por Luis Enrique Alcalá | Abr 21, 2005 | Cartas, Política |
El miércoles 13 de abril, César Miguel Rondón entrevistaba al Ministro de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Istúriz, dentro del nuevo patrón del programa 30 minutos, que ahora concede un espacio antes desusado a funcionarios y partidarios del gobierno de Hugo Chávez Frías. La entrevista era, por supuesto, muy oportuna. Hay revuelo en el mundo educativo y civil, donde se ha suscitado una importante discusión—y bastante rechazo—a las nuevas iniciativas gubernamentales, ejemplificadas por el decreto 3.444.
La participación de Istúriz fue no poco agresiva—logró sobrepujar a Rondón y tomar más tiempo del que normalmente se concede a los invitados—pero también fue evasiva. Más de una pregunta del entrevistador era desatendida y desviada por el entrevistado. Una en particular debió contestar: Rondón preguntó qué pasaría con la autonomía universitaria y la libertad de cátedra si algún profesor se conducía como opositor al régimen. A lo que Istúriz respondió que no habría ningún problema si algún profesor no «estaba alineado» con Chávez, pero que la educación «tenía que estar alineada con el proyecto de país», y que este proyecto estaba contenido en la Constitución o era la Constitución misma. Y Rondón dejó pasar sin objeción, tal vez acosado por el inmisericorde tiempo televisivo, semejante declaración.
El dislate de Istúriz da para más de un comentario. Para empezar, su proposición se inscribe en la mitología de los proyectos de países, lamentablemente muy extendida. Allá en la década de los noventa, por ejemplo, Elías Santana, el incansable dirigente vecinal y cívico, buscaba organizar el movimiento «Venezuela 20-20». En principio quería visualizar, sobre el año 2020, la clase de país que sería Venezuela tras la aplicación de un «proyecto-país». (En realidad la designación 20-20 aludía no sólo al año, sino por vía metafórica a una vista o «visión» 20-20, la fórmula abreviada con la que se designa a una vista perfecta. El uso de la metáfora no era, por otra parte, demasiado original. Ya entonces existía para la Península Malaya, uno de los «milagros» económicos del Lejano Oriente, el plan «Malasia 20-20», exactamente con la misma intención simbólica de Santana). La convocatoria original de Santana afirmaba de una vez que el «proyecto de país» debía cristalizar en una nueva constitución.
Análoga pretensión prosperó durante los meses terminales de la Coordinadora Democrática. Todos recordamos la elaboración del tristemente célebre «consenso-país», iniciativa que consumió innumerables reuniones de elaboración coordinadas por Diego Bautista Urbaneja, y que a la postre fue incapaz de contrarrestar la oferta bastante más concreta de las «misiones» chavistas, de mucho mayor pegada en el lapso de campaña del referendo revocatorio presidencial. En su momento—20 de noviembre de 2003—esta carta advirtió sobre la inanidad del esfuerzo (#63, «Consenso bobo»): «Los documentos del ‘consenso-país’—que incurre desde su propio nombre en la usurpación, pues ‘el país’ no lo ha elaborado, como tampoco la Nación elaboró nuestros vetustos y ya olvidados planes ‘de la Nación’—indican una clase particular de proposiciones en su contenido: la de las ‘seudoproposiciones’. Son afirmaciones tan generales como las de que hay que ‘reactivar la economía’, ‘combatir la pobreza’ o ‘eliminar el desempleo’.»
Los países tienen la mala costumbre de construirse a sí mismos, sin requerir un «proyecto» intencional y explícito. Nunca ha existido un proyecto para los Estados Unidos, por ejemplo. Aun en los países de economía de planificación central, como lo fuera la Unión Soviética, lo que a lo sumo pueden hacer los gobiernos más totalitarios que el mundo haya conocido es imponer una camisa de fuerza a la actividad económica, la que tarde o temprano revienta por efecto de las realidades que termina por imponer la vida social. Claro que a la pretensión de que a los países se les puede asemejar a proyectos arquitectónicos o corporativos les es muy útil la condición autoritaria. La dictadura malaya, por ejemplo.
