por Luis Enrique Alcalá | Oct 12, 1995 | Política, Referéndum |

Durante el primer trimestre de este año se llevó a cabo en Holanda un curso superior de adiestramiento ejecutivo de la compañía Shell, la famosa empresa transnacional del petróleo, una entre aquellas “siete hermanas” que hasta 1973 determinaron el rumbo del mercado petrolero mundial. El curso en cuestión fue ofrecido a unas cuantas decenas de empleados de la Shell provenientes de todo el mundo.
Algunas de las sesiones del curso fueron dedicadas al análisis de las paridades entre diversas monedas del planeta; el bolívar era una de ellas. Para ese momento, la política de control de cambios ya imperaba, lo sabemos, en Venezuela, y fuera del engorroso sistema oficial en el que se obtenía dólares a 170 bolívares, podía conseguirse la moneda norteamericana a un precio que oscilaba alrededor de 230 bolívares.
Cuando se hizo en el curso el análisis del valor que en principio debía tener el bolívar—empleando el criterio de paridades del poder de compra—a los profesores les daban las cuentas un bolívar a 153 por dólar. Según su opinión, la diferencia entre 153 y 170 o 230 sólo tenía una explicación: desconfianza.
Es importante por tanto preguntarse ¿qué es lo que causa la desconfianza?
Ciertamente, podemos atribuir una responsabilidad significativa al Gobierno Nacional, y en este punto creemos que es la combinación de un cierto grado de desorden en las señales emitidas por ministros y altos funcionarios, junto con el casi completo silencio por parte del Presidente de la República, la fuente principal de la desconfianza de origen gubernamental. Pero hay otras fuentes igualmente importantes o, tal vez, aún más importantes.
Imaginemos un paciente en grave condición. Está acostado sobre una cama, asaetado por agujas hipodérmicas de todos los calibres, vendado, amarrado, cosido, conectado. Y supongamos que todo el personal médico y paramédico del hospital se agrupa a su alrededor, y que también todos los miembros de su larga familia se hallen presentes, y periodistas, sacerdotes, sepultureros y vendedores de seguros estén también allí, todos hablando en voz alta, opinando, criticando, debatiendo. “Se ve muy mal. Yo vine a verlo ayer y hoy está mucho peor. Ese suero no está goteando casi nada. El adhesivo se le está desprendiendo. Por aquí se está desangrando. Por este lado le está saliendo pus. Qué sala tan horrible, no hay derecho. A mí me han dicho que ese médico es un pirata. A mí me dijeron que bebía. Este paciente no tiene remedio” ¿Cómo pensamos que puede recuperarse un paciente en estas condiciones?
Esta imagen se aproxima bastante a lo que ha sido la comunicación “formadora de opinión” en el proceso venezolano reciente. En una evaluación que hacíamos hace unos años acerca del gobierno de Luis Herrera Campíns destacábamos cuatro factores que gravitaron adversamente en su período. Uno de éstos, sin duda, fue el tipo de oposición que llevó a cabo por ese entonces Acción Democrática, que se encontraba necesitada de recuperación luego del traumático episodio del “Sierra Nevada”. Escribíamos por ese entonces: “La oposición de Acción Democrática también era natural. Si durante un tiempo, por la época del caso «Sierra Nevada», ese partido estuvo deprimido y acomplejado, no tardó en reponerse bajo el liderazgo de Jaime Lusinchi, quien inmediatamente después de la derrota electoral animó a sus copartidarios a reagruparse para continuar en la lucha. Los resultados son, obviamente, correspondientes con esa valerosa postura de rechazo a la rendición. Pero la oposición de Acción Democrática contribuyó en mucho a la conformación de un clima de desconfianza en las políticas económicas del gobierno de Herrera Campíns. Una prédica incesante desacreditaba la bondad de las decisiones, y la participación adeca en el Congreso de la República no le hacía en nada fácil la vida a Luis Herrera”.
El desempeño de los actores económicos tiene mucho que ver con los climas psicológicos y de opinión. Especialmente en una época cuando la economía es dominada por transacciones virtuales, por la emisión de papeles, por las vicepresidencias de finanzas, por las decisiones de jóvenes ejecutivos de cuentas con celular y computador, la evaluación psicológica de las expectativas se convierte en un factor dominante. Y por esto la cacofónica actuación del liderazgo de opinión en Venezuela tiene mucho que ver con el estado actual de su economía. Con la desconfianza a la que se referían los analistas y profesores de la Shell en el curso que mencionamos anteriormente.
Tal vez la enfermedad más grave de la sociedad venezolana es su inclinación, aparentemente inevitable, a criticarse y rechazarse a sí misma. Es una exhortación insistente, permanente, a buscar, destacar y amplificar lo negativo. No es fácil encontrar un tratamiento económico perfecto, y si no, pensemos en los actuales problemas y desequilibrios de México y Argentina, que son los países donde se ha aplicado con mayor fidelidad el recetario ortodoxo al que es renuente el gobierno de Rafael Caldera.
Pero seguramente el mejor tratamiento posible estará destinado al fracaso si alrededor del paciente se congrega un coro de voces histéricas y agoreras para agobiarlo con una cantilena de pronósticos negativos.
Al nivel del ciudadano común repetimos ese patrón de conducta de muchos entre los líderes venezolanos. Repetimos los rumores más estrambóticos y las opiniones más pesimistas. Más grave aún: muchos de nuestros ciudadanos carecen del escrúpulo suficiente para no aprovecharse de los resquicios de aparatos legales siempre insuficientes. Y entonces un empresario de Maracay avala con su fortuna personal la emisión de 16 tarjetas de crédito a otros tantos obreros de confianza de su fábrica, para tomarlas luego y pararse ante telecajeros de Miami a extraer dólares en efectivo. Luego la culpa es del gobierno.
En gran medida, claro, la culpa es del gobierno. De un gobierno, de un estamento político en general, incluyendo a la oposición, que todavía piensa que el maestro es el “apóstol de la juventud” y que la universidad es “ante todo, una comunidad de profesores y estudiantes en busca de la verdad”, como reza nuestra obsoleta e ineficaz Ley de Universidades. Que supone que es suficiente una exhortación a la solidaridad en el vacío, en ausencia de un esquema estratégico convincente y una visión entusiasmante. Debe ser muy desagradable a un Presidente de la República decir: “Caramba, yo pensé que podíamos contar con el sector privado, y por eso primero intenté salvar a las instituciones privadas bancarias con sus juntas directivas privadas antes de decidir la intervención. Y yo establecí el control de cambios que no quería cuando era un clamor general que se tomara esa medida. Y después comencé a flexibilizar ese control para encontrarme con todo género de trampas y triquiñuelas que consumieron más divisas de lo que sería necesario consumir para la sana marcha de la economía nacional. Ustedes, ciudadanos, se han portado mal conmigo y con el país”. No es muy fácil decir estas cosas desde la Presidencia de la República poco antes de la celebración de unas elecciones.
Las críticas a las decisiones políticas del gobierno comenzaron desde el mismo arranque del período. Los dos primeros movimientos de política económica de Caldera fueron, por un lado, el tratar de obtener una reducción consensual de las tasas de interés con el fin de animar al aparato productivo, intento que fue torpedeado por Ruth de Krivoy; por el otro, un esquema de acciones estrictamente contraídas a la búsqueda de una reducción del gasto público, lo que se dio en llamar el “Plan Sosa”. Pero esto último jamás fue presentado con la pretensión de ser una política económica integral, sino tan sólo un programa parcial dirigido al puntual y loable objetivo de comenzar la lucha contra la inflación por la disciplina del propio gobierno. A pesar de esto, el “plan” Sosa fue criticado porque no era una política económica integral.
Después cobró fuerza el mito-cliché de que el gobierno había presentado demasiados planes, porque al “plan” Sosa siguió una presentación, en larga medida no oficial por Asdrúbal Batista, de un esquema general de política económica. La única vez que el gobierno ha presentado oficialmente algo de alcance global fue cuando, en septiembre de 1994, el Ministro de Hacienda, Julio Sosa Rodríguez, hizo la exposición del “Plan de Estabilización y Recuperación Económica” que fue bautizado como “Plan Corrales” y que, como hemos señalado en esta publicación, contó con la opinión favorable del Banco Mundial y la del propio Director-Gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, pocos meses más tarde de haber sido dado a conocer. También hemos destacado que el mismo Presidente de la República se refirió (10 de marzo de 1995) a una estrecha vinculación entre este “plan de emergencia” y el IX Plan de la Nación. Y esta secuencia significa que, en el fondo, no hay tal proliferación de planes. A pesar de eso, la inexistente multiplicidad es una de las críticas más proferidas.
Seguramente es posible encontrar importantes defectos en la gestión económica del gobierno de Rafael Caldera, como puede encontrarse en el desempeño de la economía pública de Argentina y México, en la de España, en la de Inglaterra y en la de, si a ver vamos, los Estados Unidos. Pero las limitaciones e ineficiencias de estas políticas económicas se amplifican y agravan con las fáciles profecías autocumplidas de quienes aseguran a priori que nada funcionará.
Esta es una historia más viva, por más reciente, que ese recuento de 1945 hacia atrás, que algunos han logrado transmutar, con un poderoso empleo de recursos comunicacionales, de historia en histeria.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Sep 24, 1995 | Política, Referéndum |

Amables oyentes de Unión Radio: a través de Platón sabemos que hacia el año 400 antes de Cristo, un nativo de la isla griega de Cos, contemporáneo de Sócrates, vivía como practicante y maestro del arte de la Medicina. Este griego de la antigüedad llevaba el nombre de Hipócrates, y sostenía que el conocimiento del cuerpo humano dependía del conocimiento acerca del hombre completo. Hipócrates viajaba de ciudad en ciudad, y como muchos grandes filósofos de la época, llegó hasta Atenas para practicar y enseñar su profesión.
De los textos que forman la llamada colección hipocrática, es el más difundido el que se conoce como juramento hipocrático o Juramento de Hipócrates, el texto primario y fundamental de la práctica médica, y el primer código de ética profesional que se conoce en la historia.
Varias veces hemos hecho alusión en este programa a los preceptos de ese juramento, y hemos hecho analogía de los mismos con preceptos que deberían regir otro arte, otra profesión de los hombres, como es la Política. Más de una vez he fastidiado a los oyentes asiduos de este programa con la idea de que hay una similitud importante entre la Medicina y la Política, concepto que por otra parte sostienen varios autores. Esa idea es ya vieja compañera mía, y la expuse explícitamente por primera vez un domingo de diciembre de 1984, hace ya casi once años, a los amigos Diego Bautista Urbaneja y Gerardo Cabañas Arcos, y al día siguiente a un grupo que incluía a estos dos y también a Tulio Rodríguez, Alberto Krygier y Andrés Sosa Pietri. En unas memorias prematuras que escribí entre diciembre de 1985 y febrero de 1986, registré esos hechos del modo siguiente:
En esa reunión en mi casa expuse por primera vez mi noción de la ruta que estaba marcada para nuestra legitimación en tanto políticos como un camino «médico». La llamé «la metáfora médica»… El acto político es un acto médico, dije, pues en el fondo se trata de proponer, seleccionar y aplicar tratamientos a los problemas. De hecho, tesis como la que propuse en «Válvula» o aun la misma receta de la «sociedad política de Venezuela» no eran otra cosa que tratamientos, propuestos para ofrecer respuestas que, a diferencia de las respuestas insuficientes, las respuestas «substandard» emitidas por los actores políticos tradicionales, fuesen al menos un intento de atacar los problemas en sus dimensiones más importantes. En efecto dije que sería posible distinguir entre la «sociedad política de Venezuela» como asociación que intervendría en la política concreta del país, y una «Sociedad Política» en el sentido de una asociación de profesionales que entendía la política como una actividad médica, con una clara conciencia de la grave responsabilidad que significaba tratar de modificar la realidad social.
Y también registré en esas memorias esto que sigue:
A comienzos del año siguiente, 1985, recibí copia de unos trabajos de Yehezkel Dror, enviados a mí por intermedio de Suhail Khan, gerente de planificación de CORPOVEN. En uno de ellos Dror, amigo y maestro desde el año de 1972, decía lo siguiente: «…policy sciences are, in part, a clinical profession and craft». (Las ciencias de «las políticas» son, en parte, una profesión y un arte clínicos). Esto fue para mí una confirmación de que andaba por el camino correcto. Yehezkel Dror es uno de los hombres que más experiencia tienen con los problemas y los sistemas concretos de la política. Su posición era sólo ligeramente menos radical que la mía, puesto que lo que a mí me interesaba era el territorio conceptual que se define, justamente, por esa parte que es una profesión y un arte «clínicos». Por esos días pasaban por el canal 8 de televisión una de esas buenas telenovelas brasileñas, tal vez la mejor de todas: Una mujer llamada Malú. Malú es socióloga, mi colega, pues seguí los estudios de sociología en la Universidad Católica Andrés Bello entre 1963 y 1968. Un día trata de explicarle a su hija por qué le resulta tan difícil conseguir un empleo y le dice: «Es que la sociología no es una profesión». Tiene razón. La sociología no es una profesión, sino una ciencia, bastante incipiente, por cierto. Si uno va a los laboratorios del IVIC y se topa con alguien que trabaje, digamos, en fisiología celular y uno le pregunta cuál es su profesión, no oiremos que nos contesta que su profesión es la fisiología. Nos dirá que su profesión es la de investigador. La fisiología es un campo, una disciplina, una ciencia, pero no una profesión. Del mismo modo son ciencias y no profesiones la sociología, la antropología, la politología y aún la misma economía. Es la política, la ocupación de resolver problemas públicos, lo que es una profesión. Profesión que se ejerce desde distintas posiciones. Hay algunos políticos que ejercen su profesión clínicamente, limitando su acción hasta la prescripción de los tratamientos. Otros son más médicos de cabecera o políticos terapeutas o cirujanos, más directamente involucrados en operaciones o aplicaciones de los tratamientos. Hay políticos generales, análogos a los médicos que hacen medicina general. Hay políticos especialistas, como los hay también en la profesión médica.
Estas son cosas, entonces, que escribía o decía en 1984 y 1985, de modo que sostengo esa noción de una afinidad arquitectónica de la Política y la Medicina desde hace un buen tiempo. Esto se debe, tal vez, a una deformación profesional pues, como quizás algunos de ustedes sepan, estudié los primeros tres años de la carrera de Medicina en la Universidad de Los Andes en Mérida. Todavía hoy mi señora madre lamenta mi decisión de abandonar por la mitad los estudios médicos. El pasado miércoles fui a que me vieran un esguince de la rodilla izquierda en el Hospital Universitario de Caracas, donde mamá trabaja como voluntaria de hospitales y no perdió la oportunidad de regañarme de nuevo, treinta y tres años después de que yo abandonara la carrera de Medicina para mudarme a los temas sociales. Yo prefiero pensar que continúo siendo médico en el campo de lo político.
Ahora bien, desde hace mucho tiempo he sentido que sería necesario y útil formalizar un código de ética para el ejercicio de la Política tal como la concibo: como arte, profesión y oficio similar a la Medicina, y esta semana he podido concluir la redacción de algunas estipulaciones que componen un juramento hipocrático para la Política. Quiero leer esas estipulaciones para ustedes, amables oyentes, como modo de comprometerme públicamente con un código ético de la profesión política. Permítanme leer, sin más preámbulo, el siguiente juramento:
Yo, Luis Enrique Alcalá, venezolano, juro por Dios ante quienes hoy—domingo 24 de septiembre de 1995—me escuchan, que por lo que me quede de vida practicaré el arte de la Política según las siguientes estipulaciones:
• Recomendaré o aplicaré según sea el caso, sólo las acciones y cambios que entienda sean beneficiosos a las personas y a sus asociaciones, a menos que este beneficio particular implique perjuicio a la sociedad general o daño innecesario a otras personas o sus asociaciones, y jamás recomendaré o aplicaré nada que yo sepa sería dañino a las personas o asociaciones que pidan mi consejo o asistencia.
• Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas o lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros.
• Pondré a la disposición pública mis prescripciones para la salud de la sociedad general cuando su aplicación requiera la aprobación de los Electores de esa sociedad, y daré a cualquier Elector que me la pida mi opinión acerca del estado y progreso de su sociedad general.
• Protegeré el secreto de lo que se me confíe como tal, a menos que se trate de intenciones cuya consecuencia sea socialmente dañina y yo haya advertido de tal cosa a quien tenga tales intenciones y éste probablemente las lleve a la práctica a pesar de mi advertencia.
• Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y en lo posible enmendaré inmediatamente las equivocaciones que haya transmitido y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando estos se debiesen a mi negligencia.
• Podré admitir mi postulación para cargos públicos cuyo nombramiento dependa de los Electores en caso de que suficientes entre éstos consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tales cargos con suficiencia y honradamente. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida.
• No dejaré de aprender lo que sea necesario para el mejor ejercicio del arte de la Política, y no pretenderé jamás que lo conozco completo y que no hay asuntos en los que otras opiniones sean más calificadas que las mías.
• Reconoceré según mi conocimiento y en todo momento la precedencia de aquellos que hayan interpretado antes que yo o hayan recomendado antes que yo aquello que yo ofrezca como interpretación o recomendación, y estaré agradecido a aquellos que me enseñen del arte de la Política y procuraré corresponderles del mismo modo.
• Me asociaré para el perfeccionamiento del arte de la Política y para lo que sea beneficioso a las personas y sus asociaciones, con aquellos que hagan este mismo juramento.
Séame dado, si cumplo con las estipulaciones de este juramento, vivir y practicar el arte de la Política en paz con mis semejantes y sus asociaciones, y reconocido y compensado justamente por mis servicios. Sea lo contrario mi destino si traspaso y violo este juramento.
Lo que acabo de leer es, pues, un compromiso público, y ruego a ustedes me sirvan de testigos y de fiscales, y que me exijan el fiel cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el juramento que he expresado.
Por otro lado, seguramente las cosas juradas por mí hoy ante ustedes necesitan un poco de explicación adicional, razón por la cual explico un poco más a continuación.
