por Luis Enrique Alcalá | Ago 22, 1998 | Artículos, Política |
Muy cerca nos encontramos del sexagésimo aniversario de uno de los más vergonzosos pactos políticos de la historia mundial. El 30 de septiembre de 1938 se firmó en la ciudad alemana de Munich un acuerdo entre los gobiernos de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania para consagrar, a espaldas del pueblo y el gobierno de Checoslovaquia, una amputación de población y territorio exigida por Adolfo Hitler, concedida por Chamberlain y Daladier, con el beneplácito de Mussolini, el líder de la Italia fascista. Por el acuerdo se concedía a la Alemania nazi el territorio de los sudeten, pobladores de Checoslovaquia de habla alemana.
La ceguera de los líderes occidentales ostentaba proporciones rayanas en la estupidez. Hitler acababa de “anexarse” a Austria, luego de una muy bien preparada campaña de terrorismo y amedrentamiento y había violado expresas prohibiciones del Tratado de Versalles con la remilitarización de la Renania y la reconstrucción de una fuerza aérea ofensiva que, ante los ojos del mundo, fue exhibida cruel y desvergonzadamente durante la Guerra Civil Española en 1937 y cuyas atrocidades proveyeron las atribuladas imágenes que el genio malagueño plasmó en el lienzo de Guernika.
El regreso de Chamberlain
A pesar de estas inconfundibles señales, Hitler se salió con la suya. Ya el solo hecho de que la apresurada conferencia se celebrase en suelo alemán era un signo clarísimo de la debilidad o la falta de carácter de los gobernantes inglés y francés. Un angustiado Edvard Benes, el presidente de Checoslovaquia, sufrió la humillación de hacer larguísima antesala sin que nunca se le permitiera entrar al quirófano de Munich, en el que los cirujanos de cuatro países más poderosos cercenaban una extensa porción de su república. Al culminar la quirúrgica cumbre Neville Chamberlain, el primer ministro inglés, abordó su bimotor Lockheed y regresó a Inglaterra. Descendió del aeroplano agitando su copia del acuerdo y ante una multitud aliviada indicó orgulloso que la reunión aseguraba largos años de paz para Europa, pues tenía la palabra de Hitler: “Never to go to war with one another again”. El acuerdo no llegó a cumplir siquiera un año: luego de otras astucias y duplicidades, Hitler invadió Polonia el 1º de septiembre de 1939. Fue sólo después de este injustificado acto de agresión que Francia e Inglaterra despertaron a la realidad: el 3 de septiembre se daba inicio a la II Guerra Mundial, con la declaración de hostilidades inglesa y francesa. La pusilánime transacción de Munich dejó como saldo seis años de guerra y cincuenta millones de cadáveres.
………
A escalas menores, pero no por eso menos preocupantes para nosotros, el efecto Munich empieza a hacer estragos en algunos empresarios y banqueros venezolanos y en algunos de sus consejeros, que atemorizados por lo que las encuestas de opinión registran respecto de la intención de voto—por ahora—han comenzado una cobarde capitulación ante la candidatura de Hugo Chávez Frías. Así, le adulan recomendándole un cambio de imagen y le compran decenas de trajes de precio millonario de un conocido sastre caraqueño; le ofrecen cenas íntimas quienes se dicen “hombres de números” que deben hacer caso de las encuestas; le entregan millones de bolívares; le ponen a su disposición aviones que lo trasladen en sus giras. He escuchado de labios de algún abogado que se mueve en “los mejores círculos” la peregrina idea de que hay que acercarse a Chávez con una “bolsa de real” y ofrecérsela a cambio de que consienta en nombrar tales y cuales ministros que asegurarían que el inefable sector privado venezolano permaneciese intocado. He oído que no hay que preocuparse mucho por Chávez porque él no querría tanto gobernar desde Miraflores como vivir en La Casona, y que por eso sería susceptible a la adulación que le domesticaría.
Y esa actitud no es menos ingenua que la de Chamberlain y Daladier. Como Hitler con el tristemente célebre putsch de la cervecería, Chávez marcó su origen político con un fracasado intento de tomar el poder por la fuerza. Como Hitler con sus camisas pardas, Chávez ha organizado fuerzas de choque a las que ha juramentado para combatir en caso de que su “inevitable” triunfo electoral le sea desconocido. Como Hitler ante el envejecido Hindenburg, ha querido adelantar las elecciones presidenciales para recortar el período de nuestro anciano presidente.
