por Luis Enrique Alcalá | Feb 21, 2006 | Fichas, Política |
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El 24 de diciembre de 1952 fue emitido un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Democrática, que era entonces un partido proscrito e impedido de acción legal por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Impreso clandestinamente, como muchos documentos políticos de la época, no podía alcanzar las páginas de los periódicos y debió ser repartido, con grave riesgo para los distribuidores, de forma igualmente clandestina. Este largo texto, firmado por Alberto Carnevali en su carácter de Secretario General, es reproducido íntegramente en esta Ficha Semanal #86 de doctorpolítico.
El título del comunicado rezaba: «A la rebelión civil llama Acción Democrática». No existía en el texto de la constitución vigente—la del 5 de julio de 1947—un artículo equivalente al 350 de la actual, ni tampoco lo habría en la siguiente, aprobada por una asamblea constituyente controlada totalmente por el perezjimenizmo el 11 de abril de 1953. Sería la misma asamblea que en este último año elegiría—según lo previsto en la segunda disposición transitoria de la constitución hecha a la medida del tirano—a Marcos Pérez Jiménez como Presidente de la República, en acto que clausuraba la vigencia de la junta militar.
La redacción del documento no puede ocultar la exageración retórica, característica de la época y de un barroco estilo acciondemocratista, del que su mayor cultor fue el propio Rómulo Betancourt—«obsoleta y periclitada»—y que hasta años relativamente recientes era la marca de fábrica del churrigueresco discurso de David Morales Bello. Pérez Jiménez no tuvo escrúpulos ante el asesinato político, ciertamente, pero es más cercano a la verdad afirmar que sufría una recrecida ansia de poder, y no como dice Carnevali, quien aseguraba que el dictador tenía una «insaciable sed de sangre».
Pero es interesante constatar cómo es que aun ante un régimen tan evidentemente autocrático como el presidido por Pérez Jiménez, el CEN de AD consideraba importantísima la participación ciudadana en los actos electorales (específicamente el de 30 de noviembre de 1952), y más bien echaba en falta la imposibilidad de que Acción Democrática lo hiciera en virtud de su proscripción. («No obstante que a nuestro Partido no se le permitió presentar candidatos… el pueblo resolvió el grave dilema en que se le colocó, votando contra la tiranía del Coronel Pérez Jiménez. Todos los partidos políticos, todos los sectores sociales, todos los hombres y mujeres sin partido, los miembros de la nación entera barrieron en esa contienda las inmorales insignias del FEI, el maltrecho aparato electoral que la dictadura había fabricado con los ilícitos recursos de la coacción vejatoria, el soborno y la corrupción política»).
Rómulo Betancourt se había opuesto a ir a votar, considerando que no se sufragaba por Acción Democrática sino por Unión Republicana Democrática, el partido de Jóvito Villalba. Al final, sin embargo, prevaleció el criterio de Carnevali, y así declaró Betancourt: «Nuestra gente, a última hora, votó… Estuve de acuerdo con ese viraje, adoptado en vísperas mismas de los comicios…» Es decir, un tardío viraje exactamente opuesto al anunciado por Henry Ramos Allup a pocos días del 4 de diciembre pasado. Eran, por supuesto, circunstancias distintas a las de ahora, así como Carnevali, quien después sería una de las víctimas emblemáticas de la dictadura, era persona muy distinta a la de Ramos Allup.
LEA
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Récipe antiguo
La amañada consulta electoral del 30 de noviembre se tradujo en una rotunda condenación plebiscitaria de la tiranía del Coronel Pérez Jiménez. No obstante que a nuestro Partido no se le permitió presentar candidatos, excluyéndose así arbitrariamente a la organización política que en tres ejemplares elecciones anteriores había demostrado que representaba legítimamente a la mayoría popular venezolana; no obstante la exclusión de algunas fuerzas minoritarias; a pesar de las dificultades interpuestas por la violencia policial contra los partidos legales de oposición que participaron en la batalla comicial; y pese a que el gobierno pensó utilizar la institución del voto obligatorio como un recurso general de coacción contra los electores, el pueblo resolvió el grave dilema en que se le colocó, votando contra la tiranía del Coronel Pérez Jiménez. Todos los partidos políticos, todos los sectores sociales, todos los hombres y mujeres sin partido, los miembros de la nación entera barrieron en esa contienda las inmorales insignias del FEI, el maltrecho aparato electoral que la dictadura había fabricado con los ilícitos recursos de la coacción vejatoria, el soborno y la corrupción política.
Esos votos consignados por el pueblo el 30 de noviembre no buscaron el triunfo exclusivista de ninguna organización política en particular, sino el de todas las fuerzas políticas con raíces verdaderas en la entraña popular. Buscaron la recuperación de la soberanía nacional y la reconquista de la libertad para todos los venezolanos. Buscaron la paz y la armonía de la nación, criminalmente rotas por el absolutismo. Esos votos condenaron severamente el salvaje predominio despótico de la camarilla militar del Coronel Pérez Jiménez. Hablaron el justiciero lenguaje de la protesta contra el terror colectivo, en favor de los miles de víctimas impotentes del mortal campo de concentración de Guasina, de las torturas físicas y morales, de la prisión y del exilio, del desempleo, de la arbitraria cesantía impuesta en el trabajo por la discriminación política, y del ultraje soez de las bandas policiales que a diario atropellan los hogares y vejan a las familias en todos los rincones del país. En esas urnas electorales fue consignada la enardecida indignación general por el asesinato a sangre fría de nuestro inolvidable dirigente Dr. Leonardo Ruiz Pineda y de otros abnegados combatientes de la resistencia popular. A esas urnas fue, en resumen, la limpia voz condenatoria de toda la nación, que repudia en todos los tonos a la minúscula y engreída camarilla de jefes militares ambiciosos, empecinados en continuar escarneciendo a la soberanía popular y envileciendo a la República.
Pero la enfermiza obsesión de mando del Coronel Pérez Jiménez lo ha arrastrado a desoír jaquetonamente la admonitiva voz de la nación, en un temerario desafío que habrá de ser decisivo y mortal para la liquidación implacable del despotismo. Contra la opinión de cerca de dos millones de personas que representan la plenitud de la conciencia política del país; ignorando desvergonzadamente que la totalidad de los sectores sociales de la nación lo desprecian y lo detestan, el Coronel Pérez Jiménez infirió el dos de diciembre corriente un nuevo e insólito ultraje a la dignidad nacional, al pisotear—con las típicas botas del bárbaro ignorante y vesánico—la ingenua expresión de la soberanía de todo un pueblo. En un burdo y repulsivo sainete político que ha sido una vergüenza para todos los venezolanos, los representantes de las fuerzas armadas nacionales—los personeros de los hombres encargados de custodiar las armas de la República para la defensa de la soberanía del pueblo—se prestaron dócilmente para que se consumara un nuevo atentado nacional contra el propio pueblo. Contando única y exclusivamente con el pregonado respaldo de las fuerzas armadas, Pérez Jiménez se colocó con impúdico desenfado los arreos de dictador exclusivo, declarándose Presidente Provisional al mismo tiempo que ordenaba—también con el alegado respaldo de las fuerzas armadas—que se destruyeran las actas electorales de los Estados para borrar toda huella del resonante triunfo popular, y para designar con actas falsificadas, una asamblea constituyente ficticia, espuria, integrada exclusivamente por sumisos pordioseros del servilismo nacional, reclutados por el FEI en las más bajas esferas de la corrupción política implantada por el propio régimen.
