por Luis Enrique Alcalá | Jul 7, 2005 | Cartas, Política |
Más de una firma encuestadora—de las serias—registra para estos momentos que una proporción mayoritaria de los electores considerados en oposición o desaprobación al régimen de Hugo Chávez, declara que se abstendrá de votar en las elecciones municipales del próximo 7 de agosto. (A exactamente un mes de distancia).
Una cierta empresa de escaso prestigio, más aún, le pone número a la cosa: 86,4% de 1.115 presuntos entrevistados habrían contestado: «Seguramente no votaré». Se trata de la firma CECA-CIFRAS ONLINE GROUP, que asegura haber encontrado «una verdad que contrasta con las cifras que hasta ahora venían manejando algunas encuestadoras y que daban al régimen de Hugo Chávez Frías, amplia ventaja sobre el sector que lo adversa».
La presentación de este acto de folklore metodológico indica que «el Estudio de Opinión Pública Urbana—trató y en efecto lo logró—auscultar el verdadero piso político que tiene el gobierno de Hugo Chávez y conocer las lealtades de los electores, tanto de la tendencia oficialista como de la oposición». Luego hace sumas a partir de curiosos conceptos algebraicos y estadísticos para concluir que la oposición a Chávez tiene «un piso» de 60,5% contra uno de 31,9% del gobierno. Es decir, que Datos, Datanálisis, Alfredo Keller, Mercanálisis, Hinterlaces, Félix Seijas y Consultores 21 están radicalmente equivocados.
No vale la pena discutir la metodología de la susodicha «encuesta» más que para registrar lo que se propone promover: la candidatura presidencial de Oswaldo Álvarez Paz (tal vez con Vicepresidencia de María Corina Machado, ocurrencia que ya apareció alguna vez en esta publicación). En efecto, CECA-CIFRAS dice haber detectado que el candidato de mayores preferencias para suceder a Hugo Chávez (en presunta pregunta abierta) sería el ciudadano Diosdado Cabello, con 21,1% de intención de voto a su favor, pero que estaría acosado por un Álvarez Paz que le pisa los talones con 17,2% de preferencias.
Después de esta fanfarria, la nota de la sacacifras CECA-CIFRAS procede a destacar como noticia: «Hay que hacer notar que desde la época de Irene Sáez Conde, ninguna mujer se había posicionado tan bien en las encuestas como es el caso de la presidenta de la organización SUMATE, María Corina Machado». La osada empresa adjudica a Machado 12,2% de preferencias, ubicada entre los imposibles metafísicos de 14,3% para Enrique Tejera París y 8,5% para Antonio Ledezma. A Julio Borges le acredita un 3,8% que es el único registro que parece compatible con los más serios estudios de opinión.
¡Qué cosa! El 5 de julio un despistadísimo The Christian Science Monitor atribuía a Hugo Chávez un apoyo de 70% en las encuestas, en trabajo de Mike Ceaser sobre la figura de Machado.
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El emblema que distingue a Súmate pudiera contener una simbología intencional o freudianamente desintencionada. Es una pirámide de base cuadrilátera que muestra dos de sus caras. En el tercio superior de su altura está coloreada de amarillo; el tercio medio es azul; el inferior rojo. Obviamente, el tricolor venezolano.
Tal disposición corresponde, naturalmente, a un área y volumen más pequeños cuyo símbolo es el oro patrio, las riquezas de la nación; a un área y volumen intermedios distinguidos por el azul de nuestros cielos y nuestros mares; a un área y un volumen, finalmente, en proporción mucho más grande y que están coloreados por el rojo de la sangre—¿el rojo chavista?—de nuestros libertadores. La pirámide de Súmate refleja admirablemente la de nuestra población y su distribución de la riqueza, gruesamente coincidente con la de sus preferencias políticas. Pocos ricos, algo más de clase media, la gran masa de la roja pobreza.
Más allá de esta disquisición semiótica, Súmate es, sin que quepa la menor duda, una organización seria, profesional, metódica, moderna y no poco heroica. Baste esta resumida caracterización para pasar a comentar su más inmediato aporte, puesto que esta publicación ya ha expresado más de una vez su aprecio por la labor de Súmate y su más visible liderazgo como para que sea necesario extenderse sobre el tema.
