada con los cuatro puntos antes sugeridos. Y que el Señor Presidente solicite, reclute, exija, porque así es lo justo, patriótico, sensato e inteligente, el respaldo de todo el pueblo venezolano a las posiciones venezolanas en esta negociación, y especialmente exija que se pronuncien en ese sentido el Congreso de la República, la Convención de Gobernadores, el Consejo Nacional de Alcaldes, Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera.
Es importante que los venezolanos nos demos cuenta de que el Fondo Monetario Internacional no nos estaría haciendo un favor al prestarnos auxilio financiero. Estaría, simplemente, cumpliendo con su deber, por cuanto ésa es exactamente su misión y su sentido. El FMI es un órgano internacional que junto con el Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo) están hechos para ayudar a los países soberanos a solventar dificultades financieras transitorias y enrumbarse en una trayectoria de desarrollo económico. No existe ninguna cláusula de sus respectivas constituciones por la cual deba interpretarse que podrán o deberán suplantar la decisión macroeconómica soberana y autónoma de los países que soliciten su auxilio. Esto sería algo que ni siquiera en casos personales y comerciales se admitiría. Un banco privado puede exigirnos un balance fiel y las garantías que considere necesarias para aceptarnos un pagaré, pero no tiene ningún derecho para decidir por nosotros qué cosas compraremos en el mercado o cuánto deberá destinarse a mesada de los niños.
Venezuela es un miembro fundador del Fondo Monetario Internacional. Más allá de eso, es un miembro que demostró con creces su solidaridad y su interés durante su más reciente época de vacas gordas, por lo que merece un trato respetuoso y no menos pródigo que el que ha recibido, por ejemplo, México, a raíz de su no muy feliz aplicación de las recetas estándar del propio FMI.
Reconfiguración
Pasamos ahora a un territorio en el que podemos movernos con mayor seguridad: el de la gobernabilidad. Pero no la gobernabilidad entendida como gobernabilidad de la sociedad, de la Nación, sino como la gobernabilidad del Estado, la gobernabilidad del gobierno mismo.
Ya está sobrediagnosticado que la propia estructura ministerial es un impedimento mayor al desempeño eficaz del gobierno, y ya es más que evidente que entre las raíces del problema de credibilidad gubernamental se encuentra una emisión de opiniones de funcionarios del gobierno que es frecuentemente inarmónica. Pues bien, sería muy conveniente al Señor Presidente de la República que el gabinete ministerial estuviera construido como una estructura de dos pisos: un piso del Estado, para la atención y el manejo de problemas de gran estrategia, y un piso táctico de las operaciones habituales de servicio público.
En la configuración preferible, al Presidente de la República en tanto Jefe del Estado, deben reportar los ministros de Estado propiamente dichos: los ministros de Relaciones Interiores, Relaciones Exteriores, de Defensa, de Hacienda y de la Secretaría de la Presidencia. Por razones estratégicas fácilmente comprensibles debe reportarle también, por ahora, el Ministro de Energía y Minas. Deben estar subordinados directamente al Presidente de la República, por supuesto, el Procurador General de la República y un Director de Comunicaciones del Estado, junto con un Auditor General del Estado que, desde dentro del Ejecutivo adelante las auditorías y controles que usualmente establece a posteriori el Contralor General de la República, que es un auditor externo independiente.
Pero igualmente debe estarle subordinado un séptimo ministro de Estado: un “primer ministro”, “jefe de gobierno”, Ministro del Servicio Público. Y a este ministro deben reportarle los ministros que él nombre para ocuparse de las carteras de Educación, Salud, Asistencia Social, Seguridad Ciudadana, Sanciones y Rehabilitación, Transporte, Comunicaciones, Obras Públicas y Apoyo a la Economía.
De este modo, sin perder el control último de la prestación de los servicios públicos, el Presidente de la República puede descargar en su Ministro de Servicio Público una inmensa presión cotidiana que distrae su atención de los verdaderos problemas de Estado, a los que este presidente, a nuestro juicio, ha dado respuestas de alta calidad.
Así, se formaría un Consejo de Estado, presidido por el Presidente y sus Ministros de Estado (incluido el de Servicio Público), y un Consejo de Servicio Público, presidido por el Ministro ya referido.
Es obvio que ésta no es la configuración del Gobierno Nacional y que para poder arribar a una estructura similar a la descrita sería necesario que el Congreso reformase un buen número de leyes de rango orgánico. Por esta razón se propone igualmente que el Señor Presidente someta a la consideración de las Cámaras Legislativas y sucesivamente se remita a las Asambleas Legislativas, una enmienda constitucional para la que deberá solicitarse tratamiento de urgencia. Por esta enmienda debe disponerse que el Congreso de la República podrá suspender temporalmente el efecto de disposiciones de las leyes orgánicas de la Administración Pública a petición del Ejecutivo Nacional, siempre y cuando éste presente un “código orgánico ejecutivo” que supla el vacío legal temporal y regule la estructura y funciones del Poder Ejecutivo Nacional. Esto deberá proceder dentro de un lapso fijo, dentro del cual el Ejecutivo deberá someter los proyectos de reforma orgánica necesarios para que el Congreso pueda legislar definitivamente.
Sin una libertad de esta naturaleza el Gobierno Nacional continuaría en la muy impedida situación actual, enmarañado dentro de sí mismo, tratando de manejar una realidad cada vez más compleja desde un aparato engorroso, recrecido y en gran medida obsoleto.
En ulterior detalle puede recomendarse, asimismo, que el Fondo de Inversiones de Venezuela sea readscrito al despacho de Hacienda, junto con la parte de la Oficina Central de Presupuesto que corresponda a los gastos de Estado. En cambio, es recomendable adscribir la OCEI y la COPRE al Ministro de Servicio Público. Resultará conveniente que este ministro asuma la misión adicional de completar los instrumentos jurídicos que den basamento legal orgánico a esta metamorfosis, y para esto la COPRE es pieza de gran utilidad. El actual despacho de CORDIPLAN debe escindirse en dos, para dar paso a una oficina de “análisis de políticas” de la Presidencia –bajo perfil, sin declaraciones de prensa– y una análoga para el Ministro de Servicio Público.
Es deber del Congreso Nacional permitir la libertad necesaria para proceder a la búsqueda de esa configuración ministerial o alguna otra de corte similar. Si se acusa al Gobierno de haber consumido dos años sin que muchas áreas de la acción del Estado hayan mejorado ¿qué puede decirse de un Congreso que tiene la facultad constituyente ordinaria y no ha sido capaz de proceder a la reforma de la Constitución del 61?
El cambio debe darse de inmediato. El estado al que ha llegado la percepción de la gran mayoría de los formadores de opinión en Venezuela no permite creer que con un simple cambio en el elenco ministerial—el que también es recomendable—se dará un vuelco en lo atinente a credibilidad o será probable la consecución de mayor eficacia. En cambio, una configuración como la delineada acá, o alguna otra de análoga intención, permitirá una mejor planeación y coordinación de la acción gubernamental, al tiempo que se tendrá un mayor control de la bastante indisciplinada comunicación del gobierno. Ya tan sólo este último logro justificaría la transformación.
Que vendría a ser, ya no un golpe de Estado ejecutado por algún sector de la oposición o por el mismo gobierno en un “calderazo”, sino un golpe de gobierno llevado a cabo con la mira puesta en un criterio de responsabilidad pública hacia los Electores y sus necesidades.
Otras recomendaciones
El gobierno debe hacer un esfuerzo adicional, continuado y consistente de explicación de sus criterios y posturas. Este es un proceso que debe ejecutarse con la mira puesta en la conciliación. Cierto es que en muchas ocasiones se tergiversa estas cosas, así como también es verdadero que una parte significativa de la oposición es prejuiciada y otra igualmente significativa es definitivamente malintencionada. Esto no quita, sin embargo, que es deber primordial del gobierno producir reiteradas señales generadoras de confianza, para que, entre otras cosas, pueda pedir igual conducta de parte de formadores de opinión que han demostrado, en muchos casos, superficialidad, improvisación y falta de seriedad en sus planteamientos, cuando no pura y simple irresponsabilidad.
Hay base para emprender este otro cambio, esta vez en el plano comunicacional, con tono moderado. Salvo ocasionales reacciones gubernamentales más agudas, de variable recepción por parte de la opinión pública, un examen desapasionado dirá que el gobierno de Rafael Caldera ha sido generalmente discreto en la respuesta a sus críticos más acerbos. A partir de esa discreción digna de encomio sería posible una mejora significativa en la comunicación gubernamental.
Todos sabemos que hay quienes recomiendan en este país “mano dura”, cuando no la dictadura misma. Una dictadura le pedimos a Rafael Caldera: la prohibición total a sus ministros para declarar fuera del área de su competencia. Es una garantía necesaria en una situación en la que ya casi todo el mundo espera una interrupción del período de Rafael Caldera. Así parecieran darlo a entender los recientes comunicados de Fedecámaras, y así parecieran encaminarse proposiciones de renuncia del Presidente como las de Jorge Olavarría, llamados a un referéndum revocatorio que hace el Secretario General de la Federación de Centros Universitarios de la UCV y peticiones de adelantamiento de elecciones como la de Andrés Velásquez.
Un grupo de jóvenes analistas que se llama a sí mismo “comité de crisis”—trabajan para las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, para PDVSA, para el Banco Central de Venezuela—toma pie entre otras cosas sobre gráficos cronológicos de las contradicciones ministeriales y maneja “teorías del reventón” y predicciones de una caída del gobierno para una fecha que se daría entre fines de la Semana Santa de 1996 y septiembre de este año.
A este ambiente, por supuesto, es preciso prestarle atención y cuidado. Creemos que el Señor Presidente debe presentar al país el 12 de marzo un poderoso conjunto de medidas que logre un vuelco dramático a la cada vez más deteriorada situación. Una cosa así podría representarle la recuperación de la iniciativa, que ahora parece haber sido desgarrada y repartida, como botín de guerra, en la cacofónica declaradera de los formadores de opinión. (En este torneo de atrevimiento con frecuencia se manejan argumentaciones falaciosas. Por ejemplo, un documento de Fedecámaras señala que “ningún país aguanta” una devaluación de 170 a 430 en el lapso de dos semanas. Un razonamiento serio no mezclaría, para dramatizar con mayor exageración, el valor oficial del bolívar un día antes de la devaluación a 290 con el valor especulativo del “dólar Brady” diez semanas después).
Pero en todo caso el clamor angustioso y desesperado se generaliza al paso de los días. No hay otra cosa más importante a tomar en cuenta que esta opinión pública para que el gobierno decida actuar de manera contundente. Esperamos la alocución presidencial del próximo 12 de marzo, la que tal vez sea la última oportunidad de encarrilar este vertiginoso proceso.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 26, 1996 | Política, Referéndum |
En alguna parte Dennis de Rougemont refiere la experiencia de alguien que creo era Eugenio Ionesco en Berlín alrededor de 1935. Estaba en Berlín pero no entendía alemán y Hitler le causaba aversión. Pasó por casualidad por un sitio donde Hitler hablaba y se quedó clavado en el punto hasta que el dictador terminó su discurso: magnético, carismático, con una fuerza completamente independiente del significado.
Algo así pasó acá en Venezuela con cada aparición de Juan Pablo II. Casi no importaba lo que decía, tal era la potencia de su aura, de su credibilidad. Miles de personas lloramos emocionados, más de una vez, a lo largo de tres días inolvidables. Ante la dimensión beneficiosa de este impacto toda crítica acerca de costos queda empequeñecida. Ninguna cantidad en ninguna moneda pagaría el bien que el Papa nos hizo con su visita. El más incrédulo de los banqueros, de haber vivido esos tres días, aceptaría un balance en el que cualquier cifra se escribiera para estimar, cosa imposible, el inmenso activo intangible que era Venezuela mientras tuvo al Papa en su territorio.
Y es bueno darse cuenta de que ese activo no se ha esfumado. El Papa fue, en gran medida, tan sólo un catalizador que operó sobre una materia humana que todavía está aquí, que no vino de Roma, sino que vive y sufre acá, pero que también crece acá, todos los días. Es ese pueblo venezolano tantas veces denigrado, menospreciado o despreciado, el que fue capaz de dar un ejemplo teledifundido al resto del planeta, ejemplo de orden y organización, de fe y de optimismo. No aceptemos más nunca, por tanto, el discurso de quienes basan pretensiones políticas o privilegios sociales sobre la falsedad de una supuesta baja calidad del venezolano promedio, la que estaría muy por debajo de las personales cualidades de quienes lo desprecian. Si no hubiera bastado, para desvirtuar tales pretensiones, toda la paciencia exhibida por los venezolanos durante los años recientes, todo el crecimiento de conciencia política en los Electores, la demostración magnífica del 9, el 10 y el 11 de febrero de 1996, en su innegable rotundez, es un mentís definitivo. Los venezolanos estamos orgullosos de lo que hicimos por el Papa, para el Papa y con el Papa.
Seguramente Juan Pablo II no colmó todas las expectativas particulares. No todos tuvieron el protagonismo que deseaban, como en el notorio caso de Irene Sáez, que ahora es cuestionada por un gasto dispendioso que no le rindió los dividendos políticos que esperaba. El Papa tuvo, ciertamente, buenos asesores para esta su segunda visita a Venezuela, y no hubiera sido acertado en absoluto que permitiera la improvisación de una parada no programada en Chacao, porque hubiera sido comprometer de algún modo su carisma con una protocandidata a la Presidencia de la República, que quiso emitir señales que no le correspondían. Ya Irene Sáez se había “robado el show” en Los Teques el día que Mario Moronta asumió la sede episcopal en la capital del Estado Miranda. Por cierto, este popular prelado, de intensa y frecuente aparición por los medios de comunicación del país, tampoco ocupó ningún lugar de preeminencia durante la visita pontificia. De hecho, a los pocos días de culminar la visita, Moronta ya no es el promotor de la causa de José Gregorio Hernández, que al parecer ha sido tomada muy en serio por el Pontífice. El episcopado nacional nombrará en su lugar a otra persona para manejar la promoción, que en los últimos años se había “dejado ganar” por la sorpresiva beatificación de la Hermana María de San José.
Así pues, no todo el mundo obtuvo lo que pretendía obtener, pero quienes no lo lograron son realmente muy pocas personas. La inmensa mayoría del pueblo obtuvo mucho más de lo que esperaba tener, sobre todo cuando no pocos se dieron a criticar, algunos en privado y otros de manera pública, distintos aspectos de la preparación pocos días antes de la llegada del Papa.
Hubo quien no alcanzó a comulgar en La Carlota; allí mismo el Papa no pudo hablar en una improvisación de última hora a causa de una música que le impidió ser escuchado; el “papamóvil” criollo no tenía limpiaparabrisas; el Pontífice rechazó la gorra que un pequeño director de orquesta colocó sobre su insigne cabeza en la ceremonia de la despedida; pero todo esto son pequeños detalles humanos en una gigantesca movilización que para todo propósito resultó impecable.
