el blog de luis enrique alcalá de sucre
la política como arte de carácter médico (y otras cosas)CS #133 – Profesiones diferentes
La definición académica de «política», en su primera acepción, indica que se refiere al «Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados». En cuanto a «gobierno», leemos en el diccionario: «Acción y efecto de gobernar o gobernarse. Orden de regir y gobernar una nación, provincia, plaza, etc.» Finalmente, «gobernar» es «Mandar con autoridad o regir una cosa».
Pero significa también «política» para la Real Academia de la Lengua, primeramente, «Actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos» y asimismo «Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o de otro modo». Significados de menor importancia son también evocados por la palabra «política», tales como «Cortesía y buen modo de portarse» y también «Por extensión, arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado» Es el último significado reportado: «Orientaciones y directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Política agraria».
Que decida comentar acá las definiciones de la Real Academia, y no las que ofrecería la ciencia política, obedece a varias razones. La primera es que la Academia de la Lengua nos ofrece, con cada palabra, el edificio semántico de ese vocablo: los distintos pisos y planos de significado que la palabra contiene. La Real Academia registra como una fotografía, para el momento de confección de sus diccionarios, los distintos significados de una voz castellana y el orden de importancia o extensión en el uso de cada uno. Por ejemplo, el DRAE sugiere, cuando anota bajo el término «política» la actividad de los regidores o aspirantes a regidor antes que la actividad del ciudadano, que en la psiquis colectiva de habla castellana este orden existe: primero están los gobernadores y luego los gobernados. Y así es como comúnmente son las cosas. Por ahora.
La segunda razón para comentar definiciones del DRAE y no las que pudieran sugerir David Easton o Joseph La Palombara, es que nuestros «políticos»—»Dícese de quien interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado»—entienden su actividad más como la Real Academia la registra que como la formulan los politólogos. No deben ser muchos los políticos venezolanos que antes de tomar una decisión se ubiquen, en acto especialmente consciente, sobre el plano de las llamadas ciencias políticas.
Así que sabemos que en el habla común, a la que la Real Academia convierte en lengua de manera gramaticalmente consistente, «política» se refiere al «Arte, doctrina u opinión referente a mandar con autoridad o regir los Estados». Eso es la cosa. Mandar. Al Estado. («Cuerpo político de una nación. Cuando se refiere al organismo político superior, se escribe con mayúscula»).
Como puede verse, Estado no es lo mismo que nación; es sólo su cuerpo político. Por tanto, la política no es el arte de mandar con autoridad sobre una nación, y cualquiera que lo entendiera así estaría fundamentalmente equivocado. Sabemos también que hay quienes lo entienden así. Por ejemplo, el actual Presidente de la República, que durante la campaña del referendo revocatorio desechó ocuparse con preocupaciones de la oposición porque él estaba «ocupado gobernando el país». Pero también algunos, al menos, entre sus opositores. En la campaña electoral de 1998 Henrique Salas Roemer declaraba que el siguiente ciclo constitucional exigiría mucho a quienes pretendieran «gobernar sobre un país».
Dentro de los problemas generales de gobierno que han ocupado más espacio durante los últimos veinte años está, de hecho, el de la «gobernabilidad». Esto es, en el fondo, una queja acerca de la posibilidad de los gobiernos para lograr acatamiento de los gobernados. O sea, de nuevo la idea de que gobernar es mandar, y ya no sobre el cuerpo político de la nación, sino sobre sus ciudadanos. Uno pudiera decir, entonces, que gobernar así es interferir con la libertad de los ciudadanos. Los ciudadanos, el pueblo, serían un conjunto grande de tendencia díscola, a quienes hay que meter en cintura, mediante el empleo de la autoridad. La función de los gobernantes sería la de «poner orden», y a veces habría que imponer desde esta perspectiva, y sobre pueblos de baja «gobernabilidad», la consabida «mano dura».
Contrastemos estas nociones con las que ofrece la profesión de la Medicina Política. Ésta se define como el arte u oficio de resolver problemas de carácter público, y por tanto como el arte de identificar y aplicar tratamientos a tales problemas. Es decir, el campo de la Medicina Política está más cerca, no de la primera, sino de la última de las acepciones registradas por el DRAE para la voz «política»: se preocupa más por las «políticas», entendidas como tales soluciones a los problemas públicos. Política agraria, por ejemplo, o política educativa, o económica, o habitacional, etcétera.
Para la Medicina Política, quien gobierna un Estado no puede justificar su legitimidad sobre otra cosa distinta de su capacidad y práctica para resolver problemas públicos, para gestionar asuntos públicos y resolverlos satisfactoriamente. Es decir, la Medicina Política no es, como sí lo es la Política, un arte de dominación.
En segundo término, quien practica la Medicina Política es demócrata por definición. El mejor y más estudiado de los médicos sabe que el cuerpo humano es mejor y más poderoso médico que él. Del mismo modo el médico político parte de un profundo respeto por la inteligencia colectiva del pueblo sobre el que actúa, y por eso no pretende que el Estado es, como se le entendía (y aún hoy de modo disimulado), «país o dominio de un príncipe o señor de vasallos».
En percepción que el suscrito sostenía hace unos veinte años y un poco más, la política debía sustituir su paradigma de dominación por uno de solución. Creía que la política de poder debía ser sustituida por una política clínica, centrada sobre la salud de la nación antes que sobre el poder del mandatario. Ahora creo que podemos dejar a los políticos su campo específico; su protocolo general de dominarnos, sojuzgarnos—a veces, como ahora, de manera recrecida y excesiva—y su lucha cotidiana por hacerse con el poder e impedir que el adversario lo adquiera. (Letra pequeña, usualmente disimulada y ahora descaradamente voceada: «por todos los medios al alcance»).
