Celebración de un abuso homicida

He aquí un reproductor con el archivo de audio de una versión leída del estudio que sigue, el que puede también ser descargado a su disco duro desde el enlace señalado.
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El DVD de la película de Carlos Azpúrua


En vano el suscrito ha buscado identificar al autor de una frase poderosa. Perdí su nombre hace ya varios años, y aunque he trasegado el Diccionario Oxford de Citas—sé, al menos, que el autor es inglés—y otras colecciones similares, no logro dar con su identidad. Por eso no puedo darle crédito por haber acuñado lo siguiente: “La propaganda del vencedor es la historia del vencido”. Es una terrible frase y es un pensamiento muy certero. Quien cuenta la historia es quien ha ganado. 

El uso del abuso

Carta Semanal #172 de doctorpolítico

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Ésta es la última: Diosdado Cabello, registra el diario El Universal, «afirmó que la rebelión cívico militar del 4 de febrero de 1992 evitó un golpe de estado de derecha y la instauración de una dictadura en el país». Hay gente que sabe de cabellos (Helene Curtis), hay la que sabe lavar dinero; Cabello, al menos, sabe de lavar crimen con argumentos que, apropiadamente, hala por los pelos.

Si hubiera habido por aquellos días una conspiración de derecha, ¿no habría sido lo indicado que Cabello corriera lealmente a denunciarla? Nos habríamos ahorrado el abuso y la sangre del 4 de febrero. Creo, por lo demás, que desde que somos república no ha habido un minuto de nuestra historia en el que no haya habido una conspiración. En septiembre de 1987 escribí en Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela: «En todo tiempo, en todo sistema político, subsiste una fracción de per­sonas, muy reducidas las más de las veces, que piensan en un golpe de Estado por la fuerza como solución a los problemas. Hay conspiradores por vocación, que necesitan la excitación del secreto y la urdimbre de siniestros planes para hacerse con el poder». Cabello, por tanto, y quienes pudieran estar conspirando en 1991 o 1992 para establecer una dictadura derechista, no hacían otra cosa que repetir una larga historia de abuso militarista en el país.

Pero es que, seguramente, las asonadas de 1992, ambas fracasadas, sirvieron para todo lo contrario de lo que Cabello dice. En 1993, después del abuso del 4 de febrero, hubo un amago derechista de golpe de Estado, cuyo líder era el Vicealmirante Radamés Muñoz León, quien por aquellos días decía: “Yo me voy a encargar personalmente de llevar preso a Caldera a Fuerte Tiuna, desnudo y amarrado en un camión de estacas, si se niega a reconocer el triunfo de Oswaldo Álvarez Paz”. Si acaso, entonces, la aventura golpista de 1992 sirvió para excitar el golpismo de derecha.

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La banda de delincuentes

Cabello ha aportado también, inadvertidamente, una admisión invalorable. En sus declaraciones a Venezolana de Televisión, dijo: «El 4 de febrero nosotros salimos solos. No nos dio tiempo de que saliera el pueblo». Por supuesto; los conspiradores no sólo no tenían la autorización del pueblo para sublevarse, sino que jamás lo tomaron en cuenta. El régimen establecido en febrero de 1999, que se llena la boca con la palabra pueblo, en verdad no lo toma en cuenta para decidir ni sus aciertos ni sus atropellos. En 1998, el Movimiento Quinta República anunció que introduciría una convocatoria a referendo sobre la elección de una constituyente por iniciativa popular; así lo permitía el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, luego de la reforma de diciembre de 1997. A mitad de camino de la campaña electoral, el MVR entendió que Chávez ganaría la Presidencia con los votos, según pronosticaban todas las encuestas, y entonces se dejó de eso. ¿Para que molestarse en movilizar la iniciativa popular si Chávez podría fácilmente convocar el referendo mediante un simple decreto, como finalmente ocurrió? Más de una vez durante la última década, Chávez ha recibido de miembros del pueblo, en alguno de sus innumerables espectáculos, algún reclamo; entonces se molesta y bloquea la petición diciendo que él es el líder de la revolución, que él sabe lo que hace. El pueblo no debe cuestionar su conducción del «proceso».

El pueblo es el titular del derecho de rebelión. La Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776) lo formuló con precisión: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera). Cuarenta días antes de los hechos del 11 de abril de 2002, escribí en un artículo que me solicitara la revista Zeta:

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

No hay modo, pues, de justificar el alzamiento del 4 de febrero de 1992, cuya celebración se prepara con insolentes, peligrosos y costosísimos vuelos de aviones de combate, desde hace varios días, sobre la capital de la República. Chávez y sus compinches no eran la mayoría de la comunidad; de hecho, las encuestas de la época mostraban un rechazo mayoritario a Carlos Andrés Pérez, pero también, muy explícitamente, un repudio a cualquier acto de fuerza para resolver el problema de su gobierno. La asonada de febrero del 92 no fue más que un intento fallido de usurpación del sagrado derecho popular.

Hugo Chávez recordará un desayuno en las oficinas de la agencia publicitaria J. Walter Thompson, al que fuera invitado por Roberto Coimbra durante la campaña de 1998. Luego de concluir su resbaladiza retórica, tomé la palabra para señalarle que no era de él, ni de sus camaradas delincuentes, el derecho de rebelarse. En esa ocasión optó por eludir mi planteamiento («Águila no caza moscas») y se me acercó al término de la reunión en compañía de William Izarra, quien le servía entonces como edecán de seguridad. Me entregó una tarjeta con un número de teléfono celular y me dijo que quería conversar conmigo. Ya le dije en aquel momento que, si persistía en la glorificación de su abuso, no teníamos nada que conversar.

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Cabello ha procurado añadir, dos décadas después de la intentona en la que participó y le ha valido poder y riqueza, un nuevo argumento. Así ha sido la explicación del criminal hecho; cada cierto tiempo, los golpistas de 1992 ofrecen una nueva coartada.

En su innecesario artículo semanal (Las líneas de Chávez, que ya no escribe), el Presidente de la República reincidió el 28 de marzo de 2010 en su particular interpretación de los acontecimientos del 27 y 28 de febrero de 1989. Así escribió: “En 1989 se cometió el más grande genocidio de la historia de Venezuela del siglo XX. El más sistemático y criminal ejercicio de terrorismo de Estado se desarrolló en los primeros días de marzo, luego de que la rebelión se había apagado. El genocida mayor es Carlos Andrés Pérez, pero no el único: reos de genocidio serán, por toda la eternidad, los personeros de su Gobierno, los cogollos de AD y Copei, los integrantes del Alto Mando Militar para aquella fecha, las cúpulas de Fedecámaras y Consecomercio, los dueños de los latifundios mediáticos y pare usted de contar”. José Vicente Rangel sostuvo antes, por cierto, una versión enteramente opuesta: “Más allá de fallas, errores e incluso abusos, la posición de las FF. AA., institucionalmente hablando, con motivo de los acontecimientos del 27 de febrero, ha sido altamente positiva. Fue el único organismo del Estado que respondió cuando imperaba el caos. Y respondió con espíritu democrático, encarnando un liderazgo responsable, reivindicando no sólo la noción de orden público, sino de justicia y honradez”. Eso escribía el 20 de marzo de 1989.

Como siempre, Chávez distorsiona los hechos para acomodarlos a su conveniencia. Una descripción análoga a la citada le servía, luego de su salida del Penal de Yare, para justificar su alzamiento del 4 de febrero de 1992. Chávez dijo reiteradamente, en entrevistas, en reuniones, en declaraciones, que él y sus compañeros habían intentado derrocar al gobierno de Venezuela porque Carlos Andrés Pérez había ordenado al Ejército volver sus fusiles contra el pueblo en febrero de 1989, contra la explícita condena del Libertador, que había declarado la posibilidad abominable. Para la época de su prisión en Yare, sin embargo, Hugo Chávez ya había admitido que “su grupo” conspiraba desde hacía al menos nueve años (desde el bicentenario de la muerte de Bolívar; de allí el nombre de su club de maquinaciones: MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200). Por tanto, para el 27 y 28 de febrero de 1989, la intención de tomar el poder por la fuerza ya estaba formada varios años antes. Mal podía presentarse, como pretexto para el golpe fallido del 4 de febrero de 1992, algo que no pudo tener nada que ver con la conformación de su logia conspirativa.

El asalto de la tanqueta a Miraflores

Antes había ofrecido otras explicaciones. El ex comandante Chávez argumentaba a la revista Newsweek a comienzos de 1994 que el artículo 250 de la Constitución Nacional prácticamente le mandaba a rebelarse. Lo que el artículo 250 estipulaba es que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza o de su derogación por medios distintos a los que ella misma disponía, todo ciudadano, independientemente de la autoridad con la que estuviera investido, tendría el deber de procurar su restablecimiento. Pero con todo lo que podíamos criticar a Carlos Andrés Pérez en 1992, y aun cuando estábamos convencidos de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores, ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza, ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional. Si hubiera tenido Chávez algún respeto por la Constitución de 1961, habría debido observar escrupulosamente sus artículos 119 y 120, que decían: Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos”, y “Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subversiva”. Aquella declaración a la revista estadounidense fue uno de los primeros intentos de manipulación y distorsión que Chávez ofreciera; el mismo artículo 250 que aducía para justificar su abuso de poder rezaba: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza…”

También dijo Cabello algo realmente descarado. Reporta El Universal: «Sostuvo que no hubo ambiciones personales entre los motivos de quienes participaron en la rebelión militar del 4 de febrero de 1992». Por supuesto que no; gobernar hasta 2021 o 2031 no es una ambición, sino el desprendimiento de las almas generosas que se alzaron hace veinte años.

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¿Quién ha pagado por estas muertes?

Uno de los más graves errores del segundo gobierno de Rafael Caldera fue dictar el sobreseimiento de la causa penal contra los cabecillas del 4 de febrero, recluidos en Yare. Lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Su liberación fue una lección retorcida y terrible: “No se preocupe; álcese usted, mate a unos cuantos venezolanos. Después de un breve confinamiento lo pondremos en la calle. Si quiere, hasta le daremos un puesto en el gobierno”. (Rafael Caldera confió a Francisco Arias Cárdenas la dirección del Programa Materno-Infantil, un proyecto asistencial de su segundo gobierno).

En estricto sentido, el ex comandante Chávez y sus compañeros de la cuarta madrugada de febrero abusaron de nosotros. El ex comandante Chávez actuó como cirujano. La imagen del 4 de febrero como acto quirúrgico ha entrado hace tiempo en nuestras cabezas, pero el pequeño grupo de militares que participaron en la acción, independientemente de la pasión que lo animaba, abusó del pueblo venezolano. Porque es que ningún cirujano tiene derecho a intervenir sin el consentimiento del paciente, a menos que éste se encuentre inconsciente y, por tanto, privado de su facultad de decidir si se pone en las manos del cuchillero. Y el pueblo venezolano no estaba inconsciente y el ex comandante Chávez no nos consultó sobre la operación y nosotros no le autorizamos a que lo hiciera. Chávez, Arias Cárdenas y Cabello quisieron resolver quirúrgicamente la remoción del tumor, sin autorización de nadie e ignorando, a pesar de que había sido dicho bastantes veces, que todavía existían los medios clínicos, los procedimientos médicos para el mismo objetivo.

Hace exactamente veinte años (3 de febrero de 1992) que el diario El Globo, veinticuatro horas antes del golpe, publicara mi artículo Basta:

Basta de paquete. Basta de financiarle sus campañas extranacionales. Basta de mermas al territorio. Basta de megaproyectos, sociales o económicos. Basta de megaocurrencias. Basta de megalomanía. Usted, señor Pérez, que hace no mucho ha tenido la arrogancia de autotitularse patrimonio nacional, tiene toda la razón. Usted sí es patrimonio nacional, historia nacional, cruz y karma nacionales. Por tanto es a nosotros a quienes corresponde decidir qué hacer con Ud. Por de pronto, no queremos que siga siendo Presidente de la República.

Desde el 21 de julio de 1991, cuando El Diario de Caracas publicara mi Salida de estadista, procuré convencer en unos tres o cuatro artículos más acerca de la conveniencia de una renuncia de Carlos Andrés Pérez, una salida civil:

El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal.

No es verdad que la única solución era el alzamiento inconsulto y criminal. Desde entonces tengo una culebra personal con Chávez y sus secuaces; bastante sacrificio personal y privaciones a mi familia representó mi prescripción de la renuncia de Pérez, a la que se sumaron, sólo después de la cuarta madrugada de febrero, Rafael Caldera, Arturo Úslar Pietri y Miguel Ángel Burelli Rivas, entre otros.

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Los militares tienen, como todos nosotros, cuarenta y seis cromosomas en su dotación genética. Son gente, como todos nosotros. Como entre nosotros, algunos de ellos son excepcionales personas, nobles, heroicos. Como entre nosotros, se encuentra en ellos alguna personalidad delincuente, inmoral, enferma. La mayoría de ellos, como la mayoría de nosotros, es gente común, ni santa ni delictiva.

Tengo amigos militares y hasta un compadre militar. Entiendo la importancia de su función y la defiendo—así lo hice en el seminario Seguridad, Defensa y Democracia de la Universidad Simón Bolívar, en 1980—cuando se trata de protegernos de agresiones exteriores, como la de Cuba en los años sesenta. Fui conferencista invitado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Militar, así como en la Escuela Superior de Guerra y en la Escuela Superior de Guerra Naval. Me cupo el honor de ser nombrado asesor ad honorem en dos secretarías del incipiente Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (1976-1979). No tengo nada en contra de la actividad militar. Me opongo al militarismo, no a los militares; me opongo a su salida de los cuarteles para entrometerse en la función civil. De esto hemos tenido demasiado en Venezuela, y es de la mayor importancia corregir la viciosa distorsión que Hugo Chávez ha producido en la noble tarea castrense. Hay que indignarse ante esta aberración.

Rómulo Betancourt: "La violencia es el arma de los que no tienen razón".

Ahora vuelve a celebrar su abuso de 1992, ahora vuelve a una glorificación que no es otra cosa que autobombo, alimentador del más asqueroso culto a la personalidad que haya ocurrido en Venezuela. Ahora continúa en su distorsión de la historia para que su crimen sea absuelto.