Está claro que los Estados pueden poner en práctica políticas deliberadas en casi cada área de su competencia o de su intromisión. Pueden establecer políticas económicas, territoriales, anti o pro terroristas, o políticas de educación, como en el caso que ocupa a Aristóbulo Istúriz. Pero aun las políticas más extensas nunca llegan a cubrir o dominar toda la actividad social, que escapa a la soberbia de los planificadores centrales, quienes pretenden conocer mejor que cualquier ciudadano lo que conviene a su existencia, al punto de que se presentan como capaces de imponer un curso colectivo con varias décadas de penetración temporal.
Sin embargo, estas cosas no son del territorio constitucional. No pertenecen a, no tienen cabida en, el texto de una constitución. Es, por consiguiente, una falacia pretender que las constituciones son «proyectos de país». Las constituciones son, típicamente, la conjunción de una especificación arquitectónica y funcional de un Estado y de un estatuto de deberes y derechos ciudadanos. Tal cosa no es, en absoluto, un proyecto. No es un «modelo de desarrollo». A lo sumo es el diseño del cuerpo político de una nación, de su Estado; nunca prescribirán las trayectorias y etapas de una sociedad entera, que se mueve y vive y se desarrolla por sí misma, muchas veces a pesar de su constitución.
Pero no son estas cuestiones las más graves de las implicadas en el dogma de Istúriz, sino su aseveración de que la educación «debe estar alineada» con nuestro «proyecto de país». La educación, maestro Istúriz, con lo único que tiene que estar alineada es con la verdad.
Porque lo que está diciendo usted, según la falaz terminología gubernamental que considera sinónimas las expresiones «proyecto país», «constitución» y «revolución», es que nuestra educación tendría que ser compatible con la «revolución bolivariana». De aquí no hay sino un paso a la próxima aseveración: que la educación venezolana debiera «estar alineada» con un tal «socialismo del siglo XXI» que, como sabemos por expresas declaraciones de su jefe, ni siquiera ha sido inventado todavía.
No necesitamos, por tanto, que su despacho o el del Ministerio de Educación Superior vengan a alinear nada. La esencia de la definición de las universidades, por caso, es que son comunidades de profesores y estudiantes en busca de la verdad. Ésa es la actividad que les es consustancial, y tal cosa no puede ser alineada, menos todavía alienada a comisarios que reivindiquen ser los depositarios de la verdad revolucionaria.
Mucho antes de que los diversos socios de Hugo Chávez llegaran a ejercer su insolente y pretenciosa dominación, ya la educación venezolana adolecía de un exceso de intromisión estatal en el acto educativo. Salvo el ámbito universitario, que a partir de 1958 comenzó a gozar de autonomía—como contexto imprescindible a la libertad de cátedra—todo el resto del sistema educativo estaba prescrito en los programas aprobados burocrática y centralistamente por el Ministerio de Educación. Hace tiempo ya que necesitamos en nuestro sistema educativo lo contrario de lo que propugna el ministro Istúriz: la libertad.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 21, 2005 | LEA, Política |
Los recientes editoriales del vespertino Tal Cual han hecho su efecto. Dedicados a la documentación de casos de retaliación patronal—de patrono público—contra ciudadanos que hubiesen solicitado el referendo revocatorio contra Chávez, insistieron en la iniquidad de la famosa lista «de Tascón», hasta provocar una rectificación del jefe de la revolución «bolivariana». El viernes 15 de los corrientes capituló Chávez, instruyendo a alcaldes y gobernadores oficialistas a enterrar la lista que, según él, Luis Tascón había elaborado «sin mala intención». Según el líder del gobierno nacional «la famosa lista seguramente cumplió un papel importante en un momento determinado, pero eso pasó». Es decir, como ahora no estamos en momento revocatorio debe prescindirse del acoso y la retaliación. Esto, no obstante, deja abierta la opción de emplearla, por ejemplo, para las elecciones de 2006.
