por Luis Enrique Alcalá | Abr 15, 2004 | LEA, Política |
Sin duda es aleccionador observar como en los Estados Unidos la oficina presidencial debe someterse al escrutinio del Congreso y dar explicaciones de su desempeño en graves materias. Esa responsabilidad debe existir en las democracias. No hay contemplaciones con Condoleezza Rice ni «poder moral republicano» o TSJ que la proteja.
Por supuesto que no hubo forma de saber que al Quaeda haría exactamente lo que hizo el 11 de septiembre de 2001. De la misma manera que el irrespeto chavista del 4 de febrero ensució la gran fecha del quinto centenario del Descubrimiento, Osama bin Laden afeó grandemente el año primero del siglo 21, pero ni que hubiera habido una asignación de 58 millones de dólares adicionales a labores de inteligencia norteamericana—que ahora se reclama no fueron asignados semanas antes del primer atentado hiperterrorista de la historia—se hubiera detenido a los kamikaze urbanos del Islam más radicalizado.
No es necesario criticar a Bush porque no fue capaz de sostener en pie las torres del World Trade Center (como no es culpable Aznar de no haber impedido la carnicería ferroviaria de Madrid); basta con percatarse de que su guerra en Irak es demencial para saber que su mandato no conviene al mundo.
La guerra contra Irak es asunto de Realpolitik; cuestión de poder. Para políticos como Bush el tema del poder está por encima de las necesidades del pueblo norteamericano.
¿Y quién se le parece mucho en esta dimensión? Pues su más acérrimo descalificador: Hugo Chávez Frías.
Hegel era mejor dialéctico que Marx, su discípulo, y alguna vez señaló cuán frecuente era que un peleador terminara por parecerse mucho a su enemigo. Chávez Frías, que ahora despotrica contra Bush cada vez que ve un micrófono, no es sino fanático fundamentalista de la religión que tuvo a Bismarck y a Maquiavelo por doctores de su iglesia, de la que Bush es fiel. Chávez comulga, claro, según el rito ortodoxo del marxismo. (De acuerdo con aguda observación de ilustre venezolano, un marxismo gramscista, que permite la existencia de una oposición vocinglera y quejumbrosa, a la que mantiene asfixiada y maniatada). Pero detrás de esa coartada revolucionaria no hay otra cosa que una voluntad de poder y la disposición a aplicarlo sin contemplaciones.
Recordemos a Dror (Crazy States: A Counterconventional Strategic Problem, 1971): un «Estado loco» se caracteriza por metas muy agresivas en contra de otros actores; por un profundo e intenso compromiso con tales metas y una disposición a pagar un alto precio por su logro, junto con una propensión a aceptar riesgos elevados; por un sentido de superioridad respecto de la moral convencional y las reglas aceptadas de conducta internacional, que le lleva a ser inmoral e ilegal en términos convencionales en nombre de «valores superiores»; por una capacidad de comportarse «lógicamente» dentro de tales paradigmas; por acciones externas que impactan la realidad e incluyen el uso de símbolos y amenazas. (Premonición tipológica de la revolución bolivaroide con veintisiete años de adelanto).
La investidura revolucionaria incluye, además, el privilegio de la inconsistencia. Puedo decir negro hoy y blanco mañana. ¿Nos acordamos, tal vez, de la insistencia del CNE recién nombrado—aún con algo de respetabilidad por entonces—en que no sólo la firma o la huella digital, sino la firma y también la huella dactilar debían estamparse en las planillas para solicitar revocatorios? Pues bien, para oponerse ahora a las decisiones de la Sala Electoral, la consultoría «jurídica» del CNE intenta fundamentar el requisito de llenado personal de los restantes datos sobre el hecho de que «el Consejo Nacional Electoral no cuenta con un registro de firmas o huellas dactilares que facilite la contrastación de los datos y rúbricas contenidos en las planillas con el indicado registro, a fin de determinar, en forma auténtica y fidedigna, la autoría de la manifestación de voluntad del elector». (?)
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 15, 2004 | Cartas, Política |
¿Quién eres tú políticamente? ¿Quién soy yo políticamente? ¿Quiénes somos políticamente todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos venezolanos?