En seguimiento de su programa de cinco puntos, anunciado en marzo de este año al convertirse en «movimiento ciudadano nacional», Súmate procura ahora la impugnación del Registro Electoral Permanente. Para esto invita a los ciudadanos que quieren hacer valer su voto a que acudan a sus centros de votación con una exigencia escrita—ofrece una redacción estándar legalmente cuidada—sobre la publicación de las direcciones de los votantes, condición estipulada en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Pero toda esta iniciativa—que requeriría tal como la organización lo reconoce la «valentía» de unos ciudadanos que quedarían como opositores más patentes que en la «Lista de Tascón»—parece ser emprendida para que fracase. Así lo explica una nota de la misma Súmate: «Esta nueva acción que lanza Súmate ‘Impugna tu registro’ requiere que los ciudadanos acudan ante el director del plantel, por su condición de agentes de actualización, donde funciona su Centro de Votación para que exijan lo establecido en el ordinal 1 del artículo 91 de la LOSPP, referida a la publicación del lugar de residencia de los electores. Para Machado esto resultará imposible porque el CNE no le ha suministrado las direcciones de residencias en las listas de electores».
Esta presunción de Machado, pues, y este enfoque, parecen procurar no tanto la corrección del sistema electoral como su invalidación y su deslegitimación. Pareciera que hay una convicción previa, un axioma subyacente y apriorístico, según el cual no podrá haber las «elecciones limpias» que Súmate buscaría. Que el objetivo real de la organización es ahora el de documentar esta conclusión.
Con un certificado técnico de tan alta factura puede darse por descontado que los abogados del abstencionismo completarán su cometido. Dados el prestigio y la influencia de Súmate habrá muy poco opositor a quien le queden ganas de ir a votar.
Y es que el teorema de la abstención es imposible de refutar, si se aceptan sus axiomas de partida. Si el sistema electoral está irremisiblemente viciado y sesgado a favor del chavismo ¿para qué debiera ir un opositor a votar cuando su voto corre el riesgo cierto de ser torcido?
El razonamiento es impecable.
Eppur si muove. Porque hay en el fondo un problema mucho más importante que el de la confiabilidad en el registro electoral: que la oposición organizada no levanta opinión a su favor, que se ha mostrado incapaz de mover a la masa electoral de modo convincente y atractivo, como lo señalan, con pequeñas diferencias, todas las encuestas. (Con excepción de la sacacifras). Por ejemplo, hace poco hacíamos referencia a las mediciones de Oscar Schemel, que arrojaban sólo 11% de apoyo a la oposición, contra uno de 37% al gobierno. Eso es una proporción superior a una de 3 a 1.
Y en estas condiciones, aun si el inefable Jorge Rodríguez fuese de súbito sustituido por una Teresa de Calcuta rediviva, el gobierno propinaría una mayúscula paliza a su oposición formal, y ganaría casi todos los puestos municipales, y abrumaría con una mayoría suficiente para el cambio constitucional en la Asamblea Nacional, y reelegiría cómodamente a Chávez en 2006, si no se hiciera nada distinto de lo que se ha venido haciendo.
Por tal razón, si bien el argumento abstencionista parece imbatible, la verdad es que funciona como pretexto o coartada de una incapacidad más fundamental. Es la que ilustraba la proverbial zorra de la clásica y cínica fábula de Félix de Samaniego:
Es voz común que a más del mediodía,
en ayunas la Zorra iba cazando;
halla una parra, quédase mirando
de la alta vid el fruto que pendía.
Causábala mil ansias y congojas
no alcanzar a las uvas con la garra,
al mostrar a sus dientes la alta parra
negros racimos entre verdes hojas.
Miró, saltó y anduvo en probaduras,
pero vio el imposible ya de fijo.
Entonces fue cuando la Zorra dijo:
«No las quiero comer. No están maduras».
No por eso te muestres impaciente,
si se te frustra, Fabio, algún intento:
aplica bien el cuento,
y di: No están maduras, frescamente.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 7, 2005 | LEA, Política |
Se puede decir, muy literalmente, que el Presidente de los Estados Unidos ha tenido un encontronazo con la policía. Más específicamente, con la policía inglesa. En terrenos del Hotel Gleneagles—no lejos del sitio de la primera destilería de güisqui escocés de malta pura—la bicicleta impulsada «a bastante buena velocidad» por George W. Bush, arremetió ayer contra un agente policial del dispositivo de seguridad, quien fue enviado al hospital por precaución. El augusto personaje, que cumplía 59 años de edad, había arribado al sitio para la cumbre del G-8 cuyo anfitrión es Tony Blair. Del incidente guarda raspones en brazos y manos, atendidos por el médico de su comitiva.
