CS #119 – Recuento 2004

por Luis Enrique Alcalá | Dic 30, 2004 | Cartas, Política | 0 Comentarios

#69 – 15 de enero – Asociarse para Venezuela

Intervenir la sociedad con la intención de moldearla involucra una responsabilidad bastante grande, una responsabilidad muy grave. Por tal razón ¿qué justificaría la constitución de una nueva asociación política en Venezuela? ¿Qué la justificaría en cualquier parte?

Una insuficiencia de los actores políticos tradicionales sería parte de la justificación si esos actores estuvieran incapacitados para cambiar lo que es necesario cambiar. Y que ésta es la situación de los actores políticos tradicionales es justamente la afirmación que hacemos.

Y no es que descalifiquemos a los actores políticos tradicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales.

Los descalificamos porque nos hemos convencido de su incapacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Los desautorizamos, entonces, porque nos hemos convencido de su incapacidad para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio intelectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los verdaderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos. Así lo revela el análisis de las proposiciones que surgen de los actores políticos tradicionales como supuestas soluciones a la crítica situación nacional, situación a la vez penosa y peligrosa.

Pero junto con esa insuficiencia en la conceptualización de lo político debe anotarse un total divorcio entre lo que es el adiestramiento típico de los líderes políticos y lo que serían las capacidades necesarias para el manejo de los asuntos públicos. Por esto, no solamente se trata de entender la política de modo diferente, sino de permitir la emergencia de nuevos actores políticos que posean experiencias y conocimientos distintos.

#72 – 4 de febrero – Ni lo uno ni lo otro

No se trata de un tercer lado. No se trata de definirse diciendo: yo no soy tú pero tampoco tú. No se trata de insinuarse como una cuña entre dos polos para separarlos. Se trata de elevarse a un plano superior en el que sobrevivirán elementos de ambos polos. Pero no es un promedio porque la visión que necesitamos trae nuevos elementos. No es una suma algebraica. No es oposición sino superposición.

Por ejemplo, sí se trata de decir que somos enjambre humano. Que un enjambre humano es un sistema complejo, y que los sistemas complejos, nos enseña la ciencia más revolucionaria y novedosa, presentan tendencia a la autorganización y «propiedades emergentes». Que aunque los componentes de un sistema complejo como el clima o la ecología, como la sociedad o la economía, puedan ser erráticos y hasta irracionales, del conjunto emerge una racionalidad superior. Es esto lo que da la ventaja al mercado, no una supuesta competencia perfecta que nunca ocurre. Es esto lo que da ventaja a la democracia.

O decir, por ejemplo, que esa mismísima ciencia advierte que los sistemas complejos son muy sensitivos a las condiciones iniciales, y que por tal cosa el aleteo de una mariposa en China puede desatar un temporal en California. Por tal cosa la más pequeña acción de cada uno de nosotros determina la forma del futuro, y por esto no puede aceptarse la irresponsabilidad, aun ante la enorme y compleja sociedad en cuya inmensidad pudiéramos desentendernos de todo. Y por esto no puede aceptarse el sacrificio de lo individual. La responsabilidad del más pequeño por el conjunto necesita la libertad para ser ejercida.

O decir también que las sociedades normales, que las sociedades más sanas siempre tendrán una distribución normal de la riqueza, y que siempre tendrán unos pocos muy ricos y unos pocos más pobres, mientras una gran mayoría deberá tener un nivel de vida adecuado, envidiable por la actual mayoría del país y del mundo.

O que sí es posible una Política para la que lo primordial sea la solución de los problemas públicos, y no la mera búsqueda del poder. Que sí es posible una organización política en la que se privilegie la creatividad y la legitimación programática, en lugar del acatamiento a líneas partidistas.

#78 – 18 de marzo — La tarea de Adriano

Ayer Monseñor André Dupuy, Nuncio Apostólico de Su Santidad, predicaba en acto recordatorio de la santa trayectoria de Monseñor Boza Masvidal: que una «auténtica democracia es posible solamente en estado de derecho y recta concepción de la condición humana». Meses antes nos había enseñado: «Así como Jesús estableció que el Sábado había sido hecho para el Hombre, y no el Hombre para el Sábado, es el caso que la Constitución ha sido hecha para el Pueblo, y no el Pueblo para la Constitución».

Si hubiera que asignar rango superior a alguna sala del Tribunal Supremo de Justicia—cosa imposible según explícita jurisprudencia de la propia Sala Constitucional—habría de conferirse tal preferencia a la Sala Electoral, pues la Sala Constitucional es tan sólo la vigilante de un texto, que por más constitucional que sea es en todo y para siempre inferior al Pueblo, el Poder Constituyente Originario, el verdadero poder supremo de una república. La Sala Electoral del TSJ es, sobre todo después de la valiente decisión de sus honestos magistrados, la Sala de los Electores.

Las trapacerías del funesto trío de Rincón, «Cabrerita» y Delgado requerirán, sin embargo, el pronunciamiento de la Sala Plena. Es de esperar que este pleno cumpla con la intención del emperador Adriano. Margueritte Yourcenar pone en boca del romano emperador—en sus deslumbrantes «Memorias de Adriano»—estas palabras: «Mi propósito era tan sólo el de reducir la frondosa masa de contradicciones y abusos que acaban por convertir el derecho y los procedimientos en un matorral donde las gentes honestas no se animan a aventurarse, mientras los bandidos prosperan a su abrigo».

#82 – 15 de abril – Tú haces al Soberano

Pero es que la Constitución dimana de nosotros, formados en mayoría suficiente. No somos creados por la Constitución, sino que la antecedemos y le damos el ser. Nosotros estamos, cuando estamos en consciente mayoría, por encima de la Constitución. No estamos limitados por ella en materia distinta de los derechos humanos.