El modo como el presidente Chávez manejó el asunto es toda una confesión voluntaria de atentado contra los derechos humanos de conciudadanos suyos. ¿Qué hará a este respecto, sobre esta notitia criminis, el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez? Si, como cacarea periódicamente, fuese verdaderamente un celoso guardián de la constitucionalidad, lo que le sale es solicitar un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia, entre cuyas atribuciones expresas se encuentra (Numeral segundo del Artículo 266 de la Constitución): «Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva». Y el siguiente paso debiera ser la falta absoluta del Presidente pues, como reza el Artículo 233, una de sus causales es «la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia».
Entonces, dejando tranquilo al ciudadano «Defensor» del Pueblo, que como de costumbre se ha hecho de la vista gorda ante tan grosera vulneración de derechos ciudadanos fundamentales, José Vicente Rangel, que hasta los momentos sería el heredero de un presidente destituido, pudiera ofrecer grandes cosas a Isaías Rodríguez, pues con el vídeo de Venezolana de Televisión tienen el mandado hecho.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Abr 19, 2005 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Fernando Mires es un sociólogo y politólogo chileno (1943) que ha escrito una buena cantidad de libros. (Amén de numerosos artículos y ensayos). Entre sus obras puede contarse a La rebelión permanente: Las revoluciones sociales en América Latina, El discurso de la indianidad: la cuestión indígena en América Latina y El Orden del Caos: ¿Existe el Tercer Mundo?, del que ha sido tomado el texto que compone esta Ficha Semanal #42 de doctorpolítico. A la publicación de este último libro—editado en Caracas por Nueva Sociedad en 1995—Mires se desempeñaba como profesor de Política Internacional en la Universidad de Oldenburg, en Alemania.
El texto escogido corresponde a la sección ¿Crisis política o crisis de la política?, del capítulo final: Por una reformulación de la política. Al comienzo del libro Mires introduce el término «desrevolución», para referirse al proceso iniciado por Mikhaíl Gorbachov en el seno de la sociedad soviética, que terminara dando al traste con el más prolongado de los experimentos comunistas. El fin de la bipolaridad es uno de sus focos de atención preferente. Otro de sus intereses es el da la emergencia de nuevas formas de articulación social. Así escribe, por ejemplo, en trabajo titulado Comunicación: entre la globalización y la glocalización (1999): «Las ONG y la formidable expansión que experimentan en el último decenio serían, en tal contexto, organizaciones reactivadas por el retiro del Estado, pero, a la vez, formas nuevas de autoconducción social que hacen innecesaria, en muchos casos, la permanente presencia del Estado; es decir, serían signos que marcan nuevos avances en el largo proceso que lleva a la formación de ciudadanos autónomos y soberanos, y que substituyen relaciones de vasallaje respecto al Estado que bajo formas disfrazadas (corporativistas, socialistas, populistas) prevalecen en nuestro tiempo».
Mires certificaba en 1995 la presencia de una nueva política despojada de historia y de utopía. Pero los venezolanos sabemos que tal certificación fue apresurada. La dominación actual se justifica en nuestro país, justamente, por una utopía «bolivariana» y una peculiar interpretación de la historia, desde la cual toma vigencia lo que pudiera llamarse una «Segunda Guerra Fría», luego del deceso del esquema bipolar ruso-norteamericano. La prédica «multipolar» del gobierno venezolano es, en realidad, una nueva versión de bipolaridad, que no encuentra expresión sustantiva (el «socialismo del siglo XXI» está por inventarse) en otra cosa que no sea la crítica de los Estados Unidos.