La agenda ostensible de esta cumbre escocesa tiene dos focos temáticos: la ayuda financiera a los países africanos (con posible condonación de deuda), y los compromisos de reducción de emisiones contaminantes para paliar el recalentamiento planetario. Respecto de este último asunto ya Bush había declarado que Blair no deberá esperar regalos—una mayor aquiescencia de los Estados Unidos a los límites aceptados por la inmensa mayoría de las naciones—a cuenta de su «buena conducta» en lo tocante a la guerra contra Irak.
Pero los más recientes acontecimientos del mercado petrolero han amenazado con opacar esos dos puntos, al extenderse un desasosiego entre los países miembros del grupo, así como temores de que una energía relativamente cara pudiera dar al traste con la tasa de crecimiento esperada para la economía mundial en 2005: 4%.
Los estudiosos de Oxford Analítica apuntan a una situación de demanda no compensada por la oferta (en los tipos de petróleo requeridos por el mercado), y señalan el ingente crecimiento económico de China como uno de los principales factores alcistas. Tal vez ésta sea la razón por la que Hu Jintao, el Presidente de China, haya sido invitado a la reunión de Gleneagles. (Los miembros naturales del G-8 son los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la Federación Rusa, y Australia. China, a través de su empresa estatal de petróleo—CNOOC—intenta adquirir la propiedad de UNOCAL, la sexta petrolera norteamericana, lo que ha alarmado a la Cámara de Representantes norteamericana, que ve esa posible transferencia como problema de seguridad). Los analistas ingleses resumen su posición así: «Es improbable que el petróleo caiga por debajo de US$50 por barril en lo que resta de año, y pudiera estar considerablemente por encima». Algunos traders internacionales especulaban a comienzos de la semana sobre la posibilidad de US$80 por barril para fines de año.
Y nada de lo decidido o anunciado por la OPEP con el fin aparente de atemperar los precios ha surtido efecto. Más bien, la más reciente declaración del presidente de la organización, el Ministro de Petróleo de Kuwait, Ahmad Fahad Al-Sabah, ha avivado los temores. El funcionario opinó que un nivel adecuado para el precio del West Texas Intermediate estaría alrededor de los US$53, una cota marcadamente más alta que la sugerida anteriormente.
Lo cierto es que el mercado petrolero está más tenso que una cuerda de violín. Las tormentas tropicales que ahora se dirigen hacia el Golfo de México han contribuido a nuevas elevaciones del precio petrolero, que ayer superaron los US$ 61 para ciertos tipos. (A fin de cuentas, la mitad de las importaciones norteamericanas van a la zona, que también representa el 50% de su capacidad de refinación).
En síntesis, la chequera de la revolución bolivariana continuará teniendo fondos muy suficientes.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 5, 2005 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Algunas teorías de lo histórico proceden a explicarlo como fenómeno de carácter cíclico: los acontecimientos tienden a repetirse. Así lo recogen adagios como el de «Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla» o, más directo y simple, el de «No hay nada nuevo bajo el sol». (Salomón, Eclesiastés, I, 10).
Con el advenimiento de la geometría fractal (Benoit Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature, 1983) los estudiosos de la historia tienen ahora la analogía perfecta, pues una figura fractal se caracteriza por la propiedad de la autosimilaridad: una estructura que «se parece a sí misma». La historia puede verse ahora como el despliegue de una función fractal, cuya dimensión está, por cierto, aún por determinar. (Quienes se interesen por asir suficientemente los principios de esta geometría o matemática fractal pueden leer el libro Chaos Under Control: The Art and Science of Complexity, de David Peak y Michael Frame. Se trata de una exposición asequible a quien haya culminado bachillerato, que enseña las principales nociones para el análisis riguroso de la complejidad y el caos. Ningún político serio, al tanto de que las sociedades son sistemas complejos, debiera prescindir de la comprensión de esos conceptos).
En todo caso, de cuando en cuando la lectura de la historia nos lleva a territorios y episodios dejà vu, que nos parecen extrañamente familiares. La Ficha Semanal #53 de doctorpolítico, creo, retrata en la Roma republicana del siglo II antes de Cristo la acción y reacción de dinámicas sociales que los venezolanos hemos experimentado o estamos experimentando. Está extraída de la Historia Universal de la editorial Planeta (2001). Es parte de la historia republicana de Roma bajo el acápite De los Gracos al fin de la República, y más exactamente corresponde a la sección El problema agrario: Tiberio y Cayo Graco.
