por Luis Enrique Alcalá | Ene 24, 2008 | LEA, Política |
El Centro para la Integridad Pública en los Estados Unidos, y el Fondo para la Independencia en el Periodismo, organización afiliada a la primera, publicaron anteayer un estudio que certifica y cuantifica la mentira sistemática del gobierno de George W. Bush en relación con los riesgos de seguridad que Irak representaba para los estadounidenses. El ámbito temporal del estudio cubre los dos años subsiguientes al mega-atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, y registra las instancias de falsedad mediante el examen de una base de datos compuesta por fuentes primarias—documentos oficiales del gobierno y discursos de altos funcionarios—y fuentes secundarias, esencialmente citas provenientes de los principales medios de comunicación.
La palma se la lleva el propio presidente Bush. El estudio encontró que Bush hizo 232 afirmaciones falsas respecto de Irak y su presunto arsenal de armas de destrucción masiva, y otras 28 acerca de sus supuestas conexiones con al Quaeda. A pesar de que ambas cuestiones carecían, como se demostró luego fehacientemente, de fundamento serio, Bush ha continuado insistiendo en que la remoción de Hussein del poder era lo correcto, lo que de paso establece la doctrina de que el gobierno de los Estados Unidos es juez suficiente y brazo autorizado para decidir y ejecutar la deposición de un gobernante extranjero. (O sea, declaración elocuente sobre el respeto que le merece el principio de la autodeterminación de los pueblos).
La medalla de plata de la mentira correspondió al ex Secretario de Estado, Colin Powell, quien hizo 244 afirmaciones falsas sobre las imaginarias armas de destrucción masiva de Irak y 10 sobre su connivencia con al Quaeda. La medalla de bronce fue compartida por el ex Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el ex Secretario de Prensa, Ari Fleischer, pues cada uno produjo un total de 109 declaraciones falsas.
En total, el estudio registra 935 afirmaciones mentirosas en boca de los más altos funcionarios del gobierno de Bush, comenzando por él mismo e incluyendo, además de los ya nombrados, a Condoleezza Rice, Paul Wolfowitz (defenestrado de la Presidencia del Banco Mundial) y Scott McLellan. La conclusión del trabajo es la siguiente: “En breve, la administración Bush condujo la nación a la guerra sobre la base de información errónea que propagó metódicamente y culminó en la acción militar contra Irak el 19 de marzo de 2003”. Una cita típica viene del Vicepresidente, Dick Cheney, que hablando a una reunión de los Veteranos de Guerras Extranjeras, dijo: “En términos simples, no hay ninguna duda de que Saddam Hussein posee ahora armas de destrucción masiva. No hay duda de que las está amasando ahora para usarlas contra nuestros amigos, contra nuestros aliados y contra nosotros”.
¿No advertía ya Jean François Revel en “El conocimiento Inútil” (1988): “La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira”?
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 24, 2008 | Cartas, Política |
Es ciertamente auspicioso el acuerdo firmado ayer por la mayoría de los partidos opositores de alguna significación. Enfrentados a un punto ineludible de la agenda política, las elecciones de gobernadores y alcaldes, han optado por acordar un esfuerzo unitario, cuya primera expresión práctica se manifestaría en la presentación de candidaturas únicas a esos cargos. En buena medida carga con el mérito de tan importante concertación el Secretario Nacional de COPEI, Luis Ignacio Planas. Con motivo del sexagésimo segundo aniversario de su partido, se dio a la tarea de promover la unidad de los partidos de oposición. La semana pasada se comentó acá la respuesta empática de Manuel Rosales a este planteamiento.
Acción Democrática, Alianza Bravo Pueblo, Causa R, COPEI, Movimiento Al Socialismo, Primero Justicia, Proyecto Venezuela y Un Nuevo Tiempo fueron los suscritores, en el Ateneo de Caracas, de un documento en el que delinean el sentido de la unión, concebida bajo la protección del Espíritu del 23 de enero, ido ya el Espíritu de la Navidad. Si la iniciativa llega a feliz término, esto es, si en verdad los distintos componentes del pacto logran presentar candidaturas únicas en las numerosas circunscripciones estadales y municipales, habrán conseguido poner en serios problemas a las candidaturas oficialistas, sobre las que ahora hace efecto la erosión del apoyo a Chávez y su gobierno y el deterioro particular de actuales gobernantes rojos en localidades como Petare o Anzoátegui.
