por Luis Enrique Alcalá | May 8, 2011 | Argumentos, Política |
Antipático pero ético
hipocresía. (Del gr. ὑποκρισία). 1. f. Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan.
Diccionario de la Lengua Española
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El Juramento Hipocrático es el primer código de ética profesional que la humanidad registra. Atribuido a Hipócrates (ca. 460 – ca. 370 AC), recoge las estipulaciones básicas de una práctica ética de la Medicina. (En 1995, sirvió al suscrito como plantilla o modelo para componer y proponer un Código de Ética de la Política).
La política puede ser una práctica limitada por deberes, constreñida por normas éticas que aseguren el mejor desempeño de los políticos. Los ciudadanos en general, incluyendo principalmente a quienes no tienen la política por oficio, tienen, en cambio, todo el derecho de exigir una conducta ética en los profesionales de la política.
El Juramento cristianizado. Manuscrito bizantino s. XI (clic amplía)
Es exactamente eso el servicio ciudadano que nos prestara el Sr. Jordy Enrique Moncada Cartaya, quien escribió un artículo—Capriles se lanzó a lo Chávez—publicado por El Universal el viernes 6 de los corrientes. Así comienza Moncada su provechosa pieza: «Mas allá de la buena noticia que supone que el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, haya dado el importante paso de asumir su candidatura para las Primarias de oposición, noticia que supone el compromiso de las nuevas generaciones con el progreso, estimamos conveniente dedicar algunas líneas a la forma en que lo hizo. Sí, en política importan las formas, gobernador».
En el párrafo siguiente precisa: «Y es que anunciar una candidatura en un acto de la Gobernación que usted dirige, acto que se pagó con dinero de la misma, con el dinero de todos los mirandinos, quienes apoyan su candidatura y quienes no, acto que tenía como objetivo entregar ayudas a ciudadanos sin distinción política, supone cuando menos una equiparación a eso que queremos cambiar». Y a continuación pregunta: «¿Cuántas veces no hemos criticado que el Presidente utilice actos oficiales para hacer proselitismo político? ¿Cuántas veces no hemos criticado que se utilicen las subvenciones oficiales para un interés político en particular? ¿Es acaso excusable utilizar un acto de la Gobernación para obtener un beneficio particular? ¿No es muy parecido a lo que hace Chávez?»
El remate de la lección y la exigencia que Moncada dirigió a Capriles Radonki es claro e irrefutable: «El martes, cuando usted se lanzó al ruedo, escogió un mal momento, nada costaba convocar una rueda de prensa, nada costaba convocar un acto de masas para hacerlo, pero usted decidió convocar a ciudadanos que necesitaban la ayuda que usted les iba a entregar en nombre de la Gobernación y los utilizó en su beneficio, jugó con la necesidad del tercero para hacer un anuncio que era de interés particular. (…) Seguro que eso pasará debajo de la mesa, pero es preciso reflexionar al respecto, ¿para qué queremos el cambio? Cambiar para comportarnos de un modo tan parecido no tiene ningún tipo de sentido. Ojalá pueda usted disculparse con todos los mirandinos».
Se supone que Primero Justicia, partido al que el gobernador de Miranda pertenece, es socialcristiano («de centro humanista»), y por tanto estaría obligado a una ética política, pero lo que se ha visto en los municipios de Chacao y Baruta—Capriles fue antes Alcalde de Baruta—, esos Estados Vaticanos de «la gente decente», es el persistente peculado de uso, que con gran razón repudia el Sr. Moncada Cartaya.
Todavía emplea la Alcaldía de Chacao tiempo y recursos para apoyar actividades de Leopoldo López, que ni siquiera tiene la excusa de ser funcionario de ese municipio. En Intercambio electrónico (9 de octubre de 2009), comentaba acerca de la promoción de una presentación proselitista del inhabilitado: «…sí me parece significativo que el origen de la sesión y su coordinación vinieran, como anunció Montero, desde la Alcaldía de Chacao; tenía entendido que López ya no es alcalde de ese municipio. No veo qué razón justifica que un funcionario del mismo, que además se hizo presente en la exposición, deba promover disertaciones de López sobre cuestiones extrañas a los asuntos municipales. ¿Peculado de uso?» Y para la oportunidad de las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática que determinarían el 14% de sus candidatos a la Asamblea Nacional, afiches con membrete de la Alcaldía cuyo cargo principal ejerce Emilio Graterón, el hombre puesto allí por López, estimulaban la asistencia de los electores de Chacao a una actividad que reside fuera de su competencia.