Y en represalia por haber obtenido los partidos de oposición la casi totalidad de las curules de la Asamblea Constituyente que fue anulada delictuosamente, la dictadura movilizó de inmediato su siniestra maquinaria policial contra los partidos URD y Copei, al mismo tiempo que pelotones de las fuerzas armadas eran preparados o movilizados para contener a las masas populares que en Caracas y otros lugares del país, especialmente en las zonas petroleras, demostraban su airada protesta por la brutal manera como se arrebataba una vez más al pueblo el limpio triunfo de su soberanía. Los locales de Unión Republicana Democrática—partido que obtuvo la crecida proporción de 67 de los 103 representantes a la Constituyente—fueron saqueados y clausurados por las gangsterianas bandas de la Seguridad Nacional. Algunos dirigentes nacionales y decenas de líderes regionales de ambos partidos fueron detenidos junto con los nuevos centenares de militantes de Acción Democrática y de otras organizaciones populares. Y entre tanto, los equipos directivos nacionales de ambos partidos legales de oposición empezaron a ser sometidos a la grosera presión directa del Coronel Pérez Jiménez, quien, amenazándolos con represalias del ejército, ha pretendido que ambas organizaciones claudiquen ignominiosamente concurriendo—con las míseras minorías que les asignaron caprichosamente en el fraude insólito—a la grotesca caricatura del parlamento constituyente que el gobierno pretende instalar el próximo enero con una indecente y falsa mayoría del FEI. Y para garantizarse la anulación práctica de Unión Republicana Democrática como partido de mayoría parlamentaria, le fue asignada en el fraude a esta organización solamente la ridícula minoría de 29 representantes, y casi todos sus dirigentes nacionales fueron expulsados violenta y aceleradamente del país, a las pocas horas de haber caído en una inicua celada policíaca, cuando el delincuente político, reo de la falsificación de las actas electorales, que ahora ejerce el Ministerio del Interio! r, los c itó «bajo su palabra de honor» para que concurrieran a una nueva entrevista relacionada con la rechazada proposición de complicidad en la farsa parlamentaria que se proyecta.
Igualmente cínica ha sido la maniobra de Pérez Jiménez en los medios castrenses. Algunos de sus emisarios anunciaron en forma escueta y descarada a la oficialidad reunida expresamente en los cuarteles, que el gobierno había perdido las elecciones. Pero agregaron la mentirosa versión de que los partidos políticos planeaban disolver el ejército y asesinar a las familias de los oficiales, y que para evitarle este caos a la nación, el Coronel Pérez Jiménez «se sacrificaba» asumiendo el control absoluto del poder. Otros voceros del inescrupuloso Coronel, conocedores del franco ambiente de repudio existente en los cuarteles contra la ola de crímenes políticos del régimen, agregaron canallescamente una desfigurada explicación sobre el cobarde asesinato de nuestro inolvidable compañero Dr. Leonardo Ruiz Pineda. Pero no dijeron una palabra sobre el sadismo criminal con que—desde el día siguiente al del monstruoso crimen, cuando fuera a reclamar el cadáver de su marido—se ha mantenido sometida al vejamen de un cruel secuestro en una sórdida celda de la Cárcel Modelo de Caracas, a su abnegada y afligida esposa, la señora Aurelena de Ruiz Pineda, ni tampoco informaron por qué ha perseguido la Seguridad Nacional con vandálica saña a sus dos inocentes hijitas de cinco y tres años de edad. Y, no obstante que se habló mendazmente de amenazas contra oficiales y sus familias, tampoco se explicó por qué fue echado del país en estado pre-agónico el Teniente Coronel Mario R. Vargas para que en el extranjero muriera abandonado de todo auxilio del Ministerio de la Defensa, ni se dijo por qué se tiene condenada al exilio inclemente en España a su viuda y a sus pequeños hijos. Menos aún se dijo una sílaba sobre el repulsivo asesinato del Teniente Coronel Delgado Chalbaud, ni sobre los constantes vejámenes que los personeros del régimen han inferido a su viuda para obligarla a guardar silencio sobre la complicidad de Pérez Jiménez en el crimen o para forzarla a abandonar el país. Olvidaron asimismo los acuciosos heraldos del d! éspota e xplicar por qué, si éste es el salvador de la integridad de las fuerzas armadas, han sido echadas de sus filas decenas de oficiales y se ha privado a sus familias de los normales auxilios económicos establecidos en la carrera, y por qué un importante grupo de mayores, capitanes y tenientes están sometidos a infamante prisión desde hace más de un año en varias cárceles y penitenciarías del país, sin que hayan cometido delito alguno ni como oficiales ni como simples ciudadanos.
En general, los oficiales no fueron consultados sino «notificados» de este segundo crimen nacional contra la soberanía popular, como si el ejército fuera un dócil rebaño de hombres armados, que no tuvieran ni criterio ni sentimientos que tomar en cuenta. Y en los pocos cuarteles donde se hizo un simulacro de consulta, los jefes se cuidaron bien de no trasmitir «a la superioridad» la verdadera respuesta de la mayoría de los oficiales, rotundamente contraria al desconocimiento de la voluntad electoral. Y como la institución armada está siendo convertida en un bando político personalista, nada se averiguó tampoco sobre lo que piensa el personal de tropa, que es la mayoría de ese cuerpo. Nada se indagó sobre lo que sienten esos miles de venezolanos—en su totalidad hombres del pueblo—que ahora visten provisionalmente uniforme militar pero que regresarán mañana a sus hogares—a los hogares azotados crónicamente por el desempleo y el hambre y victimados con harta frecuencia por la Seguridad Nacional—a reunirse con sus miles de hermanos y demás parientes que el 30 de noviembre votaron contra la tiranía del jefe del ejército.