Ésa es, pues, la jerarquía. El Estado es poderoso, sin duda, pero debe serlo a favor nuestro. El Estado está por debajo de nuestra voluntad, por debajo de la Constitución que decretemos. Y esa misma Constitución, por supuesto, también es inferior a nosotros. Nosotros somos el primero de los poderes públicos. Somos constitucionales porque somos los que verdaderamente constituimos la nación; somos constituyentes porque así somos los que definimos la República en la Constitución. Somos supraconstitucionales.

A veces ocurre, entonces, que el gestor completo que es el Estado actúa contra los intereses del Pueblo Soberano y los derechos de sus constituyentes. Se suscita así un conflicto entre el Pueblo Soberano y el Estado. Entre la Corona y su Mandatario. En este caso quien debe ser sustituido es el Mandatario, porque el Pueblo, la Corona, es insustituible, por más que se le invada.

El conflicto puede ser tan agudo que el Mandatario pretenda entenderse como soberano, y en esta agravada situación puede hablarse de usurpación. En un conflicto de tal naturaleza la Fuerza Armada debe reconocer al Soberano por encima del Mandatario, por encima del usurpador y debe desconocerle. No se trata sólo de que la Fuerza Armada deba respetar nuestros derechos humanos en cada caso individual, sino que debe acatar nuestra soberanía en el instante cuando nos expresemos inequívocamente en mayoría.

Una expresión nuestra en este sentido no es un acto electoral. Es un acto constituyente primario. No sólo no está sujeto a regulaciones electorales. No sólo no está sujeto a decisiones de salas constitucionales accidentales o no. No está sujeta, siquiera, a la Constitución misma. La caja ya no nos contiene.

Por esto una decisión soberana de esta naturaleza no tiene que ver con lo que diga Brito desde su «jurídica» consultoría, ni con lo que opine Cabrera Romero, ni con el 19 de agosto de ningún año en particular, ni tiene por qué seguir la letra del 350 o del 900 o del 2.021 de ninguna constitución. Cuando decidamos hablar así no estaremos desconociendo ni desacatando ninguna autoridad, puesto que la autoridad somos nosotros. No desacatamos. Mandamos.

Y comoquiera que el conflicto es con el Estado mismo no nos importa lo que diga el Estado. ¿Queremos un Estado de Derecho? Pues el Derecho somos nosotros. La organización de nuestra voz no es el Estado ni tiene que ser autorizada por éste. Si nos diera la gana de confiarle ese outsourcing a Súmate, por poner un caso, tal cosa no podría ser desconocida.

Es esta radicalidad la que deberemos asumir. Debemos hacer sentir nuestra voz de este modo. Mientras tanto, vemos con soberana simpatía lo que a nuestro favor intenta la Sala Electoral, la Sala de los Electores. No entendemos cómo una coordinadora «democrática» negocia el manifiesto irrespeto a nuestra voluntad.

Ya nos damos cuenta, no de que Chávez nos quita libertad con sus cadenas, con sus controles económicos, con sus acciones impositivas; no de que mata constituyentes; nos damos cuenta ahora de que él, Rincón, Rodríguez, nos desacatan. No es que desacaten a la Sala Electoral de nuestro Tribunal Supremo de Justicia; es que desacatan al Soberano.

Es como Corona que debemos pensarnos. Es ésta la conciencia que debemos adquirir. Que desde nuestra majestad serenísima podemos hacerlo todo. Incluso sustituir un Estado por otro.

#88 – 26 de mayo – Sabiduría de enjambre

Para la economía clásica la mano misteriosa del mercado estaba basada en la eficiencia del decisor individual. Se lo postulaba como miembro de la especie Homo æconomicus, hombre económicamente racional. Los modelos del comportamiento microeconómico postulaban competencia perfecta e información transparente. El mercado era perfecto porque el átomo que lo componía, el decisor individual, era perfecto. La propiedad del conjunto estaba presente en el componente.

En cambio, la más moderna y poderosa corriente del pensamiento científico en general, y del pensamiento social en particular, ha debido admitir esta realidad de los sistemas complejos: que éstos—el clima, la ecología, el sistema nervioso, la corteza terrestre, la sociedad—exhiben en su conjunto «propiedades emergentes» a pesar de que estas mismas propiedades no se hallen en sus componentes individuales. En ilustración de Ilya Prigogine, Premio Nóbel de Química: si ante un ejército de hormigas que se desplaza por una pared, uno fija la atención en cualquier hormiga elegida al azar, podrá notar que la hormiga en cuestión despliega un comportamiento verdaderamente errático. El pequeño insecto se dirigirá hacia adelante, luego se detendrá, dará una vuelta, se comunicará con una vecina, tornará a darse vuelta, etcétera. Pero el conjunto de las hormigas tendrá una dirección claramente definida. Como lo ponen técnicamente Gregoire Nicolis y el mismo Ilya Prigogine en Exploring Complexity (Freeman, 1989): «Lo que es más sorprendente en muchas sociedades de insectos es la existencia de dos escalas: una a nivel del individuo y otra a nivel de la sociedad como conjunto donde, a pesar de la ineficiencia e impredecibilidad de los individuos, se desarrollan patrones coherentes característicos de la especie a la escala de toda la colonia». Hoy en día no es necesario suponer la racionalidad individual para postular la racionalidad del conjunto: el mercado es un mecanismo eficiente independientemente y por encima de la lógica de las decisiones individuales.

#89A (Extra) – 4 de junio – Campaña crítica

¿Qué va a hacer la oposición? El New York Times ha recordado ayer: «Una de las principales encuestadoras del país, Alfredo Keller & Asociados, reportó en abril que Chávez pudiera ganar por poco margen el revocatorio. Con votantes desencantados y una oposición fracturada, la encuestadora dijo que el Sr. Chávez recogería el apoyo de 35% de los votantes registrados, mientras que 31% votaría en su contra y el resto se abstendría».