No es la misma cosa todos y cada uno. Una cosa son los derechos individuales y otros los colectivos. Pero hasta el individuo menos crucial tiene derechos que ni siquiera el Pueblo Soberano, expresado en su mayoría, puede conculcar o desconocer. Ni siquiera la mitad más uno de los Electores venezolanos, sentados en posible referéndum en las calles, puede decidir la violación de los derechos humanos de nadie.
Entre estos derechos están los políticos, precisamente. Pero ¿cuál, se preguntará, es el más fundamental de los derechos políticos? Que tú tienes—yo tengo, todos y cada uno tenemos por separado—el carácter de constituyente del Pueblo Soberano. Supongamos una nación de 50 millones de habitantes y 30 millones de Electores. Supongamos que en esa nación su república es tan moderna que en el momento en que una votación alcanza la mayoría requerida el hecho es conocido por el Pueblo. Supongamos que en este instante exactamente 15 millones de electores han votado o firmado a favor de alguna cosa que no viole los derechos humanos. (O los tratados internacionales válidamente signados por la república).
Supongamos que entras tú a votar ahora. Tu voto positivo—ya no importa cuántos voten después de ti en la misma forma—determina la voluntad del Soberano y ésta es de inmediato conocida por todos. Tú puedes ser quien decida. Cualquiera de nosotros pudiera determinar la voluntad del Pueblo Soberano.
Ahora bien, es justamente una mayoría de nosotros—una gran mayoría, alguna parte expresa y el resto tácita—la que manifiesta el supremo derecho de la Soberanía y da origen al Estado. El Estado no es lo mismo que el Pueblo Soberano, sino su creación. Es ése nuestro carácter, irrenunciable, irrevocable, de Poder Constituyente Originario. En cambio el Estado es un poder constituido para fungir como gestor nuestro, como agente de negocios públicos.
¿Qué está por encima del Estado? La Constitución, primero que nada. Precisamente se hacen constituciones y estatutos de derechos para garantizar la observancia de éstos ante, fundamentalmente, el Estado y para, del otro lado, limitar a éste último. Nuestra Constitución limita a nuestro Estado y describe la expansión de nuestros derechos como personas.
De allí, por supuesto, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sea algo tan importante, siendo su misión vigilar la correspondencia de los actos del poder público con las previsiones constitucionales y asegurar que nuestros derechos no sean limitados por el Estado.
Pero es que la Constitución dimana de nosotros, formados en mayoría suficiente. No somos creados por la Constitución, sino que la antecedemos y le damos el ser. Nosotros estamos, cuando estamos en consciente mayoría, por encima de la Constitución. No estamos limitados por ella en materia distinta de los derechos humanos.
Ésa es, pues, la jerarquía. El Estado es poderoso, sin duda, pero debe serlo a favor nuestro. El Estado está por debajo de nuestra voluntad, por debajo de la Constitución que decretemos. Y esa misma Constitución, por supuesto, también es inferior a nosotros. Nosotros somos el primero de los poderes públicos. Somos constitucionales porque somos los que verdaderamente constituimos la nación; somos constituyentes porque así somos los que definimos la República en la Constitución. Somos supraconstitucionales.
A veces ocurre, entonces, que el gestor completo que es el Estado actúa contra los intereses del Pueblo Soberano y los derechos de sus constituyentes. Se suscita así un conflicto entre el Pueblo Soberano y el Estado. Entre la Corona y su Mandatario. En este caso quien debe ser sustituido es el Mandatario, porque el Pueblo, la Corona, es insustituible, por más que se le invada.
El conflicto puede ser tan agudo que el Mandatario pretenda entenderse como soberano, y en esta agravada situación puede hablarse de usurpación. En un conflicto de tal naturaleza la Fuerza Armada debe reconocer al Soberano por encima del Mandatario, por encima del usurpador y debe desconocerle. No se trata sólo de que la Fuerza Armada deba respetar nuestros derechos humanos en cada caso individual, sino que debe acatar nuestra soberanía en el instante cuando nos expresemos inequívocamente en mayoría.
Una expresión nuestra en este sentido no es un acto electoral. Es un acto constituyente primario. No sólo no está sujeto a regulaciones electorales. No sólo no está sujeto a decisiones de salas constitucionales accidentales o no. No está sujeta, siquiera, a la Constitución misma. La caja ya no nos contiene.