Los timoratos ricachones que pretenden salvarse de una previsible degollina chavista están ellos mismos anudándose la soga al cuello. Que sepan que entre los más íntimos colaboradores de Chávez se cuentan quienes opinan que “este país se arregla con tres mil entierros de primera clase”.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 17, 1998 | Artículos, Política |
De la miríada de acciones públicas que es preciso acometer en Venezuela—tal es la insuficiencia política que la aqueja, tan evidente y general es el deterioro de los asuntos públicos—quizás ninguna es tan fundamental como la de instalarle un nuevo sistema operativo al Estado. Hay una enfermedad sistémica y constitucional en el aparato político nacional, y esta condición afecta e impide prácticamente a todas las funciones del Estado. De allí que resulte ser crucial dotar a éste de una nueva Constitución, pues ésta es necesaria para un diseño metapolítico que venga a ser una verdadera metamorfosis en la arquitectura del Estado, que le convierta en un nuevo Estado capaz de digerir los gigantescos cambios—tecnológicos, políticos, perceptuales—acaecidos en el planeta en las últimas décadas, capaz de corregir las profundas distorsiones y malformaciones introducidas en la práctica política común en nuestra Nación, capaz de permitir la democracia que hoy es exigible, capaz de expresar un paradigma político que sustituya al muy insuficiente y ya claramente dañino paradigma prevaleciente.
Nuestros políticos han resucitado en los últimos años una noción que ya era de uso común en la ciencia política de la década de los años sesenta: el concepto de gobernabilidad. Y esto es una admisión de que las artes aprendidas por los actores políticos convencionales son cada vez menos eficaces, y que su capacidad para conducir el negocio público es cada vez menor.
En gran medida esa gobernabilidad añorada por políticos crecientemente confundidos es impedida por la camisa de fuerza de un concepto de Estado que ya no puede responder adecuadamente a las necesidades públicas. La Constitución vigente, elaborada y decretada en 1961 por un Congreso que no estaba facultado para esa tarea, probablemente era un admirable texto en muchos sentidos, aunque su carácter programático hubiera impuesto al Estado cargas y compromisos imposibles de cumplir. Pero en 1961 era bastante difícil prever la perestroika rusa, la emergencia de la civilización informática, la planetización de la economía, la búsqueda de la unión política europea, la explosión del tema ecológico, para citar sólo unos cuantos de los inmensos procesos que han cambiado la faz política del mundo. Así, la necesidad de una nueva Constitución no equivale a una crítica del constituyente no autorizado de 1961. Basta con reconocer que nuevos y enormes factores requieren que el Estado venezolano sea repensado.
No se trata, sin embargo, de que la solución a este problema crucial pueda darse mediante la mera reforma del texto constitucional. No se trata de remendar con modificaciones puntuales el concepto de Estado que fuera delineado en 1961. Se trata, en verdad, de concebir un nuevo Estado, de diseñar un Estado diferente.
Ahora bien, el Congreso de la República no está facultado para acometer esa tarea. El Dr. Angel Fajardo explica el punto con mucha claridad cuando nos dice que la facultad de reformar la Constitución no equivale a “la facultad de dar una nueva Constitución… pues esto sería función propia de un poder constituyente y el legislador ordinario no lo es”.
La doctrina constitucional generalmente aceptada establece que el poder supremo dentro de un Estado como el venezolano es el del poder constituyente original, básico, o primario. Este poder constituyente no es otro que el del conjunto de ciudadanos de la Nación. Se trata de un poder absoluto, verdaderamente dictatorial: “El poder constituyente es un derecho natural que tiene todo pueblo, ya que este derecho viene a ser un aspecto de la soberanía del Estado, es una consecuencia del hecho mismo del nacimiento del Estado, y el pueblo, cuando se constituye en poder constituyente, no se encuentra vinculado a ninguna norma constitucional anterior, su única vinculación la tiene el hecho de ser pueblo libre y soberano, y, por eso, es un derecho perpetuo que sigue subsistiendo después de ser creada la constitución”. (Esto escribe Fajardo en su “Compendio de Derecho Constitucional”, Caracas, 1987).