La oposición tiene que cumplir con dos requisitos: uno del pasado, uno de futuro a corto plazo. Tiene que obtener más de tres millones setecientos cincuenta mil votos que aproximadamente Chávez obtuvo en 2000, pero tiene que obtener, además, mayor votación que los que voten a favor de Chávez. El escenario de Keller sería el siguiente: 34% de abstención, o unos 4 millones de Electores; 31% a favor de revocar el mandato, prácticamente suficiente para superar escasamente la votación de Chávez en 2000; 35% en contra de revocar el mandato, o unos 4 millones doscientos mil Electores. Es decir, que tal vez se alcanzaría la cota mínima pero Chávez sería ratificado, relegitimado, atornillado.

¿Será el general Mendoza quien pueda derrotar al general Hugo Florentino Chávez Zamora? Keller sabía en junio de 1998 que Salas Römer no sería capaz de batir a Chávez. ¿Qué sabrá hoy Keller, a exactamente seis años de ese acierto olfatorio? ¿Tendrá a su disposición Mendoza las huestes disciplinadas en medio de unas elecciones regionales y municipales, coincidentes con la eclosión de las apetencias presidenciales y la práctica imposibilidad de obtener un candidato que no sea producto de arreglos cupulares antes del referendo? ¿Creerá una mayoría determinante que su vida será mejor con Mendoza que con Chávez?

¿Saldrá de los laboratorios estratégicos de la Coordinadora Democrática y sus distintos aliados una estrategia ganadora? Por de pronto tendrá que ser una estrategia que no caiga en la tentación de emplear, una vez más, la terminología de Hugo Chávez. No puede hacer ni siquiera alusión a Santa Inés. No puede dejar enmarcarse, como hasta ahora lo ha hecho, por Hugo Chávez Frías.

En su alocución del 3 de junio Chávez se exhibió, más que nunca antes, como estratega destacadamente talentoso. Pudiera decirse que se graduó de estadista, cuando se dio el lujo de felicitar a la oposición porque al comprometerse con el revocatorio, inventado por él, graciosamente incluido por él en la Constitución, había así derrotado «las bajas pasiones», había derrotado al golpismo.

La mera aceptación del referendo revocatorio es una legitimación democrática para Chávez. Debemos contar conque nos lo repetirá hasta la náusea. Y conque nos exigirá, hacia al árbitro que con tan obvia imparcialidad ha convocado el referendo, el acatamiento a su palabra y a sus máquinas, en las que, como se sabe, el gobierno ha invertido unos cuantos dólares.

Muchos más dólares tendrá Chávez a disposición para la campaña que él quiere entender como una nueva Batalla de Santa Inés—última referencia que hago a la tendenciosa etiqueta—a cuya cabeza se ha colocado pública y abiertamente, con un Consejo Nacional Electoral suyo pero relegitimado, una Asamblea en la que no hay riesgo de perder por revocación un solo diputado oficialista pero sí que la oposición disminuya, y un Tribunal Supremo de Justicia reforzado por tal vez trece nuevos magistrados de la causa.

Quienes estén en capacidad de asignar recursos financieros y comunicacionales a tal enfrentamiento y quieran salir de Chávez, harán bien en exigir, muy pero muy pronto, la presentación de las líneas principales de una estrategia convincentemente viable. O por la Coordinadora, o por quien sea capaz de concebirla. Un componente en esa estrategia será ineludible: la comunicación de una interpretación de la realidad, de la sociedad, del país, de su historia, que sepulte la de Chávez, que en su magistral alocución del 3 de junio expuso de modo tan coherente, tan consistente con toda su trayectoria y su incesante prédica. No será suficiente la mera negación de Chávez. Será preciso superarlo. Operativa y conceptualmente.

#97 – 29 de julio – Periodismo infeliz

Claro que desde cierto punto de vista Pérez y Chávez están indisolublemente unidos. A fin de cuentas, el segundo se levantó en armas contra el primero. Después de que Rafael Caldera pusiera en libertad a los conspiradores de 1992, Hugo Chávez declaró a la revista Newsweek que el artículo 250 de la Constitución de 1961 le obligaba a rebelarse. Lo que aquel artículo 250 estipulaba era que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza, o de su derogación por medios distintos de los que supuestamente ella misma disponía—nunca dispuso ninguno—todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendría el deber de procurar su restablecimiento.

Pero con todo lo que podíamos censurar a Pérez en 1992, y aun cuando la mayoría de los venezolanos estaba convencida de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores y La Casona, ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional.

Ni siquiera era un posible fundamento de Visconti, Arias Cárdenas, Chávez, etcétera, aquella disposición sobre el derecho a la rebelión recogida en la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776): «…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea más conducente a la prosperidad pública». La norma de Virginia exige como sujeto de la acción una mayoría de la comunidad, y ni los oficiales sublevados representaban una mayoría de la comunidad ni una mayoría de ésta admitía un golpe de Estado como deseable. Era por esto que lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes preveían en materia de rebelión.

Siendo esto verdad, y encontrando explicable que Carlos Andrés Pérez aún pudiera estar ardido por los vaporones que Chávez le hizo pasar, lo que no encuentra explicación es la entrevista de El Nacional del pasado domingo, rayana en el delito de incitación a delinquir.

Y es que además la entrevista es políticamente estúpida, pues lo que hace es darle la razón al adversario: dar pie a Chávez, a un fácilmente desgañitado José Vicente Rangel, a un obsecuente García Carneiro, para que pretendan vulnerar el ejercicio democrático del 15 de agosto bajo el pretexto de que «la oposición» procura un nuevo golpe o un «efecto Madrid», según la docta expresión del Vicepresidente. Por fortuna, la mayoría de los dirigentes conspicuos de la oposición pusieron rápidamente distancia entre su opinión y la de Pérez.

Hace ya mucho tiempo que Carlos Andrés Pérez no hace un favor al país. Lo último que ha hecho, sobre alfombra roja tendida inexplicablemente por El Nacional, es lo más inoportuno y pernicioso que ha salido de su hocicada boca.