Una cosa sí debe quedar clara. No fue la Iglesia venezolana la que reunió las multitudes, por más que su trabajo organizativo haya sido altamente encomiable. Fue Karol Wojtyla. Fue el Papa polaco, el Pontífice más popular de toda la historia del catolicismo. Si la Iglesia venezolana quisiera convocar dentro de pocas semanas una concentración humana como la que se reunió el pasado domingo 11 de febrero en Los Próceres, se vería en enormes dificultades para lograr una asistencia de una cuarta parte, aun con los cantos de Soledad Bravo reeditados.
Al ver el inconmensurable poder de convocatoria de Juan Pablo II, al constatar la fuerza increíble de su carisma personal, es lícito preguntarse: ¿quién calzará los zapatos de este Papa cuando le toque la hora de la muerte? Es este un importante problema para la Iglesia de Roma, el que deberá enfrentar dentro de no mucho tiempo, dado el sacrificio de vida que Juan Pablo II ha hecho en su peregrinaje universal.
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 11, 1996 | Política, Referéndum |
A las alturas de la escuela primaria, allá cuando se topa uno por vez primera con la historia universal, una vaga idea de las causas de la caída del Imperio Romano se forma en las cabezas infantiles: ese conjunto cimero de la civilización occidental, esa red de instituciones y héroes, de obras civiles, prescripciones de derecho, arte físico y literario, habría desaparecido por obra de incivilizados invasores, los “bárbaros”, que en asedio inmisericorde habrían dado al traste con el imperio administrado desde Roma.
Algo más tarde, en el bachillerato, en la universidad, tan simplista visión se modifica y hace más compleja. Hasta que tropieza uno con la versión lapidaria de Arnold Toynbee, el estudioso del auge y la caída de las civilizaciones. Para este gran decano de la disciplina histórica la causa principal del derrumbamiento de Roma se encuentra en otro fenómeno más sutil, más ideológico. Toynbee introduce la noción de “proletariado interno” para referirse al gran contingente de ciudadanos romanos que con la irrupción del cristianismo dejaron de regirse mentalmente por el cuadro ético de las virtudes romanas. Los ideales romanos de virtu, asociados con un tono viril, ingenieril, constructor, conquistador y modificador de la realidad, habían sido desplazados por la mansedumbre, la humildad, la pasividad del espíritu cristiano, que se dejaba arrebatar mansamente la vida por gladiadores o por leones con tal de sostener la creencia en el Dios único de los hebreos que ahora se entendía como padre del Dios Jesús.
Así, la cantidad creciente de conversos al cristianismo iba despegándose progresivamente del ethos romano, desinteresándose de los propios fundamentos psicosociales que sustentaban el tejido institucional del imperio. Fue la formación de ese proletariado interno, para Toynbee, la causa real de la caída.
Guardando debidamente las distancias entre un imperio cuasi-universal de hace mil seiscientos años y la Venezuela atribulada de 1995, es posible encontrar acá la formación de un proletariado político interno que se abstuvo de participar en el acto electoral del 3 de diciembre de 1995, el 3D, como lo ha bautizado ya José Vicente Rangel, siguiendo la costumbre y la serie del 27F-4F-27N.
Según estimaciones aproximadas del Consejo Supremo Electoral, la abstención promedio del país estuvo en 52% de los Electores, con extremos de 30 y 60% en distintas zonas. Ese proletariado interno, pues, que se siente engañado, manipulado, ausente, equivale al menos a la mitad de la población nacional. Esa mitad debe dividirse también en dos mitades, aproximadamente, siendo una de ellas la que definitivamente ha desahuciado al sistema político nacional, siendo el resto el contingente de quienes se aproximan más a la indiferencia que al rechazo final.
Pero la mitad recortada de los Electores del país asistió a los comicios y votó; admitió ejercer opciones frente a los cinco menús certificados por el Consejo Supremo Electoral, barco de antes desvencijado y que llegó a puerto después de perder velas y mástiles en su tránsito por el temporal que desataron los partidos. Tal vez el resultado más claro de todos los obtenidos el 3 de diciembre de 1995 es el de la peligrosa ineficacia de los procedimientos electorales venezolanos: lentos, onerosos, vulnerables al fraude y la manipulación. Ahora se dispone de tres años completos para producir un vuelco radical en esos procedimientos electorales: despartidizarlos y mecanizarlos totalmente.
Golpe de estados
Los resultados generales son bastante conocidos. Acción Democrática ha vuelto por sus fueros, capturando más de la mitad de las gobernaciones (12) y unas 140 alcaldías. Toda suerte de comentarios ha merecido este resultado excepcional, que reivindica y relegitima la conducción de Luis Alfaro Ucero y proporciona malas noticias para las aspiraciones de Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi.
Si se totaliza nacionalmente los votos recibidos por las distintas organizaciones de campaña, AD recibió casi el 40% de los votos admitidos. Si se toma en cuenta la abstención (y no se considera los votos nulos, que aumentaron proporcionalmente de modo considerable) ese porcentaje representa, sin embargo, sólo el 15,4% de los Electores. Lo que es una mejora, de todas maneras. Durante el año de 1994 la mayoría de las encuestas señalaban a Acción Democrática como la segunda fuerza con un 14%, lo que, por supuesto, significaba un punto muy bajo en la historia de un partido que alguna vez recibió el 70% o más del apoyo nacional. De todas formas, los logros obtenidos por AD revelan lo profundamente inadecuado de un sistema político que permite a quien obtiene menos del 16 % del apoyo de los Electores, hacerse con el 55% de las gobernaciones y el 61% de las alcaldías.
Desde este punto de vista COPEI también habría tenido progreso, así como el MAS y la Causa R. En 1994 COPEI registraba niveles de apoyo de sólo 9% (ahora sus candidatos fueron apoyados por 10,5% de los Electores) , el MAS 3% (ahora 4,5%) y la Causa R un 6% (esta vez 6,4%). De estos tres partidos el mayor progreso porcentual relativo, en estos términos, habría sido para el MAS (50,5%), luego para COPEI (31,7%), y finalmente la Causa R (sólo 7,1%). (Resultado de dividir la diferencia de porcentajes entre el porcentaje base de 1994).
Convergencia habría sido la única entre las organizaciones políticas con una diferencia negativa. En 1994 Convergencia llegó a registrar niveles de 21% del apoyo de los Electores, y ahora, referida al mismo universo, recibió solamente el 4,1%, para un descenso relativo de 80,5%. (16,9% de diferencia).
Esto pareciera configurar una importante derrota para el gobierno, pero en realidad el gobierno puede considerarse bastante satisfecho, por varias razones: en primer término, porque en términos gruesos, las organizaciones políticas que han mostrado una conducta de mayor cooperación o comprensión hacia la administración de Rafael Caldera obtuvieron en conjunto 60% de los votos admitidos para las gobernaciones; luego, porque con gran sentido de la oportunidad el Presidente de la República anunció su disposición a cooperar con los gobernadores y alcaldes electos el día mismo de la elección en horas de la noche; en tercer lugar, porque no se cumplieron los agoreros pronósticos de quienes creían que la violencia pudiera ser la nota principal del evento del 3 de diciembre (notablemente Oswaldo Álvarez Paz: “…en diciembre Venezuela podría convertirse en un gran bochinche…”—Primer Plano del 5 de noviembre); finalmente, porque el gobierno puede mostrar una conducta irreprochable durante todo el proceso.
En efecto, el gobierno, o más propiamente el Consejo Supremo Electoral, han sido criticados por la sanción a Televén (sacada del aire durante hora y media) y por la militarización del acto de votación y posterior procesamiento de los votos. (Arturo Sosa, S.J.) Pero lo cierto es que Televén intentó “pasarse de viva”, y había comenzado a emitir resultados, con no demasiado disimulo, unos veinte minutos antes de vencerse la hora límite explícitamente estipulada por el Consejo Supremo Electoral, por lo que incurrió conscientemente en desacato de tal disposición. (Después de malabarismos pretendidamente astutos de Rafael Poleo y José Vicente Rangel, con los que anunciaban candidatos ganadores de modo indirecto, Jorge Maza inició los anuncios directos varios minutos antes de las siete de la noche, argumentando que se guiaría por un reloj que habían usado durante todo el día).
Por lo que respecta a la militarización, seguramente la presencia juiciosa de las Fuerzas Armadas permitió el que un proceso tenso y complicado llegara a feliz término, luego de una semana de particular suspenso con los resultados en la Gobernación del Zulia. De hecho, el ex comandante Arias Cárdenas, vencedor por estrechísimo margen de 1.372 votos, reconoció el papel sobrio y sosegador de las Fuerzas Armadas, y se refirió especialmente a la actuación del General Salazar, quien se reveló como poseedor de un carisma que no tiene que envidiarle nada al del General Ítalo del Valle Alliegro de los mejores tiempos, y mucho menos al del Vicealmirante Radamés Muñoz León. Tal vez Salazar sepa administrar este don personal de manera más sabia que la de los otros dos nombrados.
Pero es que además el gobierno supo actuar con una clara demostración de imparcialidad en el caso de Radio Cristal, la emisora del tremebundo Orlando Fernández, a la postre ganador de la Gobernación de Lara y que, a pesar de haber sido apoyado decididamente por Convergencia, se vio castigado con el cierre de su emisora al hacer llamados inconvenientes a la protesta de calle, lo que hubiera podido desembocar en desórdenes de cierta magnitud.
Es así como, a grandes rasgos, las elecciones resultaron ser un fuerte deterioro en la posición de Convergencia y, al mismo tiempo y paradójicamente, un éxito para el gobierno de Rafael Caldera. Evidentemente, este éxito no puede interpretarse como un referéndum a favor de políticas gubernamentales concretas, puesto que los resultados obtenidos coexisten con un marcadísimo nivel de desaprobación popular de, sobre todo, la conducción de la política económica, aunque ya para fines del mes de noviembre la figura del Presidente de la República había experimentado un repunte respecto de la tendencia en descenso del último semestre.
Antecedentes inmediatos
Este resultado moderadamente sorprendente de un repunte en la aprobación de Rafael Caldera probablemente se deba en mucha medida a su aparición por televisión, en larga entrevista que le hiciera, como es más o menos, costumbre, Edgardo de Castro por Venevisión.
La entrevista se convirtió rápidamente en objeto de controversia, gracias a una frase en particular, en la que el presidente Caldera admitió sentir ganas de “fusilar” a quienes, siendo venezolanos, desaconsejaban la inversión en Venezuela en escenarios del exterior. Caldera fue meticulosamente cuidadoso con la acotación de sus instintos: explicó muy claramente que no se refería a cualquiera que lo criticara, sino a aquellos que hacían esta mala propaganda al país en el exterior y a quienes había llamado en una ocasión “traidores a la patria”. A pesar de tales precisiones, y de que en varias ocasiones el Presidente se refiriera a las enormes dificultades actuales, Eliseo Sarmiento, Presidente de Consecomercio, escogió referirse a un discurso inexistente y asegurar que el Presidente de la República había dicho que en Venezuela todo marchaba bien y que lo único malo se debía a quienes lo criticaban por no estar de acuerdo con su política económica. Esto es, argumentó falsamente para negar el programa, como lo hicieron también otros formadores de opinión.
En verdad, la semana que culminó el 3 de diciembre hubiera podido llamarse la “semana de Miguel Rodríguez”. Rodríguez, en esos siete días, había pontificado, en el mejor estilo de la “economía colérica”, en reuniones en el IESA, la Cámara Venezolano-Norteamericana, la Universidad Simón Bolívar y el hotel Tamanaco (Grupo Santa Lucía). Fue, sin duda, el más destacado “fusilable” de la semana preelectoral, aunque también resaltaron las participaciones de Gerver Torres y Moisés Naím. Este último declaró que creía que el presidente Caldera terminaría aprendiendo por fuerza de los hechos económicos, pero que tal aprendizaje sería el más costoso del mundo. (Naím evidencia de este modo que en su ideología considera tal cosa más costosa que los centenares de muertos del 27 y 28 de febrero de 1989 y del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, junto con la zozobra de las bombas terroristas de 1993, sucesos todos que parecen no haber bastado para que ni él ni Carlos Andrés Pérez hayan aprendido).
No faltó, naturalmente, la consabida declaración de Arturo Úslar Pietri, quien probablemente ya ha tomado demasiado la palabra para repetir una vez más sus ideas favoritas: que esta crisis es muy grande y que la misma se arregla con doce apóstoles que deben conformar un comando de crisis. Tampoco supo callar su boca el ex presidente Herrera Campíns: dijo que ahora entendía por qué Caldera habría dejado de ser socialcristiano, aunque nunca dijo lo mismo de las proposiciones de pena de muerte de la senadora Haydeé Castillo, a quien, es de suponer, Herrera sigue considerando muy socialcristiana.
En fin, una capacidad notoria para fijarse en lo accesorio y para deformar y distorsionar los discursos proferidos por el Presidente de la República. Esta vez no estuvieron acompañados por la opinión general, en cuyo seno aumentó, aunque ligeramente, el apoyo a la figura de Caldera. La entrevista que de Castro le hizo seguramente le reportó mayor cantidad de simpatías que de críticas, tomando en cuenta el universo total de Electores, mientras obtuvo mayor rechazo en quienes estaban a la caza de defectos.
De esta misma manera se criticó un sustantivo con el que el inconsciente traicionó al Presidente la noche de la elección. Queriendo decir que le preocupaba la alta tasa de abstención, lo que dijo fue que le preocupaba la alta tasa de inflación. Pocas horas después, en reuniones de impenitentes carlos-andresistas se usaba ese desliz freudiano para argumentar a favor de la inhabilitación de Rafael Caldera. Por supuesto, quienes esto argumentan sobre base tan deleznable nunca propusieron la inhabilitación de Carlos Andrés Pérez cuando acuñó el grave sin sentido de “ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario” allá por 1975, ni tampoco se han detenido a considerar que el muy joven Gobernador Electo del Estado Carabobo (31 años), se refirió dos veces a la presencia de una “brocha (sic) generacional”, cuando fue preguntado la misma noche del 3D por la participación juvenil en su triunfo electoral.
Poco antes de la controversial entrevista televisada (y repuesta al día siguiente) de Caldera con de Castro, se había producido la defenestración de Carlos Bernárdez, ahora fuera del gobierno. A este hecho hizo referencia explícita Rafael Caldera en la entrevista en cuestión, y seguramente el evento fue una importante señal hacia la opinión pública, además de constituir un fuerte respaldo a Luis Raúl Matos Azócar. En la juramentación de Alberto Poletto como sucesor de Bernárdez en el Fondo de Inversiones de Venezuela, Matos Azócar aparecía como el testigo privilegiado, invitado intencionalmente para reforzar aún más su autoridad como líder de la política económica gubernamental.
Todo el debate nacional sobre las conversaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional gravitó necesariamente sobre los resultados electorales, aunque esta vez los factores locales tuvieron probablemente más peso en la decisión de voto de cada Elector. No otra cosa dominaba la mente de los Electores con mayor fuerza que la economía, pública y privada, puesto que ninguna otra cosa acaparaba más espacio y tiempo en los medios de comunicación y las conversaciones civiles.