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Las prácticas señaladas no son cosa reciente. La alcaldesa que inauguró el Municipio Chacao, Irene Sáez, autorizó que un teléfono para reportar semáforos que no funcionaran y otras cosas por el estilo fuera 800-IRENE. Ha podido ser algo menos personalista.
El maestro de Irene
Por lo que respecta al estado Miranda, un famoso antecesor de Capriles, Enrique Mendoza, ponía vallas de 10 o 12 metros de ancho—por ejemplo, poco antes de llegar al Hospital Domingo Luciani de Caracas por la salida hacia El Llanito—con la imagen de unos zapatos deportivos y el mensaje «No pierdas la vida por ellos». Bajo el texto, estaba escrito en grandes letras: «Enrique Mendoza». Como la entonces Srta. Sáez, aupada luego por Mendoza como proyecto electoral de 1998, éste no tenía empacho en promover su persona con dineros de la gobernación que ejercía.
Pero no es sólo la gente socialcristiana, por supuesto, la que aprovechaba los recursos de despachos ejecutivos para fines de proselitismo partidista o electoral. Luis Alfaro Ucero, el hombre-maquinaria de Acción Democrática—largo tiempo fue su Secretario de Organización—, alcanzó fama de manipulador político, allá por la época cuando se acuñara la expresión «acta mata voto». En 1998 fue, por un tiempo, el candidato de AD a la Presidencia de la República. Bueno, hace pocos días tuve la oportunidad de escuchar la explicación de la estrategia electoral de ese partido para las elecciones de precisamente ese mismo año. (Quien la describiera había sido él mismo un importantísimo dirigente de Acción Democrática).
El caballero descriptor contó que se decidió en 1998, con anuencia de COPEI, adelantar las elecciones de gobernadores que debían tener lugar el mismo día de la elección presidencial que terminó ganando Hugo Chávez. La razón de esta maniobra fue que AD poseía información que indicaba que el partido obtendría trece gobernaciones; como los gobernadores que resultarían electos eran los jefes de campaña de Alfaro en sus respectivos estados, ellos garantizarían—dijo el ponente—su triunfo en la carrera presidencial.
Esa sola admisión ya bastaba para entender cómo manejaba AD las batallas electorales, pero en verdad requería una precisión histórica. Las encuestas ya daban a Chávez como el más probable ganador, una vez que la candidatura de Irene Sáez—Miss Titanic—se hundiera verticalmente con gran rapidez luego de que abandonara su carácter no bipartidista para empatarse con COPEI y retratarse con Luis Herrera Campíns, Presidente del partido verde, quien explicó en la Convención de Caraballeda que lanzó a la ex Miss Universo su verde intención clientelar:
“…les voy a decir por qué creo que necesitamos ganar: no por ustedes, que al fin y al cabo—unos por razón de experiencia estamos jubilados, otros por razón de méritos están desempeñando importantes responsabilidades en los organismos representativos—tenemos nuestro medio de vida asegurado, ni de la mayor parte de los dirigentes municipales y regionales del partido que también tienen su vida, por lo menos a corto plazo, asegurada. No, no por ellos, sino por los que no tienen cargos en la burocracia, por los que no tienen acceso a la administración pública para plantear sus problemas y que se los resuelvan, para que se les escuche su pobreza, para que se les dé una muestra de afecto y de solidaridad, que se los podría dar un Presidente copeyano o un gobierno donde el Partido COPEI sea también partido de gobierno…”
Barbie Sáez, elemento de campaña
Entonces, cuando parecía que Irene Sáez no detendría a Chávez—además, poco después se le cayó la estatua de Bolívar en la Plaza de Chacao, se dejó vestir y peinar en imitación de Evita Perón y, más gravemente, no tuvo más remedio que abrir la boca—y la candidatura de Alfaro Ucero no terminaba de arrancar, se le ocurrió a alguien que un cerco de gobernadores del bipartidismo pudiera mantener a raya al candidato del MBR-200, quien quedaría «aislado en su posición central».