Así escribía, en junio de 1986:
«Un paciente se encuentra sobre la cama. No parece padecer una indisposición común y leve. Demasiados signos del malestar, demasiada intensidad y duración de las dolencias indican a las claras que se trata de una enfermedad que se halla en fase crítica. Por esto es preciso acordar con prontitud un tratamiento. No es que el enfermo se recuperará por sus propias fuerzas y a corto plazo. Tampoco puede decirse que las recetas habituales funcionarán esta vez. El cuerpo del paciente lucha y busca adaptarse, y su reacción, la que muchas veces sigue cauces nuevos, revela que debe buscarse tratamientos distintos a los conocidos. Debe inventarse un nuevo tratamiento. La junta médica que pueda opinar debe hacerlo pronto, y debe también descartar, responsable y claramente, las proposiciones terapéuticas que no conduzcan a nada, las que no sean más que pseudotratamientos, las que sean insuficientes, las que agravarían el cuadro clínico, de por sí extraordinariamente complicado, sobrecargado, grave. Así, se vuelve asunto de la primera importancia establecer las reglas que determinarán la escogencia del tratamiento a aplicar. Fuera de consideración deben quedar aquellas reglas propuestas por algunos pretendidos médicos, que quieren hacer prevalecer sus tratamientos porque son los que más gritan, o los que hayan tenido éxito en descalificar a algún colega, o los que sostengan que a ese paciente ‘lo vieron primero’. La situación no permite tolerar tal irresponsabilidad. No se califica un médico porque haya logrado descalificar a otro. No se convierten en eficaces sus tratamientos porque los vociferen, como no es garantía de eficacia el que algunos sean los más antiguos médicos de la familia. El paciente requiere el mejor tratamiento que sea posible combinar, así que lo indicado es contrastar los tratamientos que se propongan. Debe compararse lo que realmente curan y lo que realmente dañan, pues todo tratamiento tiene un costo. Es así como debe seleccionarse la terapéutica. Será preferible, por ejemplo, un tratamiento que incida sobre una causa patológica a uno que tan sólo modere un síntoma; será preferible un tratamiento que resuelva la crisis por mayor tiempo a uno que se limite a producir una mejora transitoria. Y por esto es importante la comparación rigurosa e implacable de los tratamientos que se proponen. Solamente así daremos al paciente su mejor oportunidad. Esta prescripción, este modo de seleccionar la terapéutica, con la que seguramente estaríamos de acuerdo si un familiar nuestro estuviese gravemente enfermo, debiera ser la misma que aplicásemos a los problemas de nuestra sociedad. Venezuela es el paciente. Es obvio que sus males no son pequeños. Ya casi se ha borrado de la memoria aquella época en la que nuestros medios de comunicación difundían una mayoría de buenas noticias, cuando en la psiquis nacional predominaba el optimismo y la sensación de progreso. La política se hace entonces exigible como un acto médico. En las condiciones actuales, en las que el sufrimiento es intenso y creciente, ya no basta que los tratamientos políticos sean lo que han venido siendo».
Lo que entonces estaba describiendo era una metamorfosis de la Política. Ya no es necesaria. Ahora basta actuar como un médico político, que sí se rige por las prescripciones enumeradas en el texto precedente.
El médico político tiene que vencer la resistencia de los políticos, y hasta la de los mismos ciudadanos, que se han acostumbrado a ciertas conductas como pertenecientes de modo natural a los políticos. Por esto les cuesta admitir que se requieren otras conductas y otros actores. En principio un médico político debiera conducirse con arreglo a lo que la Real Academia registra como política: «Cortesía y buen modo de portarse». Pero a veces la «urbanidad» política no es posible, menos aun cuando ha sido sustituida por una cultura de procacidad. En este caso los médicos políticos sufren la incomprensión porque se atreven a cantar verdades o señalar cosas «inconvenientes». Pero un aforismo de Yehezkel Dror opone: «Si quieres ser eficaz tus valores deberán ser transparentes; si lo que quieres es consenso será mejor que sean opacos». Y en esta disyuntiva los médicos políticos optan por la transparencia, pues no pueden darse el lujo de la ineficacia.
Por lo demás, Manuel Antonio Carreño, que en su Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres proscribía que los caballos penetrasen a las casas—acto del todo incivil y grosero—hacía la salvedad de que los médicos, en caso de emergencia, podían llevar sus caballerías hasta el comedor. Los médicos políticos son médicos… y estamos ante un caso de emergencia.
LEA
LEA #133
El circo local. Con las encuestas registrando alto nivel de aceptación (febrero 2005, 69% de apoyo a Chávez, 78% al gobierno), se rescribe la historia y el general Lucas Rincón es exonerado por el Fiscal General por razones de ineptitud situacional cuando anunció la renuncia presidencial el 12 de abril de 2002, en frase tanto histórica como ambigua: «Se le solicitó al Presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó». (¿La renuncia? ¿La solicitud?) «La propaganda del vencedor es la historia del vencido».
En otra de las pistas del circo se dicta condena de seis meses de prisión contra Patricia Poleo, por difamación de Jesse Chacón respecto de su actuación en la toma sangrienta de Venezolana de Televisión el 27 de noviembre de 1992. El remedio pudiera ser peor que la enfermedad, porque ahora la periodista anuncia que al concluir la causa (que apelará) ya puede dar a conocer públicamente detalles no conocidos sobre aquella aventura, pues las actas procesales quedarían liberadas del secreto sumarial.
Pero en la pista principal se escenifica la juramentación, en Fuerte Tiuna, de la polémica reserva militar, a la que se duplicará el emolumento por jornada diaria. (Dieciséis mil bolívares para cada reservista, para un total de 1 millón 600 mil bolívares por día. No suena como mucho, mientras no se computen los costos de los AK-47 y otras erogaciones asociadas).
La voz del dueño del circo no deja lugar a equívocos. Al destacar que cada componente de la Fuerza Armada contaba con sus propios cuerpos de reserva, explicó por qué habían sido creados en primer lugar: «El golpe fascista, imperialista de abril, motivó a la Fuerza Armada… Todo el alto mando militar y los comandantes de los componentes se pusieron a trabajar para darle vida y forma». Esto es, las reservas tendrían entre sus funciones específicas las de combatir golpes de Estado. A continuación declaró que tales cuerpos separados formarían ahora uno solo, bajo el mando directo del Comandante de la FAN, es decir, él mismo. Si llegare a necesitar de nuevo la aplicación de un Plan Ávila podría ordenarlo directamente.
Y además, cuando pedía toda colaboración hacia su segundo al mando, el general Julio Quintero Viloria, dijo que le había encomendado «la misión más difícil, compleja y de mayor trascendencia que general o almirante alguno haya recibido en 50 años de historia venezolana». O sea, capiti diminutio clarísima para la fuerza armada institucional. O sea, García Carneiro, tú presides sobre una organización cuya misión es de importancia secundaria.
¿Hay señales de inconformidad con esta disminución de los militares de carrera? Por los momentos el general Baduel, obsecuente, declara que la seguridad y defensa nacionales no son coto cerrado de los militares. Y para conectar la pista principal del circo con la primera reseñada, García Carneiro evade airado a los periodistas que preguntaban por la actuación de Lucas Rincón en la madrugada del 12 de abril con la salida de que se le ataca (a García Carneiro) con una «campaña mediática», olvidando que el tema ha sido puesto en el tapete, no por los comunicadores, sino por Isaías Rodríguez.