Probablemente no hubo ningún momento en la vida del sistema de elección universal, directa y secreta en Venezuela en el que hubiera sido vapuleado un gobierno como lo ha sido el actual en los últimos meses. Tal vez entre 1991 y 1992 haya sido tan fuertemente golpeado el último gobierno de Carlos Andrés Pérez, aunque muchísimo más rechazado que el último gobierno de Rafael Caldera. Pero la dureza, frecuencia y cobertura de los ataques y problemas que han gravado los hombros de Rafael Caldera son algo inusitado.
Milagro de María de San José; eventos de San Román y del Domo Bolivariano; rumores de golpe para octubre aderezados con “historias vivas” y peticiones de renuncia; aumento de la gasolina; decenas de informes, conferencias y declaraciones de nacionales y extranjeros sobre “el desastre”; Banco Andino, Semary, Weill, con sus ataques a los Caldera en general y al Ministro de Hacienda; impasse del presupuesto entre éste y el Congreso; discusiones con el Fondo Monetario Internacional; devaluación. Todo ha sido criticado con acritud. Es extraordinariamente raro encontrar un caso de reportero, articulista, editorialista, que encuentre algo de bueno en lo que el gobierno hace. Parece sospechoso que un gobierno, por muy malo que sea, no pegue una.
En todo caso, esta fue a grandes rasgos la secuencia presentada a la psiquis de los Electores. Entre sus riscos se hundían las inversiones de transnacionales petroleras, la aprobación del esquema de apertura del petróleo venezolano en mayores y nuevas de esas inversiones, el pacto anti-inflacionario, la comisión de prestaciones sociales, la descentralización de la educación y el aumento de la libertad de determinación curricular por parte de los centros educativos, la disminución de los índices de mortalidad criminal y por ende la elevación de los índices de seguridad. Todo esto es remitido a tépidas y reducidas aprobaciones o aun el mero reconocimiento en los medios, en las conversaciones de Electores.
A veces desde afuera se ve mejor. Decía el CS First Boston el 14 de noviembre de este año, hace un mes: “A comienzos de 1994, la Administración Caldera heredó un país con severos problemas económicos. Pero, con excepción de un frágil sector bancario, el país estaba en gran medida libre de distorsiones macroeconómicas. Las crisis de 1994 en el sector bancario, y los subsiguientes controles al capital, sin embargo, introdujeron varios problemas macroeconómicos mayores… No obstante, la Administración Caldera merece altas calificaciones por la restauración de la estabilidad política a una nación que estaba al borde del caos social. Las insurrecciones militares, la disensión política y las erupciones sociales, fueron rápida y calladamente disueltas por el nuevo gobierno”. (CS First Boston, Economist Department, Latin America Research: Venezuela: Light at the End of the Tunnel?)
La tercera ola
El gobierno está emitiendo variadas señales de la inminencia de una bifurcación en la orientación de sus políticas. Para eso se apoya en su entendimiento básico con Luis Alfaro Ucero, en su alianza con el MAS, en su Convergencia, hasta en el curioso soporte que prometen sus críticos. (En la reunión del Grupo Santa Lucía del 2 de diciembre, la proposición final de la presidencia de la mesa fue la de aprestarse a ayudar al gobierno, lo que sigue, por cierto, a una apertura complementaria de Caldera en ocasión de la entrevista televisiva varias veces mencionada, en la que el Presidente de la República pidió cooperación).
Pero podría conseguir un importante apoyo en dos juegos diferentes de interlocutores nuevos: los gobernadores y alcaldes electos. Ya hemos notado que el Presidente de la República habló de convocar, desde enero, y en sucesión, la Convención de Gobernadores y el Consejo Nacional de Alcaldes.
¿Qué temas pudieran tocarse en esas reuniones? ¿Cuáles serían las posiciones mayoritarias entre gobernadores y alcaldes ante posibilidades como las de una Asamblea Constituyente y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Son materias éstas para ser consultadas a gobernadores y alcaldes?
En todo caso se podría decir que se está frente a casi dos cámaras nuevas: un breve senado de gobernadores y una extensa cámara de alcaldes, que prefiguran el futuro modo de elegir representantes a una legislatura nacional bicameral: uninominalmente a dos senadores por estado y a un diputado por cada municipio.
Se trata, claro está, de dos “cámaras ejecutivas”, las que guardan importantes y muy básicas diferencias entre sí: el Consejo Nacional de Alcaldes reúne a ejecutivos municipales fundamentalmente autónomos; la Convención de Gobernadores reúne a ejecutivos que no han perdido su carácter de gestores del Ejecutivo Nacional, por más que hayan sido elegidos directamente por los ciudadanos. (Primer párrafo del Artículo 21 de la Constitución Nacional: “El gobierno y la administración de cada Estado corresponde a un Gobernador, quien además de Jefe del Ejecutivo del Estado es agente del Ejecutivo Nacional en su respectiva circunscripción”. Ordinal 1º del Artículo 23, sobre las atribuciones y deberes del Gobernador: “Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes, y ejecutar y hacer ejecutar las órdenes y resoluciones que reciba del Ejecutivo Nacional”).
Esta calidad de autonomía municipal que no tienen los estados en los que se divide Venezuela, no proviene de la Constitución de 1961, ni siquiera de la de 1830 o de la primera constitución republicana. La entidad de los municipios era ya una institución española de nuestro período colonial. De hecho, los primeros protagonistas de la Independencia no son los países: son los municipios, son las ciudades. Es el Ayuntamiento de Caracas, y no la Capitanía General de Venezuela o la provincia de Nueva Andalucía, el que envía la primera comunicación suramericana de emancipación.
En cambio los estados nunca han tenido esa entidad. Don José Antonio Giacopini Zárraga los considera en gran medida una creación artificial, pues a su juicio en la Venezuela de 1811 se pretendió tener la República antes de tener la Nación. Y en 1964 el inolvidable Arístides Calvani hacía respecto de los estados la siguiente observación: “¿Cuál es su fundamento económico? ¿Cuál es su fundamento geográfico? ¿Cuál es el fundamento humano de esta división político-territorial? No existe. Allí está. Es así y a ella nos atenemos. ¿Por qué hay 20 estados y no 21? ¿Por qué hay 20 estados y no 15? Nadie estaría en capacidad de decirlo, salvo que la ley fija 20 estados. Eso es todo”. El día que Venezuela llegue a federarse con otros países en la Tierra de Gracia de América del Sur, probablemente disminuya de modo aún más pronunciado esta identidad de los estados como división territorial de los venezolanos.
Pero entretanto los gobernadores existen y disponen, aunque con limitaciones. Los alcaldes y su poder sí no tienen discusión. Hacia estos dos estamentos recientemente refrescados vuelve ahora su mirada el Ejecutivo Nacional. Será para más adelante una tercera ola constituyente, luego de que la ola de los alcaldes sobrepuje la ola de los gobernadores y su golpe de estados del 3D.
Los nuevos
Con toda esta revolución regional y municipal se ha activado ya el arranque de la campaña presidencial de 1998. Nuevas caras han emergido, para sumarse a las de los eternos candidatos irreductibles. (Eduardo Fernández, por ejemplo, quien desea “recuperar su protagonismo”). De varias de esas nuevas posibilidades venía hablándose desde hacía ya un cierto tiempo, como en el caso de Irene Sáez y aún antes en el de Henrique Salas Römer.
Cada uno de estos dos basa su presencia en la imaginación política que los visualiza en la Presidencia de la República, sobre su fama de buen gobernante local. Irene Sáez es con mucho la favorita. Registros de fines de octubre indican que obtenía un 34% de respuestas favorables a la pregunta si las elecciones presidenciales fueran hoy ¿por quién votaría?
Hasta ahora, claro, no se conoce cuál es la “visión de Estado” de Irene Sáez. Las veces que ha aparecido entrevistada en televisión y recibe preguntas que trascienden a lo municipal, se refugia razonablemente en la salida de que su interés exclusivo reside por los momentos en Chacao y sus circunstancias. Tampoco ha sido confrontada nunca. La Srta. Irene Saéz mantiene un halo de intocable que no puede durar mucho tiempo, sobre todo si llegara a aspirar a la Presidencia de la República. En ese caso ya no sería la candidata unánime de todas las fuerzas políticas, y tendría que defenderse con argumentos más sustanciosos y responsables que las muñequitas imitación de Barbie con marca Sáez.
Salas Römer, por su parte, también ha sabido acumular un prestigio de buen gobernante, esta vez en un cargo de mayor nivel que el de una alcaldía, hasta el punto de haberse perpetuado indirectamente en Carabobo por la persona interpuesta de su hijo Salas Feo. Tampoco ha hecho explícita su visión de país, su idea de un proyecto para Venezuela, pero trae un mayor tiempo de involucración que Irene Sáez con la problemática nacional, al menos desde que fundó Strategyon, un centro de análisis del proceso político-económico venezolano. Junto con Sáez comparte la imagen de buen gerente o administrador, y un cierto carácter de “outsider” (menos que Sáez), reforzado por el hecho de que la candidatura de su hijo se impuso en contra de los designios de COPEI. (En su momento se comentó que el “veto” copeyano a Henrique Salas Feo habría sido un intento de Eduardo Fernández por vulnerar una previsible candidatura presidencial de Henrique Salas Römer).
Quien seguramente no puede presentarse como outsider es Antonio Ledezma, que ahora se perfila como fuerte precandidato a la candidatura adeca para 1998, y que ha decidido transitar por la misma trayectoria de Claudio Fermín: de la Alcaldía de Caracas al Palacio de Miraflores. El estilo de Ledezma corresponde al del operador de mercadeo electoral, pendiente más de las señales que de los significados. En una “operación pantalla” pocos días después de las elecciones, fue “sorprendido” por fotógrafos montado sobre una escalera recostada de un poste del que retiraba su afiche. Tendrá Ledezma, por otra parte, que resolver el problema de su “perecismo”, sobre todo si quiere ser candidato dentro de un partido controlado por Luis Alfaro Ucero, quien ha declarado hace pocos días que ni Pérez ni Lusinchi tienen nada que buscar en Acción Democrática.
Pero gobernadores y alcaldes electos aparte—hasta Arias Cárdenas ha dejado entrever que no descarta una candidatura suya a la Presidencia de la República—el más nuevo de los nuevos es, sin duda, Miguel Rodríguez, economista que junto con Hugo Farías y Gustavo García compone el grupo que exhibe el estilo de “economía colérica”. Lejos de emitir sus opiniones profesionales con distancia clínica y serenidad, estos tres economistas exponen sus ideas con gran vehemencia, en muchas ocasiones con un aparente nivel de disgusto que no tiene que envidiar nada a las más puras expresiones furibundas de, pongamos, Andrés Velásquez.
Miguel Rodríguez fue, como se sabe, Ministro Presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela y luego Presidente del Banco Central de Venezuela durante el último gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hace unos 10 años llamó la atención del entonces precandidato adeco a raíz de un interesante trabajo suyo en el que mostraba cómo era que el excedente financiero del sector público, proveniente de los súbitos y marcados aumentos de precios del petróleo durante el primer gobierno de Pérez y el de Herrera Campíns, había sido en gran medida transferido al sector privado y luego seguido la apátrida lógica del capital hasta los depósitos en dólares que algunos venezolanos mantienen en cuentas del exterior. Poco después de este estudio Miguel Rodríguez pasó de ser asiduo visitante a la Torre Las Delicias, cuartel general de Pérez, a miembro de un staff en el que ya destacaban Beatrice Rangel y Reinaldo Figueredo Planchart, hoy algo alejados de la geografía nacional.
Después de la “semana de Miguel Rodríguez”—la semana que terminó el domingo 3 de diciembre—el combativo profesor e investigador del IESA lideró una reunión para la constitución de su movimiento político en las oficinas del ingeniero Leopoldo Baptista Zuloaga, y a la que asistió un interesante grupo de partidarios del libre mercado, entre los que se encontraba, según reseña de prensa no desmentida, el copeyano Oswaldo Álvarez Paz.
Demócratas y republicanos
En conversación de hace poco más de un mes, el ingeniero Humberto Peñaloza nos hacía la siguiente observación: en Venezuela no ha existido nunca un partido republicano; todos nuestros partidos son demócratas. Peñaloza alude, naturalmente, a la terminología norteamericana, y elabora para explicar la diferencia entre los dos polos de la política de los Estados Unidos: los demócratas se ocuparían del método de gobierno, del método político general; los republicanos en cambio, colocarían el foco sobre la res publica, sobre la casa republicana de todos.
En análisis de Peñaloza, nuestros partidos demócratas—siendo el principal y nuclear Acción Democrática—habrían puesto el énfasis en el demos, según él, para asolar la res publica. El corolario de su razonamiento se cae de maduro: en Venezuela habría que fundar un partido republicano.
Algo de premonitorio hubo en esta percepción de Peñaloza, pues a los pocos días de las elecciones del 3 de diciembre resonó en COPEI la insólita proposición de aliar a este partido con el MAS y la Causa R para hacer un frente contra Acción Democrática. (No se mencionó a Convergencia en esta idea, pero la tesis de reunión de la “familia socialcristiana” renació por los predios no herreristas de Eduardo Fernández).
¿Estaremos a las puertas de un nuevo esquema bipolar en las organizaciones políticas venezolanas? ¿Hay algo de natural y lógico en un sistema bipartidista? En la fisiología del cuerpo humano podemos encontrar analogías de esta disposición. El sistema nervioso central (el gobierno), no es el único regulador nervioso del funcionamiento corporal. De hecho, son mucho más activos los componentes autónomos del sistema nervioso: el sistema simpático (demócrata) y el sistema parasimpático (republicano). Ambos sistemas coexisten dentro del cuerpo en un proceso de constante oposición. El tono general del sistema simpático es más acelerado, mientras que el de su opuesto, el sistema parasimpático, es de desaceleración (conservador).
No poseemos una teoría política por la cual sea posible prescribir como más sano que otros sistemas políticos un sistema bipartidista. En América Latina se han dado sistemas bipartidistas—siendo el más cercano ejemplo el de los Conservadores y Liberales de Colombia—con logros de dudosa evaluación y, en todo caso, no demasiado similares al de los sistemas norteamericano e inglés. Pero resulta sugestivo imaginar que verdaderamente el espectro partidista venezolano llegue a organizarse entre dos polos, siendo uno de ellos Acción Democrática.
En este caso, ¿en cuál de los dos polos se afiliarían los más notorios personajes de nuestra política vernácula?