Al leer el trozo uno no puede dejar de preguntarse si es que los seres humanos hemos cambiado en algo, si cambiaremos alguna vez o adoptaremos siempre las mismas conductas. ¿Será que verdaderamente estamos condenados a repetir, al menos en parte, esa historia de los romanos porque la ignoramos o la hemos olvidado?
LEA
……
Nihil sub sole novum
En el transcurso del siglo II a. C., la situación social, caracterizada por el indiscutido poder político y económico de la oligarquía senatorial, y por la consiguiente decadencia de la clase media campesina, en otro tiempo eje del Estado romano, había ido agravándose progresivamente hasta hacerse insostenible. En Sicilia, donde las condiciones de vida eran particularmente difíciles, estalló hacia 136 una violenta rebelión de esclavos, los cuales hallaron apoyo en las capas más pobres de la población libre. Para ahogar la rebelión se necesitó un notable esfuerzo militar. Otros desórdenes se produjeron en Grecia y en la misma península italiana.
En este ambiente se llevó a cabo la acción de Tiberio y, luego, de Cayo Graco. Hijos de Sempronio Graco, quien con su moderación y humanidad devolvió la paz a más de una provincia turbulenta, y de Cornelia, hija, a su vez, de Escipión el Africano, los dos hermanos poseían una profunda y abierta cultura. Iniciados desde muy jóvenes en la vida política, adquirieron una experiencia directa de los problemas que afectaban a la sociedad romana. Particularmente grave se presentaba la cuestión agraria, y así lo comprendió Tiberio al observar la despoblación y el abandono en que se hallaban regiones como Etruria, en otra época muy bien cultivadas. Elegido tribuno de la plebe en 133, presentó una ley que, considerando en vigor disposiciones anteriores nunca derogadas pero siempre eludidas, imponía la reversión al Estado de las parcelas de ager publicus ocupadas ilegalmente, y su distribución entre los no propietarios (proletarii). De este modo se resolvería, siquiera en parte, el problema del proletariado urbano, y, sobre todo, podría imprimir vigor a la clase de los pequeños propietarios, base de la fuerza militar romana.
El proyecto, aun siendo muy moderado en su conjunto, suscitó una vivísima oposición entre los miembros de la clase dominante (optimates), que se sintieron lesionados en sus intereses. Hallaron un aliado (o acaso un mero instrumento) en el tribuno Marco Octavio, quien vetó el proyecto de ley. Tiberio le acusó entonces de proceder en contra de los intereses del pueblo y consiguió que le destituyeran de los comicios tributos. Terminó por lograr que se aprobase la ley, e inmediatamente después fue nombrado un colegio de triunviros encargado de aplicarla. Con objeto de proveer a los nuevos pequeños propietarios de los medios para fundar sus haciendas (adquisición de ganado, aperos, semillas), Tiberio propuso destinar a este fin una parte de la herencia de Atalo III de Pérgamo, invocando para el pueblo romano, beneficiario por testamento de las riquezas de aquel soberano, el derecho de decidir la distribución de dicha herencia. Esto predispuso en contra de Tiberio al senado, al que siempre se reconoció la competencia en materias relativas a la economía nacional.
Para aplicar personalmente su ley, Tiberio presentó su propia candidatura para un segundo tribunado, lo que estaba en contra de la costumbre. Durante las elecciones estallaron violentos desórdenes, fomentados por sus adversarios. Atacado por numerosos senadores, encabezados por el sumo pontífice Publio Escipión Nasica y apoyados por sus clientes, Tiberio fue muerto a bastonazos junto con unos trescientos seguidores. (133).
Es muy posible que Tiberio quisiera limitarse a realizar su propia obra reformadora. Parece desprovista de fundamento la acusación de que aspiraba al mando. Pero con sus métodos, en ocasiones ilegales, y con el ataque directo a los poderes del senado, acabó por perjudicar su propia causa, enajenándose las simpatías de los senadores favorables a la reforma agraria. Se ha planteado el interrogante de si la sociedad romana estaba lo bastante madura para emprender una reforma como la de Tiberio, susceptible de imprevisibles consecuencias de signo democrático. Pero resulta difícil determinar hasta qué punto la iniciativa de Tiberio fue comprendida por sus contemporáneos en su verdadero significado. La animosa hostilidad de las clases conservadoras, así como el fácil entusiasmo popular asimilaron tan sólo los aspectos innovadores y revolucionarios. En realidad, no se trataba de destruir la estructura tradicional del Estado romano, sino de consolidarla, ensanchando las bases del apoyo popular.
