por Luis Enrique Alcalá | Ago 8, 1994 | Política, Referéndum |
A mediados de 1983, hace ya once años, se celebró una reunión privada de cinco muy importantes banqueros venezolanos, convocada para discutir un posible flujo negativo de caja de PDVSA que se proyectaba para fines de ese año, año electoral.
En medio de la discusión se pidió a los asistentes participar en un simple ejercicio, un sencillo juego, una adivinanza.
El ejercicio consistió en leer las palabras textuales de un fragmento de discurso, y pedirles que intentaran identificar a quien las había dicho. Las palabras en cuestión se referían a un país y a sus hábitos económicos. El orador fustigaba a los oyentes y decía que en su país la gente se había endeudado más allá de sus posibilidades, que quería vivir cada vez mejor trabajando cada vez menos. Al cabo de la lectura los banqueros comenzaron a asomar candidatos: ¡Úslar Pietri! ¡Pérez Alfonzo! ¡Jorge Olavarría! ¡Gonzalo Barrios!
No fue poca la sorpresa cuando se les informó que las palabras leídas habían sido tomadas del discurso de toma de posesión de Helmut Kohl como Primer Ministro de la República Federal Alemana.
El ejemplo sirvió para demostrar cuán propensos somos a la subestimación de nosotros mismos. Si se estaba hablando mal de algún país la cosa tenía que ser con nosotros. Al oír el trozo escogido los destacados banqueros habían optado por generar sólo nombres de venezolanos ilustres, suponiendo automáticamente que el discurso había sido dirigido a los venezolanos para reconvenirles. A partir de ese punto la reunión tomó un camino diferente.
De hecho, uno de los banqueros presentes acababa de regresar de Inglaterra—recordemos que se estaba a mediados de 1983, cuando ya había emergido el problema de la deuda pública externa venezolana tras los casos de México y Polonia—y contó una conversación con importantes banqueros ingleses que mucho le sorprendió. En esa conversación nuestro banquero, quien hacía no mucho había sido Presidente del Banco Central de Venezuela, preguntó a sus colegas ingleses si albergaban preocupación por la deuda externa de los países en desarrollo. A lo que los financistas británicos contestaron: “Bueno, sí, pero ¡la que nos tiene verdaderamente alarmados es la deuda de los Estados Unidos de Norteamérica!”
Con mucha frecuencia ese autoprejuicio de muchos venezolanos llega a expresarse de modo más activo y más denigrante. Así, se niega que podamos “estar preparados” para vivir en democracia, o mas crudamente, se declara: “Venezuela es una caricatura de país”.
Incluso se da el caso de personas que sustentan tan dañina posición y han pretendido ejercer una acción política, en aprovechamiento de esa democracia que ellos creen no merecemos, con la justificación de que los “políticos corruptos” deben ser sustituidos en el poder por “la gente decente”.
Pero no es preciso ser tan atrabiliario como para sentir los embates de la duda respecto de las posibilidades futuras de la nación venezolana. Muchas personas trabajadoras, honestas y patrióticas llegan a sentir el aguijón de la desesperanza y buscan mudarse a otras latitudes para dejar de ver los problemas que aquejan a los venezolanos, para no pensar más en eso, para escapar a las trabas que un sistema anacrónico y disfuncional impone a su actividad empresarial o profesional.
Esa no es una estrategia constructiva. Es una actitud de evasión, de escape, de fuga.
No es esa la actitud que el país necesita de sus habitantes. Ahora más que nunca necesita el compromiso de quedarse a trabajar, con imaginación y con denuedo, en nuevas actividades de todo tipo: educativas, económicas, culturales, políticas.
El país está atravesando, en estos mismos momentos, por lo que tal vez llegue a ser la más importante transición en nuestra historia. No hay que perdérsela. Por lo contrario, es la hora de quedarse a producir y contemplar un soberbio espectáculo: el de un país que ha venido asimilando sufrimiento, creciendo en conciencia, aprendiendo serenamente de la adversidad, y que puede convertir ese doloroso proceso en una metamorfosis de creación política.
Las ganas de salir corriendo son comprensibles. Más de un venezolano capaz se siente impedido, maniatado. Un caso en punta es el de los científicos venezolanos, hoy afectados por una drástica constricción de los recursos que el Estado asigna a las labores de ciencia y tecnología. Las reglamentaciones que hasta ahora se han producido en materia cambiaria han dejado en un limbo a nuestros investigadores, quienes no saben cómo pagar sus cuotas de afiliación a sociedades científicas internacionales o no hallan cómo importar equipos de investigación o reactivos de laboratorio porque no se haya contemplado que califiquen como “importadores”. Hoy en día un investigador del IVIC gana—en dólares—el 60 o 70% de lo que ganaba hace veinte años cuando se incorporó al Instituto.
No se pretende negar, entonces, que el país en general—sus obreros, sus científicos, sus empresarios, sus profesionales, sus trabajadores culturales—esté pasando por penurias en grado importante. Lo que se niega es la validez de una estrategia evasiva, cuando lo constructivo, lo audaz, lo inteligente, es encontrar las oportunidades que, como toda crisis, la crisis venezolana está proveyendo.
No es el momento de negarnos. Todo país próspero conoció la penuria primero que nada. Nos toca ahora a nosotros comprobar que no somos menos, no somos raza, ni cultura, ni pueblo inferior. A quienes piensan resolver sus problemas en tierra ajena y distante, queremos llamar a la reflexión. Tampoco encontrarán, salvo casos muy específicos y particulares, la vida fácil en ningún país. Todo el planeta vive ahora un inmenso ajuste, que naturalmente invalida o hace obsoletos a más de un modo de vida o producción. La inteligencia está en adaptarse a esta grandísima transformación de la humanidad, aprender y hacer cosas nuevas. LEA
___________________________________________________________
por Luis Enrique Alcalá | Ago 8, 1994 | Política, Referéndum |
Rafael Caldera habló ante los gobernadores de estado. Según el modo de titular de un matutino caraqueño, les dijo que tendrían que acatar las líneas emanadas de Miraflores. Les dijo muchas otras cosas. Pero de lo que está pendiente el estilo más difundido de mirar a la política, es de lo que huela a confrontación de poderes. Por eso el periódico destacó también un notorio traspié de Rafael Caldera: Caldera expresó ante los gobernadores su “preocupación” por el hecho de que aquéllos habían sido electos en votaciones con un alto grado de abstención, lo que, por supuesto, puede decirse exactamente de la elección del presidente Caldera.
Fue una falla lamentable. Pero fue la única. Cuando Caldera dio a entender a los gobernadores lo que registró el periódico el día siguiente tenía toda la razón, pues no hacía otra cosa que afirmar algo que está claramente establecido en la Constitución de 1961: que un gobernador de estado “además de Jefe del Ejecutivo del Estado es agente del Ejecutivo Nacional en su respectiva circunscripción” (Artículo 21) y que está obligado a “ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones que reciba del Ejecutivo Nacional” (Artículo 23).
Es explicable que pueda existir confusión a este respecto, puesto que una falta de conocimiento de nuestras leyes puede darnos a entender que desde que los gobernadores son nombrados directamente por los electores, son totalmente independientes del Poder Nacional. Esto no es así. La ley que actualmente regula la elección y remoción de los gobernadores es un desarrollo opcional—La ley podrá establecer la forma de elección y remoción de los Gobernadores—del Artículo 22 de la Constitución Nacional, y esa ley no puede, por ser norma de inferior jerarquía, anular o suspender lo previsto en otros dos artículos totalmente separados. En ninguna de las dos enmiendas que ha recibido la Constitución del 61 se ha tocado a los Artículos 21 y 23. De modo, pues, que las disposiciones de ambos artículos están plenamente vigentes y, por tanto, los gobernadores de estado son agentes del Ejecutivo Nacional y deben ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones que reciba del mismo.
Maestro del suspenso (de garantías)
Va a ser muy difícil cazar a Rafael Caldera en un error jurídico. No sólo ha sido hasta hoy y desde su carrera summa cum laude un estudioso del Derecho (sus notas alojan la imperfección de una nota de 19 puntos sobre 20, en Derecho Internacional Privado). Caldera no sólo estudió Derecho; Caldera ha hecho y hace Derecho. Por eso es poco práctico pensar que Caldera es derrotable por ante la Corte Suprema de Justicia. Si en algo puede y va a poner cuidado Rafael Caldera es en la constitucionalidad y la legalidad de sus decisiones.
COPEI ha dicho que demandaría ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad, por inconstitucional, del decreto que resuspende las garantías constitucionales luego de que el Congreso de la República revocara el decreto inicial. Es muy poco probable que tenga éxito en el intento—el que todavía no se ha producido, aun cuando dos ciudadanos a título personal han introducido la demanda en cuestión. Para entender esto resulta necesario revisar lo que la Constitución de 1961 estipula al respecto.
La Constitución del 61 dedica todo un Título de su articulado para referirse a la facultad de suspensión de las garantías. Es su Título IX: De la Emergencia. El Artículo 241, segundo de este Título, es el que establece la facultad en cuestión en solamente tres casos: a. en caso de emergencia, definida en el Artículo anterior; b. de conmoción “que pueda perturbar la paz de la República”; c. de “graves circunstancias que afecten la vida económica y social”.
Es obvio que la motivación del Gobierno para suspender las garantías no puede ser otra que la contemplada en el tercer caso, puesto que no ha procedido a declarar el estado de emergencia (que sólo puede hacerse “en caso de conflicto interior o exterior, o cuando existan fundados motivos de que uno u otro ocurran”), ni tampoco puede sostenerse que nos hallamos ante una “conmoción que pueda perturbar la paz de la República”. Los propios ministros encargados de vigilar por la seguridad del Estado, el Ministro de Relaciones Interiores y el Ministro de la Defensa, declararon en el Congreso que la Nación se encontraba en paz.
El Gobierno sólo puede argumentar, y tendría razón, que el país enfrenta en los actuales momentos “graves circunstancias que afect[a]n la vida económica o social”. Nadie en su sano juicio se atrevería a desmentir una fundamentación de esa clase. El consenso más unánime de toda nuestra historia es, precisamente, que nos hallamos en las más graves circunstancias que el país ha conocido, que el gobierno que preside Rafael Caldera ha heredado la más crítica de las situaciones.
Al anunciar la resuspensión voceros del Gobierno manifestaron que esperaban explicarse mejor esta vez. De hecho, esta segunda vez el Gobierno fue un poco más explícito respecto del uso que pensaba dar a las facultades extraordinarias que se derivan de la suspensión de las garantías. Así, explicó que pretendía con la suspensión, sobre todo de la garantía de la propiedad privada—distinta de la llamada garantía de la libertad económica—impedir transacciones con ciertos bienes económicos que pudieran escamotearse a la acción del Estado en procura de la recuperación de activos pertenecientes a los institutos financieros intervenidos. Dicho sea de paso, no existe ningún título o capítulo de la Constitución que se refiera a garantías. Los capítulos en cuestión hablan de derechos, no de garantías. Este término se emplea solamente en el Título IX, en el ordinal 6º del Artículo 190 (sobre atribuciones del Presidente de la República) y, curiosamente, en el Artículo 99. (“Se garantiza el derecho de propiedad”).
La idea, por tanto, es la de actuar contra algunas personas que estarían transfiriendo propiedades que pudiesen ser objeto de acciones de recuperación por parte del Estado. Se supone, también, que algunas de estas mismas personas pudieran estar involucradas en actividades de corte conspirativo. De allí los allanamientos a algunas personas durante la primera fase de la suspensión. A este respecto, un importante líder copeyano contestó, sin darse cuenta de que un periodista le escuchaba, una pregunta de un compañero de partido acerca de las razones de por qué habían practicado una visita domiciliaria a la casa de una cierta persona. El interpelado contestó: “Bueno, lo andaban siguiendo”. Obviamente, la respuesta revela que el seguimiento habría dado motivos para suponer que la persona en cuestión estaba efectuando contactos de índole conspirativa o reuniéndose con personas sospechosas, y no que le habían seguido a la lavandería, a la farmacia o al banco.
Pero también se usó el expediente del allanamiento en casos de sospecha de acaparamiento de bienes de consumo por parte de algunos comerciantes. Se ha dicho que en varios casos se habría cometido excesos, puesto que se trataría de almacenamiento normal y no de acaparamiento. Hasta ahora no ha sido comprobado fehacientemente que hubiera habido o que no hubiera habido los excesos mencionados, pero el Presidente del IDEC ha declarado, sin haber sido desmentido, que en todas las actuaciones de su despacho estuvo presente un representante de la Fiscalía General de la República y que se levantaron las actas que contempla la Ley de Protección al Consumidor.
En todo caso, el Congreso de la República decidió, en sesión conjunta de las Cámaras del 21 de julio, restituir las garantías suspendidas, incluyendo la garantía de la propiedad privada, con excepción de la garantía de la libertad de la actividad económica. El mismo día en que se produjo la revocatoria del decreto de suspensión, se dejó entrever que el Gobierno procedería a emitir un nuevo decreto. En aquel momento, COPEI no argumentó que sería inconstitucional un segundo decreto. Orlando Contreras Pulido, por ejemplo, se limitó a observar que cualquier decreto de este tipo tendría que ir a parar, en último término, al Congreso de la República para su consideración, y Haydeé Castillo de López Acosta, senadora copeyana, consideró que Caldera entraría en un “juego” muy peligroso si remitía de nuevo a las Cámaras un segundo decreto de suspensión. (No parece una caracterización verídica de Rafael Caldera el adjudicarle un espíritu juguetón).
Otra parte de la argumentación contraria a la suspensión, que el propio Contreras Pulido esgrimió en sus declaraciones del 21 de julio, consistió en estimar que bastaría la suspensión de la garantía implicada en el Artículo 96 para que el Gobierno actuase en las direcciones que quería. La estimación del Gobierno era diferente, al sostener que el ordenamiento legal vigente no era suficiente para fundamentar las actuaciones de la Junta de Emergencia Financiera o las medidas precautelativas que ha venido ejecutando en los últimos días la Procuradoría General de la República.
Pero, al producirse un segundo decreto de suspensión, COPEI y otros voceros comenzaron a ventilar la noción de que este segundo decreto era, además de un irrespeto al Congreso, un paso violatorio de la Constitución Nacional, y que por esa razón debía pedirse a la Corte Suprema de Justicia que interviniese en el impasse.
Ya ha sido intentada ante la Corte esta demanda de inconstitucionalidad, la que pudiese considerarse procedente si el punto a dilucidar se refiriese a la determinación de si el Congreso de la República es el órgano de control pautado por la Constitución para esta materia de suspensión de garantías. Esto no es totalmente claro. Por una parte, el Artículo 243 es el que establece el procedimiento para revocar el decreto de restricción o suspensión de garantías, y en él se establece que la revocatoria puede hacerla el Congreso, pero también el Ejecutivo Nacional, órgano al que el Artículo 243 menciona de primero.
Pero, por otra parte, el Artículo 243 condiciona esa revocatoria a que hayan cesado las causas que motivaron la suspensión. La postura del Gobierno es que esas causas no han cesado. ¿Puede la Corte Suprema de Justicia entrar a determinar si las causas subsisten?