Seguramente encontraríamos a Rafael Caldera del lado demócrata, junto con Acción Democrática, el MAS, la Causa R. Seguramente hallaríamos a Miguel Rodríguez del lado republicano, en compañía de Uslar, Olavarría, COPEI (al menos el de Eduardo Fernández y Oswaldo Álvarez Paz). De estilo demócrata (que no democrático) es ciertamente Convergencia, mientras parecen ser estilísticamente republicanos pequeños movimientos de nuevo cuño como Factor Democrático. Siempre quedarán por fuera de tan nítida disposición los radicales de cosas tales como el MBR 200, y probablemente personajes como Pablo Medina, el más derrotado de los candidatos a gobernación alguna, junto con algún indeciso que no podrá ubicarse en “ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario”.
Pero es posible que los resultados del 3D realmente lleven a una reorganización bipolar. Paradójicamente, la fragmentación local y regional de la acción política, impulsada por la elección directa de gobernadores y alcaldes, refuerza esta tendencia bipolar. Si bien todavía es posible hablar de cinco núcleos partidistas con significativa presencia electoral—AD, COPEI, Causa R, MAS y Convergencia—parece probable que se dé la predicción de Eduardo Fernández sobre una fusión de COPEI y Convergencia, en cuyo caso esta “familia socialcristiana” (con algunos de dudosa ideología en materia de fusilamientos y penas de muerte) habría recibido un 35% de los votos admitidos para la elección de gobernadores, y junto con el polo acción democratista conformarían hoy en día el 74% de las preferencias a escala nacional. (Si se excluye del análisis la desafección de quienes no fueron a votar el 3 de diciembre próximo pasado).
El evento electoral del 3 de diciembre puede haber sido, entonces, un punto de inflexión en la política venezolana. Habiendo ocurrido a fines de este peculiar año de 1995, da pie para pronosticar un año de 1996 bastante movido en materia política. Probablemente se verá, como apuntamos, la definición de la política económica gubernamental, algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un intento de cambiar solvencia por liquidez en el Erario Público.
Pero tampoco ha desaparecido del panorama la atractriz de una Asamblea Constituyente. La necesidad, por un lado, está allí. La obsolescencia del marco constitucional de 1961 es evidente. Por otra parte, la “clientela” inicial de un expediente de esa clase reside en ese 52% de abstención que no fue atraída por las opciones presentadas el 3 de diciembre. Y, también, hay activismo y trabajo en esta dirección.
El año de 1996 será un período de definiciones, redefiniciones y reagrupaciones en el orden económico y político. Ambas dimensiones, la política y la económica, se encuentran a punto de ruptura. La económica porque los resultados de la administración de Rafael Caldera a nivel de la economía individual y familiar, corporativa y pública, si bien racionalizables con una apelación a las dificultades impuestas por la crisis bancaria, no son en absoluto satisfactorios. Por lo contrario, la inflación continúa, la devaluación se repite, el gasto público prosigue aumentando a saltos.
La dimensión política, por el otro lado, continuará asediada por las interrogantes ya consolidadas: la validez de nuestro sistema electoral y de partidos, el estilo de Realpolitik, el muy considerable proletariado político interno que se siente decepcionado y frustrado.
Es por esto que no debiera haber mucho descanso navideño para los actores políticos principales del país. El año que se les encima es complicado, y si bien el 3 de diciembre representó una suerte de transfusión renovadora, probablemente no lo fue en proporción suficiente como para asegurar un progreso con vocación de longevidad.
El 3D puso en evidencia las debilidades orgánicas de nuestro sistema político, que para llevar a cabo una operación estrictamente civil, debió recurrir a la toma militar del país para que fuese posible culminar el proceso electoral a duras penas. Por esto queda recrecida ahora la sección política de una Agenda Venezuela, respecto de la que el Ejecutivo Nacional tiene la máxima responsabilidad. Pero también deberán mostrar lo suyo los nuevos gobernadores y alcaldes. De su conducta dependerá en mucho el destino de esta res publica venezolana, haya o no un partido que se dedique a defenderla.
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 11, 1996 | Política, Referéndum |
La potencia con la que comienza el año el gobierno de Rafael Caldera es considerable. La actividad del Presidente de la República es de tal grado de intensidad y variedad que tiene a los demás actores políticos a la expectativa y en análisis o, simplemente, paralizados. Ha recibido visitas de los gobernadores y alcaldes electos más significativos, y ha asistido a la toma de posesión de aquellos a los que ha querido distinguir de algún modo; está a punto de producir una decisión en torno al punto crucial del régimen de prestaciones sociales; produce un discurso de Año Nuevo de casi unánime aprobación; ha recibido a nadie menos que Alberto Fujimori y se apresta para recibir al Papa; aparece en la fiesta aniversaria de COPEI…
Seguramente ha sido este último el golpe más vistoso del Presidente. Caldera se “robó el show” de la fiesta aniversaria de los 50 años de la fundación del partido verde, evento de 1946 en el que no estaban presentes, por cierto, ni Luis Herrera Campíns, ni Donald Ramírez, ni Eduardo Fernández, pero sí estaba, como protagonista principal, Rafael Caldera Rodríguez. Llegando sin previo aviso al sitio de la celebración, desarticuló las defensas de un sorprendido Comité Nacional, cuyos miembros no tuvieron más remedio que recibirle con saludos que iban desde la frialdad más comedida hasta la efusión más sincera, en medio de una algarabía de los presentes que vocearon consignas en pro de la unidad de los políticos socialcristianos.
Menú de verduras
Hacia fines de 1993, ya electo Rafael Caldera, escribíamos, el Día de la Inmaculada, un artículo que fue publicado en El Nacional y que queremos reproducir in toto: “Poco falta para que en Oslo los señores De Klerk y Mandela reciban juntos, hermanados, el Premio Nobel de la Paz. ¿Es que hay en Venezuela una rencilla de mayor monta que la que representaban Mandela y De Klerk en Africa del Sur?
Hoy en día las Alemanias separadas ya son una sola, hoy en día los Estados Unidos y Rusia cooperan, Israel y la Organización para la Liberación Palestina cooperan. ¿Son los conflictos venezolanos más importantes que los de estos antiguos enemigos?
En 1992, ¿había entre COPEI y Pérez una diferencia menor que la que hay hoy día entre COPEI y Caldera? En ese año la intención del salvamento de la democracia sirvió para la participación de COPEI en el gobierno de Pérez. ¿Es que hoy en día la situación nacional es menos apremiante que entonces?
Es difícil encontrar algún punto en la «carta de intención» de Caldera, resumen de su programa de gobierno, que colida frontalmente con algún postulado doctrinario de COPEI. ¿Qué argumento podría esgrimirse, entonces, para que COPEI negara su apoyo a Rafael Caldera? La carta de intención mencionada es, como se ha hecho habitual en la política venezolana, un discurso con el que es muy difícil decir que se está en desacuerdo. No, la resistencia del alto mando copeyano a la cooperación con el gobierno de Caldera no tiene origen programático. Es la resultante de una competencia por el mismo objetivo: el poder.
Pero, ¿qué han dicho los dirigentes copeyanos, en advertencia a Caldera, que no pueda ser de inmediato y con mayor gravedad aplicado a COPEI y su más reciente candidato? ¿Que Caldera ha recibido solamente el apoyo de dieciocho por ciento de los electores? El candidato de COPEI recibió el doce por ciento. ¿Que Caldera dice que algunas cosas del paquete perecista permanecerán? COPEI no puede pelear con eso. Ni Caldera, por supuesto, puede pelear por eso con COPEI.
En 1979 asumía la Presidencia de la República Luis Herrera Campíns, candidato de COPEI. También asumía la Secretaría General del partido Eduardo Fernández. En el acto de proclamación de Eduardo, Caldera arremetió con un fuerte discurso, mucho más fuerte que el atributo de «inmaduro» que ahora endilgó a Oswaldo y Andrés Velásquez por no haberle reconocido su triunfo con mayor prontitud.
Pero a pesar de aquel acre discurso de 1979 contra, fundamentalmente, Pedro Pablo Aguilar, más cercano a Luis Herrera, COPEI terminó ofreciéndole a éste su «solidaridad inteligente», como queriendo decirle que no se le entregaba al presidente de entonces un cheque en blanco, por más copeyano que fuese. ¿Es que Caldera no puede recibir de COPEI al menos una solidaridad de ese tipo? Si esa fue la solidaridad que él ofreció por intermedio de Eduardo Fernández, ¿no debiera ofrecérsele al menos eso mismo?
La estrategia de la dirigencia copeyana de los años recientes no ha llevado al éxito candidatural. COPEI perdió en 1983 con Rafael Caldera, perdió con Eduardo Fernández en 1988, perdió con Oswaldo Álvarez Paz en 1993. No hay cifras ni malabarismos interpretativos que puedan ocultar o disimular esos hechos, por más laudable que sea el esfuerzo de los líderes copeyanos por animar a una militancia dolida. Pero no todo lo que la dirigencia copeyana ha estado haciendo puede estar equivocado, o no habrían obtenido, primero en las encuestas y luego en las elecciones, la votación más alta entre las organizaciones políticas. Esa es precisamente la contradicción que hay que explicar.
Lo indicado ahora para COPEI es la reflexión más profunda y cuestionadora sobre lo que habían venido siendo sus esquemas estratégicos, evidentemente equivocados en grado importante. O su dirigencia actual recapacita y enmienda, o la población copeyana encuentra un nuevo liderazgo, o COPEI va hacia su desaparición. Pero el camino de la recuperación de COPEI no pasa por la contestación de rabieta con rabieta. Si COPEI ha sido un consecuente defensor de los entendimientos, hasta con los adversarios doctrinales de antaño, ¿cómo podría justificar su negación a cooperar con Rafael Caldera?
La tragedia de COPEI consiste en que sus líderes, en gran medida, han hecho la política que Rafael Caldera les enseñó a hacer. Pero la solución de COPEI es la política, no la polémica. Puede cooperar con Caldera, debe cooperar con Caldera, exigiéndole a éste un tratamiento respetuoso.
Para empezar, COPEI debe leer con mucho detenimiento la carta de intención de Rafael Caldera. Debe determinar a cuáles de sus planteamientos creerá que debe oponerse, si es que existe alguno, y decirlo leal y abiertamente al Presidente. Pero decirle también: en todo lo demás, cuente con nuestro apoyo”.
No tenemos razón hoy para modificar una sola coma del texto anterior. La estructura del problema es la misma y por tanto la solución debe discurrir por el mismo cauce. Más aún, los resultados del 3 de diciembre de 1995 indican que es urgente para la “familia” socialcristiana algún tipo de dilucidación de su problema. Por el lado del calderismo, Convergencia poco menos que ha desaparecido, mientras que COPEI resultó igualmente muy vapuleado.
Por supuesto, la acumulación de resentimiento de ambos lados es considerable y, lamentablemente, las organizaciones políticas no escapan a la pequeñez. Más peso tienen, habitualmente, las rencillas, las listas reivindicatorias, que los intereses más fundamentales. Es por esto que la reunificación socialcristiana es harto difícil.
Sin embargo, debería ser menos difícil que poner en práctica la peregrina idea—que no fue rechazada por Donald Ramírez, nada menos—de constituir entre COPEI, el MAS y la Causa R una alianza contra Acción Democrática. Es síntoma de pequeñez, de pérdida de la conciencia política profunda, el estar dispuesto a componendas tan absurdas como la de esa alianza porque Rafael Caldera no saludó a alguien o Andrés Caldera despidió de su puesto a tal o cual copeyano. Como tampoco el Presidente de la República debe oponerse a una reunificación socialcristiana porque Felipe Montilla haya empleado el adjetivo “perverso” en relación con supuestas intenciones del calderismo.
Pero aun si se produjese esa reunificación, no se habría logrado nada si COPEI continúa siendo lo mismo que ha venido siendo hasta ahora. Así como el Estado venezolano, así como Acción Democrática, COPEI necesita sufrir una reingeniería profunda. En 1994 esta publicación incluyó un “Estudio copeyano”, en el que se apuntaban, entre otras, cosas como la siguiente: “A la fundación de COPEI, estas siglas designaban a un «Comité de Organización Política Electoral Independiente». La designación de partido «socialcristiano» o «demócrata cristiano» fue una consideración posterior aunque, naturalmente, respondió a la ideología predominante entre los miembros fundadores, provenientes de institutos de educación católica. COPEI podría volver a pensarse a sí mismo como un comité de operaciones políticas y electorales, dejando a la dimensión personal de sus militantes el problema ideológico y ético de guiarse en la acción política por un código de criterios de inspiración cristiana o, más concretamente, de inspiración en la doctrina social de la iglesia católica… Es decir, COPEI no insistiría en una aglutinación ideológica tan «integrista» como llegó a plantearse a partir de los años sesenta, conformándose con establecer un «límite socialcristiano». Esto es, abandonaría toda esperanza de deducir políticas a partir de primeros principios y en cambio rechazaría toda política que fuese incompatible con el código de valores del socialcristianismo”. (Vol. 1, Nº 8, 19 de octubre de 1994).
Quien parece estar trabajando en la dirección de la reunificación socialcristiana es Eduardo Fernández. Recientemente pasó trabajo tratando de justificar la presencia de Caldera en el acto aniversario, ante una mayoría de opiniones contrapuestas y seguramente continuará en la misma dirección por algún tiempo. Del lado contrario encontrará a Luis Herrera Campíns, Donald Ramírez, Felipe Montilla, Gustavo Tarre Briceño, a pesar de que este último escribió no hace demasiado tiempo: “Copei significa demasiado para Caldera, para que puedan existir barreras que le separan de su obra más importante, que es precisamente el partido. Caldera significa demasiado para el alma de Copei y creo que, a pesar de todo nunca perdió vigencia la afirmación de que en Copei, el que no es calderista no es copeyano”. (Carta abierta a los copeyanos, Ediciones Centauro, segunda edición, junio de 1990).
En buena medida es Rafael Caldera quien tiene el sartén tomado por el mango. Como lo demostró su aparición inesperada en el acto aniversario del partido que fundó en 1946, es muy difícil que dirigentes copeyanos inteligentes y de verdadero peso específico puedan articular un rechazo montado sobre argumentos convincentes.
De nuevo, la autocita. En el Nº 0 del Volumen II de esta publicación (abril de 1995) escribíamos esto: “En 1987 Rafael Caldera comunicó al pueblo copeyano que pasaba a la reserva del partido, como resultado de su derrota ante Eduardo Fernández en la selección del candidato de COPEI para las siguientes elecciones presidenciales. Caldera jamás dijo que renunciaba a COPEI, y el propio partido no se atrevió, como si lo hizo Acción Democrática con Carlos Andrés Pérez, a expulsarlo de sus filas, limitándose a producir una bizantina declaración en el sentido de que el propio Rafael Caldera se habría puesto al margen de la militancia al aceptar su postulación presidencial desde otras toldas diferentes a las de COPEI. ¿Qué pasaría hoy si se le ocurriera decir a Rafael Caldera que ha salido de «la reserva»? ¿Cómo podría manejar COPEI una jugada de esta naturaleza?”