La ley agraria no terminó tras la muerte de Tiberio. Los triunviros, entre los cuales figuraba su hermano Cayo Graco, continuaron su política de confiscación y redistribución de las tierras, que, sin embargo, tropezaba con resistencias cada vez más fuertes, sobre todo por parte de los latinos y los aliados itálicos, obligados a renunciar sin contrapartida alguna el ager publicus que ocupaban. Sus quejas fueron escuchadas por Escipión Emiliano, que, en el ínterin, se había convertido en jefe de los conservadores. Logró, en efecto, que la competencia para juzgar casos controvertidos fuese transferida de los triunviros a los cónsules, con lo que se obstaculizó la acción reformista.
La lucha se hizo muy encarnizada, y cuando Escipión murió de improviso (129) se sospechó, probablemente sin razón, que había sido asesinado. La situación la complicaba también el hecho de que itálicos y latinos se interesaban en la adquisición de la ciudadanía romana, con todas las ventajas que ello implicaba. Esta aspiración halló apasionados valedores en Cayo Graco y sus partidarios, designados con el nombre de populares, es decir, demócratas. Uno de ellos, el cónsul Marco Fulvio Flaco, propuso en 125 la admisión como ciudadanos romanos de los itálicos que lo solicitaran. A los demás se les concedería el derecho a apelar al pueblo contra eventuales abusos de los magistrados. La propuesta no fue acogida y entre los aliados se manifestaron síntomas de rebelión, que desembocaron en franca revuelta en Fregellae (cerca de la actual Ceprano). La ciudad fue tomada y destruida al poco tiempo.
Eliminados los impedimentos creados por las disposiciones de Escipión Emiliano, Cayo Graco puso de nuevo en pleno vigor la ley agraria de Tiberio. Más tarde logró que se adoptaran otras medidas a favor de las clases más desheredadas de la población: una ley que garantizaba la venta a los proletarios de determinadas cantidades de cereal a bajo precio, la fundación de nuevas colonias en Italia meridional y en ultramar, y la construcción en toda Italia de grandes obras públicas que dieran trabajo a miles de pobres.
A fin de limitar el predominio del senado y de la clase dirigente, Cayo Graco extendió el derecho de los ciudadanos condenados a la pena capital, de apelar al pueblo, y patrocinó nuevas leyes relativas al orden de votación en los comicios, y a las modalidades de la asignación de las provincias consulares. La clase de los caballeros no fue olvidada. Sus miembros, además de distinciones honoríficas, como los lugares privilegiados en los espectáculos, obtuvieron ventajas más tangibles en las provincias, como la adjudicación de impuestos en Asia, y la participación en los tribunales que entendían en las causas por extorsión, junto con los senadores.
Los optimates no permanecieron pasivos. Aprovechando la ausencia de Cayo Graco, ocupado en la fundación de la colonia lunonia, desencadenaron contra él una campaña de desprestigio que afectaba también a Fulvio Flaco, cuya política trataron de contrarrestar permitiendo que otro tribuno, Livio Druso, propusiera disposiciones en apariencia favorables al pueblo. Esto no impidió a Cayo plantear su petición más audaz: la concesión de la ciudadanía romana a los latinos, y la ciudadanía latina a los itálicos.
El pueblo, sin embargo, se alineó esta vez con los conservadores, negando decididamente su apoyo a un proyecto de ley que hubiera extendido a los aliados los privilegios de los ciudadanos romanos. Para Cayo Graco, esta derrota señaló el fin de su actividad política. En efecto, no fue reelegido tribuno para el año siguiente. (121).