El Artículo anterior, el 242, pareciera negar esta posibilidad, puesto que es el que establece que la consideración del decreto de restricción o suspensión de garantías es potestad del Congreso de la República. (“El Decreto que declare el estado de emergencia u ordene la restricción o suspensión de garantías será dictado en Consejo de Ministros y sometido a la consideración de las Cámaras en sesión conjunta o de la Comisión Delegada, dentro de los diez días siguientes a su publicación”). Esto significa que la Corte Suprema no es la llamada a considerar el fondo del asunto, el punto de si las causas esgrimidas por el Gobierno se compadecen con la realidad.
El debate de fondo, pues, es si la justificación ofrecida por el Gobierno es sostenible. El argumento del irrespeto no tiene mayor importancia, El gobierno también hubiera podido decir, cosa que no ha dicho, que el Congreso había irrespetado al Ejecutivo al revocar el decreto original. El problema es, por un lado, si las causas para la suspensión eran suficientes y, por el otro, si las causas habían cesado.
Si se considera sólo esto último, habría que decir que las causas no han cesado, que las graves circunstancias continúan existiendo. Por tanto, en este sentido, el Congreso no debió revocar el decreto si nos atenemos estrictamente al texto constitucional, el que establece que la revocatoria procede cuando las causas han cesado.
De modo que sólo restaría dilucidar si en la primera instancia, en la consideración que las Cámaras deben hacer del decreto de suspensión, y aun admitiendo éstas que existen graves circunstancias, las garantías específicas que fueron suspendidas impedían el manejo de la circunstancia grave.
Alfaro convergente
Los desarrollos posteriores indican que ahora la fracción de Acción Democrática ha sido convencida acerca del último punto, puesto que ha manifestado su disposición a favor de mantener la nueva suspensión mientras el Congreso, reunido en sesiones extraordinarias, aprueba las leyes que ha requerido el Ejecutivo, especialmente la ley que regula las emergencias financieras. Este desenlace aleja definitivamente el problema de la atención de la Corte Suprema de Justicia, pues si el propio Congreso aprueba la suspensión, desaparece el impasse entre los poderes ejecutivo y legislativo.
Ya habíamos detectado una aproximación entre el Gobierno y Acción Democrática en el Nº 2 de esta publicación—4 de abril de este año—cuando mencionamos la “convergencia” de AD en momentos cuando se discutía dotar al Gobierno con una ley habilitante. Como se recordará, solamente la fracción de Convergencia superaba a Acción Democrática en el grado de apoyo a los poderes extraordinarios. Ahora es Acción Democrática la que salva el enfrentamiento de poderes, al disponerse a aprobar el nuevo decreto de suspensión.
Se trata, a nuestro juicio, de una muy inteligente postura de la corriente dominante de Acción Democrática: la corriente alfarista, la misma que expulsó de las filas de AD a Carlos Andrés Pérez. En esta ocasión, habiendo medido el abrumador grado de apoyo en la opinión pública del que ahora goza el Gobierno, ha decidido apoyarlo, lo que deja a COPEI en una muy deslucida posición, en la precaria compañía de una Causa R que no encuentra qué hacer para mover a su favor la opinión de los Electores. De nuevo, recordamos del Nº 2 de esta publicación, cuando escribimos: “Un análisis preliminar de las posturas de los partidos ante esta proposición permite darse cuenta de una suerte de alianza de facto entre Acción Democrática y Convergencia, como también del hecho de que, una vez más, los extremos se tocan: los partidos menos propensos a dar al gobierno de Caldera poderes extraordinarios son COPEI y la Causa R, el partido que presentó en las elecciones—con la candidatura de Álvarez Paz—la posición de corte más neoliberal y el partido más izquierdista”. (La Tentación Totalitaria, 4 de abril de 1994).
De esta manera AD cree posicionarse tempranamente en sitio ventajoso con miras a las futuras elecciones, puesto que calcula que Convergencia no tiene posibilidades reales de generar la sucesión de Rafael Caldera. Al propio tiempo, ha desactivado la carga explosiva del referéndum, con el que el Presidente de la República amenazó al Congreso.
Suspensión del referéndum
Pero ahora parece que no va el referéndum. Después de haber excitado el interés de los Electores la “entrada en razón” de Acción Democrática hizo que el Gobierno reculara, apresurándose a anular su oferta. El Senador Juan José Caldera no perdió un minuto, al conocerse el cambio de posición de Acción Democrática, para declarar que ya el referéndum no era necesario.
La consulta que Caldera (Rafael), había asomado como posible—el Ministro Andueza llegó a hablar, incluso, de un texto de decreto convocatorio ya preparado—consistiría, simplemente, en preguntar a los Electores si estaban de acuerdo con la suspensión de garantías decretada por el Gobierno. De inmediato se pasó a interpretar que un referéndum de este tipo vendría siendo más bien, en interpretación del destacado constitucionalista Gustavo Planchart Manrique, un verdadero plebiscito, dado que sus efectos vendrían a ser la deslegitimación política de aquel de los poderes que resultase derrotado en el referéndum. Para algunos, se hubiera tratado de una consulta bien extraña: le estarían preguntando a uno si estaba de acuerdo conque le negasen el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, a la inviolabilidad de su hogar, a la propiedad de sus bienes, etcétera. La mayoría de la población, sin embargo, parecía “saber” que este no sería el sentido de la pregunta, entendiéndolo más bien de este modo: “¿Está Ud. de acuerdo, Señor Elector, conque se suspenda la garantía de libre tránsito a quien haya delinquido en el manejo de los dineros del público, sea porque los hubiese empleado en fines distintos de la intermediación bancaria o porque hubiese empleado dineros públicos que les fueron entregados para garantizar los dineros del público depositados en sus arcas de banquero para, por ejemplo, comprar dólares?”
No había dudas en la inmensa mayoría de los venezolanos de que ése sería el significado de la consulta. Por eso esa mayoría no se sentía amenazada por las medidas de excepción y las aprobaba decididamente.
Lo que ocurre es que no es posible constitucionalmente suspender las garantías a un subconjunto de la ciudadanía. La Constitución de 1961 permite limitar el ámbito territorial en el que se extiende el decreto de restricción o suspensión de garantías que ella misma establece. (Parágrafo segundo del Artículo 241). Es posible suspender las garantías, por ejemplo, en el Estado Bolívar, o en el Municipio Brión, o en la urbanización Los Palos Grandes. Lo que no se puede es decir que se suspende la garantía de la inviolabilidad del hogar a los zapateros, o a los ladrones de automóviles o a la familia Pacheco.
Por esto resultó curiosísima la intervención televisada de Allan Randolph Brewer-Carías, quien el mismo día de la primera suspensión exigía muy agitadamente al Gobierno que presentara una lista de las personas contra las que irían dirigidas las medidas que vulnerarían los derechos suspendidos. Sorprende ese veloz dictamen jurídico en boca de uno de los más destacados profesores de Derecho Público con los que cuenta Venezuela.
Pero ya, en todo caso, la pregunta no será hecha oficialmente a los venezolanos, quienes ya la contestaron por vías informales. (El referéndum telefónico del diario El Nacional arrojó cotas de aprobación superiores al 90% de las llamadas. Ni siquiera hubo la astucia, por parte de los interesados en contradecir al gobierno, de congestionar las líneas del periódico con llamadas desaprobatorias).
Este retroceso gubernamental tiene bastante de lamentable pues, como pudo evidenciarse, la ciudadanía creyó que había llegado la ocasión para participar directamente, por primera vez, en la adopción de una decisión de Estado.
El mismo presidente Caldera, en su “Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela”, decía así: “El referendum (sic) propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional”.
El Presidente de la República puede argumentar ahora que no corresponde al Poder Ejecutivo, sino al Congreso de la República, el trabajo de la reforma de la Constitución. Pero si el Gobierno declaró, por boca del Ministro Andueza, que ya tenía redactado un decreto para convocar a referéndum, ¿qué puede impedir que se redacte otro para consultar a los Electores sobre cualquier otro asunto, dado que según la doctrina Andueza habría bastado un acto del Ejecutivo para que se produjera la convocatoria?
Si era posible convocar un referéndum “consultativo” sobre la suspensión de las garantías, es posible convocar un referéndum para consultar a los Electores sobre cualquier otra materia. A este respecto puede valer la pena considerar la siguiente idea: consultar a los Electores sobre los lineamientos generales del plan de desarrollo económico y social del Ejecutivo, el que hasta ahora, dicho sea de paso, es desconocido.
La Constitución Nacional incluye ahora, gracias al Artículo 7º de su Enmienda Nº 2, la siguiente disposición: “El Ejecutivo Nacional en el transcurso del primer año de cada período constitucional, presentará para su aprobación, a las Cámaras en sesión conjunta, las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación”.
En nuestra opinión, debiera ser a los Electores, no a las Cámaras del Congreso de la República, a quienes debiera solicitarse la aprobación de las “líneas generales del plan de desarrollo” del Ejecutivo. Esto, naturalmente, precisaría que la Constitución fuese modificada. No puede crearse de la noche a la mañana un carácter vinculante que colida con uno dispuesto expresamente en el texto constitucional.
Pero si, como había argumentado el Gobierno, podía hacerse un referéndum no vinculante para consultar su diferendo con el Congreso, perfectamente puede celebrarse uno para el acto más esencial que puede haber en el ejercicio de la política: obtener la aquiescencia del Pueblo respecto del rumbo general del Estado de cuya soberanía es asiento.
Toca pues al Gobierno considerar esta posibilidad y decidir si se atreve realmente a hacer buenas las siguientes palabras: “El pueblo debe ser escuchado y debe sentir que comparte el poder. Ello obliga a abrir y mantener un diálogo fecundo, en la forma más amplia, orientada a obtener el consenso necesario para las grandes determinaciones”.(Rafael Caldera: “Mi Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela”).
Sería una lástima y seguramente, a la larga, un error político, haber mencionado la posibilidad de un referéndum solamente como amenaza hacia el Congreso de la República, o como promesa electoral demagógica. Eso sí sería, presidente Caldera, Senadora Castillo, jugar un juego extremadamente peligroso. “Un tal gioco, credetemi, e meglio non giocarlo”. LEA
_______________________________________________________
por Luis Enrique Alcalá | Abr 4, 1994 | Política, Referéndum
Visión. Imagen-objetivo. Esas son las nociones centrales y básicas de las más recientes teorías estratégicas. Una imagen-objetivo es la sinopsis de una visión. De la visión que se tenga de un estado futuro alcanzable. Naturalmente, de un estado futuro alcanzable que sea significativamente mejor que el estado actual. Que comparado con cualquier otro futuro propuesto, alcanzable y deseable, sea el mejor, sea el futuro preferible.
El tema de la visión surgió con insistencia, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas. Clinton empleó el término. Bush se refirió a la noción despectivamente. “Esa cosa que llaman visión”, se le escuchó decir. Todos sabemos que Bush perdió las elecciones.
Venezuela, municipio del planeta
El periódico La Columna resurgió en Maracaibo en septiembre de 1989. Seis meses después era el diario que más circulaba en esa ciudad. Muchos factores tuvieron que ver con ese resultado, pero seguramente fue esencial para tan calurosa acogida que los que hicieron el periódico hubieran adoptado una imagen de sus lectores: que los lectores de Maracaibo eran personas inteligentes; que sus lectores eran ciudadanos del mundo. Ya no los habitantes sometidos al régimen de un poder central y lejano sino, conectados informativamente con el resto de la Tierra, habitantes con derecho en el mundo y con influencia y responsabilidad por su estado. El habitante de Maracaibo se dio cuenta de que verdaderamente era una parte del cerebro del mundo. En cuanto pudo entrever esa verdad, en cuanto pudo tener esa imagen de sí mismo, dio su decidido apoyo a quien también le entendía de ese modo.
El que cosas como ésa ocurran, y que ocurran acá en Venezuela, es muy importante para nosotros, pues el primero de los sentidos de la visión-objetivo que proponemos lleva a considerar a Venezuela como municipio del planeta.
Somos un municipio del planeta. El mundo está por constituirse políticamente. El substrato de esa nueva polis existe: la hipótesis de James Lovelock llega a pensar la Tierra como un ente viviente, como una sola célula. Una gigantesca célula cuyos organelos interdependen ecológicamente, cuyas regiones se comunican por satélites inventados por el hombre. Un organismo vivo que construye, intento por intento, lo que Yehezkel Dror llama la “mente central del mundo”: su gobierno.
Un gobierno planetario que como el sistema nervioso central de los animales superiores, el hombre incluido, regulará muy pocas de las actividades del conjunto. El desarrollo de la Tierra, en su mayor parte, no provendrá de las acciones de ese gobierno mundial, sino de las unidades locales. Y entre las unidades locales, las naciones del tamaño de la venezolana serán los municipios de la estructura política del planeta Tierra.
Un planeta que construye también una nueva versión, más comprensiva, de su conciencia. Que elabora con penoso esfuerzo los componentes de una nueva teoría del mundo, de una forma más desarrollada de funcionamiento político, hasta de una nueva percepción religiosa.
Se construye, poco a poco pero incesantemente, el cerebro del mundo. Las redes celulares y de computadores y telefacsímiles, CNN, Telemundo, los satélites, los servicios de medios múltiples, las fibras ópticas, van tendiendo los ganglios y los nervios, los núcleos cerebrales de esa mente central planetaria. Se construye un cerebro de la Tierra.
Una región del planeta puede ser maqueta para el conjunto. Como veremos más adelante, aun dentro de sí misma Venezuela puede potenciar las instancias asociativas en su aparato político. La imagen-objetivo de Venezuela como lúcido y anticipador municipio del planeta, en tanto campo de demostración de las ventajas del conocimiento como determinante político es perfectamente sostenible.
Francisco Nadales nació en Cumanacoa, Estado Sucre, Venezuela. Pudo completar solamente una educación primaria, lo que no le permitió mejor empleo que el de obrero no calificado de la industria de la construcción. Una vez fue puesto, sin otra preparación previa, delante de un moderno computador personal. La pantalla mostraba una hoja de cálculo electrónica, en la que en breves segundos postuló, bajo instrucciones, una operación algebraica. Cuando la pantalla titiló mostrando el resultado, una sonrisa tan amplia como su cara demostró su alegría profunda, y la extensión de su súbita comprensión fue expresada en su inmediato comentario: “¡Hay que ver que el hombre es bien inteligente!”
Francisco Nadales hablaba, claro, del hombre que había sido capaz de concebir, producir y ensamblar la intrincada maraña de circuitos y componentes del computador que tuvo ante sí; del que había sido capaz de generar y enhebrar las numerosas líneas del código de programa que le permitió usar el álgebra por primera vez. Pero esa referencia no habría bastado para ampliarle la sonrisa de aquel modo. Francisco Nadales estaba también hablando de sí mismo. Francisco Nadales era ese hombre bien inteligente y Venezuela puede contribuir significativamente a la constitución política de la Tierra.