Pero los militares venezolanos saben ya hasta la saciedad que su dignidad de hombres y su decoro de profesionales de las armas han sido vergonzosamente comprometidos ante la conciencia nacional y ante la opinión internacional por la desenfrenada y deshonesta ambición de mando y la insaciable sed de sangre de su jefe principal. Ya a ningún venezolano con uniforme militar puede quedarle duda alguna de que Pérez Jiménez no está usando el ejército para defender las instituciones de la República, sino como un agresivo cuerpo de persecución política contra todos los demás venezolanos de las mas variadas condiciones sociales y de todas las convicciones políticas. Es difícil que no se puedan dar cabal cuenta de que—además de que debe dolerles el sufrimiento de su propio pueblo—están sufriendo grave mengua su valor, su honor y su caballerosidad, señalados como atributos indispensables de los hombres de armas. Porque escaso o ningún brillo pueden tener tales atributos cuando la institución armada es arrastrada al deshonor y la desvergüenza, al obligársela—sin protesta—a proteger la impunidad de los crímenes políticos de Pérez Jiménez y al dejársela utilizar para atropellar a un pueblo desarmado, contando exclusivamente con la desigualdad de la fuerza material. También en los cuarteles está imponiéndose esta terrible verdad; con excepción de los espías de la Seguridad Nacional y de la Inteligencia Militar y descontando algunos jefes ambiciosos corrompidos, todos los sectores de la nación repudian con la mayor energía la aciaga gestión tiránica del Coronel Pérez Jiménez. No ha sido simple casualidad o mero accidente que han estallado violentos brotes insurreccionales en algunas guarniciones del país, como ocurrió hace algunos pocos meses en Boca del Río y en Maturín. Pérez Jiménez, no obstante que ha hecho hipócrita alarde de la tesis «institucionalista» y del «apoliticismo» de las fuerzas armadas, ha demostrado en la práctica que sólo lo mueve un insano exclusivismo personalista y arbitrario, y que sólo lo guían! sus int ereses políticos anti-populares para hacer discriminación ante los oficiales a la hora de designarlos en cargos y posiciones, prefiriendo con frecuencia a los de menores méritos e inadecuada jerarquía. Y el estado explosivo de los ánimos castrenses es tan evidente, que el intranquilo e inseguro Coronel se ha visto precisado a ordenar subrepticiamente la creación de unos cuerpos armados irregulares, bajo el comando de los espías de la Seguridad Nacional y de la Inteligencia Militar, para usarlos como tropa de choque contra el ejército. Dos millones de hombres y mujeres han sido ofendidos groseramente por el obseso dictador al pretender silenciar de un sablazo el multitudinario grito de libertad de los comicios de noviembre. Y por vergüenza nacional, por la dignidad de hijos de una patria que se ha enorgullecido siempre de la gallarda valentía de sus hombres, no nos queda otro camino que declarar un estado de rebelión permanente contra la dictadura. Será «la rebelión legítima contra sus opresores», de que nos hablan los más elevados principios políticos de todos los tiempos y, sobre todo, la que nos enseña el ejemplo glorioso de los más dignos pueblos del mundo. Y a los militares venezolanos se les presentará un dilema histórico y decisivo: o ensangrentar las armas que la República les ha confiado para la defensa de la soberanía, asesinando cobardemente a un pueblo inerme para defender los crímenes de Pérez Jiménez, o sacudirse en cambio la ignominiosa coyunda del déspota, colocándose valientemente al lado del pueblo, en la posición que les señalan el decoro y el patriotismo.
La vasta empresa de la recuperación de la soberanía no corresponde a un solo partido, sino a todos. Y no es deber exclusivo de los partidos, sino de todos los hombres y mujeres de la nación. Porque a todos está dirigido el reto del absolutismo, al pretender consolidarse instalando una constituyente adulterada y servil, para que le apruebe el gigantesco despilfarro de los ocho mil ( 8.000) millones de bolívares malbaratados en cuatro años; para que le encubra la siniestra ola de crímenes políticos, y para que le legalice la proyectada entrega a precio vil de nuevas concesiones petroleras y del hierro a la insaciable voracidad del sojuzgador capitalismo extranjero. Contra todos se ensañará ahora el terror policíaco y de todos los partidos serán los nuevos y numerosos hogares a quienes afligirá en adelante esta intolerable desgracia nacional.
Todos los venezolanos, y especialmente los dos millones de personas a quienes se les ha atropellado miserablemente su voluntad comicial, estamos comprometidos por dignidad en una histórica cruzada nacional; la demolición del podrido andamiaje de la dictadura pérezjimenista y la formación de un gobierno provisional de equilibrio político. Un gobierno de armonía nacional, con participación de diferentes partidos y de individualidades independientes, que representen la expresión mayoritaria de la nación del 30 de noviembre. Un gobierno que tenga objetivos bien definidos; que restablezca las libertades públicas, que retire al ejército de su actual plano de indebido predominio político y lo coloque en su función natural de cuerpo técnico profesional, y, por último, que encauce a la nación definitivamente hacia el sosegado ejercicio de su soberanía, de modo que el pueblo pueda elegir libremente a quienes deban dirigir en firme la transformación democrático-revolucionaria del país hasta lograr plenas y satisfactorias condiciones de bienestar social y una adecuada independencia económica en el campo internacional.
Al lado de los demás partidos, Acción Democrática tiene señalado—por su inflexible trayectoria revolucionaria y por su capacidad combativa—un papel primordial en esta decisiva cruzada de la liberación nacional. Y para cumplirlo honrosamente, propiciamos de la manera más resuelta un permanente estado de rebelión civil, una indesmayable ofensiva de oposición popular, que mantenga agresivos y encrespados los ánimos de todos los venezolanos contra la humillación de que somos víctimas, para impedir en todo momento que la dictadura de Pérez Jiménez se estabilice sin resistencia. Una rebelión de opinión que obligue a las fuerzas armadas—mediante la poderosa presión de todos—a libertarse también ellas del deshonroso dominio personalista y sanguinario de Pérez Jiménez, o que logre abrir ancho cauce para el estallido de una vasta e incontenible insurrección popular, a fin de que sean las honestas manos del pueblo las que despedacen implacablemente el ya desquiciado aparato inmortal del absolutismo.
Dentro de breves días, las masas populares recibirán indicaciones precisas sobre las formas contundentes de iniciar esta nueva y más activa y beligerante etapa de la resistencia civil. Y para garantizar que ésta sea la acción permanente y coordinada de todos los sectores populares, de todos los demócratas del país, estamos acelerando la ejecución de las siguientes medidas.
Estamos implantando con rígida severidad un reajuste organizativo de nuestro aparato partidista—que tan victoriosamente ha resistido en estos cuatro años las tremendas y sanguinarias embestidas de la represión policial y la mas sañuda represalia moral y económica contra sus militantes—a fin de que responda con mayor agilidad, más firme resistencia en su contextura interna y mayor capacidad de movilización sincronizada de las masas, en esta decisiva batalla contra la dictadura. Por los canales confidenciales del partido están siendo transmitidas las instrucciones concretas sobre este plan reorganizativo. Debe responder a la consigna de que «ningún ciudadano podrá considerarse miembro de Acción Democrática si no milita activamente en su respectivo grupo político de base».