La primera de las estipulaciones del juramento dice: “Recomendaré o aplicaré según sea el caso, sólo las acciones y cambios que entienda sean beneficiosos a las personas y a sus asociaciones, a menos que este beneficio particular implique perjuicio a la sociedad general o daño innecesario a otras personas o sus asociaciones, y jamás recomendaré o aplicaré nada que yo sepa sería dañino a las personas u asociaciones que pidan mi consejo o asistencia”. Esto significa que nadie, que ninguna organización podrá pedirme, en virtud de que yo haya entrado con ella en una relación profesional, nunca podrá pedirme, repito, una lealtad tal que implique buscar el beneficio particular de esa persona o esa asociación hasta el punto de hacerlo a expensas del daño a la sociedad u otras personas y asociaciones. Por ejemplo, podré ayudar a una persona o asociación de personas a conseguir sus objetivos siempre que éstos sean legítimos y no produzcan daño. De lo contrario preferiré el bien general de la sociedad por encima de cualquier deseo de beneficio o lucro de quien pida mi asistencia.
La segunda de las estipulaciones dice así: “Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros”. Y esto significa entre otras cosas, que me opondré siempre al estilo de comunicación que se alimenta del escándalo y de las interpretaciones torcidas e interesadas, sobre todo de aquellas que lamentablemente se ven con tanta frecuencia en Venezuela, y que tienden a presentar nuestra sociedad como indigna o definitiva e irreversiblemente dañada.
La tercera estipulación es muy clara y no necesita explicación, y dice así: “Pondré a la disposición pública mis prescripciones para la salud de la sociedad general cuando su aplicación requiera la aprobación de los Electores de esa sociedad, y daré a cualquier Elector que me la pida mi opinión acerca del estado y progreso de su sociedad general”.
La cuarta estipulación dice: “Protegeré el secreto de lo que se me confíe como tal, a menos que se trate de intenciones cuya consecuencia sea socialmente dañina y yo haya advertido de tal cosa a quien tenga tales intenciones y éste probablemente las lleve a la práctica a pesar de mi advertencia”. Nadie, por tanto, podrá contar conmigo para la confidencia de proyectos dañinos. Si me encuentro con alguien que me confíe una cosa de tal naturaleza, procuraré disuadirlo de sus propósitos por todos los medios a mi alcance. Si no puedo convencerlo podrá ocurrir entonces que tenga que comunicar lo que me haya dicho en secreto para evitar daño a la sociedad.
La quinta de las estipulaciones del juramento dice: “Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y en lo posible enmendaré inmediatamente las equivocaciones que haya transmitido y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando estos se debiesen a mi negligencia”. Esto tiene que ser así porque la Política es un arte y no una ciencia, mucho menos una ciencia exacta. Lo que puedo prometer es lo mismo que prometió Hipócrates, quien decía: “Seguiré aquel sistema de régimen que, de acuerdo con mi capacidad y juicio, considere beneficioso a mis pacientes”. La sociedad es un paciente bastante más complicado que una persona que un médico atienda, por una parte, y por la otra, las sociedades cambian, sufren metamorfosis. Un tratamiento adecuado para cierto momento de una sociedad no necesariamente será eficaz para un momento posterior.
La sexta postulación, nuestro sexto mandamiento, dice lo siguiente: “No buscaré postulación alguna para ningún cargo público ejecutivo cuyo nombramiento dependa de los Electores, aunque podré admitirla en caso de que estos Electores consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tal cargo con suficiencia y honradamente. Cuando yo no coincida con esa opinión preferiré recomendar a quienes considere idóneos para el desempeño de las funciones del caso. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida”.
Entre otras cosas, ese mandamiento no impide que pueda buscar la postulación para cargos que no sean ejecutivos. Por ejemplo, podría aspirar pública y legítimamente a cargos legislativos o constituyentes. Pero tampoco impide que acepte cargos ejecutivos que no sean determinados por los Electores.
Lo que sí quiero evitar es el postularme yo mismo a cargos ejecutivos por elección popular, aunque pudiera aceptarlos si es la voluntad de los Electores. Aquí hay, tanto un eco de Hipócrates, quien en su juramento declaraba que no practicaría la cirugía, como una analogía con la correcta práctica médica que rechaza la publicidad de los médicos como si se tratase de un producto de supermercados. Finalmente, creo que el mejor médico es aquél que cree en la sabiduría fundamental del cuerpo humano, y que el mejor político es aquél que cree en la sabiduría del cuerpo social considerado como conjunto. El mejor médico es aquél que procura hacerse prescindible, innecesario. De allí la parte de la estipulación que me obligará a ejercer los cargos que pueda desempeñar en el lapso más breve que sea posible.
La séptima estipulación sólo necesita ser leída de nuevo, pues no tiene nada de ambigüedad: “No dejaré de aprender lo que sea necesario para el mejor ejercicio del arte de la Política, y no pretenderé jamás que lo conozco completo y que no hay asuntos en los que otras opiniones sean más calificadas que las mías”.
La octava estipulación reza así: “Reconoceré según mi conocimiento y en todo momento la precedencia de aquellos que hayan interpretado antes que yo o hayan recomendado antes que yo aquello que yo ofrezca como interpretación o recomendación, y estaré agradecido a aquellos que me enseñen del arte de la Política y procuraré corresponderles del mismo modo”. Creo que es lamentable la mezquina práctica de presentar como propias ideas o tratamientos que han sido formulados por otras personas con antelación. Dicho en criollo: “No debe ganarse indulgencias con escapulario ajeno”.
La última estipulación del juramento dice lo siguiente: “Me asociaré para el perfeccionamiento del arte de la Política y para lo que sea beneficioso a las personas y sus asociaciones, con aquellos que hagan este mismo juramento”. Esto es, que a pesar de que lo que he jurado es un compromiso individual y personal, uninominal podría decirse, daré la bienvenida a la asociación con personas que quieran honrar el mismo compromiso. Una sola persona puede hacer poco. Es por tanto preferible que seamos muchos los que queramos servir a los hombres como políticos guiados por los preceptos éticos que hemos expuesto.
Quiero dar a ustedes las gracias por su paciencia al escucharme. Quiero también ofrecer a quien desee tener una copia por escrito de este código de ética profesional para la Política el ponerla a su disposición. Pienso firmar las copias personalmente, como señal de compromiso no sólo público, sino con cualquiera que consienta en ser vigilante exigente del cumplimiento de mi compromiso.
Tengo confianza en ustedes. Creo que todos juntos podemos hacer que la Política sea digna de su nombre.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Sep 8, 1995 | Política, Referéndum |

Robin Hood ha ido a Nottingham a conversar con el sheriff de Su Majestad. Luis Raúl Matos Azócar, que en una época decía que en Venezuela había más de un Hood Robin que quitaba a los pobres para darle a los ricos, ha presidido una misión a Washington para buscar un acuerdo de apoyo de los principales entes financieros multinacionales.
Desde el punto de vista noticioso, la visita de Matos al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, constituyó una sorpresa equivalente a la del anuncio del aumento en los precios de la gasolina que hiciera el propio Presidente de la República, el doctor Rafael Caldera. Como si se hubiera propuesto dejar sin argumentos a la oposición, el gobierno ha iniciado una secuencia de decisiones que van poco a poco acercándose a las recomendaciones críticas a su gestión de política económica.
Otra manera de ver la serie de medidas es, sin embargo, como una aceptación a regañadientes de ciertas realidades económicas. Así, el gobierno intervino bancos en contra de su voluntad, pues primero buscó salvarlos con sus administraciones intactas, y sólo después de que este expediente fracasara fue que procedió a la intervención. Más tarde impuso un impuesto al valor agregado por otro nombre, en contradicción directa de la siguiente promesa de la Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela: “…se impone la suspensión del Impuesto al Valor Agregado en cuanto constituye una carga injusta sobre los consumidores de menos recursos”. (Página 14).
Luego llegó el gobierno al control de cambios, a pesar de que el propio Presidente, el mismo día en que fue proclamado oficialmente Presidente Electo en la sede del Consejo Supremo Electoral, se declaró decididamente opuesto a tal medida. Igualmente, decretó el aumento en los precios de los combustibles para el mercado interno, contraviniendo una expresa postura contraria de la campaña electoral. Ahora va a negociar con el Fondo Monetario Internacional.
Yehezkel Dror tiene una expresión muy acertada para referirse a este tipo de decisiones—opción trágica—y que aplica a aquella situación en la que se encuentra un gobernante cuyas opciones son todas de un elevado costo social. Esta figura describe adecuadamente el proceso en el que se ha visto envuelto el gobierno de Rafael Caldera, puesto que no es sostenible la hipótesis de duplicidad en una trayectoria política cifrada precisamente en una alta credibilidad.
Ninguna de estas medidas, por otra parte—salvo en lo ya apuntado del impuesto al valor agregado—tuvieron alusión alguna en la Carta de Intención del candidato Caldera. En este documento no existe referencia, ni a favor ni en contra, al precio de la gasolina, el control de cambios o los avenimientos con el Fondo Monetario Internacional. (Tan sólo se dice que se restablecerá “el diálogo sobre la deuda con los organismos financieros internacionales”).
Desde este punto de vista, no hay técnicamente una violación del compromiso explícito de Rafael Caldera con los Electores, salvo en el punto, otra vez, del IVA. (A este respecto es interesante recordar que la primera idea de un impuesto al valor agregado se produce en Venezuela durante el primer período presidencial de Rafael Caldera, cuando su Ministro de Hacienda era Pedro Rafael Tinoco hijo y el Director General del Despacho era el doctor Luis Ugueto Arismendi, quien luego sería Ministro de Hacienda de Luis Herrera Campíns).
A pesar de tales consideraciones, es obvio que el gobierno y, específicamente el presidente Caldera, no han disfrutado la mayoría de las decisiones que ha debido tomar en materia de política económica. Pero también debe anotarse que la secuencia decisional de este gobierno ha comenzado a dejar temáticamente desamparada a la oposición.
La visita de Matos fue anticipada por declaraciones de que no se iría “de rodillas” ante el Fondo Monetario Internacional. La declaración tiene un estilo algo demagógico, y también algo de descortesía. No era necesaria de parte de un gobierno que ha sido muy celoso guardián de las prerrogativas implicadas en el ejercicio de nuestra soberanía. (De lo que queda de ella). Pero en todo caso el gobierno cumplió, a través de su Ministro de Hacienda, con solicitar auxilio financiero sujeto naturalmente a un cierto programa, siempre y cuando sea tomada en cuenta la poca disposición del gobierno en aplicar políticas de shock y su constante preocupación en materia social. Algo se aprendió del 27 de febrero de 1989.
En principio, Luis Matos logró estos propósitos. Un documento con las líneas generales de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será firmado antes de que concluya 1995; no habrá una devaluación por decreto; se desmontará parcialmente el control de cambios durante el primer trimestre de 1996 (para la cuenta corriente, no para la cuenta de capital); se congelará el 80% de los puestos vacantes de la administración pública; se reducirá el número de ministerios. A cambio, el gobierno aspira recibir a corto plazo no menos de 1.500 millones de dólares. Del Fondo Monetario Internacional procederían los recursos para apuntalar las reservas del país y para contribuir a la estabilización del sistema financiero nacional. Del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo provendrían los fondos que serían destinados a atender problemas sociales.
Tal cosa representará un alivio considerable de la agujereada y exigua Tesorería Nacional. Sobre ella pesan innumerables demandas por recursos. Por mencionar una que pudiera ser aprovechada criminalmente para excitar agitación estudiantil y luego general, las presiones provenientes de los sectores universitarios son un factor de presión que pacientemente intenta ser negociada por el gobierno. (Por ejemplo, representantes de la comunidad universitaria venezolana han solicitado recursos, solamente en materia de presupuesto operativo de 1996—sin considerar homologación de sueldos, tratamiento de prestaciones sociales, cláusulas de contingencia, etcétera—por un monto de 223 mil millones de bolívares, mientras el gobierno ha ofrecido 177 mil millones).
Pero también hay signos de racionalidad por parte de las universidades. El Consejo Nacional de Universidades recibió las proposiciones del Ejecutivo—no sólo sobre el punto del presupuesto “ordinario”—el 29 de septiembre, y consideró que tal oferta constituía una base posible de negociación entre las partes.
El periplo de nuestro Ministro de Hacienda por las sedes de los organismos financieros domiciliados en el Distrito de Columbia, fue entendido como muy auspicioso por parte de autoridades de la banca comercial norteamericana. Llegó incluso a decirse que las percepciones de Venezuela comienzan a cambiar entre los potenciales inversionistas extranjeros, y que esto habría ayudado a una acogida positiva de los planteamientos de Matos ante los organismos financieros internacionales.
Naturalmente, las voces que exigían el aumento de la gasolina hasta minutos antes de la alocución presidencial que lo anunció, y que al día siguiente encontraron modo de criticar una muy pensada y equilibrada decisión, hicieron todo género de críticas al viaje del Ministro de Hacienda.
Parece ser que en principio no hay mucho fundamento para las críticas. Los resultados del viaje de Matos parecen tanto adecuados como dignos. Y vale la pena recordar que a fines del año pasado, cuando ya habían sido decretados los controles de cambio y de precios, el mismo Michel Camdessus, Director-Gerente del Fondo Monetario Internacional, declaró luego de entrevistarse con el presidente Caldera que la política económica de su gobierno era bastante razonable y que veía un futuro brillante para Venezuela. Asimismo, los pronunciamientos oficiales conocidos del Banco Interamericano de Desarrollo han sido muy comprensivos, mientras que un informe del Banco Mundial de junio de 1995 sobre nuestro país reconoce la racionalidad y cree en la eficacia de los planes gubernamentales para la estabilización y recuperación de nuestra economía. En otras palabras, el FMI ha comprado la Agenda Venezuela.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 21, 1995 | Política, Referéndum |

Enero debe su nombre a los romanos, en cuyo panteón figuraba Jano, el dios bifronte, que miraba hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, al pasado y al futuro. Enero, pues, es un mes con el carácter de bisagra. Enlaza todavía el año que ha concluido con el año que comienza. El mes de enero de 1995 ha sido para los venezolanos—y para el mundo entero—un mes interesante.
Al cierre del año de 1994, a pesar del muy desagradable engaño-desengaño del Banco Progreso, una cierta evaluación positiva de la economía nacional, poco estridente, comenzaba a emerger de boca de notables venezolanos.
Berend Roosen, por ejemplo, al referirse en nombre del sector comercial venezolano a las expectativas económicas de 1995, expresaba por la prensa el viernes 30 de diciembre: “…yo creo que vamos a tener algo bastante más positivo para el año entrante”. Para Roosen, varios hechos y anuncios le hacían vislumbrar “unas variables macroeconómicas a final de año bastante más favorables en relación a las de este año”. Los hechos y anuncios a los que se refería incluían la aprobación de la apertura petrolera, la reforma a la Ley de Privatización, la restitución de las garantías, el informe sobre el tema de las prestaciones sociales, la decisión de no devaluar más el signo monetario y el hecho de que el presupuesto de 1995 no contemplara el aumento de la gasolina.
Del lado de las instituciones públicas, el Presidente del Banco Central de Venezuela, de modo muy mesurado, apuntaba algunos rasgos positivos en la gestión global de Venezuela en 1994. Así, destacó la marcada mejoría de la balanza de pagos venezolana, como también, al referirse al déficit del sector público, apuntó: “La gestión financiera del Gobierno Central cierra el año con un déficit estimado equivalente a 7,3% del PIB, en comparación con un déficit de 3,3% del PIB en 1993, a pesar del significativo esfuerzo realizado en la recaudación de nuevos ingresos internos. Es de hacer notar que dicho déficit hubiera resultado menor al registrado el año precedente de no haberse presentado la crisis financiera…el déficit financiero del Gobierno Central, excluyendo los referidos impactos derivados de la crisis bancaria se estima, para el cierre del año, en 1,2% del PIB”.
De modo más general, el estado de ánimo más difundido en Venezuela pareciera ser el de una terca esperanza. Si Enrique Iglesias viene a confirmar el juicio positivo de Michel Camdessus, esa terquedad obtiene una reivindicación más. Es la esperanza que comienza a asentarse en el conocimiento de que sí hay capacidad en el país para salir del actual atolladero. Si Ignacio Rodríguez Iturbe, marabino, penetra con sus computadores misterios de la hidrografía que le hacen autoridad reconocida mundialmente, la psiquis de Venezuela registra el hecho en unas cuantas de sus neuronas, en unas cuantas cabezas que registran el dato del triunfo de un venezolano. Y estas cabezas cambian su mirada, y transmiten la nueva conciencia a quienes les encuentran, y éstos a otros, y así sucesivamente.
El Fondo Cultural Hans Neumann ha ideado una sencilla campaña radial de modificación de actitudes. Uno de sus textos dice:
Los científicos de las más diversas disciplinas han comenzado a toparse, cada vez con mayor frecuencia, con el llamado «efecto del ala de mariposa». El fenómeno se encontró por primera vez en los estudios del clima, en la ciencia de la meteorología, pero hoy en día se le ha reconocido en cardiología, en aeronáutica, en economía, en ecología, en hidráulica, en sociología… El efecto de ala de mariposa se refiere a la acción de causas muy pequeñas, que dentro de un sistema complejo, lleno de muchos elementos que se influyen mutuamente, pueden generar resultados muy grandes. En un sistema tan complejo como el del clima de la tierra, el aleteo de una sola mariposa en China podría desencadenar un huracán en el Caribe, a muchos meses y kilómetros de distancia. La sociedad de los hombres es un sistema muy complejo, más complejo que el sistema del clima terrestre. La acción más pequeña de un solo hombre puede tener grandes e impensables consecuencias. Por eso es importante la vida de cada uno de nosotros, por eso es importante el más pequeño de nuestros actos. Un papel tirado al piso con descuido, un gesto amable, una pequeña mentira, un poco más de esfuerzo, pueden llegar a ser la diferencia entre el fracaso o el éxito de nuestra sociedad. No te engañes. Cada cosa que haces es importante. No botes ese papel por la ventana. «Más importante que el gobierno lo haga bien es que el país lo haga bien».
Que se conciba una campaña así es señal de que quien la patrocina cree que tendrá efecto, que habrá quien escuche y cambie para mejorar. Pero, además, este trozo en particular enfatiza que no resulta científico despreciar el efecto de pequeñas cosas, de pequeñas señales, de eventos minúsculos, sobre el cauce que tomen los acontecimientos sociales. Hasta el triunfo de un hombre de la tercera edad, como Pompeyo Davalillo, en contra de todos los pronósticos, “viniendo de atrás”, arroja luz sobre los logros que pudiera obtener un gobierno dirigido por un manager de edad considerable, en medio de mucho pronosticador agorero.