Pero Alfaro era, al decir del propio Herrera Campíns, «un hombre serio». Cuando supo de la ocurrencia, dijo que eso se haría sobre su cadáver, puesto que el Congreso de la República acababa de reformar la Ley Orgánica del Sufragio—diciembre de 1997—y había hecho que coincidieran las elecciones presidenciales y de gobernadores. No era nada serio, opinó indignado, que sólo seis meses después el mismo congreso hiciera lo contrario en una maniobra electorera burda que no pasó inadvertida a los electores de 1998.
Acción Democrática complació a Alfaro: pasó por sobre el cadáver político que Alfaro le parecía, lo desconoció como candidato y cambió en menos de 24 horas la cerradura de su comando de campaña, donde no pudo entrar quien un día antes fuera el hombre más poderoso del partido.
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Estas cotas de desvergüenza, no obstante, han sido largamente superadas por quien fue su beneficiario en 1998: Hugo Chávez Frías. No hay en nuestra historia republicana un aprovechamiento de los recursos públicos en beneficio sectario tan extenso, tan intenso, tan insolente, tan obsceno, como el del aparato de dominación establecido por Hugo Chávez Frías. El culto a la personalidad que fue notorio en Antonio Guzmán Blanco es juego de niños, en comparación con el que permite Chávez en adulación suya y promoción de su persona política. Hubiera querido el hijo de Antonio Leocadio aunque fuera una sola gigantografía con su efigie, como las que han ofendido los ojos ciudadanos a cargo de los presupuestos de ministerios y otras agencias—PDVSA, el SENIAT y el Metro de Caracas muy notoriamente—en procura de ventajas políticas y electorales de quien es hoy el Presidente de la República de Venezuela, que de bolivariana no tiene un ápice.
Claro, Jordy Moncada tiene razón al señalar a Capriles Radonski que «luego de 11 años de actos condenables no se puede dar un primer paso copiando las formas que tanto criticamos y deseamos cambiar». Chávez es descarado en asuntos de peculado de uso, pero lo que lo diferencia de políticos que se presentan como si fueran moralmente superiores no es lo cualitativo del abuso, sino su cantidad. Si Chávez fuera meramente un maleducado que no observa las formas de una urbanidad política que él desprecia y los demás cuidan por aparentar decencia política, entonces la política opositora es la hipocresía. Esto equivale, diría Sri Radhakrishnan, a criticar al lobo no porque se come al cordero, sino porque lo hace sin cubiertos.
El gobierno demasiado largo de Hugo Chávez es muy pernicioso, y no sólo porque no come con cuchillo y tenedor. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 14, 2011 | Argumentos, Política |
Leopoldo López: "Los venezolanos somos un poco exagerados".
Un artículo del domingo 13 de marzo en la revista TIME (sitio web), que lleva la firma del periodista free lance Girish Gupta, concurre con la conclusión implícita en la anterior entrada en este blog (El pelotón opositor). En una pieza que enfoca sobre la comparecencia de Leopoldo López Mendoza ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos—para argüir (correctamente) la injusticia de su inhabilitación política—, dice Gupta: «Pero aun si su status de inhabilitado fuese revertido, la oposición venezolana no está suficientemente unificada para convertir a López en una amenaza seria en la elección presidencial de 2012».
Más adelante, y quedándose corto, reitera: «En verdad, hay por lo menos siete candidatos presidenciales, todos embarcados en recorridos por Venezuela y la organización de sus propios equipos de campaña. Con unas elecciones primarias previstas más adelante en este mismo año, tendrán poco tiempo para unirse tras un portaestandarte de la oposición. Si no lo hacen, dejarán a Chávez, que a pesar de una economía que cojea y un crimen violento rampante es todavía la figura política más popular en la Venezuela de hoy, prácticamente incólume».
El artículo es típico en publicaciones del corte de TIME Magazine que, no obstante su seriedad general, incurren ocasionalmente en exageradas generalizaciones sin base responsable. Por ejemplo, Gupta inicia el tercer párrafo de su texto con una condena horizontal, inexacta e injusta de toda una época importante de la política venezolana: «Los partidarios de Chávez dicen que la ley de inhabilitación tiene por objeto impedir el regreso al poder de la antigua cleptocracia de Venezuela, que en las décadas anteriores a la asunción de Chávez al poder saqueó la riqueza de un país con las reservas de petróleo más grandes del continente».