LEA
FS #41 – Democracia sin demócratas
LEA, por favor
Es del año 1986 que data la obra Dominación y Acuerdo. de Dolf Sternberger, que para algunos es uno de los fundadores de la «politicología» alemana y para otros un «crítico cultural» de grandes agudeza y penetración. Nacido en Wiesbaden el 28 de julio de 1907 y fallecido un día antes de su cumpleaños en Francfort del Meno en 1989, Sternberger alcanzó un merecido prestigio con su ya clásico libro Fundamento y Abismo del Poder.
Dominación y Acuerdo, del que ha sido extraída la Ficha Semanal #40 de doctorpolítico, es en verdad una colección de ensayos independientes en torno a la oposición entre el acuerdo puro de hombres libres, «sin participación o intervención de dominación alguna», y la dominación extrema ejemplificada en el Leviatán de Hobbes. En el prólogo escribe acerca de esta última: «En esta figura del Estado, toda personalidad es eliminada, la pluralidad y variedad de los sujetos que—como lo quiere la teoría, como una especie de leyenda racional—se han unido en el Estado, se presentan sólo como una sinuosidad o como una única excrecencia monstruosa y ella es la que ejerce el poder total, sin competencia».
La ficha como tal, bastante más extensa que lo que lo han sido las precedentes de esta serie, contiene íntegramente el ensayo-capítulo Las elecciones como acto de gobierno ciudadano. La decisión de citarla en su totalidad obedece a la convicción de que el razonamiento de Sternberger es plenamente pertinente al caso venezolano, por lo que hubiera sido una mengua mutilarlo. El texto se centra sobre el momento crucial del ascenso al poder de Adolfo Hitler en 1933, a raíz de resultados electorales limpios que significarían el fin de la República de Weimar, el ensayo constitucional emprendido por Alemania al desmoronarse la dominación de la dinastía Hohenzollern con el desenlace de la Primera Guerra Mundial.
Hay cosas, sostiene el autor, que no pueden ser enajenadas. Algún obrero desprevenido pudiera firmar para una empresa voraz una constancia de que renuncia a sus derechos laborales especificados por ley. Un documento tal no tendría validez, porque tales derechos son irrenunciables. Así tampoco es transferible al Estado la condición originaria e individual de ciudadano, por lo que cualquier república fundada en esta alienación cívica carecerá de legitimidad.
Es un ensayo magnífico y claro, uno de los mejores en un libro que escogió como epígrafe un verso de la Escena Tercera de la Antígona de Sófocles, el que dice simplemente así: «Un Estado no es algo que sea propiedad de un solo hombre».
Algo larga, pues, esta ficha de hoy, pero sin desperdicio alguno. LEA
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Democracia sin demócratas
«Todo poder político emana del pueblo», se dice en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania en su artículo 20. ¿Quién es el pueblo?
Difícilmente haya un concepto más ambiguo en el mundo conceptual político que el de pueblo; difícilmente exista una palabra que despierte asociaciones o recuerdos más diferentes, más opuestos, que haya encendido al mismo tiempo más entusiasmo y más desprecio, que haya provocado tanta polémica.¿Qué es lo que nos resuena cuando se pronuncia esta palabra?: el populus en la orgullosa fórmula Senatus Populusque Romanus, al mismo tiempo la plebs, como la clase más baja de este populus, hasta la masa común, el vulgus, que despertaba el desprecio y hasta el odio estético-aristocrático en el famoso verso de Horacio odi profanum vulgus et arceo y de tantos sucesores de iguales o similares convicciones, también entre los poetas, hasta nuestro tiempo. De populus, de la palabra, deriva no sólo etimológicamente el people inglés con su característico, inimitable, incomparable doble significado plural-singular: «el pueblo», pero también «la gente»; es uno, pero no sólo uno sino también una pluralidad, un conjunto de personas, una multitudo, como se decía en el lenguaje medieval. Y deriva también el peuple francés, le peuple. Y cuando suena esta transformación en un idioma nacional, nos invade el recuerdo del pueblo de la Revolución Francesa, el pueblo de París asaltando La Bastilla, liberando presos y acompañando después los carros del verdugo, le peuple, la plebe. Y se nos vienen a la mente significados tan cambiantes como los que están encerrados en la palabra «comunidad popular». Idílico a primera vista, la imagen de un ente que siente que por naturaleza es una unidad, cantando canciones «populares», bailando danzas «populares», usando trajes «populares», pero que luego muestra otro rostro, una caricatura fea, organizando, formándose en columnas y pisoteando con botas aquello que es excluido de esta desvanecida y autoidolotrada comunidad natural, minorías creadas por la arbitrariedad de la ira y destrozadas por encontrarse fuera de la «comunidad popular».
Tantos rostros y todavía muchos más tiene el pueblo; tan sólo he sugerido significados y relaciones específicamente políticos; tantos tonos y disonancias, imágenes, procedimientos, juicios, resuenan cuando se pronuncia la palabra «pueblo»; todo un coro confuso de voces, talantes, corrientes, opiniones, actos, dignos e indignos, confiados y escépticos, nobles y vulgares.
¿Quién es el pueblo? ¿Quién es este pueblo, del que, según la frase de la Constitución, debe emanar todo poder político? Ciertamente no es el pueblo natural, pre-estatal, de la comunidad popular; ciertamente no es la plebe y el conjunto más bajo de la población, no es el pueblo biológico, pero tampoco, o sólo marginalmente, el pueblo histórico, el pueblo alemán, no es la muchedumbre y tampoco la nación, sino el pueblo constitucional que, por así decirlo, sólo y justamente entra en existencia cuando es llamado por su nombre por la Constitución o por la en ella articulada fundación del Estado. Es el pueblo de los ciudadanos, de los ciudadanos presentes y futuros, reales y posibles de este Estado. Los comentarios de la Ley Fundamental coinciden con esta interpretación de la frase y las palabras del artículo 20. Mangoldt habla de la «totalidad de los ciudadanos», algo que, naturalmente, es o se ha convertido en una expresión desagradable que preferimos evitar. Lo más correcto sería, si todavía hablásemos en latín, dar nueva vida a la fórmula medieval de la universitas civium, de la universalidad de los ciudadanos. Este es el pueblo de la Ley Fundamental. Y, al expresar y formular tal definición, se vuelve al mismo tiempo claro que la llamada declaración de la soberanía popular posee, en verdad, no sólo un poder declarativo sino, al mismo tiempo, postulativo y un contenido postulativo, que aquí no sólo se refuerza una doctrina, sino que se plantea una exigencia, se formula una invitación: ¡Conviértete en ciudadano! La invitación de ser o convertirse en ciudadano, civis, polites, y, en tanto tal, participar en la conformación del Estado, es decir, cogobernar.