Además de este poder original y supremo, no sujeto ni siquiera a la Constitución vigente ni a ninguna anterior, el Congreso de la República es un poder constituyente constituido, y limitado en su función reformadora en dos sentidos.
Es decir, el Congreso de la República tiene el papel principal, según lo dispuesto en la Constitución vigente, para enmendarla o reformarla, sujeto, en primer término, a la aprobación de una mayoría calificada de las asambleas legislativas estatales (en el caso de enmiendas) o del pueblo mismo en referéndum (en el caso de reformas).
Pero hay todavía una limitación más básica, como explica Angel Fajardo en la obra citada: “El órgano cuya función consiste en reformar la Constitución, es el denominado poder constituyente constituido, derivado, etc., y cuya facultad le viene de la misma Constitución al ser incluido este poder en la ley fundamental por el poder constituyente; de modo, que la facultad de reformar la Constitución contiene, pues, tan sólo la facultad de practicar en las prescripciones legal-constitucionales, reformas, adiciones, refundiciones, supresiones…; pero manteniendo la Constitución; no la facultad de dar una nueva Constitución, ni tampoco la de reformar, ensanchar o sustituir por otro el propio fundamento de esta competencia de revisión constitucional, pues esto sería función propia de un poder constituyente y el legislador ordinario no lo es, él sólo tiene una función extraordinaria para reformar lo que está hecho, no para cambiar sus principios y aún menos para seguir un procedimiento distinto al establecido por el poder constituyente”.
Esto significa que de aceptarse la tesis de que se requiere una nueva constitución, el Congreso de la República no es el órgano llamado a producirla, puesto que excedería sus facultades. En este caso la única forma admisible de proveernos de una constitución nueva, urgentemente necesaria, sería la de convocar una Asamblea Constituyente.
El punto ha sido levantado insistentemente en los últimos ocho a diez años, y es sólo ahora que uno de los aspirantes a la Primera Magistratura Nacional pareciera querer apropiarse de la idea. Dicho sea de paso, los proponentes consuetudinarios de una Asamblea Constituyente nunca han esbozado siquiera el dibujo general de una nueva constitución, principalmente porque entienden a aquélla más como un modo de sustituir actores políticos tradicionales que como el medio sereno de arribar a un nuevo diseño del Estado.
Pero la necesidad está allí, y la capacidad de un trabajo serio y sistemático para dotarnos de un nuevo Estado también. Basta que formulemos reglas sensatas para la conformación y elección de los miembros de esa asamblea. Elegidos uninominalmente, reclutados no sólo entre expertos en derecho público e historiadores sino dando cabida al conocimiento de organizaciones y sistemas y de tendencias gruesas en la evolución de la humanidad y sus naciones, y exigidos de exhibir como su legitimación su idea de constitución preferible, conformaríamos con ellos un cuerpo constituyente con mayores probabilidades de producir el trabajo que se requiere.
Negar que esto sea posible en Venezuela es, una vez más, incurrir en el sempiterno error de subestimar a la Nación. Tenerle miedo a una constituyente es desconfiar injustificadamente de nuestras capacidades. Tenerle miedo a una constituyente es creer que abogar por ella equivale a apoyar a un golpista fracasado y radical.
La apelación a una Asamblea Constituyente se produciría de un modo más
democrático si tuviese su origen en un referéndum positivo. Y la nueva Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política establece la figura del referéndum y también establece que éste puede ser convocado irrecusablemente, por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por el Congreso de la República en sesión conjunta por una mayoría de dos tercios, y por 10% de los Electores registrados.
Una de las raíces de la aprensión expresada por muchos políticos ante la posibilidad de una Asamblea o Convención Constituyente es la confusión entre estos órganos y el poder constituyente mismo. Se trata de dos cosas distintas. El poder constituyente somos los Electores mismos. Los miembros de un órgano constituyente elegido, llámese asamblea o convención (distinción de Bunimov Parra) son, en cambio, unos apoderados, y como tales pueden recibir de nosotros un poder estrictamente limitado a la redacción de un nuevo proyecto constitucional en amplia consulta con los propios Electores y las muchas organizaciones del país. El riesgo de arbitrariedad sólo ocurriría si los Electores fuésemos tan necios como para dar a los diputados constituyentes poderes ilimitados.