Las “verdades” de Naím
Y es que hasta alguno de los conspicuos “viudos del paquete” modera ahora sus apariciones ocasionales en el debate nacional. Moisés Naím, ex Ministro de Fomento del anterior período constitucional, vino hace poco al país. El diario “El Nacional” publicó una extensa entrevista a este importante estudioso de las políticas económicas. Según el periódico, desde sus predios en Washington “…Naím monitorea lo que ocurre en las economías latinoamericanas, pero en Caracas prefiere no comentar sobre los altos y bajos de la economía de Venezuela”.
Por esa razón, dentro de sus declaraciones vertidas hacia el problema mexicano, Naím no hizo más que pontificar con cuatro “verdades” tomadas por la chiva, las que en general están sobre buenas bases de sustentación. No obstante, Naím dijo lo que parece que es sólo la verdad, casi nada más que la verdad, pero, como dijo una vez Rafael Caldera de sí mismo, no toda la verdad. Veamos las cuatro “verdades” de Naím.
Vamos a hablar de cuatro verdades, que forman parte de lo que afirman es un plan neoliberal: 1) El gobierno no debe gastar más de lo que gana: cuentas fiscales en orden. 2) Privatizar, porque el Estado no debe manejar hoteles y aerolíneas, y el poco tiempo y dinero debe invertirlo en áreas que el sector privado no atiende, como la seguridad y la educación. 3) Es mejor una economía abierta y de comercio, porque una economía cerrada lo que permite es que unos monopolios vendan productos malos y caros a unos consumidores que no tienen otra alternativa. Una economía abierta permite un crecimiento más sólido. 4) Las tasas de interés no pueden estar por debajo de la inflación esperada, porque si no el dinero se escapa. No se puede tener tasas de cambio fijas que sean establecidas por funcionarios que decidan a quién se le vende divisas o no. Este es el modelo que llaman neoliberal o como se prefiera, y yo estoy dispuesto a decir que los países que tienen fundamentadas sus economías en estas verdades van a llegar al año 2000 más sólidos que los gobiernos que intentan escapar de realidades inexorables. Los gobiernos que las ignoran crean más pobreza y desigualdad.
Respecto de su primera “verdad”. No hay que discutirla mucho. El ideal de comportamiento económico es que los ejercicios de las personas, naturales o jurídicas, privadas o públicas, sean siempre superavitarios. Naím trabaja en Washington. Allí reside un gobierno, sin embargo, crónicamente deficitario, en cantidades gigantescas: el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Una “caja” insertada en la misma página de la entrevistada publicada por “El Nacional” (22 de enero de 1995), busca adelantarse a esta observación, e incluye una muy ingenua defensa anticipada de Naím: “…si bien Estados Unidos tiene déficit en sus cuentas internas, la diferencia es que tiene tasas de interés muy bajas que le permiten financiar el déficit porque la calidad de sus políticas económicas logra que el mundo le mande dinero”.
Parece, pues, que la primera “verdad” de Naím ya no lo es tanto, puesto que puede ser condicionada. Para este analista y ex ministro, si un país tiene políticas económicas de buena calidad—como las tendría ahora Venezuela al decir de Michel Camdessus y Enrique Iglesias—puede darse el lujo de operar en déficit. Pero es que, por un lado, las políticas económicas de los Estados Unidos han sido fuertemente cuestionadas desde hace bastante tiempo, tanto internamente como fuera de su territorio. Por el otro, resulta ingenuo pensar que ese solo factor de la “calidad” de la política económica norteamericana bastaría para determinar su crédito internacional, y que factores distintos, tales como la escala de su mercado y la fortaleza de su posición política y militar no tienen nada que ver en el asunto. Eso por lo que respecta a la primera “verdad” de Naím.
La segunda de las “verdades” es también aceptable en términos generales. Coincidimos con Naím en preferir que el tejido económico se construya a sí mismo, que prácticamente toda la actividad económica sea de carácter privado. Esto no significa que deje de ser aceptable un principio de subsidiaridad del Estado en materia de economía, y que éste no deba intervenir cuando los actores privados no puedan o no quieran hacerlo, o cuando lo hagan muy mal, como en el muy patente caso de la administración de ciertos bancos venezolanos. No es por razones placenteras que el Estado venezolano ha tenido que asumir el control de los bancos intervenidos durante todo el año de 1994.
Una pequeña inexactitud de esta segunda “verdad” de Naím se produce cuando declara que el sector privado no atiende a la educación y a la seguridad. Son unas cuantas las empresas privadas que hacen su negocio, precisamente, de las necesidades crecientes de seguridad en Venezuela, y si no que pregunten a los habitantes del barrio El Onoto, que en ejercicio de la iniciativa privada, han llegado al extremo de ajusticiar delincuentes. Y en materia educativa, naturalmente, la actividad privada, tanto dentro de un marco comercial como en instituciones sin fines de lucro, tiene una importante historia en el país, como la tiene en los Estados Unidos de Norteamérica. A Naím le consta porque ha hecho estudios de postgrado en el muy privado Instituto de Tecnología de Massachussetts y ha sido notable profesor del muy privado y venezolano Instituto de Estudios Superiores de Administración. Los ejemplos de hoteles y aerolíneas son más bien ejemplos fáciles. Habría sido interesante que Naím hubiera expresado su opinión respecto de la privatización, digamos, de Petróleos de Venezuela.
Lo antedicho sirve para coincidir de nuevo con Naím en que es preferible una “economía abierta y de comercio” y que también es preferible que no existan monopolios –como, por ejemplo, el de la CANTV privatizada, heredera del antiguo monopolio público en telefonía de alambrada.
Ahora bien, ya que Naím se refirió a “productos caros”, resulta interesante que no haya dicho una sola palabra, en toda una página de periódico tamaño standard, acerca del problema de cómo curar la inflación, el proceso de continuo encarecimiento de los productos en una economía abierta. Las veces que se refiere a la inflación deja de prescribir tratamientos, ni concreta ni vagamente expuestos. Así, por ejemplo, en su cuarta y última “verdad”, lo que nos regala es la recomendación de que se mantengan en el país tasas de interés superiores a la inflación esperada, para evitar la fuga de capitales. “Si no el dinero se escapa”.
Charro charrasqueado
Pero hemos dicho que el tema principal de Naím en la entrevista de “El Nacional” fue el caso de la reciente débâcle mexicana. Naím intenta, con no demasiada fuerza, salir al paso de posibles interpretaciones de los recientes problemas de México como “el fracaso de las políticas neoliberales”. En cambio, sugiere que lo ocurrido se debe “al intento de politizar una política económica sana”.
Vale la pena resaltar que la política económica mexicana de los años recientes distó mucho de la sanidad, y que los resultados desastrosos de la gestión de Salinas de Gortari –cuya cabeza ha llegado a ser solicitada por algunos de sus más exaltados y desesperados compatriotas– fueron previstos con suficiente anticipación.
En un trabajo de Carlos Cota, Peter Rush y Dennis Small, publicado el 1º de abril de 1993 en Executive Intelligence Review, la situación por la que atraviesa México fue pronosticada con más de año y medio de antelación. El trabajo mencionado fue titulado así: El “modelo mexicano”, catástrofe para el mundo, éxito para los banqueros.
A continuación, haremos extensas citas de ese lúcido trabajo de Cota, Rush y Small.
Decían hace casi dos años los autores del estudio:
Según los fabricantes de mitos, el «nuevo México» de Carlos Salinas de Gortari, el presidente harvardiano de México, ha dominado la inflación, echó a la basura la tradición de 70 años de control estatal de grandes porciones de la economía y se ha puesto en una trayectoria de crecimiento sostenido que debería emular el resto de Iberoamérica y, por qué no, Europa oriental. México paga sus deudas, abrazó el «libre mercado» y hace las «reformas» económicas necesarias para abrir el país a la importación irrestricta de bienes y capitales («libre comercio»), y a la repatriación irrestricta de ganancias que abandonan el país. Esto, dicen ellos, prueba que la economía liberal sí funciona, y que México es la receta para el éxito que todas las naciones deben seguir.
Todo esto se ha hecho—continúa el argumento—para abrir el camino al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos, Canadá y México, el cual consolidaría estas reformas de libre mercado. El TLC, entonces, también es un modelo a seguir por otras naciones.
El «modelo mexicano», sin embargo, es un fiasco. Atrás de la fachada viven 90 millones de mexicanos comprobadamente más pobres que el ruso promedio de 1935. Una inmensa mayoría de mexicanos gana menos de la mitad de lo que ganaba hace diez años, y el consumo de alimentos se redujo drásticamente en 30 por ciento en el mismo período. Más de 50 por ciento de la fuerza de trabajo está desempleada de manera efectiva y las filas de desempleados crecen a la velocidad de casi un millón al año. Las estadísticas de salud y educación revelan un holocausto social en marcha, con desnutrición endémica que afecta a la mayoría de los niños y enfermedades que crecen sin control, al tiempo que la educación se derrumba.
Lejos de ser un modelo de economía triunfante, el «modelo mexicano» verdadero es el modelo de la rendición de la soberanía económica a los Estados Unidos. El presidente Salinas de Gortari, que llegó a la presidencia en diciembre de 1988, aceptó un Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TLC) que representa la virtual absorción económica de México a la economía de los Estados Unidos en detrimento de los empleos y los salarios de ambos lados de la frontera, y para beneficio de los banqueros que promueven el proyecto. El objetivo del TLC, como denuncia el informe que sobre este tema publicó EIR hace dos años, es encarcelar a México en las reformas de Salinas de Gortari que han permitido el reinado desenfrenado de los bancos extranjeros y las compañías multinacionales para explotar la mano de obra barata de México, comprar sus bancos y realizar el saqueo especulativo criminal de lo que queda de su sistema financiero, todo con el fin de cobrar religiosamente la gigantesca deuda externa de México”.
“No obstante que la reducción a la mitad del nivel de vida no ha provocado (aún) una explosión social como las ocurridas en otros países de Iberoamérica (como Venezuela y Brasil)—el trabajo que estamos citando antecedió por varios meses los acontecimientos de Chiapas—, la otra consecuencia de adoptar las normas de libre comercio—un enorme déficit comercial sin precedente en la historia de México—puede provocar el estallido del sistema financiero mexicano en el futuro cercano”. Premonitorio, ¿no es verdad?
“La medida más dramática de la crisis inevitable—que es hija legítima del “libre comercio”—es el creciente e insostenible déficit comercial. México importó en 1992 cerca de veinte mil millones de dólares más que lo que exportó. Con los ingresos por exportación sólo puede pagar menos de dos tercios de sus importaciones”.
“Para financiar este déficit de cuenta corriente de 20 mil millones de dólares al año, el gobierno mexicano se ha dedicado a atraer un flujo inestable de dinero que sólo busca ganancias especulativas. Si se quiere comprender esta «estrategia» hay que mirar unos años atrás. De 1975 a 1982 grandes cantidades de capitales abandonaron el país, en su mayoría con destino a cuentas bancarias suizas, inmuebles en Miami y cuentas en bancos estadounidenses. (¿Suena conocido?) Los capitales fugados—en una estimación conservadora—se calculan en 60 mil millones de dólares. El grueso de la deuda externa de México, como la de 1992, se solicitó en realidad tan sólo para proporcionar dólares, de manera que dicho capital, originalmente en pesos, se pudiera convertir en dólares y abandonar el país.
Al inicio del régimen de Salinas de Gortari se identificó a ese capital fugado como un recurso que había que traer de vuelta al país para que ayudara a sostener el programa del FMI. En 1989 se clamaba que cantidades crecientes de esos capitales regresaban a México, por lo que se esperaba con confianza que fueran la salvación de México. Desde que Salinas de Gortari llegó a la presidencia han ingresado al país 27 mil millones de dólares de supuesta inversión extranjera, más de dos tercios de ella especulativa. Casi la mitad de esa cifra ingresó al país tan sólo en 1992. Aunque la mayoría de ese capital a todas luces no es el mismo dinero que huyó en los años ochenta, dado que la mayoría parece ser de «inversionistas» estadounidenses que buscan dinero fácil, ha sido la única cosa que ha impedido que México sea golpeado por una crisis cambiaria.
Pero hoy el castillo de naipes está a punto de caer… Antes de 1989 no entraban más de tres mil millones de dólares al año, y las más de las veces el ingreso anual de dólares era menor a los mil millones, todo dirigido a la «inversión directa» para comprar o construir capital físico. Desde 1989 la inversión está destinada cada vez más a «inversión en portafolio» puramente especulativo, que no es otra cosa que poner dinero en el volátil mercado de valores de México, o comprar deuda gubernamental mexicana a corto plazo a tasas de interés exorbitantes, en los llamados Cetes (Certificados de la Tesorería). De 1989 a 1992 se duplicó la inversión directa, que llegó a seis mil millones de dólares, pero la inversión en portafolio se disparó a 11 mil millones de dólares”.
“Pero a mediados de 1992 sucedió lo inevitable, y ahora el mercado se ubica por abajo de lo que estuviera hace un año y el dinero comenzó a salir… Para atraer dinero que compensara esa fuga, el gobierno mexicano elevó las tasas de interés drásticamente… Esas tasas de interés tan elevadas han diezmado a los solicitantes de crédito nacionales que necesitan dinero para invertir o hasta para sus gastos de operación. El resultado es que hasta las cifras oficiales revelan una marcada reducción del ritmo de crecimiento a partir del verano pasado.
Peor todavía, el gobierno mexicano se convirtió en rehén de esas tasas de interés internas usureras, puesto que cualquier declinación puede provocar enormes fugas de capital, ya que la mayor parte de la deuda es en Cetes con vencimiento entre 7 y 28 días. Si bajan las tasas, los inversionistas extranjeros sencillamente no renovarán sus Cetes, y el gobierno tendrá que pagar miles de millones de dólares de un día para otro”.
“La política del gobierno para manejar el déficit de la cuenta corriente es lisa y llanamente mantener altas las tasas de interés”. (Parecida a la recomendación de Naím, a la cuarta de sus “verdades”). “Es difícil predecir por cuanto tiempo más esa sola jugada podrá mantener el juego de dados especulativo. Es muy probable que Salinas de Gortari se vea forzado a devaluar el peso—medida que ha tratado de evitar con desesperación—, con lo que se desinflaría el mito internacional del «modelo mexicano» y la crisis de la deuda externa del país se colocaría en el lugar central”. (Ahora sabemos que Salinas le pasó el problema a su sucesor, quien no había calentado todavía el puesto cuando se vio forzado a devaluar).
El trabajo de Cota, Rush y Small es implacable. Valdría la pena reproducir íntegramente su análisis. Baste lo citado hasta ahora, sin embargo, para salir al paso de la naimesca interpretación, según la cual el serio traspié mexicano no tiene nada que ver con el modelo neoliberal, sino con la intromisión de la política en el curso de “políticas económicas sanas”. Nada de sano se manifiesta en el análisis de Executive Intelligence Review. No tiene nada de sano el proceso de desinversión pública de México, hasta el punto de que se proyecte para el año 2000 que, a consecuencia de la descapitalización de su sector petrolero, ese país pase a ser ¡importador de petróleo! No tiene nada de sano que el gobierno mexicano haya falseado sus estadísticas poblacionales como único modo de presentar cifras menores de desempleo. No tiene, en fin, nada de sano que la población mexicana sufra extensamente de pobreza y de desnutrición.
Héctor Valecillos ha disecado con pluma tan certera como los autores del Executive Intelligence Review el cuerpo tumefacto del plan de Salinas de Gortari. En artículo aparecido en el diario “El Globo” (9 de enero de 1995), Valecillos escribe:
…el éxito mexicano no soportó la prueba de 1994. En los propios días de año nuevo, la revuelta campesina de Chiapas puso al descubierto las profundas desigualdades que desgarran a la sociedad mexicana, escasamente disimuladas por la mampostería de una democracia de ocasión; desigualdades que inciden especialmente sobre la gran mayoría de las masas del campo, predominantemente campesinas. Tres meses después, el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, en una acción tenebrosa cuyos móviles no se han querido desentrañar, conmocionó aún más al ya convulso panorama político y económico de esa nación. Pero fueron hechos más recientes, a escasos días de la toma de posesión de Emilio (sic) Zedillo, en especial la rápida y pronunciada devaluación del peso y el subsecuente torbellino que se desató en los mercados financieros, los que pusieron en cuestión la pertinencia del modelo económico instrumentado a partir de 1988 y sembraron de incertidumbre el futuro del país de Lázaro Cardenas.
Prosigue Valecillos, en el artículo que llamó México, el fin de una ilusión:
Dicho sin ironía, a la luz de los hechos, la realización más exitosa del gobierno de Salinas no estuvo en la esfera económica sino en el dominio publicitario… lo que le permitió «vender a México» tanto a la mayoría de los legisladores norteamericanos como a una porción importante de la población estadounidense… Sin embargo, este cántico al «milagro» ocultaba cínicamente aspectos críticos de gran trascendencia… el crecimiento económico logrado por el gobierno de Salinas durante 198893 escasamente alcanzó a 3,15% al año, lo que contrasta claramente con el ritmo alcanzado durante 19401980 (6% al año en promedio), cuando estuvo en vigencia el modelo ahora desacreditado de la sustitución de importaciones con apoyo estatal…en contra del mito según el cual la «recuperación de Salinas» ha sido el resultado de la acción de las fuerzas del mercado, el modesto crecimiento logrado ha dependido fundamentalmente del apoyo masivo adoptado por instituciones multilaterales (BID, FMI y BM), el cual ha servido para fortalecer la inversión privada extranjera y en particular los flujos financieros.
Y sigue disecando Héctor Valecillos:
…la política de apertura externa indiscriminada y de pago a ultranza de la deuda externa—ejes clave del modelo FMI—tuvo como resultado una ampliación desmedida del déficit de la balanza comercial mexicana, el cual se sitúa actualmente en 30 mil millones de dólares. Cifra inquietante pero explicable en una economía cuyas importaciones equivalen al 30% de su producto interno. Dados el nivel absoluto y el ritmo de aumento del déficit comercial, no puede extrañar que en tan sólo seis meses (juniodiciembre) México haya consumido el 80% de sus reservas internacionales, las cuales alcanzaban a $ 25 mil millones a mediados de año. De aquí a la devaluación abrupta no había sino un paso, precisamente el que se dio a finales del año.