Venezuela, Estado de la Confederación Sudamericana
Verse de ese modo no excluye, en modo alguno, las asociaciones de los municipios del planeta. Para empezar, ya existen, y el derecho mundial deberá alojarlas, regularlas y protegerlas. Los Estados Unidos de Norteamérica son una asociación de municipios del planeta. Europa es una asociación de municipios del planeta. ¿Cómo podrían objetar que los municipios de la América del Sur se agruparan? Venezuela puede ser vista también como Estado miembro de una Confederación Sudamericana.
John Haldane, fallecido en 1964, fue un notable científico de Inglaterra, biólogo, genetista, así como un editor de criterio bastante izquierdista. Esto no le impidió advertir en un certero trabajo sobre el tamaño adecuado de las cosas, que las estructuras preconizadas por el socialismo no podrían funcionar en países del tamaño de los Estados Unidos o de Rusia: “Y así como hay un tamaño óptimo para cada animal, así también es cierto eso para cada institución humana…Para el biólogo el problema del socialismo consiste mayormente en un problema de tamaño. Los socialistas extremos desean manejar cada país como si se tratase de una empresa única. No creo que Henry Ford encontrase mucha dificultad en administrar Andorra o Luxemburgo sobre bases socialistas. Se puede pensar que un sindicato de Fords, si pudiésemos encontrarlos, haría que Bélgica Ltd. o Dinamarca Inc. fuesen rentables. Pero mientras la nacionalización de ciertas industrias es una obvia posibilidad en los más grandes entre los estados, no me es más fácil imaginar un Imperio Británico o unos Estados Unidos completamente socializados, que un elefante que diera saltos mortales o un hipopótamo que saltara sobre una cerca”. (J.B.S. Haldane, On Being the Right Size.) Complementariamente, debe sostenerse que hay escalas requeridas para el sano funcionamiento de un pleno libre mercado.
Hace no mucho el rechazo de la política del Estado neozelandés alcanzaba cotas superiores al noventa por ciento de su electorado. Se había aplicado allí un paquete de política económica muy similar al que recientemente ha operado sobre Venezuela, con desarreglos y traumas similares a los que nosotros hemos experimentado. “Entre las medidas tomadas desde que comenzó la reestructuración están: una devaluación del 20% del dólar neozelandés; la desrregulación del sector financiero; la venta de la mayoría de las empresas públicas; la dramática reducción del impuesto sobre la renta, con una disminución de la tasa máxima de 66% a 33%; la introducción de un impuesto a las ventas de bienes y servicios de un 12,5% que se aplica a productos básicos como la leche y el pan. Los aranceles y las cuotas de importación fueron cercenados”. (Rowan Callick, TIME, 16 de diciembre de 1991).
Nueva Zelandia, poblada por habitantes de raíz bastante diferente a la de nuestro pueblo, ha conocido un sufrimiento social que en algunos rasgos es sorprendentemente parecido al venezolano.
Un factor de semejanza entre ambas naciones destaca significativamente: Venezuela, Nueva Zelandia más, son países de pequeño tamaño. Nueva Zelandia tiene una población de apenas tres millones y medio de habitantes.
La población de Venezuela no reviste la magnitud necesaria para el desarrollo eficiente y sano de un esquema liberal o neoliberal, que en todo caso, siendo proposición para lo económico, no contiene respuestas suficientes a lo político. Por otra parte, las economías de mercado se han revelado como más naturales y productivas que las economías sujetas a un excesivo control o dominación estatal. ¿Qué nos indica esto? Que es necesario adquirir una escala de mayor magnitud, similar a la de economías como la norteamericana, o la europea.
El nombre de integración, para designar el tipo de asociación preferible, es ciertamente inadecuado. La palabra integración tiende a producir la imagen de un todo homogéneo, en el que las peculiaridades nacionales quedarían borradas.
La imagen correcta es la de una confederación de carácter político, que corresponda, en términos generales, al modelo norteamericano. La unión política estadounidense estableció, por el mismo hecho de su construcción, la unión económica, pues estableció el libre tránsito de personas y de bienes por todo el territorio de su confederación.
En cambio, el camino intentado, una y mil veces en América Latina, sin éxito apreciable, es el de arribar a la integración política por la etapa previa de la integración económica; esto es, el modelo de la Comunidad Económica Europea.
Para los europeos esto tenía mucho sentido. Los componentes nacionales a ser ensamblados, en muchos casos, habían sido, cada uno por separado y cada uno en su oportunidad, primeras potencias mundiales: España primero, luego Francia, Inglaterra, Alemania…No era fácil para los estados europeos aceptar el hecho de una integración política, sin contar con las dificultades derivadas del hecho simple de su profusa variedad de idiomas.
El 2 de agosto de 1993 el esquema integracionista europeo, ya debilitado por la poco entusiasta—hasta difícil—aprobación del Tratado de Maastricht por parte de varios de los países de la Comunidad, recibió un golpe de importante magnitud. La especulación monetaria desatada contra las monedas de Francia, Dinamarca, Bélgica, España y Portugal, como consecuencia de la negativa del Bundesbank a las peticiones de reducción de su tasa de interés clave, pareció descarrilar el programa previsto para la unificación monetaria europea: la meta de una única moneda europea hacia 1999.
Al mes siguiente, Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía líder de la llamada escuela de Chicago, se expresaba en los términos siguientes: “Si los europeos quieren de veras avanzar en el camino de la integración, deberían comprender que la unidad política debe preceder a la monetaria. El continuar persiguiendo algo que se acerca a una moneda común, mientras cada país mantiene su autonomía política, es una receta segura para el fracaso.” (Entrevista en la revista L’Espresso, 26 de septiembre de 1993).
Las razones para una integración política pueden ser, pues, de raíz económica, sobre todo si las políticas económicas sobre las que se ha puesto tanta esperanza han fracasado rotundamente. Por ejemplo, la idea de que la devaluación de nuestra moneda conduciría a una vigorosa expansión de nuestras exportaciones no tradicionales. Pero en 1986, la economista Carlota Pérez advertía con suficiente anticipación: “Claro que la tasa de cambio es una variable importante para una política exportadora y no niego que su manipulación sea eficaz para algunos productos y por cierto tiempo. Pero, como estrategia sólida y permanente esa ruta no es más que un espejismo. Sin entrar a discutir el problema del alto contenido importado de nuestra producción industrial, en el mundo actual la mano de obra barata ya no basta ni para invadir los mercados de importación ni para atraer la inversión extranjera”. (Revista Número, edición del sexto aniversario, 1986).
En el caso venezolano, cada vez resulta más cuesta arriba mantener la otrora racional política estatal de dirigir las exportaciones de petróleo, hierro y aluminio a los mercados del Norte. Estos corresponden a economías de Tercera Ola, que consumen cada vez menos de estos productos, sin tomar en cuenta hechos como el ya mencionado del desplazamiento político de Venezuela por Arabia Saudita en el mercado petrolero norteamericano. Eric D. Larson, Marc H. Ross y Robert H. Williams presentaron un importante artículo en el número de junio de 1986 de la revista Scientific American, bajo el título: “Más allá de la Era de los Materiales”. Allí afirmaban, entre otras cosas: “Los países industriales están siendo testigos de la emergencia de una sociedad centrada en la información, en la que el crecimiento económico está dominado por productos de alta tecnología que tienen un contenido de materiales relativamente bajo. En esta sociedad los materiales básicos continuarán siendo usados, y a muy altas tasas si se les compara con las tasas de otras sociedades. El hecho económico crítico es que su uso ya no estará creciendo. En los años por venir, el éxito y el fracaso económicos estarán determinados por la capacidad de adaptarse a esta realidad».
En cambio, los países en vías de desarrollo, en particular los del continente sudamericano, tienen aún mucho consumo de “segunda ola” por delante. Allí puede estar la expansión para nuestros mercados. Pero esto sería todavía más consistente y seguro si Venezuela fuera parte de un Estado mucho mayor.
Hace unos años el tema integracionista, en nuestras latitudes, estaba entendido como latinoamericano. La base cultural y el importante grado de comunidad histórica de los latinoamericanos era el criterio predominante. No estaba lejos de incluso los españoles, la idea de una “reconstitución” de los antiguos dominios del imperio. En 1984 (junio) Juan Tomás de Salas, el editor de la revista Cambio 16, y comentando una visita del presidente Alfonsín a España, editorializaba así: “Si Argentina y España consolidan sus regímenes democráticos, resuelven sus apuros económicos actuales y empiezan a andar por la historia con normalidad, en muy poco tiempo tocarán a su fin dos siglos de impotencia en el área de lo que fue el viejo imperio español”… “Pensando en grande, pensando así, la suerte del Presidente Alfonsín en Argentina es, de algún modo, nuestra propia suerte. Si allí se consolida la libertad, la nuestra se fortalece de inmediato; y si Argentina fracasa, nosotros fracasamos también».
Poco tiempo después España se alejaba de esa añoranza y entraba, primero en la OTAN, luego en la Comunidad Económica Europea. Ahora es México que conviene en conformar con los Estados Unidos y Canadá un gran bloque económico al norte del continente americano. Por esto el criterio cultural como el predominante en una idea de integración política se ha debilitado. Hoy resulta más natural la consideración de un criterio geopolítico y, sobre todo, ecológico.
América del Sur es geográficamente un continente distinguible de Norteamérica. No en vano es tratado así en la costumbre geográfica de los Estados Unidos. Es un continente caracterizado por la mayor variedad ecológica y biológica, si se le compara con el resto de los continentes. Es el continente que se despliega sobre la gama más amplia de latitudes. Es el continente que produce más de la mitad del oxígeno del planeta. Es el cuarto más grande de los continentes, con una superficie total de 17 millones 800 mil kilómetros cuadrados, o un 12% de la superficie terrestre del planeta.
Como espacio geopolítico y ecológico, pues, tiene sentido pensar en su organización política de conjunto. Y tiene sentido en momentos cuando asistimos a la manifestación del intento de NAFTA en Norteamérica, del intento de la Comunidad Europea, de los reacomodos que ya comienzan a producirse en el área asiática. Tiene más sentido aún si consideramos que el mundo, como apuntábamos, va hacia una planetización política, en la que la coexistencia de culturas diversas será una realidad. América del Sur puede ser una maqueta de este proceso más amplio de integración, pues además de la obvia presencia de la cultura latina, incluye a los pueblos de las distintas Guayanas y a los de las Malvinas. (Si es que no incluyésemos también a las Antillas Neerlandesas o a Trinidad y Tobago).
Los planteamientos terapéuticos que han preconizado nuestra integración en Latinoamérica o, más limitadamente, en el bloque andino, han partido de una postura describible en los términos siguientes: la unidad política es el desiderátum final pero no es asequible en estos momentos; por esto es necesario iniciar el proceso por la integración económica y el estímulo a la integración cultural. Es así como se suceden las “misiones culturales de buena voluntad’: enviamos a Yolanda Moreno a danzar por el continente y a la Orquesta Sinfónica Juvenil a dar conciertos; es así como establecemos “supercordiplanes” al estilo del SELA o los órganos del Acuerdo de Cartagena.
Lo equivocado está en suponer que la integración económica es más fácil que la integración política. Esto no es así. La actividad económica tiende a presentar, como rasgo predominante de su proceso, el carácter de lo competitivo. Difícilmente puede entonces conducirnos a la integración efectiva, sobre todo si cada componente de los pactos de integración económica se comprende a sí mismo como portador de una vocación perenne de Estado independiente. ¿Por qué es tan difícil un acuerdo, digamos, en el seno del Pacto Andino? Porque Bolivia supone que algún día habrá de ser ella sola, por más distante que esto se halle en el futuro, como los Estados Unidos. Porque Venezuela pretende lo mismo, porque Colombia pretende igualmente, y así sucesivamente.
La integración a la que debe procederse lo antes que sea posible es la integración política. La integración económica vendrá entonces por sí sola, con el proceso casi automático de la acomodación de las unidades productivas, lo que es mucho más sano y flexible que las integraciones económicas forzadas a partir de burocracias tecnocráticas, que si han fracasado dentro de los límites nacionales, con mayor certidumbre fracasarán en el intento de manejar entidades de escala superior.
Por la integración política en un contexto como el sudamericano Venezuela consigue resolver varios problemas importantes de un golpe. Para comenzar, es necesario precisar que el tratamiento propuesto es el de una integración federativa. Esto es, la integración no consiste en transferir todas las funciones públicas a un gobierno supranacional, sino únicamente las funciones de Estado clásicas: representación diplomática o relación política con terceros estados, defensa ante terceros estados, emisión de una moneda única del área integrada, principalmente. Otras funciones pueden ser adjudicadas, según conveniencia, al nivel federal. Por ejemplo, pareciera conveniente el establecimiento de una policía federal, para el eficaz combate de fenómenos delictuales que trascienden actuales fronteras nacionales, como el binomio narcotráfico-guerrillas. Aparece también como aconsejable el establecimiento de cortes federales para el trámite legal de intereses interestatales o que sean definidos de antemano como pertenecientes al nivel federal.
El resto de los asuntos públicos debe permanecer al arbitrio de cada estado federado en particular. Muy especialmente, el régimen legal propio a cada estado federado debe permanecer, en lo posible, incólume, para atender así a la costumbre jurídica de cada país. (Siempre y cuando un estado federado no limite el libre tránsito de los ciudadanos del conjunto y la libre circulación de los bienes económicos, lo que equivale, directamente, a la integración económica.)
Resulta obvio que el modelo descrito corresponde a la estructura adoptada por los Estados Unidos de Norteamérica a partir de 1787, y lo que se propone entender es que, aun dentro de la interpretación más pesimista de la sociología latinoamericana, debemos ser capaces de hacer hoy lo que los norteamericanos pudieron efectuar hace más de doscientos años, sobre todo cuando tenemos por delante el precedente de esa unión norteña, a todas luces exitosa. Los norteamericanos, en cambio, no contaban con precedente alguno. Nosotros tenemos la ventaja de haber presenciado un experimento político que ya se ha prolongado por sobre los dos siglos de existencia.
Es legítimo preguntarse por qué la integración política fue posible a los norteamericanos y no a nosotros, ni siquiera en la primera mitad del siglo XIX, cuando ya el experimento de los Estados Unidos llevaba varias décadas funcionando. La respuesta reside en que durante ese período la tecnología de las comunicaciones permaneció prácticamente inalterada, imponiendo una suerte de perímetro máximo a lo integrable. Los Estados Unidos que nacieron en 1776 no ocupaban el área que hoy poseen. En 1776 se reunieron trece colonias norteamericanas cuya superficie conjunta era de 888.000 kilómetros cuadrados. Es decir, una superficie inferior a la de Venezuela. Por esta razón era muy difícil mantener integrada la Gran Colombia, cuatro veces mayor que los Estados Unidos originarios, no digamos la América del Sur entera. Cuando Bolívar escribía una carta a Sucre, ordenándole que persiguiera y presentara batalla a determinado jefe realista, el “término de la distancia” se contaba muy frecuentemente en meses. Hubo casos cuando Bolívar impartió una orden de esa naturaleza en carta fechada cinco días después del fallecimiento del eventual contendiente de Sucre, circunstancia que Bolívar ignoraba en virtud de esa misma lentitud de las comunicaciones. Hoy en día las circunstancias han variado radicalmente, lo que permite que, por ejemplo, el estado de Hawai esté perfectamente integrado a los procesos políticos de sus 49 colegas continentales.