La infeliz iniciativa de El Nacional debiera servir para que comprenda que lo que tiene que hacer es justamente lo contrario de lo que hizo. Que es preciso demostrarle a Pérez que su incontrolada lengua no tiene ya vigencia en Venezuela. Que su figura pertenece a un pasado que preferimos olvidar. Que un mínimo de decencia le exigiría que callara la boca y desapareciera en las norteñas latitudes que habita, a fin de que pueda ocuparse, en el ocaso de su vida, de sus mancomunados intereses.

#100 – 19 de agosto – Bofetada terapéutica

Al menos desde 1999 creíamos saber que la oposición a Chávez no podía reducirse a su sola negación. Uno no niega, decíamos, a un fenómeno telúrico que tiene por delante. Ante él cabía, primero, una oposición por contención. La represa del Guri que impide que el Caroní se desborde. Esta oposición era posible desde el mismo inicio del gobierno chavista. Al asumir el poder Chávez intentó una primera redacción de la pregunta con la que se consultaría a los Electores sobre la conveniencia de convocar una constituyente. Hemos perdido de los archivos la construcción exacta, pero se trataba de algo como lo siguiente: «¿Está Ud. de acuerdo conque yo, Hugo Chávez Frías, decida todo lo concerniente a este asunto de la constituyente?» La redacción era tan obviamente autocrática que el país entero entró en helado mutismo, y seguramente Rangel y Miquilena le habrán aconsejado al ensoberbecido comandante: «Caray, Hugo, eso no puede ser, preguntemos el asunto de otro modo». Y el mandamás, sin que ningún opositor se lo reclamara firmemente, se vio obligado a modificar el decreto-pregunta.

Ahora más que nunca es esta estrategia necesaria. Algún amigo apostaba a que luego de su triunfo Chávez ofrecería—al menos hasta la nueva confrontación de las elecciones regionales, a las que tendrá que acudir una Coordinadora Democrática ya definitivamente en desbandada, atomizada, imposibilitada de convencer al mecenas más generoso—paz y amor, promesas de diálogo e inclusión. Ya voceros del Comando Maisanta se han pronunciado en este sentido.

Sería ingenuo suponer que ahora Chávez no apretará una tuerca más. La ley de policía nacional, la amenaza de renacionalizar la CANTV (tiene los reales), la ley de contenidos, una nueva ley de cultos, la toma de las universidades y nuevas represiones penales contra sus más detestados oponentes, están a la vuelta de la esquina. Urge encontrar el modo de tomarle la zurda muñeca que empuñará la llave inglesa y dificultarle el opresivo giro con el que querrá expandir su totalitaria y quirúrgica manera de «gobernar».

Pero también decíamos en 1999 que esa contención no sería suficiente, y que más que una oposición habría que ejecutar una superposición, una elaboración discursiva desde un nivel superior de lenguaje político, que flotara sobre sus agendas, sobre su nomenclatura, sobre sus concepciones, sobre los terrenos que siempre escogió astutamente para la batalla y a los que llevó, casi sin esfuerzo, a un generalato opositor incompetente, y que pudiera, esa interpretación alterna, ese discurso fresco, ser convincente para el pueblo. Este discurso es perfectamente posible. Ese discurso existe, y entre él y unos Electores hambrientos de liderazgo eficaz, sólo hay que interponer los medios que hasta ahora sólo han estado disponibles para actores ineficaces.

Por esto viene ahora una nueva etapa, preñada de posibilidades, más aprendida. Venezuela, herida, desconcertada, desilusionada y nihilista, tiene que recuperarse de la desazón y el fracaso. Y al cabo de un tiempo más bien corto, encontrará el camino correcto y verá sus tribulaciones de ahora como el principio de su metamorfosis creadora. No nos avergonzamos de nuestras tribulaciones, decía San Pablo, porque a la postre transmutan en esperanza, y no nos avergonzamos de nuestra esperanza.

#103 – 9 de septiembre – Juvenalia y tropicalia

Precedido de un bombardeo estratégico de ablandamiento dirigido por el propio general Mendoza—en video difundido y redifundido anteayer por distintos canales de televisión—el abogado Tulio Álvarez ha recuperado papel de protagonista con sus alegatos de ayer cerca del mediodía. Álvarez, por otra parte, entregó el primer informe de sus hallazgos al general Mendoza, quien en su intervención del martes había reconocido al famoso abogado como el líder de un equipo «escogido por la sociedad civil». (Idéntica caracterización de Álvarez—escogido por la sociedad civil—emplearon reporteros de televisión, en seguimiento de guión preestablecido. De mi lado tenía entendido pertenecer a la sociedad civil, pero no recuerdo que haya nadie solicitado a mi persona, o a la sociedad civil en su conjunto, opinión alguna acerca del liderazgo y composición de tal equipo).

En todo caso, las pretensiones de Álvarez son, como en el caso de H & R, dos tesis diferentes. La de menor pegada aduce que, según datos que habrían sido obtenidos de CANTV, estaría detectado un tráfico bidireccional entre las máquinas de Smartmatic y ciertos centros bajo control del gobierno y el CNE, durante todo el día 15 de agosto, cuando se suponía que la comunicación debió ser unidireccional y sólo después de que cada máquina hubiese completado su registro. Álvarez no insinuó siquiera que conociera el contenido concreto de las presuntas transmisiones, y señaló tan sólo que la evidencia estaba contenida en gráficos que exhibió de lejos, a la que se limitaba porque «la topología de la red es un asunto verdaderamente complicado». Tiene la palabra el fiscal acusador para interrogar al testigo Gustavo Roosen.

Pero el más fuerte argumento de Álvarez estuvo centrado en otra cosa: en las manipulaciones del Registro Electoral Permanente que habrían ocurrido antes del 15 de agosto, en expresas y evidentes violaciones de la legislación electoral que habrían acarreado la nulidad del acto del 15 de agosto y por ende configuran condiciones que aconsejan la impugnación del referendo.

Se trata, obviamente, de un tratamiento jurídico, que tendría que ser ventilado ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conocida trayectoria contraria a cuanto se le haya ocurrido a la oposición manifiesta solicitarle.