¿Quién es el pueblo? La respuesta reza pues: la totalidad de los ciudadanos del Estado. Y cuando se dice que todo poder político emana del pueblo se infiere de aquí que el Estado se derrumbaría y sucumbiría si el pueblo dejara de ser la totalidad de los ciudadanos, si el pueblo ya no estuviera formado por ciudadanos o si estos ciudadanos renunciaran a su sentido ciudadano, a su cualidad ciudadana, más aun: a su cargo ciudadano, a su cargo político ciudadano. Quien no quiere que el Estado se conserve, se dice en un bello pasaje del Defensor Pacis de Marsilio de Padua, «se cuenta entre los esclavos, no entre los ciudadanos». Y en este sentido, Marsilio cita también la Política de Aristóteles: «La parte de la ciudadanía que desea que se conserve el Estado tiene que ser más fuerte que la que no lo desea». Esto suena muy simple y elemental, y lo es también, pero no por ello es y ha sido evidente en todo momento y tampoco, sobre todo, fácil de realizar. De la República de Weimar se ha dicho que fue una república sin republicanos, una democracia sin demócratas. Al final—para usar las palabras de Marsilio o Aristóteles—la parte de la ciudadanía que quería conservar el Estado—y esto significa: que lo quería realmente—no era justamente la parte más fuerte sino la más débil y, por ello, verdaderamente sucumbió este Estado. Y al final, si no una mayoría numérica, sí una muy considerable minoría numérica del pueblo, es decir, del pueblo constitucional de la República de Weimar, se desprendió de su propia calidad ciudadana, de su cargo ciudadano y, con ello, de su poder político.
Este ejemplo admonitorio y terrible debe ser considerado con algún detalle, a fin de reforzar indirectamente el exacto sentido político del pueblo. En las elecciones para el Reichstag de marzo de 1933, el partido de Hitler logró el 43,1% de los votos, en aquellas elecciones que fueron las últimas relativamente libres—libres en un sentido limitado—que registra la historia. Y, por eso, una serie de autores, entre ellos también extranjeros como, por ejemplo, Allan Bullock, han señalado como un hecho notable, a remarkable fact, y esto significa a la vez un hecho que descarga al pueblo alemán que—no obstante todo el despliegue de seducciones y amenazas, de propaganda y terror—no le dio a Hitler la mayoría a la que había aspirado. Es más bien un asunto de ponderación el que uno quiera entregarse más a la satisfacción que estas cifras pueden procurarnos, en la medida en que se mantuvieron por debajo de la marca del 50%, o el que uno ceda a la amarga pesadumbre que estas mismas cifras provocan en nosotros, en la medida en que valen para más de los dos quintos y no mucho menos de la mitad de los electores alemanes vivientes. Al final, es una cuestión de decisión personal—también del tipo y grado de la participación personal—el que uno quiera considerar aquella raya designada en la escala con la cifra 50% como un criterio decisivo o como un dato casual y una asignación arbitraria.
Desde luego, para Hitler era una necesidad y una ambición calentar el agua del movimiento de votos de forma tal que hirviera y rebasara esa marca. Pero, esto no debe confundirnos. Su fantasía de un voto de confianza del pueblo mayoritariamente plebiscitario no se realizó; en todo caso, mientras existió la competencia electoral y mientras el secreto del voto estuvo, de alguna manera, garantizado. Pero, ¿qué hubiera sido diferente si en las elecciones del Reichstag del 5 de marzo de 1933 los nacionalsocialistas hubieran obtenido no el 43% sino, digamos, el 53% o el 63% de los votos? ¿Qué es lo que hubiera sido diferente por lo que respecta a la legitimidad de la dominación de Hitler? Posiblemente él mismo hubiera reinterpretado—en el sentido de la carta abierta que le escribiera a Brüning en 1931—un tal resultado electoral como fundamento directo de su poder gubernamental y como la fuente finalmente abierta de su nueva legitimidad plebiscitaria; un tal resultado le hubiera, por ello, colocado en la situación de poder prescindir cómodamente del Reichstag y del presidente del Reichstag. Presumiblemente, a partir de la mayoría de los votos, hubiera justificado, con un giro de mano, la totalidad del ejercicio del poder. La carta a Brüning de diciembre de 1931 permite ver claramente el contexto:
Ud. se niega, como «hombre de Estado’» a admitir que si llegamos al poder por vías legales, podemos entonces quebrar la legalidad. Señor Canciller del Reich: la tesis fundamental de la democracia reza: todo poder emana del pueblo. La Constitución determina de qué manera una concepción, una idea y, por lo tanto, una organización, tiene que obtener del pueblo la autorización para la realización de sus objetivos. Pero, en última instancia, es el pueblo el que decide sobre la Constitución. Señor Canciller del Reich: una vez que el pueblo alemán haya autorizado al movimiento nacionalsocialista a introducir una Constitución totalmente distinta a la que hoy tenemos, Ud. no podrá impedirlo.
Aquí se aclara pues, por así decirlo, en un giro de parodia y revestimiento democráticos, la concepción del poder constituyente originario del pueblo, es decir, de la soberanía del pueblo en sí por encima de la Constitución. Así pues, en este sentido habría interpretado Hitler un mandato tal si en las elecciones del 5 de marzo de 1933 hubiese obtenido una mayoría absoluta. Y pregunto una vez más: ¿cuál hubiera sido la diferencia si este caso se hubiese producido? En verdad, tampoco una mayoría absoluta de votos hubiera podido modificar en nada la ilegitimidad objetiva del régimen de Hitler. Y aquí no queremos en absoluto insistir en la diferencia de que una elección de candidatos para el Reichstag no puede ni debe por su naturaleza ser un plebiscito o que, con otras palabras, el 5 de marzo de 1933 no había que decidir la cuestión de una reforma de la Constitución, sino de la asignación de bancas en el parlamento. En principio, naturalmente, lo que se discutía era un cambio de Constitución, la eliminación del orden constitucional vigente, y esta cuestión se presentaba al electorado de ese día sólo bajo el disfraz de una elección para el Reichstag. Y, por ello, puede decirse en descargo de los electores que no todos lograron reconocer la verdadera cuestión bajo este disfraz. Pero para poner en duda el efecto legitimante de un voto mayoritario no parto de razones tan finas sino de una razón mucho más drástica y burda. Ni con el 40% ni con el 50% o el 60% de los votos, ni sobre la base de una mayoría o de una minoría, desde luego apreciable, Hitler no podía nunca legitimar su combinado golpe de Estado (para usar una expresión de Hermann Rauschning) o su usurpación disfrazada con el número de los votos; y ello no podía hacerlo porque ni siquiera la mayoría absoluta de quienes lo apoyaban hubiera estado en condiciones de ocultar o acallar la falla fundamental que afectaba este tipo de aprobación. Podía, por cierto, expresar una confianza, pero nunca podía ser interpretada como una delegación y ésta es una distinción decisiva. Una elección libre, si es que en ella ha de haber una fuerza justificante, que fundamente un órgano, no puede representar sólo aprobación, tampoco sólo confianza, sino también delegación o entrega, trust, tiene que esperar delegación y ser garantizada como tal.
