por Luis Enrique Alcalá | Sep 13, 1998 | Artículos, Política |
La constituyente es sólo un argumento electorero de Chávez Frías, dice un candidato (Salas Römer) que se opone a la idea. Falso. Chávez Frías se incorpora a un “frente amplio pro constituyente” desde 1994. No es su postura ante el punto exclusivamente electoral. En su grupo, por lo demás, destacan entre otros Manuel Quijada y Luis Miquilena, quienes acompañaban las peticiones de Juan Liscano y su “patriótico” frente desde 1989.
Nosotros propusimos la constituyente en 1992, dicen otros (Brewer-Carías, Alvarez Paz), como queriendo mostrar que la idea no es propiedad exclusiva de Chávez Frías. Mal ejemplo. Chávez Frías podría contestar con toda comodidad: “Precisamente; Uds. la propusieron después de mi alzamiento. Hasta entonces no habían abierto la boca. Es el miedo que les causé lo que les llevó a hablar de constituyente”.
Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: ““Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.
La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros “apoderados constituyentes”. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referéndum.
La constituyente debe componerse, a lo Mussolini, corporativamente. (Chávez Frías et al). Esto es, que debe estar compuesta por representantes de distintos cuerpos o unidades sociales: obreros, empresarios, militares retirados, profesionales colegiados, eclesiásticos, etcétera. Muy incorrecto. Nuestra condición de miembros del Poder Constituyente no nos viene de pertenecer a algún grupo o corporación, sino de la condición simple y original de ser ciudadanos. Así, la mejor representación de esta condición se alcanza con la postulación uninominal de candidatos a una diputación constituyente.
La constituyente es una fórmula mágica que no resolverá el problema del costo de la vida, de la seguridad personal, de la salud, y por tanto debemos desecharla. (Úslar, Fernández, muchos otros). Falaz argumento. Un destornillador no sirve, es cierto, para peinarse, sino para ajustar y desajustar tornillos. Porque no sirve para ordenar el cabello no debo desecharla como instrumento útil a la función para la que ha sido diseñado. Y las constituciones, además, prescriben un marco legal supremo que puede facilitar o impedir la consecución de soluciones a problemas no constitucionales, como los enumerados.
La constituyente es inoportuna, estamos en crisis, no conviene añadir incertidumbre con ella. (Bunimov Parra, Carrillo Batalla, Fernández, etc.) Trampa. Nunca parecen ser oportunas las transformaciones, según algunos. Volver a posponer el cambio es aumentar todavía más la temperatura de la olla de presión, que tiene ciertamente un límite. Ese jueguito ya lo hemos jugado antes, cuando COPEI proponía separación de elecciones presidenciales y parlamentarias en 1963, 1968, 1973, 1978. Justamente, todos eran años electorales, a sabiendas de que Acción Democrática se opondría bajo la tesis de que tal cosa era inconveniente en año electoral. Luego se olvidaban del asunto. Aprovecho para recordar una vez más a Eduardo Fernández que él admitió la conveniencia de una constituyente en 1992, cuando su desazón le llevó a declarar tal cosa desde la ciudad de Valencia. Algunas memorias son frágiles.
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por Luis Enrique Alcalá | Sep 7, 1998 | Artículos, Política |
Estoy convencido de que la política debe ser concebida como un acto médico. Es decir, en política lo realmente importante es, como en medicina, la salud del paciente. Y en política el paciente es la nación.
No debiera prevalecer el poder sobre la autoridad, aunque éste haya sido el enfoque prevaleciente en Maquiavelo—“el fin justifica los medios”—y en la Realpolitik ejemplificada por el arquetipo de Bismarck.
Se conoce a dirigentes que logran articular un discurso moralista hacia fuera, como fundamento de una búsqueda facilista de la aclamación pública, y que sin embargo , en medio de una campaña y en privado, sostienen que lo único inmoral es no ganar.