El caso, a mi juicio, está bastante bien fundamentado por Tulio Álvarez, y bien pudiera adquirir, como los huracanes, proporciones de verdadero impacto político. Debe recordarse, sin embargo, que la oposición ya dispuso de un recurso jurídico de gran pegada—la decisión de la mayoría de la Sala Electoral Accidental sobre el caso de las firmas en planillas de caligrafía similar—y decidió dar la espalda a Alberto Martini Urdaneta y forzar su paso por la «rendija» de los reparos. No pareciera que éste fuera el caso ahora; a fin de cuentas la iniciativa legal parte de la CD, que en esta ocasión ha decidido transitar la avenida jurídica que antes rechazara.

Si hay éxito jurídico—más bien, jurisprudencial—puede haber un verdadero éxito político, que ofrecería aire urgentemente requerido por la central de oposición: habría que repetir el referendo, y con toda razón podría argumentarse que una nueva consulta, dado que el acto nulo pudo haber causado nuevas elecciones, debiera sucederse por elecciones presidenciales de producirse un triunfo del «Sí», aunque tal cosa ocurra después del 19 de agosto de 2004.

Pero ni el mismo Álvarez espera que tal cosa prospere en plazo perentorio: él mismo avisó que su informe definitivo será entregado dentro de un mes.

La tesis de Álvarez es poderosa y suficiente. No obstante, hay una cierta debilidad política en el planteamiento. Álvarez se refirió a las incorporaciones masivas de nuevos votantes, a las cedulaciones en masa, a las desapariciones de centenares de miles de venezolanos del REP, etcétera. Y la verdad es que tales abusos, verdaderos delitos electorales, fueron hechos abiertamente, a la vista de CNN tanto como de Globovisión. La Coordinadora Democrática no viene a enterarse de estos desaguisados ayer; los conocía perfectamente antes del 15 de agosto pues, como digo, el gobierno usó de toda triquiñuela, desfachatadamente, a la luz pública. A pesar de eso la CD fue a una consulta—»la cual aceptó»—a la que ahora impugnará a posteriori por razones que conocía de antemano. Es como Alfredo Peña descubriendo, en enero de 2002, que Chávez era golpista por lo del 92, después de que le había apoyado seis años más tarde, había sido su Ministro de Secretaría, y había llegado a la Constituyente y luego a la Alcaldía Mayor con votos de Chávez.

El esfuerzo de Álvarez, más que el casi incomunicable estudio de Hausmann & Rigobón, genera, por supuesto, un importante efecto psicológico: de algún modo muchos votantes del «Sí» sentirán una especie de alivio, en la creencia de que se ha probado que eran mayoría. Cuidado con este nuevo movimiento de fe, con tratar este dificilísimo proceso político como si se tratara de cuestión de fe, en un camino que precisará contar con la aquiescencia del Tribunal Supremo de Justicia. Ya la «sociedad civil» puso su fe en el 11 de abril de 2002, en el referendo consultivo, en el paro, en la primera convocatoria de revocación, en el reafirmazo, en la sentencia de la Sala Electoral, en el referendo revocatorio del 15 de agosto. No puede seguirse vendiendo desilusiones a esos ciudadanos.

#109 – 21 de octubre – Extemporaneidad oportuna

Por ejemplo, a muchos resulta incomprensible que el Consejo Nacional Electoral, a todas luces controlado por el gobierno, se resista al conteo físico de las boletas que las máquinas de votación emiten. No nos entra en la cabeza que si tales máquinas fueron vendidas justamente a partir de su capacidad de imprimir comprobantes, a la hora de la verdad se impida el cotejo de éstos con las actas de votación. «Si supiéramos que somos ganadores»—razonamos—»lo primero que haríamos sería abrir las benditas cajas con las boletas, pues nuestro interés estaría en comprobar que ganamos limpiamente».

El punto es que Chávez no razona de ese modo. Una vez que tenía la certificación y aceptación internacional en sus manos—hasta Colin Powell le ha ofrecido aperturas recientemente desde Brasil—su interés era el contrario: prefería con mucho tener en la calle una oposición vocinglera y quejumbrosa cantando fraude, porque ninguna otra cosa debilitaría más a unas candidaturas regionales y municipales adversas a su proyecto, al entronizar una fortísima y casi irreversible propensión a abstenerse de votar en la clientela opositora.

Si a esto se añade alguna guarimba fuera de madre, alguna explosión, alguna locura violenta e ineficaz, pues mejor que mejor: Chacón y García Carneiro tendrán un día de fiesta.

De modo que es muy poco lo que puede hacerse por mantener los pocos muros de contención que quedan a escala de estados y municipios. Renuncias emblemáticas, como las de Ezequiel Zamora, William Ojeda, Liliana Hernández o Alfredo Peña; puestas en escena efectistas como la más reciente de Tulio Álvarez, que después de un mes no añadió nada a lo antes dicho y, al decir de algunos comentaristas, pareció estar más interesado en aparecer como el nuevo líder de la oposición una vez derrotado Enrique Mendoza; la imposibilidad casi total de acordar candidaturas unitarias en al menos un buen número de circunscripciones; todas estas cosas auguran un nuevo y resonante triunfo del gobierno el próximo 31 de octubre.

Pero el asunto cambia para mediados de 2005, cuando en principio a partir de julio deberemos tener las elecciones de Asamblea Nacional. Para ese momento es concebible un esfuerzo innovador, fuera de los paradigmas y esquemas de los actores políticos convencionales—sean éstos partidos u ONGs—fuera de los conceptos estratégicos esgrimidos desde fines de 2001 a fines de 2004, que sea capaz de capturar la mayor votación y colocar en la Asamblea una fracción mayoritaria.

Es hora de comenzar a trabajar seriamente, como gente grande, en la cristalización de esa posibilidad. Si bien es cierto que el propio Chávez no podría ser desplazado del poder hasta fines de 2006—su período concluye en enero de 2007—es cierto igualmente que el panorama político nacional cambiaría drásticamente si el gobierno perdiera el control del Poder Legislativo Nacional.