Tal afirmación es groseramente irresponsable. El Sr. Gupta no tiene la menor constancia del pretendido saqueo, pero alegremente reproduce la caricatura de «la 4ta. República» que muchos sostienen sin fundamento, haciendo el juego a la interesada y falaz representación que el actual régimen venezolano vende de los gobiernos que le antecedieron. Venezuela, como prácticamente todo estado del planeta—Estados Unidos, Japón, Holanda, Libia, Rusia, Argentina, Italia, Cuba, por ejemplos—, ha cumplido con su cuota de famosos casos de corrupción (incluidos los del presente régimen; el propio Gupta menciona el caso Antonini), y los medios de comunicación se han dado banquete con ellos desde el término del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero la inmensa mayoría de los políticos y funcionarios públicos de Venezuela no es corrupta:
A mediados de la década de los ochenta el ilustre Dr. Humberto Njaim, a la sazón profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, publicó un miliar estudio sobre el tema de la corrupción en Venezuela. (Costos y Beneficios Políticos de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, Revista de la Facultad de Derecho, UCV). Njaim aventuró una gruesa estimación del peculado en Venezuela y concluyó que la dictadura de Pérez Jiménez había sustraído el equivalente de 1% del presupuesto nacional de cada año, mientras que la democracia había alojado un peculado mayor, de 1,5%.
A primera vista las cifras suenan pequeñas, dada nuestra convicción estándar de que Venezuela sería un país particularmente corrupto. Aplicada, sin embargo, la tasa de “corrupción democrática” estimada por Njaim al presupuesto de 2004 (50 billones de bolívares), se estaría hablando de 750.000 millones de bolívares sustraídos por corrupción en el año. (Si es que las tasas actuales no son mayores que el índice Njaim).
Pero visto el asunto desde otro ángulo, habría que decir que la democracia en Venezuela permitió el respeto a 98,5% de los recursos públicos que no fue sustraído, una buena noticia, sin duda. No puede ser, por consiguiente, que nuestros problemas como nación se deban a un tumor—indudablemente pernicioso y execrable—de 1,5% de tamaño. Algo equivocado debe haber en el manejo de una inmensa mayoría de los recursos públicos que no son objeto de corrupción. (Cita tomada de Marcos para la interpretación de la libre empresa en Venezuela, del 9 de enero de 2004, en este blog. El Dr. Njaim es hoy miembro de la Academia de Ciencias Políticas).
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Volvamos a la denuncia de Leopoldo López ante la CIDH. (Gupta, dicho sea de paso, pareciera conferir a López un título especial de legitimidad política, cuando escribe: «López puede reivindicar un parentesco consanguíneo con Simón Bolívar, el héroe de la independencia de Venezuela y América del Sur en el siglo XIX en cuyo nombre reivindica Chávez que lleva a cabo su revolución». Si es por eso, el sucrito puede reivindicar el mismo parentesco, a través de la abuela paterna Reverón Ponte; además con el Mariscal Sucre, pues su madre, María Manuela Alcalá y Sánchez, era prima de mi tatarabuelo y el padre de éste, José Gabriel de Alcalá, firmó el Acta de la Independencia el 5 de julio de 1811, como diputado por la provincia de Cumaná. Ninguno de esos nexos me confiere el menor de los derechos políticos o la más mínima legitimidad. De hecho, puede balancearse la cosa trayendo a colación la trayectoria del abuelo de este diputado cumanés, Diego Antonio de Alcalá y Guevara (1695-1777), nacido en Cariaco, quien fue Escribano Público, de Cabildo, de Gobernación, de Vista de Registro y de Juzgado de Hacienda, Capitán desde 1734—como puede verse, puros cargos públicos—, y quien, como anotara Carlos Iturriza Guillén, genealogista amigo de mi padre, murió ¡dejando considerable fortuna! A quien escribe le suena eso como corrupción administrativa en un antepasado suyo directo. Es sólo una presunción, naturalmente—Don Diego ha podido cumplir esas funciones y, paralelamente, tener lucrativos negocios inconexos con ellas—, pero si mi sospecha fuera atinada, tampoco eso me marcaría con ninguna culpa).