Blanco es el mantel
Son los resultados electorales recientes los que, por supuesto, motivan la sorpresiva “apertura” de Rafael Caldera. El telón de fondo es blanco ahora en su mayor parte, a partir del 3 de diciembre, y por más que hasta ahora ha sido Acción Democrática la más “comprensiva” entre las organizaciones políticas en relación con las necesidades legislativas del gobierno de Caldera, éste no puede presumir que tal actitud sea de vida perdurable y, aunque lo fuera, no debe resultarle agradable la perspectiva de depender para todo de las decisiones de Luis Alfaro Ucero.
Que este señor es el señor de Acción Democrática no puede ser discutido, hasta el punto de que si este partido tuviese que determinar hoy quién sería su próximo candidato presidencial, Luis Alfaro Ucero no tendría opositores. Así se cuidó de decirlo, por ejemplo, Lewis Pérez, uno de los mencionados como presidenciables, ante militantes que le presionaban sobre el tema.
Alfaro ha procedido, por lo demás, a completar la purga del partido. Lo que pudiera quedar de perecismo con alguna posibilidad de influencia ha sido suprimido, en medida tempranera de este año de 1996 que define un punto clave de la política acciondemocratista, antes de que la Corte Suprema se haya pronunciado en el caso contra Carlos Andrés Pérez.
Esto tiene un significado adicional: Antonio Ledezma no está en la lista de los execrados, y eso le deja vivo como protoprecandidato de Acción Democrática para 1998. Ledezma suena mucho más, por supuesto, que el propio Alfaro Ucero, y esto es una conjunción de dos personalidades bastante diferentes. La de Ledezma, personaje extravertido, afanoso, halagador, muy pendiente del marketing de imagen electoral. La de Alfaro, persona taciturna, reservada, tenaz.
Pero ni siquiera Antonio Ledezma, con su bastante trabajada y buscada imagen nacional de presidenciable, sería capaz de hacer oposición a Luis Afaro Ucero en caso de que la determinación del candidato de Acción Democrática tuviese que obtenerse ahora. El punto es que esa determinación tomará, con mayor probabilidad, casi dos años a partir de ahora. Si Acción Democrática, si Alfaro Ucero, se portan bien y no cometen errores, entonces hay, como en el cuento ruso, dos posibilidades: o es el propio Alfaro el candidato, o éste permite “abrir el juego” a otras figuras de AD. Y esto último permitiría, a diferencia del cuento ruso, al menos tres posibilidades: Antonio Ledezma, Lewis Pérez, Guillermo Call.
Ledezma tiene el importante problema de haber prearrancado; Alfaro, nuevamente, determinará el momento en que se permita hablar de candidaturas presidenciales en Acción Democrática. Ha prearrancado Ledezma porque es el más vistoso de los candidateables de Acción Democrática. El que emite más señales. Eso lo ha posicionado en la mente de más de un Elector como el próximo candidato adeco, y por tanto, en opinión de muchos, como el próximo Presidente de la República. Pero eso mismo lo obliga a un desempeño impecable, porque esa misma imagen y el cargo que ahora ocupa lo mantendrán bajo intenso escrutinio. Por cierto, es muy sostenible la tesis de que el cargo de Alcalde es de ejercicio considerablemente más difícil que el de Gobernador del Distrito Federal, que fue su puesto en la fase final de Carlos Andrés Pérez y del que salió, sorprendentemente, menos marcado que, por mencionar el nombre de otro sobreviviente a la purga de Año Nuevo, Carmelo Lauría. Esto es así porque las alcaldías tienen una relación más directa con la clientela electoral. En cambio, el cargo de Gobernador del Distrito Federal—el único gobernador no electo—es el de un ministro de segundo rango, puesto que sus funciones más ostensibles se establecen en un área en la que el Ministro de Relaciones Interiores, simplemente, manda más.
No es pues, sencillo, el camino que Ledezma tiene por delante en la Alcaldía de Caracas. Y si no que lo diga Aristóbulo Istúriz, que si no ganó las elecciones, por lo menos tuvo el impresionante logro de obtener juicios y comentarios aprobatorios en predios del Country Club a pesar de ser de obvia coloración y, quizás más en su contra, de ser maestro, y que sin embargo dio la mayor lección de elegancia política entre todo el crecido número de perdedores del 3 de diciembre.
El camino de Ledezma es difícil. Y si no que lo diga Claudio Fermín, que para todo propósito práctico puede considerarse totalmente impedido en la actual Acción Democrática. Lo que significa que si Ledezma llega a ser postulado por AD después de sortear con éxito el campo más o menos minado de la Alcaldía de Caracas, habrá de reconocérsele grandes dotes de político, en el sentido tradicional de la palabra.
Lewis Pérez es un caso diferente. Menos asertivo que Ledezma, es un hombre que estudia, que está pendiente de informarse, y que puede ser visto con facilidad como una persona que lleva el “sello Norvén” de Luis Alfaro Ucero. Si no llegare a ser el candidato de AD, sería o porque Alfaro decide autopostularse, o porque Alfaro opina que su carácter es inferior al de otro acción-democratista.
Guillermo Call es reconocido por personas ajenas a Acción Democrática como un político de gran penetración. Su inconveniente es su carencia de imagen nacional. En Monagas, feudo de Luis Alfaro Ucero, tiene una aprobación mayoritaria. En quienes conocen su trabajo en ese estado de Venezuela, incluso, como hemos dicho, en quienes no son adecos—un fundador de COPEI, por ejemplo—su imagen es bastante positiva. Call tendría que hacerse más notorio, y la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática podría permitirle una mayor proyección.
Nada de lo anterior debe ser entendido como una predicción de silencio o rendición inmediata de Carlos Andrés Pérez, de los recientemente expulsados—Alonso López, Perozo, etcétera—o de Claudio Fermín. Cada uno de estos pataleará, sin duda, pero no tienen el más mínimo chance de prevalecer en la Acción Democrática de la égida alfarista, de la Acción Democrática que triunfó en diciembre y que en gran medida lo hizo porque procedió, primero que nada, a expulsar de sus filas a Carlos Andrés Pérez. (Ya para la época del caso Sierra Nevada, cuando la Comisión de Ética de AD encontró motivos para censurar a Carlos Andrés Pérez, Alfaro y sus oficiales, entre quienes se encontraba el antiguo pupilo Luis Raúl Matos Azócar, estaban entre los más decididos atacantes del ex presidente en reclusión domiciliaria).
Es más, entre los cursos más probables de la actual política venezolana, en vista de la manifiesta incapacidad de quienes hayamos intentado una organización política distinta de las de corte más tradicional—AD, COPEI, MAS, Causa R, Convergencia—está la continuación del proceso de recuperación de Acción Democrática.
¿Cuál va a ser la actitud de esta Acción Democrática repotenciada ante el gobierno de Rafael Caldera en lo sucesivo? Nuestra impresión es la de que Alfaro Ucero, aunque seguramente tomó en cuenta la debilidad de AD y COPEI, del Congreso de la República, y la fortaleza de la imagen del Presidente de la República durante el primer año del este su último período, ha considerado razones más profundas que las de la mera conveniencia partidista. Esto es, en nuestra opinión, Alfaro Ucero es un hombre serio, como diría Leopoldo Díaz Bruzual.
Pero, naturalmente, en el juego tradicional de la política las conveniencias pesan de modo determinante, y no es en absoluto un futuro dado uno en el cual el presidente Caldera vea totalmente erosionada su figura y el respeto amplio con el que se le distingue, aun si se critica su reciente ejecutoria. Como acaba de demostrar el Presidente, mantiene muy a punto su capacidad de ejecutar movimientos tácticos con un sentido del timing y de la escena que ya desearía para sí Antonio Ledezma. Es por esto que no tiene nada de inminente un deslinde entre Acción Democrática y el gobierno.
Eppur si muove
El gobierno de Caldera está vivo. Nuevamente arranca un nuevo año con una mejora instantánea. A comienzos del año pasado andaba montado sobre la ola generada a fines de 1994: “El diciembre de Caldera incluye una victoria diplomática considerable, al haber logrado la inclusión programática de la lucha contra la corrupción en la agenda de la Cumbre de Miami; incluye los resultados favorables de la encuesta Gaither, con un ascenso de un 19% de los niveles de aprobación en los últimos meses; incluye un importantísimo espaldarazo de Michel Camdessus, el Director del Fondo Monetario Internacional; incluye unas predicciones de PDVSA bastante más moderadas que las de la encuesta del IESA en materia de inflación y valor del dólar (IESA: inflación de 100%, dólar a Bs. 274; PDVSA: inflación de 50%; dólar a Bs. 200); incluye, finalmente, la decisión sobre la apertura a la inversión foránea y el cronograma de privatización de algunas empresas de la CVG. Que se haya podido culminar así un año que transcurrió dentro de un elevado nivel traumático no tiene poco de milagroso. Es la conciencia de esta coyuntura triunfal lo que permite a Rafael Caldera hablarle al Congreso con tono exigente”. (referéndum, Vol. 1, Nos. 9 & 10, noviembre-diciembre de 1994).
Del mismo modo, y si bien el año de 1995 fue menos traumático que el de 1994—que absorbió el grueso de la crisis financiera—Rafael Caldera comienza de nuevo con bríos, ya lo hemos registrado, en buena medida porque tuvo que superar, precisamente, un segundo año de gobierno aún pleno de importantes dificultades, durante el que, por primera vez, su nivel de aprobación popular descendió. Destaca, por ejemplo, el analista Robert Bottome en su muy prestigiosa y útil publicación mensual (traducción libre de su versión inglesa): “Durante la mayor parte de 1995 se trató de convertir a la corrupción en un tema resaltante. No obstante, de algún modo las acusaciones de fraude en altos lugares no parecen cuajar. Chistes sí, pero preocupación seria no”. (Frog Soup, VenEconomy Monthly, December 13, 1995).
Naturalmente, ni las dificultades de fondo ni los escollos en general han desaparecido. Al mes de esa certificación de buena conducta resurge con nuevos bríos lo que pudiera ya comenzar a llamarse el affaire de la licitación de la Autopista Caracas-La Guaira, emergen acusaciones sobre la comercialización de indultos—que no de indulgencias—con motivo de la visita papal, y se enturbia de nuevo la política económica con las diferencias entre el Ministerio de Hacienda y, por una parte, el SENIAT y, por la otra, PDVSA.
Si el presidente Caldera quiere de verdad que este año de 1996 transcurra por una senda más serena, es posible que la figura de Luis Raúl Matos Azócar haya comenzado a ser ya un costo que querrá ahorrarse. Matos, que ingresó al gobierno precisamente para cerrar un enfrentamiento de PDVSA con la Junta de Administración Cambiaria, y que produjo la instantánea —y prácticamente unánime—aprobación de los actores y observadores de la economía venezolana, pareciera estarse labrando una inmolación que podría incluso servir, una vez “ablandado” el Fondo Monetario Internacional, para recomenzar a través de un ministro nuevo, la búsqueda de un acuerdo con este organismo en términos lo más cercanos que sea posible al desiderátum del gobierno.
A menos que Matos sea para Caldera lo que Díaz Bruzual fue para Herrera. En este último caso el radical estaba en el Banco Central de Venezuela y el conservador—Ugueto—estaba en el despacho de Hacienda. Caldera ha invertido las posiciones. Díaz Bruzual fue para Luis Herrera, en sus palabras, una “segunda voz en materia económica”, mientras que Rafael Caldera ha preferido asignar a Matos, admirador de Robin Hood, el papel de primer tenor.
Habiéndose puesto de moda, en todo el mundo, las cosas que ocurrían hacia 1945—el golpe del 18 de octubre, la Segunda Guerra Mundial, las frases de Churchill—no sería descabellado imaginar a Rafael Caldera con una chaqueta de piloto de bombardero cuya nariz, una vez más, apunta hacia arriba en medio de un asedio antiaéreo que todavía no ha concluido. ¿Cuántas veces podrá el piloto repetir la maniobra? ¿Cuánto combustible le queda? ¿Llegará un momento en el que una granada estalle en las mismas entrañas del bombardero?
Aun si llegara a ocurrir esto último queremos aventurar una doble predicción. Nadie que intente llegar a Miraflores tendrá éxito si busca hacerlo centrado sobre un ataque despiadado a Rafael Caldera. Nadie que quiera ser Presidente de la República lo logrará a través de una defensa entusiasta de Carlos Andrés Pérez. Pérez es pasado que los venezolanos no queremos reeditar. En cambio, de no mediar errores garrafales en lo sucesivo, Caldera tendrá un reconocimiento que ha ganado, por ahora, irreversiblemente. De lo más que podrá acusársele será de oponerse al absolutismo del mercado libre, y por eso, a pesar de que su carácter pueda producir la irritación de ciertas epidermis, un juicio mayoritario de la población, que no dejará de escuchar a sus defensores, tenderá a pensar que Caldera “estuvo del lado del pueblo”. Lo demás, que habla de traidores y fusilamientos, que sea arrogante, que tenga pretensiones dinásticas, que se fue de COPEI, caerá como insubstancial ante el meollo mismo de este período: la lucha de un viejo Cid ante la invasión de Fukuyama, ese que declaró que la historia había terminado porque ahora todo el planeta sería, como los Estados Unidos, democrático y capitalista.
Es posible que de todo esto sean los rasgos caracterológicos de Caldera lo que más alimente la oposición a su figura. Por ejemplo, nadie objeta con la pasión conque el cargo de Andrés Caldera es objetado, que Henrique Salas Römer haya puesto a su hijo como sucesor y lo haya candidateado en una mini Convergencia carabobeña, fuera del cauce de COPEI. La patricia altivez de Caldera es, para unos cuantos, un revulsivo y, en el mejor de los casos, un handicap en un país que fue psíquicamente formado, desde 1945, en los ideales democráticos por el taller de alfarería del partido de Alfaro.
Sería craso error suponer que un juicio a Caldera encontraría inerme y sin argumentos a su defensa. Sería igualmente una equivocación mayúscula, sobre todo para COPEI, suponer que el destino de Rafael Caldera va a ser similar al de Carlos Andrés Pérez. Es comprensible que los deudos del paquete perecista tengan un interés, tan intenso como cerrado sea su luto, por borrar la raya de haber sido miembros del elenco salino-gortarista del último gobierno de Carlos Andrés Pérez. (El primer gobierno fue lópez-portillista). “Pero quienes antes no atentaron contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez carecen de toda autoridad moral para atentar ahora contra el gobierno de Rafael Caldera Rodríguez”. (referéndum, Vol. 1, Nº 6, 8 de agosto de 1994).
A estas alturas de su vida, Rafael Caldera se encuentra buscando, de nuevo, un sucesor. Hasta ahora tuvo dificultades con sus escogidos y delfines: Lorenzo Fernández, Eduardo Fernández, Oswaldo Álvarez Paz. Y esto pudiera ser una manifestación de algo que parece ser extraño fractal de la sociedad venezolana: las segundas generaciones que dilapidan lo que la primera hizo. José Joaquín González Gorrondona y el “Junior”; Iván y Maurits Lansberg; Eugenio Mendoza Goiticoa y Eugenio Antonio; Pedro Tinoco y Gustavo Gómez López; Hans Neumann y Philippe Erard. Hasta los mayores hijos de Caldera—Rafael Tomás y Juan José—parecen desinteresados en o incapaces de sucederle, puesto que es el menor de la prole quien pudiera tener el más prometedor futuro político.