#113A (Extra) – 21 de noviembre – País desconocido

José Vicente Rangel estaba allí, también Isaías Rodríguez, Juan Barreto. Jesse Chacón y Andrés Izarra, Cilia Flores e Iris Varela, Vladimir Villegas y Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Darío Vivas. Todos estaban allí, en el sitio del atentado. Es natural que allí estuvieran.

Pero eché en falta las caras de Julio Borges, de Pompeyo Márquez, de los alcaldes de Baruta, Chacao y El Hatillo, de Enrique Mendoza, de Henry Ramos Allup y Eduardo Fernández. Allí debieron estar y no estuvieron. Tan sólo aparecieron los opositores José Luis Farías, diputado de Solidaridad, y Claudia Mujica, defensora de los ex fiscales del ministerio público destituidos por el fiscal general Isaías Rodríguez, para expresar su repudio al crimen. Tal vez los otros llamaron a celulares del gobierno para un contacto humano.

Cuando ocurrió el «carmonazo», no hubo de parte de los más ostensibles líderes de la oposición una condena suficiente, contundente e inequívoca de ese vergonzoso episodio. Esta vez no puede pasar lo mismo. Si algo quedase de Coordinadora Democrática, debiera convocar hoy mismo a una de esas marchas que antes preconizaba, para expresar el más claro y amplio repudio al asesinato monstruoso del fiscal Danilo Anderson. Si alguna sensatez y responsabilidad política reposaran en los que una vez fueron—ya no lo son—los líderes de la oposición, hoy mismo debieran aproximarse al gobierno y acercarse al pueblo para un gesto de patria, para una elevación por sobre las terribles diferencias y para la construcción de unanimidad nacional en la condena a tan criminal y estúpida acción. Para condenar que hace nada salía en prensa nacional un obituario y conmemoración del manco coronel von Stauffenberg, en el que se sugería con obvia intención local, que el magnicidio de tiranos, con palabras de ilustres romanos y hasta de un doctor de la Iglesia, es de suyo moralmente meritorio. Para cesar en este juego demencial de muerte.

Sin esguinces, sin condicionamientos. Eso le sale a cualquier liderazgo ejercido o por ejercer en Venezuela. Eso le sale al país entero. A cada venezolano, pero muy en especial a quienes forman opinión, a quienes hacen vida pública. Desde la Conferencia Episcopal Venezolana, que seguramente hablará de inmediato, hasta los feligreses de cualquier religión; desde los dueños de cada medio de comunicación del país hasta el más íngrimo de los reporteros; desde el más grande y próspero empresario, el más encumbrado académico o el más cotizado cantante, hasta el pulpero más sencillo, el maestro más humilde y el más alcanzado serenatero.

Quiero ver páginas enteras de comunicados de repudio en los periódicos. Quiero ver allí las firmas de Elías Pino Iturrieta y Pedro León Zapata, las de Albis Muñoz y Rafael Alfonzo, las de Teodoro Petkoff y Tulio Álvarez, las de María Corina Machado y Gerardo Blyde. Quiero oír a cada ONG condenar la brutalidad y el abuso, quiero ver el programa Aló Ciudadano con una banderita nacional a media asta, quiero una llamada de Silvino Bustillos para ofrecer su llanto, y la valiente asistencia de Napoleón Bravo y Ángela Zago a las exequias del fiscal preincinerado.

No hay ganancia ninguna en tan abominable atentado. Sólo en mentes enfermas puede caber la noción de que una puñalada tal al corazón venezolano, tal vergüenza y tal rabia, pueden servir a algún propósito. Hasta el nazi periférico Carl Schmitt escribía: «No existe objetivo tan racional, ni norma tan elevada, ni programa tan ejemplar, no hay ideal social tan hermoso, ni legalidad ni legitimidad alguna que puedan justificar el que determinados hombres se maten entre sí por ellos».

#115 — 2 de diciembre — Clases de gramática

La Política, en tanto arte u oficio, es enseñable, y los primeros aprendices de ella deben ser los ciudadanos. Esto ya nos lo mostraban John Stuart Mill y Bárbara Tuchman. El primero de ellos, ciertamente el más grande filósofo político de los ingleses, escribió en su Ensayo sobre el gobierno representativo:

«Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo… Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan».

Por lo que respecta a la doble Premio Pulitzer de Historia, Bárbara Tuchman, ella arriba a una simple y poderosa conjetura al final de La marcha de la insensatez (The March of Folly), obra en la que concluye que la insensatez política, según atestigua la historia, es más bien la regla que la excepción. (La profesora Tuchman entendía por instancia de insensatez política aquella situación en la que un decisor público, en presencia de reiterados consejos y advertencias de que no siga una cierta senda porque meterá la pata, insiste en meterla). Dice Bárbara Tuchman en su epílogo: «El problema pudiera ser no tanto un asunto de educar funcionarios para el gobierno como de educar al electorado a reconocer y premiar la integridad de carácter y a rechazar lo artificial».

Nada puede ser, pues, más profundamente democrático que elevar la cultura política del público en general. En La enseñanza como una actividad subversiva (Teaching as a subversive activity, 1969), Neil Postman y Charles Weingartner sostenían con la mayor convicción que uno de los más fundamentales servicios de la educación consistía en dotar a los educandos de un «detector de porquerías». El pueblo necesita, por sobre todo, aprender a desbrozar en la discursería política, y a identificar y rechazar aquellas proposiciones vacías, puramente cosméticas, insinceras, obsoletas, ineficaces, demagógicas, manipuladoras. Debe poder llegar a la nuez de los mensajes de los políticos, sin hacer caso de solemnidades egomaníacas, para formarse un criterio acerca de su pertinencia o suficiencia.

Además, nunca antes ha sido tan grande la necesidad de mayor cultura política ciudadana que ahora, cuando el gobierno se ha convertido en una máquina de adoctrinamiento ideológico que vende una particular interpretación, errada y perniciosa, de lo histórico y lo político. Es, por tanto, doblemente importante hoy la educación política del pueblo, pues allí es donde es preciso superar concepciones de la dominación actual. Sin esta base primordial ninguna actividad política tendrá éxito, dado que ahora lo político en Venezuela se caracteriza por un proyecto de cobijo ideológico total impulsado por el supremo.