No hay excusas para oponerse a la necesidad fundamental de la Constituyente. El presidente Rafael Caldera, uno de los padres de la actual Constitución, tiene en sus manos la facultad de convocar el referéndum consultivo que la ponga en marcha. En 1983 el suscrito proponía un tratamiento al “desfase entre el mayor desarrollo político del pueblo y el estancamiento de las instituciones políticas diseñadas en 1961”: “Más que la apremiante situación económica, a la que, naturalmente, había que buscar solución, era necesario acometer reformas constitucionales de gran vuelo, y yo suponía que Caldera, redactor principal de la Constitución de ese año, podría ser el indicado para liderizar una reconstitución nacional”. Ahora que concluye su último mandato constitucional, tiene la concreta posibilidad de abrir el camino a los nuevos constituyentes.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 15, 1998 | Artículos, Política |
Si uno observa con un poco de detenimiento a las sociedades dominantes, se dará cuenta de que en ellas abundan organizaciones para el pensamiento organizado sobre los problemas públicos. No debe ser casualidad que prolifere en los Estados Unidos toda clase de institutos de investigación y desarrollo de políticas. Las sociedades avanzadas procuran alcanzar racionalmente un destino favorable. Y ya no dudan de la enorme utilidad que estos centros de recomendación pueden rendir. Las ganancias que pueden derivarse de un solo estudio pueden justificar por sí solas toda la vida de un instituto.
Yo creo que hay una razón profunda para esa mayor presencia de los institutos de política en las sociedades dominantes, de un mayor espacio para ellos: en los sistemas biológicos y los sistemas sociales más evolucionados hay una mayor presencia de pensamiento organizado, que en lo social se concentra sobre la búsqueda de soluciones a los problemas públicos.
Resulta científicamente válido estudiar la arquitectura de los sistemas biológicos para obtener claves que orienten el diseño de sistemas políticos viables. Desde la emergencia de la cibernética como cuerpo teórico consistente ha demostrado ser muy fructífero el análisis comparativo de sistemas de distintas clases, dado que a ellos subyace un conjunto de propiedades generales de los sistemas. El descubrimiento de la «autosimilaridad», en el campo de las matemáticas fractales, refuerza esta posibilidad de estudiar un sistema relativamente simple y extraer de él un conocimiento válido, al menos analógicamente, para sistemas más complejos. Esto dista mucho de la ingenua y ya periclitada postura del «organicismo social», que propugnaba una identidad anatómica casi absoluta entre lo biológico y lo social. Con esta salvedad, vale la pena extraer algunas lecciones del funcionamiento y la arquitectura del cerebro humano, el obvio órgano de dirección del organismo.
El cerebro humano, a pesar de constituir el órgano nervioso más desarrollado de todo el reino de lo biológico, regula directamente muy pocas cosas. Más específicamente, la corteza cerebral, asiento de los procesos conscientes y voluntarios de mayor elaboración, sólo regula directamente los movimientos voluntarios del organismo. La gran mayoría de los procesos vitales son de regulación autónoma (muchos de ellos ni siquiera son regulados por el sistema nervioso no central, o sistema nervioso autónomo). La analogía con lo económico es inmediata. La economía, según la observamos, tiende a funcionar mejor dentro de un ambiente de baja intensidad de regulación.
La corteza cerebral puede emitir órdenes incuestionables al organismo… por un tiempo limitado. Puede ordenar a los músculos respiratorios, por ejemplo, que se inmovilicen. Al cabo de un tiempo más bien breve esta orden es insostenible y el aparato respiratorio recupera su autonomía. Este hecho sugiere, por supuesto, más de una analogía útilmente aplicable para la comprensión de la relación entre gobierno y sociedad. Ninguna sociedad tolera por mucho tiempo los gobiernos dañinos u opresores.
Más aún, es sólo una pequeña parte de la corteza cerebral la que emite estas órdenes ineludibles. La circunvolución prerrolándica, o área piramidal, es la única zona del cerebro con función motora voluntaria, la única conectada directamente con los efectores músculo-esqueléticos. Esa corteza motora, la corteza de las células piramidales, abarca la extensión aproximada de un dedo sobre toda la amplia superficie de la corteza cerebral. En el cerebro los caciques son, como debe ser, los menos.