Son ejemplo clásico de la ya ineficaz postura política conocida como Realpolitik : la política realista. Su argumento límite va así: “A mí me gustaría que las cosas fuesen de otro modo, pero mi oponente, que en la práctica es todo aquel que no me está subordinado, es una persona a quien debo entender como perpetuamente en procura del engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo, y convencido de que la base de su poder descansa sobre la amenaza y el empleo de la fuerza física o la coerción económica. Es así como estoy moralmente justificado, por autopreservación, para emplear cualquier medio de ganarle; es así como estoy moralmente obligado a ganar. Lo único inmoral es no ganar.”
El político que piensa de ese modo, o que por lo menos enfatiza demasiado los aspectos egoísta y codicioso en la imagen que se forma del otro, ha comenzado a ser anacrónico, y si se sustenta es sólo por la tendencia de los pueblos a que el logro de su felicidad sea al menor costo posible. Una revolución, un cambio repentino, es recurso que los pueblos preferirían no emplear. Por eso se sostiene el político de la Realpolitik. Porque sería preferible, en vista de lo profundo de los cambios que hay que hacer, que el relevo en el mando se hiciera gradualmente, para no añadir un cambio más. Es por tal razón que los pueblos esperan, primero, que sus gobernantes aprendan y entiendan, que sus gobernantes resincronicen y favorezcan los cambios. A menos que sus gobernantes decidan no cambiar, y entonces también todo el pueblo se pasa, por un trágico momento, al bando de la “política realista”. También le ocurre a los pueblos que en ocasiones se sienten moralmente obligados a ganar por todos los medios.
Existen políticos que en efecto hacen prevalecer el poder sobre la autoridad. Un caso muy ilustrativo e ingenuo es el de un político que reunió a varios de sus amigos en su casa para manifestar, con cierta antelación, que deseaba ser presidente de su país en el siguiente período de gobierno. Se le ocurrió a alguien preguntarle por lo que haría en la presidencia y decirle que la respuesta contestaría de una vez por qué debería elegirlo el pueblo. La respuesta del autocandidato fue la siguiente persuasiva pero nada convincente declaración: “Aquel presidente que se rodee de gentes tan capaces como ustedes será un gran presidente.” Años más tarde, ya inminente candidato, volvió a buscar el consejo de quien así le había hablado, a pesar de que éste le había recordado el problema y lo había calificado de “poderoso emisor de señales políticas, que no de significados políticos.” Después de varias horas de conversación, el futuro candidato escuchó de su interlocutor la siguiente frase: “Yo creo que si la improvisación fuese admisible yo sería mejor presidente que tú.” El aludido pensó un segundo y contestó, en sorprendente buen humor y en demostración de su rapidez de recuperación: “Estoy de acuerdo, pero tú tienes que reconocer que yo tengo muchas más posibilidades que tú.” Ese político consideraba que el poder conque contaba debía prevalecer sobre la idoneidad y la autoridad del otro. Pero es claro que en la medida en que una situación sea grave, la necesidad del predominio de la idoneidad sobre el poder se hace ineludible.
Protocolo médico
Un paciente se encuentra sobre la cama. No parece padecer una indisposición común y leve. Demasiados signos del malestar, demasiada intensidad y duración de las dolencias indican a las claras que se trata de una enfermedad que se halla en fase crítica. Por esto es preciso acordar con prontitud un tratamiento. No es que el enfermo se recuperará por sus propias fuerzas y a corto plazo. Tampoco puede decirse que las recetas habituales funcionarán esta vez. El cuerpo del paciente lucha y busca adaptarse, y su reacción, la que muchas veces sigue cauces nuevos, revela que debe buscarse tratamientos distintos a los conocidos. Debe inventarse un nuevo tratamiento. La junta médica que pueda opinar debe hacerlo pronto, y debe también descartar, responsable y claramente, las proposiciones terapéuticas que no conduzcan a nada, las que no sean más que pseudotratamientos, las que sean insuficientes, las que agravarían el cuadro clínico, de por sí extraordinariamente complicado, sobrecargado, grave. Así, se vuelve asunto de la primera importancia establecer las reglas que determinarán la escogencia del tratamiento a aplicar. Fuera de consideración deben quedar aquellas reglas propuestas por algunos pretendidos médicos, que quieren hacer prevalecer sus tratamientos porque son los que más gritan, o los que hayan tenido éxito en descalificar a algún colega, o los que sostengan que a ese paciente “lo vieron primero”. La situación no permite tolerar tal irresponsabilidad. No se califica un médico porque haya logrado descalificar a otro. No se convierten en eficaces sus tratamientos porque los vociferen, como no es garantía de eficacia el que algunos sean los más antiguos médicos de la familia. El paciente requiere el mejor tratamiento que sea posible combinar, así que lo indicado es contrastar los tratamientos que se propongan. Debe compararse lo que realmente curan y lo que realmente dañan, pues todo tratamiento tiene un costo. Es así como debe seleccionarse la terapéutica. Será preferible, por ejemplo, un tratamiento que incida sobre una causa patológica a uno que tan sólo modere un síntoma; será preferible un tratamiento que resuelva la crisis por mayor tiempo a uno que se limite a producir una mejora transitoria. Y por esto es importante la comparación rigurosa e implacable de los tratamientos que se proponen. Solamente así daremos al paciente su mejor oportunidad.