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CS #118 – Aprieto en Ouro Preto

por Luis Enrique Alcalá | Dic 23, 2004 | Cartas, Política | 0 Comentarios

John Haldane, fallecido en 1964, fue un notable científico de Inglaterra, biólogo, genetista, así como un editor de criterio bastante izquierdista. (Fue el director del diario comunista The Daily Worker y miembro del Partido Comunista Inglés). Esto no le impidió advertir en un certero trabajo sobre el tamaño adecuado de las cosas, que las estructuras preconizadas por el socialismo no podrían funcionar en países del tamaño de los Estados Unidos o de Rusia: «Y así como hay un tamaño óptimo para cada animal, así también es cierto eso para cada institución humana… Para el biólogo el problema del socialismo consiste mayormente en un problema de tamaño. Los socialistas extremos desean manejar cada país como si se tratase de una empresa única. No creo que Henry Ford encontrase mucha dificultad en administrar Andorra o Luxemburgo sobre bases socialistas. Se puede pensar que un sindicato de Fords, si pudiésemos encontrarlos, haría que Bélgica Ltd. o Dinamarca Inc. fuesen rentables. Pero mientras la nacionalización de ciertas industrias es una obvia posibilidad en los más grandes entre los estados, no me es más fácil imaginar un Imperio Británico o unos Estados Unidos completamente socializados, que un elefante que diera saltos mortales o un hipopótamo que saltara sobre una cerca». (J.B.S. Haldane, On Being the Right Size).

Si tal cosa fuese cierta, complementariamente podría sostenerse como corolario que hay escalas requeridas para el sano funcionamiento de un pleno libre mercado. Es decir, que las sociedades pequeñas, especialmente por estar inmersas en un mercado mundial globalizado, encuentran dificultades serias para aplicar a rajatabla un esquema de libre mercado. (Chile es, por ahora, una excepción, mientras que Argentina, México y Venezuela han experimentado todas graves problemas después de aplicar, en grado variable, las reglas del llamado Consenso de Washington).

La población de Venezuela tal vez no revista la magnitud necesaria para el desarrollo eficiente y sano de un esquema liberal o neoliberal, que en todo caso, siendo proposición para lo económico, no contiene respuestas suficientes a lo político. Por otra parte, las economías de mercado se han revelado como más naturales y productivas que las economías sujetas a un excesivo control o dominación estatal. ¿Qué nos indica esto? Que es necesario adquirir una escala de mayor magnitud, similar a la de economías como la norteamericana, o la europea.

El nombre de integración, para designar el tipo de asociación preferible, es ciertamente inadecuado. La palabra integración tiende a producir la imagen de un todo homogéneo, en el que las peculiaridades nacionales quedarían borradas.

La imagen correcta es la de una confederación de carácter político, que corresponda, en términos generales, al modelo norteamericano. La unión política estadounidense estableció, por el mismo hecho de su construcción, la unión económica, la integración económica, pues estableció el libre tránsito de personas y de bienes por todo el territorio de su confederación. (Artículos de la Confederación, 1776). En cambio, el camino intentado, una y mil veces en América Latina, sin éxito apreciable, es el de arribar a la integración política por la etapa previa de la integración económica; esto es, el modelo de la Comunidad Económica Europea.

Para los europeos esto tenía mucho sentido. Los componentes nacionales a ser ensamblados, en muchos casos, habían sido, cada uno por separado y cada uno en su oportunidad, primeras potencias mundiales: la España del Siglo de Oro primero, luego la Francia napoleónica, la Inglaterra victoriana, la Alemania del Tercer Reich… No era fácil para los estados europeos, en medio de sus suspicacias, aceptar el hecho de una integración política, sin contar con las dificultades derivadas del hecho simple de su profusa variedad de idiomas. Inmediatamente después de echarse tiros durante seis años de guerra mundial, no era fácil que un continente en el que se habla una veintena de idiomas diferentes pudiera ir más allá de la tímida proposición, primero, de la Comunidad del Carbón y del Acero. (1946). Poco a poco fueron los europeos evolucionando, a mercado común, a comunidad económica y, ahora, a una comunidad política.

El 2 de agosto de 1993 ese esquema integracionista europeo, ya debilitado por la poco entusiasta—hasta difícil—aprobación del Tratado de Maastricht por parte de varios de los países de la Comunidad, recibió un golpe de importante magnitud. La especulación monetaria desatada contra las monedas de Francia, Dinamarca, Bélgica, España y Portugal, como consecuencia de la negativa del Bundesbank a las peticiones de reducción de su tasa de interés clave, pareció descarrilar el programa previsto para la unificación monetaria europea: la meta de una única moneda europea hacia 1999.

Al mes siguiente de estos hechos, Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía líder de la llamada Escuela de Chicago (nadie más opuesto a las inclinaciones de Haldane), se expresaba en los términos siguientes: «Si los europeos quieren de veras avanzar en el camino de la integración, deberían comprender que la unidad política debe preceder a la monetaria. El continuar persiguiendo algo que se acerca a una moneda común, mientras cada país mantiene su autonomía política, es una receta segura para el fracaso». (Entrevista en la revista L’Espresso, 26 de septiembre de 1993).

Las razones para una integración política pueden ser, pues, de raíz económica, sobre todo si las políticas económicas sobre las que se ha puesto tanta esperanza han fracasado rotundamente.

América del Sur es geográficamente un continente distinguible de Norteamérica. No en vano es tratado así en la costumbre geográfica de los Estados Unidos. (La Enciclopedia Británica, venerable publicación de la Universidad de Chicago, trata a América del Sur como continente separado). Es un continente caracterizado por la mayor variedad ecológica y biológica, si se le compara con el resto de los continentes. Es el continente que se despliega sobre la gama más amplia de latitudes. Es el continente que produce más de la mitad del oxígeno del planeta. Es el cuarto más grande de los continentes, con una superficie total de 17 millones 800 mil kilómetros cuadrados, o un 12% de la superficie terrestre del mundo.