Y concluye así la disección del cirujano Héctor Valecillos:
Para el 30% más pobre de la fuerza de trabajo, los salarios en 1993 eran 70% inferiores al nivel alcanzado en 1976. De 1988 a 1991 la porción de los salarios en el ingreso nacional cayó desde el impresionantemente bajo nivel de 26, 6% a 24,7%. En estas circunstancias no debe extrañar que al salir del gobierno Salinas deja como herencia 40 millones de pobres, casi la mitad de la población del país…Es en estos factores, objetivos y constatables, y no en la torpeza de los burócratas responsables del manejo de la política financiera donde deben buscarse las causas determinantes del rápido desmoronamiento de los logros del que hasta hace pocos días fuese juzgado «el mejor alumno del FMI».
Eso sí son verdades. Verdades que Moisés Naím prefirió ignorar olímpicamente, en su innecesaria y reciente visita al país.
Las verdades de Perogrullo
Como ya es costumbre, debimos escuchar de nuevo la palabra de Arturo Úslar Pietri. Un poco callado desde que Ramón Adolfo Ilarramendi le recordó cómo el antiguo PDV—el partido del general Isaías Medina del que Úslar era primerísimo dirigente— había consagrado la intervención del Estado en sus propias bases programéticas, ha vuelto a aparecer, como ya es costumbre, inaugurando un nuevo ciclo de Primer Plano, el programa de opinión que conduce Marcel Granier. (Úslar Pietri, poco antes del rescate documental de Illarramendi, había ofrecido preocupadas declaraciones a la prensa sobre el intervencionismo del gobierno actual).
La información es definida, por la teoría que la estudia, como aquello que cambia el estado mental de quien la recibe. Si se le dice a los venezolanos que la tierra es redonda, que el agua moja, o que Carlos Gardel ha fallecido, no se les está ofreciendo información. Eso ya se sabe; eso no cambia para nada nuestro estado mental. Algo así resultó ser la última aparición del profeta Úslar ante las cámaras del Canal 2.
Por una parte, todo lo que dijo ya lo había dicho antes, él mismo u otros venezolanos que han opinado sobre el tema nacional. No incluyó nada nuevo, ni siquiera en su reconocimiento a la figura del Presidente de la República. (“…no hay que olvidarse de un hecho, Marcel, que la estabilización del sistema político venezolano, la desaparición de la amenaza cierta o supuesta de un posible golpe de Estado militar o de movimientos insurrecionales en el país, se debe en gran parte a un solo hecho: la presencia de un hombre que se llama Rafael Caldera en la Presidencia de la República. Caldera es un hombre creíble, es un hombre honorable, es un hombre respetable, es un hombre honesto, y eso es una novedad escandalosa en la Presidencia de Venezuela, y eso al país lo ha impresionado. De modo que el país cree en Caldera. Pero es un soporte muy frágil, porque depende de un hombre”).
De resto, verdades de Perogrullo. La comparación con la Venezuela de hace cincuenta años, cuando el presupuesto de la Nación no alcanzaba a 500 millones de bolívares y el país tenía 4 millones 400 mil habitantes. “De entonces acá, la población ha crecido cinco veces, quizás ni siquiera eso, y el gasto público en bolívares no ha crecido 100 veces ni quinientas, ha crecido cinco mil veces. De modo que por cada bolívar que el Estado venezolano gastaba en 1945—ese año en el que Úslar era decidido partidario del intervencionismo estatal—, gasta cinco mil bolívares hoy”. Úslar no alcanzó a referirse, obviamente, a la inflación de cuarenta y cinco años, ni a la diferencia entre el presupuesto norteamericano de hoy comparado con el de hace cincuenta años (aún en condiciones de guerra mundial), ni tampoco se refirió al crecimiento del gasto privado en el mismo lapso. Tan sólo lo que se estima tienen hoy los depósitos privados en dólares en el exterior equivalen, en bolívares, no a 500 veces, Arturo, ni siquiera a 5.000 veces, Marcel, sino ¡a 27.200 veces el presupuesto nacional íntegro del añorado año de 1945!
De modo que con comparaciones tan dramáticas como las que Úslar repite una y otra vez, no se nos ilustra, no se nos enseña, en realidad, dado el corte falacioso de su cartabón. De resto, puede entenderse su añoranza de 1945, cuando Úslar formaba parte del gobierno de entonces, cuando, repetiremos una vez más, Arturo Úslar Pietri militaba en un partido gubernamental en cuyo programa se había consagrado como principio la acción intervencionista del Estado. (Ver en el número doble 9-10 de esta publicación, “La libertad económica y la intervención del Estado”, de Mario Briceño-Iragorry, pags. xxv a xxvii).
Cuando Úslar Pietri pareció aproximarse a la concreción, volvió con su reiterada recomendación (que otros habían formulado antes que él) de reducir el número de ministerios a una docena, de reducir el tamaño del gobierno en tres años, de “racionalizarlo”. Y también con su recomendación de un gabinete de emergencia, que ahora denomina un “comando de crisis”. La última vez que Úslar Pietri había sugerido una cosa así (en Primer Plano) corría el mes de diciembre de 1991, a menos de un mes del intento militar del 4 de febrero de 1992. Tan tarde como eso Úslar Pietri proponía que el presidente Pérez se pusiera “al frente de un gobierno de emergencia”. Días después del fallido golpe Úslar pedía la renuncia de Pérez, sólo un mes después de haber opinado que Pérez encabezara un gobierno nacional de emergencia. ¿Irá a pedir Úslar la renuncia de Caldera?
¿Es serio y responsable Úslar cuando presenta al país los más oscuros colores del cuadro nacional sin proponer absolutamente nada útil, cuando ha podido señalar más de un rasgo francamente positivo? ¿Es que, como Ledezma, piensa continuar prescribiendo el mítico y vago remedio del “gran acuerdo nacional”? ¿Es que le era imprescindible volver sobre el tema de consenso nacional del desmedido tamaño del Estado al cabo de un año en el que el déficit del gobierno central fue reducido, si no se toma en cuenta el gasto de la emergencia financiera? ¿Es científico cuando deja colar frases tan poco comprobables como que “lo peor es que (el gobierno) da la sensación de que se siente contento” al haber intervenido los bancos en problemas? ¿O es que ya Úslar no puede enseñarnos más allá de lo que ha hecho, considerablemente, y ya Marcel Granier debiera dejarlo tranquilo? En octubre de 1991 Úslar admitió: “Hasta ahora no hemos encontrado las nuevas ideas para la nueva situación”.
Llama la atención esta nueva salida de Úslar Pietri, el timing escogido para la misma, que pareciera prelusiva de un nuevo partido político, a juzgar por el diálogo sostenido con Marcel Granier. Tal vez un nuevo PDV, el Partido Democrático Venezolano de su juventud, liderado por gente como Marcel Granier. Ya antes, en uno de los innumerables juegos de palabras de Úslar y Granier, el viejo maestro parecía pedir el relevo del joven empresario de medios y turismo. Ya antes, hace diez años, Úslar decía “el país está deseoso de que se le señale un rumbo”, como ahora repite “el país lo que necesita a gritos, en este momento, es una orientación, un camino que se le marque”. Estamos de acuerdo. No otra cosa ha venido reiterándose en esta publicación desde hace todo un año. Pero de lo que estamos ya seguros es de que Úslar Pietri no será quien señale ese camino, porque por propia admisión, aún no ha “encontrado las nuevas ideas para la nueva situación”.
Otras señales
Desde las alturas uslarianas podemos descender a niveles verdaderamente subterráneos. El “analista” Andrés Galdo, en su venenosa columna (acostada) Laberinto, mencionó el nombre de Gustavo Roosen para presentarlo como el padrino protector que Orlando Castro habría tenido en las filas del gobierno. El Banco Latino presidido por Roosen se había negado a pagar algunos “servicios” suministrados, según Galdo por él mismo, a ese instituto en la época de su previa administración, al no poder presentar el “analista” Galdo ningún soporte o documento que hiciera legítima su pretensión. He allí un motivo de molestia para el “analista”—redactor de verdaderos escritos anales, en el sentido no histórico sino freudiano—, quien no hace demasiado tiempo servía las necesidades de Gustavo Gómez López, de quien ahora denuesta periódicamente en sus laberínticas preparaciones. El desmentido a favor de Roosen vino a servirlo, inadvertidamente, el propio Orlando Castro, que desde sus cuarteles de invierno en Miami se caracterizó a sí mismo como víctima de las confabulaciones del Grupo Roraima, el que aseguró estar formado por Gustavo Roosen, Marcel Granier, Oscar García Mendoza y Carlos Bernárdez. Parece ser, pues, que Orlando Castro no tiene que agradecerle nada a Gustavo Roosen.
Mientras Andrés Galdo y Orlando Castro se ocupan de difundir especies interesadas, uno de los nombrados por este último, Oscar García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito, convocó a la prensa para proponer públicamente por su intermedio las líneas generales de un tratamiento a la crisis financiera del país. García Mendoza, temprano crítico—allá por 1989—de las políticas financieras del último gobierno de Carlos Andrés Pérez, anunció que el Banco Venezolano de Crédito había encargado un estudio del problema financiero venezolano a un grupo de economistas que dirigió su tocayo de apellido, Gustavo García Osío, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración.
Los objetivos del plan esbozado por García Mendoza son los siguientes: 1. Recuperar la confianza de los depositantes y reducir drásticamente la amenaza de una crisis latente y no resuelta; 2. Recuperar la rentabilidad de la intermediación financiera y preservar a las instituciones financieras solventes y/o recuperables; 3. Esparcir en el tiempo el costo de la crisis financiera y reducir o evitar sus impactos monetarios e inflacionarios en el corto plazo; 4. Reducir el “Riesgo o Daño Moral” en el tratamiento de los depositantes; 5. Facilitar la estabilización macroeconómica, la cual a su vez se retroalimenta con la crisis financiera; 6. Recuperar el ahorro y la inversión privada, así como el crédito a largo plazo tanto para las familias como para las empresas.
Como decíamos en la pasada edición de esta publicación, ha llegado el tiempo de proponer. García Mendoza se ha sumado al actual diálogo nacional en busca de soluciones, en momentos cuando ha sido puesta sobre el tapete la posibilidad radical de nacionalizar toda la banca. De allí su insistencia en la instrumentación específica de un plan cuyos objetivos, dicho sea de paso, debieran ser totalmente aceptables para el gobierno. Es inconcebible que algún funcionario gubernamental viniese a proponer que no se debe recuperar la confianza de los depositantes, ni se debe facilitar la estabilización macroeconómica, ni tampoco se debe recuperar el ahorro y la inversión privada. De modo que el quid de la reciente emergencia propositiva de García Mendoza viene a ser el punto de las medidas específicas que sugiere, y que en síntesis deben ser entendidas así: “No me confundan”.
En efecto, García Mendoza-García Osío proponen que se clasifique a los bancos privados en tres grupos: a. Bancos solventes y rentables en todas las etapas del negocio bancario; b. Bancos aparentemente solventes y con ganancias en la intermediación financiera, pero poco rentables o con pérdidas al incluir costos de transformación y/o reducir operaciones conexas; c. Bancos insolventes y que registran pérdidas operativas.
Para los bancos del último grupo, los García proponen un drástico acto quirúrgico: intervención pública inmediata por parte del gobierno con garantía total de los depósitos. (Mucho más allá de los niveles previstos en la Ley de emergencias financieras). Para los bancos en situación de poca rentabilidad el nombramiento de un “veedor” con poderes de veto y la elaboración de un plan de recuperación de los mismos. Para los bancos en situación óptima—el Banco Venezolano de Crédito, por ejemplo—que los dejen tranquilos. “No me confundan”.
El trabajo y las proposiciones del mismo son mucho más extensas y detalladas que lo hasta ahora expuesto. Además, García Mendoza anunció que el trabajo completo sería próximamente publicado, por lo que restringimos el comentario a lo antedicho. Vale la pena, sin embargo, algunas anotaciones adicionales.
La proposición García-García requiere algunas acciones a las que llama “macroeconómicas”, entre las que destaca, por su doble alusión al comienzo y al final mismo (puesto de honor) del documento sinóptico, “la privatización de una parte importante del negocio petrolero”. No se sabe el límite de esta parte que los García proponen privatizar, así como tampoco si el mecanismo previsto sería el propuesto hace poco por Andrés Sosa Pietri, la venta de acciones de PDVSA. Pero los autores del estudio en cuestión conceden una importancia central a este aspecto: “…la generación de los montos requeridos para la solución de los problemas planteados pasa por la privatización de una parte importante del negocio petrolero, lo cual debe plantearse como parte integrante de un plan de rescate de la economía no sólo para superar la crisis actual, sino también para evitar la recurrencia de la misma en el futuro una vez privatizada parcialmente dicha industria”. Los autores dejan de explicarnos por qué la privatización de “parte importante” de la industria petrolera serviría para evitar la recurrencia de la crisis, o qué papel habría tenido en la actual crisis financiera el hecho de que la industria petrolera sea del Estado.
De resto, siempre se topa uno con los consabidos comentarios antipúblicos: “…el Estado ha demostrado ser un pésimo administrador de las instituciones financieras…” Suponemos que García Mendoza y García Osío no se refieren, por ejemplo, a la administración del Banco Central de Venezuela, y que tampoco han percibido la inmediata contradicción entre una declaración de ese tenor y su enfática proposición de que el Estado asuma de inmediato la administración de los bancos privados que estén siendo pésimamente administrados por actores privadísimos. Por último, a pesar de este faux pas de lógica elemental, creemos sana la distinción que García Mendoza quiere establecer. Un verdadero triage médico que separe a los enfermos curables de los pacientes sanos y de aquellos a quienes no queda otra cosa que el desahucio. Políticas tan generales, tan horizontales como una estatización general de la banca, son las más de las veces inconvenientes en alto grado. Por eso García Mendoza tiene razón. Por eso se la han reconocido sus colegas Nogueroles (Provincial) y Dao (Caribe), con pequeños matices de diferenciación. Pero es bueno registrar, para la edificación y gobierno de comentaristas tan críticos como Úslar Pietri, que los primeros que proponen que el Estado cargue sobre sus hombros las responsabilidades de los banqueros privados fracasados, son los banqueros privados exitosos.
Plazo vencido
En las cosas más propiamente políticas, algunas cosas interesantes, otras más preocupantes, han acaecido en el país durante el mes de Jano.
Por ejemplo, resulta interesante la contundente declaración de Radamés Muñoz León, en reciente programa de Alfredo Peña por el Canal 4—entre peña y peña periquito suena—acerca de sus aspiraciones presidenciales. “Yo quiero ser Presidente de la República porque yo estudié para poner orden”. Semejante exabrupto fue complementado con el recuerdo del ex vicealmirante: él estudió administración en la universidad y por eso se siente en capacidad de administrar cualquier cosa. Hemos escuchado que el ex ministro desea presentarse como un “candidato de la derecha”, y que también quiere presentarse como “candidato de la clase media”. También que Radamés no tendría placer más grande que el de medirse electoralmente contra el ex comandante Hugo Chávez. Todo un combate digno de nuestros domingos de televisión, en el que un golpista flagrante se opondría a un protogolpista que, al decir de Ramón J. Velásquez, no se alzó porque no pudo. A pesar de lo cual el ex presidente debió sufrir, además de lo que ya ha sufrido en razón del malhadado indulto, la publicación de una fotografía en la que Muñoz León aparecía a su lado, entre un grupo de personalidades que le agasajaban por su cumpleaños, según invento de Allan Randolph Brewer-Carías.
Ambas candidaturas conseguirían clientela, no hay duda. Más de un venezolano cree que lo que se necesita es “orden”, aquello para lo que Muñoz León dice haber estudiado. En una reciente reunión de un interesante y diverso grupo de reflexión política, se nos repartió, no sabemos si con preocupación o alborozo, copia de un artículo aparecido en la prensa nacional del día 7 de este mes de enero, autorado por Georgie Anne Geyer desde Washington, y que llevó por título “El mundo no marcha inevitablemente hacia la democracia”.
El artículo cuya copia se obsequió a los asistentes incluye referencias a una intervención de George Kennan—el texto le describe como un venezolano nonagenario—en el Centro Nacional de Entrenamiento para Asuntos Extranjeros de Arlington, Virginia. Kennan habría dicho: “El mundo no se tornará democrático en nuestro tiempo”, y también “Es posible que para muchos países ni siquiera sea lo mejor en estos momentos”.
Hacia el final del artículo la conclusión pareciera ser la conveniencia, para algunos países, de sistemas de “democracia autoritaria”: “En un centro político autoritario, un presidente o líder gobierna con menos controles que en una democracia tradicional, hasta que la economía funciona”.
Preocupa realmente este tipo de enfoque. A quienes están convencidos de que los Carlos (Andrés Pérez y Salinas de Gortari) tenían razón, pudiera ocurrírseles que la democracia es la responsable de su fracaso. Nada más tentador para ellos que buscar en latitudes dictatoriales la reivindicación de su contumaz postura económica, a pesar del hambre, a pesar del sufrimiento generalizado. Para organizarse ya disponen de un menú de opciones que comienza a dibujarse, y cuyas ofertas extremas se llaman Hugo y Radamés.
Preocupa también el incidente del barrio El Onoto. Justicia expedita, sumaria y definitiva. Seguidores del pensamiento de Haydeé Castillo de López Acosta, que proponía hace poco la pena de muerte. Una cosa, naturalmente, es la autodefensa de las comunidades. Otra muy distinta el linchamiento.
En la presidencia de Eduardo Frei Montalva en Chile llegó a dictarse en esa nación la “ley anticogotero”—cogotero = malandro—, que dejaba en libertad a quien hubiese dado muerte a quien contara con prontuario policial. Gustavo Tarre Briceño preparó para la Alcaldía de Baruta un “manual de autodefensa comunitaria”, y CESAP ha hecho trabajos de corte más jurídico sobre el tema. Pero ya circulan por los barrios caraqueños versiones más crudas e implacables, en las que la figura de tribunales populares—ya no la de los jueces de paz—se discute abiertamente, junto con realistas evaluaciones acerca de la protección que puede esperarse de una policía que más de una vez se encuentra en connivencia criminal, en complicidad con los propios delincuentes.