Por esto una decisión soberana de esta naturaleza no tiene que ver con lo que diga Brito desde su «jurídica» consultoría, ni con lo que opine Cabrera Romero, ni con el 19 de agosto de ningún año en particular, ni tiene por qué seguir la letra del 350 o del 900 o del 2.021 de ninguna constitución. Cuando decidamos hablar así no estaremos desconociendo ni desacatando ninguna autoridad, puesto que la autoridad somos nosotros. No desacatamos. Mandamos.
Y comoquiera que el conflicto es con el Estado mismo no nos importa lo que diga el Estado. ¿Queremos un Estado de Derecho? Pues el Derecho somos nosotros. La organización de nuestra voz no es el Estado ni tiene que ser autorizada por éste. Si nos diera la gana de confiarle ese outsourcing a Súmate, por poner un caso, tal cosa no podría ser desconocida.
Es esta radicalidad la que deberemos asumir. Debemos hacer sentir nuestra voz de este modo. Mientras tanto, vemos con soberana simpatía lo que a nuestro favor intenta la Sala Electoral, la Sala de los Electores. No entendemos cómo una coordinadora «democrática» negocia el manifiesto irrespeto a nuestra voluntad.
Ya nos damos cuenta, no de que Chávez nos quita libertad con sus cadenas, con sus controles económicos, con sus acciones impositivas; no de que mata constituyentes; nos damos cuenta ahora de que él, Rincón, Rodríguez, nos desacatan. No es que desacaten a la Sala Electoral de nuestro Tribunal Supremo de Justicia; es que desacatan al Soberano.
Es como Corona que debemos pensarnos. Es ésta la conciencia que debemos adquirir. Que desde nuestra majestad serenísima podemos hacerlo todo. Incluso sustituir un Estado por otro.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 8, 2004 | LEA, Política |
Después del grande y súbito descrédito encajado por el gobierno en los días que siguieron a los acontecimientos del 27 de febrero de este año, que lo mostraron como practicante de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, el rédito político del régimen se ha vuelto exiguo o, más bien, francamente negativo.
Porque a continuación de esos días recibió el golpe certero de los sabios dictámenes de la Sala Electoral—la Sala de los Electores—contra los manejos del Consejo Nacional Electoral y su Sala Constitucional, que abrieron una verdadera tronera en los muros del asediado castillo gubernamental. La tronera sigue abierta, y el desenlace tribunalicio se espera con segura pérdida para el gobierno.
Y he aquí que un hecho aparentemente aleatorio, doloroso por lo demás, ha perforado de nuevo el ya tenue disfraz democrático del régimen. Las quemaduras inhumanamente inflingidas a ocho jóvenes soldados en el Fuerte Mara de Maracaibo, con su letal secuela, han actuado como revulsivo nacional y, muy especialmente, al interior de la Fuerza Armada.
Por si fuera poco la pérdida de la vida de uno de los soldados y el daño físico y psicológico prácticamente irreparable a siete otros servidores del Ejército, se le ocurrió al mentiroso mayor despreciar el terrible episodio como accidental y como sin importancia. Según la evaluación de Chávez Frías, nuestros soldados habían sufrido, por culpa de su imprudencia, tan sólo heridas leves. Al día siguiente de vocear esa nueva patraña—la única posible, pues todavía Pedro Carreño no ha atinado a inventar que las quemaduras fueron inflingidas por la Coordinadora Democrática—moría Orlando Bustamante, uno de los desgraciados compatriotas encerrados y torturados en la celda de castigo.
Es así como, el mismo día cuando se conocía el dictamen que devolvía su libertad plena a Carlos Melo, a continuación de la medida de anulación de la orden de captura contra Capriles Radonsky, el gobierno se veía forzado a sacrificar la figura de Jesse Chacón como Goebbels del régimen. Con la mayor humildad puso «su cargo a la orden».
El profesor Antonio Cova compuso un brillante análisis de la situación del régimen por los días de los desórdenes que sucedieron a la represión brutal del 27 de febrero de este año, para mostrar cómo era que el gobierno estaba sostenido—el propio Napoleón Bonaparte diría que se trata del más precario de los apoyos—sobre la punta de las bayonetas. Cova predijo: en cuanto la fuerza armada cobre cabal conciencia de que ella es el único sostén del gobierno pasará su factura. Y Jesse Chacón es el primer ítem de ese efecto de cobro. Hay quien sostiene que el general Baduel no está plenamente satisfecho con el sacrificio de Chacón y está exigiendo un recargo en la factura. Algunas piezas andan flojas. Por de pronto la «Defensoría del Pueblo»—por primera vez en su infausta existencia—ha reconocido que hubo heridas graves causadas en el incidente. Hasta Mundaraín, pues, sabe que hay rayas que no deben ser cruzadas.