El historiador Will Durant escribió en The Pleasures of Philosophy lo siguiente:

Quizás la causa de nuestro pesimismo contemporáneo es nuestra tendencia a ver la historia como una turbulenta corriente de conflictos—entre individuos en la vida económica, entre grupos en política, entre credos en la religión, entre estados en la guerra. Éste es el lado más dramático de la historia, que captura el ojo del historiador y el interés del lector. Pero si nos alejamos de ese Mississippi de lucha, caliente de odio y oscurecido con sangre, para ver hacia las riberas de la corriente, encontramos escenas más tranquilas pero más inspiradoras: mujeres que crían niños, hombres que construyen hogares, campesinos que extraen alimento del suelo, artesanos que hacen las comodidades de la vida, estadistas que a veces organizan la paz en lugar de la guerra, maestros que forman ciudadanos de salvajes, músicos que doman nuestros corazones con armonía y ritmo, científicos que acumulan conocimiento pacientemente, filósofos que buscan asir la verdad, santos que sugieren la sabiduría del amor. La historia ha sido demasiado frecuentemente una imagen de la sangrienta corriente. La historia de la civilización es un registro de lo que ha ocurrido en las riberas.

Eso es lo que hace un pueblo. Hugo Chávez, con todas sus pretenciosas ínfulas de una intelectualidad de la que carece, es alérgico a la civilización. LEA

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Para descargar este artículo en .pdf: Celebración de un abuso homicida

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MUD: marca de camisas de fuerza (actualizado)

A las 6 p. m. del miércoles 25 de enero, el Licdo. Jesús Urbina me entrevistó en el programa Agenda Pública, que conduce en la emisora de radio de la Universidad del Zulia, LUZ Radio. Urbina centró sus preguntas sobre el tema del programa de la MUD, haciendo referencia a esta entrada. He aquí el archivo de audio de la conversación:

A la medida de seis precandidatos

 

Los signatarios de este acuerdo respaldaremos de forma unitaria al candidato que en las primarias del 12 de febrero sea escogido como abanderado de la Unidad Democrática en las próximas elecciones presidenciales. Igualmente nos comprometemos a respaldarlo de manera unitaria y transparente en el ejercicio de la Presidencia de la República y en el cumplimiento de nuestro programa de gobierno.

Mesa de la Unidad Democrática

Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional (en revisión), diciembre de 2011

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Invitación

Ramón Guillermo Aveledo pudiera argüir que no me gustan ni los huevos fritos, una vez que sepa, como seguramente espera, que los Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional, a ser firmados en compromiso por los precandidatos y los dirigentes de la MUD el próximo 23 de enero, no me convencen en lo absoluto. También podrá decir, una vez escrito lo precedente, que él no se ocupa en lo más mínimo de lo que escribo. Por si acaso, no obstante, quiero aducir pruebas, primero que nada, de que el estilo planificador plasmado en el documento referido—LPGUN, para abreviar—es algo contra lo que he advertido desde hace mucho tiempo, bastante antes de la existencia de la Mesa de la Unidad Democrática, que él coordina con tanta diplomacia y tino.

Mi primer libro (Krisis: Memorias prematuras) salió a la luz en marzo de 1987, hace casi veinticinco años. En él puse, comentando el intento candidatural de Rafael Caldera en 1983:

La pirámide programática de Caldera era manejada por Luís Enrique Oberto, una de las “caras nuevas” que ya había sido su ministro de planificación y el conductor del programa de gobierno de Luís Herrera, el famoso texto que éste llamó Mi compromiso con Venezuela. El inconveniente de esta forma de redactar programas de gobierno es que el resultado final tiende invariablemente a la incoherencia. Más de una vez he asistido a reuniones de ese cuño. Desde una media docena de personas hasta varias decenas en algunos casos, se reúnen a “echar ideas” o a leer sus ponencias favoritas. Usualmente no le es dado al director de la reunión, aunque piense que oye alguna idea impertinente, rechazar muchas de las proposiciones, pues el compañero de Achaguas se podría resentir y el apoyo de Fulanito y los fulanistas sería escatimado. La sumatoria de un proceso de tal naturaleza es de un grado de incompatibilidad tal, o de un carácter tan absolutamente negador del concepto de prioridades (al incluir prácticamente de todo), que no es posible nunca llevarla a la práctica si se llega a ganar las elecciones.

Una lágrima tardía

Cuando la persistencia de Rafael Caldera lo llevó por segunda vez a Miraflores, inicié en febrero de 1994 la publicación mensual referéndum. Escribí para inaugurarla el trabajo Los rasgos del próximo paradigma político, en el que se lee entre otras cosas:

La confusión de la herramienta con el fin explica mucho de los resultados de la política nacional. La discusión pública venezolana se halla a punto de agotar los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, que no son, en sí mismos, la solución.

Tomemos el caso, por ejemplo, de la insistente proposición de una asamblea constituyente, bandera de lucha del llamado Frente Patriótico, asumida como lema electoral de José Antonio Cova, repropuesta por Oswaldo Álvarez Paz al término de las elecciones, voceada por Eduardo Fernández después del 4 de febrero de 1992, admitida como posibilidad por Rafael Caldera en su «Carta de Intención». El problema es que el Frente Patriótico no ha presentado un proyecto de constitución, y tampoco los demás actores mencionados. Es decir, se insiste en hablar de la herramienta sin hablar del producto que ésta debe construir.

Por otra parte, el método mismo tiende a ser ineficaz. Los ideales de democracia participativa, la realidad de la emergencia de nuevos factores de influencia y poder, han llevado, es cierto, a la ampliación de los interlocutores de las «mesas democráticas» de las que debe salir el ansiado «acuerdo nacional». Así fue diseñado, por ejemplo, el consejo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), al combinar en él la presencia tradicional de líderes empresariales y líderes sindicales, con representantes de partidos, de la iglesia, de las organizaciones vecinales, etcétera. Así buscó conformarse el «Encuentro Nacional de la Sociedad Civil» organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuando su rector tomó el reto que pareció recaer, a mediados de 1992, sobre la Iglesia Católica venezolana, en respuesta a un estado de opinión nacional de gran desasosiego, que buscaba en cualquier actor o institución que pudiera hacerlo la formulación de una salida a la aguda y profunda crisis política. Pro Venezuela, la Mesa Democrática de Matos Azócar, los encuentros que organizó José Antonio Cova, y la constante prédica de los partidos, todos fueron intentos de alcanzar ese ya mítico gran entendimiento nacional.

La evidencia es, pues, suficiente. La oposición de intereses en torno a una mesa de discusión difícilmente, sólo por carambola, conducirá a la formulación de un diseño coherente. Es preciso cambiar de método. Y es preciso cambiar el énfasis sobre la herramienta por el énfasis en el producto.

La mamá de la MUD

Finalmente, cuando la fallecida madre de la MUD, la Sra. Coordinadora Democrática, creía que de su seno saldría un sucesor de Hugo Chávez—pensaba que éste sería ineludiblemente revocado en su mandato presidencial en 2004, lo que forzaría una elección presidencial—, se dio a la tarea de elaborar el ya olvidado «Consenso-País» (la MUD ni lo menciona en los LPGUN).  Hubo quienes concedieran gran importancia a ese desdeñado documento. Me referí a una presentación del asesor John Magdaleno, del lunes 5 de octubre de 2009, en la Carta Semanal #352 de doctorpolítico:

Expuso una caracterización del fracaso opositor en el intento revocatorio de 2004 como un “salto al vacío”. En él se habría fracasado porque la oposición no acertó a poner en escena a una “contrafigura de Chávez”—explicación parcial posiblemente correcta—y, sobre todo (fue en lo que más insistió), porque el documento del llamado “Consenso-País” de la Coordinadora Democrática no fue suficientemente promovido o publicitado, porque no se imprimió y repartió una cantidad suficiente de ejemplares entre la población, porque no se hizo con él una campaña publicitaria con pegada.

Es de aquel inane texto que escribí el 20 de noviembre de 2003 (Consenso bobo, Carta Semanal #63 de doctorpolítico):

Los documentos del «consenso-país»—que incurre desde su propio nombre en la usurpación, pues «el país» no lo ha elaborado, como tampoco la Nación elaboró nuestros vetustos y ya olvidados planes «de la Nación»—indican una clase particular de proposiciones en su contenido: la de las «seudoproposiciones». Son afirmaciones tan generales como las de que hay que «reactivar la economía», «combatir la pobreza» o «eliminar el desempleo».

Era práctica ritual de muchos economistas venezolanos reunirse en diciembre de cada año durante el segundo período de Caldera—usualmente en el IESA—para echar predicciones sobre la inflación y la tasa de cambio del año siguiente. Los periodistas hacían su agosto, pues cada economista de alguno de estos «paneles de expertos» estaba muy dispuesto a conceder declaraciones. La declaración estándar era algo más o menos como lo siguiente: «Lo que propongo es un verdadero programa económico integral, armónico, coherente y creíble».

Ya el mero hecho de que tal afirmación se compusiera de un solo sustantivo y cinco adjetivos debía llamar a la sospecha. Pero, por otra parte, una sencilla prueba podía evidenciar que se trataba, en realidad, de una seudoproposición. La prueba consiste, sencillamente, en construir la proposición contraria, la que en este caso rezaría así: «Propongo un falso programa económico desintegrado, inarmónico, incoherente e increíble». Resulta evidentísimo que nadie en su sano juicio se levantaría en ningún salón a proponer tal desaguisado. Ergo, la proposición original no propone, en realidad, absolutamente nada.

Tomemos algunos casos concretos del documento base del so called «consenso-país». Por ejemplo esta seudoproposición: «Se reiniciarán o se reforzarán programas de becas, de alimentación y de dotación de útiles para los niños». (Página 39). ¿Querrá alguien oponerse proponiendo lo siguiente: «Se clausurarán o debilitarán programas de becas, de alimentación y de dotación de útiles para los niños»?

O esta otra: «Asegurar mecanismos de coordinación entre las diferentes organizaciones con responsabilidad sobre la seguridad ciudadana a nivel nacional» (Página 33). O ésta: «Establecer formas de financiamiento de largo, mediano y corto plazo, con fondos públicos y privados, en las modalidades necesarias para garantizar la eficiencia del crédito y para atender el especial perfil de riesgos de esta actividad». (Página 27).

¿Qué espera la Coordinadora Democrática? ¿Qué Chávez se oponga prometiendo formalmente mecanismos de descoordinación o modalidades innecesarias para garantizar la ineficiencia del crédito a corto, mediano y largo plazo?

En cuanto a la hipótesis de que la tengo cogida con la Mesa de la Unidad Democrática, pues, I rest my case: mi opinión sobre la clase de ejercicios a la que pertenecen los LPGUN ha permanecido invariable desde que comencé a ocuparme sistemáticamente de política. Pero una nueva referencia a otro enfoque de John Magdaleno puede adelantarse, porque resultará apunte pertinente al análisis que sigue. Esta vez hablaba el 19 de enero de aquel mismo año de 2009, para presentar en compañía de Roberto Briceño León los resultados de un estudio de opinión y recomendar acciones contrarias al proyecto de enmienda constitucional que permitiría la reelección indefinida de mandatarios públicos. La referencia se encuentra en la Carta Semanal #316 de doctorpolítico, del 22 de enero de 2009: «Un estudio particularmente interesante fue el dirigido por Roberto Briceño León, John Magdaleno, Olga Ávila y Alberto Camardiel. Este esfuerzo combinó una encuesta nacional (22 de diciembre) y la realización de focus groups bastante especiales, pues fueron compuestos de modo que no se mezclaran partidarios del gobierno, sus opositores o gente no alineada con ninguno de esos polos. (…) La interpretación de la encuesta, por su parte, pone de manifiesto el carácter crucial de los electores no alineados ni con el gobierno ni con la oposición».

Más adelante referí y cuestioné:

Briceño y Magdaleno, luego de expresar su convicción de que la inminente consulta ofrece una oportunidad para “reposicionar” a la oposición, argumentaron que era de la suprema importancia la elección de quienes debieran hacer ostensiblemente frente—fronting—al proyecto de enmienda. Hablaron de una disyuntiva—falsa, a mi manera de ver—entre estudiantes y líderes convencionales, dando a entender que no había otras voces posibles. (En intento pedagógico hablaron, debe reconocerse, de encontrar los “badueles” o “marisabeles” de 2009). Esto es, la recomendación de Briceño y Magdaleno es la de constituir un coro de tres voces: la de aquellos que aún no están listos (estudiantes), la de los rechazados (líderes convencionales), la de los saltadores de talanquera (“badueles” y “marisabeles”). ¿Es que no hay otras voces en Venezuela?

Llama la atención que, después de haber expuesto que sería decisiva la participación de los electores no alineados—el estudio combinado mide su tamaño a la par de quienes apoyan a Chávez y mayor que el de sus opositores, como lo han hecho desde hace al menos seis años todas las encuestadoras, en proporciones cambiantes que oscilan entre 35% y 50%—, no se saque la conclusión obvia. Antes que “badueles” o “marisabeles”, urge conseguir voces no alineadas, con discurso no alineado y argumentos no alineados para asestar el golpe definitivo a las pretensiones continuistas de Hugo Chávez.

………

La primera cosa criticable de los LPGUN es un asunto fundamental, y se pone de manifiesto desde el inicio mismo del documento, en el numeral noveno de la introducción. Sus primeros tres puntos están referidos, como los números 10 y 11 y luego del 18 al 26, ambos inclusive, a la factura y método de los lineamientos. Son los números 4, 5, 6, 7 y 8 los que establecen el territorio terapéutico, con la crítica al desempeño del gobierno actual, que califican justamente como traicionero a la Constitución, contrario a los principios democráticos y nefasto, con el resultado de un grave deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Es entonces el punto 9 el que define el objetivo de los LPGUN:

«Para enfrentar estos desmanes, y rescatar la institucionalidad democrática se presentan los siguientes Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional, en procura de un buen gobierno, una sociedad productiva, con calidad de vida y con buenas relaciones internacionales».

Nunca hemos sido mayoría

Es decir, los LPGUN son presentados y justificados en función del gobierno de Hugo Chávez, en reiteración de la falla de origen de la oposición formal y burocratizada de los últimos trece años. En la Carta Semanal #352 de doctorpolítico, antes citada, me referí a este fenómeno del siguiente modo:

El encuestólogo y prologuista [John Magdaleno] ofreció como premisa inicial la siguiente declaración: “Apartando el 2 de diciembre de 2007, nunca hemos sido mayoría”. Y ese plural de la primera persona gramatical no necesitaba ser explicado; aquello a lo que ese implícito “nosotros” se refería era a quienes se oponen a Chávez y, más específicamente, a la audiencia que tenía por delante mientras hablaba. Ése es el conglomerado que entiende como determinante, ésa sería la clientela que esperaba sus palabras.