Al mismo tiempo, estamos estableciendo un ágil mecanismo de organización para movilizar a todos los hombres y mujeres sin partido que se están acercando a nuestras filas para pedir activa participación en la lucha por la liquidación de esta humillante etapa de nuestra historia nacional. Ante ellos, nuestro partido deberá actuar con gran amplitud de criterio, respetándoles las propias convicciones ideológicas, pero unificándolos en la lucha común por la recuperación de la soberanía, con la consigna de que «ningún ciudadano demócrata, aunque no milite en partido alguno, debe permanecer inactivo en la presente ofensiva contra la tiranía».
Luego, propiciaremos con todas las demás fuerzas políticas organizadas un plan de rebelión civil contra la dictadura. Buscaremos en esa coordinación «acción coincidente» de tipo práctico, conservando cada partido su independencia ideológica y su autonomía organizativa interna. Esta coordinación debe responder a la consigna de que «todas las fuerzas políticas están obligadas a hacer respetar la soberanía nacional con los medios de que dispongan».
Finalmente, debemos iniciar con audacia una implacable ofensiva de rebelión civil en todos los campos de la vida nacional. Todos los partidos, todos los hombres y mujeres, todos los venezolanos dignos debemos desatar una coordinada y certera acción multitudinaria hasta lograr poner a la tiranía de Pérez Jiménez en la mortal disyuntiva de reconocer la soberanía nacional o aniquilar sangrientamente a todo el pueblo venezolano. Actuaremos realistamente. Con clara conciencia de que nuestro poder no es otro que el gran poder de un pueblo enardecido porque se le ha vejado y se le ha humillado brutalmente. Actuaremos sin la menor vacilación. Sabedores de que el pueblo no tiene armas de guerra porque siempre confió ingenuamente en que las armas de los cuarteles eran para defenderlo y ahora están siendo utilizadas en su contra. Pero convencidos de que la gran tragedia política que entristece a la nación no permite plantearse el dilema simplista de combatir con armas o no combatir. Porque el patriótico reclamo nacional está concebido en otra forma inexorable: si no combatimos ahora hasta triunfar, el pueblo será esclavizado ignominiosamente por tiempo indefinido. El pueblo tiene que defender ahora mismo su libertad a cualquier precio y con los medios que tenga en sus manos. El pueblo tiene que combatir con sus propios recursos, los interminables recursos de la acción de masas que en nuestro país existen en condiciones invalorables para la conquista del triunfo. Somos la mayoría de la nación. Somos todo un pueblo. La dictadura está desasistida de todo respaldo social y de todo apoyo moral. Una indoblegable decisión de lucha alienta prodigiosamente nuestros corazones. Una fe desbordante enciende nuestra sangre. Contamos, en resumen, con preciosos factores humanos y morales suficientes para dotar nuestra capacidad de combate de un poderío mil veces más fuerte que las más aceradas corazas del despotismo.
Caracas: 24 de diciembre de 1952.
Por el Comité Ejecutivo Nacional de ACCIÓN DEMOCRÁTICA,
Alberto Carnevali
Secretario General
por Luis Enrique Alcalá | Feb 16, 2006 | LEA, Política |
Se cuenta que en una conversación del Conde Ciano, Ministro de Relaciones Exteriores de Italia, y su suegro, el Duce, Benito Mussolini, se tocaba el punto de los gases empleados como arma de guerra. Mussolini habría preguntado entonces a su yerno si sabía cuál era el gas más peligroso de todos. Por supuesto, un avisado Ciano no se atrevió a decir que conocía la respuesta, lo que permitió al dictador anunciar triunfalmente: «El incienso, Ciano, el incienso».
Pero hay más de una variedad de incienso, como se prodiga en múltiples y arrastradas ocasiones al actual Presidente de la República. De todos los tipos de adulación posible es seguramente el peor aquel que proviene de un intelectual, así sea éste más bien un pirata vocacional.
En la edición del domingo 12 de febrero del diario Últimas Noticias, periódico que recibe una millonada diaria por avisos de prensa del gobierno, un ejemplo particularmente rastrero es el artículo firmado por Luis Britto García, quien entreteje una sarta de inexactitudes y mentiras formalmente ingeniosa.
El tema es el del espionaje, y el texto fue concebido a raíz del incidente de la expulsión del agregado naval norteamericano, que fue predicado precisamente sobre el cargo de espía. El artículo concluye, justamente, en alusión directa a este caso, cuando sugiere que Venezuela financia al National Endowment for Democracy, a Súmate y a «asesores navales destinados a aniquilarnos» mediante el acuerdo que impide la doble tributación.
Antes asegura que sistemas de espionaje electrónico como Echelon (que traduce por escalón en lugar de escalafón) «podría acabar en horas con el narcotráfico, la legitimación de capitales, el crimen organizado y el tráfico de armamentos», y que como «no lo hace, es porque está a su servicio».
Objeta, asimismo, al Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI) del sistema financiero nacional, porque «puede condenarte a no poder volver a hacer una operación bancaria en tu vida». Aparentemente no está Britto enterado de lo que hacen las listas Tascón y Maisanta.
Desconfía del servicio ABA de CANTV (al que está suscrito, a juzgar por la dirección electrónica adosada en la página a su nombre, junto a una efigie con sonrisa de quien cree habérsela comido), y postula que Google Earth es un espía porque es capaz de mostrar en computadores personales «la imagen satelital de la azotea de su propia casa» en Caracas. No dice que igualmente el servicio hace lo mismo con una casa en Nueva York o en Londres. Antes ha afirmado: «Engendro de la Guerra Fría destinado a conectar las computadoras que debían aniquilar al mundo, Internet se dedica a prolongarla».
Justo al comienzo supera a todos los estudiosos de la Segunda Guerra Mundial cuando afirma que quien la ganó fue «Hans Türing, un introvertido matemático que descifró los códigos del Alto Mando Alemán». En su simplista exageración debe haber querido referirse a Alan Turing, sin la diéresis o alemana umlaut de su pedante y equivocada ortografía.
Luis Britto García, verdaderamente, no hala bolas sino hipérboles.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 16, 2006 | Cartas, Política |
Hace no mucho (Ficha Semanal #69 de doctorpolítico, del 25 de octubre de 2005) se hacía aquí referencia a una reunión acaecida a mitad del año electoral de 1998, en la que se analizó en grupo el desenlace probable de la campaña y se discutió algunas posibilidades de intervención. Se trató de una reunión que tuvo lugar en horas de la tarde del miércoles 24 de junio, aprovechando el asueto por la conmemoración de la Batalla de Carabobo.