Naturalmente, no es que Chacón dejará de cumplir un papel crucial en el estado mayor de la revolución bolivaroide. Como otros que son ocultados por conveniencia—Rodríguez Chacín es un caso particularmente notorio—continuará formando parte del comando estratégico de la muy fea revolución. Y no faltará quien asegure—así lo establece el razonamiento paranoico de cierta oposición—que la salida de Chacón es una movida más en el artero plan general del gobierno. Esto es, se interpretará torcidamente que todo fue planeado por Chávez. Por la época del gobierno de Rómulo Betancourt (1959-63) era usual conseguir analistas espontáneos que ofrecían la siguiente interpretación: todos los acontecimientos políticos del período—ruptura con Castro, los focos guerrilleros, el Porteñazo, el Carupanazo, hasta el atentado en contra de su persona—habrían sido, si no planeados por él, al menos permitidos o auspiciados desde el gobierno para obtener ganancia con el rebote de alguna alambicada carambola .
Y es que, en su línea de mayor descaro, el gobierno de Chávez ha ofrecido a los venezolanos la política de la insolencia. Es como si dijera: «Sí, soy reincidente y cínico violador de los derechos humanos. ¿Y qué?» Como si le resultase funcionalmente útil ser tenido por criminal.
Pero la verdad es que con la tragedia de Fuerte Mara el gobierno ha sido herido de muerte. La oposición institucionalizada ha olido la sangre, y así han salido sus voceros en coordinada insistencia sobre un rasgo definitorio del régimen: el empleo de la mentira como política de Estado.
Del lado más grueso del proceso, los hechos que demuestran que no todo el Poder Judicial se pliega a los designios del teniente coronel (en situación de retiro) son la señal de que por todo el país hay una operación de enjambre: la contención del régimen de Chávez. Más allá de la contención, sin embargo, es necesario ejecutar la superposición. La mera oposición no es suficiente.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 8, 2004 | Cartas, Política |
En reciente discurso ante la Organización de Estados Americanos—que Nicolás Maduro no ha vacilado en calificar de histórico—el embajador venezolano Jorge Valero acusó formalmente a los Estados Unidos de Norteamérica de haber participado activamente en el intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002, acontecimiento del que en setenta y dos horas se cumplen dos años. De hecho, Valero indicó que la interferencia norteamericana continuaría existiendo, y que tales afirmaciones podían ser probadas.
Comoquiera que tales pruebas no han sido aún aportadas—y podrían ser de la misma calidad de las pruebas del fementido magnicidio de Maiquetía (con un lanzador misilístico antiaéreo, recordaremos)—no puede tomarse demasiado en serio el grave ataque diplomático de Valero, sobre todo si es relativamente fácil conseguir la inexactitud en su discurso.
Por ejemplo, Valero intenta demostrar que la organización Súmate tiene intenciones golpistas auspiciadas por los Estados Unidos—según él Súmate recibió fondos del National Endowment for Democracy, una fundación bipartidista de los Estados Unidos—y añadió que la principal ejecutiva de la organización venezolana, María Corina Machado, habría firmado el decreto autoproclamatorio e inconstitucional de Pedro Carmona Estanga. Pero según la lista (parcial) de cuarenta y nueve firmantes de ese documento que reposa en los archivos de «Analítica»—http://www.analitica.com/bitblioteca/carmona estanga/decreto1.asp—fue la señora madre de María Corina, Corina Parisca de Machado, quien estampó su rúbrica al pie del decreto. (La lista de «Analítica», por cierto, no incluye los nombres de algunos destacados signatarios, como Carlos Fernández, quien le sucediera en la Presidencia de Fedecámaras, hoy en el exilio. Tampoco menciona a Manuel Rosales—»en representación» de los gobernadores—a Rocío Guijarro—de CEDICE, «en representación» de las organizaciones no gubernamentales—o a José Curiel, hoy de nuevo candidato a la gobernación de Falcón—»en representación» de los partidos políticos).