Delegación es algo diferente a autorización. Delegación no es autorización para todo y para cada cosa que se le pueda ocurrir al candidato o al gobernante. El acto de delegación presupone la identidad del cargo que ha de ser ocupado y que es delegado justamente al elegido. Pero, lo que es más importante aun, el acto de la delegación, si es que ha de legitimar al gobernante, presupone que, después de un cierto plazo, el mandato puede ser revocado. Delegar no es enajenar. El principio de legitimidad de las elecciones libres no puede ser tampoco confundido o mezclado con el principio religioso de la fe incondicionada en el sentido de la frase: «¡Arrojad vuestras preocupaciones sobre Él, Él las aliviará!» En la medida en que no exista una garantía de que el poder habrá de volver a quienes, a través de su acto electoral, después de una decisión libre lo han delegado en un candidato para el gobierno, la elección no puede conferir legitimidad al ejercicio de su función. La identidad del cargo y el carácter de la delegación o de la plenipotencia: ambos rasgos esenciales son propios del libre acto electoral en la medida en que este acto electoral libre no es tan sólo una técnica de designación, sino que ha de ser un fundamento efectivo de la legitimidad. Esto es evidente y manifiesto y es también tenido en cuenta cada vez que se exigen elecciones libres como fundamento de legitimidad y se lo pretende honestamente. Y en estos dos elementos del acto electoral tenemos en mira, por así decirlo, el mínimo de contenido constitucional que le es inherente. Cuando faltan estos dos elementos, la identidad del cargo y el carácter de encomienda temporalmente limitada, falta la legitimidad, por más cuidadosamente que puedan respetarse legalmente las prescripciones procedimentales del respectivo sistema constitucional. Hitler no dio ni una garantía de conservar el cargo de canciller en sus límites y competencias, ni tampoco dejó abierta la perspectiva de que habría de devolver su mandato una vez cumplido el plazo debido. Por el contrario, no dejó ninguna duda de que habría de ampliar su cargo en un sentido autoritario y que, en caso de conseguirlo, conservaría también su poder. Su lucha contra el «sistema» estaba totalmente guiada por este tono y, en esta medida, no engañó por cierto al pueblo alemán o a la considerable muchedumbre de sus partidarios y electores. Quienes lo seguían y aprobaban estaban o bien poseídos del deseo de conferirle una dominación temporalmente ilimitada y de participar en ella ellos mismos o no les importaba si esta autorización, si esta plenipotencia, alguna vez habría de volver a quienes la habían otorgado.
Así pues, con ojos videntes o ciegos, todos los que le dieron su voto a él y a su partido sacrificaron, en realidad, su derecho electoral en el mismo momento en que lo ejercieron. Los electores de Hitler eliminaron, al elegirlo, no sólo el texto y el sentido de la Constitución de Weimar—esto no sería lo peor—sino que renunciaron a su calidad de ciudadanos, y esto es lo que importa, de acuerdo con nuestra definición del concepto de pueblo constitucional. Renunciaron a su calidad de ciudadanos, se autoeliminaron como sujetos políticos. Su voto no estaba destinado a encomendarle a Hitler el cargo dirigente sino a dejar el Estado en sus manos. Tan sólo actuaron como electores, se disfrazaron de electores, pero no lo fueron.
Dolf Sternberger
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CS #132 – Agua regia
Hace tres días cupo en cierta discusión (a raíz de una disertación sobre política nacional) que repitiese una vez más una de mis reiteradas cantilenas: que lo más básico y central a la dominación del actual Presidente de la República es su concepción general del mundo. (Su Weltanschauung para emplear el muy preciso y a la vez extenso y a la vez significativo término alemán).
Hugo Chávez tiene respuesta para todo. No hay cosa que se le pregunte para la que no tenga una explicación. A veces ofrece explicaciones acertadas, a veces sólo aparentemente acertadas, pero lo que no sabe es decir «no sé», por lo menos públicamente. (En este sentido no es un «buen aprendedor». En «La enseñanza como una actividad subversiva» Charles Postman y Neil Weingartner anotaban entre los rasgos de un buen aprendedor—cuya obtención debía ser en su criterio el objetivo real de toda educación—la falta de vergüenza para decir «no sé» o «no entiendo», y una natural propensión a preguntar para obtener información. A Chávez se le podría aplicar la famosa caracterización de Carlos Andrés Pérez que hiciera Gonzalo Barrios: «Le hace falta un poquito de ignorancia»). Lo cierto es que la suma final de sus interpretaciones compone un equipaje conceptual que cuenta una particular historia y describe una realidad social desde un peculiar punto de vista. El agregado mismo es, por otra parte, de naturaleza cambiante. Ahora que Rodríguez Zapatero gobierna en España y ha venido a visitarle (y venderle) ya no menciona los «quinientos años de genocidio» practicado, según él, por los españoles en América, pero hasta hace nada ésa era su prédica. (Así como para los norteamericanos, y para el mundo en general, los ataques de al Quaeda en septiembre de 2001 afearon irreversiblemente el inicio del tercer milenio, la asonada de Chávez, Arias Cárdenas y demás colegas golpistas en 1992 aguó nuestra celebración del quinto centenario del Descubrimiento).
El verdadero problema, sin embargo, son las acciones que se derivan de ese discurso. Por ejemplo, la demolición de la estatua de Cristóbal Colón en Los Caobos a raíz de sus renovados denuestos hacia la época colonial de nuestra historia. Porque es que el problema es que Chávez vende con gran eficacia su concepción general de las cosas, y sirve para que sus más fieles seguidores «tomen línea» y para que sus meros simpatizantes puedan explicarse a sí mismos las actuaciones del líder y así racionalizar su apoyo. Esto es algo crucial, pues sus acciones y su política se derivan, con no pocas lógica y consistencia, de las premisas que componen su concepto del mundo. No es ahora, por ejemplo, cuando ha inventado su oposición a lo que Washington diga. No es porque George W. Bush sea ahora el Presidente de los Estados Unidos que busca llevar la contraria a la política norteamericana. Ya en el año 2000, mientras William Clinton aún presidía la potencia norteña, Chávez convirtió en punto de honor hacer una visita a Saddam Hussein—justificada porque su viaje a Irak formaba parte de un tour por países de la OPEP—y logró uno de sus primeros objetivos de notoriedad internacional a partir de una «malacrianza». (Debió ingresar a Irak por vía terrestre, en vista de la cuarentena de vuelos hacia ese país que entonces pesaba sobre el régimen iraquí).