Esta prescripción, este modo de seleccionar la terapéutica, con la que seguramente estaríamos de acuerdo si un familiar nuestro estuviese gravemente enfermo, debiera ser la misma que aplicásemos a los problemas de nuestra sociedad.
Venezuela es el paciente. Es obvio que sus males no son pequeños. Ya casi se ha borrado de la memoria aquella época en la que nuestros medios de comunicación difundían una mayoría de buenas noticias, cuando en la psiquis nacional predominaba el optimismo y la sensación de progreso. La política se hace entonces exigible como un acto médico. En las condiciones actuales, en las que el sufrimiento es intenso y creciente, ya no basta que los tratamientos políticos sean lo que han venido siendo.
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por Luis Enrique Alcalá | Sep 7, 1998 | Artículos, Política |
Era el año de 1989. Viví el 27 de febrero en Caracas, donde se sintió con más fuerza el efecto, de una parte tan sólo, del inmenso dolor social que ese día se expresó en destrucción, pillaje y represión. En muertes.
Maracaibo fue la ciudad más sensata del país ese día, y su angustia fue menor. Por suerte, entonces, poco después venía a quedarme en Maracaibo, el 10 de marzo. Trabajando aquí leí a los pocos días la proposición que luego repetiría muchas veces un grupo llamado “frente patriótico”, conducido por Juan Liscano. Convocar una asamblea constituyente.
En los siguientes años el movimiento de Liscano repitió la proposición con insistencia, hasta que en diciembre de 1991, cuando faltaba poco más de un mes para el alzamiento de Chávez y Arias Cárdenas, Juan Liscano escribió un artículo que le publicó el diario El Nacional. Se llamaba “Un proyecto totalizador”, y su argumento era que hacía falta en Venezuela un proyecto o visión de país, un esquema integrador. La conclusión del artículo era, por decir lo menos, muy curiosa, pues Liscano decía que ningún actor o movimiento político había proporcionado un proyecto totalizador, ¡ni siquiera el Frente Patriótico que solicitaba a voces la celebración de una constituyente! (Eco reciente en esta declaración de Henrique Salas Römer ante estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello: “En Venezuela hace falta un nuevo modelo político, pero yo no estoy muy seguro de cuál sea ese modelo”).
En 1989 y 1990 escribí para el diario La Columna de esta ciudad y en al menos una ocasión me referí a la proposición de la constituyente. Dije en esencia que una constituyente se justificaba en función de una visión constitucional. Es decir, cuando se tiene al menos un bosquejo de constitución distinta a la que se desea reemplazar por medio de una constituyente.
En estricto sentido racional, uno define primero qué negocio va a emprender, a qué se va a dedicar su organización, y luego piensa en la estructura de ésta. No se decide tener un departamento de diseño, o de mercadeo masivo, antes de saber si serán necesarios. Por tanto, en estricto sentido racional, uno debiera tener primero ese proyecto “totalizador” –expresión, por lo demás, demasiado cercana a la de “proyecto totalitario”– y luego pensar en la constitución; y sólo si el dibujo constitucional al que se arribe por este método resulta ser inobtenible por modificación de la constitución vigente se justifica entonces una constituyente.