El mismo Gustavo Tarre Briceño dijo no hace mucho—lo referimos aquí—que la criminalidad en Venezuela no era tanto un problema del Ministro de Relaciones Interiores o del de Justicia, como de los Ministros de Hacienda y de CORDIPLAN. El enfoque de fondo es éste que tan aguda frase de Tarre resume admirablemente. No hay esquema represivo que pueda anular la acción delictiva de una sociedad hambreada.
También, por supuesto, las comunidades y los ciudadanos individuales pueden contribuir mucho en la prevención y el control del delito. Pero conservando el apego a la Ley, por más defectuosa y frustrante que pueda ser la administración de la justicia en Venezuela. La Ley del Talión no haría otra cosa que agravar las cosas y conducirnos a un estado caótico. Tomen nota, no obstante, las autoridades policiales de este gobierno. Así como existe el principio de subsidiaridad del Estado que legitima la acción de éste cuando los entes privados no suplen ciertas necesidades de la sociedad, así ésta también buscará llenar los vacíos del Estado. Y fue nadie menos que el actual Ministro de Relaciones Interiores, Ramón Escovar Salom, quien denunciaba en artículo de prensa de 1991 la “inexistencia del Estado” en Venezuela, porque era un Estado, afirmaba, para el que el territorio de ciertas barriadas le estaba vedado y, en consecuencia, dejaba de ejercer la soberanía en ese terreno.
Así pues, es un aviso de la ciudadanía al Estado. Como pudiera serlo el concepto de “congreso de ciudadanos” que comienza a manejarse con la irrupción de Newton Gingrich en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Un congreso sin privilegios especiales para los congresistas, sujetos a las mismas leyes que rigen la vida cívica de los comunes mortales. Veremos más de estas cosas, pues está en el cauce principal de la evolución política de la humanidad.
Una evolución que se despliega en la dirección de una polis planetaria, de una sociedad “global” del siglo XXI a la que parece dirigirse el “IX Plan de la Nación”, según los atisbos que ha permitido Werner Corrales, el jefe de planificación de la Presidencia de la República.
En plazo vencido o a punto de vencerse, el Ejecutivo Nacional cumplirá con lo dispuesto en la Segunda Enmienda de la Constitución de 1961, que lo obliga a presentar a las Cámaras Legislativas los lineamientos del plan quinquenal de desarrollo económico y social.
Corrales ha declarado que el plan—difícilmente denominable “de la Nación”, puesto que aún la Nación lo desconoce y no lo ha hecho ella—se organiza sobre cinco líneas principales, a saber: inserción de Venezuela en la sociedad “global” (planetaria) del siglo XXI; desarrollo de una economía productiva con justicia social; proyecto de solidaridad social; reforma crucial del proceso educativo; reforma integral del Estado que permita la consecución de los previos objetivos. Corrales ha dicho, asimismo, que el horizonte del plan excede el quinquenio y pretende alcanzar una penetración de veinte años.
A la salida pública del documento planificador comentaremos su contenido analíticamente en esta publicación. Por ahora ignoramos que puedan significar en concreto las referencias a la justicia y la solidaridad sociales. Pero pareciera auspicioso el tono audaz de los veinte años de horizonte, la intención de insertarse en una sociedad planetaria del futuro, la importancia especial que se le concede a la educación y el reconocimiento implícito a la insuficiencia de nuestro Estado de hoy.
Esa audacia es necesaria; esa audacia será bienvenida por los venezolanos, que queremos reto y acicate. Nada hay en nuestra composición de pueblo que nos prohíba entender el mundo del futuro. Venezuela tiene las posibilidades, por poner un caso, de convertirse, a la vuelta de no demasiados años, en una de las primeras democracias electrónicamente comunicadas del planeta, en una de las democracias de la Internet. En una sociedad en la que prácticamente esté conectado cada uno de sus hogares con los restantes, con las instituciones del Estado, con los aparatos de procesamiento electoral, con centros de diseminación de conocimiento.
No es imposible que en el año 2015 el venezolano promedio tenga un nivel de conocimientos equivalente a una licenciatura de estudios generales. La educación primaria garantizada estaba bien para el país de Guzmán Blanco. A comienzos del siglo XXI los venezolanos todos deberíamos disponer de una educación superior.
Carlos Alberto Granier glosó recientemente un artículo de Peter Drucker, publicado en la revista The Atlantic Monthly y que tuvo como título La Edad de la Transformación Social. El artículo-glosa de Granier llevó, a nuestro criterio, un título mucho más atractivo y explicador: La sociedad del conocimiento y nosotros.
Citamos a Granier que cita a Drucker:
El lugar del trabajador fabril está siendo tomado por un trabajador que combina habilidad física con conocimiento teórico, que Drucker denomina como «tecnólogo». Son éstos los técnicos en computación, investigadores de mercadeo, terapistas físicos, técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X, etcétera, que constituyen las categorías laborales de mayor crecimiento en el mundo desarrollado, amenazando con convertir a los trabajadores fabriles simplemente en otro grupo de presión… A diferencia del trabajador fabril, de habilidad eminentemente manual, el trabajador intelectual requiere de una educación formal y la habilidad de adquirir y aplicar conocimientos teóricos y analíticos, en un proceso de transformación continua.
Continúan Drucker & Granier: “…el predominio de un proceso productivo intensivo en conocimiento, cuyo portador es el trabajador intelectual, tiene un enorme impacto sobre el propósito, contenido y valores del sistema educativo… el fenómeno tiene un impacto evidente sobre las políticas públicas de todos los países, al que no podremos sustraernos, a riesgo de quedar relegados a la categoría de países ignorantes, más que de país pobre… se requiere una teoría económica apropiada a una economía mundial en que el conocimiento es el recurso productivo dominante”.
Y muy, pero muy importante, dice Drucker también: “…la adquisición y distribución del conocimiento formal podría ocupar el lugar en la política… que han ocupado la adquisición y la distribución de la propiedad y el ingreso en los últimos dos o tres siglos que hemos dado en llamar la Edad del Capitalismo”.
Ese es, sin duda, un fenómeno, una metamorfosis general que debe ser comprendida para que cualquier ejercicio de planificación en Venezuela sirva para algo más que para cumplir un acto ritual de presentación al Congreso de la República. El IX Plan de la Nación tendrá que proponer, y así parece darlo a entender el ministro Corrales, respuesta programática para nuestra participación en la sociedad del conocimiento. Son éstas las cosas que esperamos encontrar en el IX Plan de la Nación cuando sea posible conocer todo su contenido.
Seguramente, por otra parte, Rafael Caldera mismo, luego de la presentación del IX Plan de la Nación a cargo de Werner Corrales, dirá también lo suyo cuando le toque dirigir al Congreso de la República su relación del primer año de su segunda gestión presidencial. Allí seguramente se referirá, además de temas tan futuristas, a la marcha más reciente del proceso venezolano. Defenderá su actuación y atacará a sus críticos; buscará emocionar a los venezolanos y convencer a los extranjeros; reiterará que se considera el guardián de la esperanza, tema que ha compartido con el mismísimo Sumo Pontífice Juan Pablo II. ¿Quién dijo miedo?
Hace poco, en su mensaje de Año Nuevo, aludió directamente al muy inmediato tema de las elecciones regionales y municipales de este año de 1995. Mantiene, pues, el pulso del momento como el más hábil táctico de los estrategas políticos venezolanos. Y ya hay quien asegura en COPEI que Eduardo Fernández ha tornado a ser calderista.
El año de 1995 no será demasiado fácil. Pero tampoco será peor que el pasado año de 1994. Por ahora Caldera ha apagado de un golpe sus 79 velas. Ojalá pueda apagar 83 con la misma autoridad antes de entregar el mando a su sucesor. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 11, 1994 | Política, Referéndum |

Justamente antes del comienzo de diciembre, el 29 de noviembre pasado, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, conocido más como el IESA, celebró el foro sobre perspectivas económicas de Venezuela para 1995. Un panel conformado por Pedro Palma, Asdrúbal Baptista, Gustavo Márquez, Hugo Farías, Gustavo García y Arturo Brillembourg, presentó sus estimaciones y las fundamentaciones de las mismas ante un auditorio repleto y formado, en su mayor parte, por empresarios y gerentes del sector privado.
En los panelistas se mostró como constante una preocupación por las tendencias de la economía nacional, aunque con distinto grado de dramatismo. En los asistentes, encuestados acerca de algunas variables básicas—inflación, valor del dólar, tasa de interés, crecimiento del producto y valor del barril de petróleo—predominó una expectativa negativa acerca de las mismas, con excepción del precio del petróleo.
La evaluación resultó desagradable al gobierno, y el Ministro de CORDIPLAN, Werner Corrales, produjo agrias declaraciones en las que se refirió a unas “viudas del paquete perecista” que querrían “cobrar el muerto” al gobierno actual. Lo cierto es que hay un importante núcleo del sector empresarial privado que mantiene evaluaciones muy negativas acerca del desempeño del gobierno de Rafael Caldera en materia económica. Hugo Farías, por ejemplo, expuso un juicio, más o menos generalizado en el núcleo aludido, acerca de la incapacidad de los miembros del gabinete económico, y aludió a las discrepancias constantes que según él existirían entre importantes componentes del estado mayor de la economía pública. (En concreto Farías se refirió a una supuesta lucha de titanes entre Casas González, Corrales, Matos Azócar y Maza Zavala sobre el tema de la política cambiaria).
Pero así como es posible encontrar innumerables puntos de inconformidad con la política gubernamental, es también posible identificar recientes tendencias muy positivas en el país.
A juicio de esta publicación, la más positiva de ellas se expresa en una efervescencia creativa, en la aparición, casi simultánea, de proposiciones que buscan resolver problemas económicos y sociales. Algunas de las proposiciones tienen carácter global; otras son sectoriales; otras, al fin, se refieren a aspectos puntuales. Lo destacable, sin embargo, es que muchas cabezas venezolanas se han puesto a cerebralizar el asunto. En lugar de dedicarse exclusivamente a la crítica, han procurado formular soluciones a los problemas. Es difícil conseguir un síntoma más positivo que ese cambio de actitud nacional.
Obviamente, persisten los focos exclusivamente críticos. Por una parte, las enormes dificultades confrontadas por casi toda persona venezolana, sea natural o jurídica, conducen de modo natural a la expresión descarnada de las mismas. Otras críticas se inspiran más bien en intereses oposicionistas de raíz política y conformación apriorística. Es evidente que para ciertos factores políticos un éxito del gobierno de Caldera les reportaría pérdidas.
También continúa observándose la presencia de pseudoproposiciones: formulaciones que parecen soluciones y se presentan como tal pero que en realidad no lo son. El mismo panel del IESA recomendaba, por implicación, la formulación de un “verdadero plan económico, coherente y creíble”. El Elector que escuche una pseudoproposición como la nombrada puede aplicarle la prueba del ácido absúrdico. La receta es la siguiente: 1º Constrúyase la proposición exactamente inversa y evalúese el grado de apoyo que esta tesis contraria obtendría en principio. (En el ejemplo mencionado el resultado sería: “formúlese un falso plan económico, incoherente e increíble”. Evidentemente, nadie se levantaría jamás a proponer una cosa semejante). 2º Examínese en la proposición considerada la proporción existente entre sustantivos y adjetivos de su formulación. (En nuestro caso, un solo sustantivo –plan– acolchado por tres adjetivos –verdadero, coherente, creíble). Esto permite medir el grado de “sustantividad” de la formulación. (Bajísima, en el ejemplo analizado). 3º Una vez determinado, por los pasos anteriores, que la formulación considerada es, en efecto, una pseudoproposición, investíguese si los proponentes de la misma son capaces de presentar un ejemplo concreto de lo que propugnan. (O sea, ¿alguno de los panelistas del IESA exhibió un “verdadero plan económico, coherente y creíble”?)
Otra especie distinta de pseudoproposición, lamentablemente frecuente en nuestro medio político, fue la expuesta, sin ninguna vergüenza, por Antonio Ledezma, en declaraciones a la prensa con posterioridad a una audiencia que le concediera el ministro Andrés Caldera. Ledezma, un tanto disminuido luego de las decisiones antiperecistas de la Acción Democrática de Alfaro Ucero, procuró reciclar su devaluada imagen con esta visita a Miraflores. Al salir propuso que se buscara en el país—¡oh novedad!—un gran acuerdo nacional. Punto. (En el mismo Nº 0 de esta publicación advertíamos sobre esta clase de pseudoproposiciones: “La confusión de la herramienta con el fin explica mucho de los resultados de la política nacional. La discusión pública venezolana se halla a punto de agotar los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, de que no son, en sí mismos, la solución”).
A pesar de la resistencia a desaparecer de estos tipos de proposición insubstancial, las recientes semanas han alojado un buen número de proposiciones serias, en las que se ha invertido trabajo considerable y que participan del denominador común de ser búsquedas constructivas. La calidad de las distintas proposiciones es, por supuesto, muy variada, así como lo es la corrección de las mismas. Pero, de nuevo, lo que vale la pena destacar es la incepción misma de este proceso de invención social, de búsqueda constructiva de salidas a los problemas. La creatividad política de los venezolanos dista mucho de haberse agotado todavía.
La base social
Hace pocos días conversábamos con el socio director de una de las más grandes y prestigiosas firmas de consultoría del país. El motivo de la entrevista venía dado por una pregunta que se nos formaba en la cabeza, la que no es precisamente la de un experto en economía. Si uno de los objetivos más exigentes de la actual coyuntura económica, signada entre otras cosas por la presencia de una masa monetaria excedentaria en grado gigantesco, es el de neutralizar, esterilizar o retirar ese edema financiero, que presiona grandemente con consecuencias inflacionarias; si planes como el Programa de Estabilización y Recuperación Económica (Plan Corrales) reconocen este hecho y proponen esterilizar la masa monetaria excedente, el exceso de liquidez, mediante la emisión de bonos en dólares, ¿no estaremos simplemente cambiando de unos papeles a otros papeles, todo dentro del sector no real de la economía, y no sería mejor dedicar esa liquidez extraordinaria al financiamiento de proyectos de inversión que sí pertenecen al sector real de la producción de bienes y servicios?
Nuestro consultor consultado ofreció una opinión muy negativa a la proposición que preformulábamos. En términos escuetos, nuestro entrevistado opinó que un esquema tal fracasaría porque Venezuela carecería de la infraestructura necesaria, de la infraestructura física y comunicacional y, principalmente, de la infraestructura social. En este país, nos decía, la mayoría de la población vive en pobreza crítica, los niveles de instrucción son deplorables, las enfermedades aumentan junto con la desnutrición. Difícilmente, a su juicio, una población en esas condiciones podría sustentar con éxito iniciativas de inversión. Declaró también, más aún: “Este país no tiene empresarios”. Evaluación grave, por cierto, para una persona que por largo tiempo se ha dedicado a servir empresarios y que por eso mismo presumiblemente los conoce bastante bien.
Por otra parte, nuestro consultor argumentó que justamente un plan de inversión era lo que había sido intentado por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando se procuró represar, en el Fondo de Inversiones de Venezuela que se creó por ese entonces, el desproporcionado excedente de dólares proveniente del shock petrolero de 1973, para invertirlo en los proyectos del V Plan de la Nación.
De nada valió que contrargumentáramos al señalarle que, por una parte, el V Plan de la Nación intentaba demasiadas cosas al mismo tiempo, que por la otra colocó el grueso de la inversión en proyectos públicos, no en el financiamiento de inversiones privadas, y que, por otra parte aún, invirtió más bien en sectores de “Primera Ola”, altamente competidos (China, Taiwan, Brasil, etc.) y que sería muy distinto invertir ahora en unos pocos programas seleccionados, a través del sector privado, y en una gama de sectores económicos que no se agotara en lo meramente extractivo o explotador de recursos naturales, sino también en nichos de actividades económicas de Tercera Ola (computación, bioingeniería, telecomunicaciones, etc.)
Nada. Según nuestro consultor, nuestro país sufriría una crisis de capacidad que debería durar todo el corto y el mediano plazo, por lo que sólo podía permitirse un “optimismo a largo plazo”, siempre y cuando se comenzara ahora a invertir en infraestructura social, razón por la cual estaba recomendando a sus jóvenes hijos que se fueran ahora de Venezuela y que regresaran cuando ese corto y mediano plazo ya se hubieran consumido.
Una postura tal significa, por un lado, que el considerable número de clientes de la firma consultora que dirige nuestro interlocutor de hace unos días estaría recibiendo la misma lectura, francamente negativa. Pero por el otro, no puede dejar de reconocerse que sus evaluaciones, exageradas o no, tienen real asidero. Los problemas están allí. Tal vez la vuelta que debe dársele a sus planteamientos es el de enfatizar la importancia estratégica de invertir socialmente, no como paliativo o limosna social, sino como intención de desarrollo del capital humano de Venezuela.
Por estas cosas reviste importancia que uno de los sectores en los que la efervescencia creativa detectada comienza a manifestarse sea el sector de la educación. La Universidad Católica Andrés Bello, por ejemplo, que ya en 1992 convocó un “Primer Encuentro Nacional de la Sociedad Civil”, con el ánimo de discutir soluciones a la problemática nacional, llevó a cabo hace pocos días un coloquio para la proposición de soluciones educativas, bajo el patrocinio de la Fundación Polar. El nivel del encuentro fue algo general, pero indica perfectamente la presencia de la tendencia creativa anotada.
Por su parte, el Ministro de Educación, ha designado un Consejo Asesor que deberá proveerle de ideas y proposiciones. El Rector de la misma universidad, Luis Ugalde S.J., es uno de sus miembros, junto con personalidades tales como la del Presidente del IESA, Dr. Ramón Piñango, y el Director de Cerpe, el Dr. Xavier Duplat. El coordinador de este consejo asesor del Ministro de Educación es el profesor Leonardo Carvajal, de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela.