Tal óptica no es nueva; desde que Chávez asumió por vez primera la Presidencia de la República, en los inicios de 1999, el resto de las iniciativas políticas ha optado por entenderse como mera oposición a Chávez. En terminología relativamente reciente, se la nombra como “comunidad opositora”. Un artículo en el diario El Nacional aducía poco después de la derrota de Manuel Rosales en las elecciones presidenciales de 2006: “La votación que el CNE le adjudicó al candidato opositor es importante, siempre y cuando éste sepa ejercer el liderazgo del antichavismo…” (Felices perdedores, 12 de diciembre de 2006). Exactamente ese mismo día, un análisis que circuló privadamente se expresaba en términos como los siguientes (se subraya un cierto término repetido insistentemente):

La oposición… decidió no participar en las elecciones legislativas… la Oposición ya había perdido sus Gobernaciones y Alcaldías… para una parte importante de la Oposición el contrincante mayor no era Chávez, era el CNE… Muchos pensaban que la oposición era mayoría… la ausencia de la Oposición de la contienda electoral… La Oposición se debatía entre el método de escogencia del candidato único y la campaña por condiciones… Muestra un liderazgo indiscutible en la oposición durante la campaña… Se ganó al lograr la unidad de toda la oposición… Que la oposición es minoría… ¿Cuál es el estado de la oposición un día después?… La Oposición amanece como un conglomerado nacional de importante magnitud… no desperdiciar esfuerzos en combatir a la oposición desde la oposición misma…

He allí la falla de origen de la inmensa mayoría de los planteamientos políticos distintos del chavismo: que sólo atinan a definirse como antichavistas. Desaparecido Chávez, dejarían también, entonces, de tener sentido sus existencias. Ésa es la misma falla de origen de la iniciativa que acá se discute.

Una nueva acción política que quiera ser viable no puede pensarse como oposición a Chávez; es preciso que procure superar el actual estado de cosas por superposición, por salto a un nivel superior de la política. (A fin de cuentas, el régimen de Chávez no es otra cosa que la exacerbación oncológica de una política que no inventó él: la política de poder posicionada en algún punto del eje decimonónico de izquierda y derecha). La refutación de Chávez debe venir, para usar términos evangélicos, por añadidura, nunca como única justificación.

El último numeral (27) de la introducción de los LPGUN reformula la coletilla del numeral noveno sin aludir, gracias a Dios, al gobierno chavista: «Estos Lineamientos se presentan como base para un gobierno de unidad, amplitud, diálogo y respeto que promueva el progreso de todos los venezolanos». Un opositor a la oposición tendría que sugerir «un gobierno de desunión, estrechez, monólogo e irrespeto que impida el progreso de todos los venezolanos». Ni siquiera Chávez se atrevería a proponer algo así.

………

Dos cuestiones planteadas con énfasis en los LPGUN llaman la atención. La primera de ellas es la consagración de la Constitución de 1999 como base del esfuerzo programático. Dice el documento:

44. La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos.

45. Ella representa no sólo el punto de partida ineludible desde la perspectiva de la validez y vigencia formal de las normas, aunado ello a su ratificación popular, sino también una plataforma jurídica aceptable para el despliegue de las políticas de un gobierno democrático. Permite el funcionamiento de instituciones democráticas y garantiza los derechos humanos.

Se trata de la misma Constitución que no gustaba en 1999 a los principales partidos de oposición. («AD, Copei, Primero Justicia, Proyecto Venezuela y Fedecámaras hicieron campaña contra la aprobación de la Constitución», Wikipedia en español). Cuando Luis Ugalde argumentaba en El Nacional—El día después, 25 de octubre de 2007—que votar contra los proyectos de reforma constitucional del Ejecutivo y el Legislativo nacionales era lo mismo que abstenerse de votar, también defendía con denuedo la Constitución de 1999: “Chávez ha decidido imponer una nueva Constitución (acabando con la bolivariana)… La nueva constitución es una locura… Hay que… evitar que se aplique un régimen que reduzca los derechos humanos y elimine la democracia pluralista”. Hace tiempo que la oposición al elefantiásico texto de 1999 ha quedado en el olvido.

Pero hay un detalle que debiera causar problemas insalvables a la particular candidatura de Diego Arria que, como se sabe, está predicada sobre dos iniciativas fundamentales: procurar que Hugo Chávez sea juzgado por la Corte Penal Internacional de La Haya y convocar a una Asamblea Constituyente. Esto último es totalmente innecesario para los fines declarados por Arria, que el 8 de diciembre declaró en televisión que la constituyente que propugna no sería “para hacer una nueva constitución, sino unos cambios puntuales”. (Ver en este blog Por la tapa de la [b]arri[g]a). Pero el punto es que Arria ha hecho de la convocatoria de una asamblea constituyente la bandera principal de su campaña, y que los LPGUN se deslindan claramente de tal pretensión en su numeral 46: «La prioridad político-institucional del nuevo gobierno no ha de cifrarse en el cambio global de esa Constitución, ni en la convocatoria de una Asamblea Constituyente».

Un concepto errado de constituyente

¿Qué va a hacer Arria? Si se aviniere a firmar el 23 de enero su compromiso con los LPGUN, contradiría frontalmente su planteamiento central. Si no lo hace, ¿podría la MUD permitir su participación en las elecciones primarias del 12 de febrero? ¿Podría su tesorería devolver a Arria el importe de su boleto de entrada, que con toda probabilidad habrá ya gastado? Arria pareciera haber preparado una salida, al enviar a Aveledo una carta que ha dado a conocer el sábado 14 de enero; en ella, sin aludir al asunto constituyente, dice:

En carta dirigida al coordinador de la MUD fijé posición con respecto al Compromiso de Unidad Nacional:

«El Compromiso de Unidad Nacional, debe expresar con absoluta transparencia, las características y dimensión del reto que enfrentará un Gobierno de Unidad Nacional. En este sentido no puedo sino destacarle que decirle al país la verdad, y toda la verdad sobre la situación política y económica en que se encuentra es, más que crítico, esencial para afianzar la credibilidad del compromiso ante la audiencia nacional».

(…)

Sólo si la Unidad adopta el compromiso expreso de hablarle al país de manera clara y contundente, sobre cuán grave es su situación actual, de cuán difíciles son las perspectivas políticas, económicas y sociales de Venezuela, y más grave aún, de caer en la disolución de la vida civil, podremos esperar que para las cruciales elecciones de este año, el país entienda lo que está realmente en juego, y ejerza su derecho al voto de la manera más informada y consciente posible.

En otras palabras, Arria no cree que los LPGUN hablan desde esa claridad, pues en caso contrario no habría necesidad de su advertencia a Aveledo. Ya tiene, entonces, el pretexto para retirar su candidatura, sin admitir la razón real: que su intento no ha recabado un apoyo superior a un promedio de 2% en las encuestas. Para él, las uvas están verdes, como diría la proverbial zorra de Félix de Samaniego.

………

Una segunda cosa que salta a la vista es el tratamiento timorato de la política social de Hugo Chávez, asentado sobre la noción, también formulada por John Magdaleno el 8 de octubre de 2009 (Carta Semanal #352 de doctorpolítico), de que Chávez «nos» gana por las misiones:

…el encuestólogo (…) procedió a instruir a los circunstantes con interpretaciones harto conocidas, presentadas como si nunca hubieran sido pensadas. Por ejemplo, que la aceptación de Chávez había sido alta porque ponía énfasis en la agenda social: salud, alimentación y educación, principalmente; esto es, por las famosas “misiones”. En cambio, la oposición se habría concentrado en la agenda política: la libertad, la crítica a la corrupción y el militarismo, la defensa de los presos políticos y el derecho de protesta, etcétera. Allí estaría la clave de la diferencia en el desempeño del régimen y el de la oposición, entre el oficialismo y “nosotros”.

Los LPGUN declaran en su introducción (16), al reconocer que se inspiran en las «100 Soluciones para la gente» que acompañaron la campaña de la MUD a la Asamblea Nacional: «Nos comprometemos a diseñar y poner en práctica políticas que mejoren la vida de los venezolanos. Para ello, reconoceremos los beneficios otorgados, y trabajaremos para ampliarlos en cobertura y calidad». Hay un grande temor a criticar las misiones de Chávez. (Dicho sea de paso, ¿qué es de la vida del centenar de «soluciones para la gente»? ¿Pudiera Alfredo Keller encuestar y ver si algún elector común recuerda aunque sea una de esas «soluciones»? ¿Habrá votado alguien por convicción de la bondad o conveniencia de alguna de ellas? Lo digo porque la centena ha sido rebasada con creces en los LPGUN, que contienen la muy estimable cifra de 1.252 «lineamientos»).

De modo más preocupante, la MUD asume terminología de Chávez, al dedicar la subsección «Y la inclusión social» de la sección «El espíritu general del nuevo gobierno» en el capítulo 1, «Institucionalidad democrática». Allí se lee:

Y la inclusión social

40. La oferta social del programa y del gobierno de la Unidad pertenece al corazón de su ideario. La inclusión social será uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno, porque los abismos estructurales para el acceso al disfrute de los derechos sociales básicos son numerosos.

(…)

42. Lo anterior, sumado al espíritu integrador antes referido, hace aconsejable preservar los niveles de protección social que el actual gobierno haya alcanzado, aunque reorientándolos o reconduciéndolos a la lógica institucional y de respeto a los derechos humanos de todos que ha de guiar las políticas y la actuación oficiales.

 

L. P. España: derechos exclusivos sobre exclusión

En cambio, un experto en esto de incluir y excluir, Luis Pedro España (Director, desde hace años, del Estudio de la UCAB sobre la pobreza), escribió el 12 de enero (La estafa mejor vendida) en El Nacional:

Desde el punto de vista técnico, moral y democrático las misiones son, más que una oferta engañosa, un ardid con el que se tiene secuestrada la política social de Venezuela, de la cual puede que no podremos zafarnos hasta que en la práctica se ensayen con éxito mejores fórmulas.

Técnicamente no se acogen a principios de justicia social, redistribución progresiva o consideran indicadores de eficiencia y eficacia. Están disponibles para aquellos ciudadanos que merezcan los favores del Estado según el juicio de los militantes de base del Gobierno, además de contar con todo un rosario de ineficiencias caracterizadas por una lógica de operativo, plan de emergencia o jornada especial, que resta la continuidad y constancia que requiere toda política social que pretenda tener impacto y generar haberes humanos y productivos en sus destinatarios.

Desde el punto de vista moral son un chantaje político que sólo la falta de escrúpulos de sus propugnadores, comenzando por el mismísimo jefe, es capaz de permitir y avalar sin el menor cargo de conciencia o vergüenza política. No sólo se reconoció desde el principio su utilidad política antes que social, sino que además su instrumento de implementación, las listas y censos, no hacen sino ratificar la lealtad prepago (es decir, previa a recibir el beneficio) que está detrás de cualquiera de las (ahora llamadas grandes) misiones.

Democráticamente las misiones han convertido los derechos sociales, que son, más que constitucionales, un producto de las luchas sociales de nuestro pueblo, en favores personales de un caudillo y una ideología, y han suprimido clientelarmente cualquier posibilidad de disenso o simple derecho al pataleo.

En ningún caso las misiones sociales pueden asociarse a éxitos tangibles. La muletilla de reducción de la pobreza es cortesía del boom petrolero y de un aumento del consumo de las familias, que en modo alguno trasforma las causas estructurales de nuestra pésima calidad de vida.

¿Es que la MUD—o los 31 equipos que compusieron sus LPGUN—, que se define como oposición, no sabe hacerla? Al asumir el término «inclusión» como propio—por cierto, España incurre desde hace años en la misma práctica—, refuerza la narrativa oficialista de inclusión y exclusión. (DRAE: incluir. 1. tr. Poner algo dentro de otra cosa o dentro de sus límites. 2. tr. Dicho de una cosa: Contener a otra, o llevarla implícita. excluir. 1. tr. Quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba). ¿Es que hay una reunión periódica en algún punto del Caracas Country Club en la que se dilucide cómo se va a excluir efectivamente a determinados venezolanos del «disfrute de los derechos sociales básicos»? Seguramente hay en Venezuela, como en todas partes, empresarios desalmados—al igual que políticos, deportistas, sacerdotes, científicos, literatos, enfermeros y bomberos desalmados—pero, en general, está en el interés del empresario más bruto que la población ante la que se desempeña sea próspera, no pobre o «excluida». La explicación de la pobreza como «exclusión» es una soberana tontería.

………

Los LPGUN son de una densidad equivalente a la del innombrable Consenso-País en aquello de seudoproposiciones o afirmaciones sencillamente bobas. He aquí unos pocos botones de muestra:

76. Los consejos comunales deben estar claramente perfilados como instancias de participación, en los términos del artículo 70 de la Constitución.

317. A partir de entonces se perdieron tres grandes virtudes que tuvo nuestra economía por más de 50 años: tipo de cambio estable, inflación de un dígito, y crecimiento sostenido y constante [¿no son «sostenido» y «constante» la misma cosa?], lo que, entre otros factores, encontró sustento en la disciplina fiscal y monetaria que fue característica de dicho período.

363. El próximo gobierno de Unidad Nacional debe asegurar un cambio de rumbo para Venezuela. Es una tarea compleja, considerando que el actual gobierno ha acentuado la reconocida fragilidad de la economía venezolana y la vulnerabilidad de los venezolanos frente a cambios de origen externo o el impacto de políticas abiertamente inadecuadas.

394. Parte del gasto público debe destinarse a programas de obras públicas, incluyendo la reorganización del programa de construcción de viviendas en necesaria alianza con el sector privado.

551. La primera acción debe ser la emisión de un nítido y coherente mensaje dirigido al sector privado productor y a los consumidores para reestablecer [sic] la confianza.

1151. Se implementarán programas de recuperación de la infraestructura y superestructura aeroportuaria existente, lo que incluye la adecuación de los sistemas de control de tráfico, terminales, pistas y demás áreas, así como la mejoría de los servicios de navegación.