Sería, por tanto, un error, una banalización, una subestimación de Chávez, creer que porque su arsenal ideológico parece fagocitar cualquier ítem que convenga a su arquitectura de izquierda—anticapitalista, antiimperialista (a menos que el imperio sea socialista)—y por tal razón es tenido por inorgánico y «menestrónico», no debe tomársele demasiado en serio, ya que la afirmación de hoy será inconsistentemente contradicha mañana.
Tomemos por caso su línea antinorteamericana. ¿Se explica la misma por un dato fechado, por ejemplo por su convicción de que los Estados Unidos participaron en el golpe de Estado de abril de 2001? No. No es éste el caso. Ya el año anterior, con ocasión de la «Cumbre del Milenio» en las Naciones Unidas, Chávez concertó una muy publicitada reunión tripartita con Fidel Castro y Vladimir Putin, a quien justamente procuraba acercarse a través de Cuba. Poco antes de ese encuentro neoyorquino Cuba había remitido a Rusia invitación para visitar la isla (inscrita en un nuevo acercamiento de ambos países) y Venezuela, por su parte, había hecho lo mismo para que el gobierno ruso asistiera como observador a la cumbre de jefes de Estado de la OPEP que se celebraría en Caracas poco después. Lo de los fusiles Kalashnikov, por ende, ha sido un plato de cocción lenta. El seis de septiembre de 2000 el suscrito hacía, junto con un antiguo socio, una presentación a la Junta Directiva de British Petroleum en Venezuela, y podía ya describir las líneas maestras de la política exterior del nuevo gobierno venezolano en los siguientes términos: 1. resistencia al predominio norteamericano; 2. denuncia del capitalismo; 3. bienvenida a los revolucionarios; 4. unión política sudamericana.
Ese mismo año 2000 el diario El Mundo de España entrevistaba a Chávez. Son características de esa época tres de sus respuestas (resbaladizas, sinuosas, pero al mismo tiempo claras):
Le acusan de no tener programa económico.
¿Es que el neoliberalismo es el modelo económico más adecuado para Latinoamérica? Es el camino más directo hacia el abismo. No debemos permitir nunca más que unos cuantos centros de poder nos impongan sus recetas. Tenemos que construir, por el contrario, un modelo económico adaptado a nuestros recursos y capacidades. Y eso es lo que haremos, una vez que ganemos las elecciones. (Se refería a las elecciones que ganaría ante Arias Cárdenas).
Presidente, ¿es usted comunista?
No tengo nada de comunista, pero respeto el comunismo, porque los comunistas no son esos diablos que siempre nos han dicho que eran. Son gente que quiere la justicia social, como yo. Diablos pueden ser, en cambio, los pilotos temerosos de Dios que bombardearon a los niños del Vietnam o los que arrojaron la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki.
¿Es, entonces, antiamericano?
El presidente Bill Clinton me telefoneó recientemente para discutir sobre el precio del petróleo que, a su juicio, está demasiado caro. ¿Sabe qué le contesté? Pues que está bien discutir del crudo, pero por qué no hablar también de la deuda externa de los países pobres. ¿Esto es ser antiamericano?
La concepción general del mundo, de la sociedad y de la historia que Chávez sustenta, por consiguiente, es en realidad de muy estable consistencia. Sus boutades son realmente predecibles. Es a una conciencia «normal» a la que parecen inconsistentes. Hace no mucho se comentaba acá una ocurrencia suya no tan lejana, que parece desprovista de lógica. A una persona que emplea con gran prodigalidad el epíteto de «golpista» o «golpistas» debiera estarle lógicamente prohibido que sostenga que los conjurados del 4 de febrero de 1992 no son golpistas. Pero es que en su código particular puede establecerse la distinción salvadora: ellos no eran golpistas, sino «revolucionarios». Y la revolución, por supuesto, está por encima de cualquier cosa y es capaz de disolver, como el agua regia, cualquier cosa que suene a contradicción.
Para volver al principio. Comentaba hace poco que la Weltanschauung de Hugo Chávez es un asunto fundamental a su dominación, como lo revela el tiempo que dedica a su explicación, y que mientras no hubiera discursos e interpretaciones alternas, que pudieran sustituir con ventaja, convincentemente, las interpretaciones que él incesantemente remacha sobre la conciencia de los ciudadanos, no habría modo de superar la época chavista. Entonces se me dijo que eso no era verdad porque «el 90% de los venezolanos» no estaba interesado en tal asunto. La inmensa mayoría de nuestros connacionales no estaría pendiente de otra cosa que no fueran sus necesidades más elementales. Mientras se les llenara la barriga no estarían atentos a más nada.
Creo que esta despreciativa lectura es un gravísimo y reiterado error de una cierta élite que se cree superior a sus conciudadanos, así como un irrespeto de gran injusticia que además conduce a la ineficacia, puesto que ese desprecio es inocultable. En otra ocasión escribí en esta carta semanal lo siguiente:
«Depende, por tanto, de la opinión que el líder tenga del grupo que aspira a conducir, el desempeño final de éste. Si el liderazgo venezolano continúa desconfiando del pueblo venezolano, si le desprecia, si le cree holgazán y elemental, no obtendrá otra cosa que respuestas pobres congruentes con esa despreciativa imagen. Si, por lo contrario, confía en él, si procura que tenga cada vez más oportunidades de ejercitar su inteligencia, si le reta con grandes cosas, grandes cosas serán posibles».
LEA
LEA #132
Hasta donde recuerdo, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) financia preferentemente la investigación nacional en cabeza de investigadores específicos, en lugar de financiar globalmente a los centros de investigación. Hay programas, por supuesto, para el fortalecimiento de los centros, pero el financiamiento típico va—o iba—al investigador responsable de un determinado proyecto de investigación.
Un investigador responsable, probablemente líder de un equipo de varios investigadores, presentaba la solicitud al CONICIT (a una Comisión Técnica de su especialidad) en un formulario S-1, en el que especificaba los objetivos y la estrategia técnico-metodológica del proyecto, el tiempo estimado para la investigación, los miembros del equipo investigador, los materiales, instrumentos y equipos que requeriría, etc. Y tenía que certificar, además, su propio prestigio como investigador, su comprobada idoneidad. Así, debía enumerar los artículos que le habían sido publicados en revistas científicas (mientras más prestigiosas mejor), las conferencias o congresos a los que había asistido y en los que había expuesto algún trabajo y cualquier otro indicador a este respecto. La trayectoria del o de los investigadores era, sin duda, un importante factor de decisión para la comisión que examinaría la solicitud de fondos y recomendaría a favor o en contra de la adjudicación de los mismos.