Lo natural o, tal vez más propiamente, lo convencional, sería que COPEI fuese la madre que le gestase ese heredero, por más que fuere, a la larga, a diferenciarse del padre, como Alejandro de Filipo o Carlomagno de Pipino. Claro que si el COPEI burocrático de Donald Ramírez pretende más bien perseguir el espejismo de la unión antiadeca de su partido con el MAS y la Causa Radical, estaría perdiendo la oportunidad de consumar ese difícil matrimonio y, por tal expediente, no haría otra cosa que hacerle el juego a Acción Democrática. En efecto, no es que AD tenga miedo ni siquiera de un COPEI reconstituido—tal es el rescate de la autoestima adeca que Alfaro está logrando—pero no hay duda de que si Acción Democrática pudiera escoger, preferiría con mucho una confrontación en la que ella sería un polo indiviso ante un otro polo fragmentado.
Este año de 1996, que nos deparará más de una sorpresa, será también el que producirá las definiciones de cuestiones tales. De resto, y “por ahora”, no parece que cosas como el “movimiento” de Miguel Rodríguez puedan calzar los zapatos del Úslar anti status, el maestro campanero que estuvo a punto de lograr algo distinto en 1963.
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 11, 1996 | Política, Referéndum |
Cuando corrían los días de 1969, el primer año de gestión del primer gobierno de Rafael Caldera, su Ministro de Educación de entonces, el Dr. Héctor Hernández Carabaño, pidió al hoy difunto Dr. Alfredo Anzola Montauban—gran señor de las iniciativas privadas de compromiso social—que reuniese en su casa a una veintena de amigos—empresarios, ejecutivos privados, académicos—para plantear una cuestión que le preocupaba grandemente. Explicó el Ministro a los circunstantes que el Congreso de la época, dominado mayoritariamente por Acción Democrática, había reducido prácticamente todas las partidas del presupuesto nacional, con el interés político de hacerle la vida más difícil al presidente Caldera. El recorte había alcanzado a todos los ministerios, salvo—milagro divino o nuevamente interés político o populista de los adecos—al despacho de Educación, el que no sólo no había sufrido reducción presupuestaria, sino que, por lo contrario, había obtenido un incremento respecto del presupuesto anterior en la fabulosa suma (para entonces) de 120 millones de bolívares al año.
La felicidad de Hernández Carabaño había durado poco, sin embargo. A las pocas semanas de este aumento en los recursos, uno de los consabidos conflictos laborales del magisterio—también controlado por Acción Democrática—había succionado 80 de esos 120 millones, y luego un inventario físico de las edificaciones escolares había determinado la necesidad de gastar de emergencia los restantes 40 millones, so pena de que los techos de varias escuelas se desplomaran sobre los alumnos. Hernández declaró, pues, que no le restaba ni un solo bolívar para invertir en nuevos programas que pudiesen innovar sobre el mero mantenimiento de lo existente.
Esto no era, no obstante, lo que más preocupaba al Ministro de Educación. La más angustiada de sus cuitas tenía que ver con un problema que ya no era de recursos financieros, sino de tiempo para manejar el cambio. Según confió Hernández Carabaño esa noche en la casa que Anzola tenía en Los Campitos, su gestión como Ministro no pasaba la de ser un apagafuegos, y vivía de crisis en crisis, absolutamente impedido para dedicar un minuto siquiera al problema más importante del futuro de la educación venezolana. Era por esto que había solicitado la reunión, puesto que lo que quería de los invitados era que se apropiaran la tarea de pensar constructiva y creativamente sobre ese futuro.
Una recomendación enviada días después al Ministro era que tratara de desdoblarse en un ministro ordinario, que actuaría la mayor parte del tiempo en su papel de bombero apagafuegos, y un ministro extraordinario que reservase un día a la semana para dedicarlo al trabajo de largo plazo. Pero en verdad lo que Hernández Carabaño andaba buscando, sin proponérselo jamás de ese modo, era una Cafreca del sistema educativo. Hoy en día, a más de un cuarto de siglo de distancia, el actual Ministro de Educación se queja de que le resulta muy difícil cambiar la educación nacional desde adentro del “monstruo” del Ministerio de Educación.
Probablemente sea la más reiterada imagen del discurso de Rafael Caldera de los últimos años la alegoría del túnel que ahora Venezuela cruza en la oscuridad. Pudiera decirse que el presidente Caldera entiende su misión como la de guiarnos en las tinieblas, y que tal vez sienta que tocará a otros ejercer el liderazgo a campo abierto y a plena luz del día. Una clave de esta última presunción parece hallarse en la más importante de las declaraciones contenidas en su discurso de Año Nuevo, el 1º de enero de este año de gracia de 1996. Al referirse a la abstención de la mitad de los Electores en las pasadas elecciones estadales y municipales, Rafael Caldera estimó que tal hecho constituía una atractiva invitación para que “nuevos valores humanos, nuevas ideas, nuevas organizaciones políticas” se incorporen a lo que llamó el debate trascendente.
Este segundo gobierno de Rafael Caldera no es sino la amplificación, a niveles desproporcionadamente altos, de la situación que le tocó vivir a Héctor Hernández Carabaño en el Ministerio de Educación de 1969. Seguramente hay intentos por alcanzar metas más “trascendentes” que la mera estabilización económica, como se ha dado, notablemente, en la estrategia de acercamiento al Brasil, o como se producirá, probablemente, en un acuerdo feliz en materia de reforma del régimen de prestaciones sociales.
Pero, en términos generales, este gobierno ha estado signado, desde el comienzo, por una situación de recrecida crisis, a partir sobre todo de la débâcle financiera, la madre de todas las crisis. Día tras día los temas de las finanzas públicas, de la recesión económica, de la inflación, de las escaramuzas con Colombia, de la inseguridad ciudadana, han dominado el panorama y exigido la plena atención del gobierno, al punto de que un importante Ministro haya pensado que el principal problema de este período es el de la “gobernabilidad”. Y a pesar de que los resultados electorales de diciembre y las conversaciones tripartitas sobre las prestaciones sociales hayan provisto un cierto remanso, pudiera muy mal ser que este fenómeno de la escasez de tiempo para la consideración estratégica, esta sobrecarga táctica en el manejo de crisis tras crisis, continúe predominando.
El Estado venezolano está urgido, sin duda, de una profunda reingeniería, tanto por causas de su propia patología, de su propia escala tumoral, como por razones incontrolables de variación del contexto internacional, en el que aceleradas y profundas transformaciones dejan atrás las previsiones paradigmáticas de la Constitución de 1961 y los conceptos políticos de los inicios de la democracia en nuestro país. La pregunta es ¿conviene que sea este mismo gobierno el que se reforme a sí mismo, es conveniente que La Electricidad de Caracas cambie sus frecuencias, o se necesita una operación Cafreca en el Estado venezolano, un intervalo solónico en el que la misión sea, exclusivamente, producir ese cambio profundo del sistema al que, una vez transformado, podrán venir a operar los Pericles del futuro?
¿Qué ha significado en términos de impacto real, por ejemplo, el expediente de las sucesivas comisiones para la reforma del Estado? Desde la época de Betancourt, cuando operaba la Comisión de Administración Pública, y por la que pasaron jefes como Héctor Atilio Pujol y Allan Randolph Brewer Carías, hasta la COPRE de hoy en día, instaurada por Jaime Lusinchi y combatida por él mismo en la época de Carlos Blanco como su Secretario Ejecutivo, y ahora presidida por el jurista Ricardo Combellas, ¿qué ha producido como efecto real, más allá de perpetuar una burocracia, producir montañas de papeles y participar en cuanto foro, congreso o seminario se invente en el país independientemente del tema? No hace mucho, por poner un caso, la COPRE montó un seminario sobre la problemática de seguridad en Venezuela, sobre el punto de la sustitución de la Ley de Vagos y Maleantes. Naturalmente, puede argumentarse que la actividad delictiva es un problema de Estado, pero por ese camino puede vincularse prácticamente cualquier cosa que ocurra en nuestro país con la COPRE, la que debería más bien concentrarse en su misión central de generar un plan de conjunto para la reingeniería del Estado venezolano.
Más aún, hace ya casi dos años que argumentábamos en esta publicación sobre las siguientes líneas: “Cabe también preguntarse qué es lo que Rafael Caldera puede hacer con la crisis. Qué es lo que le permitirá hacer su peculiar marco mental, su paradigma político… Caldera es, por sobre todo, un hombre formado en leyes, habituado a entender las soluciones como un acto legislativo. Durante su primera presidencia, por ejemplo, acometió con esa óptica el problema de la reforma de la Administración Pública… Hasta 1968, la estrategia en materia de la reforma del Estado había sido, mayormente, una de sistemas y procedimientos. Así habían transcurrido los gobiernos de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni. La Comisión de Administración Pública dirigida por Héctor Atilio Pujol se planteó, en gran medida, el problema de la reforma como un problema de disciplina y sistematización. ¿Había problemas con dos taquillas de cedulación o tres ventanillas de peaje? Entonces el problema se resolvía con seis taquillas adicionales o cinco ventanillas más. ¿No había suficiente control con un triplicado? Pues habría entonces que establecer un procedimiento de sextuplicado… Es la primera presidencia de Caldera la que intenta un enfoque integral, total, de la reforma del Estado venezolano. Pero es también la que la ataca como si se tratase, primordialmente, de un problema jurídico… Por esta razón el Presidente de la Comisión de Administración Pública de ese primer gobierno de Caldera fue el Dr. Allan Randolph Brewer Carías, experto en Derecho Público, pero que no había sido nunca antes expuesto a un contexto organizacional complejo, puesto que su experiencia de trabajo se reducía a su bufete de abogados y a su posición como profesor e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela… El resultado visible del paso de Brewer Carías por la Comisión de Administración Pública –antecesora de la COPRE– cristalizó en dos tomos de considerable tamaño, en los que se recogía el conjunto de reformas propuestas. Era demasiada, no obstante, la cantidad de cambio institucional que se propugnaba en tales documentos. La mayor parte del “Informe Brewer” ha quedado sin aplicación… Ahora Caldera se prepara para intentar una reforma constitucional y para continuar en el proceso de reforma de la Administración Pública. Sus lugartenientes son, nuevamente, abogados prestigiosos: el Dr. José Guillermo Andueza comanda un equipo de juristas al que pertenecen el Dr. Ricardo Combellas –nuevo Presidente de la COPRE– y el Dr. Tulio Alvarez. Nuevamente se plantea el problema como si su raíz y esencia fundamentales fuesen de carácter jurídico” (referéndum, Vol. 1, Nº 1, 4 de marzo de 1994).
Difícilmente, pues, es la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado que preside Combellas la Cafreca que necesitamos. No tiene el poder necesario, se la concibe como organismo asesor—Lusinchi regañó, siendo Presidente de la República, a Carlos Blanco, recordándole que la COPRE era un “órgano asesor y no un órgano promotor”—y ha devenido en burocracia de actuación anodina, sin impacto verdadero, amén de ser liderada desde un punto de vista y una experiencia exclusivamente jurídicos.
No otra cosa, entonces, que un Jefe de Estado al que se le confíe como misión la tarea solónica de cambiar la frecuencia de nuestro Estado, y que se apoye en un Jefe de Gobierno que se ocupe de lo táctico y lo cotidiano, sería garantía de que la necesaria reingeniería tenga lugar. Y, como Solón, debería buscársele entre quienes tengan, no sólo las calificaciones técnicas, profesionales y biográficas precisas, sino la vocación solónica de querer ser, más que presidente, un expresidente. Esto es, que una vez cumplida en breve plazo—un par de años—la misión Cafreca, abandone la Jefatura del Estado para que reingresen a la administración normal dentro de un nuevo Estado construido en el lapso de una administración extraordinaria.
Cuando ya se veía venir la salida de Carlos Andrés Pérez del poder se abría una oportunidad, que luego resultó imposible con Ramón Velásquez, tanto porque el tiempo que le tocó presidir fue muy corto, como porque sus calificaciones eran las inadecuadas de historiador y no las requeridas de futurólogo. Dos años antes de su asunción al poder ya recomendábamos la renuncia de Pérez (21 de julio de 1991), y pensábamos que una provisionalidad intermedia sería necesaria para dar paso a un gobierno verdaderamente dedicado a la transformación. Para ese momento proponíamos la figura de Rafael Caldera para que completara el período interrumpido de Pérez. En otra edición de esta publicación (Vol. 1, Nº 4, 4 de junio de 1994) comentábamos: “Es así como en aquellos momentos pensábamos que la figura de Caldera era la más indicada para cubrir lo que de período constitucional mediaba entre julio de 1991 y febrero de 1994. Esto es, como un Presidente transicional que debería invertir su tiempo en revertir tendencias negativas y estabilizar al Estado, mientras presidía un proceso nacional de saneamiento de la función pública. No lo pensábamos como el Presidente que podría dirigir una reconversión profunda. La llegada al poder de Rafael Caldera pues, llegó a nuestro juicio con retraso”.
Por razones parecidas, entonces, sería dable pensar que el presidente Caldera pudiese dar paso a un intervalo solónico una vez que haya concluido con el esfuerzo de estabilización en el que ahora está empeñado, y el que pudiera consumir aproximadamente un año más. En el lapso de un año debería estar completado el asentamiento de la Agenda Venezuela—que no contiene ni una sola provisión de reforma política—incluyendo algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo relativo al nuevo régimen de seguridad social. Una vez logrado esto, que difícilmente otro venezolano podría lograr mejor que el actual Presidente de la República, el carácter de los conceptos políticos de Rafael Caldera sería más bien un freno al profundo cambio que necesita el Estado venezolano. Ya en el siglo XVII Francis Bacon escribía de este considerable problema en su ensayo Sobre la Juventud y la Edad: “Los hombres de edad objetan demasiado, consultan demasiado tiempo, arriesgan demasiado poco, se arrepienten demasiado pronto, y rara vez impulsan los asuntos hasta el fin, sino que se contentan con una mediocridad de éxito”.
Para la tarea de la reingeniería, de la reconversión, de la reconstitución, de la metamorfosis del Estado venezolano, se requerirá una óptica diferente de la muy honorable y heroica perspectiva de Rafael Caldera. Habrá que encontrar, por tanto, la fecha adecuada para su salida del gobierno en medio del reconocimiento general.
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 12, 1995 | Política, Referéndum |
En la discusión, ya bastante larga pero poco fructífera, acerca del problema constitucional venezolano, los aportes argumentales tienden a centrarse casi exclusivamente sobre el punto de la necesidad o conveniencia de convocar una Asamblea Constituyente. Es decir, el problema queda casi reducido a la discusión acerca del mecanismo o procedimiento conveniente para dotarnos de un nuevo texto constitucional y poco se debate en materia de los contenidos mismos de la cuestión.