A estas alturas el lector habrá aprendido a construir proposiciones contrarias a las listadas, esperables, por tanto, en el discurso de campaña de Hugo Chávez. Como ayuda a su propio ejercicio, he aquí una posible redacción alterna del número 76: «Los consejos comunales deben estar opacamente perfilados como instancias de participación, en contravención del artículo 70 de la Constitución». Ñapa: la redacción chavista del número 551 quedaría así: «La primera acción debe ser la emisión de un borroso e incoherente mensaje dirigido al sector privado productor y a los consumidores para establecer la desconfianza».

………

Pero es la pretensión principal de la MUD que quienes participen como precandidatos en sus elecciones primarias del 12 de febrero se comprometan a asumir los LPGUN como el programa que el Ejecutivo Nacional, dirigido por uno de ellos, desarrollaría. Además quiere que se comprometan a no presentarse a la reelección en 2018.

Vamos a ver si nos entendemos. Los LPGUN han asentado que «La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela». Bueno, es la atribución 18 del Presidente de la República (Artículo 236 de la Constitución) «Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional». Y establecía originalmente el Artículo 230: «El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un período adicional». Como sabemos, la enmienda constitucional aprobada el 15 de febrero de 2009 eliminó la limitación de la reelección por un solo período adicional.

Entonces, si la Constitución es consagrada como «la base normativa fundamental» de un hipotético «Gobierno de Unidad Nacional», ¿cómo es que la MUD misma la vulnera imponiendo limitaciones a prerrogativas irrenunciables, vistiendo a sus precandidatos con camisas de fuerza? Ningún candidato a la Presidencia puede renunciar a una atribución que sea, a la vez, una exigencia, como la potestad de formular el plan de acción del Ejecutivo Nacional; tampoco puede imponérsele la renuncia a la posibilidad de reelegirse, como tampoco puede renunciar un obrero a sus prestaciones sociales, aunque algún patrono inescrupuloso presente en un tribunal del trabajo un papel firmado donde eso conste.

Claro que ya ha comenzado el sutil reacomodo terminológico, que abre la puerta a desdecirse en estas contradicciones, anunciadas con bombos y platillos. El documento aquí discutido se llamó Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional; si nos fijamos en la redacción de la invitación al acto del 23 de enero, ya ella dice Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional. (Una unidad «nacional», por cierto, que la encuesta del IVAD del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2011 estimó en 27,4%). La cosa como que es una mera sugerencia.

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De resto, el lenguaje, las nociones fundamentales y los supuestos de los fulanos LPGUN ponen de manifiesto la vigencia, en el reino de la oposición, de conceptos políticos tan anticuados como presuntuosos. Uno destaca: la creencia de que los países son hechos por los gobiernos. (15. «Construir una sociedad productiva y de progreso». 363. «El próximo gobierno de Unidad Nacional debe asegurar un cambio de rumbo para Venezuela». O, al final: «Unidad en la inclusión. La política debe servir para construir una sociedad que incluya a todos»).

Los países tienen la mala costumbre de construirse ellos mismos, muchas veces a contrapelo de los estorbos de los gobiernos más entrometidos, como el que ahora tenemos. Es típica la arrogancia política de quienes creen que los presidentes son los jefes de los pueblos. (Henrique Salas Römer, por ejemplo: «Aquel que pretenda gobernar sobre un país…», diciembre de 1998. O Hugo Chávez, «No me ocupo de la oposición; estoy muy ocupado dirigiendo al país», septiembre de 2005). Los presidentes son, escasamente, los jefes del aparato ejecutivo estatal en el nivel nacional. No son nuestros jefes; son nuestros mandatarios. Somos nosotros los mandantes.

Ya basta de presunciones obsoletas, que indignan. LEA

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El récipe del Dr. Keller

Una idea dura más que una estocada

True, This! —
Beneath the rule of men entirely great,
The pen is mightier than the sword. Behold
The arch-enchanters wand! — itself a nothing! —
But taking sorcery from the master-hand
To paralyse the Cæsars, and to strike
The loud earth breathless! — Take away the sword —
States can be saved without it!

 

Edward Bulwer-Lytton
Richelieu or The Conspiracy
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La pluma es más poderosa que la espada es un tópico literario acuñado por el autor inglés Edward Bulwer-Lytton (The pen is mightier than the sword), como una metonimia para indicar que hace más daño un escrito bien concebido y dirigido contra un punto débil del adversario, que una estocada. Se usa habitualmente para referirse a la primacía de los recursos literarios sobre los militares, o de la inteligencia sobre la fuerza (de un modo similar al refrán castellano más vale maña que fuerza). Aunque la forma de expresarla es original, la idea de que la expresión escrita o, en general, cualquier forma de comunicación, sobrepasa en eficacia a la violencia tiene muchos precedentes. La expresión cuarto poder con el que se compara a la prensa con los tres poderes clásicos del Estado comparte gran parte de ese sentido.

Wikipedia en español

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En mayo de 1998 asistí a una reunión de análisis en el bufete de Humberto Bauder Fontúrvel, donde expuse mi argumentación sobre la conveniencia de la constituyente. Con metáfora informática, dije que el “sistema operativo” del Estado venezolano no funcionaba bien y había que instalar uno nuevo. (No se pasaba de Windows XP o Vista a Windows 7 poniendo remiendos al sistema más antiguo, sino dominándolo con la superposición del nuevo). El “constituyente ordinario” (el Congreso de la República) quedaría excedido en sus facultades, puesto que él mismo era creación de la constitución que había que sustituir enteramente con nuevos conceptos constitucionales. Ante esta declaración, Corina Parisca de Machado, presente en aquella sesión, encontró virtud en el planteamiento, al suponer que “le arrancaría una bandera a Chávez”. Admití ese efecto colateral beneficioso, pero recalqué que la constituyente debía operar aunque Chávez no existiera. De más está decir que si se hubiese seguido ese camino, la constituyente habría sido muy distinta de la que Chávez terminó convocando.

Corina Parisca se convirtió en entusiasta defensora de la noción, y me invitó a exponerla a su esposo, el importante industrial Henrique Machado Zuloaga, poco después de la reunión en el Escritorio Bauder. La Sra. Machado se animó, incluso, a promoverme, al decir a su marido: “Cuando ya 56% de los venezolanos quiere constituyente es hora de abrazarla. Tenemos que ayudar a Luis Enrique, porque no sabemos si lo que detendrá a Chávez es un acorazado, un cuerpo de ejército o un indiecito con una flecha”. Yo era el indiecito; la versión tropical de David, armado únicamente de una honda y una piedra, enfrentado al gigante Goliat.

El asunto quedó pendiente, hasta que llegó una fecha patria no laborable: el 24 de junio de 1998, día de la Batalla de Carabobo. A las 3 de la tarde quedamos convocados, además del suscrito, Pedro Carmona Estanga, José Rafael Revenga, Beatriz De Majo y el encuestador Alfredo Keller para discutir la situación política, en momentos cuando ya se veía con claridad que, de no ocurrir un milagro, Hugo Chávez sería el nuevo Presidente de la República. Entretanto, Salas Römer cabalgaba ese mismo día acompañado de su montonera electoral.

El anfitrión abrió fuegos sintéticamente: mientras Chávez subía en las encuestas, la cotización del bolívar bajaba. La economía rechazaba a Chávez; era preciso diseñar “una campaña inteligente, profunda y con mucho real” para detenerlo. Carmona Estanga añadió indicadores económicos que corroboraban lo dicho por Machado, y entonces los “políticos” presentes presentaron su evaluación.

De Majo dijo que era imposible que la candidatura copeyana de Barbie Sáez repuntara para ganarle a Chávez; Revenga emitió el mismo pronóstico para la candidatura de Alfaro Ucero, que aún estaba vigente. Keller apeló a sus mediciones para pronosticar—¡horror!—que tampoco Salas Römer podría parar el ascenso de Chávez y sería derrotado. Entonces propuso: “Yo auparía a una contrafigura de Chávez que fuera capaz de vencerlo con argumentos, aunque esa persona no vaya a ser candidato”. Keller daba a entender con esta última condición que Salas Römer ya estaba montado en el burro—¿caballo?—y que no convendría improvisar una candidatura de última hora. Al terminar su exposición, clavó en mí su mirada.

Tal vez Alfredo Keller no me diga nunca si pensaba en mi persona como capaz de hacer la tarea que había delineado; lo cierto es que mi tono extraña y escarmentadamente modesto de esa tarde me impuso no postularme para la misión, e intervine por la salida lateral de hablar una vez más acerca de la necesidad de promover un proceso constituyente, lo que no fue atendido por los circunstantes. Por un minuto, se examinó perentoriamente dos posibles contrafiguras que pudieran debatirle a Chávez: Alberto Quirós Corradi y Elías Santana, que no causaron mucho entusiasmo. La proposición de Keller ya no estaba sobre la mesa.

(Del libro Las élites culposas: Memorias imprudentes).

……..

El trabajo político primario consiste en identificar algún problema público y prescribir el mejor tratamiento posible. El político que ejerce su profesión como un arte de carácter médico no siempre puede aplicar directamente el tratamiento que estima preferible, pero está obligado a formularlo y darlo a conocer públicamente.

Resulta obvio que el más grave de los problemas públicos en Venezuela es la presencia invasiva del chavoma, un proceso político canceroso que puede ser descrito en sus rasgos más sobresalientes del siguiente modo (redacción de diciembre de 2002):

…el gobierno presidido por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario [a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación], al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto.

Seguramente será el resultado de las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, previstas para el domingo 12 de febrero, la emergencia de Henrique Capriles Radonski como el candidato presidencial de esa alianza partidista. Aunque en este blog se ha descreído de la capacidad de Capriles para constituirse en contrafigura—you can’t fight somebody with nobody—, no es enteramente imposible que baste para triunfar lo que pudiera ser su oferta central: que su presidencia tendrá como norte principal el alivio responsable de la pobreza y representaría la paz.

Pero es muy probable que el 12 de febrero se eligiera un Salas Römer—otro Henrique y, al decir de Leopoldo Baptista Zuloaga, ese nombre escrito con hache denota gente de real—, y entonces el récipe del Dr. Keller, desatendido en 1998, continuaría siendo muy indicado. En cualquier caso, convendría apoyar a quien pueda hacer la tarea de refutar el discurso de Chávez, a quien se acusa todos los días sin rebatirlo. LEA

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Suma contra gentiles (abstencionistas)

Tomás de Aquino, autor de Summa contra gentiles

 

La cepa abstencionista es, como Bruce Willis, dura de matar. Cíclicamente, cuando se viene encima un evento electoral, hay una actividad recrecida de los predicadores del fraude, que advierten con angustia, a veces con desprecio de quienes quieren participar electoralmente, que todo esfuerzo por esta ruta es inútil. Recapitulemos, pues, pacientemente una vez más.

En 2004, María Corina Machado dijo dos días antes del referendo revocatorio que las discrepancias del registro electoral no llegaban a 1%, y que había que ir a votar. Alberto Quirós Corradi dijo que el sistema electoral estaba blindado, concepto repetido en coro por el cogollo de la extinta Coordinadora Democrática. El 15 de agosto en la noche, el general Enrique Mendoza no fue capaz de aceptar la derrota que todas las encuestas predecían, incluso Penn, Schoen & Borland, traída por Marcel Granier. Quince días antes del referendo, Edmond Saade había dicho a los jefes de la oposición, en un desayuno en casa de Mauricio García Araujo, que su encuestadora (Datos) tenía al gobierno ganando por al menos doce puntos, y un tracking poll de Consultores 21 del 13 de agosto, cuarenta y ocho horas antes del referendo, produjo cifras que sólo diferían en décimas de los resultados que posteriormente ofrecería el Consejo Nacional Electoral. La única encuesta que dijo lo contrario fue una pirata dirigida por algunos profesores de la UCV, que fue atribuida falsamente por El Universal a Félix Seijas, lo que provocó la retractación del periódico cuando reventó el patuque y provocó la salida de Kico Bautista de la dirección de El Mundo. La Coordinadora Democrática quiso engañarnos cuando dijo que hubo fraude electoral, mintió para ocultar su descomunal incompetencia, que dilapidó el decisivo capital político que en 2002 y 2003 era mayoritariamente proclive a la revocación. Mendoza dio, aquella noche, la espalda a las cámaras y cedió el podio a Ramos Allup para que éste voceara ¡fraude! Entonces llegaron los explicadores de esta acusación. Tulio Álvarez dijo que había habido fraude, con toda seguridad, porque ¡él había escrito dos años antes un libro en el que se explicaba cómo hacerlo! El Sr. J. J. Rendón—hoy pretencioso asesor electoral—compareció el 18 al programa que entonces tenía César Miguel Rondón en Televén:

Probablemente el concursante más aventajado sea todavía J. J. Rendón, quien asegura saber cómo se habría configurado la descomunal estafa y que Smartmatic, para decir lo más prudente que se le ocurrió, habría sido al menos tonto útil al doloso plan del gobierno. (Lo que tal vez haya contribuido a que una turba, similar a un Ku Klux Klan en ánimo de linchamiento en Alabama, parecida a la que sitió con violencia la Embajada de Cuba el 12 de abril de 2002, se haya presentado ante las oficinas de Smartmatic ayer para gritar, democrática, constitucional, electoral y pacíficamente, «Mugica, ladrón» y otras menudencias por el estilo).

Rendón llevó ayer a canales de televisión su hallazgo: en dos centros del estado Bolívar encontró que había siete coincidencias exactas de votos por el «Sí»—en un acta tres veces el número 133, en otra del mismo centro dos veces el número 127, en otra de centro diferente dos veces el número 122. Luego ha afirmado, en sucesión, que tenía un total de 9 actas en la que se observaba este extraño fenómeno; más tarde que eran 15; luego que eran 24 y, antenoche, en el programa Rendón-Rondón, que le habían reportado anomalías similares en otros estados.

Pues bien, lo que sería verdaderamente anómalo es que en un universo total de 19.664 máquinas de votación no aparecieran centenares de actas con resultado idéntico. En sí mismo, cada caso parece extraño y, de hecho, considerados individualmente, los casos reportados resultan repugnantes a la intuición.

Sin embargo, la estadística es ciencia sosegadamente implacable que con frecuencia nos presenta aparentes paradojas o, en todo caso, sorpresas contraintuitivas. Por ejemplo, el famoso caso—entre los estadígrafos, naturalmente—del cumpleaños duplicado. En teoría, cualquier persona tuvo una probabilidad de nacer en un día específico del año calendario equivalente a 1/365—para no considerar años bisiestos—o, en términos porcentuales, 0,27%, o un poco más de un cuarto de uno por ciento. Consigamos entonces un grupo constituido por 23 personas elegidas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas de ese grupo cumplan años exactamente el mismo día? Nuestros lectores seguramente se sorprenderían si se les dice que esa probabilidad es de 50,7%, o 187 veces la probabilidad de que alguien haya nacido en un día específico del año.