Una integración política del área sudamericana resuelve para Venezuela, por ejemplo, el problema de escala económica tocado anteriormente. Con una libre circulación económica el mercado interno vendría a ser ahora de unos trescientos millones de habitantes. Es cierto que compartiríamos ese espacio económico con los restantes miembros de la unión, pero el efecto de la agregación de los mercados resulta en un espacio superior al actualmente llenado por el total de las unidades productivas del área en sus respectivos mercados individuales.
En lo tocante a lo económico resulta importante destacar para Venezuela, naturalmente, lo que sería dentro de una unión sudamericana el mercado interno petrolero. (Es de notar que la OPEP es, justamente, una organización de países exportadores de petróleo. El petróleo consumido dentro de un Estado sudamericano no sería, en este sentido, una exportación). Una manera de considerarlo se refiere a un consumo del área en el caso hipotético de tasas de consumo per cápita equivalentes a la de Venezuela. (Consumo anual de 7,4 barriles de petróleo per cápita). La población de América del Sur representaría a esta tasa un consumo diario total de petróleo de unos seis millones de barriles. Si el barril de petróleo se cobrara en este mercado interno a un precio de US$ 10, tal consumo equivaldría a un volumen anual de más de 22 mil millones de dólares, o más de 2 billones y medio de bolívares por año. (Y si los países miembros de una confederación sudamericana se beneficiaran de un precio inferior al promedio mundial –alrededor de 13 dólares por barril de la OPEP– podrían llegar a consumir más petróleo con un ahorro que pudiesen emplear en otras necesidades sociales). Vale la pena apuntar acá que ya Petróleos de Venezuela planea alcanzar para el año 2002, a ocho años de distancia, un potencial de producción de 4 millones de barriles diarios de petróleo, o las dos terceras partes de ese consumo teórico sudamericano. (Desde el potencial actual cercano a los 3 millones).
El economista Emeterio Gómez ha venido destacando la contradicción planteada en Venezuela entre una política económica explícita y retórica de diversificación de la economía y de las exportaciones, frente a una política implícita y real de reforzamiento de nuestra concentración en petróleo. En un contexto integrado la situación sería completamente diferente. La economía de Detroit no se neurotiza porque sólo fabrique automóviles y no vacas, porque éstas se producen en Wisconsin; tampoco porque no produce computadores, ya que el Valle del Silicón en California se ocupa de eso. Cada componente de la unión norteame- ricana puede dedicarse tranquilamente a la explotación de sus ventajas naturales, dado que sus espaldas están guardadas por la diversificación del conjunto. Así desaparecería la presión por la diversificación completa de la economía venezolana, y ésta podría seguir concentrada, en alto grado, sobre nuestro potencial petrolero.
La unión política sudamericana, por supuesto, mejoraría lo relacionado con el problema genérico de la deuda pública externa de los países involucrados, al asumir el nuevo Estado la responsabilidad global por la deuda. (Tal como lo hicieron los propios Estados Unidos de Norteamérica en su carta de fundación). Así se daría de modo automático el “tratamiento conjunto” que insistentemente se ha venido proponiendo para la deuda de este continente. (Los entes acreedores seguramente resultarían favorecidos, pues el programa global de pagos resultaría en una mejor proposición que la que pueden hacer los países aisladamente.) Una ventaja indudable en el terreno económico, finalmente, viene dada por la emergencia de un nuevo signo monetario único del área.
Hay otros efectos diferentes del estrictamente económico que hacen atractiva a Venezuela (y a los demás países participantes) la opción de convertir su razón de Estado a través de una confederación de estados del área sudamericana, aun cuando también el aumento de eficacia se traduce en muchos casos en un menor gasto por concepto de funciones de Estado. Por ejemplo, tenemos lo concerniente a seguridad y defensa. El ahorro sería considerable si, en vez de hacer como ahora, que además de defender con ejércitos el perímetro sudamericano gastamos en una defensa interfronteriza, elimináramos este último renglón. Es así como la contribución que cada país haría al presupuesto federal de defensa sería menor que la cantidad que cada quien gasta por separado. Por supuesto, es de esperar que la agregación de las posibilidades de defensa individuales daría como resultado unas fuerzas armadas comunes de considerablemente mayor tamaño y potencia.
Igual efecto beneficioso se tendría en lo relacionado con la función de cancillería. En principio se reduciría el número de embajadas por un factor de alrededor de quince veces. Pero el efecto cualitativo sería mayor, tanto por el hecho de que la cancillería del nuevo Estado representaría a una entidad geopolítica mucho más grande, como por el hecho de permitirse de ese modo una mejor selección del personal diplomático.
Un efecto interno de gran importancia es que la liberación de recursos y esfuerzos que se produciría a nivel local de cada país, como consecuencia de los ahorros que la nueva escala arrojaría, redundaría en un súbito aumento de la gobernabilidad de los países miembros. Liberados en gran parte de las tareas de Estado, las funciones de gobierno contarían con recursos frescos para una mejoría de la calidad de vida de las respectivas poblaciones locales de cada país miembro.
En general, pues, la nueva escala tendería a representar un efecto beneficioso en todos los renglones. Hay efectos intermiembros que también serían beneficiosos y de importancia. Uno de ellos es el de proveer un mecanismo propio para la solución de diferendos entre estados miembros de la unión. Hasta ahora las alternativas a la discusión directa y bilateral de diferendos como el colombo-venezolano son todas de transferencia a instancias extrañas: Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, Tribunal Internacional de La Haya, Estado del Vaticano. Los sudamericanos podríamos, en cambio, pautar procedimientos propios para la dilucidación de estos diferendos, tal como lo hicieron los norteamericanos al establecer su confederación.
La mayor parte de las resistencias a un tratamiento de esta naturaleza es de orden psicológico, derivada de nuestra peculiar historia. Mucha gente entendería en una proposición de este tenor que se trata de lograr una restitución o reconstitución de lo fragmentado. Esto es en parte así, pero no es la justificación de la proposición. Esta se sustenta, más bien, en las oportunidades y necesidades del futuro.
La viabilidad del tratamiento depende, pues, de una aceptación de la idea al nivel psicológico. A este respecto, es muy posible que las resistencias mayores vengan ofrecidas, otra vez, por los actores políticos tradicionales. Acostumbrados a verse como jefes de Estado, ¿aceptarían los presidentes de los estados sudamericanos contemplarse ahora como gobernadores de los mismos? O, en otra dirección, ¿no es esto, por la misma gigantesca escala de lo que se propone, un proyecto carente de realismo, “grandioso” antes que grande?
Francamente, que Venezuela se perciba a sí misma en la escala política de Massachussetts es mucho más realista que pretenda estar en la misma liga, para no exagerar demasiado, a la que pertenece Francia. Si más de un venezolano versado en cuestiones políticas sugiere que los venezolanos hemos incurrido en delirio de grandeza, con planes de “la gran Venezuela” y recomiendan una noción de país pequeño y eficiente, ¿no es más adecuado y satisfactorio saber que, conscientes de nuestra escasa talla, podemos pertenecer sin embargo a una entidad mucho mayor y con más posibilidades de significación histórica?
Las opciones no son otras que las de la insignificancia y la perpetua vulnerabilidad o la conversión en estado satélite de la gran nación norteamericana, a la que admiramos y precisamente intentamos imitar en más de uno de los tratamientos propuestos, pero que superpondría a nuestra forma de entender el mundo valores muy diferentes, válidos, por cierto, pero no más válidos, intrínsecamente considerados, que los nuestros propios. En la búsqueda de salidas a nuestro actual embrollo nacional, tampoco ha faltado la búsqueda de modelos que se considera adecuados a la escala de Venezuela. Se habla de Israel, por ejemplo, o de países como Corea del Sur o Singapur. Está de más señalar las enormes y radicales diferencias culturales, políticas y de toda índole que separan a estos países de nuestras experiencias y de nuestras posibilidades.
Como dijimos, es posible que los principales oponentes a la idea lleguen a encontrarse en las filas de los actores políticos tradicionales. Esto no es una predicción, sin embargo. En el fondo, es muy difícil encontrar un político latinoamericano que no sustente, de una u otra forma, alguna versión de la integración de nuestros países. Tal vez les disuada de la idea de la integración política la opinión de que tal proyecto sería rechazado por el ciudadano común. Nuestra directa experiencia a este respecto es que cada vez que explicamos el tratamiento con claridad a un ciudadano de la calle, la idea es recibida con entusiasmo. Una certificación más científica de que esto puede ser así nos la ofrece el Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad de La Plata. (Boletín Nº 2 de febrero de 1986). Aunque la encuesta que llevó a cabo se efectuó sobre una muestra representativa de diversos actores sociales importantes o elites (“a quienes tienen funciones políticas relevantes, como a quienes tienen un poder de movilización o multiplicación de la opinión pública”, Boletín citado, página 6), la muestra incluyó no sólo a líderes políticos, sino también a empresarios (grandes, medianos y pequeños), obreros, funcionarios públicos, periodistas, estudiantes, intelectuales y militares. Un anticipo de los resultados permitió al Boletín del mencionado Instituto aventurar, entre otras, las siguientes conclusiones: “a. más del 95% adhiere a la idea de la integración latinoamericana; b. se asigna viabilidad económica a América Latina como conjunto; c. se admite la integración con países de regímenes políticos y sistemas económicos diferentes, pero hay una fuerte tendencia a integrarse con países democráticos; d. se da mayor prioridad, en conjunto, a la integración completa que a la comercial; e. la crítica a los organismos de integración y regionales es muy alta, pero con un grado muy bajo de fundamentos; f. en general, casi el 90% no cree que existan desventajas en la integración; g. la mayoría opina que no habrá oposición activa a la integración de parte de las empresas transnacionales, gobiernos extrarregionales y organismos inter- nacionales; h. se asigna una alta importancia a la negociación en bloque en relación a la deuda externa”. Estos hallazgos son, a nuestro juicio, de la máxima importancia, por provenir de la República Argentina, por cuya psiquis circulaba, hacia la década de los 50, el hermoso y legítimo sueño de llegar a ser una potencia individual.
El tratamiento de elección en el caso del que nos ocupamos—la unión política en el área sudamericana—debe comenzar por la consulta a todos los habitantes del área. Ésta es la ruta. Si se habla insistentemente en Venezuela de la necesidad de una asamblea constituyente, no debe perderse de vista que la transformación política verdaderamente liberadora requerirá una constituyente de América del Sur.
El perímetro máximo a considerar es el sudamericano. Es factible que no todos los actuales países de este continente se avengan a este tratamiento. Es posible concebir perímetros menores. Puede ser que no le sea tan fácil a Brasil, por ejemplo, integrarse en una unión del tipo descrito, lo que sería comprensible, pues, a fin de cuentas, Brasil es casi por sí solo un subcontinente, y con una base poblacional de más de ciento cincuenta millones de habitantes puede sustentar legítimamente la idea de autosuficiencia política. Nuestro criterio, sin embargo, es que Brasil se encontraría extrañado fuera de una unión sudamericana, pues fuera de ella no sería fácil que se explicara a sí mismo. Por otra parte, muy lúcidas inteligencias brasileiras están a favor de la integración, y así se demostró en la época del pacto integracionista firmado por Sanguinetti, Sarney y Alfonsín. Muy recientemente, además, el expresidente Alfonsín ha llamado la atención sobre la inconveniencia, para Argentina, de sumarse al Tratado de Libre Comercio firmado por Canadá, Estados Unidos y México, y ha abogado por el fortalecimiento del proyecto de Mercosur.
Por lo que respecta a quienes no encontrasen la forma de unirse de inmediato, es posible estipular la misma salvedad que los norteamericanos establecieron en sus Artículos de Confederación frente a Canadá: “Article Eleven. Canada, acceding to this Confederation, and joining in the measures of the United States, shall be admitted into and entitled to all the advantages of this Union”; (Artículo Once. Canadá, de acceder a esta Confederación, y sumándose a las disposiciones de los Estados Unidos, será admitida y con derecho a todas las ventajas de esta Unión.)
Es, en todo caso, la conciencia común de los sudamericanos lo que da pie y base a la posibilidad de la integración política. Hasta parecemos una misma cosa para los otros, que nos engloban bajo la denominación común de sudacas.
Venezuela, nación de los venezolanos
Pero seguiremos siendo la nación de los venezolanos. Ninguna agrupación en un mayor conjunto político borrará nuestra historia, ni nuestro carácter. Tampoco nuestros problemas internos, que deberemos arreglar nosotros mismos. Frente al término del siglo y la llegada de un nuevo milenio, es preciso que recompongamos nuestro aparato político, en una reconstitución como polis moderna e innovadora.
Esto supondrá, naturalmente, una nueva Constitución. El punto de vista de Humberto Peñaloza es el correcto: reformar la Constitución de 1961 pedazo a pedazo sería el método menos aconsejable. A raíz del shock del 4 de febrero de 1992—nuestra peculiar celebración del V Centenario del Descubrimiento—el Congreso de la República se apresuró a trabajar en una reforma del texto constitucional que se detuvo bruscamente, como era de esperar, con la entrada del año electoral. Este frenazo fue un hecho más bien afortunado. El proyecto de reforma estaba creciendo alarmantemente en términos del número de artículos reformados o añadidos, por lo que prometía convertirse en un monstruoso texto. No es una reforma constitucional de ese tipo lo que se necesita. Es una Constitución completamente nueva.
La Constitución de 1961 era ya, para la fecha misma de su promulgación, un texto jurídico obsoleto. Como las sinfonías de Gustav Mahler, era un documento ampuloso, el desarrollo exagerado de conceptos políticos del siglo XVIII—la división clásica de los poderes según Montesquieu—a los que se había añadido una legislación de corte social inspirada, en gran medida, en los enfoques de la prédica social de la Iglesia Católica que Rafael Caldera hizo incluir como gran redactor del texto. Se asemejaba así a aquella primera planta siderúrgica que la Corporación de Guayana de Pérez Jiménez compró a la empresa italiana Innocentti: cuando finalmente fue puesta en operación ya su tecnología había sido superada.
Pero no era fácil para nadie darse cuenta de ese problema. A fin de cuentas, estaba apenas comenzando la segunda mitad de este siglo, la revolución informática no había desplegado aún su inmensa envergadura y pocos anticipaban la profundidad de los cambios que sobrevendrían poco después. (Por señalar un notable caso solamente, es interesante destacar que ni siquiera futurólogos tan prestigiosos como el finado Hermann Kahn, autor del best seller de los años 60 El Año 2000, pudo prever algunos de los más significativos cambios. En el libro mencionado, publicado justo en la mitad de esa década, no es posible encontrar la más mínima alusión a los problemas de orden ecológico, que tan sólo una década más tarde hicieron su aparición con gran intensidad).