La reunión de siete personas fue convocada por un importante empresario venezolano, muy preocupado por los sondeos de opinión que ya a esas alturas indicaban que Hugo Chávez podía alzarse con el triunfo el 6 de diciembre de aquel año. Luego de exponer su personal evaluación, que incluía los motivos por los que consideraba—con toda razón—que la elección de Chávez sería desastrosa para el país, enunció una proposición general: «Lo que hay que hacer es una campaña inteligente, profunda y con mucho real para detener a Chávez».
De nada valió que uno de los circunstantes argumentara a favor de sumarse a la tesis de convocar una asamblea constituyente, como procedimiento para dotar al Estado venezolano de un nuevo «sistema operativo». (En analogía con el concepto informático. El proponente de la tesis sostenía que ese sistema operativo estatal se había hecho obsoleto, y que no se pasaba de Windows 1.0 a Windows 2000 poniendo parches acomodaticios al sistema antiguo, sino que se hacía necesario sobreimponer el nuevo sobre el viejo de una vez).
Ni siquiera se atendió la proposición porque también fuese evidente de los estudios de opinión pública que la idea de una constituyente había prendido en el alma nacional, y que ya una mayoría de los electores del país se había inclinado a favor de la misma. (El presidente Caldera también rechazó la invitación que se le hiciera de convocar un referendo consultivo, para preguntar al electorado si deseaba elegir un órgano constituyente, a pesar de que él mismo hubiese incluido la noción en su «Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela», su programa de gobierno de fines de 1993. En opinión del suscrito, una constituyente convocada por Rafael Caldera hubiera sido muy diferente de la que sería luego convocada por Chávez en 1999, además de que, como había comprendido la esposa del empresario anfitrión en día patrio, tal iniciativa «le quitaría una bandera a Chávez»).
Al término de la discusión, derrotada la proposición constituyente, se volvió al inicio para concluir que había que diseñar y ejecutar, para frenar a Chávez, una «campaña inteligente, profunda y con mucho real». (Para los momentos ya se había producido la polarización entre Chávez y Salas Römer, luego del desplome vertical de la candidatura de Irene Sáez—a quien alguien llamó Miss Titanic—y la evidente insuficiencia de la opción Alfaro Ucero, en quien los electores veían la encarnación de las peores prácticas políticas. Un destacado empresario de medios explicó la decisión de oponerse a la constituyente: «A mí no me importa si Salas Römer tiene o no la razón; si está equivocado o no; a mí lo que me interesa es que es el único que puede derrotar a Chávez, y por esto lo voy a apoyar, diga lo que diga». Salas Römer había dicho que la constituyente era «un engaño y una cobardía», y así se alineó en contra de la mayoría nacional que quería una constituyente y, por supuesto, perdió las elecciones, aunque no solamente por esa razón).
Es así como en la sesión del 24 de junio de 1998 estuvo el germen de una campaña anticonstituyente, que fuera administrada por una organización de maletín—La Gente es el Cambio—creada al efecto. Sólo uno de los asistentes a aquella reunión—encuestador de oficio—formó parte de su junta directiva. Esta organización antifaz contó, en efecto, con «mucho real». No menos de 1.800 millones de bolívares de 1998 (unos 3 millones y medio de dólares) fueron puestos a disposición de su campaña, que consistió en la muy numerosa transmisión de una media docena de fúnebres cuñas para televisión, en las que se aseguraba que una constituyente era una pésima idea. La «inteligencia» y la «profundidad» de esa campaña publicitaria estaba, se supone, en que evitaba el ataque directo a la candidatura Chávez, para enfilar contra la más llamativa de sus tesis: la necesidad de convocar una asamblea constituyente.
La «inteligente» y «profunda» campaña resultó ser un bumerán, el clásico tiro por la culata. En cuanto el habitante más lerdo de las barriadas escuchó la centésima séptima cuña, repetida en prime time por todos los canales de televisión, ha debido darse cuenta de que La Gente es el Cambio era en verdad la gente con mucho real, y rechazaría la propuesta contra la constituyente. («¿Por qué la gente con mucho real se opone a la constituyente? Yo como que voy a votar por mi comandante»? Irónicamente, una de las personas directivas de La Gente es el Cambio intentó postularse al año siguiente a la constituyente que había combatido con tanto denuedo. Proyecto Venezuela, liderado por Salas Römer, apoyaría también candidatos a la constituyente que tuvo antes por «engaño y cobardía»).
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La relación anterior viene a cuento porque, muy temprano en este año electoral de 2006, se propaga por la psiquis oposicionista una buena cantidad de ideas igualmente «inteligentes» y «profundas», ocurrencias vistosas que sin embargo están destinadas al fracaso más rotundo. Y también porque es tesis persistente que criticarlas le hace el juego al gobierno, que no se debe criticar a nada o nadie que le haga oposición, porque sería preciso desacreditar al gobierno con cualquier cosa, así sea una mentira, y «no debemos pisarnos la manguera entre bomberos».
Es así como unos pocos han concebido el siguiente monstruoso récipe: que a Chávez es preciso oponerle alguien que sea aun más procaz que él; que ese personaje es el Conde del Guácharo; que debe aportarse un «pote» para aupar su candidatura presidencial. Es ésta una «solución» tan estúpida como aquella de la candidatura de Arias Cárdenas en 2000, que en «profunda» e «inteligente» evaluación estratégica fue considerada la mejor oposición posible a Chávez ¡porque era cuña del mismo palo!
Sin llegar a esos extremos dignos del teatro del absurdo, se ha generalizado demasiado una particular interpretación de lo acontecido el pasado 4 de diciembre con la elección de la Asamblea Nacional. La interpretación estándar va sobre las siguientes líneas: que «la sociedad civil» impuso a los partidos políticos de oposición una línea abstencionista—»No fueron los partidos, fuimos nosotros»—, que los partidos, en acatamiento a esa voluntad soberana, asestaron el golpe de última hora—el gobierno no tuvo tiempo de reaccionar—de su retirada o forfeit y que tal cosa determinó la voluminosa abstención del 4D; que esa abstención fue toda de oposición al gobierno y además se expresó en una serie de «mandatos» específicos, razones todas por las cuales el que el oficialismo controle ahora todos los escaños de la Asamblea ¡es un resonante triunfo para la oposición!
La sociedad civil no impuso nada a los partidos. Una fracción escéptica de la sociedad civil, opuesta al régimen chavista, había adoptado, es cierto, una postura abstencionista, y unos partidos venidísimos a menos, como en otras ocasiones—la «tarimitis» de una Plaza Francia militarizada, el paro de 2002-2003—no quisieron perder la escasa ascendencia residual que aún tienen sobre unos cuantos electores, las más africanizadas entre las abejas del enjambre ciudadano, y aprovecharon la oportunidad de una nueva «sintonía» con «la masa» para retirarse, como zorra de Samaniego, de unas elecciones que sabían perdidas.