La verdad es, entonces, que lo esperable estadísticamente es que en varios centenares de casos se registre lo que al Sr. Rendón parece «matemáticamente imposible», incluyendo, por supuesto, la aparición de «insólitas» coincidencias en un mismo centro de votación. Cualquier jugador de dominó registra en su memoria más de una vez en la que en un mismo partido tres o cuatro manos seguidas arrojan un resultado de, digamos, 22 puntos. («¡Qué casualidad!») Y más de uno entre nosotros ha observado la improbabilísima distribución de siete blancos en una misma mano, durante amistoso juego en el que a ningún miembro del Comando Maisanta se le ha permitido barajar las piedras.

Pero es que la necesidad emocional exige que nuestra hipótesis favorita—el fraude electoral masivo ante las narices de los observadores internacionales que se chupaban el dedo—encuentre asidero, y nuestra psiquis anda automáticamente—no es un ejercicio consciente y voluntario—a la caza de cualquier hábil pseudoexplicación que la corrobore. Estamos persuadidos de que el Sr. Rendón cree inocente y honestamente en su «explicación». Pero no podemos estar de acuerdo conque de su involuntariamente defectuoso razonamiento extrapole acusaciones gravísimas. A él no le consta en absoluto que en verdad se haya producido la alevosa «programación» de los «topes» que postula.

Ah, pero entonces vuelven los detectives de la megaestafa a la carga. Acabamos de recibir un archivo de hoja electrónica de cálculos con más de 4.500 centros en los que se manifestaría un tal «gradiente del fraude». ¿En qué consiste? Pues en un listado de centros en los que el voto por el «Sí» habría presuntamente sido inferior a las solicitudes interpuestas en los mismos centros para exigir el referendo revocatorio. Es decir, en el «Reafirmazo». Y esto, arguyen, es «claramente imposible».

¿Por qué es imposible? ¿Es que no hubo en el revocatorio muchos más centros habilitados que en el «Reafirmazo» y por tanto la población de solicitantes estuvo distribuida entre más centros, bajando la proporción original promedio en cada uno? ¿Es que no ha podido haber ningún factor que disminuyera la voluntad de los firmantes originales, por ejemplo, el temor que la Coordinadora Democrática decía saber que las «cazahuellas» impartirían a los votantes, y que quiso combatir asegurando que el sistema era inviolable, o el real amedrentamiento del régimen a pobladores que temieron perder sus becas u otras dádivas? ¿De dónde se obtiene el impepinable teorema de que las solicitudes establecían un piso inamovible a los votos? (Carta Semanal #100 de doctorpolítico, del 19 de agosto de 2004).

El 20 de agosto conversé de estas cosas con un empresario venezolano que creía en el fraude. Me dijo: «Está bien, me convenciste, no hubo fraude, pero hay que decir que lo hubo porque a este señor hay que negarle hasta el agua».

El pacto Bush-Machado

Luego, caídas estas «explicaciones», María Corina Machado encargó a Ricardo Hausmann y su compinche Roberto Rigobón el famoso estudio del «cisne negro», el primero de una familia de estudios numerológico-estadísticos que distan mucho de haber demostrado fraude en ningún caso. Me ocupé de disecarlo minuciosamente y de demostrar su invalidez en la Carta Semanal #103 de doctorpolítico, del 11 de septiembre de 2004. La Sra. Machado, a quien envié por cortesía el resultado de la disección, me reprochó que no hubiera hablado antes con Hausmann; en verdad, yo le había pedido a ella una conversación a la que se negó porque estaba muy ocupada preparando algo que era, precisamente, la presentación del adefesio que desmonté.

No fue sino hasta agosto de 2005 cuando, acosado por Pedro Pablo Peñaloza—hoy periodista consentido de Leopoldo Castillo—desde El Universal, Alejandro Plaz admitió a regañadientes que no se había demostrado fraude en 2004 (cita del artículo breve de la Carta Semanal #149 de doctorpolítico):

Pero Plaz debió reconocer algo más sustancial todavía, asediado por el periodista. Que no se había probado el fraude en el revocatorio o las elecciones de gobernadores y alcaldes. Que no era posible, más fundamentalmente, probar el fraude. El periodista afirmó: «Aunque tras cada votación se agregan nuevos elementos, puede decirse que los reclamos actuales son similares a los expuestos en 2004; no obstante, en el pasado jamás pudo demostrarse el fraude». Plaz evadió el asunto alejándose de la precisión para situarse en un plano jurídico: «Recuerda que al referendo revocatorio no se le podía aplicar la ley electoral, porque el Tribunal Supremo de Justicia decidió que no era una elección y que no podía regirse por la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política (Losypp). En esa ocasión, el CNE creó un reglamento nuevo que estipulaba en su artículo 50 que el escrutinio sería manual; sin embargo, metieron las máquinas y violaron su propia norma. Igual pasó en octubre, cuando denunciamos que violentaron más de 15 artículos de la Losypp, y en esta oportunidad ya han infringido más de 20 artículos».

Ante esta evasiva Peñaloza persiguió con reiteración: «Pero nadie ha podido ofrecer elementos de convicción sobre la perpetración de un fraude electoral». Y dijo entonces Plaz: «No se puede demostrar porque, a medida que violas más la ley, vas haciendo la caja más negra. El CNE mantiene una caja negra, que impide el acceso a la información, al centro de votación, a los programas de las máquinas, a los centros computarizados del CNE y de la Universidad Bolivariana, donde revisan las huellas. Mientras más blindada esté la caja negra, más complicado es probar el fraude».

Puesto en términos de Lewis Carroll: «But I was thinking of a plan to dye one’s whiskers green, and always use so large a fan that they could not be seen». («Pero pensaba en un plan de teñirme los bigotes de verde, y usar después un abanico tan grande que no pudiera vérselos»).

Ramos Allup: líder de retiradas

Pasemos a 2005, el año de «una auténtica y espontánea manifestación de desobediencia civil» (Erik Ekvall dixit en reciente artículo iracundo), el estúpido forfeit que otra vez encabezara Ramos Allup para entregar al oficialismo la totalidad de la Asamblea Nacional. En verdad, este curso de acción estaba decidido de antemano: “…estamos preparando un retiro masivo de candidatos… seguido de un evento espectacular de lanzamiento de campaña 2006”. (Correo dirigido a mí por Roberto Smith Perera. El hallazgo accidental en Fila de Mariches, que le dio a una oposición prederrotada el pretexto para abandonar su intento electoral, ocurrió el 29 de noviembre. El correo de Smith es del 31 de octubre).

Uno de los miembros del Grupo La Colina, Leopoldo González, fue quien fuera inscrito por Primero Justicia como «técnico» suyo para la auditoría técnica a las máquinas de votación de Smartmatic. En ese carácter—su propio grupo no es reconocido como actor certificado por el Consejo Nacional Electoral—González encontró a través de su examen experto que después de todo las famosas máquinas electorales guardaban en su memoria la secuencia de votos, de modo que era posible en principio violar el secreto del sufragio, al cotejar esa secuencia con el orden de identificación de los votantes que proviene de las llamadas «captahuellas», en las que cada elector que acudiera a votar debía registrar su huella digital para demostrar su condición de votante inscrito en el Registro Electoral Permanente y así imposibilitar que una misma persona votase más de una vez. Este hallazgo brindó en bandeja de plata a los partidos de oposición el pretexto que requerían para retirarse de unas elecciones parlamentarias que sabían perdidas. Tal hazaña llevó a Olga Krnjajsky (nom de plume Olga K) a decir que González había logrado lo que «no había hecho ni SÚMATE con su tecnología, ni los partidos con su maquinaria, ni Tulio con su informe, ni Oswaldo Álvarez Paz con el 350». Tan justa fama explica la confianza suscitada por el Grupo La Colina, que se expresa claramente en reciente proposición de Gerardo Blyde: que el Grupo La Colina se sumara a Súmate para la organización de las propuestas elecciones primarias de la oposición.

El lunes pasado tuvo el suscrito la oportunidad de asistir a una presentación de miembros de este grupo, centrada sobre el tema de una candidatura unitaria de la oposición. La exposición consistió de un modo muy útil de organizar los elementos fundamentales de este problema, pero fueron tres tajantes afirmaciones de la gente del Grupo La Colina lo que más llamó la atención. Esta gente, que logró descubrir la persistencia de la secuencia de votos en Fila de Mariches, no se montó sobre tal plataforma para exhibirse como los grandes descubridores de un fraude electoral el 15 de agosto de 2004. Todo lo contrario. Lo primero que afirmaron fue que las máquinas de Smartmatic hacían exactamente lo que esta compañía había prometido. Luego, establecieron que el registro secuencial de los votos emitidos no se debía a acción deliberada por parte de Smartmatic o el CNE, sino a un error de Microsoft, uno de cuyos programas off the shelf fue adquirido por Smartmatic para combinarlo con su propio software. Microsoft había garantizado que aquel registro desaparecería, e incluso había mencionado que tal cosa sería así porque la misma condición era requerida por importantes loterías europeas que usaban el mismo programa para garantizar la transparencia de sus sorteos. (Voceros de Smartmatic, por otra parte, han explicado que para que fuese posible emplear la secuencia registrada con intención política dolosa, hubieran tenido que concurrir los partidos de oposición, pues sin la mitad de la llave que abre la caja negra, que estaba en manos de la oposición, no hubiera sido posible acceder a la tal secuencia).

En suma, al conjunto de sólidos argumentos que permiten pensar que el 15 de agosto de 2004, independientemente de otras conductas abusivas y ventajistas por parte del gobierno, hubo más «Noes» que «Síes»—que todas las encuestadoras serias del país así lo predijeron, por ejemplo—se añade la puntilla mortal de la certificación ofrecida con la mayor seriedad y tersura por los colineros: se trata del definitivo certificado de defunción de la hipótesis del fraude electrónico.

Pero todavía dijeron otra cosa los representantes del Grupo La Colina: que en su considerado criterio el sistema automatizado de Smartmatic hacía más fácil que la oposición vigilase la correspondencia con los votos reales y los defendiera; esto es, que resulta más fácil defender la fidelidad de los registros y la transparencia del sistema con las mismas máquinas, que con conteos manuales, que regresarían la pelota a la cancha superada de las actas que matan votos.

Estas son cosas importantísimas, porque rompen el paradigma abstencionista, montado sobre la premisa del fraude electoral. Si se quiere revertir la matriz de opinión a este respecto, construida a partir de la prédica irresponsable de una dirigencia inepta que quiso disimular su ineptitud—dilapidó el enorme capital político acumulado en 2002 y 2003—es de la mayor importancia que se difunda esta valiente y seria evaluación del Grupo La Colina. (En la Carta Semanal #184 de doctorpolítico, del 6 de abril de 2006. En realidad, la llave que abriría la memoria de las máquinas de votación tendría que haberse recompuesto de cinco partes: una en poder del CNE, dos para el oficialismo y dos para la oposición).

El 7 de julio de ese año de 2005 pude anticipar, en la Carta Semanal #145 de doctorpolítico:

Gold über alles

El emblema que distingue a Súmate pudiera contener una simbología intencional o freudianamente desintencionada. Es una pirámide de base cuadrilátera que muestra dos de sus caras. En el tercio superior de su altura está coloreada de amarillo; el tercio medio es azul; el inferior rojo. Obviamente, el tricolor venezolano.

Tal disposición corresponde, naturalmente, a un área y volumen más pequeños cuyo símbolo es el oro patrio, las riquezas de la nación; a un área y volumen intermedios distinguidos por el azul de nuestros cielos y nuestros mares; a un área y un volumen, finalmente, en proporción mucho más grande y que están coloreados por el rojo de la sangre—¿el rojo chavista?—de nuestros libertadores. La pirámide de Súmate refleja admirablemente la de nuestra población y su distribución de la riqueza, gruesamente coincidente con la de sus preferencias políticas. Pocos ricos, algo más de clase media, la gran masa de la roja pobreza.

Más allá de esta disquisición semiótica, Súmate es, sin que quepa la menor duda, una organización seria, profesional, metódica, moderna y no poco heroica. Baste esta resumida caracterización para pasar a comentar su más inmediato aporte, puesto que esta publicación ya ha expresado más de una vez su aprecio por la labor de Súmate y su más visible liderazgo como para que sea necesario extenderse sobre el tema.

En seguimiento de su programa de cinco puntos, anunciado en marzo de este año al convertirse en «movimiento ciudadano nacional», Súmate procura ahora la impugnación del Registro Electoral Permanente. Para esto invita a los ciudadanos que quieren hacer valer su voto a que acudan a sus centros de votación con una exigencia escrita—ofrece una redacción estándar legalmente cuidada—sobre la publicación de las direcciones de los votantes, condición estipulada en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Pero toda esta iniciativa—que requeriría tal como la organización lo reconoce la «valentía» de unos ciudadanos que quedarían como opositores más patentes que en la «Lista de Tascón»—parece ser emprendida para que fracase. Así lo explica una nota de la misma Súmate: «Esta nueva acción que lanza Súmate ‘Impugna tu registro’ requiere que los ciudadanos acudan ante el director del plantel, por su condición de agentes de actualización, donde funciona su Centro de Votación para que exijan lo establecido en el ordinal 1 del artículo 91 de la LOSPP, referida a la publicación del lugar de residencia de los electores. Para Machado esto resultará imposible porque el CNE no le ha suministrado las direcciones de residencias en las listas de electores».

Esta presunción de Machado, pues, y este enfoque, parecen procurar no tanto la corrección del sistema electoral como su invalidación y su deslegitimación. Pareciera que hay una convicción previa, un axioma subyacente y apriorístico, según el cual no podrá haber las «elecciones limpias» que Súmate buscaría. Que el objetivo real de la organización es ahora el de documentar esta conclusión.

Con un certificado técnico de tan alta factura puede darse por descontado que los abogados del abstencionismo completarán su cometido. Dados el prestigio y la influencia de Súmate habrá muy poco opositor a quien le queden ganas de ir a votar.