Un borrador que calza las iniciales de Leonardo Carvajal circula entre los miembros del Consejo Asesor del Ministro de Educación bajo el siguiente título: “PLAN DE ACCION que el Ministerio de Educación presenta al país para superar, con el aporte de todos, nuestra gravísima crisis educativa”. El documento (no oficial) está estructurado en cuatro partes, a saber: 1. La educación que necesita el país; 2. La educación y el sistema escolar que tenemos; 3. Lo que queremos hacer; 4. Plan de acción.
El documento en cuestión, lamentablemente, contiene algunas afirmaciones de dudoso valor y de efecto reductor de la autoestima nacional. Considérese la siguiente formulación en la primera página de su primera parte: “El venezolano no valora suficientemente el valor del trabajo bien hecho”. Desconocemos estudios sociológicos que permitan asentar una generalización tan tajante, pero es que, en todo caso, comenzar un “plan de acción” del sistema educativo venezolano desde ese punto no es muy estimulante que digamos. Varios puntos del borrador son, sin embargo, de orientación muy positiva. A nuestro juicio es lo más aleccionador del documento la búsqueda de un cambio fundamental en la conducta del Estado en tanto educador. Así, en el primer capítulo del documento se declara: “…el Estado se concibe más como el orientador, promotor y catalizador que como la grande y pesada maquinaria de prohibiciones y controles”. Más adelante, en la tercera parte (“Lo que queremos hacer”) el punto avanza en concreción: “El segundo gran objetivo de la política educativa se propone dinamizar la vida de los planteles, unidades básicas donde se realiza la educación, a través de la progresiva autonomía de acción que en ellos se pueda desplegar…El criterio es conceder tanta autonomía como sea posible y necesaria para que las potencialidades de cada comunidad puedan desplegarse en un nuevo marco de responsabilidades y competencias. Así dejarán de ser los planteles los receptáculos de directrices detalladas que se impartan desde el nivel central y podrían convertirse en focos de una pedagogía en constante renovación y emulación y de transformación de la vida de las comunidades”. Si esta meta general puede ser aproximada durante este quinquenio en grado apreciable, se habrá dado un paso gigantesco en la metamorfosis del sistema educativo nacional, obviamente plagado de deficiencias. Resuena en nosotros el pensamiento de Miguel Angel Mora S.J., Rector del Colegio San Ignacio y redactor principal de su proyecto educativo, quien suele decir que “la libertad política de la independencia y la libertad económica de la nacionalización del petróleo no estarán completas hasta que se produzca la libertad educativa”.
En materia educativa puede hacerse mucho; sin duda debe hacerse mucho. Esta publicación ha dedicado algún espacio al tema en dos oportunidades (“La escuela que nos hace falta”, Nº 4, junio de 1994; “Lo que hay que enseñar”, Nº 7, septiembre 1994) por lo que no repetiremos acá esa temática. Baste decir que en nuestra opinión el Estado venezolano debiera elevar las metas del país en materia educativa hasta el punto de lograr que todos sus ciudadanos adquieran un nivel de licenciatura general como el descrito en las oportunidades mencionadas. Así sí estaríamos preparados para el siglo XXI.
Lo que sí queremos repetir, una vez más, son las palabras de John Stuart Mill en su “Ensayo sobre el gobierno representativo”: “Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo…Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan”.
Énfasis en lo económico
La mayoría de las proposiciones, sin embargo, no se escuchan en otra área que no sea la económica. No en balde allí se genera la mayor cantidad de malestar social. Junto con la inseguridad personal ante las actividades criminales, el problema del costo de la vida y la inflación, el problema del desempleo y la pobreza, son la causa principal de sufrimiento social y el substrato del pesimismo de los venezolanos.
Ciertas proposiciones tienen, como dijimos, un corte general. Hemos conocido, por ejemplo, una proposición elaborada por Pedro José López Medina que en sí misma es todo un plan de desarrollo económico. (Un comentario a esta formulación de López Medina se encontrará en la pag. 30). Pero la cuestión central acerca de la cual tratan las proposiciones más recientes de las últimas semanas tienen que ver con el problema de la deuda externa venezolana y la manera de reducirla o enjugarla.
La proposición más vistosamente presentada ha surgido de Humberto Calderón Berti, dirigente copeyano con amplia experiencia de administración pública. (Ministro de Energía y Minas y Presidente de PDVSA durante el gobierno de Luis Herrera Campíns; breve paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Carlos Andrés Pérez durante la crisis de 1992).
En esencia la proposición de Calderón Berti consiste en la venta anticipada a un precio atractivo de un cierto volumen de barriles de petróleo provenientes de la Faja Petrolífera del Orinoco, y el empleo del efectivo resultante en cancelación de deuda externa pública. Seguramente Calderón Berti ha usado cifras de fácil retención para establecer su proposición en la memoria de los tomadores de decisiones y del público en general. Calderón habla de la venta de 5 mil millones de barriles de la Faja al precio de 2 dólares por barril para recabar la cantidad de 10 mil millones de dólares, lo que pagaría una tercera parte de la deuda total.
La mayoría de los analistas ha calificado de cándida la proposición de Calderón Berti. A su juicio, no habría compradores para este petróleo, pues los que desearan aceptar la oferta tendrían que, por una parte, desembolsar de una vez 10 mil millones de dólares (lo que les costaría en intereses unos 700 millones de dólares por año a la tasa de 10% anual) y, por la otra, incurrir en desembolsos considerables para la conversión profunda de los petróleos extrapesados de la Faja. (En promedio con gravedades de 9º API). Parece que el único modo práctico, hasta el estado actual de la tecnología, de aprovechar petróleos tan pesados es a través de la Orimulsión™ desarrollada por INTEVEP.
Poco después de la proposición de Calderón Berti otro expresidente de PDVSA, Andrés Sosa Pietri, introdujo una proposición diferente, consistente en la venta de hasta 49% de las acciones de PDVSA en los mercados internacionales de valores, con lo que podría obtenerse, según Sosa Pietri, hasta 50 mil millones de dólares. Sosa Pietri admitía el uso de parte de esos eventuales recursos en el pago de deuda externa, pero su proposición exige también su empleo en el financiamiento de los programas de expansión de la propia industria petrolera venezolana.
El reciente V Congreso Venezolano del Petróleo dejó de endosar la proposición de Calderón, pero fue mucho más explícito respecto de la idea de Sosa Pietri. En efecto, el V Congreso consideró “extemporánea” la venta de acciones de PDVSA en Venezuela o el exterior.
En cambio recibió muy bien, en términos generales, los planteamientos de Humberto Peñaloza, Presidente Honorario de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo. Peñaloza sugirió a Sosa Pietri—en un debate televisado—que tendría más sentido privatizar las empresas del Estado que arrojan pérdidas (CVG, CADAFE, etc.) para pagar deuda, que vender la empresa pública que rinde ganancias.
Peñaloza presentó también un esquema de rueda motriz dividida en cuatro cuadrantes que necesitan andar en sincronía para que la industria funcione adecuadamente: un primer cuadrante compuesto por los poderes públicos—cuadrante tutelar—en el que está incluido el Ejecutivo Nacional (Ministerio de Energía y Minas), junto con las comisiones de Energía y Minas del Congreso de la República y organismos tales como la Contraloría General; un segundo cuadrante del “sector operativo público”, integrado exclusivamente por PDVSA y sus empresas filiales; un tercer cuadrante del “sector operativo privado” que incluye las empresas afiliadas en FENEGAS, FENETRAP, Cámara Venezolana del Petróleo, etc., así como las empresas privadas extranjeras; un cuarto y último cuadrante compuesto por los profesionales y los trabajadores.
En el diagnóstico de Peñaloza resalta el punto de la excesiva carga fiscal que pesa sobre las operaciones de PDVSA, la que a costos y gastos de un 25% de sus ingresos, debe añadir la exacción fiscal de más de 63% de estos ingresos. Esta carga impide que PDVSA genere el flujo de caja necesario para financiar sus planes de desarrollo. De allí la necesidad de abrir la industria a diversos tipos de “asociación estratégica”.
El V Congreso Venezolano del Petróleo estima sana “una apertura gradual y selectiva al capital privado nacional y foráneo” en la exploración y explotación de áreas nuevas que hasta ahora estaban reservadas a PDVSA y sus filiales, al sector operativo público, para usar la terminología de Peñaloza.
Igualmente emitió juicio favorable a la actividad internacional de PDVSA en actividades “aguas abajo” (en dirección de progresiva cercanía al consumidor final) y recomendó examinar la conveniencia de asumir en el exterior aventuras “aguas arriba”. (Participando en porcentajes variables en la explotación de yacimientos fuera del territorio nacional).
Conversión de deuda
Otra dirección distinta han tomado las recientes proposiciones del economista José Toro Hardy, autor del libro más vendido en materia de teoría económica en Venezuela. (En el último año lleva cuatro ediciones su texto “Fundamentos de Teoría Económica”).
Por una parte, Toro Hardy inscribe su proposición de usar deuda para convertirla en estímulo a la producción y exportación—que él denomina una proposición “puntual”—dentro de un diagnóstico histórico amplio de nuestras dificultades económicas. Para Toro Hardy el esfuerzo de industrialización iniciado con el gobierno de Rómulo Betancourt tuvo como defecto principal la ausencia de términos o condiciones para la finalización de la protección estatal que arropó las iniciativas industriales. Este error político permitió la entronización de un modo productivo ineficiente y escasa o nulamente competitivo.
Veamos cómo tal percepción se manifiesta en la más reciente proposición de Toro Hardy. Un exportador venezolano promedio puede encontrarse en desventaja ante un exportador de otras naciones, Taiwan, pongamos por caso. Cuando el productor de Taiwan puede ofrecer en los Estados Unidos un producto X a 60 centavos de dólar, el venezolano no puede venderlo por menos de 80 centavos. El importador norteamericano preferirá, obviamente, el producto taiwanés.
Pero el productor venezolano podría aceptar que el importador estadounidense pagara su importación con bonos Brady del mercado secundario, los que puede obtener hoy en día a 50% de su valor nominal, con evidente ventaja. En el siguiente paso, el exportador venezolano cambiaría los bonos en el Banco Central de Venezuela, que los reconocería a 80% de su valor, con lo que nuestro exportador obtendría el valor requerido por su estructura de costos.
De esta forma, por un lado, se rescataría deuda externa venezolana; por el otro, la deuda serviría como financiador de exportaciones y por tanto como estímulo a la producción nacional.
Ahora bien, Toro Hardy explica que el éxito del esquema conduciría a su fracaso, lo que a su vez conllevaría un éxito. Este aparente galimatías tiene mucho sentido. Lo que Toro Hardy quiere significar es que una actividad intensa con los bonos Brady de la deuda venezolana conduciría a una revalorización de los mismos, con lo que desaparecería el diferencial ventajoso para el exportador venezolano. Un proceso tal tomaría, en estimación gruesa de Toro Hardy, unos dos años. Y he aquí entonces el verdadero éxito: esos dos años serían el plazo que el productorexportador venezolano debiera emplear para hacerse realmente competitivo. A diferencia de la protección betancurista, aquí sí habría un plazo en el que la protección se agota y el productor tendría que hacerse internacionalmente competitivo so pena de desaparecer del mercado.
Pero Toro Hardy ve otras cosas, además. Su visión incluye la inminencia de una nueva gran oportunidad para la economía petrolera venezolana. La tesis ha sido expuesta en un libro de reciente conclusión, redactado en inglés con el objetivo de sembrar imagen positiva de Venezuela en el exterior. (A diferencia de lo que estarían haciendo ciertas “viudas del paquete”). El libro ha sido titulado Oil: Venezuela and the Persian Gulf, y ha sido donado por el Grupo ZUMA y la Editorial PANAPO a PDVSA, para que ésta lo emplee como acicate de inversionistas extranjeros. (Luis Giusti, el Presidente de PDVSA, ha comentado en privado que ésta es la primera vez que alguien le regala algo a PDVSA, a la que solamente se le pide que regale ella).
Básicamente el libro es un recuento histórico de la inestabilidad de los suministros de petróleo provenientes del Golfo Pérsico, acompañado de una lectura del futuro próximo previsible de la demanda mundial de petróleo. Estimaciones, no de la OPEP, sino del Consejo Mundial de Energía, establecen un horizonte de duplicación de la demanda de petróleo para el año 2020. (La demanda mundial de petróleo se situaba, para fines de 1993, en los 67 millones de barriles diarios. El crecimiento de la demanda puede estar en 1 a 2% por año).
Lo que antecede significa, ante la circunstancia adicional de una disminución de las reservas de los países noOPEP, que el incremento en la demanda tendrá que ser suplido por miembros de la organización. Sólo seis de los trece miembros de la OPEP estarían en condiciones de acometer el crecimiento: Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes, Irán, Kuwait y Venezuela. Sólo uno de estos seis países se encuentra fuera del área de inestabilidad: Venezuela.
La conclusión es obvia, y la pondremos en las propias palabras de Toro Hardy (traducidas por esta publicación): “Ya es tiempo de que basemos nuestro futuro no sobre la perpetua recordación de nuestras peores desgracias del pasado, sino sobre el estudio maduro de las mejores perspectivas ante nosotros…Ya es tiempo de que aprovechemos plenamente los recursos naturales de Venezuela, de obtener para nuestra nación la posición garantizada por sus potenciales humano y energético en el concierto de las naciones desarrolladas. Antes estuvimos en desventaja, porque carecíamos de la preparación para tratar bajo términos de igualdad con las compañías transnacionales. Hoy en día, sin embargo, la situación ha cambiado. PDVSA es actualmente transnacional y es una de las más grandes compañías petroleras del mundo…La guerra del Medio Oriente ha abierto una oportunidad para Venezuela…la «ventana política» apropiada para lanzar a Venezuela por el camino de la prosperidad y el desarrollo”. (Obra citada. Págs. 345-346).
Implícita en esta recomendación está la necesidad, que Toro Hardy expone claramente, de “abrir sus puertas al capital foráneo de manera que, en asociación con el capital nacional (público y privado), se pueda llevar a cabo una vigorosa política de expansión de nuestras actividades petroleras”. El hecho de que el Consejo de Ministros haya aprobado recientemente el esquema de apertura —contrato marco de asociación que ya ha sido entregado a la Cámara de Diputados—propuesto por PDVSA es, a juicio de Toro Hardy, la mejor noticia económica de los últimos años y el comienzo de una nueva era para el país.
Mejores perspectivas
La reacción internacional a esta apertura de la industria venezolana para una variada gama de asociaciones estratégicas no se hizo esperar. Los bonos de la deuda pública venezolana subieron de valor inmediatamente y el Director del Fondo Monetario Internacional, reunido en Miami con Rafael Caldera, admitió dos cosas: que las decisiones del gobierno en materia económica iban en la dirección correcta; que el futuro económico de Venezuela es brillante. (No faltó quien se doliera de esta noticia: Luis Herrera Campíns quiso comentar que Caldera habría endulzado los oídos de Camdessus con las decisiones de apertura a la inversión foránea en nuestro petróleo y el establecimiento del cronograma de privatización de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana. Algo necesitaba decir para justificar la declaratoria de oposición copeyana pocos días antes de las buenas noticias).
El Vicepresidente de PDVSA, Claus Graf, estimó en unos 11.000 millones de dólares las inversiones en el desarrollo de nuevas áreas dentro del contrato marco de asociación. Unas ochocientas empresas de tamaño diverso han requerido información acerca de las condiciones de asociación. Por lo que respecta a la privatización de las empresas de la CVG, SIDOR, Fesilvén, Venalum, Bauxilum y Carbones del Orinoco, han sido colocadas en el cronograma.
Buenas noticias entonces. No todo es negro. La ventana de oportunidad está claramente abriéndose, por lo que puede concederse ahora que hay base para un cambio de estado de ánimo en la nación. No todo ha sido detallado, por supuesto, y habrá de hacerse un importante trabajo de planificación, sobre todo en lo relativo a cómo convertir la próxima ola de prosperidad en un proceso sostenible de desarrollo social y económico expresable democráticamente.
No es tampoco la detección de una oportunidad, por más grande que ésta sea, o un paso como la apertura de PDVSA a la inversión foránea asociada, un plan completo de desarrollo. Falta aún, como lo hemos venido señalando desde estas páginas, una visión estratégica de conjunto para el país. Nuevamente, la Enmienda Nº 2 de la Constitución de 1961 obliga al Ejecutivo Nacional a presentar antes del vencimiento del primer año del quinquenio los lineamientos de un plan de desarrollo económico y social. Esperamos que ésa sea la oportunidad en la que el gobierno de Rafael Caldera, una vez capeado el terrible temporal de 1994, nos ofrezca la visión direccional de la que ahora carecemos. Pero todos podemos contribuir a su dibujo.
El Eclesiastés nos ha enseñado que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, uno para sembrar y uno para cosechar. Sigue siendo el tiempo inminente de Venezuela un tiempo para proponer. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 19, 1994 | Política, Referéndum |

Era el año de 1964. Como todos los años, como en todas las universidades, la comunidad estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello se aprestaba para elegir las directivas de sus centros de estudiantes y de su federación de centros. Por aquella época el editor de esta publicación era independiente, aunque de tendencia socialcristiana. Algún trabajo hecho por mí en el seno del Movimiento Universitario Católico de las universidades de Mérida y Central de Venezuela, llevó a Eduardo Fernández, entonces Secretario General de la Juventud Revolucionaria Copeyana, a pedirme que coordinara un comité de cinco personas que manejaría la campaña de los candidatos copeyanos en esas elecciones de la UCAB de hace treinta años.
Por aquella época el grado de participación de la “base” en las decisiones de COPEI era bastante menor que la que es posible hoy, por lo que la determinación de quién sería el candidato del partido a la Presidencia de la Federación de Centros de Estudiantes estaba prácticamente en manos del Secretario General de la JRC. Cuando faltaban cuarenta y ocho horas para el cierre de la inscripción de planchas, COPEI todavía no había determinado la persona que sería presentada como candidato a esa posición de dirigencia estudiantil y tampoco existía ni una sola línea escrita o pensada respecto del programa que ese candidato inexistente presentaría al electorado como su oferta de trabajo.