Un tercio de la corteza restante es corteza de naturaleza sensorial. A través de los cinco sentidos registra información acerca del estado ambiental o externo; a través de las vías sensoriales propioceptivas se informa acerca del estado del medio interno corporal.
La gran mayoría de la superficie cortical del cerebro humano es corteza asociativa. Emplea la información recibida por la corteza sensorial, coteja recuerdos almacenados en sus bancos de memoria, procesa emociones y es la que verdaderamente elabora el «telos», la intencionalidad del organismo humano. Es interesante constatar este hecho: en la corteza cerebral hay más brujos que caciques. Y este otro: mientras más evolucionada es la especie más corteza asociativa posee el cerebro de sus miembros. Parece ser que el pensamiento es una necesidad vital, ya no de le especie homo sapiens, sino en ella, y a través de ella, como vio Pedro Teilhard, de toda la evolución, de toda la vida.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 10, 1998 | Artículos, Política |
Quiero dejar constancia de que yo me contaba, bastante antes del intento chavista de 1992, entre quienes pensaban que Carlos Andrés Pérez debía renunciar a su investidura presidencial. En este mismo diario escribí el 21 de julio de 1991: “El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal”.
Esto es, propuse esa salida bajo la angustia de la matriz de opinión que ya se había formado en el primer semestre de 1991, acosado de escándalos, y que consistía en suponer que sólo existía la disyuntiva Pérez o golpe. Fue precisamente en un intento, obviamente infructuoso, de mostrar un cauce constitucional. Estaba seguro de que la presión popular y democrática era el camino correcto para desalojar a Pérez del gobierno, ante la posibilidad de un expediente conspirativo y antidemocrático, como el que después intentaría Hugo Chávez Frías.
Dicho sea de paso, ese artículo suscitó unas pocas reacciones. Herminio Fuenmayor declaró que había en marcha una campaña para lograr la renuncia de Pérez. (¡Un artículo!) El General Alberto Müller Rojas, hoy en día jefe de campaña de Hugo Chávez Frías, escribió en El Diario de Caracas sobre la ingenuidad de mi proposición. (Al año siguiente, y luego de la intentona, volvió a escribir en adulación a Uslar Pietri, señalándolo como “el primero” que había solicitado la renuncia de Pérez. La verdad era que un mes escaso antes del golpe Uslar proponía que ¡Pérez se pusiera al frente de un gobierno de emergencia nacional! El interés oportunista de Müller Rojas era obvio: habiendo gravitado antes por los predios de aquel “Frente Patriótico” que lideraba Juan Liscano, quería ahora ser contado entre “los notables” que rodeaban a Uslar Pietri). Y también el director de El Diario de Caracas de la época, Diego Bautista Urbaneja, publicó un extenso artículo para comentar mis ideas al respecto y las de Luis Alberto Machado. Urbaneja opinó seis meses antes del 4 de febrero de 1992 que no había peligro de golpe de Estado—gran visión—y además, echando en falta argumentos éticos en mi proposición, dijo no tener duda de que Pérez daría una gran lección de ética renunciando, pero que el país “no estaba en condiciones de asimilar lecciones morales”. En un segundo artículo en respuesta a tan asombrosas declaraciones de Urbaneja, escribí: “Donde discrepo de Diego Urbaneja es en cuanto a su apreciación de que Venezuela no está en capacidad de aprovechar lecciones morales. Es precisamente eso lo que el país está solicitando a gritos. Pero no es Pérez quien nos va a dar lecciones de moral con la renuncia que debiera comenzar a redactar. Es el país quien se la daría a Pérez, exigiéndosela”. Urbaneja jamás permitió que ese segundo artículo fuese publicado.