Y es que el teorema de la abstención es imposible de refutar, si se aceptan sus axiomas de partida. Si el sistema electoral está irremisiblemente viciado y sesgado a favor del chavismo ¿para qué debiera ir un opositor a votar cuando su voto corre el riesgo cierto de ser torcido?

El razonamiento es impecable.

Eppur si muove. Porque hay en el fondo un problema mucho más importante que el de la confiabilidad en el registro electoral: que la oposición organizada no levanta opinión a su favor, que se ha mostrado incapaz de mover a la masa electoral de modo convincente y atractivo, como lo señalan, con pequeñas diferencias, todas las encuestas. (Con excepción de la sacacifras). Por ejemplo, hace poco hacíamos referencia a las mediciones de Oscar Schemel, que arrojaban sólo 11% de apoyo a la oposición, contra uno de 37% al gobierno, una proporción superior a una de 3 a 1.

Y en estas condiciones, aun si el inefable Jorge Rodríguez fuese de súbito sustituido por una Teresa de Calcuta rediviva, el gobierno propinaría una mayúscula paliza a su oposición formal, y ganaría casi todos los puestos municipales, y abrumaría con una mayoría suficiente para el cambio constitucional en la Asamblea Nacional, y reelegiría cómodamente a Chávez en 2006, si no se hiciera nada distinto de lo que se ha venido haciendo.

Por tal razón, si bien el argumento abstencionista parece imbatible, la verdad es que funciona como pretexto o coartada de una incapacidad más fundamental. Es la que ilustraba la proverbial zorra de la clásica y cínica fábula de Félix de Samaniego:

Es voz común que a más del mediodía,
 en ayunas la Zorra iba cazando;
 halla una parra, quédase mirando
 de la alta vid el fruto que pendía. / Causábala mil ansias y congojas 
no alcanzar a las uvas con la garra,
 al mostrar a sus dientes la alta parra
 negros racimos entre verdes hojas. / Miró, saltó y anduvo en probaduras,
 pero vio el imposible ya de fijo.
 Entonces fue cuando la Zorra dijo: 
»No las quiero comer. No están maduras». / No por eso te muestres impaciente,
 si se te frustra, Fabio, algún intento:
 aplica bien el cuento, 
y di: No están maduras, frescamente.

La oposición retiró sus candidaturas porque iba irremisiblemente a perder en 2005 las elecciones de Asamblea, y habló una vez más de fraude para ocultar irresponsablemente su incompetencia. Para coronar la locura, se le ocurrió a unos pocos que la abstención de 75% en diciembre de 2005 equivalía a la emisión de catorce «mandatos» detallados «del Pueblo a la Nación» (¿no son la misma cosa?) En octubre, antes del incidente de Fila de Mariches, Hinterlaces anticipaba una abstención de 71%, por lo que, si acaso, el retiro de las candidaturas de oposición añadió 4%:

La relación anterior viene a cuento porque, muy temprano en este año electoral de 2006, se propaga por la psiquis oposicionista una buena cantidad de ideas igualmente «inteligentes» y «profundas», ocurrencias vistosas que sin embargo están destinadas al fracaso más rotundo. Y también porque es tesis persistente que criticarlas le hace el juego al gobierno, que no se debe criticar a nada o nadie que le haga oposición, porque sería preciso desacreditar al gobierno con cualquier cosa, así sea una mentira, y «no debemos pisarnos la manguera entre bomberos».

Es así como unos pocos han concebido el siguiente monstruoso récipe: que a Chávez es preciso oponerle alguien que sea aun más procaz que él; que ese personaje es el Conde del Guácharo; que debe aportarse un «pote» para aupar su candidatura presidencial. Es ésta una «solución» tan estúpida como aquella de la candidatura de Arias Cárdenas en 2000, que en «profunda» e «inteligente» evaluación estratégica fue considerada la mejor oposición posible a Chávez ¡porque era cuña del mismo palo!

Sin llegar a esos extremos dignos del teatro del absurdo, se ha generalizado demasiado una particular interpretación de lo acontecido el pasado 4 de diciembre con la elección de la Asamblea Nacional. La interpretación estándar va sobre las siguientes líneas: que «la sociedad civil» impuso a los partidos políticos de oposición una línea abstencionista—«No fueron los partidos, fuimos nosotros»—, que los partidos, en acatamiento a esa voluntad soberana, asestaron el golpe de última hora—el gobierno no tuvo tiempo de reaccionar—de su retirada o forfeit y que tal cosa determinó la voluminosa abstención del 4D; que esa abstención fue toda de oposición al gobierno y además se expresó en una serie de «mandatos» específicos, razones todas por las cuales el que el oficialismo controle ahora todos los escaños de la Asamblea ¡es un resonante triunfo para la oposición!

La sociedad civil no impuso nada a los partidos. Una fracción escéptica de la sociedad civil, opuesta al régimen chavista, había adoptado, es cierto, una postura abstencionista, y unos partidos venidísimos a menos, como en otras ocasiones—la «tarimitis» de una Plaza Francia militarizada, el paro de 2002-2003—no quisieron perder la escasa ascendencia residual que aún tienen sobre unos cuantos electores, las más africanizadas entre las abejas del enjambre ciudadano, y aprovecharon la oportunidad de una nueva «sintonía» con «la masa» para retirarse, como zorra de Samaniego, de unas elecciones que sabían perdidas.

Todas las encuestas anticipaban la derrota inmisericorde de los candidatos de oposición, además, dicho sea de paso, de una abstención muy elevada, con bastante antelación al retiro de aquellos candidatos. Henry Ramos Allup no hubiera podido presentar a la base de su partido, y al resto del país, otra cosa que una fracción parlamentaria de Acción Democrática muy reducida, marcadamente menor que la que actuó en la Asamblea Nacional del período que hace poco concluyó. Es decir, un descalabro mayúsculo y definitivo, letal. (Como fue aquí certificado—Carta Semanal #166, del 1º de diciembre de 2005—obra en poder de doctorpolítico un correo electrónico proveniente de uno de los actuales precandidatos a la Presidencia, y fechado el 31 de octubre—un poco más de un mes antes del 4D—en el que se avisa: «…estamos preparando un retiro masivo de candidatos…» El hallazgo en hora nona de Fila de Mariches, respecto del registro en memoria de las máquinas de votar de la secuencia del voto, fue un golpe de suerte para una oposición que había obtenido del CNE, para su sorpresa, prácticamente todo lo que solicitaba públicamente con la esperanza de que Jorge Rodríguez se negara. La verdad es que esa oposición sabía que iba al sacrificio y buscaba desesperadamente un pretexto creíble para retirarse de la contienda).

Luego, ¿de dónde sacan ciertos análisis la conclusión de que toda la abstención del 4 de diciembre de 2005 se produjo a partir de un cuadre sólido con la oposición? Como se apuntó antes, las encuestas, unas más y otras menos, registraban una alta propensión a no votar desde un buen tiempo antes de la votación. Es más, el propio Chávez, en noviembre de 2004, luego de las elecciones de gobernadores del 31 de octubre, destacaba ante sus copartidarios reunidos en la Escuela Militar, que el enemigo a vencer era la abstención, que después calificó de estructural. (Por cierto, ¿cómo se explica que un CNE que es tenido por tramposo y adulterador, no atinó a ocultar las cifras de la abstención del 4 de diciembre, siendo que el único líder del proceso había señalado justamente que había que derrotarla?)

La abstención del 4 de diciembre fue el producto de múltiples razones que actuaron, unas aisladamente, otras en combinación, en la disposición de la abrumadora mayoría de los electores. Un cierto número, en efecto, se abstuvo de sufragar porque alberga una profunda desconfianza del árbitro electoral, y esta percepción se vio grandemente reforzada con el descubrimiento de Fila de Mariches ya mencionado. Otros, normalmente proclives al gobierno pero no demasiado entusiastas, en conocimiento de que la revolución obtendría todos los diputados aunque sólo fueran diez electores a votar, en virtud de la misma retirada opositora, habrán considerado que su voto no era críticamente necesario.

Pero esta publicación adelantó una interpretación distinta en su número 167 (8 de diciembre de 2005): que el gobierno no fue capaz de llevar a las urnas a más de la cuarta parte de los electores del país, que tal hecho significa que el gobierno sí es derrotable electoralmente, pero que igualmente el rechazo recae sobre la oposición organizada en partidos, y que no puede atribuirse a ésta ninguna victoria. («Pero el rechazo no fue solamente al sistema electoral impuesto, a un CNE que contemplamos incrédulos a distancia, por más que las encuestas y ahora los observadores internacionales hayan medido su poca credibilidad. La repulsa fue mucho más profunda que eso, el repudio generalizado fue en verdad a todo un teatro político de actores profesionales, un hartazgo y una ausencia que toma distancia de un combate cotidiano que ha terminado por hacernos anómicos, no participantes. Los venezolanos ya hemos asimilado que una política entendida como lucha por el poder, como incesante contienda, no resuelve nuestros problemas públicos»). Una candidatura ganadora en diciembre de 2006 tendría que cumplir más de una condición esencial, y una de ellas es que debe diferenciarse nítidamente de Chávez, pero igualmente de una oposición institucionalizada y convencional que continúa medrando y que junta no supera el diez por ciento del apoyo ciudadano.

En lo concerniente al famoso «mandato» del pueblo, expresado en la abstención del 4D, cabe señalar que la especie ha sido adoptada como «línea» opositora. Esto es, ya no es solamente una mera interpretación más o menos extendida, sino que en ciertos círculos se ha decidido vocearla de todo modo y manera. Varios son sus obvios y coordinados evangelistas: Carlos Blanco, María Corina Machado, en cierto modo Armando Durán y, lo más preocupante, una treintena de nombres al pie de un manifiesto fechado el 4 de febrero, hace doce días, en el que se sostiene que el 4 de diciembre de 2005 el pueblo emitió un inequívoco y múltiple mandato. Por ejemplo, dice el texto aludido:

Cinco de los mandatos

«El 4-D el pueblo venezolano manifestó su voluntad de progresar y prosperar de manera sustentable, con igualdad de oportunidades para todos; así como superarse y ser dueño de su destino.

El 4-D el pueblo venezolano formuló su deseo de contar con una Fuerza Armada que garantice la independencia, la soberanía y la integridad del territorio nacional.

El 4-D el pueblo venezolano exigió el rescate de la Industria Petrolera para que se sitúe, nuevamente, entre las más poderosas, eficientes y productivas empresas del mundo.

El 4-D el pueblo venezolano invocó el cumplimiento de la cláusula federal y redimir las reformas políticas dirigidas a la descentralización y la paulatina desconcentración del poder político, como fórmulas de control social y garantía de libertad».

Con este mismo tenor se enumera un total de dieciséis mandatos específicos, que habrían sido declarados por el pueblo abstencionista, unánimemente opositor. Es obviamente un exageradísimo y falaz documento, y no se puede fundar un movimiento político sobre una mentira, no digamos dieciséis.

Preocupa entonces grandemente que nuevamente se proponga a la opinión pública, a esa entelequia a nombre de la que muchos pretenden hablar y llaman «la sociedad civil», una interpretación de la realidad completamente falseada que impedirá la formulación y puesta en práctica de una estrategia verdaderamente eficaz. (En Delirio estratégico, artículo principal de la Carta Semanal #177 de doctorpolítico).

«El que calla otorga», reza un proverbio castellano, pero una ingeniosidad digna de mejor objetivo creyó que su alquimia retórica era capaz de transformar la abstención, un resonante silencio, en la especificidad de exigencias concretísimas que jamás fueron pronunciadas. Por supuesto, el «Movimiento 4D» murió prácticamente al nacer.

Llegamos con esta alucinada ocurrencia a 2006, año de elecciones presidenciales. La tendencia abstencionista centró entonces sus baterías sobre el issue del registro electoral, que se descalificaba como no confiable. Pero… para el 20 de julio de ese año—en la Carta Semanal #195 de doctorpolítico—fue posible reportar:

Está disponible desde hace poco una presentación que lleva por título «Auditoría digital del RE: Estudio de consistencia demográfica y estadística». Los patrocinantes de este estudio no son otros que las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, las tres entidades que «la sociedad civil» quería que escudriñaran el Registro Electoral Permanente. Como sabemos, un examen de este registro se ha tenido como una de las condiciones exigidas por cierta oposición para considerar siquiera una participación en la venidera elección presidencial del 3 de diciembre.

Pues bien, la presentación de los resultados y conclusiones de este análisis triborlado dista muchísimo de rasgarse las vestiduras, lo que habría ocurrido de haber encontrado groseras discrepancias o errores muy sospechosos. En efecto, las tres alma mater encontraron equivocaciones en el REP, y recomiendan una estrategia básica para superarlos: «Es necesario diseñar un esquema muestral que permita estimar el efecto de los errores del RE en los próximos comicios y monitorear el proceso». Punto.

El registrador de los votantes

Pero veamos como presentan el asunto. Su primera observación es la siguiente: «La discrepancia entre valores observados y esperados permite inferir que una importante proporción de los datos de los electores contenidos en el RE tiene errores al menos desde 1998″. (Destacado nuestro). Así observan, por otra parte, la pretendida imposibilidad de un registro algo superior a los 17 millones de electores dentro de la estructura poblacional venezolana: «Las estructuras por edad del RE y Proyecciones de Población, tanto a nivel nacional como por entidad federal, son consistentes… La estructura refleja un rezago en la inscripción de los más jóvenes así como la sobre-representación de la población adulta mayor (80 y más) que podría estar mostrando los problemas de depuración… Se hicieron pruebas de consistencia de las estructuras de esas dos poblaciones aun corrigiendo los problemas con los grupos extremos y los resultados mejoran, no obstante que la significación de las pruebas con los datos sin corregir ya era bastante aceptable». (Destacado nuestro).

El más definitivo de los dictámenes, no obstante, que además repiten, es el siguiente: «No se observaron evidencias de que exista correlación entre errores y preferencias políticas en eventos comiciales nacionales… Los resultados sugieren que los errores no parecen estar relacionados con la intención del voto en un evento comicial presidencial».

De hecho, verificaron los municipios con más errores contra la votación del referendo revocatorio de 2004, y así concluyen, según reporta El Universal: «Al comparar los defectos del Registro Electoral de 1998 con los errores detectados el año 2006 los investigadores concluyeron que las inconsistencias se han multiplicado en municipios donde ya existían errores. Para demostrar si estos errores inciden en un proceso de votación nacional se compararon los resultados del referendo revocatorio presidencial entre los municipios donde existen errores con las entidades que presentan anomalías esperadas. En los municipios problemáticos el NO se impuso con el respaldo de 55% de los votos; mientras en los municipios sin inconsistencias sensibles el NO obtuvo 62%».