Como espacio geopolítico y ecológico, pues, tiene sentido pensar en su organización política de conjunto. Tiene más sentido aún si consideramos que el mundo va hacia una planetización política, en la que la coexistencia de culturas diversas será una realidad y los grandes bloques dominarán el decurso político del planeta.

Los planteamientos terapéuticos que han preconizado nuestra integración en América Latina o, más limitadamente, en el bloque andino, han partido de una postura describible en los términos siguientes: la unidad política sería el desiderátum final pero no es asequible en estos momentos; por esto sería necesario iniciar el proceso por la integración económica y el estímulo a la integración cultural. Es así como se suceden las misiones culturales de buena voluntad: enviamos a Yolanda Moreno a danzar por el continente y a la Orquesta Sinfónica Juvenil a dar conciertos; es así como establecemos «supercordiplanes» al estilo del SELA o los órganos del Acuerdo de Cartagena.

Lo equivocado está en suponer que la integración económica es más fácil que la integración política. Esto no es así. La actividad económica tiende a presentar, como rasgo predominante de su proceso, el carácter de lo competitivo. Difícilmente puede entonces conducirnos a la integración efectiva, sobre todo si cada componente de los pactos de integración económica se comprende a sí mismo como portador de una vocación perenne de Estado independiente.

La integración a la que debe procederse lo antes que sea posible es la integración política. La integración económica vendrá entonces por sí sola, con el proceso casi automático de la acomodación de las unidades productivas, lo que es mucho más sano y flexible que las integraciones económicas forzadas a partir de burocracias tecnocráticas, que si han fracasado dentro de los límites nacionales, con mayor certidumbre fracasarán en el intento de manejar entidades de escala superior. Si seguimos en esto, en lugar del modelo de integración europea, el modelo norteamericano de 1776, estaríamos estableciendo una confederación que en principio sólo requeriría que sus miembros confiaran a un nivel federal tres potestades—representación ante terceros, defensa militar ante terceros y emisión de moneda—mientras que retendrían «toda su soberanía, libertad e independencia, y todo poder, jurisdicción y derecho, que no sea expresamente delegado a los Estados Unidos reunidos en Congreso por esta Confederación». (Texto del segundo artículo de los Artículos de Confederación de los Estados Unidos de Norteamérica, documento constitucional primario anterior a su Constitución actual).

El perímetro máximo a considerar es el sudamericano. Es factible que no todos los actuales países de este continente se avengan a este tratamiento. Es posible concebir perímetros menores. Puede ser que no le sea tan fácil a Brasil, por ejemplo, integrarse en una unión del tipo descrito, lo que sería comprensible, pues, a fin de cuentas, Brasil es casi por sí solo un subcontinente, y con una base poblacional de ciento ochenta millones de habitantes puede sustentar legítimamente la idea de autosuficiencia política. Nuestro criterio, sin embargo, es que Brasil se encontraría extrañado fuera de una unión sudamericana, pues fuera de ella no sería fácil que se explicara a sí mismo. Por otra parte, muy lúcidas inteligencias brasileras están a favor de la integración, y así se demostró en la época del pacto integracionista firmado por Sanguinetti, Sarney y Alfonsín. Hace no mucho, además, el ex presidente Alfonsín llamaba la atención sobre la inconveniencia, para Argentina, de sumarse al Tratado de Libre Comercio firmado por Canadá, Estados Unidos y México, y abogaba por el fortalecimiento del proyecto de MERCOSUR.

Por lo que respecta a quienes no encontrasen la forma de unirse de inmediato, es posible estipular la misma salvedad que los norteamericanos establecieron en sus ya mencionados «Artículos de Confederación» frente a Canadá: «Article Eleven. Canada, acceding to this Confederation, and joining in the measures of the United States, shall be admitted into and entitled to all the advantages of this Union». (Artículo Once. Canadá, de acceder a esta Confederación, y sumándose a las disposiciones de los Estados Unidos, será admitida y con derecho a todas las ventajas de esta Unión.)

Es, en todo caso, la conciencia común de los sudamericanos lo que da pie y base a la posibilidad de la integración política. Hasta parecemos una misma cosa para los otros, que nos engloban bajo la denominación común y no poco despectiva de sudacas.

Pero integrar políticamente en pie de igualdad, por poner un caso, a Brasil y Uruguay es forzar desequilibrios desmesurados. Si existiese la potestad de diseñar en frío escritorio el nuevo mapa político de América del Sur, sería preferible imaginarla compuesta por tres grandes miembros—tal como América del Norte se compone a partir de Canadá, los Estados Unidos y México. El Brasil es, obviamente, uno de esos tres componentes; el Cono Sur formado por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el segundo de ellos. El tercer módulo estaría formado por el arco andino o bolivariano, y en este caso se extendería desde Bolivia hasta Panamá, que era antigua parte de Colombia. Es más, pudiera devolverse a Bolivia su nombre primigenio de Alto Perú y tomar prestado al que ahora tiene para designar a este conjunto de naciones liberadas por Bolívar.

Y es por estas razones por las que Hugo Chávez estuvo equivocado en Ouro Preto. Más allá de su falta de urbanidad y su inconsistencia—primero procura por todos los medios que Venezuela sea admitida en MERCOSUR para luego ir a su casa a insinuar que debe ser derruida—Chávez sigue proponiendo integración económica cuando lo que debe buscarse es confederación política, primeramente; y, en segundo término, su incitación a dejar atrás la comunidad andina de naciones deja de tomar en cuenta que ésta encarna una identidad bolivariana que ofrece basamento firme para una nueva nación, uno de los tres componentes políticos primarios de América del Sur. Como le insinuaron allá mismo: vistoso pero irresponsable, que son los rasgos inconfundibles del demagogo.

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