LEA
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Crisis de la política
Reformular la política no es un imperativo moral, es una necesidad de readecuación práctica. Después de la bipolaridad, la tensión entre las palabras y las cosas es cada vez más grande, de modo que no sólo la política, sino también muchas prácticas societarias experimentan dislocaciones entre sus significantes y sus significados. Pero la política es representación de ideas e intereses colectivos, y ahí se observa, de una manera más visible y concentrada, esa dislocación epistemológica. Por lo tanto, pese a que en muchos países se piensa que se vive una crisis política, aquí se plantea que se trata de un hecho mucho más decisivo: de una crisis de la política. La crisis de la política se expresa, naturalmente, en muchas crisis políticas, las que por lo general asumen la forma de crisis de representación, esto es, cuando las representaciones políticas tradicionales no encajan ni con los intereses ni con los ideales de los representados. La crisis de la política sólo en parte es resultado del fin de la bipolaridad. En cierto modo puede decirse que lo antecede; más aún, el fin de la bipolaridad también podría entenderse como resultado de la crisis de la política. Esta crisis tiene que ver, además, con dos procesos que se complementan entre sí. Por una parte, el deterioro de la llamada «sociedad del trabajo». Por otra, nuevos movimientos sociales que, de un modo emancipador, o de un modo regresivo, cursan por canales diferentes a los de la política tradicional. En ese contexto, el fin de la polaridad ha hecho más visible lo que antes se percibía sólo como tendencia.
Causa o consecuencia, el fin de la bipolaridad ha desvalorizado muchos de los términos con que era conjugada la política. Como ha sido expuesto, en los marcos de la guerra fría fue posible que el «secreto de Estado» se convirtiera en monopolio de expertos y políticos, escapando a la participación ciudadana. De este modo, independiente de los ritos democráticos, fue imposible evitar que en diferentes países los políticos se autonomizaran relativamente como «clase de Estado». Por supuesto, el grado más extremo fue el de las nomenklaturas comunistas, pero algo de «nomenklaturización» es observable también en Occidente, donde muchos de los partidos democráticos son muy poco democráticos en su interior. La autonomización de lo político respecto a la actividad ciudadana hizo posible que entre los miembros de la «clase política» se establecieran pactos implícitos y solidaridades que traspasaban las interpartidarias. Estas se daban por medio de «poderes de facto como logias, clubes, iglesias y mafias.
Que precisamente «después del comunismo» casi en todos los países occidentales sean descubiertos casos de corrupción entre políticos, dista de ser una casualidad. Pero no se trata de que los políticos sean mejor o peor que antes. Son, por lo común, los mismos. Lo que sucede es que muchas de las actividades de los políticos que en el pasado eran toleradas, después del bipolarismo aparecen como «escándalos», hasta el punto de que en países como Italia o Brasil la propia actividad política amenaza con convertirse en escándalo. La explicación es sencilla: en los tiempos de la bipolaridad, muchos escándalos podían conducir a la inestabilidad política, factor muy temido en la arena internacional. Los diferentes gobiernos de la guerra fría necesitaban dar una imagen de solidez hacia el exterior. Después de la bipolaridad, la obligación geopolítica de la estabilidad se ha convertido en superflua, de modo que, por una parte, las lealtades extra e interpartidarias se han vuelto más relajadas y, por otra, ha sido posible el surgimiento de una prensa especializada en «escandalogía política». Detrás del factor escándalo se encuentra, empero, una opinión pública que capta que ha llegado la hora de desmonopolizar el poder político, o lo que es igual, hacer que el político vuelva al lugar que no debió haber abandonado nunca: el de mediador. El escándalo revelado es uno de los medios de que se sirve esta opinión para reducir el inusitado poder alcanzado por la «clase política».