Hasta aquí, pues, debe saludarse la iniciativa de Planas-COPEI, acogida por sus nuevos siete socios. Se trata de una postura sensata, que parte de la base de que ninguno de los ocho partidos de la planeada alianza es lo suficientemente representativo como para hablar por toda la oposición.
Ahora bien, hay aún residuos evidentes de una manera equivocada de plantear las cosas en el documento que compromete a los partidos que lo suscriben, y esta preocupante circunstancia se manifiesta justamente al comienzo, al presentarse las dos premisas iniciales de todo el planteamiento. Éstas dicen así: [1] “El 2 de Diciembre del 2007, la mayoría de los venezolanos, al rechazar la Reforma Constitucional propuesta, se pronunció al mismo tiempo por una visión de país distinta, con valores y metas diferentes al modelo que se proponía en el Proyecto de Reforma”; [2] “Igualmente en esa oportunidad el pueblo venezolano le expresó un mandato al Gobierno Nacional: Cumpla con el Estado de Derecho previsto en la Carta Magna y dedíquese a gobernar y a resolver los problemas de la gente”.
Ambas afirmaciones son del mismo tenor que lo que pretendía un fenecido “Movimiento 4D”, que a comienzos de 2006 quiso interpretar que una abstención de 75% en las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre de 2005 equivalía a dieciséis “mandatos” específicos “del pueblo a la nación”. (Del pueblo a sí mismo, pues). En un manifiesto firmado también en el Ateneo de Caracas (4 de febrero de 2006) se aseguraba cosas como las siguientes: “El 4-D el pueblo venezolano manifestó su voluntad de progresar y prosperar de manera sustentable, con igualdad de oportunidades para todos; así como superarse y ser dueño de su destino” o “El 4-D el pueblo venezolano invocó el cumplimiento de la cláusula federal y redimir las reformas políticas dirigidas a la descentralización y la paulatina desconcentración del poder político, como fórmulas de control social y garantía de libertad”. Era demasiada deducción a partir de un silencio.
No es serio leer en lo ocurrido el pasado 2 de diciembre significados que no están allí, al menos en la voluntad de cada uno de quienes votaron ese día. No es cierto que el 2 de diciembre “la mayoría de los venezolanos” se pronunció por una cierta “visión de país”. Que una dama rechace las pretensiones de un determinado pretendiente no es lo mismo que acepte las de otro que ni siquiera las ha formulado, por más que este último se diferencie del rechazado.
Tampoco es cierto que el 2 de diciembre de 2007 “el pueblo venezolano” le dijo a Hugo Chávez que se dedicara “a gobernar y a resolver los problemas de la gente”. Lo que ocurrió, estrictamente hablando, es que el 51% de los votantes (28,6% de los electores o, si se quiere, 28,6% “del pueblo”) rechazó en referéndum las propuestas alteraciones constitucionales. Ir más allá de eso es pura retórica, para no decir que es una usurpación. Puede decirse, por supuesto, que es función del liderazgo político “interpretar” la voluntad popular, pero tal cosa no cabe cuando esa voluntad se ha manifestado explícitamente por sí misma, se ha representado ya a sí misma.
Colocadas al inicio mismo del documento, y actuando como fuentes originales de todo lo que sigue, las premisas pretendidas debilitan toda la presentación posterior. Esta vez el contrabando, debe reconocerse, ha sido menor. En vez de dieciséis deducciones excedidas se postula sólo dos, las mencionadas; el resto de las afirmaciones, muy parecidas a las recogidas en el manifiesto del “Movimiento 4D”, es presentado como un conjunto de objetivos.
La ordenación misma de los objetivos es sintomática. Por ejemplo, el documento plano (de Planas) declara: “Combatir la pobreza es nuestro compromiso esencial”. Pero a pesar de tal esencialidad, este objetivo específico aparece en el puesto número seis, justo después de que se enumera, en quinto lugar, este otro objetivo: “Respeto a la propiedad privada y a las libertades económicas”. Si el combate a la pobreza es el compromiso esencial de los firmantes ¿por qué no fue presentado en el primerísimo lugar?