¿Qué tal? Participacionistas uno, abstencionistas cero.

A Manuel no le daban las cuentas

Manuel Rosales perdió las elecciones en 2006; sólo pudo ganar en el municipio Maracaibo pues ¡perdió en el resto del estado Zulia! Un mes y medio antes de las elecciones, Edmond Saade nos decía en un desayuno que analizó sus posibilidades: «El problema es que Rosales no da». Debe anotarse como mérito de Rosales que rápidamente admitió su derrota como un hombre, pero eso le fue cobrado por los talibanes de la oposición. (Oswaldo Álvarez Paz, por ejemplo). Por mi parte, acepté una invitación de IFEDEC para que ofreciera un análisis post mortem el 14 de diciembre de 2006. Justifiqué la cosa al exponer razonadamente por qué Rosales no fue el mejor candidato y la campaña tampoco fue acertada. El anfitrión de una conocida peña caraqueña estuvo presente, y al escuchar esta evaluación se levantó indignado, fue a cuchichear al oído del anfitrión y se retiró porque, me explicó Eduardo Fernández, yo osaba criticar a Rosales, el «indiscutido» líder que la oposición tanto necesitaba.

Vino entonces 2007 y ¡oh sorpresa!, el proyecto de reforma constitucional tan crucial para la revolución de Chávez fue derrotado en las urnas por menos de 2% de ventaja del No sobre el Sí y Chávez admitió la derrota, no sin revirar procazmente. Los suspicaces incrédulos del CNE no han explicado jamás a qué se debió tan enorme anomalía. Ya Esdata—liderada por el dulce amigo Alfredo Weil Reyna, con quien me gradué de bachiller—tenía tiempo con su cantilena descalificadora del CNE, y habiéndoles demostrado a él y a los profesores Salas y Delfino—en marzo de 2006, luego de invitar a los tres a almorzar para advertirles lealmente—que sus pretensiones eran meros malabarismos estadísticos sin conexión con la realidad, regresó la persistente y paranoica organización con el estudio «irrefutable» de María Mercedes Febres Cordero.* (Un importante publicista me entregó una copia del informe y me mintió con el mayor irrespeto, al asegurarme que Teodoro Petkoff habría quedado impresionadísimo y totalmente convencido en presentación que se le habría hecho. El publicista no contaba conque yo verificaría; Petkoff desmintió rotundamente que tal presentación hubiera tenido lugar).

Una vez más confronta el país una encrucijada electoral. Esta vez se trata de aprobar o rechazar, en referendo popular, el proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Chávez a la Asamblea Nacional. Increíblemente, subsiste aferrada a más de una inteligencia, cual tenaz garrapata, la convicción de que no debe asistirse al acto referendario. Es persistente, porque así fue sembrada sistemáticamente, la idea de que no vale la pena votar, dado que el sistema electoral está controlado por el propio Chávez, quien no permitiría el reconocimiento a un triunfo de sus adversarios.

Así, todavía aparecen estudios estadísticos tan impecables como un teorema de Euclides, y se les blande como espada definitiva, pues han sido publicados en prestigiosas revistas especializadas, o algún conocido político habría quedado impresionadísimo con sus hallazgos. A fines de 2004, recién celebrado el referendo revocatorio del 15 de agosto, Súmate presentó con bombos y platillos los resultados de un estudio llevado a cabo por los profesores Hausmann y Rigobón—¡antes de que treinta días siquiera hubieran transcurrido desde el acto electoral!—como base para afirmar que se había cometido un fraude electrónico. (En su momento—# 103 de la Carta Semanal de doctorpolítico, del 12 de septiembre de 2004—esta publicación produjo la disección del referido informe, mostrando su invalidez). El año pasado, en cambio, estuvo de moda un nuevo estudio, el de los profesores Salas y Delfino, de la Universidad Simón Bolívar. El suscrito pudo presenciar la presentación que estos profesores hicieron de su análisis, y antes de desbaratarlo ante el mismo auditorio que los escuchara, invitó a almorzar a sus autores y a su promotor. En esa ocasión desmontó cordialmente su argumentación, en guerra avisada que no impidió que soldados murieran.

Pero ya esos estudios pasaron de moda, y ahora se distribuye en circuitos exclusivos uno distinto, hecho en Miami por María M. Febres Cordero y Bernardo Márquez, y se pretende que su trabajo—A statistical approach to assess referendum results: The Venezuelan recall referendum 2004—es la prueba verdaderamente definitiva de que hubo fraude el 15 de agosto de ese año, y que por tanto Chávez es un mandatario ilegítimo.

Esta nueva pieza adolece de la misma falla básica de los anteriores: es una manipulación estadística sin conexión con la realidad, y no demuestra en absoluto cómo habría sido perpetrado el delito electoral, que Hermann Escarrá asegura existió y Alejandro Plaz—Súmate—debió admitir que no podía ser probado. Comoquiera que esta publicación ya ha hecho examen crítico detenido de estudios de esa clase, se limitará a sugerir, por vía anecdótica ya empleada acá hace tres años, cuál es el problema de fondo con las “pruebas” de su especie.

Mi entrañable amigo Eduardo Quintana Benshimol, muy prematuramente fallecido, me contó la anécdota en 1974, hace ya treinta y tres años. Tiene que ver con cómo fue que Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein se conocieron. Russell estaba en Cambridge ante su clase, escribiendo teorema tras teorema en un pizarrón. Volteado hacia el salón notó la presencia de un joven con chaqueta, de pie, hacia el fondo—era Wittgenstein—y se percató de que éste movía negativamente la cabeza. Regresó por un momento a escribir sobre la pizarra y volteó de nuevo. Wittgenstein continuaba negando con la cabeza. Ya molesto, Russell le increpó, preguntándole cuál era el problema. A lo que el genio (Russell no lo era) dijo simplemente: “Profesor Russell, ¿podría usted por favor demostrarme que en este salón no hay un elefante?” Russell acogió confiadamente el reto y se lanzó a borrar el pizarrón y a escribir nuevos y larguísimos teoremas. Pero Wittgenstein permaneció impertérrito: “Perdone, Profesor Russell, pero eso no es una comprobación de que aquí no hay un elefante”. Al borde del desespero Russell devolvió el desafío: “Bien, joven, ¿quiere usted demostrarnos a todos que en este salón no hay un elefante?» Dijo Wittgenstein entonces: «Con su permiso, Profesor Russell”, y se movió en el salón hacia adelante, examinando calmadamente bajo los pupitres, tras unas cortinas y unos cuadros, hasta llegar al escritorio profesoral cuyas gavetas abrió y cerró para sentenciar: “Profesor Russell, en este salón no se encuentra un elefante”.

Pues bien, el elefante de Hausmann y Rigobón, Salas y Delfino, Febres Cordero y Márquez, es el presunto fraude del referendo revocatorio, y sus estudios un “pizarrón de Russell”, inconexo con existencias concretas. Pero los adalides de la “resistencia” y la abstención—que ahora convocan para una “gran marcha, ahora sí definitiva” para fines de octubre o comienzos de noviembre de este año—se valen de ellos para predicar que no se vaya a votar en el inevitable referendo por la reforma constitucional. No falta quien apunte: “¿Viste que Chávez anda preocupado con la abstención? Eso es lo que más duele, así que vamos a abstenernos”. No se dan cuenta de que Chávez admite esa angustia precisamente para alimentar, con la creencia de que tal cosa es su talón de Aquiles, la abstención de sus opositores que le entregue en bandeja de plata el texto constitucional que le hace falta para perfeccionar su dominación. (Cepa resistente, de la Carta Semanal #253 de doctorpolítico).

Hablar y callar sería la misma cosa

Mi compañero de pupitre en la UCAB, Luis Ugalde, escribió un artículo verdaderamente increíble, por el que argumentaba que votar en contra de la reforma en la que Chávez había puesto tanta esperanza y abstenerse de votar eran dos caras de la misma moneda. Así puso (El día después, 25 de octubre de 2007): “…el día del referéndum el rechazo se expresará de dos maneras, ambas con fuertes razones y motivos: por la abstención y por el no. No será posible acordar una única forma de rechazo. Millones (opositores y chavistas) lo harán con la abstención y otros millones con el voto por el no. Ambas formas de rechazo sumarán más de 70% (ya 60% sería un triunfo) y dejarán en evidencia que, con minoría de 30%, el Gobierno quiere imponer como obligación constitucional un régimen autoritario y un modo de vida rechazado”.

Entonces rebatí esa locura de este modo:

Son de una supina inocencia estas prescripciones de dejar “en evidencia”—¿ante quién, por cierto?—las intenciones autoritarias y socializantes de un gobierno que, para empezar, nunca ha cesado de ponerse en evidencia él mismo a este respecto; su carácter está en evidencia por su propia actuación descarada, y la puesta «en evidencia” que Ugalde prescribe no añade absolutamente nada.

Pero cabe preguntar: ¿sostiene Ugalde que la Constitución que nos rige es ilegítima? No pareciera; al igual que Mejía Betancourt la da por sentada y por aceptable: “Chávez ha decidido imponer una nueva Constitución (acabando con la bolivariana)… La nueva constitución es una locura… Hay que… evitar que se aplique un régimen que reduzca los derechos humanos y elimine la democracia pluralista”.

Recordemos entonces las cifras del referéndum del 15 de diciembre de 1999, que consagró la Constitución que Ugalde acepta. Para ese día el registro electoral computaba un total de 10.940.596 electores. De éstos, sólo 3.301.475 electores (30,2%) votaron afirmativamente. Descartemos los votos nulos (219.476), suponiendo que ni Ugalde ni Mejía Betancourt querrán aducir que se les debe computar como rechazos. Quedan, pues, para constituir la suma que propugna Ugalde, y que interpreta como rechazo expreso, los votos negativos (1.298.105) y las abstenciones (6.121.540); nada menos que 7.419.645 electores, para un total de 67,8%, o un 7,8% por encima de lo que Ugalde consideraría “un triunfo”.

Si fuera válida su teoría de que la suma de las abstenciones y los votos negativos debe ser tenida por explícito rechazo, ¿por qué no escribe Ugalde denunciando la Constitución de 1999 como írrita, dado que el 15 de diciembre de ese año se cumplieron casi exactamente las metas cuantitativas que ahora propone?

………

El régimen político ucraniano que siguió a una nueva constitución, aprobada en 1996, era criticado por sus opositores, que lo acusaban de corrupción y de concentrar excesivo poder, así como de fraude electoral e impedimento a la libre expresión, para no referir las prebendas económicas concedidas a sus seguidores, que incluyeron transferencias de propiedades públicas a sus manos. En noviembre de 2004 el Primer Ministro de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue declarado triunfador en las elecciones de ese país. Muchos observadores estuvieron de acuerdo en que las votaciones habían sido amañadas. El 22 de ese mes se reunió una gran multitud en la Plaza Independencia de Kiev en apoyo al candidato opositor, Viktor Yushchenko, quien procedió a conducir la exitosa rebelión pacífica que el mundo conocería como Revolución Naranja. El gobierno se vio forzado a repetir las elecciones y a salir de éstas en derrota.

Por supuesto, para que este resultado pudiera darse eran necesarias dos condiciones: la primera era la de constituir una mayoría real; la segunda era la asistencia a las urnas. En Ucrania no cogió cuerpo la necia prédica abstencionista, ni hubo quien elaborase bizantinos y falsos argumentos que sostuvieran que abstenerse era lo mismo que votar en contra.

El “día después” del referéndum que decidirá el destino del proyecto chavista de reforma constitucional pudiera ser ucraniano—no digo naranja para que no se diga que milito en el MAS—, siempre y cuando el “día antes” seamos realmente mayoría, el “día mismo” acudamos en masa a rechazarlo con las máquinas de votación y el gobierno se atreva—cosa que no ha hecho hasta ahora, seguramente porque no lo ha necesitado—a desconocer el verdadero rechazo del voto negativo. Todo lo demás es cuento. (Glosa de pupitre, en la Carta Semanal #261 de doctorpolítico).

Después del sorprendente resultado del 2 de diciembre—sirvió a Miguel Henrique Otero para juntar una decena de nombres y hablar de su «Movimiento 2D», de vida más perdurable que la del «Movimiento 4D» en razón de su mayor sensatez—, la oposición logró pasar de dos gobernaciones—Nueva Esparta y Zulia—a cinco más la Alcaldía Metropolitana en las elecciones del 23 de noviembre de 2008. Una vez más, ¿cómo se explica que un CNE tramposo haya permitido este resultado? Y, más recientemente, el 26 de septiembre de 2010 se produjo una votación en la que más de la mitad de los votos dejó de ir a las candidaturas del PSUV. Chávez resolló por la herida:

Pone la nota de Noticias 24: “Chávez criticó a voceros opositores que se han adjudicado la victoria en las parlamentarias de ayer. ‘Ésa es su naturaleza, (están) mintiendo, manipulando’, dijo”. Más adelante reporta: “Dijo entonces que la oposición logró 5.320.175 votos ayer, estableciendo una diferencia de más de 100 mil votos con respecto a las alianzas del oficialismo, que lograron 5.422.040 votos, aun cuando esto no era una elección nacional… ‘Ellos están sumando para sí más de 500 mil votos que corresponden a un conjunto de otros partidos que no son de la Mesa de la Ultraderecha’, aseguró Chávez”.

Votación del 26 de septiembre de 2010

¿Cómo permitió el tramposo CNE estas cifras? ¿Cómo entiende Esdata tan inexplicable resultado?

………

Naturalmente, el PSUV controla la Asamblea Nacional habiendo obtenido, junto con el PCV, 98 diputados ante 65 de la MUD y 2 de PPT. Esta configuración era más que previsible desde la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que permitió diseñar ventajistamente los distritos de votación para favorecer al gobierno. Nothing new. En inglés estadounidense existe, desde comienzos del siglo XIX, el verbo gerrymander para referirse a esa clase de manipulaciones. La gente de Lyndon B. Johnson, cuando era gobernador de Texas, era experta en cosas como ésas.

Aquí sí llegamos a un punto de gran importancia y enteramente veraz: el gobierno es decidida y groseramente ventajista; Luis Alfaro Ucero es un niño de pecho ante un oficialismo que nunca ha arrimado ni arrimará una al mingo de la oposición. Un esfuerzo electoral que quiera oponerse al oficialista, naturalmente, debe estar preparado para defender sus logros con los dientes.