Ya a estas alturas, no obstante, la obsolescencia del texto constitucional que nos rige es evidente. Hasta el propio Rafael Caldera—que hace diez años preconizaba que esa enésima versión de la Constitución venezolana era muy suficiente, que no era cierto que el “modelo de desarrollo” venezolano estuviese agotado, que ese modelo, expresado en el Preámbulo de 1961, estaba todavía por ser llevado a cabo—ha prepropuesto—todavía no lleva su proyecto jurídicamente formulado a las Cámaras Legislativas—un admirable conjunto de reformas. Propone referenda consultivos, aprobatorios, abrogatorios y revocatorios; ciertamente un notable progreso en los poderes que se le permite al pueblo ejercer directamente.
Pero es preciso llegar más allá. Lo aconsejable es confiar más en este pueblo. Lo aconsejable es un referéndum anual de la República.
Hay que confiar en Francisco Nadales, hay que confiar en que Maracaibo puede hacer un diario como La Columna. Hay que confiar en que el pueblo de Venezuela puede aportar tanto en un referéndum anual como puede aportar a una empresa la asamblea de sus accionistas. Este referéndum debe producirse luego de la presentación de la cuenta ordinaria del Presidente de la República al término de cada año de su mandato. Debe pronunciarse por la aprobación o improbación de su memoria y cuenta y sobre su confirmación en el cargo o su cesantía. Todos los años.
Un procedimiento tal no es demasiado costoso. No hay que gastar innumerables horas discutiendo y negociando la composición de un tarjetón grande y complicado. En una pequeña tarjeta cabe todo. En máquinas muy sencillas puede procesarse el asunto con mucha celeridad. Y por su bajo costo puede ser llevado al caso de los gobernadores de estado, para que no sean las generalmente inútiles asambleas legislativas las que determinen su permanencia en las gobernaciones.
Cosas así debe contener una nueva Constitución. Cosas tales como la previsión de un mecanismo de acoplamiento en un Condominio de América del Sur como el descrito anteriormente, así como la de la expresión vocacional de Municipio del Mundo. Cosas tales como la preferencia a los gobiernos municipales en la transferencia de poderes y responsabilidades del gobierno nacional. Cosas tales como una democratización de la justicia que instituya los jurados en los juicios de salvaguarda del patrimonio público.
Cosas tales como la institución de una Consejería Nacional de la República, responsable ante el país y no ante el Jefe del Estado—y por ende con autonomía similar a la de la Fiscalía General de la República y con capacidad de comunicación pública (espacio en los medios de comunicación del Estado)—concebida como un centro público de generación de políticas y tratamientos a problemas de carácter público. Debe ser un nuevo órgano del Poder Público a ser nombrado por el Congreso de la República. Es la oportunidad de innovar en materia de arquitectura política de los Estados.
Es difícil que la discusión de tratamientos como los precedentes puedan darse dentro de un esquema constituyente centrado sobre la reforma del texto de 1961. En un número anterior, también, recomendábamos que la labor constituyente fuese emprendida por un cuerpo deliberante de tamaño más bien reducido. A lo sumo compuesto de dos representantes, elegidos uninominalmente, pero apoyables por partidos, por cada entidad federal. Elegidos después de una breve “campaña” en la que sus reglas fuercen a la exposición, ante los Electores, de los conceptos constitucionales de los pretendientes a integrar el cuerpo constituyente.
Aun ciertas innovaciones ya consideradas del consenso casi general, como la distinción entre un jefe de Estado y un jefe de Gobierno, modifican tan significativamente la función de los poderes públicos venezolanos, que su diseño se cumplirá mejor dentro de un concepto de nueva Constitución y con el empleo de métodos ad hoc. No tenemos razón para diferir de nuestra postura de hace unos años en relación con este desdoblamiento del actual cargo de Presidente de la República: “Mi versión del jefe de Estado suponía que los verdaderos ministerios ‘de Estado’ continuarían siéndole directamente responsables. Así, proponía que los ministros de Relaciones Exteriores e Interiores, Defensa y Hacienda, así como el propio jefe de gobierno, le rindiesen cuentas directamente. De este modo el jefe de Estado tendría bajo su mando directo los equipos y recursos necesarios a la función de Estado, mientras un jefe de gobierno velaría por el aspecto más propiamente gerencial de la prestación de los servicios públicos, siendo el propio jefe de Estado el supervisor supremo de la función de gobierno. Esta distinción, tan común en las estructuras empresariales de gran escala, las que separan un presidente de junta directiva (chairman of the board) del cargo de presidente ejecutivo, no es tan fácil de vender a los políticos venezolanos. (Una versión similar fue propuesta en el llamado ‘Proyecto República’ del candidato presidencial Jorge Olavarría»). (Luis Enrique Alcalá, Krisis. Memorias Prematuras, Caracas, 1986, págs. 32-33).
En todo caso, sería útil contar incluso con una “metaconstitución”, un documento que no sólo guiase la ingeniería de detalle de la reingeniería del Estado venezolano, sino que fuese verdaderamente asequible al juicio de los Electores, quienes naturalmente deben aprobar la nueva Constitución. De nuevo estamos de acuerdo con Peñaloza: “lo democrático es consultar a la ciudadanía”. Un documento que explique en términos muy generales y didácticos, como una exposición de motivos, en qué consiste el nuevo plano arquitectónico del Estado, debe ser presentado a los Electores para permitirles el uso de procedimientos inteligentes de decisión.
Puesta sobre nuevas bases políticas, Venezuela tiene la posibilidad de acceder a un futuro próspero y significativo. Constreñida como ahora está, atenazada entre la deuda externa y la debilidad del mercado petrolero mundial, continuaría experimentando grandes dificultades, aunque no tales como las que algunos adivinos del exterior dicen que nos abrumarán. (Ver Predicciones acertadísimas, página 15).
La sociedad venezolana misma, no ya solamente el Estado, tendrá que dar paso, asimismo, a nuevas formas de acceso político. Dentro de la sociedad venezolana deberá funcionar una nueva clase de asociación política:
“Una nueva sociedad política, no un partido. No una organización que sólo acierta a definirse si postula, casi en el mismo instante de su nacimiento, un candidato a la Presidencia de la República. Una nueva sociedad, un pacto social. Que sea ella misma el paradigma para la sociedad venezolana. Que para ella sea inconsecuente que alguno de sus miembros sea, por supuesto, mujer o negro o empresario o musulmán o militar, como que tampoco tenga necesidad ninguna de impedir la entrada de los que sean copeyanos, adecos, masistas, o fieles a cualquiera otra de estas subrreligiones, con tal de que entiendan que ninguno de esos puntos de vista fragmentarios tiene la respuesta a los verdaderos problemas de hoy día. Y que por ende les dote de un lenguaje común en el que puedan formular proposiciones que les hagan acordarse, si es que aún no se han percatado de que son sus puntos de partida los que les mantienen enconados.
Una idea, que genere un movimiento que funde una organización que preste un servicio. Una organización que emplee recursos de su presupuesto central para alimentar operaciones políticas. Como campañas pro leyes que se introduzcan por iniciativa popular. O como la elección de miembros a cargos representativos, siempre y cuando cada uno de éstos haya sido capaz de juntar un grupo de electores que lo apoye. Una sociedad que propugne un pacto social cuya encarnación no se limite a ser la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios. Que lo extienda más allá de una transferencia de la economía pública a la economía privada, y que lo lleve a la transferencia de lo hipertrofiado del gobierno central al estrato del interés y la gerencia provincial y municipal. Que no restrinja la formulación de un “plan de la Nación”a la recomendación terapéutica y tenga la audacia de emplear concentrada y concienzudamente una fracción de sus recursos en conquistas más audaces. Una sociedad que lleve a todas las aulas la revolución de la informática y que al mismo tiempo establezca una comunicación regular con sus miembros que trascienda la esporádica convocatoria a un “acto de masas”. Una sociedad que nunca más se refiera a sus miembros como “masa”. Una sociedad que haga uso de la inmediata posibilidad tecnológica para dar paso a la participación de la voz del pueblo, que promueva la encuesta, la consulta, el referéndum.
Una organización que ya no pretenda generar la política pública sin recurrir al análisis científico de las políticas. Que pueda ser selectivamente radical para no matar al paciente de choque cuando intente reformas universales para las que no hay capacidad de gerenciar y también para que no se conforme con una estrategia de paños calientes. Que sea humilde como para entender que es necesaria la experimentación social porque de lo social se sabe menos de lo necesario para estar totalmente seguro de todo. Que no entienda la ocasional incertidumbre política como debilidad y que no crea que la equivocación debe ser ocultada a toda costa. Que piense que si ha podido ver más es porque no tuvo que inventar la rueda de 1958 y que si los líderes de hoy no han podido ofrecer el nuevo modelo, el nuevo paradigma, es porque se encontraron atareados construyendo las posibilidades que tenemos ahora y que hoy son héroes de una profecía ya cumplida.” (Luis Enrique Alcalá, Krisis. Págs. 66-68).
A las modificaciones en el Estado venezolano deben corresponder modificaciones complementarias en el trámite democrático cotidiano, como la operación de organizaciones políticas verdaderamente distintas.
Un cambio importantísimo, por cierto, es un viraje en el modo habitual de percibirnos. Somos ciudadanos del planeta que no lo hacemos tan mal, después de todo. Habría que darse cuenta de este hecho capital: nuestra salida está frente a nosotros, y requiere, como es usual en problemas de índole personal, la adquisición de una autoestima nacional e individual en tanto venezolanos:
Implicaría el problema de convencer a los miembros de (nuestra) sociedad de un destino constructivo posible para todos, un destino que sería obtenible por métodos que difieren de los procedimientos usuales de la Realpolitik. Esto, a su vez, implica un diseño societal e incluso trascendental que tenga la capacidad de recapturar la fe y la esperanza humanas.
Ambas cosas son logrables con la sociedad venezolana. No hay duda de que estamos, con ella, ante un caso agudo de sociedad culpable. Reiteradamente, la mayoría de los diagnosticadores sociales nos restriega la culpa de nuestra desbocada conducta económica en nuestro pasado inmediato. Esto viene haciéndose desde hace ya varios años de modo sistemático. Las “proposiciones” de solución a los problemas vienen usualmente formuladas en términos de la transferencia de la culpa hacia otros. “Estamos mal porque aquél se portó mal”. Todos los días.
Pero esta exageración es, por supuesto, desmedida. No se trata de negar que se ha incurrido en conductas inadecuadas y hasta patológicas. Pero, en primer término, el proceso ha sido en gran medida eso: una patología. Como tal patología, la conducta social inadecuada puede ser juzgada con atenuantes. ¿Qué sociedad bien equilibrada no hubiera exhibido patrones de conducta similares a los venezolanos luego de la tremenda indigestión de moneda extraña que tuvo lugar durante la década de 1973 a 1983? ¿Qué conducta podía esperarse en una sociedad que, como la nuestra, ha retenido largamente la satisfacción de necesidades y se ve súbitamente anegada de recursos y posibilidades? Recordamos la similitud con aquellos campesinos que de repente eran llevados a los cursos de un mes de duración que patrocinaba el Instituto Venezolano de Acción Comunitaria, y que se enfermaban con la ingestión de tres comidas diarias, porque esta dieta era para ellos un salto enorme en la alimentación a la que estaban acostumbrados. Recordamos aquellos suicidios “anómicos” registrados por Émile Durkheim en Europa de fines de siglo, cuando una persona se quitaba la vida al experimentar un súbito desnivel entre sus metas y sus recursos, así fuera cuando el desequilibrio se produjese por la repentina y fortuita adquisición de una fortuna.” (Luis Enrique Alcalá, Dictamen, junio de 1986).
Ya es hora de transmutar nuestro sufrimiento y nuestra vergüenza de país en una más sensata autoestima.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 1, 1994 | Política, Referéndum |
El término «paradigma» y su uso en la expresión «paradigma político» se ha hecho de uso bastante generalizado. El sentido en el que se emplea es el propuesto por Thomas S. Kuhn en su obra de 1962 The Structure of Scientific Revolutions. Kuhn se refiere con el término paradigma al núcleo esencial de una determinada teoría o doctrina científica. Por ejemplo, en materia del fenómeno de la gravitación, el paradigma de la física aristotélica quedaba definido por el concepto de causa final; Aristóteles explicaba que los cuerpos cayesen porque todos los cuerpos buscarían ir hacia su lugar natural, la tierra, dado que todos los cuerpos estarían hechos del «elemento» tierra. Sobre el mismo fenómeno el paradigma de Newton sustituye el concepto de Aristóteles por la idea de «acción a distancia», que permite concebir una «fuerza de gravitación universal» existente entre dos cuerpos cualesquiera. Einstein prescinde de esa noción de acción a distancia y la sustituye, a su vez, por la proposición de que la presencia de masa en el espacio induce una curvatura en éste; sería esta curvatura la que seguirían los astros al girar en derredor de cuerpos de mayor tamaño, y no una fuerza de gravitación.
El famoso ensayo de Kuhn describe el progreso de la ciencia entre épocas de estabilidad conceptual, de permanencia de un determinado paradigma, hasta que una crisis en el poder explicativo del paradigma conduce a la formulación de uno nuevo. Esta idea ha sido extendida para explicar la sucesión en el tiempo de las distintas concepciones sobre lo político.
Los paradigmas, pues, son los marcos mentales básicos a partir de los cuales se interpreta la realidad. Obviamente, de ellos depende la conducta humana. Dice John Stuart Mill: «Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan». (Ensayo sobre el gobierno representativo). En lo que sigue examinaremos algunos de los rasgos del paradigma político predominante en Venezuela y las direcciones en las que deberán ser transformados, a fin de permitir un ejercicio político más eficaz.
El retorno del estratega
La crisis de los paradigmas sociopolíticos tuvo una grave expresión en el descrédito que sufrió la llamada planificación estratégica. Comúnmente se acostumbra fechar la primera derrota importante de los planificadores estratégicos con el embargo petrolero árabe de fines de 1973. Las predicciones dejaron de ser confiables, al generalizarse la impresión de volatilidad o impredecibilidad del mercado petrolero. (En un intento algo humorístico por describir el fenómeno, la firma consultora Arthur Andersen publicó un estudio en el que comparaba las sucesivas “cosechas” predictivas con los resultados reales, siempre distintos a lo previsto).
La discontinuidad, por otra parte, comenzó a manifestarse en el mundo político. La caída del régimen del Shah de Irán fue la primera “sorpresa” de cierta magnitud, la que inicia la serie de acontecimientos “impensables” que incluye cataclismos tales como el derrumbamiento del Muro de Berlín y la desmembración de la Unión Soviética como secuela de la “perestroika” de Gorbachov.
Una turbulencia de tan grande magnitud dejaba mal parados los intentos predictivos de los más sofisticados centros de análisis. Junto con el agotamiento del recetario clásico, esa inestabilidad ha sido la razón principal de que cundiera el escepticismo hacia los intentos de manejar el ambiente social desde marcos generales como guía para la acción.