Pero en el sentido más amplio la idea de una constituyente es ya irreversible, y allí tendrá que comprimirse en una sola asamblea la discusión de las visiones o proyectos de país y la de las constituciones posibles.
A su salida de Yare Chávez Frías se unió a un “frente amplio pro constituyente” del que formaba parte el “patriótico” de Liscano y otros, entre los que se encontraban Manuel Quijada y Luis Miquilena, hoy en el chavismo. Pero todavía no tenemos de este movimiento ni de ninguno de sus actores la expresión clara y completa de un proyecto de país o de constitución, ni siquiera de la constituyente que piden. Exigen la herramienta sin saber explicarnos qué producto fabricarán con ella.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 29, 1998 | Artículos, Política |
La confusión de la herramienta con el fin explica mucho de los resultados de la política nacional. La discusión pública venezolana se halla a punto de agotar los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, que no son, en sí mismos, la solución.
Tomemos el caso, por ejemplo, de la insistente proposición de una asamblea constituyente, bandera de lucha del llamado Frente Patriótico desde 1989, asumida como lema electoral de José Antonio Cova en 1993, repropuesta por Oswaldo Alvarez Paz al término de las elecciones, voceada por Eduardo Fernández después del 4 de febrero de 1992 y prediseñada por Allan Randolph Brewer-Carías en ese mismo año, admitida como posibilidad por Rafael Caldera en su «Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela» y defendida por Hugo Chávez a partir de 1995. El problema es que el Frente Patriótico nunca presentó un proyecto de constitución, y tampoco los demás actores mencionados. Es decir, se insiste en hablar de la herramienta sin hablar del producto que ésta debe construir.
Por otra parte, el método mismo tiende a ser ineficaz. Los ideales de democracia participativa, la realidad de la emergencia de nuevos factores de influencia y poder, han llevado, es cierto, a la ampliación de los interlocutores de las «mesas democráticas» de las que debe salir el ansiado «acuerdo nacional». Así fue diseñado, por ejemplo, el consejo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), al combinar en él la presencia tradicional de líderes empresariales y líderes sindicales, con representantes de partidos, de la iglesia, de las organizaciones vecinales, etcétera. Así buscó conformarse el «Encuentro Nacional de la Sociedad Civil» organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuando su rector tomó el reto que pareció recaer, a mediados de 1992, sobre la Iglesia Católica venezolana, en respuesta a un estado de opinión nacional de gran desasosiego, que buscaba en cualquier actor o institución que pudiera hacerlo la formulación de una salida a la aguda y profunda crisis política. Pro Venezuela, la Mesa Democrática de Matos Azócar, los encuentros que organizó José Antonio Cova, el “nuevo pacto” que hace unos meses pretendió obtener Luis Alfaro Ucero, la versión paralela de Eduardo Fernández, y la constante prédica de los partidos, todos han sido intentos de alcanzar ese ya mítico gran entendimiento nacional.
La evidencia es, pues, suficiente. La oposición de intereses en torno a una mesa de discusión difícilmente, sólo por carambola, conducirá a la formulación de un diseño coherente. Es preciso cambiar de método. Y es preciso cambiar el énfasis sobre la herramienta por el énfasis en el producto.
Si la Gobernación del Zulia se encontrase ante la necesidad de construir un nuevo hospital público, seguramente no convocaría a una masiva reunión de arquitectos, médicos, pacientes, enfermeros, administradores de salud, a celebrarse en un gran espacio como el Paseo del Lago para que, «participativamente», se pusieran de acuerdo sobre el diseño del hospital. En cambio, determinaría como primera cosa, técnicamente, los criterios de diseño: debe ser un hospital para 1.500 camas, debe cubrir las especialidades tales y cuales, no debe pasar de un costo de tanto, etcétera. Una vez con tales criterios en mano, procedería a llamar a licitación a unas cuantas oficinas de arquitectura demostradamente capaces. Las oficinas de arquitectos que participaran en la licitación desarrollarían, cada una por su lado, un proyecto completo y coherente. No serían admitidas, por ejemplo, proposiciones que sólo diseñaran la sala de partos o la admisión de emergencias. Cada oficina tendría que presentar un proyecto completo. Sólo así podrían competir, la una contra la otra, en una licitación que contrastaría una proposición coherente y de conjunto contra otras equivalentes.