López ha sostenido correctamente que sus derechos políticos han sido violados al haber sido inhabilitado para su elección a cargos públicos por mero acto administrativo del Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, sin que mediara una sentencia judicial firme en su contra porque hubiera cometido actos punibles en su ejercicio de funciones públicas. No le he escuchado argumentar a López que él sea inocente de los cargos que se le imputan, aunque seguramente lo ha dicho; tan sólo le he oído señalar que tales cargos no fueron probados en un tribunal y mucho menos pesa en su contra una sentencia firme por los mismos. En esto tiene, pues, toda la razón; el Artículo 42 de la Constitución Nacional establece con la mayor claridad: «El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley».
Pero tampoco le he escuchado mencionar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha producido una interpretación, sin duda monstruosa, de ese artículo para sostener la constitucionalidad de las sanciones dictadas por el contralor Russián. Se trata de la Decisión #1.265 de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República del 5 de agosto de 2008, sobre ponencia de Arcadio de Jesús Delgado Rosales con el único voto salvado del Dr. Pedro Rondón Haaz.
En efecto, en ese infausto día la Constitución Nacional fue mutilada por la sala del Tribunal Supremo que tiene justamente por misión salvaguardar la integridad de la Carta Magna. Luisa Estela Morales Lamuño, Presidente de la Sala y del Tribunal, Francisco Antonio Carrasquero López, Jesús Eduardo Cabrera Romero, Marcos Tulio Dugarte Padrón y Carmen Zuleta de Merchán fueron cómplices de la amputación constitucional perpetrada por Delgado Rosales a la altura del artículo citado. Esta vergüenza de jurista estableció, mediante argumentación enteramente falaz, y lógica y jurídicamente inválida, que la inequívoca protección de los derechos políticos que garantiza el Artículo 42 ¡sólo alcanzaba a los venezolanos por naturalización! Así sentenció: «…cuando el artículo 42 de la Constitución pauta que ‘el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos, sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme, en los casos que determine la ley’, está refiriéndose a la pérdida de la nacionalidad venezolana adquirida (revocatoria de la carta de naturaleza), con fundamento en los artículos 35 de la Constitución y 36 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía; y así se declara”. (Puede verse ahora en este blog por el Postigo, para explicación mayor de tal desaguisado, Constitución amputada, una presentación del 19 de agosto de 2008 en YouTube o, para una más detallada todavía, consultarse la lectura recomendada para la semana: Violación denunciada).
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No constándome si López elevó a la atención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la noticia de esa barbaridad, tampoco puedo asegurar que no lo hizo; lo cierto es que no la ha aludido en sus copiosas declaraciones a los medios. Pero la aberrante Decisión 1.265 coloca el asunto en un plano que dista mucho de ser liso y sencillo: la competencia de la CIDH, para interpretar la Constitución de Venezuela, frente a la que esta misma Carta Fundamental confiere en exclusividad a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ya se ha pronunciado explícitamente sobre el tema.
¿Cree Leopoldo López Mendoza que la CIDH querrá sostener que su fuero es superior al de la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en materia de interpretación de la Carta Magna de Venezuela, o el retátarasobrinonieto del Libertador se conformaría con el posible efecto de relaciones públicas de su denuncia («Mamá, Federico me está molestando»)?
En todo caso, veremos al cabo de unos pocos meses con qué se atreve a venir el tribunal de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Nov 26, 2010 | Argumentos, Política |
¿La futura silla de Miraflores?
Después del 26 de septiembre, el presidente Chávez se fue a Cuba para regresar con una obsesión nueva: anticipar el futuro. Así, todas las salas situacionales se ocupan ahora de la «prospectiva». (Quien entiende el pasado de modo distorsionado y es incapaz de manejar el presente pretende predecir el porvenir).
La temática del análisis está centrada sobre la previsión de una explosión social que el oficialismo juzga harto probable, a partir de los datos que maneja sobre la miríada de protestas que ha emergido en el país. (A menos que la población «continúe» siendo sumisa. Para asegurar esto último los analistas gubernamentales se ocupan también de imaginar nuevos métodos de control social).