La elección como cónsul de Lucio Opimio, acérrimo enemigo de los Gracos, favoreció de manera determinante a los oponentes de Cayo. Los conservadores consideraron que había llegado el momento para el ataque decisivo al partido democrático. El pretexto para el enfrentamiento lo constituyó el problema de la colonia lunonia. En efecto, se hizo creer al pueblo que esta colonia africana podría llegar a convertirse en una peligrosa rival de Roma. El tribuno Minucio Rufo propuso, en consecuencia, la liquidación de la ciudad y, al propio tiempo, se apresuró a solicitar la revocación de todas las disposiciones de Cayo Graco. En este punto estallaron los desórdenes, y la lucha abierta entre las facciones opuestas resultó inevitable. El senado emitió por vez primera el llamado senatus consultum ultimum, por el que se decretaba el estado de emergencia y se investía de poderes extraordinarios a Lucio Opimio, encargándole la tarea de restablecer el orden. El cónsul asaltó al frente de sus tropas el Aventino, donde se habían hecho fuertes los demócratas. Cayo, antes de caer vivo en manos de sus enemigos, se suicidó. Unos 3.000 de sus seguidores fueron muertos sin proceso previo.
La reacción conservadora no logró, sin embargo, destruir por completo la obra de los Gracos, y menos aún estuvo en condiciones de sofocar las esperanzas que la actividad reformadora de aquéllos había despertado. La ley agraria continuó en vigor algunos años, y promovió la efectiva reconstitución de la pequeña propiedad campesina. Pero el problema de los itálicos, una vez más defraudados en su aspiración a la ciudadanía, continuaba sin resolverse y permitía prever nuevas y más urgentes reivindicaciones. Los caballeros eran ya conscientes de su peso en la vida política, mientras que el pueblo se presentaba cada vez más dispuesto a apoyar a quien le hiciera las proposiciones más atractivas.
Planeta
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 30, 2005 | Cartas, Política |
Antes he expuesto mi opinión de que se ha seguido una ruta equivocada en materia de integración de la América Latina. Doblemente equivocada. La primera equivocación (en la que debo incluirme) ha sido la de pensar en términos latinoamericanos, en lugar de continentales. Es decir, que ahora creo que la integración pensable debe atenerse al condominio geopolítico y ecológico continental de América del Sur. La segunda equivocación consiste en posponer para las calendas griegas la integración política, procurando en primerísimo término la integración económica con un saludo a la bandera de la integración cultural.
Ahora bien, ¿tiene alguna factibilidad una integración política de América del Sur que siga la mera aglomeración de las actuales naciones del continente? Esto es, ¿se puede considerar realizable y correcta una integración en la que un gigante como Brasil y un país que no llega a los cinco millones de habitantes, como Uruguay, sean tenidos como pares, por iguales?
A mi juicio el desequilibrio descomunal que Brasil introduce en cualquier esquema de integración política de Suramérica induce a pensar que tiene más sentido una integración por bloques. (Brasil es, por otra parte, la única de las naciones iberoamericanas cuya lengua no es el español, sino su pariente, la portuguesa). De alguna manera Hugo Chávez barrunta—con ayuda de Heinz Dieterich—este desiderátum, al procurar la Dreikaiserbund con Lula y Kirchner, donde estos dos mandatarios representan al coloso del Brasil, que por sí solo es un bloque, y al Cono Sur a través de su mayor componente, Argentina. Chávez se reserva la representación—que nadie le ha dado—de la región bolivariana. Así están moviéndose las cosas.
Pero la Comunidad Sudamericana de Naciones (creada en Cusco el 8 de diciembre del año pasado), no es de constitución exclusivamente iberoamericana. La Declaración de Cusco fue también firmada por Guyana y por Surinam. Las Guayanas (aun sin la inclusión de la francesa) serían el cuarto bloque de una integración política de América del Sur. (Los nacientes Estados Unidos preveían, en sus Artículos de Confederación, la integración con Canadá: «Artículo Once. Canadá, de acceder a esta Confederación, y sumándose a las disposiciones de los Estados Unidos, será admitida y con derecho a todas las ventajas de esta Unión»).
Tenemos entonces, para empezar, a Brasil como un primer inmenso bloque totalmente integrado; luego el Cono Sur formado por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Este segundo bloque tendría que superar la emulación recíproca de Chile y Argentina, los dos países más grandes del grupo, pero esta rivalidad de hermanos parece haberse moderado recientemente. Ya en 1999, por ejemplo, Argentina y Chile firmaban su Tratado de Integración y Complementación Minera. Más recientemente la cercanía ideológica y estilística de Kirchner y Lagos ha fortalecido el entendimiento entre la potencia de La Plata y la más longilínea de las naciones del planeta.