Este es el mismo método que debe emplearse para la emergencia de una imagen-objetivo del país o de una nueva constitución. Lo que el espacio político nacional debe alojar es una licitación política con claras reglas para la contrastación de proposiciones de conjunto.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 24, 1998 | Artículos, Política |
Así define Realpolitik el texto de la Enciclopedia Británica: “…postula que los estados buscan el engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo y que la búsqueda de ese poder se basa en la amenaza y el empleo de la fuerza militar y la coerción económica”. El término se ha extendido, más allá de la política internacional, para referirse al modelo de acción política general seguido en todos los países del planeta por la más variada colección de políticos profesionales. Algunos ejemplos han sido verdaderamente notables. En uno de los sistemas políticos más desarrollados del mundo, los nombres de Johnson, Nixon, Reagan, Bush, han descollado como fervientes practicantes de la Realpolitik.
En Venezuela no hemos dejado de tener ejemplos destacados de esta difundida corriente. Cuando en nuestro país comenzaba a discutirse sobre la elección directa de gobernadores de estado, entre sus oponentes se contaba a Manuel Peñalver, a la sazón Secretario General del partido Acción Democrática. En una ocasión fue fugazmente entrevistado por una reportera de televisión, quien le preguntó por qué no estaba a favor de esa elección directa. Peñalver miró directamente a la expectante periodista y, antes de darse vuelta y alejarse, le contestó así: “¡Porque no!”
Carlos Andrés Pérez, no hay duda, ha sido el más notorio exponente de la Realpolitik venezolana. Su caída, junto con la secuela de pérdida súbita del poder de personajes otrora poderosos y prepotentes, constituyó un proceso en principio sano para la sociedad venezolana. Sus excesos han encontrado una sanción social con efectos tan benéficos para Venezuela como los que tuviera el proceso de Watergate para los Estados Unidos. Con tal de que no incurramos en un error y en una simplificación, en una exageración de signo contrario.
En Kalki: El futuro de la Civilización, Sri Radhakrishnna postulaba una convergencia, si se nos permite el uso del término, entre la civilización oriental—de la que él era, por supuesto, un representante—y la civilización occidental, predicción que por cierto no habría satisfecho a Mohatmas Gandhi en sus momentos de mayor ironía, pues a éste le preguntó una vez un periodista: “¿qué opina Ud. de la civilización occidental?” Gandhi replicó: “Me parece una buena idea”.
Radhakrishnan, en un pasaje del libro mencionado, discutía el fundamento ético del protocolo de Ginebra que proscribe el empleo de gases y armas bacteriológicas (1925) en los conflictos bélicos. No le parecía consistente que fuera permitido achicharrar a decenas de personas con bombas incendiarias o que fuese comme il faut atravesar el cerebro de alguien con una bayoneta, mientras se consideraba un atentado contra la urbanidad de la guerra el uso de un gas venenoso. Para Radhakrishnan esto equivalía a criticar a un lobo “no porque se comiese al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos”. Es decir, opinaba que el protocolo de Ginebra no era otra cosa que un ejercicio de hipocresía.
Casos recientes
Entre los críticos de las más aberrantes conductas políticas de la Realpolitik, es frecuente encontrar personas que incurren en prácticas cualitativamente muy parecidas, si no idénticas, a las de otras personas a quienes censuran con gran energía. Por referirnos a un caso venezolano, un prestigioso líder empresarial de medios de comunicación, muy elocuente censor de la presencia del fallecido Pedro R. Tinoco hijo en el Banco Central de Venezuela, decía al autor de este artículo en agosto de 1990: “Lo que hay que hacer es seleccionar y colocar a los hombres del Presidente, como lo hemos hecho con los del Presidente Pérez”. (Estaba refiriéndose a la “tarea” que habría que cumplir en relación con el presidente del actual período constitucional, pues ya “el mandado estaba hecho” con Carlos Andrés Pérez). O sea, admitía la utilidad de la influencia del sector empresarial sobre la política, sólo que tal influencia “debía” ejercerse indirectamente, por interpuesta persona.