La crítica interna se extiende. Desirée Santos Amaral se dio el lujo de criticar las contramarchas sobre los aguinaldos, y destacó para censurarlo el cíclico y frecuente desmantelamiento que Chávez mismo hace de sus propias plataformas comunicacionales. Un funcionario de Miraflores expresó su temor de que «esto se le vaya de las manos al Presidente».
Éste está cada vez más amorochado con el trotskismo (Alan Woods es el nuevo favorito), que es ahora la corriente doctrinaria dominante en el entorno presidencial. Y Chávez no habría podido convencer a los cubanos de que el país no está preparado para el socialismo. Tanto Woods como Castro le han aconsejado la radicalización.
El PSUV está midiendo ahora sólo 10% de apoyo. Quiso hacer un acto en La Candelaria para lanzar la «nueva fase» del partido; esperaba 50.000 personas y reunió a 3.000. En cambio, las encuestas miden un respeto creciente a la oposición, aunque también cansancio con el tema político (lo que se ha visto antes), y miedo en proporciones altas en la población general.
La protesta por el tema de los aguinaldos fraccionados hizo colapsar las comunicaciones de la red telefónica: los ministros levantaban sus teléfonos para escuchar voces que les reclamaban el pago con insultos groseros; de allí la reculada de Chávez. Y los baños de Miraflores aparecieron pintados con mensajes favorables a Polar («Polar es amor», «No me quites a Polar»).
La intención prospectiva se ve impedida por el desorden estadístico, que es monumental. Las contradicciones entre las fuentes (BCV, INE…) hacen imposible el trabajo de las salas situacionales.
En el seno del chavismo cayó muy mal el matrimonio de Chávez con Rangel Silva. Se lo considera un grave error porque sería el empate con quien tiene, por decir lo menos, una reputación dudosa. El rechazo interno a todo el affaire es generalizado.
Esto huele a colapso, el que Chávez buscará evitar con un ataque despiadado sobre quienes imagina o postula como conspiradores en su contra—Guillermo Zuloaga-Globovisión, banca—pero la viabilidad de esta táctica es muy cuestionable. Ante la pérdida de apoyo popular y de sus propios cuadros, tal vez sus amenazas no pasen de ladridos de perro que no muerde, de gestos simbólicos, como el acto incoherente del martes 23 de noviembre en la Asamblea Nacional (para condenar la «agresión del imperialismo y por la dignidad de la patria»). Una aceleración estatizadora en diciembre sería repudiada hasta por su mamá, y debe haber sacado cuentas de su caída en opinión que le sea favorable.
La oposición, sin embargo, luce inepta para capitalizar el inocultable deterioro. (Eugenio Martínez acaba de destacar en El Universal: «…la oposición ha sido incapaz de tomar los votos que pierde el jefe del Estado. El mejor ejemplo es el 26 de septiembre cuando Chávez pierde 890 mil sufragios y la oposición sólo crece en 119 mil sufragios, menos incluso que el crecimiento del Registro Electoral»). Cada uno de los opositores actúa por su cuenta–Henry Ramos Allup en giras precandidaturales y procura de posible alianza de social-demócratas (AD, Un Nuevo Tiempo, Alianza Bravo Pueblo); Leopoldo López en construcción de alianzas de líderes antes que de organizaciones (con Henri Falcón, con César Pérez Vivas)—mientras la Mesa de la Unidad Democrática promueve marchas para defender derechos y, muy especialmente, para rechazar las estatizaciones, sin anunciar que son para repudiar el tema principalísimo de la amenaza Chávez-Rangel Silva.
Frente a este cuadro, sin embargo, el miedo y la irracionalidad pueden predominar en Hugo Chávez al saber su sueño perdido. Pudiera, por ejemplo, hacer caso a quienes—CONATEL—abogan ahora por un control definitivo de lo que se dice en Internet, mediante una reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La Constitución Nacional garantiza otra cosa:
Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.
Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades.
Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.
Pero, claro, la Constitución sólo sirve para ser mostrada, asida con mano zurda su edición de bolsillo, cuando conviene al mandamás del régimen. (Cada vez menos). LEA
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