Un caso digno de notar es el del tercer objetivo: “Queremos un país descentralizado”. La explicación de este objetivo, expuesto con ventaja de tres cuerpos sobre el “compromiso esencial” del combate a la pobreza, es la siguiente: “Es fundamental desconcentrar el poder y que funcione una efectiva descentralización geográfica y funcional del poder público en su conjunto. Los Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, las Juntas Parroquiales y los Consejos Comunales electos deben ser responsables directos ante el pueblo que les dio su confianza, y no ante el poder central ó ante funcionarios designados a dedo desde la Capital que solo responde a quien los designó”. Pero la firma misma del documento, en acto escenificado en el Ateneo de Caracas, es decir, en la capital, es decir, en el centro, fue una manifestación centralista. Es sólo después de enumerar ocho objetivos de ámbito nacional y uno sólo “local” (el número 3, “Queremos un país descentralizado”) desde una posición central—¿centralista?—que aparece por fin un objetivo más o menos descentralizado, el que de todas maneras es subsumido, a pesar de tratarse de elecciones estadales y municipales, bajo un concepto nacional: “La primera tarea que debemos cumplir en el camino de hacer realidad las propuestas anteriores es que todos los que compartimos estos valores y metas, debemos unirnos para elegir Gobernadores, Alcaldes y Legisladores regionales que estén comprometidos con la visión de país que proponemos, además de presentar sus respectivas propuestas Estadales y Municipales como candidatos”. Esto es, las candidaturas locales unitarias serían una manifestación particular de una “visión de país” que se exige compartir—antes de las “respectivas propuestas Estadales y Municipales”—aunque lo que se discutirá en noviembre no será el país sino la administración pública de estados y municipios.
El locus correcto para firmar acuerdos preelectorales ante comicios regionales y municipales no es la capital de la República, sino cada una de las entidades territoriales donde los cargos serán disputados. Claro, uno entiende que Proyecto Venezuela o Alianza Bravo Pueblo no tienen mucha vida en Barinas o Delta Amacuro, y necesitaban la escena nacional, centralista, para tener algún título que exhibir.
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Alguien afirmó que la alianza anunciada representaría el 90% de la oposición venezolana. Pero esto es una exageración. Es verdad que alrededor de 18% de la opinión pública manifestaba, a lo largo de 2007, identificarse como oposición al gobierno, pero también que la suma de identificaciones con Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y COPEI (los “cuatro grandes”), no llegaba a 7% del total. (Alianza Bravo Pueblo, Causa R, Movimiento al Socialismo y Proyecto Venezuela, los “cuatro chicos”, no superaban, sumados, el 2%). No toda la gente que se piensa como de oposición se afilia a alguno de los partidos existentes.
Y no es que los partidos que apoyan al gobierno nacional estén boyantes. Ya para mediados de 2007 reportaba Hinterlaces (18º Monitor Sociopolítico, junio) que la identificación total de la población con partidos, oficialistas y opositores en conjunto, era de sólo 31%, y que 67% de la misma no se identificaba con ninguno. Más de la mitad de los electores puede ser clasificada como “Ni-ni”.
En los momentos se nota, sin embargo, una reciente recuperación de espacio de los partidos de oposición, sobre todo en territorios regionales. COPEI pudo colocar ofrendas florales al Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas, espacio hasta hace nada vedado a la oposición, sin mayores contratiempos, en otro logro simbólico para Planas-COPEI. Pero también la iglesia de Cúa estuvo repleta para una misa celebratoria del aniversario del partido verde, y ante un notorio repliegue del oficialismo se evidenciaba el predominio de una consigna: “Miranda para los mirandinos”.
En suma, luego del referéndum del 2 de diciembre, que marca una clara disminución del apoyo popular a Hugo Chávez y sus designios, la afiliación total a partidos de cualquier bando ha disminuido a cerca de 23%, según mediciones recientes. No parece ser, todavía, la hora de los partidos; por lo menos, la hora de los existentes. Si bien los opositores son muy débiles, el gobierno ha fracasado también en la conformación del “partido único de la revolución”, y por esto ahora habla de la reedición del “polo patriótico”. La debilidad de ambos polos formales se manifestó ayer en los actos conmemorativos del 23 de enero de 1958. La marcha “opositora”—convocada en realidad por Oscar Pérez, del Comando “Nacional” de la Resistencia (quien, dicho sea de paso, denunció ayer el acuerdo como «de cogollos» y se quejó de no haber sido invitado a suscribirlo)—no logró movilizar a más de quinientos participantes, y los actos oficialistas no contaron con mucha mayor asistencia.