De la misma manera, la política ha perdido el carácter patético que llegó a alcanzar durante la «pax atómica» cuando cualquier gesto o palabra falsos podían llevar a desequilibrios que amenazaban la paz mundial. El estadista de las potencias grandes y medianas, aparecía así, frente a la opinión pública, como un superhombre, en quien habían sido delegadas atribuciones parea evitar el holocausto de la humanidad. En los tiempos de la guerra fría, la política como tal estaba asociada a la idea de la guerra. Invirtiendo a Clausewitz, era la continuación de la guerra por otros medios. Y el político era el guerrero de la guerra fría. Basta recordar la tensión con que eran esperados los resultados de las conversaciones que mantenían los políticos en «la cumbre». Hoy hasta el término «cumbre» ha perdido su patetismo. Los políticos pueden reunirse en las cumbres que quieran, y a nadie le importa demasiado.
Pero no sólo con la guerra estaba asociada la política. También, y quizás por eso mismo, estaba asociada con la historia. En los tiempos utópicos de la guerra fría, el futuro estaba decidido por las correspondientes utopías y la política era un simple medio para el cumplimiento de la historia. Hacer política era hacer historia. Para las izquierdas, tanto socialdemócratas como «revolucionarias», se trataba de obtener el poder como «un medio» para obtener un objetivo final. En EEUU, desde los tiempos de Wilson, todos los presidentes inauguraban sus gobiernos con un mensaje de «nuevo orden». Hoy, en cambio, el poder ha ido despojado de su telos. Y un poder no teleológico, es poder puro o puro poder; es un fin en sí mismo. Por lo mismo, el político ya no se siente apoyado por «la historia». Tiene que apoyarse en sí mismo, en su capacidad de convicción, o en su inteligencia, o por último, en su «imagen», cualidades que evidentemente no todos poseen. Pero esos mismos políticos enseñaron a su público a votar por ellos como portadores de una misión histórica. Y ahora, ese público no puede perdonar la ausencia de historicidad en la política. Entre las muchas críticas a la política, algunas correctas, se esconden otras que añoran la imagen del líder mesiánico, quien por medio de la catarsis provocada por su Palabra, conducía a las tierras subyugantes de la Utopía. Muchos no se conforman con la idea de que la política no es todo ni todo es política. En los tiempos utópicos, millones de seres humanos creyeron que en la política podía ser encontrada la felicidad que no podían obtener en sus vidas. No pueden conformarse con la idea de que la política no es el lugar de la felicidad sino del compromiso, y que del compromiso (donde para recibir hay que saber conceder) es imposible esperar la felicidad. La felicidad tendrán que encontrarla, desde ahora, en los lugares a los cuales pertenece: en el arte, en el orgasmo, en el amor y en la amistad, o simplemente, en el inmensurable placer de vivir. Pero nunca más en la política.
Fernando Mires
por Luis Enrique Alcalá | Abr 14, 2005 | Cartas, Política |
La definición académica de «política», en su primera acepción, indica que se refiere al «Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados». En cuanto a «gobierno», leemos en el diccionario: «Acción y efecto de gobernar o gobernarse. Orden de regir y gobernar una nación, provincia, plaza, etc.» Finalmente, «gobernar» es «Mandar con autoridad o regir una cosa».
Pero significa también «política» para la Real Academia de la Lengua, primeramente, «Actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos» y asimismo «Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o de otro modo». Significados de menor importancia son también evocados por la palabra «política», tales como «Cortesía y buen modo de portarse» y también «Por extensión, arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado» Es el último significado reportado: «Orientaciones y directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Política agraria».
Que decida comentar acá las definiciones de la Real Academia, y no las que ofrecería la ciencia política, obedece a varias razones. La primera es que la Academia de la Lengua nos ofrece, con cada palabra, el edificio semántico de ese vocablo: los distintos pisos y planos de significado que la palabra contiene. La Real Academia registra como una fotografía, para el momento de confección de sus diccionarios, los distintos significados de una voz castellana y el orden de importancia o extensión en el uso de cada uno. Por ejemplo, el DRAE sugiere, cuando anota bajo el término «política» la actividad de los regidores o aspirantes a regidor antes que la actividad del ciudadano, que en la psiquis colectiva de habla castellana este orden existe: primero están los gobernadores y luego los gobernados. Y así es como comúnmente son las cosas. Por ahora.