……..
Si no el 11 de abril, el día siguiente sí alojó un golpe de Estado, aunque sui generis. No hay duda de que Carmona protagonizó—mascarón de proa de un círculo conspirador—una acción contra la Constitución y, peor aun, contra el pueblo venezolano, que el día 11 había ofrecido los primeros mártires del actual período constitucional, el precio que se pagó y algunos cobraron para lograr el desacato militar al Presidente. La insólita estupidez de su decreto inicial creó a su alrededor el verdadero «vacío de poder» de esos días. Los errores fueron obvios y de bulto, como prefigurar la restauración de Carlos Andrés Pérez con el protagonismo de Daniel Romero, su asistente y representante. (Mandado por Carmona dio el primer discurso del gobierno golpista leyendo el monstruoso decreto número uno, y fue designado nada menos que ¡Procurador General de la República! Zamuro cuidando carne).
Pero si se había dado esa conspiración era porque Chávez la había suscitado, alimentado y preparado incesantemente desde que asumió el poder. Un cuento de Enrique Jardiel Poncela—en «Para leer mientras sube el ascensor»—narra cómo dos camaradas acuerdan aceptar una apuesta propiciada por uno de ellos. Para demostrar que en la naturaleza más apacible puede anidar dormida la violencia, uno de los amigos apuesta a que será capaz de desatar la ira de dos tranquilos viejecitos que conversan en un banco tras la reja de un parque. Cuando su incrédulo amigo acepta que el experimento se realice, el cínico comienza a increpar a los impasibles ancianos: «¡Eh, fieras!» Después de dos páginas o más de la descripción del proceso—una larga y molesta secuencia de irritación, a pesar de muy repetidas amabilidades de parte de los abuelos que deseaban eludir el conflicto—la baba salta ya de las alocadas bocas de los viejos, que desbordados en su ecuanimidad, prorrumpen en rugidos y amenazas, aferrados como con garras de la verja.
El más generoso recuento de la actuación de Chávez Frías entre el 2 de febrero de 1999 y el 11 de abril de 2002 registrará una nutrida serie de abusos, irrespetos, amenazas, provocaciones y agresiones que produjeron tanto el rechazo mayoritario a su gobierno como el golpe de Estado que afectó gravemente, con su totalitarismo y su incompetencia, la lucha libertaria del pueblo. Chávez sembró los vientos de esa tempestad, como siembra ahora el árbol del que su cuerpo pudiera pender. Prácticamente todos los considerandos del decreto del 12 de abril tienen fundamentación cierta y reiterada.
……..
Las lecciones del 11 de abril no han sido aprendidas completamente, ni por el gobierno ni por la oposición institucionalizada, léase la Coordinadora Democrática y su muy minoritario competidor el Bloque «Democrático».
Si nos limitásemos sólo a la anteriormente mencionada lista de firmantes del terrible decreto de Carmona Estanga, es incomprensible cómo algunos entre ellos ejercen protagonismo—mayor o menor—sin que sus respectivas organizaciones puedan o quieran moderarlo.
Por ejemplo, Alejandro Peña Esclusa aparece—poco sorprendentemente, quizás—en la lista de «Analítica», siendo como es uno de los más notorios directivos del llamado Bloque Democrático. (Estuvo entre los primerísimos proponentes del paro cívico como modo infalible de salir de Chávez y exigía que se lo declarara antes de la asunción de Lula en Brasil, pues después de este hecho ya nunca nos sería posible desembarazarnos del primero). Otro candidato a la reincidencia gubernativa en el Táchira, Sergio Omar Calderón, igualmente firmó el monstruoso texto. Pablo Medina y Gonzalo Pérez Hernández, con asiento en la Coordinadora Democrática, son signatarios de la estupidez.
A un nivel más general, uno consigue directivos del Frente Institucional Militar, como Rafael Huizi Clavier, o el de precandidatos presidenciales, como es el caso de Américo Martín, quien «nos representó» en la ya olvidada Mesa de Negociación y Acuerdos.