Debe reconocerse, por supuesto, que el actual Presidente de la República dirigió una Comisión Bicameral del Congreso para la reforma del texto constitucional de 1961, y que en ese trabajo, así como en el posterior –a raíz del estado de alarma congresional como consecuencia del 4 de febrero de 1992– es posible hallar algunas innovaciones que mejorarían en algo el funcionamiento del Estado venezolano. Pero aun estas posibles modificaciones se encuentran atascadas. No se ha hecho realidad lo expresado en el documento de campaña de Rafael Caldera (“Mi Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela”): “El nuevo Congreso debe asumir de inmediato al instalarse, su función constituyente”. (Dicho sea de paso, todo lo que en ese documento se refiere a acciones del Congreso de la República en materia constituyente o legislativa ordinaria es un evidente exceso, dado que el Poder Legislativo es independiente del Ejecutivo y, por tanto, mal puede prescribirse a los legisladores tareas en un texto que corresponde a la “intención” de quien para ese entonces aspiraba a la Presidencia de la República).
Ahora bien, en el transcurso del trabajo parlamentario (Comisión Oberto) de 1992, el número de proposiciones de enmienda o reforma creció de manera verdaderamente tumoral. El 29 de julio de 1992 Luis Enrique Oberto, Presidente de la Cámara de Diputados, remitía a Pedro París Montesinos un Proyecto de Reforma General de la Constitución (aprobado por los diputados el día anterior) y que contenía ¡103 artículos! (De hecho, la cantidad de modificaciones era muy superior a este número. Para dar una idea, tan sólo el Artículo 9º del proyecto de reforma aspiraba modificar el Artículo 17 de la Constitución vigente y para esto sustituía cuatro de sus ordinales por nuevas redacciones y además añadía quince ordinales adicionales).
Antes de que tal proliferación constituyente llegara a su término, ya Humberto Peñaloza había advertido que algo estaba fundamentalmente viciado en el procedimiento. (El Ing. Peñaloza evocó a un maestro de su escuela primaria: si los alumnos le presentaban una “plana” con cinco errores o más no les admitía enmiendas y les obligaba a intentar el trabajo de nuevo). Así escribió, poco antes de que el proyecto de Oberto fuese concluido, en “Lo democrático es consultar a la ciudadanía”: “Si nuestra Constitución, con apenas 31 años de vigencia, requiere ya de noventa reformas para «perfeccionar» materias que a todas luces deben ser modificadas a fondo, mejor es que la escribamos de nuevo, con nuevos enfoques y nuevas aproximaciones a las realidades del país y de su entorno geopolítico, económico, sociocultural, militar, administrativo y ecológico. Tarea, eso sí, para nuevas mentalidades y nuevas escuelas de pensamiento”.
Este punto de Peñaloza es crucial, porque si se admite que el problema no es de reforma a un texto, sino el de producir un texto nuevo, una nueva Constitución y no una modificación, por más amplia que ésta sea, al texto de 1961, entonces el Congreso de la República no está facultado para acometer esta tarea.
Veamos. La doctrina constitucional generalmente aceptada establece que el poder supremo dentro de un Estado como el venezolano es el del poder constituyente original, básico, o primario. Este poder constituyente no es otro que el del conjunto de ciudadanos de la Nación. Se trata de un poder absoluto, verdaderamente dictatorial: “El poder constituyente es un derecho natural que tiene todo pueblo, ya que este derecho viene a ser un aspecto de la soberanía del Estado, es una consecuencia del hecho mismo del nacimiento del Estado, y el pueblo, cuando se constituye en poder constituyente, no se encuentra vinculado a ninguna norma constitucional anterior, su única vinculación la tiene el hecho de ser pueblo libre y soberano, y, por eso, es un derecho perpetuo que sigue subsistiendo después de ser creada la constitución”. (Esto escribe el Dr. Ángel Fajardo en su “Compendio de Derecho Constitucional”, Caracas, 1987).
Además de este poder original y supremo, no sujeto ni siquiera a la Constitución vigente ni a ninguna anterior, el Congreso de la República es un poder constituyente constituido, y limitado en su función reformadora en dos sentidos.
Es decir, el Congreso de la República tiene el papel principal, según lo dispuesto en la Constitución vigente, para enmendarla o reformarla, sujeto, en primer término, a la aprobación de una mayoría calificada de las asambleas legislativas estatales (en el caso de enmiendas) o del pueblo mismo en referéndum (en el caso de reformas).
Pero hay todavía una limitación más básica, como explica Ángel Fajardo en la obra citada: “El órgano cuya función consiste en reformar la Constitución, es el denominado poder constituyente constituido, derivado, etc., y cuya facultad le viene de la misma Constitución al ser incluido este poder en la ley fundamental por el poder constituyente; de modo, que la facultad de reformar la Constitución contiene, pues, tan sólo la facultad de practicar en las prescripciones legal-constitucionales, reformas, adiciones, refundiciones, supresiones…; pero manteniendo la Constitución; no la facultad de dar una nueva Constitución, ni tampoco la de reformar, ensanchar o sustituir por otro el propio fundamento de esta competencia de revisión constitucional, pues esto sería función propia de un poder constituyente y el legislador ordinario no lo es, él sólo tiene una función extraordinaria para reformar lo que está hecho, no para cambiar sus principios y aún menos para seguir un procedimiento distinto al establecido por el poder constituyente”.
Esto significa, repetimos, que de aceptarse la tesis de que se requiere una nueva constitución, el Congreso de la República no es el órgano llamado a producirla, puesto que excedería sus facultades. En este caso la única forma admisible de proveernos de una constitución nueva sería la de convocar una Asamblea Constituyente. Y entonces la convocatoria puede venir, o por lo menos el llamado, de cualquier miembro del poder constituyente originario, de cualquier ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos. El punto está en que le pongan atención, en el que acudan al llamado y, para esto, es necesario que quien convoque tenga algunos problemas resueltos.
Para estar claros. Puede argumentarse que la Constitución de 1961 estipula un mecanismo para la reforma general de la Constitución. (Un punto que en este momento es colateral, por cierto, es que la Constitución del 61, que permite la iniciativa de las leyes ordinarias a un cierto número de Electores—electores, en su redacción—, niega la iniciativa de la reforma constitucional al propio Poder Constituyente). El procedimiento está pautado en el Artículo 246: “Esta Constitución también podrá ser objeto de reforma general…”, etcétera. (Punto colateral dos: el procedimiento es engorrosísimo, y casi que pareciera diseñado para impedir o dificultar al máximo tales reformas generales. La iniciativa debe partir de una tercera parte de los miembros del Congreso—y no hay ninguna fracción en este momento que sea la tercera parte del Congreso—o de la mayoría absoluta de las Asambleas Legislativas, consenso que no debe ser muy fácil de lograr. Pero antes de empezar a discutir el proyecto general soportado en alguna de esas dos formas, una sesión conjunta del Congreso deberá, por el voto favorable de las dos terceras partes, admitir la iniciativa. Sólo entonces podrá comenzarse a discutir por cualquiera de las Cámaras y seguir el procedimiento habitual para las leyes ordinarias. Es sólo después de que se apruebe la reforma en el Congreso que, por fin, se pide la opinión al pueblo, en referéndum que deberá ser convocado en la oportunidad que sea determinada por las Cámaras en sesión conjunta. Una verdadera carrera de obstáculos).
Así debe ser, se dirá, pues no se puede estar haciendo reformas generales a cada rato. Precisamente por eso se ha hecho tan difícil el procedimiento. El punto, en cambio es éste: el Congreso está facultado por la Constitución, para discutir y aprobar una reforma general de ella misma, y ¿no es acaso una constitución nueva el caso límite de una reforma general?
Este último reducto de los que se opondrían a la convocatoria de una Constituyente deja de tener validez en cuanto se argumente que una nueva constitución contendría nociones o previsiones cualitativamente diferentes a las de la constitución a sustituir, las que sería imposible obtener como transformación o modificación de artículos del texto antiguo. Si se trata de innovaciones en grado suficiente, mal puede hablarse de reforma y estaríamos enfrentando algo nuevo.
Nuevo concepto del Estado
Es relativamente fácil demostrar que necesitamos una constitución esencialmente distinta de la Constitución de 1961. Y el primer punto por el que hay que empezar la substitución es justamente la primera línea del texto del 61.
La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica comienza con la frase “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos…ordenamos y establecemos esta Constitución” (“We, the people…”) Es el mismo pueblo el que se dota de una constitución. En cambio, en el texto constitucional vigente en Venezuela el sujeto no es el pueblo, sino el Congreso, el que se arroga la facultad constituyente, a pesar de no haber sido explícitamente facultado para eso, “en representación del pueblo venezolano”. Es de allí mismo de donde arranca el carácter representativo, que no participativo, del gobierno del país, lo que luego es reiterado en el Artículo 3º: “El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, representativo, responsable y alternativo”.
A este punto se le ha querido poner remedio parcial en el proyecto de reforma de 1992, insertando el término “participativo” en medio de la redacción del 61, en segundo término y luego de la designación de “representativo”. Pero el sujeto de la reforma continúa siendo el Congreso.
Es el pueblo el sujeto que debe constituirse, y es él mismo el que debe producir una nueva constitución. Y es también, como sugeríamos más arriba, el sujeto político de derecho supremo, y si está más que facultado para dotarse de un texto constitucional, también debe estarlo para reformarlo como y cuando quiera. De modo que no puede carecer de iniciativa legal a este respecto, concepto que está ausente en la redacción de 1961.
De hecho, un concepto a nuestro juicio fundamental en una refundación del Estado venezolano, es el del lugar de primacía que debe establecerse claramente para los Electores venezolanos en la descripción arquitectónica de los Poderes Públicos. Es decir, en una nueva constitución, antes que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, debe asentarse el papel de los Electores como órgano primario del Poder Público, en un primer capítulo del título que se dedique a éste.
En 1973 murió Salvador Allende, en la ocasión del golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet. Dos años más tarde recordaba su relación con él el cibernetista inglés Stafford Beer, en un libro en el que coleccionaba varios artículos y conferencias sobre el tema general de los sistemas sociales. (Platform for Change, Wiley, 1975). Beer, ex presidente de la Sociedad de Investigación Operacional británica, antiguo asesor de empresas en los sectores del carbón y del acero, importante teórico de la cibernética, había ido a Chile en pos de la posibilidad de que Allende le ofreciera campo para la aplicación práctica de sus conceptos de gobierno. (Cibernética viene del griego kybernetes, que significa timonel, gobernador, y es la misma raíz de la que surge la palabra gobierno).
En los dos o tres últimos ensayos del libro mencionado, Beer se refiere a su experiencia chilena, no sin lamentarse profundamente por la muerte del estadista. Allí cuenta de unas primitivas instalaciones –en los actuales términos del arte de la computación– y que pretendían racionalizar, mediante una información lo más rápida posible, la toma de decisiones pública.
En una sesión en la que Beer, armado de diagramas de flujo, explicaba al mandatario el sistema de información acerca del estado de la nación chilena que había diseñado, Allende—cuenta Beer—preguntó qué era una cajita sin nombre que aparecía sobre una red de flujo, entre otras muchas cajas que se extendían por todo el diagrama. Beer explicó: “Esa cajita representa el pináculo de todo el sistema, esa cajita es usted, Señor Presidente”. Entonces Allende dijo: “Ah, pero si esa caja es la cima de todo el sistema esa caja no soy yo. Esa caja es el pueblo”.
Los sistemas diseñados por Beer no le sirvieron a Allende para conducir a la nación chilena por un sendero de felicidad. Su gobierno condujo al golpe pinochetista y a una larga dictadura que produjo a su vez un muy considerable número de muertes. Ni había en 1973, ni lo hay hoy en 1995, una capacidad de procesamiento de información que permita un registro fiel del estado de una nación. No es posible predecir su comportamiento con exactitud, mucho menos planificarla y regularla íntegramente. Para modelar un sistema mucho más simple que una sociedad moderna, el sistema climático, un computador que realiza cuatrocientos millones de operaciones por segundo tiene que operar durante tres horas seguidas para generar un pronóstico del tiempo de tan sólo los próximos diez días y en ocasiones los pronósticos, inevitablemente, están totalmente errados. Esto ocurre en un modelo que sólo tiene que considerar presiones, temperaturas y, a lo sumo, velocidades. Podemos imaginar el grado de dificultad computacional que involucra intentar la representación simbólica de la dinámica de una sociedad compleja, en la que miríadas de factores intervienen en la determinación de sus resultados. El gobierno de Allende estaba equivocado, sin duda, y no sólo en creer que se podía gobernar un Estado sentado en una poltrona de “Viaje a las estrellas” ante una consola de pantallas y controles. Pero Salvador Allende también estaba acertado en más de una percepción, y es una lástima que los acontecimientos hayan seguido un cauce mortal para una persona que, como Allende, alojaba un sentimiento tan hermoso: “Eso no soy yo, eso es el pueblo”.
Hay un sentido, además, en el que Allende estaba más acertado que Stafford Beer. Este último se había preocupado de detallar más lo que estaba “por debajo” de la presidencia. Allende hablaba de lo que estaba por encima de él. Y si bien, como dijimos, no hay en ningún horizonte previsible la capacidad tecnológica para predecir o controlar una sociedad compleja de hoy en día, sí la hay para generalizar la participación democrática para tomar en cuenta la opinión de cada ciudadano.
Es posible encontrar acá un interesante paralelismo entre tres grandes etapas de la economía y un número equivalente de etapas de la política. Hay un período histórico en el que una economía todavía incipiente puede manejar razonablemente sus intercambios por el expediente del trueque directo. La cantidad de transacciones y la variedad de productos son ambas magnitudes reducidas, así como la velocidad o frecuencia del intercambio. En muchos casos se trataba de una transacción anual entre un molinero y un porquerizo que no necesitaba sino unos sacos de harina por año que él podía almacenar.
En cuanto ese exiguo comercio se incrementó en grado suficiente, la práctica del trueque se hizo harto engorrosa. Demasiadas transacciones, mayor frecuencia de las mismas, una mayor variedad de productos, justificaron la aparición de una institución mediadora, de una unidad de medida y comparación que fuese más fácilmente transportable que un cerdo o un saco de harina. E hizo su aparición la invención del dinero y junto con él, la posibilidad enfermiza de la inflación.
La más general de las concepciones económicas distingue entre un “sector real” de la economía, integrado por la suma de bienes y servicios efectivamente producidos, y un “sector virtual o nominal”, que equivale a la masa monetaria con la que esos bienes y servicios (incluyendo entre éstos al trabajo), pueden ser adquiridos. Y la definición elemental de inflación es la de un crecimiento del sector nominal significativamente mayor que el del sector real dentro de un sistema económico.