Vedados los caminos de Urbaneja, el relanzado diario El Globo publicó varios artículos míos sobre el tema de la renuncia de Pérez, el más virulento de los cuales salió publicado ¡el 3 de febrero de 1992, un día justo antes del fracasado golpe chavista! (Admito haber temido que la DISIP o la DIM me visitaran, pues sería natural que pensaran que yo estaba “dateado”. En realidad mis “datos” provenían de una predicción que había adelantado en 1987, en trabajo sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela: “Así, la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabilidad de un golpe militar hacia 1991, o aún antes, sería considerable”. También, como ya he señalado, porque ese deterioro acusadísimo se había dado a comienzos de 1991, con la sucesión de escándalos como el caso Florida Cristal, la extorsión televisada de Lamaletto, los escándalos militares en torno a Gardenia Martínez y el jefe de seguridad de Pérez, la muerte criminal de Lorena Márquez, etc.) En el artículo que me fue publicado en vísperas del abuso chavista decía así: “Esto es lo que debemos decir en febrero: que Carlos Andrés Pérez ha fracasado. Que no queremos su mando. Que nuestra armazón constitucional, por fortuna, tiene modo de suplirle. Que necesitamos de vuelta las facultades que le dimos, porque es él la encarnación y la síntesis de lo que no puede seguir siendo políticamente en Venezuela. Que todo eso lo hemos venido diciendo en las encuestas. Que no queremos esperar hasta febrero de 1994. Que la cosa es ya”.
Los lectores perdonarán, espero, esta larga enumeración de credenciales, la que considero necesaria para afirmar con autoridad lo siguiente: Hugo Chávez Frías miente. Y lo peor es que lo hace a conciencia.
Una de sus reiteradas explicaciones, cuando intenta defender su infeliz ocurrencia del 4 de febrero de 1992, es que el frustrado levantamiento de esa fecha se produce como rectificación “bolivariana” de los acontecimientos del 27 y el 28 de febrero de 1989. La lógica chavista procede más o menos de este modo: primero, Simón Bolívar había señalado que un ejército sería maldito si enfilaba las armas contra su pueblo; segundo, Carlos Andrés Pérez ordenó al ejército venezolano enfilar sus armas contra el pueblo en 1989; tercero, en consecuencia, la asonada del 4 de febrero no fue otra cosa que el castigo merecido por el pecado perecista.
Eso es mentira. Mentira dicha con el mayor desparpajo, con el mayor irrespeto por la inteligencia y la memoria de ese pueblo que él dice defender. Durante su breve prisión en el penal de Yare, cuando no preveía aún el posterior desarrollo de los acontecimientos y por tanto se encontraba algo descuidado, Hugo Chávez Frías admitió que el grupo que encabezó el intento de golpe de Estado de 1992 llevaba muchos años conspirando, por lo menos cinco años antes de que se produjeran los disturbios de 1989, la excusa que ahora ofrece como explicación.
Hugo Chávez Frías miente. Miente cuando dice y repite que el artículo 250 de la Constitución Nacional lo obligaba a la asonada. (Así declaró, por ejemplo, a la revista Newsweek en 1994). Hugo Chávez Frías miente. Porque el texto del artículo 250, que por sí solo constituye el Título XI (De la inviolabilidad de la Constitución) lo que dice en su primer inciso es lo siguiente: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
Veamos entonces. Hugo Chávez Frías estaría diciendo la verdad, por una parte, si el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez hubiera dejado de observar la Constitución por acto de fuerza o la hubiera derogado por un medio distinto del que ella misma dispone. Y es muy claro que ninguno de esos dos casos estuvieron presentes en 1992. Por otra parte, no creo que puede sostenerse que una conspiración militar, preparada largamente, puede ser entendida como una “colaboración” para el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución. Al contrario, nada hay más inconstitucional que la única acción notoria de Hugo Chávez Frías. (Artículo 115 de la Constitución: “Los ciudadanos tienen el derecho de manifestar pacíficamente y sin armas, sin más requisitos que los que establezca la ley”. Artículo 119: “Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos”. Artículo 120: “Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subversiva”.)
Hugo Chávez Frías no ha admitido, y parece que nunca lo hará, que el episodio del 4 de febrero de 1992 fue un verdadero abuso contra el pueblo. El derecho de rebelión es un derecho sagrado y serísimo cuya residencia es el pueblo y jamás puede pretenderse que es prerrogativa de una logia conspirativa. Así lo recoge, por ejemplo, la Declaración de Derechos de Virginia (1776): “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. La norma de Virginia exige como sujeto de la acción una mayoría de la comunidad, y ni los oficiales sublevados representaban una mayoría de la comunidad ni una mayoría de ésta admitía un golpe de Estado como salida a la muy desagradable situación. En estricto sentido, pues, Hugo Chávez Frías y el resto de los conjurados, abusaron de nosotros, enviando a la muerte a soldados que no sabían a lo que iban y que terminarían matando a sus compañeros de armas. Hugo Chávez Frías, que continúa mintiendo respecto del origen de su periplo político, es claramente una personalidad autoritaria, totalitaria, que insiste en justificar su abuso, su irrespeto al ciudadano, su desconsideración acerca de la opinión de la mayoría. Ese autoritarismo no haría otra cosa que exacerbarse en posesión del poder que ya pretende arrogarse. Más honesto sería de su parte admitir que se le conozca más bien como Yugo Chávez Frías. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 8, 1998 | Artículos, Política |
Ahora que comienza a ponerse de moda la posibilidad de un “emergente” en materia de candidaturas presidenciales—lo que es permitido por el artículo 151 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política—puede resultar interesante fijar los parámetros que pueden regir la emergencia exitosa de un líder no convencional, de un outsider.