La lectura correcta de la situación es lo que lleva al octeto de partidos a la siguiente invitación: “El acuerdo que proponemos aspira interpretar las esperanzas de todos los venezolanos, por lo cual invitamos al resto de los Partidos Políticos democráticos, al movimiento estudiantil, a todas las instituciones y personalidades de la sociedad democrática y en especial a todo el pueblo de Venezuela, a participar en la lucha por los valores, metas y aspiraciones que proponemos…”
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Las candidaturas unitarias a los cargos de gobernadores y alcaldes, por otra parte, serían de todos modos candidaturas partidistas. Así se desprende de la redacción de las promesas finales del pacto suscrito ayer: “…nos comprometemos a que los candidatos o candidatas de la alternativa que representamos, los escogeremos respetando la opinión de los ciudadanos en cada Estado y Municipio, dentro del compromiso de escoger a quienes por sus condiciones éticas y de capacidad sean los mejores candidatos, los que tengan mayores posibilidades de triunfo, por encima de intereses partidistas, cogollos o compadrazgos, que garanticen proyectar los resultados del 2 de diciembre hacia el futuro. Quienes suscribimos este Acuerdo, y los que lo hagan en adelante, acordaremos un Cronograma que nos permita a través del consenso, las encuestas y otros mecanismos que se consideren necesarios, presentarnos con suficiente antelación a la fecha de inscripción, con candidatos unitarios a todas las Gobernaciones, Alcaldías y Consejos Legislativos del país”. (Observación en passant: de nuevo aquí se ata lo que debieran ser candidaturas y ofertas locales a un nivel nacional o central: “…que garanticen proyectar los resultados del 2 de diciembre hacia el futuro”).
No parece haber allí demasiado espacio para candidaturas independientes. Sin duda hay estupendos candidatos con afiliación partidista, pero debiera preverse mecanismos para la consideración popular de vocaciones públicas no afiliadas. Esto significa que habría que arbitrar recursos que posibiliten la circulación de caras nuevas.
Una analogía de otro campo puede proveer acá la clase de decisión que se requiere. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) decidió, desde sus comienzos, que el grueso de su financiamiento de la investigación en Venezuela sería adjudicado en cabeza de investigadores. Es decir, los proyectos concretos no se aprobaban en razón del centro de investigación que los alojaría, sino para un líder de proyecto y el equipo de auxiliares que lograba reunir. Estas personas debían demostrar su idoneidad, y así debía certificarla un currículo donde constara, por ejemplo, qué artículos habían publicado en revistas prestigiosas y en cuáles conferencias y simposios habían participado. Una prescripción de tal naturaleza, por lo demás razonable, cerraba sin embargo las fuentes de financiamiento a los investigadores noveles, gente recién salida del cascarón universitario, entre la que podía hallarse más de un genio o estrella de la profesión, pero que precisamente por causa de su incipiencia no podía exhibir artículos publicados o conferencias dictadas.
Es así como el CONICIT concibió y dotó de recursos a un programa especial para el financiamiento de investigadores noveles, en el que la exigencia curricular pasaba a un segundo plano, y se valoraba de modo supremo el mérito intrínseco de los proyectos presentados. Algo así debiera poner en práctica la novísima alianza del cincuentenario del 23 de enero de 1958, la que, con las limitaciones apuntadas, debe ser recibida con beneplácito, puesto que representa un importante progreso político.
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 22, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En diciembre de 1994 el suscrito comentaba un libro de Moisés Naím, recientemente publicado, en su revista mensual referéndum, la que fue editada entre febrero de 1994 y septiembre de 1998. El libro constituía el primer intento interpretativo de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, por quien fuera uno de los ministros del gabinete económico del período.
Naím expresaba en él sorpresa por el “Caracazo” en 1989 y por los intentos de golpe de Estado en 1992. No lograba explicarse cómo el aumento de precios de algunos rubros alimenticios pasó sin causar disturbios, y en cambio el aumento del precio de la gasolina degeneró en una violencia urbana de proporciones descomunales. Pero la explosión del 27 de febrero de 1989 no fue detonada por el encarecimiento de la gasolina sino por el del transporte interurbano—la mecha se encendió en Guarenas—y este último llegaba, justamente, a coronar molestias previas por los aumentos en los precios del pan y la leche. Por otra parte, estas cosas ocurrían poco después del acto de toma de posesión de Pérez con gran boato y dispendio y, más importantemente, eran tan sólo las más recientes privaciones impuestas a un pueblo de largo sufrimiento y longevas carencias. Casi dos años antes había advertido el contendor de Pérez, Eduardo Fernández: “El pueblo está bravo”.