Ante esta situación reuní en mi casa paterna, en Las Delicias de Sabana Grande (relativamente vecina a Punto Fijo, la casa de la familia Caldera) a dos de los miembros del comité copeyano de coordinación electoral de la UCAB, los hoy economistas Alejandro Suels y Rafael Peña. (Los restantes dos jamás trabajaron en nada). Allí les planteé que a mi juicio constituía una irresponsabilidad del partido presentar un candidato a última hora e improvisar a toda prisa, en la última madrugada del plazo, un programa de actividades. Eso era, dije, muy poco serio y por tanto contrario a toda ética política o, por lo menos, a la ética política que COPEI, en tanto partido demócrata cristiano, decía sustentar. Mi argumentación resultó persuasiva, por lo que Alejandro y Rafael estuvieron de acuerdo con mi siguiente proposición: que COPEI se abstuviera de presentar candidato a la Presidencia de la Federación de Centros, restringiéndose a presentar candidaturas a los centros de estudiantes de cada facultad, donde sí podía hablarse de un trabajo meritorio y una preocupación real por los problemas estudiantiles.
Al conocerse esta decisión en la jefatura de la JRC, naturalmente estalló una reacción inusitada. Comenzó a verse por los pasillos de la UCAB la figura de dirigentes copeyanos que no la visitaban desde hacía más de un año: Luis Herrera Campíns (a la sazón coordinador de las fracciones universitarias de COPEI), Edecio La Riva Araujo, y varios otros. Quien definitivamente no apareció por allá fue el Secretario General de la JRC, Eduardo Fernández. En cambio, ordenó la celebración de una asamblea de militantes copeyanos de la universidad, que presidió Adel Muhammad, como medio de buscar una salida a la crisis planteada.
Muhammad, quien hoy funge como Secretario de la Cámara de Diputados y antes como Presidente de CORPORIENTE durante el gobierno de Herrera Campíns, identificó el origen del problema en que Alejandro Suels y yo tendríamos una “concepción beatífica de la política”. Pedí la palabra, mientras blandía en una mano el libro de Enrique Pérez Olivares, Principios de la Democracia Cristiana. Expliqué que COPEI me había pedido que yo impartiese cursos sobre este tema principista a nuevos militantes del partido, y que en tales cursos el libro de Pérez Olivares era el libro de texto. Busqué en el capítulo de “principios para la acción” y leí lo correspondiente a “moral política”, moral sin la cual una organización demócrata cristiana no lo sería. Recuerdo también haber preguntado en esa reunión de hace treinta años, retóricamente: “Si no se hace caso a este principio de moral política, ¿qué diferencia entonces a COPEI de Acción Democrática?”
Sorprendentemente, un joven copeyano, que décadas más tarde ocuparía un puesto de Director en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del gobierno, otra vez, de Luis Herrera Campíns, (no lo identificaré en vista de la enormidad de lo que sigue), se levantó para proponer una solución práctica al problema. Su proposición consistía en redactar, reproducir y distribuir al estudiantado ucabista un comunicado en el que debía decirse que el retraso en la presentación de la candidatura copeyana se debía a maniobras obstruccionistas en el seno de la Comisión Electoral de la UCAB (su Consejo Supremo Electoral), la que estaría controlada por los oponentes. (Por aquellos años sólo había en la UCAB dos movimientos de cierta importancia: COPEI o Plancha 4, y la Plancha 2, de tendencia neoliberal y propiciada por Pedro Tinoco y la Electricidad de Caracas de la época, entre cuyos más notables miembros se encontraban los hoy doctores José Antonio Abreu y Marcel Granier. El candidato de la Plancha 2 a la Presidencia de la Federación de Centros era el bachiller Roberto Wallis Olavarría).
Obviamente, lo propuesto por el astuto protofuncionario de Herrera Campíns era una patraña, una vulgar calumnia, pues no otra cosa que la desidia copeyana era la razón del retraso en la postulación. En vista de la proposición pedí de nuevo la palabra para decir que si tal comunicado se redactaba y repartía yo mismo tomaría un megáfono para vocear por toda la universidad la falsedad del documento. Acto seguido, me retiré de la asamblea y pocos días después hice saber de mi apoyo a la candidatura de Roberto Wallis.
Este comunicado, por supuesto, nunca llegó a redactarse. COPEI presentó a su candidato a última hora, quien, como era de esperarse, resultó a la postre derrotado. Lo sintomático, sin embargo, era que un militante de COPEI pudiera con total libertad hablar en una asamblea del partido y proponer una cosa tan contraria a los principios de su doctrina sin que a nadie se le ocurriera pedir su pase inmediato al Tribunal Disciplinario.
“Lo único inmoral es no ganar”
Hace ya treinta años, pues, se presentaban en COPEI episodios de una dolencia que sus dirigentes no supieron nunca resolver, como nunca pudo ningún otro movimiento político en Venezuela y en muchas otras partes del mundo: la suplantación de la política por la polémica, la identificación de política y combate.
En otra parte relato una entrevista con Oswaldo Álvarez Paz, a comienzos de 1983, durante la campaña que Jaime Lusinchi ganara a Rafael Caldera:
Álvarez Paz me recibió una tarde en el cuartel general de la urbanización El Bosque. Acusaba el impacto de los traumáticos anuncios del 18 de febrero, más brumario que aquel 18 francés. Su saludo consistió en las siguientes palabras: «Luis Enrique, dime cómo vamos a ganar esta campaña, porque así como anda vamos a perder con toda seguridad». Repetí las escuetas líneas de mi análisis: estamos a las puertas de una profunda crisis que debe ser asumida por Rafael Caldera; Rafael Caldera confrontará un problema principal de campaña en su relación con el gobierno del presidente Herrera; habrá que decidir un curso radical ante este asunto, o defensa decidida o deslinde completamente claro. Quedamos en que desarrollaría por escrito esos conceptos, así como también describiría un nivel más operativo compatible con la lectura estratégica, en la que no diferíamos grandemente, salvo en el punto de la viabilidad de la defensa del gobierno. En su opinión, una mejoría en la imagen del gobierno no favorecía en nada a la candidatura de Caldera, aunque un deterioro de la imagen gubernamental sí le afectaría negativamente. Le recordé que una reciente encuesta en el Área Metropolitana de Caracas todavía mostraba una muy considerable proporción de entrevistados que eran renuentes a calificar la actuación del Presidente como mala o muy mala. (La encuesta en cuestión, de marzo de 1983, arrojó los siguientes resultados: opinó que el gobierno era «muy bueno» el 4% de los encuestados, «bueno» el 14%, «malo» el 17%, «muy malo» el 14% y «regular» casi el 50%. Claramente, sólo un 31% había cruzado la raya hacia el juicio definitivamente negativo). Allí había un punto de partida para una enérgica acción de viraje en el planteamiento de campaña, hasta entonces centrada en el prestigio de Caldera, el que hacia 1981 había alcanzado niveles cercanos a un 80% de venezolanos creyentes en él como el mejor presidente de la etapa democrática. Durante esta entrevista llegué a pensar que Álvarez Paz, quien mostraba cierta renuencia a aceptar la totalidad de mis planteamientos, pudiera estar convencido de la indignidad del gobierno de Luis Herrera. Así se lo pregunté. Fue la primera vez que Oswaldo Álvarez Paz me dijera: “Lo único inmoral es no ganar”.
Pocos años después, ya con Lusinchi en el poder, Álvarez Paz se destacaba por sus declaraciones en la prensa en las que abogaba por una remoralización de COPEI, aduciendo que había que regresar a los orígenes del partido, lo que venía a ser una añoranza arquetípica de una supuesta edad de oro copeyana.
Una formulación casi idéntica se constituyó en lema del Congreso Ideológico de COPEI del Distrito Federal, en 1986, clausurado el 20 de septiembre de ese año por Eduardo Fernández, como Secretario General del partido. El lema del evento, que antecedió por pocos días al Congreso Ideológico Nacional, era “Al rescate de la diferencia”. En términos escuetos, la tesis resumida en el lema aludido era la siguiente: COPEI se ha “adequizado”, se ha pragmatizado. Ha abandonado los principios en favor de los resultados en términos de poder obtenido. Es preciso rescatar los principios que diferencian a COPEI de Acción Democrática. Es necesario rescatar la diferencia.
Sin embargo, ocho días después el propio Eduardo Fernández clausuraba otro evento interno, esta vez una reunión de profesionales copeyanos, en la que proponía que COPEI definiera de una vez quién sería su candidato presidencial porque Acción Democrática ya tenía la candidatura de Octavio Lepage en la calle, no sin antes haber exhortado a los profesionales y técnicos de COPEI a desarrollar “una vida gremial activa”, a pesar de que un año antes había dicho en la COPRE que la presencia de los partidos en los gremios y otras “organizaciones intermedias” muchas veces desvirtuaban los fines de éstas.
Obviamente, Lepage no era el candidato presidencial de su partido en ese momento ni lo fue nunca, era sólo un precandidato. Bastaba que Fernández dijera que presentaría a los copeyanos su candidatura a la candidatura presidencial copeyana, si es que contaba con profundas razones para creer que tal declaración se hacía necesaria por el hecho de que Lepage hubiese mostrado sus intenciones. Nada de eso era necesario, como tampoco el dispendio de la campaña desatada horas después de esa declaración, en afiches en color colocados en varias partes de la geografía venezolana; en cuñas televisadas actuadas; en la insistencia en identificarse con la imagen, concepto y asociaciones mentales de un tigre. Este solo hecho de su identificación tigresca como proposición primera, horas antes de inaugurarse un congreso ideológico nacional, tenía que inducir a Rafael Caldera a graves sospechas sobre la forma de priorizar de Eduardo Fernández, si es que por ese entonces Rafael Caldera no tenía motivos explicables para negar a Eduardo Fernández el derecho a postularse.
Eduardo Fernández eligió un pésimo creativo de campaña en Luis Alberto Machado, el que, si no fue el inventor del símbolo del tigre, por lo menos su predicador más afirmativo. Todo a pesar de que Conciencia 21, organización de asesoría política del ámbito copeyano, realizó sesiones de grupo—focus groups—sobre las asociaciones animales que Eduardo Fernández producía en los asistentes, en las que los felinos brillaban por su ausencia y en cambio más de una vez se mencionaba a conejos y morrocoyes.
¿Qué podía pensar el país de un político que considerase que en 1986, cuando ya el poder adquisitivo del bolívar se había reducido al 58% del valor de 1984, lo más importante y lo primero que debía hacer un protocandidato presidencial era gastar mucho dinero en el intento de convencernos de su parecido con un tigre?
El timing, por lo demás, evocaba la secuencia de Pearl Harbor, cuando el gobierno japonés instruyó a su embajador para que enterase al gobierno norteamericano de su declaración de guerra media hora antes del ataque a miles de kilómetros de distancia. Acá Eduardo Fernández proponía su candidatura veinticuatro horas antes de la avalancha de su exhibición publicitaria, la que obviamente había sido preparada con bastante anticipación. Para el animista asesor de Fernández, el ex ministro de la “inteligencia” de, otra vez, Luis Herrera Campíns (y antes Secretario de la Presidencia de Rafael Caldera), el tigre comería por lo ligero. Ese fue, sin duda, un punto muy bajo en la política copeyana determinada por el Secretario Nacional de COPEI de 1986. En las campañas de Caldera, sobre todo en la de 1968, que ganó, se había colocado énfasis en los “técnicos copeyanos”, que naturalmente indicaba una preocupación por lo programático. Ahora se estaba en una época en la que lo más importante era el “mercadeo político”, el manejo de imágenes y la manipulación descarada de la psiquis de los Electores venezolanos.
Estas no habían sido las únicas instancias de un estilo de Realpolitik. Previamente el episodio del “maletinazo” con el que se dijo se habría comprado votos para la candidatura presidencial de Lorenzo Fernández, había manchado el hasta entonces relativamente impoluto historial verde de ética política. Personajes herreristas de la época del gobierno de Luis Herrera Campíns admitían en privado que prácticas parecidas habían sido empleadas por el ala no calderista con ocasión de elegir a Pedro Pablo Aguilar, cercano por ese entonces a Herrera, como Secretario General de COPEI durante el primer gobierno de Rafael Caldera.
No es fácil, pues, establecer quién tiró la primera piedra en este juego de pragmatismo maquiavélico. Lo cierto es que ya para la campaña de Eduardo Fernández en 1988 COPEI disponía de un “laboratorio de guerra sucia” como componente importante del aparato. Allí se propuso, por ejemplo, elaborar una lista de “homosexuales adecos” con fines de descrédito y hasta llegó a redactarse una “carta de Piñerúa” por la época en la que este personaje había dejado entrever que enviaría un documento denunciador de corrupción en Acción Democrática al CEN de su partido.
En la campaña de 1993, seguramente los métodos se hicieron más sofisticados. Un personaje afecto a Oswaldo Álvarez Paz confesó cándidamente a este editor que las oficinas que un equipo de programa de la campaña de Caldera usaba en el edificio Tecoteca de la avenida Francisco de Miranda estaban siendo intervenidas y “monitoreadas”, en el mejor estilo Watergate. Lo interesante es que su comentario se ofrecía con gran alegría, en busca de mi aprobación por tan “astuta” conducta.
Los planos de mediación
Si el estilo inconfundible de la Realpolitik, de la política del poder por el poder, pudo entronizarse en tal grado en la práctica de la dirigencia copeyana, eso fue posible gracias al anquilosamiento de la función ideológica socialcristiana. En términos sobresimplificados, el esquema de actuación del político copeyano, en especial de su dirigencia, consistía en conocer los principios de la democracia cristiana—contenidos, como se ha explicado aquí antes, en el libro de Pérez Olivares y en la obra posterior de Rafael Caldera: Especificidad de la Democracia Cristiana—, procurarse un adiestramiento retórico y de oratoria y manejarse dentro de los estatutos y reglamentos del partido, anotándose en alguno de los “ismos” determinados por el liderazgo de alguna figura en particular: calderismo, herrerismo, eduardismo, oswaldismo. El supuesto simplista de este esquema residía en la idea de que los principios funcionarían como axiomas geométricos, a partir de las cuales sería posible deducir la política concreta.
Es así como, tan tarde como en 1985, Eduardo Fernández y Gustavo Tarre Briceño entendían las labores del Congreso Ideológico Nacional como partiendo de un “nivel filosófico-principista” e incluyendo un “nivel de la política concreta”. Ambos niveles, pensaban, requerían un “puente sociológico” que les comunicase, lo que revelaba la dificultad con la que se habían topado: la incomunicabilidad entre principios y práctica política.
El problema era éste: no bastaba reflexionar intensamente sobre, digamos, el principio de la dignidad de la persona humana para extraer deductivamente una solución al problema de la deuda externa que fuese una solución demócrata cristiana.
Esa creencia en una relación deductiva entre principios y política es un rasgo bastante común del paradigma político clásico, y se manifestaba con particular intensidad en el pensamiento de los líderes de la democracia cristiana venezolana. Un destacado ejemplo lo constituyó el debate sobre el “agotamiento del modelo de desarrollo venezolano”, tema de moda por los comienzos de la década de los ochenta y en el que terció el Dr. Rafael Caldera con una tesis bastante típica de las formulaciones clásicas. Caldera argumentó, desde un discurso pronunciado en tierras mexicanas, que no era cierto que el modelo de desarrollo venezolano hubiese caducado; más bien, por lo contrario, el asunto era que no había sido llevado a la práctica, y que debía buscarse la descripción del susodicho modelo en el Preámbulo de la Constitución Nacional de 1961.
Una postura idéntica podía encontrarse en muchos otros discursos como, por ejemplo, en la estereotipada conferencia sobre “objetivos nacionales” del curso del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional: “Los Objetivos Nacionales se dividen en Objetivos Nacionales Permanentes y Objetivos Nacionales Transitorios. Los Objetivos Nacionales Permanentes están enumerados en el Preámbulo de la Constitución Nacional”.
Vale la pena transcribir acá el texto pertinente del Preámbulo de la Constitución:
“…con el propósito de mantener la independencia y la integridad territorial de la Nación, fortalecer su unidad, asegurar la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones; proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social; lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social, y fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre; mantener la igualdad social y jurídica, sin discriminaciones derivadas de raza, sexo, credo o condición social; cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las repúblicas hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre la base del recíproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumentos de política internacional; sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la Tierra; y conservar y acrecer el patrimonio moral e histórico de la Nación…”
Obviamente el texto que antecede es un recuento de valores y criterios más que de objetivos, por lo que difícilmente puede llamarse al Preámbulo de la Constitución de 1961 un “modelo de desarrollo”.
Ante tales dificultades llegó a hacerse doctrina del Instituto de Formación Demócrata Cristiana, IFEDEC, fundado por Arístides Calvani, la existencia de unos “planos de mediación”: pisos sucesivos de concreción mediante los cuales sería posible “descender” del techo de los principios hasta la planta baja de las políticas específicas. El invento era una elaboración de tesis formuladas en Chile, hacia la época de los años sesenta, por el padre jesuita Roger Vekemans, de gran influencia ideológica en la democracia cristiana continental.
Tales elaboraciones no hacían otra cosa, por supuesto, que complicar el problema, introduciendo una serie de pasos conceptuales que equivalía a “correr la arruga” una y otra vez. Una formulación alternativa, que les fue ofrecida, no contó con mucha acogida. (En 1985 ya les había sugerido que los valores no debían ser vistos como “objetivos”, sino como criterios de selección de tratamientos políticos. La idea subyacente, en este caso, es que la política no se deduce sino que se inventa. Frente a un determinado problema surge—dependiendo del “estado del arte” de las disciplinas analíticas—un grupo de soluciones diferentes, ante las que los valores son útiles para escoger aquella solución “más democrática” o “más justa” o que mejor parada deje a la “dignidad” o, a lo Moronta, a la “centralidad de la persona humana”).
Pero esta bizantina salida de postular la existencia—inobservable—de unos supuestos “planos de mediación” no obstaba para que en IFEDEC se admitiera que en política era inevitable “sacar sangre”, por lo que además del discurso principista y ético se manejaba una soterrada autorización a la práctica de la Realpolitik.
Divisiones copeyanas
A esta tensión entre principios y acción concreta debe sumarse, naturalmente, la tensión competitiva natural entre personalidades y liderazgos, entre estilos y “culturas” políticas. Tal mezcla ha conducido, desde hace mucho tiempo, a la emergencia de conflictos grupales de los distintos gajos personalistas de COPEI, determinantes de sus divisiones. Son divisiones peculiares y propias de los copeyanos, muy distintas de las divisiones históricas de Acción Democrática. (MIR, ARS, MEP).