En el penoso caso del Banco Latino, no hay duda, una buena parte de su depuesto liderazgo llegó a constituir un ejemplo patológico de Realpolitik. El más deplorable rasgo de esa patología tal vez venga expresado en la instalación de una capacidad de intervención—al decir del diputado Pablo Medina—de mil teléfonos de red y cien teléfonos celulares en uno de los pisos del Centro Financiero Latino.
El principal accionista y presidente de una de las empresas que servía al Latino, en diciembre de 1992, reunió a todos sus empleados en un hotel capitalino, a quienes confrontó con una persona a quien presentó como su abogado y con una caja de tamaño considerable llena de cassettes de audio y de video. A continuación explicó que los cassettes contenían grabaciones de sus empleados y que las mismas eran evidencia de faltas de clases diversas: consumo de drogas, negocios personales conducidos en tiempo debido a la compañía, hurtos y otras conductas reprobables. Luego declaró un receso de varios minutos, no sin antes expresar su esperanza de que las personas incursas en las conductas aludidas no regresasen al salón en el que se efectuaba la grotesca sesión intimidatoria.
Tampoco ayatollahs
El país debe saludar con satisfacción la terrible derrota que puedan sufrir los más conspicuos exponentes de esa política “realista”. Debe poner su esperanza en que tan dañino código ético, predominante en la política venezolana, sea suplantado por un código ético saludable. Pero debe estar atento para que esa suplantación no sea efectuada por un código ético fundamentalista, por un código de ayatollahs. No debe permitirse a un grupo de personas erigirse en santones determinantes de quiénes irán al infierno y quiénes al purgatorio, sobre todo cuando entre ellas se encuentran algunas que comen cordero con cubiertos.
El fundamentalismo es una postura igualmente simplista y muy peligrosa socialmente. Es la postura de Khomeini, es la que lleva a decretar la muerte de Salman Rushdie, es la que MacCarthy asumía en los Estados Unidos de los años cincuenta, es la que personificó Robespierre durante la época del Terror durante la Revolución Francesa.
La época del macarthismo se caracterizó por excesos que afectaron a personas dignas y útiles a la sociedad norteamericana, en la caza de brujas desatada por aquellos años. Los resultados de la política fundamentalista en esa fase de la Revolución Francesa configuran una lección histórica que no conviene olvidar. Aun cuando, en teoría, la Revolución era un movimiento a favor de las clases más bajas de la sociedad francesa de fines del siglo XVIII, la distribución por clases sociales de las víctimas del Terror arroja un resultado paradójico y terrible: el 7 y el 8% de los ejecutados provenían, respectivamente, del clero y de la nobleza, en tanto que 31% pertenecía a la clase trabajadora, 28% era de la clase de los campesinos y un 11% adicional correspondía a la clase media baja.
Los procesos sociales guiados por un código fundamentalista tienden a salirse de control con rapidez, y de hecho son iniciados, muchas veces, bajo el manto de imagen de sus moralistas postulados por actores sociales que en realidad emplean técnicas de Realpolitik de modo disimulado. El puño de hierro dentro del guante de seda de Metternich.
Saludemos pues, el descalabro sufrido por una versión criolla de la Realpolitik y la posibilidad de que continuemos progresando en esa dirección. Evitemos, sin embargo, el ayatolismo. La sociedad venezolana debe sustituir el malsano código ético de la política “realista” por un código mucho más maduro que el de los santones fundamentalistas. Un código clínico, que libre por todos, que reconcilie a todos, que castigue y expurgue lo que es debido, sin incurrir en los excesos destructivos e hipócritas de una inquisición que sería incapaz de dar de comer a los venezolanos.
Después de agotar gestos dramáticos, un gobierno que se conformase con un despliegue de actos justicieros, pronto se vería en graves problemas. Los Electores necesitamos justicia, no hay duda. Pero la justicia que necesitamos, más que la justicia en contra de algunos muy culpables delincuentes, es la justicia a favor de las necesidades del pueblo. Además de la guillotina, ¿tiene otra cosa que ofrecer al pueblo el más notorio demagogo de la política venezolana?
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