¿Es esto algo que deba sorprendernos? En absoluto; el carácter del reo es perfectamente conocido desde el 4 de febrero de 1992. No nos sirve de nada que se nos diga hoy que Chávez es maluco; la teoría de la información la define como algo que cambia el estado mental de quien la recibe, y sabemos cómo es Chávez desde hace casi ya veinte años. Todos sabemos que enfrentamos a un matón perdonavidas, abusivo y fanfarrón. Vicente Díaz, el único rector electoral que no es del oficialismo, no ha sostenido nunca que el gobierno haya trampeado las cifras de ninguna votación; más de una vez, en cambio, ha señalado infructuosamente el abuso de la propaganda oficial. ¿Quién piensa que jugamos contra Teresa de Calcuta?

………

Pero hay gente que ha desestimado a la MUD porque tiene un «decidido plan de sólo seguir una ruta electoral». ¿Qué significa esto? ¿Tendrá esa gente otro distinto con posibilidades prácticas reales?

Ya en 1998 decía cierto abogado tremendista que la solución al problema era «pegarle un tiro a Chávez». ¿Por qué él no lo ha hecho desde entonces? ¿Por qué no ha organizado un golpe de Estado? ¿Por qué no busca garantizar que Obama envíe helicópteros que retiren quirúrgicamente a Chávez, como se hizo en Panamá con Manuel Antonio Noriega? (Marta Colomina sugirió hace unos días por Twitter que Chávez se mirara en el espejo de Noriega). En marzo de 2006, María Corina Machado proponía el récipe de crear «una crisis de gobernabilidad» que acabara con el régimen. (Ella predicaba entonces que el candidato presidencial debía ser determinado por elecciones primarias, para que su candidatura fuera oportunamente retirada con 45% y no con 15% de apoyo). ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se garantiza el control del caos? Hay indignados héroes de pacotilla que se la pasan emitiendo proclamas moralizantes y exhortaciones arrogantes que echan en falta la hombría de los venezolanos, en particular la de sus militares, porque no tendrían el «valor de los militares hondureños». Uno de ellos—Gustavo Coronel—escribe desde la tierra norteamericana, donde vive hace un buen número de años, para acusar a los venezolanos de «falta de coraje moral». ¿Por qué no se viene a conducir el movimiento insurreccional que, según él, haría falta? La MUD sabe que ni siquiera tiene ya la capacidad de convocatoria para una marcha de protesta o un cacerolazo, y que este expediente, eficaz en Ucrania y en Egipto, ya no levanta la fe de una ciudadanía opositora que se hartó de marchar sin resultados. La cepa infecciosa ha mutado; ese antibiótico ya no causa efecto.

Si lo que ha logrado producir la MUD—lo mejor que buenamente podía—es insuficiente, lo que hay que hacer se cae de maduro: es preciso levantar y aupar una contrafigura de Chávez que sea capaz de refutarlo en su discurso. Sólo un líder así podría convocar una Revolución Naranja, en caso de que hiciera falta.

Pero es esencial que pongamos cabeza fría a la producción estratégica. Fría no significa aquí timidez; si de algo hemos tenido necesidad es de atrevimiento estratégico, imaginación y osadía para salir de las cajas perceptuales. LEA

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*Sobre la presunta aplicabilidad de la Ley de Benford a la detección de fraude en eventos electorales. (Benford’s Law has been invoked as evidence of fraud in the 2009 Iranian elections, and also used to analyze other election results. However, other experts consider Benford’s Law essentially useless as a statistical indicator of election fraud in general. Wikipedia). Acá puede descargarse un trabajo que asienta la impertinencia de esa clase de pretensiones:

https://web.archive.org/web/20140517120934/http://vote.caltech.edu/sites/default/files/benford_pdf_4b97cc5b5b.pdf.

Sus autores (Joseph Deckert, Mikhail Myagkov y Peter C. Ordeshook) asientan en el sumario: “With increasing frequency websites appear to argue that the application of Benford’s Law – a prediction as to the observed frequency of numbers in the first and second digits of official election returns — establishes fraud in this or that election. However, looking at data from Ohio, Massachusetts and Ukraine, as well as data artificially generated by a series of simulations, we argue here that Benford’s Law is essentially useless as a forensic indicator of fraud. Deviations from either the first or second digit version of that law can arise regardless of whether an election is free and fair. In fact, fraud can move data in the direction of satisfying that law and thereby occasion wholly erroneous conclusions.”

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Quæstiones disputatæ

Triunfo de Sto. Tomás de Aquino contra los herejes - Filippino Lippi, Santa Maria sopra Minerva, Roma

El teólogo medieval Tomás de Aquino (1225-1274), voluminoso por obra y corpulencia, era un polemista formidable. Como buen profesor universitario de la Edad Media, se exponía dos veces al año a quæstiones quodlibetales de parte de la audiencia en discusión pública. Éstas eran preguntas o problemas o cuestiones que alguien del auditorio—ad libitum, como le diera la gana—planteaba al profesor. Eran, por consiguiente, de tema misceláneo. Tomás y Juan Duns Escoto dejaron obra escrita con algunas de sus contestaciones a planteamientos de esa clase.

Las quæstiones disputatæ, en cambio, eran escogidas por el ponente: «Las discusiones públicas regulares se llamaban quæstiones disputatæ, es decir, temas o preguntas discutidas en las que uno de los profesores de la universidad presentaba sus tesis y las defendía contra los argumentos de sus oponentes. En cierto modo, el profesor luchaba en su terreno, ya que era él quien elegía el tema a tratar». Es esta cómoda ventaja la que ahora escojo para dilucidar una cuestión que surgiera en reciente emisión del programa Palabras más, palabras menos, que conduce animadamente para Radio Caracas Radio la periodista María Alejandra Trujillo. Esta edición, transmitida el 6 de diciembre a partir de las 7 a.m., versó sobre los precandidatos presidenciales de la Mesa de la Unidad Democrática y, más particularmente, sobre el «debate» escenificado por Venevisión el domingo 4 de los corrientes. Pedro Pablo Peñaloza y yo fuimos los invitados.

En esa ocasión dije: «La pregunta de nuevo es: ante el enemigo, o el contendor o el competidor Hugo Chávez Frías, ¿hay alguien que haya aparecido hasta ahora que tenga una estatura suficiente como para, por ejemplo, refutar el discurso de Chávez? Nosotros acusamos todos los días a Chávez. Pedro Pablo trabaja en un programa [Aló ciudadano] que ritualmente, todos los días a la semana, mete quince páginas más al prontuario delictual de Hugo Chávez. ¡Qué maluco es! Pero el señor dijo hace siete años ‘Ser rico es malo’, y yo todavía estoy esperando el primer líder de la oposición que diga, ‘señor Chávez: usted está equivocado por esto, por esto y por esto'». A lo que la entrevistadora repuso, creyendo que me refutaba: «Lo ha dicho la diputada María Corina Machado; lo ha dicho». Y al comenzar a contestarle, me quitó la palabra para pasarla a Peñaloza, su colega.

Tengo por seguro que la Licda. Trujillo ha confundido los términos. Es verdad que la ingeniera Machado opone ahora, al «Socialismo del siglo XXI», el «Capitalismo Popular». Pero oponer no es refutar. El DRAE define: «Contradecir, rebatir, impugnar con argumentos o razones lo que otros dicen». Y una oferta meramente contraria a otra no es una refutación (1. f. Acción y efecto de refutar. 2. f. Argumento o prueba cuyo objeto es destruir las razones del contrario). Tampoco todo lo que se opone a lo malo es bueno por ese mismo hecho; ambas cosas pueden estar equivocadas y es éste, precisamente, el caso.

La diputada Machado, elegida a la Asamblea Nacional el 26 de septiembre del año pasado, aspirante a la candidatura presidencial de la MUD menos de diez meses después de haber asumido su responsabilidad actual, ha escogido el terreno ideológico para combatir a Hugo Chávez. Es la única entre los precandidatos que se medirán para dilucidarla, el próximo 12 de febrero, que lo ha hecho. Acierta al oponerse, yerra al adoptar motivo y tema ideológico porque todas las ideologías deben ser desechadas. Las ideologías son medicina antigua, esa pretensión de que una fórmula general que quiere imponer un valor particular sirve para comprender cómo funcionan las sociedades y cómo deben ser éstas organizadas. El concepto convencional de que la política es una lucha por el poder autorizada por una ideología a la que se estima suprema es obsoleto—Arturo Úslar Pietri: «…el discurso político tradicional se ha hecho obsoleto e ineficaz, aunque todavía muchos políticos no se den cuenta» (20 de octubre de 1991)—; la Realpolitik sobre la coartada ideológica es un remedio ineficaz, por más vistoso que continúe siendo. La política exigible en estos tiempos es transideológica, postideológica, médica, clínica. (Ver sobre este punto en este blog Panaceas vencidas, para no extender esta nota demasiado. Si se prefiere video, ver una explicación en la Entrevista con William Echeverría del 24 de noviembre de 2010, que coloco al final).

Pero el punto es que la oferta opuesta a Chávez del Capitalismo Popular no es propiamente hablando una refutación de su discurso. (Dicho sea de paso: ¡dale con lo de popular! COPEI, Partido Popular; la Alianza Popular de Oswaldo Álvarez Paz, que ni es alianza ni mucho menos popular; o las redes populares de Leopoldo López, precedidas de su abortada Primero Justicia Popular, sustituida finalmente por su Voluntad Popular, que ahora twitea sibilinamente diciendo que «a la voluntad popular no la detiene nada», exponiendo una verdad para que se confunda con el nombre de su movimiento. ¿A quién se quiere engañar con el adjetivo?)

Lo que he querido decir es lo mismo que he dicho ante audiencias diversas y escrito muchas veces desde hace tiempo. Por ejemplo, el 13 de octubre de 2003—hace ocho años—en la Carta Semanal #56 de doctorpolítico: «Pudiera ser que haya que tomar al pie de la letra la recomendación, que varias veces hemos citado, de Alfredo Keller: ‘Debe darse espacio, recursos y promoción a una contrafigura de Chávez, aunque esa contrafigura no vaya a ser candidato’. Esto es, identificar a quien pueda hacer el trabajo refutador, interpretativo y comunicacional de superar el discurso chavista. Una mera acusación (de la que hay tantas), repetimos, no es una refutación».

Hugo Chávez profiere, incesante y abundosamente, un discurso totalizador, una ideología que, como la marxista, ambiciona tener una respuesta para todo. Por esto escribí más recientemente (Retrato hablado, 30 de octubre de 2008):

Siendo así las cosas ¿cuáles serían los rasgos imprescindibles en tal contrafigura?

El primero de ellos, paradójicamente, es que no sea una contrafigura de Chávez. Es decir, que su razón de ser no sea oponerse al actual Presidente de la República. El discurso de una contrafigura exitosa, si bien tendrá que incluir una refutación eficaz del chavismo, deberá alojar asimismo planteamientos nacionales que debiera sostener aun si Chávez no existiese. El problema político venezolano es más grande que Chávez. (…)

Luego, y en estrecha relación con lo anterior, la refutación del discurso presidencial debe venir por superposición. El discurso requerido debe apagar el incendio por asfixia, cubriendo las llamas con una cobija. Su eficacia dependerá de que ocurra a un nivel superior, desde el que sea posible una lectura clínica, desapasionada de las ejecutorias de Chávez, capaz incluso de encontrar en ellas una que otra cosa buena y adquirir de ese modo autoridad moral. Lo que no funcionará es “negarle a Chávez hasta el agua”, como se recomienda en muchos predios. Dicho de otra manera, desde un metalenguaje político es posible referirse al chavismo clínicamente, sin necesidad de asumir una animosidad y una violencia de signo contrario, lo que en todo caso no hace otra cosa que contaminarse de lo peor de sus más radicales exponentes. Es preciso, por tanto, realizar una tarea de educación política del pueblo, una labor de desmontaje argumental del discurso del gobierno, no para regresar a la crisis de insuficiencia política que trajo la anticrisis de ese gobierno, sino para superar a ambos mediante el salto a un paradigma político de mayor evolución.

Quien sea capaz de un discurso así, por supuesto, deberá haber abrevado de las más modernas y actuales fuentes de conocimiento, y haber arribado a un paradigma de lo político que deje atrás tanto la desactualizada y simplista dicotomía de derechas e izquierdas—capitalismo o liberalismo versus socialismo—como el modelo de política de poder (Realpolitik). El discurso de Chávez es, obviamente, decimonónico, pero no podrá superársele con Hayek o Juan XXIII.

Quien pretenda el trabajo de contrafigura de Chávez deberá, en la misma línea, ser enciclopédicamente capaz. Esto es así, más que porque lo requiera la tarea política normal, porque la narrativa de Chávez, fuertemente ideológica, contiene una explicación y una respuesta para prácticamente casi todo. Hay una manera “bolivariana” de lavarse los dientes, de entender la historia de Venezuela y del mundo, de suponer el futuro, de estimar cómo deben ser los seres humanos, de prescribir la forma de la economía y los contenidos de la educación, de cambiar los nombres de todas las cosas, etcétera. La contrafigura tendrá que moverse con comodidad en más de un territorio conceptual, tendrá que ser tan “todo terreno” como Chávez. No bastará que sea “buen gerente”, o que haya hecho méritos como operador político convencional.

Era a cosas así a las que me refería cuando afirmé que ningún precandidato de la MUD, o ningún dirigente opositor, había mostrado estatura suficiente para derrotar electoralmente al actual Presidente de la República o, siquiera, refutado al menos que «ser rico es malo», afirmación que glosa la vieja sentencia de Proudhon: «La propiedad es un robo». La refutación correcta de tales tesis no es ideológica; ella es científica, proveniente de la observación clínica, responsable, de la naturaleza de las sociedades. (De nuevo, sobre este tema invito a ver la entrevista colocada abajo. También, puede leerse Marcos para la interpretación de la libre empresa en Venezuela. Que el lector perdone que le ponga tareas, sólo porque la cosa es muy seria, muy grave, y requiere resistir la propensión a la más confortable consideración apurada).

Todo esto, de por sí bastante comprimido, no cabía en la entrevista que María Alejandra Trujillo nos hizo a Pedro Pablo Peñaloza y a mí. Ofrezco a ella mis excusas por haberla conducido a la confusión. LEA

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