En Venezuela fue muy intenso el rechazo a los “habladores de paja” de los departamentos de planificación estratégica. Un centro local de doctrinas gerenciales publicó en 1985 un libro (El caso Venezuela) en el que sus dos más notables líderes (Moisés Naím y Ramón Piñango) objetaban a la planificación estratégica del siguiente modo: «El mejoramiento de la gestión diaria del país requiere que los grupos influyentes abandonen esa constante preocupación por lo grandioso, esa búsqueda de una solución histórica, en la forma del gran plan, la gran política, la idea, el hombre o el grupo salvador. Es urgente que se convenzan de que no hay una solución, que un país se construye ocupándose de soluciones aparentemente pequeñas que forman eso que, con cierto desprecio, se ha llamado «la carpintería». Si bien no hay dudas de que la preocupación por lo cotidiano es mucho menos atractiva y seductora que la preocupación por el gran diseño del país, es imperativo que cambiemos nuestros enfoques». Es decir, el remedio propuesto era el de sustituir los estrategas por los tácticos.
Entre 1989 y 1993, muy connotados profesores así como gerentes reconocidamente capaces del sector privado ejercieron importantes funciones públicas. Por esta razón resulta interesante contrastar este caso local de miopía técnica con el juicio que mereció a Tocqueville la ceguera de los funcionarios del gobierno de Luis XVI cuando la Revolución Francesa estaba a punto de estallar: «…es decididamente sorprendente que aquellos que llevaban el timón de los asuntos públicos—hombres de Estado, Intendentes, los magistrados—hayan exhibido muy poca más previsión. No hay duda de que muchos de estos hombres habían comprobado ser altamente competentes en el ejercicio de sus funciones y poseían un buen dominio de todos los detalles de la administración pública; sin embargo, en lo concerniente al verdadero arte del Estado—o sea una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro—estaban tan perdidos como cualquier ciudadano ordinario». (Alexis de Tocqueville: El Antiguo Régimen y la Revolución).
Pero no todos los estrategas estaban perdidos o confundidos. Para el caso venezolano tiene especial relevancia la intuición analítica de Yehezkel Dror, puesto que se trata de un investigador que ha venido constantemente al país y se ha reunido con los miembros más representativos de sus élites. Dror no sólo describió adecuadamente la inestabilidad intrínseca del régimen de Palevi bastante antes de su desplome, sino que caracterizó el problema general de la “endemia” de las sorpresas en un brillante artículo de 1975. (How to Spring Surprises on History: “Eventos considerados como de baja probabilidad ocurren con frecuencia variable y la sorpresa llega a ser endémica” ).
Si bien, pues, era evidente que la mayoría de los analistas no sabían qué decir respecto del futuro en ciertas áreas especialmente volátiles, unos pocos mostraban que era posible manejar satisfactoriamente el problema cambiando el punto de vista y la comprensión de la dinámica propia de los acontecimientos sociales.
Es sólo muy recientemente que la “teoría de la complejidad”, que incluye la llamada “teoría del caos”, ha podido proporcionar un paradigma adecuado. Los primeros ejercicios analíticos de predicción eran fundamentalmente proyecciones en línea recta. (La estadística había proporcionado la herramienta de la “regresión lineal”, mientras el “determinismo histórico” de las doctrinas marxistas contribuía a esa opinión de que el futuro era único e inevitable). Obviamente, sólo pocos fenómenos pueden ser adecuadamente descritos como una línea recta.
El reconocimiento de la multiplicidad del futuro llevó, más tarde, al desarrollo de la técnica de “escenarios” (principalmente por la Corporación RAND, en la década de los sesenta), en los que se exponía intencionalmente un conjunto de descripciones diferentes del futuro en cuestión. Sin embargo, aún la técnica de escenarios tiende a estar asociada con una percepción del problema en forma de “abanico” de futuros, según la cual se presume una continuidad de la transición entre los distintos futuros, al desplazarse por el área continua del abanico. Este modo de ver las cosas supone, por tanto, una enorme cantidad de incertidumbre, pues los futuros serían, en el fondo, infinitos.
El formalismo matemático (fractales) sobre el que se asienta la teoría de la complejidad, en cambio, permite describir el futuro como una estructura arborificada o ramificada, como una arquitectura discontinua en la que unos pocos futuros posibles actúan como cauces o “atractrices” por los que puede discurrir la evolución del presente. (Benoit Mandelbrot, investigador del Thomas Watson Research Center de la compañía I.B.M., presentó en 1982, en su libro The Fractal Geometry of Nature, la noción de “fractal”—en términos generales una línea que exhibe “autosimilaridad”, que se parece a sí misma. La matemática fractal reproduce, con ecuaciones de extrema simplicidad, estructuras ramificadas complejas, sea ésta el perímetro de un helecho o la forma del aparato circulatorio humano. Cuando los investigadores de fenómenos caóticos—el clima, la turbulencia de los líquidos, los ataques cardíacos, etcétera—buscaban una herramienta analítica que les permitiera describir estos procesos, encontraron que la matemática fractal era justamente lo que necesitaban. Las “atractrices”, o cauces del orden subyacente a los fenómenos caóticos, son líneas de tipo fractal).
Un modelo sencillo de un sistema de atractrices lo constituye un péndulo que oscila a poca distancia de una base hexagonal, en cuyos vértices se han colocado imanes de aproximadamente igual intensidad magnética. Tomando el péndulo entre los dedos se le dota de un impulso inicial que, al soltarlo, lo hace describir una trayectoria que bajo la acción de los imanes es típicamente errática. Al agotarse el impulso inicial el péndulo se detiene sobre uno de los vértices (una de las atractrices). Incluso en un sistema tan sencillo como éste, no es posible predecir cuál será la atractriz que predominará al final.
Incertidumbres de este tipo han llevado a la desesperante noción de que la predicción social es imposible. El hecho de que por lo atrayente del nombre, se haya popularizado más la teoría del caos que la teoría de la complejidad que la engloba, ha contribuido aún más a la desesperanza.
Pero esto es un conocimiento y una aplicación superficiales de tales teorías. Por una parte, aun los fenómenos caóticos transcurren por cauces que siguen un orden subyacente estricto. Por la otra, ya a niveles prácticos se ha tenido éxito en introducir estímulos que “sincronizan” procesos caóticos para hacerlos seguir trayectorias estables. En otras palabras, es posible dominar el caos. (Ver William L. Ditto y Louis M. Pecora, Mastering Chaos, Scientific American, agosto de 1993 y antes Elizabeth Corcoran, Ordering Chaos, Science and Business, Scientific American, agosto de 1991). Más aún, la proporción de caos dentro de los sistemas complejos es usualmente pequeña, y predomina en éstos un proceso opuesto y más poderoso de autorganización, especialmente en sistemas que, como el social, son capaces de intercambiar información. (Ver Stuart A. Kauffman, Antichaos and Adaptation, Scientific American, agosto de 1991).
Naturalmente, ciertos episodios caóticos pueden tener consecuencias lamentables en magnitudes enormes. Los acontecimientos del 27 y el 28 de febrero de 1989, por ejemplo, son más fácilmente comprensibles si se les interpreta como un caso de proceso caótico, antes que como resultado de una acción subversiva intencional. En muchos sistemas físicos la transición de una fase ordenada a una fase caótica se produce al aumentar la magnitud de algún parámetro, la velocidad, por ejemplo. En el caso del más reciente crash del mercado de valores de Nueva York (octubre de 1987), ese parámetro ha podido ser la mayor velocidad de transmisión de datos que se había logrado luego de la completa computarización de las transacciones. El 27 de febrero de 1989 pudo observarse la propagación de la avalancha desde Guarenas, exacerbándose por la transmisión del evento a través de los medios de comunicación social, pero también a través de una cadena informal de transmisión de información: los mensajeros motorizados, que exhiben desde hace mucho una rápida solidaridad de conducta y que fueron propagando el descontento desde Guarenas a Petare, de allí a Chacaíto, a la estación del Metro en Bellas Artes, y así sucesivamente.
En contraposición a estas posibilidades caóticas, los sistemas sociales aprenden y se autorganizan. A pesar de la larga acumulación de tensiones sociales en el país, el apagón masivo del sistema eléctrico venezolano del pasado 29 de octubre no condujo a disturbios dignos de ser mencionados. La ciudadanía intuyó tal vez que los disturbios, de producirse, proporcionarían un pretexto para la toma del poder político por autoridades militares. La comunicación telefónica sirvió esta vez para generalizar la impresión de que se estaba frente a la preparación de un golpe de Estado: la conciencia política lograda en estos últimos años de tanto sufrimiento social evadió la posible trampa.
Es así como aun en condiciones de extrema complejidad es posible tanto predecir el futuro como seleccionarlo. Por el lado de la predicción social, el problema es ahora un asunto de identificación de las atractrices actuantes en un momento dado. Por el lado de la acción, se trata de evitar ciertas atractrices indeseables y de seleccionar alguna atractriz conveniente o, más allá, de crear una nueva atractriz altamente deseable. Eso es, fundamentalmente, la esencia de una imagen-objetivo. Eso es lo que deben proporcionar los estrategas políticos.
La preeminencia de lo programático
Existe ahora, pues, un marco teórico y analítico—la teoría de la complejidad, el concepto de fractales, la teoría del caos—que permite entender los sistemas políticos desde una nueva perspectiva, así como, por el lado del «análisis de políticas», un arsenal de instrumentos para una producción racional de políticas específicas. Pero también existe el factor favorable de un aumento de la conciencia del electorado. Esto es importante porque forma parte del paradigma político clásico, como basamento de una teoría de la dominación social, la insidiosa noción de que «el pueblo» es incapaz de opciones políticas racionales. Según ese errado punto de vista, el común de los electores haría sus escogencias con base en factores puramente emocionales, egoístas y ligados a necesidades muy básicas. De allí, en gran medida, el desprecio por lo programático como parte de alguna importancia en el proceso político.
Todos los candidatos presidenciales de la recién concluida campaña electoral emitieron sus «programas» hacia la fase final de la misma. El 25 de abril de 1993, el mismo día en que Oswaldo Álvarez Paz resultara electo candidato presidencial de COPEI en elecciones primarias, el flamante candidato declaró en el programa Primer Plano que ahora se dedicaría a conformar los equipos que tendrían que elaborar su programa de gobierno. Esto es, admitió que hasta ese momento su preocupación política fundamental era polémica, y que su legitimación como candidato copeyano tenía origen en el combate a un adversario interno a través de la retórica, no un origen programático.
Para los partidos tradicionales, para sus candidatos, el asunto del programa ocupa un lugar secundario respecto del problema «práctico» de obtener la candidatura o la magistratura. Por esta razón es tan desproporcionadamente grande la porción de los recursos que se dedica a las actividades típicas del combate electoral: encuestas, movilizaciones, publicidad. En 1992, un importante precandidato, aún reconociendo que programáticamente estaba muy débil, consideró excesivo destinar, para un año de trabajo de un equipo programático, una cantidad que por ese entonces se gastaba en menos de una semana de propaganda televisada. En su explicación de esta postura esgrimió que acababa de regresar de los Estados Unidos, una semana antes de sus últimas elecciones presidenciales, y que allí ganaría un candidato que no había presentado programa. No había considerado que el problema de ganar las elecciones era menos importante que el problema de gobernar.
En gran medida esta actitud se explica por la muy difundida noción que se expresaba en el trabajo citado de Naím y Piñango. Que el «gran diseño» es imposible o inútil, y que los programas vienen a ser más bien la sumatoria de un cúmulo de proposiciones específicas, las que deben ser generadas por especialistas. Obviamente, los candidatos no son especialistas, y por tanto la labor del programa no les correspondería a ellos.
En Venezuela, el modelo de la reconciliación, de la negociación, del pacto social o de la concertación, resulta ser todavía el modelo político predominante. En análisis relativamente modernos, como en el caso del tantas veces mencionado trabajo de Naím y Piñango, la recomendación implícita es la de continuar en el empleo de un modo político de concertación, al destacar como el problema más importante de la actual crisis el manejo del conflicto.
Visto de otro modo, se trata aquí de la tensión entre dos conceptos acerca de la política. William Schneider, en Para entender el neoliberalismo, describe el punto de este modo: “…la división era entre dos maneras distintas de enfocar la política, y no entre dos diferentes ideologías.”… La generación del 74 rechazó el concepto de una ideología fija… En The New American Politician el politólogo Burdett Loomis emplea el término empresarial para describir la generación del 74: «De una manera general, los nuevos políticos pasaron a ser empresarios de política que vincularon sus carreras a ideas, temas, problemas y soluciones en perspectiva (…) Adoptaron el punto de vista de que las cuestiones políticas son problemas que tienen respuestas precisas, a la inversa de los conflictos de intereses que deben reconciliarse”.
Esto es, se trata de una oposición entre la idea de que la política consiste en obtener el poder para conciliar intereses, y la idea de que ésta consiste en imaginar soluciones a problemas de carácter público para llevarlas a cabo con el poder. Si la cuestión es formulada como oposición excluyente, el problema queda mal planteado y, en la práctica, domina la conciliación de intereses sobre la solución a los problemas.
¿Significa esto que el político tradicional no tiene el menor interés por lo programático? No, eso no es cierto. Lo que ocurre es que los políticos tradicionales piensan como Schneider describe la postura habitual de un presidente de los Estados Unidos: «Después de todo, siempre puede contratar a alguien que le solucione los problemas». El trabajo típico de un político tradicional es el de someterse a una agenda inmisericorde de reuniones y reuniones de conciliación de intereses. En esa agenda no hay espacio para el diseño de soluciones. Pero ésta es una situación que debe ser vista comprensivamente. Una vez más Schneider, refiriéndose a los demócratas en Estados Unidos: «…los miembros de la generación del 74, han emprendido la tarea de liberar al Partido Demócrata de la tenaza de los intereses especiales. Pero en su búsqueda de una política libre de intereses les ha faltado comprender una verdad básica: que los conflictos de intereses son parte legítima de la vida política».
El mismo autor del presente artículo ha incurrido en el error de despreciar el término de la conciliación de intereses. Este es un proceso ineludible, no hay duda; la equivocación reside más bien en haberlo hecho predominante. El cambio más importante en el paradigma político, en el discurso político que Úslar ha declarado obsoleto, deberá ser el de subordinar la conciliación de intereses a la solución de los problemas, el de adjudicarle su lugar correcto de herramienta, que no de finalidad, de la actividad política.
De la herramienta al producto
La confusión de la herramienta con el fin explica mucho de los resultados de la política nacional. La discusión pública venezolana se halla a punto de agotar los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, que no son, en sí mismos, la solución.
Tomemos el caso, por ejemplo, de la insistente proposición de una asamblea constituyente, bandera de lucha del llamado Frente Patriótico, asumida como lema electoral de José Antonio Cova, repropuesta por Oswaldo Álvarez Paz al término de las elecciones, voceada por Eduardo Fernández después del 4 de febrero de 1992, admitida como posibilidad por Rafael Caldera en su «Carta de Intención». El problema es que el Frente Patriótico no ha presentado un proyecto de constitución, y tampoco los demás actores mencionados. Es decir, se insiste en hablar de la herramienta sin hablar del producto que ésta debe construir.