Si no atendemos en este momento al bloque anglo-holandés de las Guayanas firmantes de la Declaración de Cusco, queda revisar el asunto de lo que hoy se llama la Comunidad Andina de Naciones, terminología inexacta, si consideramos que también Chile y Argentina tienen territorio en la cordillera más larga del mundo. En realidad se trata de los países libertados por los ejércitos conducidos por Bolívar, y por ende sería más apropiado nombrarles por su clásica designación de países bolivarianos. (Estas naciones preservan tal denominación, por ejemplo, en justas deportivas del área. En este año de 2005 Colombia será la anfitriona de los Décimo Quintos Juegos Bolivarianos).
En esta materia considero que no se trata de decisiones a ser tomadas por reuniones ministeriales o cumbres presidenciales. A estas alturas de la informatización y la conciencia participativa de los pueblos, una decisión de tal monta como la integración en una sola nación corresponde a los pueblos en referendo. («Pero hay un sentido profundo en el que la tesis, o más que la tesis la causa, puede ser declarada como correcta. En política la corrección final la confiere el entusiasmo del pueblo. ¿Por qué no consultar el asunto con él? ¿Por qué no preguntarle a los habitantes del área? Ése sería un experimento corroborador o falsificador». Luis Enrique Alcalá, Krisis: Memorias Prematuras, 1986).
Pero tal cosa no debe paralizar el pensamiento de los especialistas en el tema, pues son ellos quienes a fin de cuentas deben inventar los diseños sobre los que se pronunciarán los ciudadanos de esas naciones. No es nada práctico o siquiera factible que el diseño de una nueva comunidad política bolivariana surja de la deliberación de decenas de millones de cabezas, aunque contasen con todo el tiempo del mundo.
Puestos, pues, en función de proyectistas, o como si tuviéramos la potestad de los cirujanos de Versalles que hacían, deshacían y creaban países al término de la I Guerra Mundial, ¿qué pudiera recomendarse como esquema de integración del área bolivariana? (Lo que sigue va a título de contribución a una libre «tormenta de ideas» sobre el problema, y naturalmente susceptible de una crítica igualmente libre y hasta despiadada. Se trata de especular sobre reacomodos geopolíticos que pudieran tener sentido y que, en todo caso, no pueden ser forzados sobre los habitantes de los territorios involucrados sin su consentimiento).
Recomendaría añadir al nuevo conjunto político el territorio de Panamá, incorporado a Colombia. Para empezar, Panamá era territorio colombiano cuando Bolívar libertó a la Nueva Granada en 1819. Era tan nuestro que allí se dio nada menos que el famoso Congreso Anfictiónico. Panamá, que ni siquiera usa su propia moneda simbólica, regresaría pues a formar parte integrante de Colombia. Esta idea puede propiciar dos reacomodos: el primero, al readquirir Colombia las costas panameñas, puede exigírsele una solución en la que restituya a Venezuela los territorios perdidos por este país en la Península de La Goajira. El segundo, si la presión política norteña (Estados Unidos, principalmente) exige acceso al Canal de Panamá (en el que la Zona del Canal como posesión norteamericana operó hasta los Tratados Torrijos-Carter), pudiera llegar a negociarse que América del Norte comience en la ribera occidental del canal y América del Sur en la ribera oriental. (Regatearía para sugerir que el norte comienza en la frontera de Costa Rica con Panamá).
Recomendaría, asimismo, el regreso de la actual Bolivia al cuerpo del Perú. Bolivia, debe recordarse, fue una creación arbitraria de Bolívar, amputando un extenso territorio de los peruanos para equilibrar las presuntas o reales pulsiones expansionistas de éstos. Antes de Sucre existía un solo Perú que incluía el territorio—Alto Perú—de Bolivia. De este modo dejaría de tener peso el problema de la mediterraneidad de Bolivia, pues ahora formaría parte integral del Perú.
Para continuar en esta vena de delirio quirúrgico, prevería la posible separación de la provincia boliviana de Santa Cruz para su anexión al Cono Sur (al que hay que buscarle un nombre), incorporándole al territorio del Paraguay. Compensaría a Bolivia del siguiente modo: tomaría su nombre para designar ahora todo el territorio de esa unión de países bolivarianos y establecería la capital federal del conjunto en La Paz. (La capital boliviana es la ciudad de Sudamérica que se encuentra más cerca del resto de las capitales del continente, en promedio).