Todas las encuestas anticipaban la derrota inmisericorde de los candidatos de oposición, además, dicho sea de paso, de una abstención muy elevada, con bastante antelación al retiro de aquellos candidatos. Henry Ramos Allup no hubiera podido presentar a la base de su partido, y al resto del país, otra cosa que una fracción parlamentaria de Acción Democrática muy reducida, marcadamente menor que la que actuó en la Asamblea Nacional del período que hace poco concluyó. Es decir, un descalabro mayúsculo y definitivo, letal. (Como fue aquí certificado—Carta Semanal #166, del 1º. de diciembre de 2005—obra en poder de doctorpolítico un correo electrónico proveniente de uno de los actuales precandidatos a la Presidencia, y fechado el 31 de octubre—un poco más de un mes antes del 4D—en el que se avisa: «…estamos preparando un retiro masivo de candidatos…» El hallazgo en hora nona de Fila de Mariches, respecto del registro en memoria de las máquinas de votar de la secuencia del voto, fue un golpe de suerte para una oposición que había obtenido del CNE, para su sorpresa, prácticamente todo lo que solicitaba públicamente con la esperanza de que Jorge Rodríguez se negara. La verdad es que esa oposición sabía que iba al sacrificio y buscaba desesperadamente un pretexto creíble para retirarse de la contienda).
Luego, ¿de dónde sacan ciertos análisis la conclusión de que toda la abstención del 4 de diciembre de 2005 se produjo a partir de un cuadre sólido con la oposición? Como se apuntó antes, las encuestas, unas más y otras menos, registraban una alta propensión a no votar desde un buen tiempo antes de la votación. Es más, el propio Chávez, en noviembre de 2004, luego de las elecciones de gobernadores del 31 de octubre, destacaba ante sus copartidarios reunidos en la Escuela Militar, que el enemigo a vencer era la abstención, que después calificó de estructural. (Por cierto, ¿cómo se explica que un CNE que es tenido por tramposo y adulterador, no atinó a ocultar las cifras de la abstención del 4 de diciembre, siendo que el único líder del proceso había señalado justamente que había que derrotarla?)
La abstención del 4 de diciembre fue el producto de múltiples razones que actuaron, unas aisladamente, otras en combinación, en la disposición de la abrumadora mayoría de los electores. Un cierto número, en efecto, se abstuvo de sufragar porque alberga una profunda desconfianza del árbitro electoral, y esta percepción se vio grandemente reforzada con el descubrimiento de Fila de Mariches ya mencionado. Otros, normalmente proclives al gobierno pero no demasiado entusiastas, en conocimiento de que la revolución obtendría todos los diputados aunque sólo fueran diez electores a votar, en virtud de la misma retirada opositora, habrán considerado que su voto no era críticamente necesario.
Pero esta publicación adelantó una interpretación distinta en su número 167 (8 de diciembre de 2005): que el gobierno no fue capaz de llevar a las urnas a más de la cuarta parte de los electores del país, que tal hecho significa que el gobierno sí es derrotable electoralmente, pero que igualmente el rechazo recae sobre la oposición organizada en partidos, y que no puede atribuirse a ésta ninguna victoria. («Pero el rechazo no fue solamente al sistema electoral impuesto, a un CNE que contemplamos incrédulos a distancia, por más que las encuestas y ahora los observadores internacionales hayan medido su poca credibilidad. La repulsa fue mucho más profunda que eso, el repudio generalizado fue en verdad a todo un teatro político de actores profesionales, un hartazgo y una ausencia que toma distancia de un combate cotidiano que ha terminado por hacernos anómicos, no participantes. Los venezolanos ya hemos asimilado que una política entendida como lucha por el poder, como incesante contienda, no resuelve nuestros problemas públicos»). Una candidatura ganadora en diciembre de 2006 tendría que cumplir más de una condición esencial, y una de ellas es que debe diferenciarse nítidamente de Chávez, pero igualmente de una oposición institucionalizada y convencional que continúa medrando y que junta no supera el diez por ciento del apoyo ciudadano.
En lo concerniente al famoso «mandato» del pueblo, expresado en la abstención del 4D, cabe señalar que la especie ha sido adoptada como «línea» opositora. Esto es, ya no es solamente una mera interpretación más o menos extendida, sino que en ciertos círculos se ha decidido vocearla de todo modo y manera. Varios son sus obvios y coordinados evangelistas: Carlos Blanco, María Corina Machado, en cierto modo Armando Durán y, lo más preocupante, una treintena de nombres al pie de un manifiesto fechado el 4 de febrero, hace doce días, en el que se sostiene que el 4 de diciembre de 2005 el pueblo emitió un inequívoco y múltiple mandato. Por ejemplo, dice el texto aludido:
«El 4-D el pueblo venezolano manifestó su voluntad de progresar y prosperar de manera sustentable, con igualdad de oportunidades para todos; así como superarse y ser dueño de su destino.
El 4-D el pueblo venezolano formuló su deseo de contar con una Fuerza Armada que garantice la independencia, la soberanía y la integridad del territorio nacional.
El 4-D el pueblo venezolano exigió el rescate de la Industria Petrolera para que se sitúe, nuevamente, entre las más poderosas, eficientes y productivas empresas del mundo.
El 4-D el pueblo venezolano invocó el cumplimiento de la cláusula federal y redimir las reformas políticas dirigidas a la descentralización y la paulatina desconcentración del poder político, como fórmulas de control social y garantía de libertad».
Con este mismo tenor se enumera un total de dieciséis mandatos específicos, que habrían sido declarados por el pueblo abstencionista, unánimemente opositor. Es obviamente un exageradísimo y falaz documento, y no se puede fundar un movimiento político sobre una mentira, no digamos dieciséis.
Preocupa entonces grandemente que nuevamente se proponga a la opinión pública, a esa entelequia a nombre de la que muchos pretenden hablar y llaman «la sociedad civil», una interpretación de la realidad completamente falseada que impedirá la formulación y puesta en práctica de una estrategia verdaderamente eficaz.
………
Pero no hay mal que por bien no venga. Probablemente sea una bendición que la irracionalidad política se manifieste muy tempranamente en este año; peor sería que estas matrices se fijaran en septiembre u octubre, cuando su inercia sería prácticamente irreversible. Es preferible que el absurdo aflore ahora, con suficiente tiempo para su agotamiento.
De nuevo, no se trata de torpedear una estrategia supuestamente ganadora: producir mediante una abstención predecidida, independientemente de lo que la Asamblea Nacional y el CNE concedan, una «crisis de gobernabilidad» que, se supone, algún factor de fuerza, local o foráneo, pudiera capitalizar, pues no sería posible salir de Chávez «por las buenas». Se trata, en cambio, de abrir los ojos de la ciudadanía que con suficiente razón quiere ya el término del oncológico experimento chavista, ante los peligros de una nueva estrategia incompetente y suicida.