Por otra parte, el método mismo tiende a ser ineficaz. Los ideales de democracia participativa, la realidad de la emergencia de nuevos factores de influencia y poder, han llevado, es cierto, a la ampliación de los interlocutores de las «mesas democráticas» de las que debe salir el ansiado «acuerdo nacional». Así fue diseñado, por ejemplo, el consejo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), al combinar en él la presencia tradicional de líderes empresariales y líderes sindicales, con representantes de partidos, de la iglesia, de las organizaciones vecinales, etcétera. Así buscó conformarse el «Encuentro Nacional de la Sociedad Civil» organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuando su rector tomó el reto que pareció recaer, a mediados de 1992, sobre la Iglesia Católica venezolana, en respuesta a un estado de opinión nacional de gran desasosiego, que buscaba en cualquier actor o institución que pudiera hacerlo la formulación de una salida a la aguda y profunda crisis política. Pro Venezuela, la Mesa Democrática de Matos Azócar, los encuentros que organizó José Antonio Cova, y la constante prédica de los partidos, todos fueron intentos de alcanzar ese ya mítico gran entendimiento nacional.
La evidencia es, pues, suficiente. La oposición de intereses en torno a una mesa de discusión difícilmente, sólo por carambola, conducirá a la formulación de un diseño coherente. Es preciso cambiar de método. Y es preciso cambiar el énfasis sobre la herramienta por el énfasis en el producto.
La licitación política
Si el Ministerio de Sanidad se encontrase ante la necesidad de construir un nuevo hospital público, seguramente no convocaría a una masiva reunión de arquitectos, médicos, pacientes, enfermeros, administradores de salud, a celebrarse en un gran espacio como el Parque del Este para que, «participativamente», se pusieran de acuerdo sobre el diseño del hospital.
En cambio, determinaría como primera cosa, técnicamente, los criterios de diseño: debe ser un hospital para 1.500 camas, debe cubrir las especialidades tales y cuales, no debe pasar de un costo de tanto… etcétera.
Una vez con tales criterios en mano, procedería a llamar a licitación a unas cuantas oficinas de arquitectura demostradamente capaces. Las oficinas de arquitectos que participaran en la licitación desarrollarían, cada una por su lado, un proyecto completo y coherente. No serían admitidas, por ejemplo, proposiciones que sólo diseñaran la sala de partos o la admisión de emergencias. Cada oficina tendría que presentar un proyecto completo. Sólo así podrían competir, la una contra la otra, en una licitación que contrastaría una proposición coherente y de conjunto contra otras equivalentes.
Este es el mismo método que debe emplearse para la emergencia de una imagen-objetivo del país. Lo que el espacio político nacional debe alojar es una licitación política con claras reglas para la contrastación de proposiciones de conjunto.
¿Cuáles son estas reglas? Si a la discusión se propone una formulación que parece resolver un cierto número de problemas o contestar un cierto número de preguntas, la decisión de no adoptar tal formulación debiera darse si y sólo si se da alguna o varias de las siguientes condiciones:
a. cuando la formulación no resuelve o no contesta, más allá de cierto umbral de satisfacción que debiera en principio hacerse explícito, los problemas o preguntas planteados.
b. cuando la formulación genera más problemas o preguntas que las que puede resolver o contestar.
c. cuando existe otra formulación—que alguien debiera plantear coherentemente, orgánicamente—que resuelva todos los problemas o conteste todas las preguntas que la formulación original contesta o resuelve, pero que además contesta o resuelve puntos adicionales que esta no explica o soluciona.
d. cuando existe otra formulación propuesta explícita y sistemáticamente que resuelve o contesta sólo lo que la otra explica o soluciona, pero lo hace de un modo más sencillo. (En otros términos, da la misma solución pero a un menor costo).
Esto es el método verdaderamente racional para una licitación política. No se trata de eliminar el «combate político», sino de forzar al sistema para que transcurra por el cauce de un combate programático como el descrito. Valorizar menos la descalificación del adversario en términos de maldad política y más la descalificación por insuficiencia de los tratamientos que proponga.
Este desiderátum, expresado recurrentemente como necesidad, es concebido con frecuencia como imposible. Se argumenta que la realidad de las pasiones humanas no permite tan «romántico» ideal. Es bueno percatarse a este respecto que del Renacimiento a esta parte la comunidad científica despliega un intenso y constante debate, del que jamás han estado ausentes las pasiones humanas, aun las más bajas y egoístas. (El relato que hace James Watson—ganador del Premio Nobel por la determinación de la estructura de la molécula de ADN junto con Francis Crick—en su libro La Doble Hélice—1968—es una descarnada exposición a este respecto).
Pero si se requiere pensar en un modelo menos noble que el del debate científico, el boxeo, deporte de la lucha física violenta, fue objeto de una reglamentación transformadora con la introducción de las reglas del Marqués de Queensberry. Así se transformó de un deporte «salvaje» en uno más «civilizado», en el que no toda clase de ataque está permitida.
En cualquier caso, probablemente sea la comunidad de electores la que termine exigiendo una nueva conducta de los «luchadores» políticos, cuando se percate de que el estilo tradicional de combate público tiene un elevado costo social.
Y tal vez ya haya comenzado a hacerlo. Los resultados del 5 de diciembre no fueron favorables a los candidatos que exhibieron mayor pugnacidad—Álvarez Paz y Velásquez—los que arribaron en tercer y cuarto lugar.
Aristodemocracia
Las consideraciones anteriores llevan a la cuestión de la forma más democrática de conducir las licitaciones políticas. Por lo expuesto, se entiende que la producción de una imagen-objetivo requiere el concurso profesional de pequeñas unidades, de un número reducido de cerebros pensando en el tema como problema complejo, interconectado. En los Estados Unidos se emplea el término think tanks para referirse a esas unidades compactas. Tal vez una buena traducción sea la de «centros de política aplicada». ¿No hay acá un riesgo de aristocratización del proceso político?
En 1991 fue publicado el libro The Idea Brokers: Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite, escrito por James Allen Smith. Allí se encuentra una evaluación según la cual los think tanks norteamericanos se han alejado del público y, según él, de los propósitos de los patrocinantes originales, que esperaban que esas organizaciones de política aplicada sirviesen para educar al público y para proveer bases libres de valores desde las cuales se pudiera juzgar la eficacia de las políticas públicas. Los think tanks se limitan, por regla general, a comunicarse con los miembros de las élites, mientras el público permanece ausente de los debates.
Contra este «gobierno de expertos» alertaba Woodrow Wilson: «¿Qué nos espera si va a ocuparse científicamente de nosotros un reducido número de caballeros que serían los únicos en comprender las cosas?» O como lo pone John H. Fund: «Las políticas públicas son demasiado importantes para dejarlas en manos de los expertos».
La invención política, naturalmente, no puede ser coto exclusivo de centros de política aplicada, pero es obvio según el análisis del punto anterior que tampoco puede esperarse que surja coherentemente de una deliberación colectiva. La salida al problema estriba en que los «brujos» se entiendan a sí mismos como responsables ante la «tribu» y no únicamente ante los «caciques». Es decir, que el producto de sus análisis tenga carácter público.
La comunicación entre «brujos» y «caciques» es no sólo necesaria, sino el cauce habitual para tramitar y ejecutar la invención política. Toda organización, incluyendo acá las organizaciones biológicas, exhibe una estructura de «cogollo», como han debido comprobarlo ya las organizaciones políticas de reciente cuño, que han surgido con el pretexto de suplantar las viejas organizaciones por «cogolléricas». Todas han generado sus propios cogollos, como se vio en las recientes elecciones.
De modo que el problema no reside en negar el hecho incontestable de que cualquier organización requiere un órgano de dirección y que éste debe estar compuesto por un número reducido de personas. El punto está en si ésta es una aristocracia cerrada o una aristocracia abierta al «demos»: una aristodemocracia.
En una concepción clínica de la política, esto es, en una política entendida como actividad de carácter médico, el político no es el «jefe» del pueblo. Es un experto que de todos modos debe someter al paciente la consideración del tratamiento. El que debe decidir en última instancia si se toma la pastilla es el pueblo. El político debe limitarse a ser el ductor del aparato del Estado. Elegimos un jefe de Estado, no un jefe de los venezolanos.
La metáfora cortical
Resulta científicamente válido estudiar la arquitectura de los sistemas biológicos para obtener claves que orienten el diseño de sistemas políticos viables. Desde la emergencia de la cibernética como cuerpo teórico consistente ha demostrado ser muy fructífero el análisis comparativo de sistemas de distintas clases, dado que a ellos subyace un conjunto de propiedades generales de los sistemas. El descubrimiento de la «autosimilaridad», en el campo de las matemáticas fractales, refuerza esta posibilidad de estudiar un sistema relativamente simple y extraer de él un conocimiento válido, al menos analógicamente, para sistemas más complejos. Esto dista mucho de la ingenua y ya periclitada postura del «organicismo social», que propugnaba una identidad casi absoluta entre lo biológico y lo social. Con esta salvedad, vale la pena extraer algunas lecciones del funcionamiento y la arquitectura del cerebro humano, el obvio órgano de dirección del organismo.
Para comenzar, el cerebro humano, a pesar de constituir el órgano nervioso más desarrollado de todo el reino de lo biológico, no regula directamente sino muy pocas cosas. Más específicamente, la corteza cerebral, asiento de los procesos conscientes y voluntarios de mayor elaboración, sólo regula directamente los movimientos de conjunto del organismo a través de su conexión con el sistema músculo-esquelético. La gran mayoría de los procesos vitales es de regulación autónoma (muchos de ellos ni siquiera son regulados por el sistema nervioso no central, o sistema nervioso autónomo). La analogía con lo económico es inmediata. La economía, según la observamos, tiende a funcionar mejor dentro de un ambiente de baja intensidad de regulación.
La corteza cerebral puede emitir órdenes incuestionables al organismo… por un tiempo limitado. Puede ordenar a los músculos respiratorios, por ejemplo, que se inmovilicen. Al cabo de un tiempo más bien breve esta orden es insostenible y el aparato respiratorio recupera su autonomía. Este hecho sugiere, por supuesto, más de una analogía útilmente aplicable para la comprensión de la relación entre gobierno y sociedad.
Más aún, es sólo una pequeña parte de la corteza cerebral la que emite estas órdenes ineludibles. La circunvolución prerrolándica, o área piramidal, es la única zona del cerebro con función motora voluntaria, la única conectada directamente con los efectores músculo-esqueléticos. La corteza motora, la corteza de células piramidales, abarca la extensión aproximada de un dedo sobre toda la superficie de la corteza cerebral.
Un tercio de la corteza restante es corteza de naturaleza sensorial. A través de los cinco sentidos registra información acerca del estado ambiental o externo; a través de las vías sensoriales propioceptivas se informa acerca del estado del medio interno corporal.
La gran mayoría de la superficie cortical del cerebro humano es corteza asociativa. Emplea la información recibida por la corteza sensorial, coteja recuerdos almacenados en sus bancos de memoria, y es la que verdaderamente elabora el telos, la intencionalidad del organismo humano. Es interesante constatar este hecho: en la corteza cerebral hay más brujos que caciques.
En cambio, en nuestro aparato político la participación de actores de tipo asociativo es muy reducida, a pesar de que cada vez su necesidad sea mayor. (Úslar y Liscano, en los artículos citados en la introducción de este estudio, no estaban pidiendo caciques, ni conciliadores de intereses. Estaban expresando la necesidad de la asociación de ideas políticas, de la invención política). A fines de 1991, el presidente Pérez, no sin razón, se quejaba de las críticas a su «paquete» económico y retaba: «Bueno, si no es éste el paquete ¿entonces cuál es el que debemos aplicar?»
COPEI recogió el reto, anunciando que en breve presentaría un «paquete alternativo». La presentación anunciada se produjo a mediados de febrero del año siguiente, un tanto retrasada por los acontecimientos del día 4. La formulación alternativa consistió en propugnar una «economía con rostro humano» y en la proposición de constituir un «consejo consultivo» que debiera proponer soluciones. Como recogió el punto un periodista local, «En síntesis, el Dr. Fernández ha propuesto que otros propongan».
En el fondo, la proposición del consejo consultivo va en la dirección correcta. El político convencional se ocupa del exigente proceso de la conciliación de intereses, del delicado asunto piramidal de emitir instrucciones, y no tiene ni el tiempo ni el adiestramiento requerido por una función de corte asociativo. Que el Consejo Consultivo nombrado con alguna resistencia por el presidente Pérez no haya tenido mucho éxito se debe a otros factores. Por un lado, a la enorme presión y al acusado grado de inestabilidad del régimen en esos momentos, cuando la natural reacción del Presidente era la de sostener sus puntos de vista so pena de pérdida de autoridad. Por el otro, al método y al concepto empleados en la operación y la composición del consejo mismo. Se trató de un cuerpo de acción temporal que se dedicó a ensamblar una lista inorgánica de medidas puntuales, mediante el expediente de entrevistarse con un número reducido de notables personalidades de la vida nacional. Todavía el presidente Velásquez, que había formado parte del Consejo Consultivo de 1992, creyó que ésa era una fórmula correcta y que debía incluso ampliarla. Así, a las pocas horas de asumir la Presidencia de la República, anunció la formación de «cuatro o cinco» consejos consultivos—nunca fueron creados—e indicó su esperanza de que los futuros miembros de los mismos dedicaran un tiempo importante a su labor, «al menos unas dos horas semanales».
La necesidad de una «corteza asociativa» del Estado venezolano es evidente, pero su espacio debe ser determinado como permanente, y su composición y métodos establecidos según lo conocido ahora en materia de la disciplina denominada policy sciences (ciencias de las políticas, no ciencias políticas), luego de varias décadas de elaboración conceptual y metodológica a este respecto. He aquí un campo para que Venezuela logre distinguirse como pionera, a nivel mundial, en un rediseño de la arquitectura del Estado que aloje, de modo permanente y adecuado, la función asociativa de la generación de políticas.
El continuo del bien y el mal
Ya apuntamos anteriormente que las elecciones del pasado 5 de diciembre mostraron una baja preferencia de los electores por los planteamientos furibundos. El primero y el segundo lugar correspondieron a los candidatos de prédica menos agresiva, mientras quedaron de tercero y cuarto los que habían usado en sus campañas un tono regañón o constantemente pugnaz. Puede que esto haya correspondido a lo que medía una encuesta de la empresa Data Sigma, C. A. en la segunda quincena de noviembre respecto de la deseabilidad de cambios en el país: 77,8% se pronunciaban por cambios graduales o profundos en ausencia de conflictos. Los radicales que propugnaban cambios profundos aun en presencia de conflictos sólo representaban el 11,3% de las respuestas, mientras que los conservadores que postulaban una gradualidad en los cambios aun a costa de conflictos representaron el 7,3%.
Nuevamente, la inteligencia colectiva supo aprender su lección de los últimos años del debate político nacional, caracterizado en gran medida por denuncias, por posturas «justicieras». Algunos candidatos parecían entender que el país buscaba no tanto un jefe de Estado como un buen sheriff o un Robin Hood. Así, sus campañas eran menos apropiadas para buscar la Presidencia de la República que para alcanzar el cargo de Fiscal General.