La segunda razón para comentar definiciones del DRAE y no las que pudieran sugerir David Easton o Joseph La Palombara, es que nuestros «políticos»—»Dícese de quien interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado»—entienden su actividad más como la Real Academia la registra que como la formulan los politólogos. No deben ser muchos los políticos venezolanos que antes de tomar una decisión se ubiquen, en acto especialmente consciente, sobre el plano de las llamadas ciencias políticas.
Así que sabemos que en el habla común, a la que la Real Academia convierte en lengua de manera gramaticalmente consistente, «política» se refiere al «Arte, doctrina u opinión referente a mandar con autoridad o regir los Estados». Eso es la cosa. Mandar. Al Estado. («Cuerpo político de una nación. Cuando se refiere al organismo político superior, se escribe con mayúscula»).
Como puede verse, Estado no es lo mismo que nación; es sólo su cuerpo político. Por tanto, la política no es el arte de mandar con autoridad sobre una nación, y cualquiera que lo entendiera así estaría fundamentalmente equivocado. Sabemos también que hay quienes lo entienden así. Por ejemplo, el actual Presidente de la República, que durante la campaña del referendo revocatorio desechó ocuparse con preocupaciones de la oposición porque él estaba «ocupado gobernando el país». Pero también algunos, al menos, entre sus opositores. En la campaña electoral de 1998 Henrique Salas Roemer declaraba que el siguiente ciclo constitucional exigiría mucho a quienes pretendieran «gobernar sobre un país».
Dentro de los problemas generales de gobierno que han ocupado más espacio durante los últimos veinte años está, de hecho, el de la «gobernabilidad». Esto es, en el fondo, una queja acerca de la posibilidad de los gobiernos para lograr acatamiento de los gobernados. O sea, de nuevo la idea de que gobernar es mandar, y ya no sobre el cuerpo político de la nación, sino sobre sus ciudadanos. Uno pudiera decir, entonces, que gobernar así es interferir con la libertad de los ciudadanos. Los ciudadanos, el pueblo, serían un conjunto grande de tendencia díscola, a quienes hay que meter en cintura, mediante el empleo de la autoridad. La función de los gobernantes sería la de «poner orden», y a veces habría que imponer desde esta perspectiva, y sobre pueblos de baja «gobernabilidad», la consabida «mano dura».
Contrastemos estas nociones con las que ofrece la profesión de la Medicina Política. Ésta se define como el arte u oficio de resolver problemas de carácter público, y por tanto como el arte de identificar y aplicar tratamientos a tales problemas. Es decir, el campo de la Medicina Política está más cerca, no de la primera, sino de la última de las acepciones registradas por el DRAE para la voz «política»: se preocupa más por las «políticas», entendidas como tales soluciones a los problemas públicos. Política agraria, por ejemplo, o política educativa, o económica, o habitacional, etcétera.
Para la Medicina Política, quien gobierna un Estado no puede justificar su legitimidad sobre otra cosa distinta de su capacidad y práctica para resolver problemas públicos, para gestionar asuntos públicos y resolverlos satisfactoriamente. Es decir, la Medicina Política no es, como sí lo es la Política, un arte de dominación.
En segundo término, quien practica la Medicina Política es demócrata por definición. El mejor y más estudiado de los médicos sabe que el cuerpo humano es mejor y más poderoso médico que él. Del mismo modo el médico político parte de un profundo respeto por la inteligencia colectiva del pueblo sobre el que actúa, y por eso no pretende que el Estado es, como se le entendía (y aún hoy de modo disimulado), «país o dominio de un príncipe o señor de vasallos».
En percepción que el suscrito sostenía hace unos veinte años y un poco más, la política debía sustituir su paradigma de dominación por uno de solución. Creía que la política de poder debía ser sustituida por una política clínica, centrada sobre la salud de la nación antes que sobre el poder del mandatario. Ahora creo que podemos dejar a los políticos su campo específico; su protocolo general de dominarnos, sojuzgarnos—a veces, como ahora, de manera recrecida y excesiva—y su lucha cotidiana por hacerse con el poder e impedir que el adversario lo adquiera. (Letra pequeña, usualmente disimulada y ahora descaradamente voceada: «por todos los medios al alcance»).