El primer rasgo indispensable en el líder que pueda orientar a su favor la considerable potencialidad de un voto harto de lo tradicional y de su ineficacia, es que sea un verdadero outsider. Hay, al menos, dos sentidos en los que este concepto de outsider se aplicaría en este contexto.
Para comenzar, el candidato debe ser un político que pueda ser percibido como estando fuera del establishment de poder venezolano. No necesariamente significa esto que el candidato deba estar contra la actual articulación de poder en Venezuela. Simplemente es necesario que no se le perciba como formando parte de la red de compromisos que caracterizan a la configuración actual.
En una reunión del “Grupo Santa Lucía” de hace unos años, Allan Randolph Brewer Carías advirtió a los asistentes: “Estamos hablando del Estado como si se tratara de un caballero que se encuentra en la habitación de al lado, que está a punto de entrar y de ser presentado a nosotros. Pero la verdad es que todos nosotros hemos sido el Estado. De quien estamos hablando es de nosotros”.
Lo que Brewer quería decir es que las elites de Venezuela forman parte de un sistema consensual que determina una buena parte de las políticas principales, o al menos el esquema general de la cosa política. En el caso de un líder político tradicional, por ejemplo, sus buenas intenciones hacia, digamos, una mayor democratización, se encuentran impedidas por las trabadas reglas de juego de su partido.
El pueblo sabe, empírica o intuitivamente, que una persona, participante directo de la configuración de poder actual, carece de la libertad necesaria para acometer los cambios que sería necesario introducir a través de tratamientos novedosos a la situación política. Para ponerlo en otros términos: un líder que ostente en los momentos actuales una cantidad significativa de poder, estará al mismo tiempo muy impedido por la serie de transacciones en las que, con toda probabilidad, habrá debido incurrir para acceder a la posición que ocupa y para mantenerla.
Hay un segundo sentido, más específico, en el que el candidato que pueda resultar la sorpresa debe ser un outsider. Debe serlo también en términos de estar afuera o por encima del eje tradicional del “espacio” político. Tal eje viene determinado por un continuum más o menos lineal, que va desde las posiciones de “izquierda” hasta las posiciones de “derecha”. Esta es una división tradicional del campo político, pues responde al criterio de que el principal “problema social” (o político), consiste en distribuir la renta social: si se acomete este asunto con preferencia para “los pobres” entonces se es izquierdista; si esto se hace con preferencia por “los ricos”, entonces se es derechista.
No es éste el sitio para describir otra noción política más moderna que considera obsoleto el planteamiento anterior, definitorio de “derechas” e “izquierdas”. Pero el candidato que pretenda tener éxito deberá ser outsider también en el sentido de no situarse en alguna posición del eje referido, sino en un plano diferente.
La segunda característica importante (a nuestro juicio más importante que la condición de outsider ) que debe ostentar un candidato con posibilidades de “dar la sorpresa”, es la posesión de tratamientos suficientes y convincentes para la crisis.
La base de esta condición consiste en poder partir de una concepción de lo político que comprenda importantes y hasta radicales diferencias con las concepciones convencionales. En la raíz de tal concepción está la necesidad de una sustitución de paradigmas políticos, en el sentido que Tomás Kuhn da al término paradigma. Es decir, nos hallamos ante una realidad social y política que ya no puede ser comprendida por los planteamientos y enfoques convencionales, lo que es la causa de fondo de la crisis de gobernabilidad. No es el caso que los políticos tradicionales tengan las recetas adecuadas y por “maldad” se resistan a aplicarlas. El punto es que no las saben.
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