No hay duda de que los casos de corrupción, presunta, cierta o falsa, han venido irritando constantemente el estado de la opinión nacional. Tampoco es aventurado afirmar que entre los activos indudables de Rafael Caldera está su imagen de hombre probo, y que esto fue uno de los factores que contribuyeron decisivamente a su victoria electoral.
Pero también puede pensarse que la profusión de denuncias no hizo otra cosa que mostrar al país que las conductas ilícitas en el manejo del patrimonio público estaban difundidas en todos los grupos sociales, en todas las instituciones: no había institución o grupo sin mancha.
En 1986 analizábamos el tema del modo siguiente:
«No son soluciones a este complejo político patológico las soluciones moralistas. Es de la mayor importancia captar este concepto y sus consecuencias, pues durante mucho tiempo se ha creído que un tratamiento adecuado de nuestras dolencias políticas consistiría en una «moralización» de la política nacional… La orientación más reciente a este respecto es la siguiente: «También se acordó en la reunión de ayer, en el despacho presidencial, que se concretarán modificaciones para la moralización de la judicatura». (El diario El Nacional en su edición del viernes 6 de junio de 1986, al reportar la reunión del Presidente Lusinchi con el Comité Coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado).
Este tratamiento está destinado al fracaso, no sólo porque su aplicabilidad es harto dudosa, sino porque, más fundamentalmente, aun cuando se encontrase una forma práctica de «moralizar» la política nacional (para lo que habría que inventar un modo cierto de medir la moralidad individual, que permita cerrar el paso a los individuos de baja moralidad), todavía una alta densidad de políticos muy morales pero esclerosados paradigmáticamente tendría como resultado el mismo grado de ineficacia e insuficiencia políticas. No es con buenas intenciones como puede resolverse el problema central de la política venezolana actual: la insuficiencia.
Por esta razón no tienen posibilidad terapéutica real los tratamientos que postulan que el problema judicial se resolvería con la elección de jueces «más honestos», que el problema de la corrupción sería subsanado mediante la aplicación más estricta de las regulaciones de salvaguarda del patrimonio público, y así sucesivamente. Estos tratamientos, en apariencia nuevos, son absolutamente ineficaces. La distribución de cualidades morales en una población lo suficientemente grande tiende a seguir una distribución normal. Es decir, la gran mayoría de su población, en su producto moral promedio, no será ni heroica ni malévola, mientras los miembros de comportamiento consistentemente heroico y aquellos de comportamiento antisocial constante serán muy pocos. Una consecuencia que se desprende directamente de esta interpretación realista sobre la moralidad social es la de que nunca podrá contarse con suficiente «gente honesta» como para garantizar que su asunción al poder significaría un cambio verdaderamente radical en la conducción de la política». (Luis Enrique Alcalá. Dictamen. Versión preliminar, junio de 1986).
Lo que antecede—excesivamente radical—puede ser confundido fácilmente con una suerte de autorización «realista» de la corrupción. No es esto, no obstante, lo que queremos justificar en este análisis. Por lo contrario, nos interesa la moderación muy significativa de ese grave morbo político. Para que esto sea posible es preciso enfocar el tema políticamente, esto es, mediante percepciones correctas acerca de la naturaleza de los grupos humanos y sus componentes. La Madre Teresa de Calcuta en Miraflores no es la solución al problema de la corrupción. Y no lo han sido tampoco—ya está comprobado hasta la saciedad—las exhortaciones moralistas.
Menos aún lo son cuando tales exhortaciones son negadas por actuaciones posteriores que las invalidan. A comienzos del crítico año de 1991, los venezolanos pudimos ver en los televisores de nuestras casas un terrible espectáculo: el video del intento de extorsión del Sr. Lamaletto por parte del abogado Jattar, asesor del entonces Presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, el diputado Douglas Dáger. Ese episodio costó el cargo a Dáger. Pocos días después, el diputado Tarre Briceño exhortaba moralistamente al respecto y proponía la aprobación de un «código de ética del parlamentario». Al año siguiente, por las mismas fechas, el Secretario General de COPEI visitó al Fiscal General de la República para manifestarle que COPEI expulsaría de sus filas a cualquier militante del partido contra quien existiesen indicios de manejo indebido. Y enfatizó que no necesitaría pruebas. Los indicios serían suficientes. Poco antes había nombrado al Presidente de los actos del aniversario del partido para ese año: Douglas Dáger, de quien se podía pensar que tenía indicios en contra suya, o necesitaba una mejor defensa desde su partido.
Para que pueda darse en Venezuela un eficaz tratamiento al grave problema de la corrupción política, es preciso plantearlo correctamente. Correctamente planteado, el aspecto judicial del asunto no es prerrogativa del Ejecutivo Nacional, sino del Poder Judicial de la República. El Presidente de la República no debe entenderse a sí mismo ni siquiera como Fiscal.
Las divisiones dicotómicas de los grupos humanos, admisibles en ciertos momentos para facilitar o simplificar su descripción, son siempre inexactas y con frecuencia injustas. El país no está dividido en un grupo de gente honesta y otro de gente deshonesta, en uno de corruptos y uno de gente «decente». Entre los extremos del bien y el mal, que prácticamente nadie alcanza, se despliega todo un continuo de conductas morales con una gradación casi infinita.
Realpolitik R. I. P.
El texto de John A. Vásquez, The power of power politics, destaca la crisis de ineficacia explicativa y predictiva del paradigma que concibe a la actividad política como proceso de adquisición, intercambio y aumento del poder detentado por un sujeto de cualquier escala. (Individuo, corporación, estado). Aun cuando su investigación se centra sobre la inadecuación de esa visión en el campo académico de las ciencias políticas, este fenómeno tiene su correspondencia en el campo de la política práctica. (A fin de cuentas, lo que la baja capacidad predictiva de ese paradigma significa es que en la práctica política el estilo de la Realpolitik parece, al menos, haber entrado en una fase de rendimientos decrecientes).
Una de las razones para esta situación de crisis del paradigma del poder por el poder, puede ser encontrada en la informatización acelerada del planeta y sus consecuencias. La Realpolitik ha necesitado siempre del secreto para garantizar su eficacia. Pero en los últimos tiempos hemos sido testigos del descubrimiento y exposición pública de los más elaborados planes de ocultamiento político. Un caso particularmente notable fue el del financiamiento de la Administración Reagan a los «contras» en Nicaragua. Un complicadísimo y retorcido esquema de ocultamiento, que involucraba a insospechables aliados momentáneos (Irán, que para los efectos de relaciones públicas era enemigo de los Estados Unidos), resultó ser imposible de ocultar.
Por esto es que el glasnost, la política de «transparencia» declarada por Gorbachov en la antigua Unión Soviética, más que un deseo inspirado en valores éticos, era una necesidad. Ante el asedio de los medios de comunicación, que se ha unido a las previsibles acciones de los adversarios políticos que intentan descifrar las intenciones del contrario, el actor político de hoy se ve forzado, cada vez más, a determinar sus planes suponiendo que van a ser, a la postre, conocidos públicamente. La política de hoy tiende a parecerse cada vez más a un juego de ajedrez, en el que cada oponente posee información completa acerca de la cantidad, calidad y ubicación de las piezas del contendor.
Otra razón, más de fondo, para explicar la pérdida de eficacia de una postura de Realpolitik, consiste en la simple constatación de que una versión cínica de los actores políticos es decididamente una sobresimplificación, Esto es, constituye un error teórico y perceptual, a la vez que práctico, considerar que todo actor político tiene como único objeto la procura del engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo, y como si estuviese convencido de que la base de su poder descansa sobre la amenaza y el empleo de la fuerza física o la coerción económica. Los actores políticos, en tanto personas, son bastante más complicados y ricos que lo que esa simplista descripción postula que son. Entre sus motivaciones entran no sólo los fines egoístas o maquiavélicos; también poseen motivaciones altruistas, limitaciones éticas, interés por un juicio favorable de la historia, etcétera.
Pero también explica la erosión del paradigma de la Realpolitik la admisión, cada vez más amplia, de que la bondad tiene un valor funcional. La práctica gerencial redescubre a cada momento el valor motivante de los estímulos positivos, y este conocimiento pasa con rapidez a los predios de la doctrina de la gestión.
No obstante, no puede caber duda de que la práctica de la Realpolitik está todavía muy generalizada, sobre todo en los casos agudos de aquellas personalidades que experimentan un placer patológico en la destrucción del adversario.
En La Marcha de la Insensatez, Bárbara Tuchman nos presenta cuatro estudios a fondo de cuatro grandes casos de insensatez política. La autora entiende este término como el designante de la conducta de un actor político que, en contra de reiterados consejos y evaluaciones que le muestran que sigue un curso equivocado, persiste en él, aun a costa de sus mejores intereses. Uno de los más interesantes capítulos, dentro de la parte que dedica a la Iglesia del Renacimiento, trata de las actuaciones de Julio II, Sumo Pontífice entre 1503 y 1513. Papa guerrero, Julio II atendió poco o nada a las proposiciones internas de reforma, preocupándose más por conquistas territoriales que por componer el deplorable estado de corrupción de la Iglesia de la época. A su equivocada política se debe en gran medida la explosión de Lutero y su Reforma Protestante.
Al cierre del capítulo que le dedica, Bárbara Tuchman recapitula su tránsito por el papado en los siguientes términos: «Los defensores de Julio II le acreditan el haber seguido una política consciente que se basaba en la convicción de que ‘la virtud sin el poder’, como había dicho un orador en el Concilio de Basilea medio siglo antes que él, ‘sólo sería objeto de burla, y el Papa romano, sin el patrimonio de la iglesia, sería un mero esclavo de reyes y de príncipes’, que, en breve, con el fin de ejercer su autoridad, el papado debía lograr primero la solidez temporal antes de emprender la reforma. Este es el persuasivo argumento de la Realpolitik que, como la historia ha demostrado a menudo, tiene este corolario: que el proceso de ganar poder emplea medios que degradan o brutalizan al que lo busca, quien despierta para darse cuenta de que el poder ha sido poseído al precio de la pérdida de la virtud y el propósito moral».
Ventajas cooperativas
Cada cierto tiempo, una moda doctrinaria irrumpe en el ámbito de la gestión de organizaciones. Cada una deja su huella, como los estratos de una formación geológica puesta al descubierto. La organización científica del trabajo, los T groups del sensitivity training y el tema más general de la dinámica de grupos, la organización matricial, «the managerial grid», el desarrollo organizacional, la «teoría Z», la búsqueda de la «excelencia», la «calidad total». Cada tema domina la atención como panacea efímera por un breve lapso, durante el cual ingresan sumas considerables a los escritores de libros y manuales, a los conferencistas, a los asesores y a las empresas que se dedican al adiestramiento de personal ejecutivo. Más de una moda gerencial termina por la creación de departamentos completos dentro de las empresas y otras organizaciones.
Dado que en un grado significativo el manejo del gobierno requiere la aplicación de criterios y técnicas gerenciales, muchas de estas teorías de moda logran pasar al ámbito de la administración pública, Otras son formulaciones más ambiciosas, generadas dentro del campo más amplio de la economía.
Un caso de este último tipo lo constituyen las tesis de Michael E. Porter en La ventaja competitiva de las naciones, la más reciente versión de la ya vieja teoría del darwinismo social y una modificación de la clásica explicación del desarrollo en términos de ventajas comparativas.
El énfasis de Porter en la competitividad—previamente a su obra más conocida Porter escribió Competitive Strategy en 1980 y Competitive Advantage en 1985—se ha difundido hasta el punto de convertirse en un credo de aceptación prácticamente universal, aunque en el fondo poco hay de nuevo en sus planteamientos generales.
Al mismo tiempo, no obstante, el mundo progresa en dirección de una planetización o «globalización» de las economías. En una decisión histórica, ciento diecisiete países han acordado ya aprobar el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, mejor conocido como GATT, luego de siete años de discusiones de la llamada «Ronda Uruguay». El impacto de este hecho debe ser, en términos generales, enorme, y es previsible un efecto benéfico debido al aumento global del comercio mundial.
¿Está realmente preparada Venezuela para este nuevo período de la economía planetaria, en el que bajo los criterios de Porter todo país intentará competir con base en ventajas propias?
La noción de las ventajas comparativas ha sido empleada en Venezuela desde hace ya bastante tiempo para determinar la orientación de la política económica, principalmente en lo concerniente a la actividad del Estado como inversor. No otra cosa es la actividad petrolera del Estado, o su impulso a la explotación y el procesamiento del hierro y el aluminio, basados en la disponibilidad de yacimientos y energía relativamente barata. En la teoría predominante en los estratos dirigentes de nuestra industria petrolera, ha sido dogma de fe la ventaja comparativa (y competitiva) que nos proporcionaría la cercanía a nuestros principales mercados de exportación.
Pero este dogma se ha visto duramente cuestionado por factores de tipo geopolítico, derivados en buena parte de la alianza saudita-kuwaití-norteamericana, sobre todo a partir de la guerra con Irak. Ya Venezuela no es el país que más coloca petróleo en los Estados Unidos, pues el primer suplidor es ahora Arabia Saudita, a pesar de las distancias. Y el mismo día en que se anuncia una era de liberalización planetaria de barreras aduanales, se anuncia también la puesta en vigencia de restricciones a la importación de gasolina de procedencia venezolana a los Estados Unidos, por razones de tipo ambiental.
Un desplazamiento del foco sobre lo económico a un foco sobre lo político conduce, no obstante, a otro tipo de lectura. La planetización no es sólo económica; es también, y tal vez sobre todo, comunicacional y cultural y, por ende, política. Y he aquí que entonces resulta procedente reflexionar con detenimiento sobre lo que pueden ser nuestras ventajas para la cooperación: nuestras ventajas cooperativas.
El planeta va hacia la construcción de un nivel político de escala planetaria, a partir de las estructuras revisables de la Organización de las Naciones Unidas, impulsado por la consideración de realidades que trascienden fronteras nacionales y aun continentales, como son, por ejemplo, las de naturaleza ecológica. El mismo acuerdo del GATT ha creado una nueva organización global: la Organización Mundial del Comercio.
Venezuela tiene un cierto carácter nacional. Un carácter o personalidad que la marcan como actora constructiva en la próxima fase de planetización: la política. La construcción política del planeta requerirá de un grado muy considerable de cooperación y de un excedente neto de la cooperación sobre la competencia. Y he aquí que Venezuela, protagonista de una historia de desprendimiento político, generosa, a veces ingenua, más allá de cualquier ventaja competitiva que llame la atención de Michael Porter, es titular de muy señaladas ventajas cooperativas. Venezuela, que desdeñó establecer la dominación de buena parte de América del Sur, que ha cedido territorio en lugar de conquistarlo, que ha compartido riqueza y ha manifestado solidaridad sostenida con los pueblos de la Tierra, es un municipio del planeta que puede facilitar en mucho la feliz constitución de la polis del mundo. LEA
_________________________________________________________________
intercambios