Así escribía, en junio de 1986:
«Un paciente se encuentra sobre la cama. No parece padecer una indisposición común y leve. Demasiados signos del malestar, demasiada intensidad y duración de las dolencias indican a las claras que se trata de una enfermedad que se halla en fase crítica. Por esto es preciso acordar con prontitud un tratamiento. No es que el enfermo se recuperará por sus propias fuerzas y a corto plazo. Tampoco puede decirse que las recetas habituales funcionarán esta vez. El cuerpo del paciente lucha y busca adaptarse, y su reacción, la que muchas veces sigue cauces nuevos, revela que debe buscarse tratamientos distintos a los conocidos. Debe inventarse un nuevo tratamiento. La junta médica que pueda opinar debe hacerlo pronto, y debe también descartar, responsable y claramente, las proposiciones terapéuticas que no conduzcan a nada, las que no sean más que pseudotratamientos, las que sean insuficientes, las que agravarían el cuadro clínico, de por sí extraordinariamente complicado, sobrecargado, grave. Así, se vuelve asunto de la primera importancia establecer las reglas que determinarán la escogencia del tratamiento a aplicar. Fuera de consideración deben quedar aquellas reglas propuestas por algunos pretendidos médicos, que quieren hacer prevalecer sus tratamientos porque son los que más gritan, o los que hayan tenido éxito en descalificar a algún colega, o los que sostengan que a ese paciente ‘lo vieron primero’. La situación no permite tolerar tal irresponsabilidad. No se califica un médico porque haya logrado descalificar a otro. No se convierten en eficaces sus tratamientos porque los vociferen, como no es garantía de eficacia el que algunos sean los más antiguos médicos de la familia. El paciente requiere el mejor tratamiento que sea posible combinar, así que lo indicado es contrastar los tratamientos que se propongan. Debe compararse lo que realmente curan y lo que realmente dañan, pues todo tratamiento tiene un costo. Es así como debe seleccionarse la terapéutica. Será preferible, por ejemplo, un tratamiento que incida sobre una causa patológica a uno que tan sólo modere un síntoma; será preferible un tratamiento que resuelva la crisis por mayor tiempo a uno que se limite a producir una mejora transitoria. Y por esto es importante la comparación rigurosa e implacable de los tratamientos que se proponen. Solamente así daremos al paciente su mejor oportunidad. Esta prescripción, este modo de seleccionar la terapéutica, con la que seguramente estaríamos de acuerdo si un familiar nuestro estuviese gravemente enfermo, debiera ser la misma que aplicásemos a los problemas de nuestra sociedad. Venezuela es el paciente. Es obvio que sus males no son pequeños. Ya casi se ha borrado de la memoria aquella época en la que nuestros medios de comunicación difundían una mayoría de buenas noticias, cuando en la psiquis nacional predominaba el optimismo y la sensación de progreso. La política se hace entonces exigible como un acto médico. En las condiciones actuales, en las que el sufrimiento es intenso y creciente, ya no basta que los tratamientos políticos sean lo que han venido siendo».
Lo que entonces estaba describiendo era una metamorfosis de la Política. Ya no es necesaria. Ahora basta actuar como un médico político, que sí se rige por las prescripciones enumeradas en el texto precedente.