Si éste fuese el único canal para el apoyo a la investigación, sin embargo, esa reglamentación hubiera eliminado toda posibilidad de financiar a investigadores noveles, recién salidos del cascarón académico, puesto que en este caso nadie podría mostrar que había publicado artículos en Annalen der Physik o en The New England Journal of Medicine, ni tampoco que había participado como ponente en una Conferencia Solvay. Un investigador novato, por más que sus profesores lo tuviesen por genio, no podría obtener bolívares del CONICIT. Nadie lo habría citado jamás, y por tanto su nombre no aparecería en el Science Citation Index.
Pero el CONICIT tuvo la sabiduría de concebir un programa especial para manejar este problema, por el que la regla de la trayectoria demostrada se suspendía, haciendo posible que los investigadores jóvenes tuvieran acceso al financiamiento de sus primeros proyectos. El Estado venezolano había encontrado la manera de auspiciar los primeros pasos de un futuro investigador.
Este problema se presenta en política, y es más agudo ahora, cuando por definición el país requiere caras nuevas en esa actividad, dado que los políticos convencionales se han revelado como ineficaces. Es decir, las nuevas vocaciones políticas tendrán mucha dificultad en obtener los recursos que les permitan presentarse a los Electores, dar a conocer sus personas y sus ideas, probar que pueden generar resonancia y apoyo.
En un proyecto para una nueva asociación política de febrero de 1985, por tal razón, se preveía un mecanismo similar al instituido por el CONICIT, y así estipulaba una parte de la cláusula sobre «Operaciones Electorales» de su acta constitutiva: «En complemento de lo antedicho, la Asociación contará con los mecanismos por los cuales sea posible promover en los Electores el conocimiento de nuevos e idóneos actores públicos».
Lo «antedicho» consistía en las siguientes estipulaciones:
«La Asociación en ningún caso postulará a persona alguna para cargos públicos electivos, pero podrá apoyar técnica y financieramente la postulación de miembros suyos a tales cargos siempre y cuando los miembros en cuestión soliciten ese apoyo luego de que hayan obtenido la postulación de un Grupo de Electores. Esta condición deberá expresarse en un número de Electores superior al que determinen las leyes electorales venezolanas como definición de un Grupo de Electores, según reglamentación que la Asociación elaborará al respecto. Igualmente, los miembros que aspiren al apoyo de la Asociación deberán haber completado un programa de formación análogo al descrito en la cláusula de operaciones estatutarias para autoridades y funcionarios de la Asociación.
Finalmente, quienes aspiren al apoyo de la Asociación en su postulación para cargos públicos, deberán someter sus programas o plataformas a la consideración y evaluación de una comisión técnica provista por la Asociación según reglamentación que ella elaborará al respecto».
Ahí queda eso, para la consideración de los asignadores de recursos, financieros o de otra índole, a quienes quieran lanzarse a la actividad política. Ahora vienen varias instancias electorales.
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FS #40 – Padre nuestro que estás en los cielos
LEA, por favor
Para escoger al sucesor de Juan Pablo II en la Sede de San Pedro, 117 cardenales (12 menos que la cantidad de países visitados por el gran Papa) se reunirán para expresar la iluminación del Espíritu Santo. A lo mejor quien venga a ocupar su lugar será también un grande Pontífice, pero es difícil imaginar que pueda equiparar su reinado al del gigante polaco que acaba de fallecer en Roma.
De la pluma del Santo Padre, por otra parte, manó una incesante enseñanza pertinente a casi cualquier asunto de fe y de costumbres, a cualquier problema y actividad humanas. (Varios libros, innumerables discursos y homilías, catorce encíclicas). No es por consiguiente fácil decidirse por un texto para construir esta Ficha #40 de doctorpolítico. La ayuda especial de un especial amigo, amigo asimismo de Juan Pablo II, que compartió su mesa más de una vez, y que siempre me prohíbe su identificación, facilitó la escogencia. Es así como pude decidir componerla con la reproducción de dos secciones de la encíclica Sollicitudo rei socialis, del 30 de diciembre de 1987, escrita y publicada en conmemoración de la predecesora Populorum progressio, de Paulo VI, quien sería sucedido por Juan Pablo I. A la muerte de éste, de fugaz reinado, la escogencia de Karol Wojtyla del nombre con el que todo el mundo le conoció ya fue una señal de humildad, que repetía lavando pies en Semana Santa o besando el suelo de cada país al que arribara. Un Papa firme, pero jamás prepotente.
El innominado amigo me sugirió revisar también el discurso que Juan Pablo II pronunciara en París, el 2 de junio de 1980, ante la UNESCO. Allí aboga por una fuerte defensa de la diversidad cultural de los pueblos de un modo característico en él, claro y enérgico a la vez. Refiriéndose a la «soberanía fundamental que posee cada nación en virtud de su propia cultura», el «Atleta de Dios» exhortaba a los funcionarios de la agencia de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura: «Protéjanla como la pupila de sus ojos para el futuro de la gran familia humana. ¡Protéjanla! No permitan que esta soberanía fundamental devenga en presa de algún interés político o económico. No permitan que se haga víctima de los totalitarismos, de los imperialismos o de las hegemonías, para las cuales el hombre ya no cuenta sino como objeto de dominación y no como sujeto de su propia existencia humana».
En línea con las enseñanzas sociales de la Iglesia de Roma, iniciadas en la iluminación del problema social moderno desde Rerum novarum de León XIII y continuadas con Quadragesimo anno de Pío XI, Mater et magistra de Juan XXIII y Populorum progressio de Paulo VI, Juan Pablo II denunciaba con igual entereza las aberraciones extremas del marxismo y el capitalismo. Así escribió en Laborem exercens (1981):
«Así pues, en el conjunto de este difícil proceso histórico, desde el principio está el problema de la propiedad. La Encíclica Rerum Novarum, que tiene como tema la cuestión social, pone el acento también sobre este problema, recordando y confirmando la doctrina de la Iglesia sobre la propiedad, sobre el derecho a la propiedad privada, incluso cuando se trata de los medios de producción. Lo mismo ha hecho la Encíclica Mater et Magistra.
El citado principio, tal y como se recordó entonces y como todavía es enseñado por la Iglesia, se aparta radicalmente del programa del colectivismo, proclamado por el marxismo y realizado en diversos Países del mundo en los decenios siguientes a la época de la Encíclica de León XIII. Tal principio se diferencia al mismo tiempo, del programa del capitalismo, practicado por el liberalismo y por los sistemas políticos, que se refieren a él. En este segundo caso, la diferencia consiste en el modo de entender el derecho mismo de propiedad. La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación: el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes».