Hoy en día, sin embargo, la capacidad computacional y comunicacional extraordinariamente desarrollada del mundo actual –la que, por otra parte, es en términos de lo previsible una capacidad a la que falta muchísimo por crecer—permite ahora que un 20% del comercio mundial se haga de nuevo bajo la forma de trueque—tantos aviones por tantos barriles de petróleo. (Es una pregunta, creemos, de alto interés para la economía, investigar qué sentido tendría la noción de inflación el día que sea posible manejar todas las transacciones como un trueque virtual, como el cotejo de bases de datos digitales sobre cada unidad de producto o servicio a escala planetaria. ¿Desaparecería la inflación?)
En el campo de lo político se observa un despliegue similar, en tres etapas sucesivas, de los sistemas históricos de democracia. La democracia ateniense era también un proceso lento, en el que la cantidad de asuntos que reclamaban la atención de la apella, de la asamblea de ciudadanos, era pequeña, como también era poca la velocidad que se exigía de sus agendas. Desde el momento en que un organismo participativo de ese tipo decidía entablar batalla contra los persas, hasta que se preparaba la primera de las naves que llevarían a los guerreros, transcurría un tiempo considerable. En este tipo de condiciones era posible una democracia directa en la que los ciudadanos de Atenas todos podían participar en la toma de la decisión. (Dicho sea de paso, no todos los habitantes de Atenas eran ciudadanos. Los esclavos no tenían ninguna participación en la apella).
Nuevamente, la complicación del proceso político, en ausencia de métodos de comunicación lo suficientemente rápidos, hizo imposible la ampliación del patrón ateniense de decisiones compartidas. Hubo necesidad, si se quería mantener vivo el principio democrático, de arribar a la invención de un intermediario político: fue necesario inventar la democracia representativa. (Forma de gobierno que exhibe, obviamente, su propia patología).
Pero ahora disponemos de una tecnología comunicacional que vuelve a ofrecer las condiciones requeridas para una participación masiva, instantánea y simultánea, de grandes contingentes humanos. Ya vimos algo de esto en las teleconferencias de amplia extensión que sostuvo Ross Perot en los Estados Unidos en su carrera hacia la presidencia de ese país.
Alguien puede argumentar ante este planteamiento que el nivel de desarrollo político y tecnológico norteamericano es inconmensurablemente superior al venezolano, y que por esa razón ese concepto de democracia participativa electrónica estaría, para nosotros, muy lejos dentro de un futuro largamente incierto. Pero puede a su vez contraargumentarse que los venezolanos no hemos tardado mucho para aprender a operar telecajeros electrónicos, celulares, telefacsímiles, etc., y que con igual o mayor facilidad podríamos navegar dentro de una red permanente de referenda electrónicos. Opinábamos de esta manera en el Nº 11 del volumen 1 de esta publicación (enero de 1995): “Nada hay en nuestra composición de pueblo que nos prohíba entender el mundo del futuro. Venezuela tiene las posibilidades, por poner un caso, de convertirse, a la vuelta de no demasiados años, en una de las primeras democracias electrónicamente comunicadas del planeta, en una de las democracias de la Internet. En una sociedad en la que prácticamente esté conectado cada uno de sus hogares con los restantes, con las instituciones del Estado, con los aparatos de procesamiento electoral, con centros de diseminación de conocimiento”.
¿Cuánto puede costar una red para la democracia electrónica, nueva versión de la democracia directa, la democracia participativa? El vicepresidente norteamericano Al Gore ha hecho una estimación de la inversión necesaria para conectar una fibra óptica a “todo hogar, oficina, fábrica, escuela, biblioteca y hospital” en el territorio de los Estados Unidos. La cifra manejada por Gore es la de 100 mil millones de dólares, que en términos per cápita terminaría siendo una inversión de 435 dólares por habitante.
Ahora bien, la población venezolana es, aproximadamente, una décima parte de la población norteamericana. Por otra parte, la densidad de escuelas, hogares, hospitales, bibliotecas, fábricas y oficinas es mucho menor en nuestro país que la que existe en los Estados Unidos de Norteamérica (más personas viven acá, en promedio, en cada unidad de vivienda), y por tanto la inversión per cápita que sería necesaria para lograr el equivalente de la visión de Gore en Venezuela sería marcadamente menor. Una cifra razonable es la de una inversión per cápita de 225 dólares en Venezuela para la instalación de una red de fibra óptica prácticamente total. Tal cantidad, multiplicada por la población venezolana y por una tasa de cambio de 240 bolívares por dólar (tasa aparentemente sugerida en los predios del FMI), arroja una inversión estimable en un billón de bolívares. Este es, precisamente, el orden de magnitud de lo comprometido por el Estado venezolano en el salvamento del sistema financiero nacional, de modo que en un programa de unos pocos años sería perfectamente posible instalar la red para una democracia participativa total en Venezuela.
Y si esto es así, la posibilidad está dada para que, efectivamente, una nueva constitución de Venezuela aloje un concepto futurista del Estado en el que los Electores participen de manera casi continua en la toma de las más gruesas decisiones del país, incluyendo como hemos anotado acá en oportunidad anterior, en referenda de evaluación anual acerca del desempeño de los poderes públicos venezolanos. Tan sólo este punto ya representa una mutación tan profunda en el concepto de nuestro Estado, que difícilmente puede llamársele meramente una reforma.
Es así como puede defenderse, aunque sólo fuese por el análisis precedente, la tesis de que lo que se necesita no es una reforma de la Constitución de 1961, por más extensa que sea, sino una constitución nueva.
Otrosí
Pero hay más razones que esa muy importante, fundamental razón, para requerir algo más que una mera reforma. En otras ediciones nos hemos referido a la insuficiencia constitucional venezolana en cuanto a lo que llamábamos, hace ya diez años, la razón de Estado venezolana. (Del modo más constructivo en el Nº 2 del Volumen 1: Una visión de Venezuela para el siglo XXI).
Mientras se mantenga la discrepancia de escala entre Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica, o China, o Rusia, o Australia, nuestro país experimentará considerables dificultades, prácticamente insalvables, para interactuar con tales bloques en condiciones, no que sean ventajosas para nosotros, sino que no nos sean desventajosas.
En cambio, es posible visualizar un buen número de ventajas de una inserción de Venezuela, como gobernación, como departamento, como capitanía general –a la escala planetario-municipal que realmente tenemos, en un Estado de orden superior. (También hemos argumentado extensamente sobre tales ventajas en otras ocasiones. Hoy en día nuestra recomendación es que el perímetro de trabajo en busca de la escala que requerimos sea el del continente suramericano, después de que México pareciera orientarse hacia una confederación del Hemisferio Norte –en nuestro más ambicioso talante ampliábamos el territorio para acoplarnos incluso con la latinidad extra-americana, antes del ingreso de España al sistema europeo. Por esa época resumíamos las más generales entre las ventajas del modo siguiente (rogamos al lector tome en cuenta las diferencias de fecha y circunstancia entre hoy día y diciembre de 1984, fecha de lo que sigue, y procure hacer los cambios necesarios para actualizar la aplicación de una estructura general de la recomendación):
“Veamos, antes de preguntar si hay ofrecidas tesis alternas, cuál es la lista de problemas a los que la tesis de la confederación iberoamericana da respuesta.
Primero: el problema económico. El problema de escala de todos los países que entran dentro de la calificación iberoamericana, incluyendo a Brasil y España. En España, por ejemplo, se va a una «reconversión» industrial que tiene la mira puesta en el mercado de los países de la OECD, empezando por los de la Comunidad Económica Europea en la que aspira a entrar a pesar de, como he leído, la insultante condición de impedir el libre tránsito de españoles por los países de la comunidad por un «período de prueba» de varios años. La reconversión podría ser un poco menos drástica si sus industrias se orientaran, casi que como están, a un mercado que aún tiene mucho que construir dentro de necesidades de «segunda ola». También en lo económico, seguramente obtendríamos un mejor tratamiento de parte de los acreedores de nuestras deudas por mera agregación a una escala mayor.
Para nosotros, en particular, la posibilidad de contar con un mercado petrolero y de hierro y acero mucho mayor que al que ahora tenemos acceso, el que permitiría, por tanto, a mayores escalas de producción, costos operativos menores que permitieran mantener y aún superar los niveles absolutos de beneficio, con precios menores que pudiesen ser pagados por este mercado hasta ahora tenido a menos.
Tiene que tomarse en cuenta, para toda discusión de lo económico, que se estaría trabajando con la ventaja de una nueva moneda única para esa inmensa zona de circulación, como Hans Neumann, entre otros, ha sugerido que sería altamente beneficioso.
Segundo: resuelve un problema de alivio de tensiones interiberoamericanas. Argentina y Chile han tenido que buscar un árbitro hacia una entidad supranacional de la que ambos participan para dirimir el diferendo del Beagle: han tenido que recurrir al campo católico, un campo religioso, porque no han tenido un común campo político en el cual acordarse. Así como Diego Urbaneja suele decir que dentro de una confederación ibérica o hispánica la solución al conflicto centroamericano sería más «dulce», así también se dulcificaría el término del diferendo colombovenezolano y los de otros estados iberoamericanos del continente.
Tercero: resuelve un problema de escala para mejorar nuestra posición en discusiones tales como Gibraltar, las Malvinas, Guyana, Centroamérica (entendida en este caso en relación a las intervenciones ruso-norteamericanas, otánico-varsovistas, norteñas en Centroamérica). Cuando Shlaudeman dice que Contadora no es suficiente no está diciendo que si se añade uno o dos artículos técnicos al Proyecto de Tratado o se firma tal o cual protocolo los Estados Unidos suscribirán gustosos, sino que, a lo Stalin refiriéndose al Papa, está insinuando que nada más que cuatro países iberoamericanos no tenemos suficientes divisiones.
Cuarto: resuelve un problema de amortiguación o aplacamiento, por neutralidad, de la peligrosísima situación del terrorífico equilibrio nuclear. Situación que no creo mejore con el aumento que la U.R.S.S. dará a su presupuesto de «defensa»: 12%.
Mucho se ha pensado, en una especie de convicción de invulnerabilidad final muy acusada en nuestro pueblo, que una conflagración nuclear en países del Hemisferio Norte (OTAN-Varsovia), si bien nos afectaría grandemente por el lado económico, al menos nos sería leve en cuanto a lo físico, a los daños por los efectos mismos de las explosiones, entre otras cosas por distancia y por factores naturales tales como el pulmón del Mato Grosso. Pero los modelos más recientes de meteorología nuclear nos muestran como nos veríamos directa e impensablemente afectados por un invierno artificial de proporciones cataclísmicas, que incluiría la traslación, por inversión de los ciclos eólicos normales, de nubes de hollín y polvo que harían barrera a más del 90% de la radiación solar incidente (con lo que muy pronto la superficie terrestre descendería a temperaturas de subcongelación) y de nubes intensamente radiactivas. (Para un caso base de un intercambio de 5.000 megatones, equivalente a la mitad del arsenal actual. Ackerman, Pollack y Sagan, Scientific American, Agosto de 1984).
Quinto: nos ubica en posición más favorable para tener acceso a las tecnologías y modificaciones profundas de una Tercera Ola.
En resumen, resuelve un problema económico crucial (la escala), un incómodo problema de política interna (los diferendos interiberamericanos), un importante problema de soberanía ante, fundamentalmente, los sajones (Gibraltar, etc.), un definitivo problema de seguridad del sistema mundial (moderación) y un problema esencial de significación futura (la nueva modernización)”).
Ése es el negocio que se plantea a nuestro Estado. Se trata de adquirir la escala que permite que Inglaterra nos trate como trató a China en el caso de Hong Kong, y no como nos trató a nosotros en esequiba materia o como malvinamente ha tratado a la Argentina.
Si seguimos en esto, en lugar del modelo de integración europea, el modelo norteamericano de 1776, estaríamos estableciendo una confederación que en principio sólo requeriría que sus miembros confiaran a un nivel federal tres potestades –representación ante terceros, defensa militar ante terceros y emisión de moneda– mientras que retendrían “toda su soberanía, libertad e independencia, y todo poder, jurisdicción y derecho, que no sea expresamente delegado a los Estados Unidos reunidos en Congreso por esta Confederación”. (Texto del segundo artículo de los Artículos de Confederación de los Estados Unidos).
Supongamos que un concepto así fuese del agrado de los Electores venezolanos. ¿No debería preverse en nuestra Constitución un mecanismo de acoplamiento, como el que hubo que prever para que pudieran acoplarse una nave Apolo con una Soyuz?
¿No sería esto un concepto que sería imposible concebir como una simple modificación de la Constitución de 1961? Evidentemente se trata de un concepto de Estado, de una razón de Estado radicalmente diferente. Ergo, se trata de una nueva constitución. Et ergo, el actual Congreso de la República, según la básica discusión del comienzo, no está facultado para redactarla.
Más mutaciones
Esto es sin mencionar la necesidad, a nuestro juicio, de insertar como nueva “rama” de los poderes públicos, una institución que especialmente sea independiente del poder ejecutivo y que tenga por misión la de proveer o generar tratamientos a los principales problemas de carácter público, y con capacidad de proponerlos directamente a los Electores.
Esto sin mencionar que podríamos argumentar a favor de un cambio substancial en nuestra noción de ciudadanía venezolana. Habitualmente consideramos que tiene mayor valor la venezolanidad por nacimiento que la que se adquiere por naturalización. Esa es la razón por la que limitamos los derechos políticos de estos últimos. Pero un criterio de no poca validez es el de estimar grandemente el valor de la decisión consciente de una persona madura, incluso por encima de los méritos de un recién nacido cuyo lugar de nacimiento no puede atribuirse a su elección. En una redacción algo aguda y tal vez algo escandalosa, formulábamos una condición de pertenencia a una propuesta organización política en los siguientes términos: “ser persona venezolana por accidente biográfico, esto es, por su nacimiento o el de sus progenitores, o por expresa decisión, es decir, por naturalización”. (Krisis. Memorias prematuras. Caracas, 1985).
Otras diferencias con el texto constitucional que actualmente nos rige no son tan profundas. Aun la revolución que significaría en la arquitectura del poder público venezolano la innovación de la figura de un jefe de gobierno (primer ministro) pudiera considerarse una reforma constitucional. Una cosa así perfectamente podría diseñarse desde las actuales cámaras legislativas, a pesar de que el cambio sería en este caso de importante magnitud. Igualmente pudiese contemplarse de este modo la innovación de la institución del jurado como elemento actualmente ajeno a nuestro proceso jurídico. (Esta “democratización de la justicia”—que fue de hecho la primera democratización, antes de la democracia parlamentaria, que conocieron los sajones—pudiera aplicarse sin excesiva violencia de nuestro ordenamiento jurídico, aunque sólo fuese en nuestros procesos de delitos contra la cosa pública, contra nuestra res publica).
Son múltiples, pues, las diferencias de significativo grado entre la Constitución del 61 y una nueva constitución que alojase lógicamente las instituciones que son recomendables a los intereses de la nación venezolana. Entre estas hay algunas que por sí solas definirían al nuevo documento como una constitución diferente. Será preciso elegir una Constituyente. LEA
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