Ahora, por ejemplo, Henry Ramos Allup ha anunciado que introducirá un proyecto de reforma a la Ley del Sufragio y Participación Política—por «iniciativa popular»—que deshaga lo contemplado en ésta en materia de automatización generalizada del voto. (El rector electoral Battaglini ya ha dicho que eso jamás será acordado, mientras Diosdado Cabello declara que no tiene inconveniente en que se haga un conteo manual universal paralelo al electrónico).
¿Qué va a decir Ramos Allup si esta última postura prevalece, cuando es obvio que presenta la reforma insinceramente para que le digan que no? Es bueno recordar que la ley que rige nuestros procesos electorales, y que dice en su artículo 154 «El proceso de votación, escrutinio, totalización y adjudicación será totalmente automatizado», fue producto del Congreso de la República de 1995, reformada en diciembre de 1997 por los mismos legisladores (para introducir el título sexto relativo a los referendos consultivos), y luego de nuevo por los mismos senadores y diputados en mayo de 1998, cuando artificiosamente se intentó la «astuta» maniobra de dividir las elecciones parlamentarias de las presidenciales de ese año, torpe maniobra que fue castigada el 8 de noviembre y el 6 de diciembre de este último año. No necesitamos más de estas astucias tácticas que, a fin de cuentas, fueron las que nos trajeron a Chávez para comenzar.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 14, 2006 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En lenguaje de barriada, el suscrito tiene una «culebra», un problema personal con Hugo Chávez Frías. En 1991, muy preocupado por la eclosión de escandalosos casos de corrupción del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y asimismo por una insidiosa matriz de opinión que cundía por entonces—o Pérez o golpe—escribí para El Diario de Caracas un artículo (Salida de estadista) en el que por primera vez (21 de junio) solicitaba la renuncia presidencial, bastante antes de que Rafael Caldera, Arturo Úslar Pietri y Miguel Ángel Burelli Rivas se decidieran a recomendar lo mismo. (Con posterioridad al 4 de febrero de 1992).
El resto del año fue testigo de una acelerada erosión de la situación política. Tal desarrollo me llevó a reiterar la petición desde las páginas de El Globo, el periódico de Nelson Mezerhane, en unos cuatro artículos de fines de 1991 y principios de 1992. El último fue redactado poco después de una desafiante visita de Ernesto Samper a Venezuela, y fue publicado por El Globo el 3 de febrero de 1992, veinticuatro horas antes del golpe intentado por Chávez, Arias Cárdenas y el resto de conjurados del Samán de Güere. Por esta circunstancia esperé con algún temor una visita de la DISIP que nunca se produjo, creyendo que esa policía «política» supondría que yo estaba «dateado».
La verdad era que desconocía por completo lo que se preparaba, aunque en trabajo de septiembre de 1987 («Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela») hubiera anticipado lo siguiente: «Por lo que respecta a un golpe militar antes de las elecciones de 1988 las probabilidades aparecen como minúsculas, aun cuando el deterioro continuase, como parece lo inevitable. Sólo un deterioro muy fuertemente acelerado en lo que resta desde ahora hasta las elecciones, pudiera provocar un intento serio de golpe militar. Por esto el sistema político venezolano deberá estar pendiente de acciones intencionales de agitación y agravamiento de la situación por parte de elementos que estuviesen jugando a esta posibilidad. En cambio, de ganar las elecciones de 1988 uno de los candidatos tradicionales, probablemente lo haría con un porcentaje muy reducido de votos. En ese caso el próximo gobierno sería, por un lado, débil; por el otro, ineficaz, en razón de su tradicionalidad. Así, la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabilidad de un golpe militar hacia 1991, o aun antes, sería considerable». Era un error profético de 35 días.
Pero creía que la salida de Pérez debía buscarse por cauces enteramente constitucionales. Por eso recibí la asonada del 4 de febrero como un abuso público y como una afrenta personal del Sr. Chávez y sus secuaces, pues ya llevaba medio año en una insistencia que me había costado, y a mi familia, no pocos sinsabores y dificultades.
La Ficha Semanal #85 de doctorpolítico reproduce el artículo de marras, publicado con el título Basta, por El Globo el 3 de febrero de 1992.
LEA
…
Petición de renuncia
El presidente Pérez se ha ido.
El presidente Pérez se ha ido a los Estados Unidos y a Suiza. No puedo, pues, recomendarle personalmente que renuncie. Además, había algo de compromiso en la oración con la que cerré mi anterior artículo: «Por última vez, presidente Pérez, considere Ud. la renuncia». Es innegable que eso fue una promesa de no dirigirme a él para hablarle de ese tema. Pero no por eso debo dejar de opinar que es mejor que Carlos Andrés Pérez no continúe ejerciendo la Presidencia de la República de Venezuela.
El presidente Pérez ha dicho que no hablará sobre el Golfo de Venezuela. Ha prometido que no informará a los venezolanos sobre ese punto descollante de la política exterior venezolana hasta que no tenga algo que decir. Y como el presidente Pérez se niega a decirnos algo sobre el Golfo de Venezuela porque no tiene nada que decir, hemos tenido que atender la desatenta visita del presidente de Colombia, acompañado de su maja cancillera, porque él sí tiene que decirnos algo sobre el golfo. Como que sus fuerzas armadas están listas para apoyarle y supone que estamos en el mismo estado de apresto. Como que no reconoce que para Venezuela sea de importancia vital el asunto. Todo eso permite que nos digan el presidente Pérez en nuestra propia casa. Acto seguido, desaparece del país.
No puede haber evidencia más rotunda de que el presidente Pérez, en el ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 5º del Artículo 190 de la Constitución para «Dirigir las relaciones exteriores de la República…» las está dirigiendo muy mal. Si no hubiera otra cosa que criticarle, esta conducta y esos resultados ya serían motivo suficiente para exigirle su renuncia a la investidura que ha ido a ostentar afuera, otra vez.
Obviamente, hay muchas otras cosas que reclamarle y que se le están reclamando. ¿Cuántas protestas diarias se están dando en Venezuela? ¿A qué altura ha llegado el índice bursátil de la protesta nacional?
Concentrémosle
Pero cada una de esas protestas se ha venido expresando—con muchísima razón, porque el sufrimiento de muchos es largo, intenso y creciente—como exigencia a favor de necesidades parciales, fragmentadas.