Es un mensaje inequívoco, cuyo recuerdo tiende a desdibujarse en estos tiempos maniqueos de política en blanco y negro.
LEA
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Padre muerto que estás en los cielos
14. La primera constatación negativa que se debe hacer es la persistencia y a veces el alargamiento del abismo entre las áreas del llamado Norte desarrollado y la del Sur en vías de desarrollo. Esta terminología geográfica es sólo indicativa, pues no se puede ignorar que las fronteras de la riqueza y de la pobreza atraviesan en su interior las mismas sociedades tanto desarrolladas como en vías de desarrollo. Pues, al igual que existen desigualdades sociales hasta llegar a los niveles de miseria en los países ricos, también, de forma paralela, en los países menos desarrollados se ven a menudo manifestaciones de egoísmo y ostentación desconcertantes y escandalosas.
A la abundancia de bienes y servicios disponibles en algunas partes del mundo, sobre todo en el Norte desarrollado, corresponde en el Sur un inadmisible retraso y es precisamente en esta zona geopolítica donde vive la mayor parte de la humanidad.
Al mirar la gama de los diversos sectores de producción y distribución de alimentos, higiene, salud y vivienda, disponibilidad de agua potable, condiciones de trabajo, en especial el femenino, duración de la vida y otros indicadores económicos y sociales, el cuadro general resulta desolador, bien considerándolo en sí mismo, bien en relación a los datos correspondientes de los países más desarrollados del mundo. La palabra «abismo» vuelve a los labios espontáneamente.
Tal vez no es éste el vocablo adecuado para indicar la verdadera realidad, ya que puede dar la impresión de un fenómeno estacionario. Sin embargo, no es así. En el camino de los países desarrollados y en vías de desarrollo se ha verificado a lo largo de estos años una velocidad diversa de aceleración, que impulsa a aumentar las distancias. Así los países en vías de desarrollo, especialmente los más pobres, se encuentran en una situación de gravísimo retraso. A lo dicho hay que añadir todavía las diferencias de cultura y de los sistemas de valores entre los distintos grupos de población, que no coinciden siempre con el grado de desarrollo económico, sino que contribuyen a crear distancias. Son estos los elementos y los aspectos que hacen mucho más compleja la cuestión social, debido a que ha asumido una dimensión mundial.
Al observar las diversas partes del mundo separadas por la distancia creciente de este abismo, al advertir que cada una de ellas parece seguir una determinada ruta, con sus realizaciones, se comprende por qué en el lenguaje corriente se hable de mundos distintos dentro de nuestro único mundo: Primer Mundo, Segundo Mundo, Tercer Mundo y, alguna vez, Cuarto Mundo. Estas expresiones, que no pretenden obviamente clasificar de manera satisfactoria a todos los Países, son muy significativas. Son el signo de una percepción difundida de que la unidad del mundo, en otras palabras, la unidad del género humano, está seriamente comprometida. Esta terminología, por encima de su valor más o menos objetivo, esconde sin lugar a duda un contenido moral, frente al cual la Iglesia, que es «sacramento o signo e instrumento… de la unidad de todo el género humano», no puede permanecer indiferente.
15. El cuadro trazado precedentemente sería sin embargo incompleto, si a los «indicadores económicos y sociales» del subdesarrollo no se añadieran otros igualmente negativos, más preocupantes todavía, comenzando por el plano cultural. Estos son: el analfabetismo, la dificultad o imposibilidad de acceder a los niveles superiores de instrucción, la incapacidad de participar en la construcción de la propia Nación, las diversas formas de explotación y de opresión económica, social, política y también religiosa de la persona humana y de sus derechos, las discriminaciones de todo tipo, de modo especial la más odiosa basada en la diferencia racial. Si alguna de estas plagas se halla en algunas zonas del Norte más desarrollado, sin lugar a duda éstas son más frecuentes, más duraderas y más difíciles de extirpar en los países en vías de desarrollo y menos avanzados.
Es menester indicar que en el mundo actual, entre otros derechos, es reprimido a menudo el derecho de iniciativa económica. No obstante eso, se trata de un derecho importante no sólo para el individuo en particular, sino además para el bien común. La experiencia nos demuestra que la negación de tal derecho o su limitación en nombre de una pretendida «igualdad» de todos en la sociedad, reduce o, sin más, destruye de hecho el espíritu de iniciativa, es decir, la subjetividad creativa del ciudadano. En consecuencia, surge, de este modo, no sólo una verdadera igualdad, sino una «nivelación descendente». En lugar de la iniciativa creadora nace la pasividad, la dependencia y la sumisión al aparato burocrático que, como único órgano que «dispone» y «decide» —aunque no sea «Poseedor»— de la totalidad de los bienes y medios de producción, pone a todos en una posición de dependencia casi absoluta, similar a la tradicional dependencia del obrero-proletario en el sistema capitalista. Esto provoca un sentido de frustración o desesperación y predispone a la despreocupación de la vida nacional, empujando a muchos a la emigración y favoreciendo, a la vez, una forma de emigración «psicológica».
Una situación semejante tiene sus consecuencias también desde el punto de vista de los «derechos de cada Nación». En efecto, acontece a menudo que una Nación es privada de su subjetividad, o sea, de la «soberanía» que le compete, en el significado económico así como en el político-social y en cierto modo en el cultural, ya que en una comunidad nacional todas estas dimensiones de la vida están unidas entre sí.
Es necesario recalcar, además, que ningún grupo social, por ejemplo un partido, tiene derecho a usurpar el papel de único guía porque ello supone la destrucción de la verdadera subjetividad de la sociedad y de las personas-ciudadanos, como ocurre en todo totalitarismo. En esta situación el hombre y el pueblo se convierten en «objeto», no obstante todas las declaraciones contrarias y las promesas verbales. Llegados a este punto conviene añadir que el mundo actual se dan otras muchas formas de pobreza. En efecto, ciertas carencias o privaciones merecen tal vez este nombre. La negación o limitación de los derechos humanos —como, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a participar en la construcción de la sociedad, la libertad de asociación o de formar sindicatos o de tomar iniciativas en materia económica— ¿no empobrecen tal vez a la persona humana igual o más que la privación de los bienes materiales? Y un desarrollo que no tenga en cuenta la plena afirmación de estos derechos ¿es verdaderamente desarrollo humano?
En pocas palabras, el subdesarrollo de nuestros días no es sólo económico, sino también cultural, político y simplemente humano, como ya indicaba hace veinte años la Encíclica Populorum Progressio. Por consiguiente, es menester preguntarse si la triste realidad de hoy no sea, al menos en parte, el resultado de una concepción demasiado limitada, es decir, prevalentemente económica, del desarrollo.
Karol Wojtyla
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