El médico político tiene que vencer la resistencia de los políticos, y hasta la de los mismos ciudadanos, que se han acostumbrado a ciertas conductas como pertenecientes de modo natural a los políticos. Por esto les cuesta admitir que se requieren otras conductas y otros actores. En principio un médico político debiera conducirse con arreglo a lo que la Real Academia registra como política: «Cortesía y buen modo de portarse». Pero a veces la «urbanidad» política no es posible, menos aun cuando ha sido sustituida por una cultura de procacidad. En este caso los médicos políticos sufren la incomprensión porque se atreven a cantar verdades o señalar cosas «inconvenientes». Pero un aforismo de Yehezkel Dror opone: «Si quieres ser eficaz tus valores deberán ser transparentes; si lo que quieres es consenso será mejor que sean opacos». Y en esta disyuntiva los médicos políticos optan por la transparencia, pues no pueden darse el lujo de la ineficacia.
Por lo demás, Manuel Antonio Carreño, que en su Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres proscribía que los caballos penetrasen a las casas—acto del todo incivil y grosero—hacía la salvedad de que los médicos, en caso de emergencia, podían llevar sus caballerías hasta el comedor. Los médicos políticos son médicos… y estamos ante un caso de emergencia.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Abr 14, 2005 | Sin categoría |
El circo local. Con las encuestas registrando alto nivel de aceptación (febrero 2005, 69% de apoyo a Chávez, 78% al gobierno), se rescribe la historia y el general Lucas Rincón es exonerado por el Fiscal General por razones de ineptitud situacional cuando anunció la renuncia presidencial el 12 de abril de 2002, en frase tanto histórica como ambigua: «Se le solicitó al Presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó». (¿La renuncia? ¿La solicitud?) «La propaganda del vencedor es la historia del vencido».
En otra de las pistas del circo se dicta condena de seis meses de prisión contra Patricia Poleo, por difamación de Jesse Chacón respecto de su actuación en la toma sangrienta de Venezolana de Televisión el 27 de noviembre de 1992. El remedio pudiera ser peor que la enfermedad, porque ahora la periodista anuncia que al concluir la causa (que apelará) ya puede dar a conocer públicamente detalles no conocidos sobre aquella aventura, pues las actas procesales quedarían liberadas del secreto sumarial.
Pero en la pista principal se escenifica la juramentación, en Fuerte Tiuna, de la polémica reserva militar, a la que se duplicará el emolumento por jornada diaria. (Dieciséis mil bolívares para cada reservista, para un total de 1 millón 600 mil bolívares por día. No suena como mucho, mientras no se computen los costos de los AK-47 y otras erogaciones asociadas).
La voz del dueño del circo no deja lugar a equívocos. Al destacar que cada componente de la Fuerza Armada contaba con sus propios cuerpos de reserva, explicó por qué habían sido creados en primer lugar: «El golpe fascista, imperialista de abril, motivó a la Fuerza Armada… Todo el alto mando militar y los comandantes de los componentes se pusieron a trabajar para darle vida y forma». Esto es, las reservas tendrían entre sus funciones específicas las de combatir golpes de Estado. A continuación declaró que tales cuerpos separados formarían ahora uno solo, bajo el mando directo del Comandante de la FAN, es decir, él mismo. Si llegare a necesitar de nuevo la aplicación de un Plan Ávila podría ordenarlo directamente.
Y además, cuando pedía toda colaboración hacia su segundo al mando, el general Julio Quintero Viloria, dijo que le había encomendado «la misión más difícil, compleja y de mayor trascendencia que general o almirante alguno haya recibido en 50 años de historia venezolana». O sea, capiti diminutio clarísima para la fuerza armada institucional. O sea, García Carneiro, tú presides sobre una organización cuya misión es de importancia secundaria.
¿Hay señales de inconformidad con esta disminución de los militares de carrera? Por los momentos el general Baduel, obsecuente, declara que la seguridad y defensa nacionales no son coto cerrado de los militares. Y para conectar la pista principal del circo con la primera reseñada, García Carneiro evade airado a los periodistas que preguntaban por la actuación de Lucas Rincón en la madrugada del 12 de abril con la salida de que se le ataca (a García Carneiro) con una «campaña mediática», olvidando que el tema ha sido puesto en el tapete, no por los comunicadores, sino por Isaías Rodríguez.
LEA
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