En cambio reviste mayor actualidad el caso de Alberto Quirós Corradi—según «Analítica» uno de los avalistas solidarios y principales del trágico decreto—puesto que ahora «nos representa» en la negociación de las condiciones bajo las que se aceptaría un abuso inconstitucional e ilegal del Consejo Nacional Electoral en contra nuestra. (Pocos días después del regreso de Chávez al poder escuchábamos a Quirós descartar la importancia que pudiera tener que no existiera renuncia firmada por Chávez, en ocurrencia de pretensión humorística pero de histórico desconocimiento, al preguntar en falaz retórica si es que alguien vio alguna vez la renuncia firmada por Emparan).
¿Qué señales pueden cruzarse entre las neuronas de unos ciudadanos que no recordamos que la Coordinadora Democrática haya alguna vez hecho una clara y rotunda condena de la fallida aventura de Carmona Estanga? ¿Cómo puede querer una organización que no se le tenga por golpista cuando permite el protagonismo de quienes avalaron el perverso e incompetente decreto del 12 de abril?
En más de una interpretación de los últimos años de nuestra política se acostumbra a destacar dos graves «equivocaciones de la oposición» (de sus dirigentes institucionalizados, más bien): el paro suicida de diciembre-febrero de 2002-2003 y el «carmonazo». (La «carmonada», en preferencia terminológica de Rafael Poleo). No se resalta igualmente un error gravísimo: la ausencia del más explícito deslinde y la más inequívoca condena de ese golpe de abril, que cogiera como en descampado a la diplomacia de Bush y de Aznar.
A casi dos años de la tragedia hay muchas cosas no sabidas de la verdad de esos días. Algunas sí lo son. Las conocen gobiernos y personas. Existen en los archivos digitales, y parece ser que no es sólo el Vicepresidente de la República quien desprecia lo virtual. (Y lo virtuoso).
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 1, 2004 | LEA, Política |
Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica (2265): «La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia o de la sociedad».
Antes había dicho Polibio (siglo II antes de Cristo): «Yo admito que la guerra es cosa terrible, pero no creo que haya que soportar cualquier afrenta con tal de no hacerla».
Estas doctrinas forman parte de la nutrida discusión histórica sobre la noción de la guerra justa, que ha estimulado a las mejores mentes de la humanidad a la consideración de tan difícil materia. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, insertó en su Suma Teológica las tres especificaciones fundamentales de una guerra que pudiera ser tenida por justa acción.
Una guerra justa debe ser emprendida, naturalmente, por una causa justa. Esto es, la finalidad de suprimir una agresión grave y continuada en contra de una comunidad. Tratadistas posteriores a Santo Tomás desdoblaron la condición de causa justa en tres subcondiciones. (Principio de proporcionalidad, último recurso y posibilidad de éxito). En esencia, la guerra a emprender debe emplearse sólo después de haberse agotado todas las instancias pacíficas, debe contar con alta probabilidad de ser exitosa y no puede excederse en el empleo de los medios necesarios en función de la situación concreta. (Dice Gino Bianchetti: «La guerra justa es en la que existe una razonable posibilidad de ganar, de lo contrario no se obtiene nada al imponer los males de la guerra a la nación. Es necesario tener en cuenta, que dados los innumerables elementos no predecibles de la guerra, no es necesario que las posi! bilidades de éxito igualen a la certeza moral»).
La segunda condición tomista es la recta intención. El gran Doctor de la Iglesia exigía una finalidad clara que buscase establecer el bien o evitar el mal. Antes que él San Agustín había señalado: «…el deseo de dañar, la crueldad de la venganza, un ánimo implacable, enemigo de toda paz, el furor de las represalias, la pasión de la dominación y todos los sentimientos semejantes; he aquí el justo título que merece ser condenado en la guerra».
Pero la primera de las condiciones estipuladas por Santo Tomás es la de la autoridad legítima. Es decir, no todo el mundo tiene títulos para emprender la guerra. En particular, no es éste asunto de actores privados. El general Baduel, por ejemplo, o el llamado «Bloque Democrático», no son titulares de ese derecho ni responsables de este deber.
Ante la autoridad cada vez más ilegítima del gobierno, quien puede considerar que debe combatirle, aun con la guerra, con toda justicia, es la única y suprema autoridad del Poder Constituyente Originario. Y esto, en todo caso, sólo después de haber agotado todos los cauces pacíficos disponibles. Primero habrá que apurar hasta la última gota los recipientes electorales y tribunalicios. O un procedimiento de abolición.
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