Los cuatro países que compondrían la Gran Bolivia—Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú—retendrían una proporción considerable de su autonomía y mantendrían prácticamente incólumes sus costumbres jurídicas. (Como ocurre, por ejemplo, entre las leyes de Nueva York y las de California). Así se asumiría el mismo principio del Artículo Segundo de la Confederación de los Estados Unidos, que establece que cada Estado retendrá «su soberanía, libertad e independencia, y cada poder, jurisdicción y derecho que no sea por esta Confederación delegado a los Estados Unidos reunidos en Congreso».
Todo lo anterior, si se quiere, es un juego geopolítico, una elucubración que pudiera nunca llevarse a cabo. No obstante, hay mucho problema doméstico que se aliviaría marcadamente por el acceso a una estructura de mayor escala. Problemas que hoy en día son vistos como de Estado dejarían de serlo, para pasar a ser meros problemas de gobierno; esto es, problemas, principalmente, de servicio público.
Con todas las reservas del caso, con toda la prudencia terapéutica del mundo, creo que para los venezolanos tendría sentido integrarse políticamente en una nueva nación y un nuevo mercado coextensivo de 125 millones de habitantes y, a través de ella, en el gran mercado y Comunidad Sudamericana de Naciones de más de 360 millones de almas. Es un negocio difícil, no cabe duda, pero un buen negocio.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 30, 2005 | LEA, Política |
Si la agenda declarada del gobierno de George W. Bush es la de combatir y derrotar el terrorismo en todo el territorio planetario ¿qué va a hacer ante Irán, ahora con nuevo gobernante, si el Asesor Nacional de Seguridad del presidente norteamericano (Stephen J. Hadley) acaba de declarar que «Irán es el patrocinante número uno del terror»?
David E. Sanger es el autor de un análisis publicado en The New York Times el pasado domingo 26 de los corrientes, en el que comienza por destacar que la administración Bush había declarado que las elecciones iraníes serían adulteradas y que, sin importar los resultados, Irán sería verdaderamente gobernado por hombres que diseminan el terror por el mundo. ¿Estamos ante un inminente ataque de los Estados Unidos sobre Irán? ¿Pueden hacer eso los Estados Unidos cuando las más recientes encuestas revelan que por primera vez una mayoría de los ciudadanos norteamericanos considera que la invasión de Irak fue un error? ¿Pueden hacer eso los Estados Unidos cuando Donald Rumsfeld, forzado por declaraciones del comandante militar en Irak, anticipa ahora hasta una docena de años para liquidar la insurgencia en ese país?
Mahmoud Ahmadinejad, un radical populista, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones iraníes para la presidencia de la nación. Desde las propias urnas Ahmadinejad declaraba el viernes pasado: «La energía nuclear es un resultado del desarrollo científico del pueblo de Irak, y nadie puede bloquear el desarrollo científico de una nación… Este derecho del pueblo iraní será pronto reconocido por aquellos que lo han negado hasta ahora».
No son, pues, buenas noticias para el gobierno estadounidense los resultados electorales en Irak. Pero esto no es el único lío. Ahora se suma a las voces de alerta sobre el desempeño económico de Bush el propio Contralor General de los Estados Unidos, David Walker, quien ha advertido: «Creo que la mayor amenaza a nuestro futuro es nuestra irresponsabilidad fiscal». (Walker es un centrista que comenzó siendo un demócrata conservador para convertirse luego en un republicano moderado y después asumir su actual posición independiente. No puede atribuírsele un particular interés en contra de Bush).
La magnitud del problema fiscal norteamericano vuelve a adquirir las gigantescas proporciones de la época de Reagan, y cualitativamente amenaza igualmente con convertirse en un problema mayor. En la actualidad, las tres cuartas partes de la deuda norteamericana han sido adquiridas por extranjeros, entre los que nadie menos que China destaca como el mayor comprador. Y ahora cada recién nacido en los Estados Unidos recibe una carga instantánea de 150 mil dólares por concepto de la deuda federal de su país.
¿Puede Bush imaginarse pidiendo en tal situación un presupuesto adicional para enfrentarse a Irán o a Venezuela en términos militares? La antigua Unión Soviética se retiró del juego de destrucción mutua asegurada que caracterizó a la Guerra Fría cuando no pudo mantener financieramente las apuestas que exigía la «Guerra de las Galaxias» de Reagan. ¿Están los Estados Unidos a punto de agotar sus presupuestos guerreros?
Por aquí debe andar alguien riendo para sus adentros y celebrando con dulce de lechosa.
LEA
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