En 1986 escribí lo siguiente, perfectamente aplicable a la situación actual: «… recordé una reunión que Caldera sostuvo con los empresarios del sector transportista a comienzos del período electoral oficial. En esa oportunidad Caldera llegó a presentar, como lo haría multitud de veces ante cada grupo de intereses específicos, una oferta especial y particular al sector: la creación del ‘Fondo Nacional del Transporte’. Comenté a raíz de ese episodio que había sido una doble equivocación: por un lado, era erróneo suponer que, en una época en la que los venezolanos ya estábamos bastante escamados con los grandes monstruos burocráticos, la promesa de uno más fuera una proposición excitante; por el otro, ya los ciudadanos teníamos la firme sospecha de que lo que andaba mal no era cada pieza por separado sino la armazón del conjunto, el Estado como un todo y, por ende, lo que se quería escuchar de los candidatos no eran promesas específicas al transporte o al deporte, sino remedios generales. El venezolano que asistió a cualquiera de las innumerables reuniones que poblaron, como a cualquier otra, la batalla electoral de 1983, estaba más preocupado por el país en su conjunto, clara y evidentemente enfermo, que por el interés sectorial de su inmediata incumbencia.»
De manera análoga debemos concentrar nuestra protesta sobre un problema general y cristalizar nuestra aspiración en un remedio de efecto también general. No nos va a resolver las cosas la monstruosidad burocrática de un «megaproyecto social» que no se ejecutaría completo en este período presidencial y que, por lo demás y gracias a Dios, no cuenta con los recursos necesarios. No nos resuelven los problemas las frescuras de los «dineros frescos» que Pérez no pagará, sino el pueblo a través de sus sucesores. No nos resultará que un día se decida cortar la producción petrolera en cincuenta mil barriles diarios y una semana después se anuncie que se aumentará en cien mil. Como tampoco que el presidente de nuestra república un día abra la boca sobre un tema delicado, al día siguiente se contradiga y un día más tarde declare que no dirá más nada sobre el asunto.
Pero tampoco nos hará bien pulverizar nuestro rechazo a Pérez en una miríada de reclamos, por más justos que éstos sean. Nuestro objetivo central y nuestro esfuerzo, hasta que tengamos éxito, ya no deberán dividirse entre el medio pasaje estudiantil, el agua de Guarenas, el control de cóleras, el sueldo del maestro o el aseador o el aviador o el médico; no deberán dispersarse entre el remedio del enfermo, la atención del infante, la pensión del anciano, la aprensión del delincuente, el trato del preso; no deberán desparramarse entre la preservación del Golfo de Venezuela, de los minerales de Amazonas, de tu vida o de la mía.
Ahora tenemos que lograr una sola cosa: que Carlos Andrés Pérez deje de mandarnos.
Febrero. 1992.
Ya está aquí, una vez más, febrero.
Esto es lo que debemos decir en febrero: que Carlos Andrés Pérez ha fracasado. Que no queremos su mando. Que nuestra armazón constitucional, por fortuna, tiene modo de suplirle. Que necesitamos de vuelta las facultades que le dimos, porque es él la encarnación y la síntesis de lo que no puede seguir siendo políticamente en Venezuela. Que todo eso lo hemos venido diciendo en las encuestas. Que no queremos esperar hasta febrero de 1994. Que la cosa es ya.
Por eso ahora, en febrero, cada punto de protesta, cada reivindicación, cada caso de dolor social, deberá expresarse en una sola exigencia: Pérez, hasta aquí llegaste. Que cada agraviado gremio, que cada centro estudiantil, que cada grupo de edad, que cada vecino se lo diga. Nuestra voz no debe conformarse con la pasiva representación de las encuestas, porque aunque ya sean todas las que certifican nuestro rechazo del presidente Pérez, eso no es suficiente. Como a Emparan, hay que decírselo activamente, directamente.
Ahora en cada marcha, en cada pancarta, en cada conflicto, en cada voz y en cada consigna, deberá decirse: Pérez renuncia.
No queremos más dolor innecesario. No queremos más vergüenza. No queremos que nos intente persuadir, una y otra vez, de que para alcanzar «…la mayor suma de felicidad posible» es preciso que seamos infelices.
Basta de paquete. Basta de financiarle sus campañas extranacionales. Basta de mermas al territorio. Basta de megaproyectos, sociales o económicos. Basta de megaocurrencias. Basta de megalomanía. Usted, señor Pérez, que hace no mucho ha tenido la arrogancia de autotitularse patrimonio nacional, tiene toda la razón. Usted sí es patrimonio nacional, historia nacional, cruz y karma nacionales. Por tanto es a nosotros a quienes corresponde decidir qué hacer con Ud. Por de pronto, no queremos que siga siendo Presidente de la República.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Feb 9, 2006 | LEA, Política |
En su época Simón Bolívar solicitó ayuda económica a los nacientes Estados Unidos de Norteamérica para sus menesteres políticos. ¿No debiera este gobierno, en su afán revisionista de nuestra historia, en su prurito nominalista, sacar del Panteón Nacional los restos del Padre de la Patria, ante aquella traición del Libertador? Claro que en esos tiempos no se había fundado todavía el National Endowment for Democracy (NED), pero traiciones son traiciones y dólares son dólares.
El caso penal de la Fiscalía General de la República en contra de los directivos de Súmate no resiste el menor análisis. Provisto de una lógica debilísima y necia pretende fundar su acusación en el primer párrafo del artículo 40 de la Constitución. («Los derechos políticos son privativos de los venezolanos y venezolanas, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución»). Alejandro Plaz y María Corina Machado son, hasta donde sabemos, venezolano y venezolana.
Luego, ¿no recibió Hugo Chávez Frías muy importantes sumas de dinero de, por ejemplo, bancos españoles para sus menesteres políticos en 1998, los que incluían nada menos que el entierro de una moribunda constitución contra la que no pudo su abusivo alzamiento? ¿No es el mismo Chávez cuyo gobierno financia fuera de nuestras fronteras desde la politización de escuelas de samba hasta donaciones de combustible que buscan subvertir el orden democrático estadounidense?
La ridiculez de argumentar que 31 mil dólares entregados por el NED a Súmate pueden dar al traste con la gloriosa revolución venezolana, sólo es comparable a la del embajador Valero que rechaza el informe de la OEA sobre las elecciones porque lleva «malas intenciones»—¿es Valero tan penetrante como el Creador para entrar en el alma de Insulza y saber tal cosa?—o a la del ministro Izarra quejándose de que los norteamericanos aumentarán la información que la Voz de América destina a Venezuela, cuando en el peor de los casos tal cosa no es sino lo que exactamente pretende hacer Telesur en todo el continente.
La retaliación de Isaías Rodríguez contra Súmate, ordenada por Chávez y defendida en Washington por el obsecuente Valero puede ser, además, con la posible creación de mártires, un grave error político del gobierno.
Ahora bien, ¿dónde están, entre esa gente que dice defender a una Patricia Poleo que se fue de Venezuela, quienes quieran defender a una María Corina Machado y a un Alejandro Plaz que se quedaron a pelear?
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