El tiempo tiende a modificar la percepción. Seguramente hubo tensiones en COPEI antes de 1958—la más recordable es la lucha entre Pedro José Lara Peña y Rafael Caldera, en la que el primero terminó siendo expulsado de COPEI por “perezjimenizta” (este editor desconoce los hechos)—, pero desde aquel año de ruptura política en Venezuela no hubo otra división que no fuera la distinción ideológica entre “astronautas”, “avanzados” y “araguatos” en COPEI. (La Dra. Dinorah Carnevali de Toro Hardy ha descrito la estructura del conflicto en Araguatos, Avanzados y Astronautas. COPEI: conflicto ideológico y crisis política en los años sesenta).
Desde cierto punto de vista, los avanzados venían siendo el “centro” de COPEI, puesto que “astronauta” designaba a lo más “comunista” del partido (en terminología copeyana “comunitario”) mientras que los “araguatos”, si no exactamente, tendían a significar algo así como “los conservadores, los godos que rodean a Rafael Caldera”.
Los “avanzados” eran una posición “intermedia” que debía ser la posición ideológica de Rafael Caldera, si es que uno fuera a guiarse por sus propias palabras, pues en el mitin de cierre de su campaña de 1963, una noche de diciembre, definió a COPEI como “partido de centro-izquierda”. No era Caldera, sin embargo, el polo de referencia de los “avanzados” sino la doble figura de alguien menos comprometido, Luis Herrera Campíns, y de alguien más comprometido, Rodolfo José Cárdenas. Al no materializarse la división, sino más bien la salida de un núcleo de “astronautas” y alguno que otro “avanzado”, quedaba sólo una línea de fractura posible, que fue a darse entre Luis Herrera Campíns y Rafael Caldera.
El gobierno ocupa. El gobierno deja poco tiempo para ocuparse del patio del partido. Caldera no podía, en 1969, ocuparse personalmente de los asuntos de COPEI; no podía encargar tal misión a Lorenzo Fernández, su segundo en el mando, pues lo necesitaba en el Ministerio de Relaciones Interiores; su pupilo, el Secretario del Consejo de Ministros Eduardo Fernández, estaba demasiado jojoto. No pudo evitar lo que no le gustaba demasiado: Pedro Pablo Aguilar a cargo del partido. Ya la competencia Caldera-Herrera se había manifestado en COPEI, pero Luis Herrera Campíns no podía acceder directamente a la Secretaría General. Aguilar era una suerte de “araguanzado” que movería el partido para defender todo lo que Caldera decidiera en el gobierno, al tiempo que trabajaría para la candidatura de Herrera contra la de Lorenzo Fernández.
La escisión Herrera-Caldera dominó el período de 1979 a 1984—el período presidencial de Luis Herrera Campíns—y determinó buena parte del rendimiento gubernamental, aunque la calidad del gobierno de Herrera tiende más bien a darle la razón a Caldera. Si el primer gobierno de Caldera no había logrado despertar el entusiasmo, por lo menos no causó, como el único gobierno de Herrera, la vergüenza verde.
La siguiente división copeyana tuvo como campeón en defensa del título a Rafael Caldera, al retador en Eduardo Fernández. Fernández había comandado la campaña postherrerista de Caldera en 1983 y maniobrado después para emerger airoso entre calderistas y herreristas en 1984 y tentar a Caldera a partir de ese mismo año.
En 1984 se hizo un acto controlado por Eduardo Fernández, al que fue invitado Rafael Caldera, para declarar abierto el proceso preparatorio de un “congreso ideológico de COPEI”. El maestro de ceremonias de ese acto, obviamente en función de los objetivos polémicos de Eduardo Fernández, fue quien hoy en día le combate: Paciano Padrón.
Caldera asistió al evento acompañado de su esposa. Su entrada fue muy aplaudida, pero fue anterior y significativamente menos aplaudida que la triunfal entrada de Eduardo Fernández, igualmente acompañado por su esposa. Eduardo Fernández tomó la palabra y asestó con ella, ante el alborozo de la audiencia, el florentino golpe de puñal: recordó a Rafael Caldera, y a los asistentes, las palabras que éste había pronunciado al admitir su derrota ante Jaime Lusinchi: “El pueblo siempre tiene la razón”.
A partir de allí la lucha estaba planteada. La culminación de la misma pareció estar en la celebración del Congreso Presidencial de 1987 en el Poliedro de Caracas, una de las más queridas obras de Rafael Caldera, en la que una derrota más para él generó una nueva frase famosa: “Paso a la reserva”. Esta vez Fernández ya no evocaba al embajador japonés ante Washington en diciembre de 1941, sino a Adolfo Hitler, que hizo que los franceses firmaran en 1940 su rendición en el mismo vagón de tren, en el mismo bosque de Compiègne, donde los alemanes fueron rendidos en 1918.
Como antes con Luis Herrera Campíns, Rafael Caldera no explicó nunca por qué se oponía a Eduardo Fernández. Se limitó a argumentar por qué Caldera debía ser de nuevo el candidato copeyano en 1988. Es así como recibe una derrota más contundente que la que Jaime Lusinchi le había propinado en 1983 en términos porcentuales, a manos de su pupilo más destacado. Los resultados posteriores indicarían que Caldera jamás se rindió, que su derrota no había sido definitiva. Hoy el derrotado en COPEI, de forma más abrumadora aún, es Eduardo Fernández. Por cada diez copeyanos que reconocen a Rafael Caldera como su líder, uno reconoce a Eduardo Fernández.
Tal vez si COPEI hubiera adoptado en 1987 (como lo sugerí en 1986) el método que dirimió la lucha por la candidatura oficial en 1993—las elecciones primarias abiertas—las posibilidades de recuperación de Rafael Caldera hubieran sido menores, como mayores las posibilidades de Eduardo Fernández en la campaña de 1988 contra Carlos Andrés Pérez. Pero Eduardo Fernández tiende a llegar tarde a la política, y no propuso las primarias hasta 1991, al menos cinco años después de que le fuesen sugeridas. Del mismo modo se atrasó en su separación de la Secretaría General de COPEI, que abandonó en el último momento, y no del todo, a comienzos de 1993, aunque se le hizo llegar la idea a fines de 1991.
Las primarias de COPEI se realizaron el 25 de abril de 1993. Oswaldo Álvarez Paz derrotó ampliamente a Eduardo Fernández, luego de que los financistas de Fernández llegaran a la conclusión de que Álvarez tenía más chance que Fernández para frenar a Caldera. Se anunció que había votado un total cercano a los dos millones y medio de venezolanos en las primarias copeyanas; la votación real no llegó a exceder los novecientos mil sufragios. Por un lado, los resultados—tanto los reales como los inflados—daban hasta cierto punto la razón a Fernández, en el sentido de que él no tenía “entubado” el proceso electoral copeyano. Por el otro, resultaba elegido su contendor interno más notorio quien, hasta cinco meses antes de las primarias había ofrecido su apoyo a la candidatura de Caldera si éste presentaba su opción dentro de las filas de COPEI.
Lo cierto es que ahora COPEI se encuentra en situación harto difícil: poco antes del proceso electoral de 1993 estableció una suerte de exclusión sin expulsión de Rafael Caldera de sus filas, pero la militancia copeyana no reconoce a otra persona como su líder nacional. En encuesta publicada en la prensa nacional el pasado 27 de septiembre, se interrogó a una muestra de 702 militantes de COPEI del Estado Carabobo. Caldera aparece mencionado como el líder nacional de COPEI en el 54,4% de las respuestas. Su más cercano seguidor, Luis Herrera Campíns, es mencionado sólo en el 6,8% de las respuestas y Eduardo Fernández y Oswaldo Álvarez Paz son mencionados el 5% y el 3,7% de las veces, respectivamente. El actual Secretario General de COPEI, José Curiel, es señalado como líder nacional por el 3,8% de las respuestas, mientras que el Presidente, Hilarión Cardozo, es señalado en el 1,6% de las mismas.
Luis Herrera Campíns comentó estos resultados al día siguiente de aparecer las cifras publicadas, para sugerir que COPEI debía ya de una vez por todas olvidarse de Rafael Caldera puesto que éste no está en el partido, lo que indica una propensión manifiesta a negarse a aceptar las realidades verdes y una intención de proyectarse desde ya, sobre el exiguo segundo lugar de menos de 7% de reconocimiento, como el próximo candidato presidencial de COPEI. En cambio, Paciano Padrón, que sigue muy de cerca a Herrera en el orden de preferencias, ha declarado abiertamente que “tocará el corazón de Caldera” para que acepte el reconocimiento de COPEI a éste como su líder máximo. Según la misma encuesta, Padrón duplica las preferencias a favor de José Curiel para la elección de Secretario General del partido. (Padrón, 30,2%; Curiel, 13%. Bastante más lejos se ubican Donald Ramírez, con 4,8% y Agustín Berríos con 0,3%).
Si esta encuesta realizada en el Estado Carabobo no ha sido amañada ni adulterada, si puede considerársela representativa de la distribución de las preferencias en el nivel nacional, entonces COPEI debe enfrentar un serísimo problema, puesto que los resultados de la consulta equivalen a una carencia casi total de legitimidad sociológica por parte de las actuales autoridades del partido. Los militantes copeyanos estarían diciendo muy claramente que el actual Comité Nacional de COPEI no es reconocido por las “bases”.
Reingeniería de COPEI
Tan deterioradas condiciones hacen pensar sobre las posibilidades reales de que COPEI se salve como organización ¿Es Paciano Padrón el hombre que puede conducir un proceso de reingeniería del partido?
A mediados de la década de los ochenta varias voces copeyanas expresaron la idea de que COPEI debía “volver a sus orígenes”. Oswaldo Álvarez Paz fue posiblemente el más elocuente expositor de esa noción. Vista en términos generales, se trata de una posición conservadora y tradicional. Las organizaciones humanas, en especial las políticas, deben mirar más al futuro que hacia el pasado. Los líderes que pedían un regreso a la “época dorada” de los comienzos se mostraban, en consecuencia, incapaces de formular una metamorfosis futurista del partido COPEI.
Pero hay un sentido en el que pudiera darse la razón a la proposición de Álvarez Paz, hay un sentido en el que lo indicado pudiera ser una vuelta al comienzo. A la fundación de COPEI, estas siglas designaban a un “Comité de Organización Política Electoral Independiente”. La designación de partido “socialcristiano” o “demócrata cristiano” fue una consideración posterior aunque, naturalmente, respondió a la ideología predominante entre los miembros fundadores, provenientes de institutos de educación católica. COPEI podría volver a pensarse a sí mismo como un comité de operaciones políticas y electorales, dejando a la dimensión personal de sus militantes el problema ideológico y ético de guiarse en la acción política por un código de criterios de inspiración cristiana o, más concretamente, de inspiración en la doctrina social de la iglesia católica.
Es decir, COPEI no insistiría en una aglutinación ideológica tan “integrista” como llegó a plantearse a partir de los años sesenta, conformándose con establecer un “límite socialcristiano”. Esto es, abandonaría toda esperanza de deducir políticas a partir de primeros principios y en cambio rechazaría toda política que fuese incompatible con el código de valores del socialcristianismo.
De resto, se presentaría al país, desnudo de toda falsa retórica, como lo que realmente es: como una plataforma electoral al estilo de los partidos políticos norteamericanos. De hecho, los cambios introducidos por Eduardo Fernández, a quien es justo reconocerle importantes esfuerzos de “modernización” del partido, han ido en la dirección de una “norteamericanización” de COPEI, con la adopción del sistema de primarias abiertas y un incipiente reconocimiento de la inconveniencia de conjugar en una misma persona la Secretaría General y la candidatura presidencial. Los presidentes norteamericanos, los candidatos presidenciales estadounidenses, no tienen un origen en el aparato profesional partidista de los operadores políticos demócratas o republicanos.
Así, la dimensión ideológica, el compromiso con un código de valores, quedan en la esfera de la persona individual. Rafael Caldera no puede, como no podrían Luigi Sturzo o Konrad Adenauer redivivos, garantizar que un contingente humano heterogéneo, como es la militancia copeyana, va a comportarse “socialcristianamente”. Él puede garantizar esa conducta únicamente de sí mismo.
Si estuviera planteado para COPEI seguir el camino descrito, si fuese lo indicado “norteamericanizarse” en el sentido expuesto, entonces un siguiente paso sería abandonar también la idea de que el partido en sí debe tener un “programa”. No existe como tal el programa del partido demócrata o el del partido republicano en los Estados Unidos. En cada contienda electoral emergen los programas o “plataformas” de los candidatos y precandidatos: el de Bush, el de Mondale, el de Reagan, el de Clinton. El problema del programa se remite, de este modo, a la decisión de los Electores, y no se pretende presentarlo, prefabricado y listo, desde la labor de ideólogos profesionales reunidos en “congresos ideológicos”, y mucho menos presentarlo como “proyecto histórico” de un plazo tan largo que en sí constituye una pretensión anticientífica en épocas tan turbulentas y variables como las que vivimos.
El futuro es plural, el futuro es ramificado. No todas las ramas del futuro de COPEI son desastrosas. Al menos es concebible que, después de una serie tan larga de traspiés y fracasos electorales, COPEI esté dispuesto a la metamorfosis y el aprendizaje. Nuevas tesis surgen en su seno, como la idea de convertir a COPEI en un “partido federal”, lo que sería un medio de diluir o atenuar su actual patrón centralista.
Lo que sí parece ineludible es la desaparición del grupo dirigente actual de los puestos de comando de la organización. En un partido en el que menos del 4% de la militancia reconoce a los miembros de su Comité Nacional, al Presidente y al Secretario General como líderes nacionales, sería suicida intentar la supervivencia de los mismos. Pero también es difícil pensar que Paciano Padrón sea el hombre adecuado para concebir la metamorfosis necesaria, porque su adiestramiento político no difiere en mucho del estilo negociador y combinatorio de la dirigencia tradicional copeyana. Tal vez pueda gerenciarla si busca la formulación conceptual en otro sitio. Si ni siquiera es capaz de hacer esto, COPEI tendría que encontrar al Secretario General de la supervivencia en una persona distinta de Padrón. Quizás en un independiente. No en vano COPEI significa Comité de Organización Política Electoral Independiente.
Y tampoco es concebible que Juan José Caldera sea la figura indicada, por más que su padre sea reconocido por una mayoría copeyana como el líder nacional del partido. El senador Caldera introduciría una pugnacidad inasimilable dentro de las filas de COPEI, si es que va a darse lo que no hace mucho Eduardo Fernández pronosticó: un reencuentro y fusión de Convergencia y COPEI “desde la base”. En cierto sentido, la “base” de Convergencia es, precisamente, COPEI.
La raíz primigenia de COPEI es conservadora. Cuando surge, en 1946, hacía menos de un año que la revolución del 18 de octubre hubiera desplazado del poder a las generaciones andinas—Castro, Gómez, López Contreras, Medina—que habían gobernado a Venezuela en la primera mitad del siglo. Al emerger COPEI como oposición a Acción Democrática, muchos de los desplazados pusieron la mirada en las banderas verdes. Esto explica por qué los primeros bastiones electorales de COPEI se asentaron, nítidamente, en los estados andinos. Todavía en 1958, COPEI no había logrado prevalecer en algún otro estado fuera de Táchira, Mérida y Trujillo. Algo del gomecismo, pues, penetró en COPEI. Un gomecismo que perduró también en el grupo del Escritorio Tinoco y el Banco Latino. Tinoco, Andrade, Arcaya, Montenegro, eran todos nombres importantes del régimen de Gómez. Tal vez esa raíz común, junto con la indudable capacidad del Dr. Pedro R. Tinoco hijo, llevó a Caldera, como se ha recordado en esta publicación, a nombrarle Ministro de Hacienda de su primer gobierno.
Ya el país no es tan pequeño, y asiste ahora al fin de la política que fue determinada por los actores de comienzos del siglo XX venezolano y su primera mitad. COPEI debiera entender que esto es así, que todo un estilo polémico de hacer política es claramente insuficiente, y que los Electores, cada vez más conscientes, aceptan cada vez menos los discursos insinceros. Si ya no se cree en COPEI, desde hace tiempo, en un diseño ideológico que cada vez se exhibe menos y con mayor timidez, lo sensato es aceptar esa realidad y representarse ante el país como un simple canal electoral.
Lo que no obsta para reconocer que COPEI ha sido, en balance histórico, una organización beneficiosa al país. No es veraz la interpretación de COPEI como agrupación de personas enteramente dedicadas a las delicadas labores de la corrupción. COPEI es tan sólo una expresión más de la eterna tragedia del poder. COPEI no está conformado por extraterrestres o suizos, sino por un corte transversal de la venezolanidad.
En este sentido, los hombres y mujeres copeyanos, hoy en día en añoranza de su figura paterna, no son ni mejores ni peores que los hombres y mujeres de Acción Democrática, del Movimiento al Socialismo o de la Causa R. No son mejores ni peores que el país, y seguramente buscan una salida de futuro.
La historia nos muestra, con implacable reiteración, la verdad de la falibilidad humana. No existe en el mundo en ninguna de sus épocas un movimiento político, un régimen o concepto gubernamental exitoso que no fuese luego presa de la entropía, de la tendencia al envejecimiento y el deterioro. No hace mucho, por ejemplo, Acción Democrática exhibía un discurso muy similar al de la Causa R y era vista como un partido revolucionario, pues sus raíces fueron, como se reconocía en documentos oficiales de 1958, de cepa marxista. Ahora se le percibe como el partido del status por antonomasia. “La herejía de hoy es la ortodoxia del mañana”.
Pero también es posible al quehacer humano la metamorfosis de sus organizaciones. Para que esto sea posible en COPEI es necesario hacer algo más de lo que traslucen las intenciones y discursos manifiestos de Paciano Padrón. Como con el Estado venezolano, se necesita algo más que apósitos puntuales a una Constitución antigua o unos estatutos superados. Es preciso efectuar todo un proceso de rediseño, de reingeniería. Los tiempos del futuro próximo determinarán si COPEI es capaz de aprovechar una nueva oportunidad de transformación o si desaparecerá como importante factor de la actividad política en Venezuela.
luis enrique ALCALÁ
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