La Ficha Semanal #180 de doctorpolítico recoge el texto del comentario sobre el libro de Naím. En él se destaca, entre otras cosas, que el economista norteamericano Jeffrey Sachs había asesorado a Pérez en ese fatídico año de 1989, el año de instalación de un “paquete económico” modelado sobre los preceptos del Consenso de Washington, que constituyeron la receta estándar exigida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Vale la pena, entonces, recordar dos pasajes que han sido citados antes—el primero fragmentariamente—en esta publicación. Primero, unos trozos de L’Ancien Régime et la Revolution, de Alexis De Tocqueville, cotejables con la sorpresa admitida por Naím. Dicen así:
“Ningún gran evento histórico está en mejor posición que la Revolución Francesa para enseñar a los escritores políticos y a los estadistas a ser cuidadosos en sus especulaciones; porque nunca hubo un evento tal, surgiendo de factores tan alejados en el tiempo, que fuese a la vez tan inevitable y tan completamente imprevisto… Las opiniones de los testigos oculares de la Revolución no estaban mejor fundadas que las de sus observadores foráneos, y en Francia no hubo real comprensión de sus objetivos aún cuando ya se había llegado al punto de explotar… es decididamente sorprendente que aquellos que llevaban el timón de los asuntos públicos—hombres de Estado, Intendentes, los magistrados—hayan exhibido muy poca más previsión. No hay duda de que muchos de estos hombres habían comprobado ser altamente competentes en el ejercicio de sus funciones y poseían un buen dominio de todos los detalles de la administración pública; sin embargo, en lo concerniente al verdadero arte del Estado—o sea una clara percepción de la forma como la sociedad evoluciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro—estaban tan perdidos como cualquier ciudadano ordinario”.
El siguiente pasaje proviene del propio Jeffrey Sachs, que en 2005 escribió en The End of Poverty:
“De algún modo, la actual economía del desarrollo es como la medicina del siglo dieciocho, cuando los doctores aplicaban sanguijuelas para extraer sangre de los pacientes, a menudo matándolos en el proceso. En el último cuarto de siglo, cuando los países empobrecidos imploraban por ayuda al mundo rico, eran remitidos al doctor mundial del dinero, el FMI. La prescripción principal del FMI ha sido apretar el cinturón presupuestario de pacientes demasiado pobres como para tener un cinturón. La austeridad dirigida por el FMI ha conducido frecuentemente a desórdenes, golpes y el colapso de los servicios públicos. En el pasado, cuando un programa del FMI colapsaba en medio del caos social y el infortunio económico, el FMI lo atribuía simplemente a la debilidad e ineptitud del gobierno. Esa aproximación, por fin, está comenzando a cambiar”.
Jeffrey Sachs estaba hablando de su propio cambio, pues once años antes de “El fin de la pobreza” se mostraba tan sorprendido como Naím de los terribles acontecimientos de 1989 y 1992, y para nada renuente a la aplicación de sanguijuelas que luego denunciara.
LEA
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Minotauro de papel
El Fondo Carnegie para la Paz Internacional estimuló a Moisés Naím, antiguo Ministro de Fomento durante el segundo período de Carlos Andrés Pérez, a escribir un libro sobre la política económica de ese período. La invitación culminó en la edición de un libro de Naím en inglés—Paper Tigers & Minotaurs: The Politics of Venezuela’s Economic Reforms (Tigres de Papel & Minotauros: La Política de las Reformas Económicas de Venezuela)—que el propio Fondo Carnegie publicó.
El libro incluye una presentación de Morton Abramovitz, el presidente del Fondo Carnegie, y una introducción de Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Harvard y asesor del gobierno de Pérez en 1989. Naím dejó su cargo de ministro para trabajar en el Banco Mundial, desde donde pasó a ser un asociado senior en el Fondo Carnegie. Esto explica que el libro esté escrito en inglés (probablemente pensado en ese idioma), y que Naím haya escogido hablar del tema desde su cómoda postura académica en los Estados Unidos de Norteamérica.
El libro en cuestión no constituye realmente una sorpresa. Los razonamientos de Naím, las explicaciones que ofrece, son ciertamente las esperables en alguien que fuera uno de los teóricos del paquete perecista. En la conclusión, por ejemplo, eleva a la categoría de “eslabón perdido” del proceso del segundo período de Pérez una estrategia de comunicación eficaz, cuya ausencia habría sido el factor determinante de las crisis políticas que caracterizaron a esa fase de la política venezolana. El título del libro alude a uno de los focos centrales del mismo: los factores que se opondrían al “gran viraje” de Pérez, entre los que habría “tigres de papel”, opositores que se creía fuesen más fuertes y decididos que lo que resultaron, y “minotauros”, oponentes que lo fueron mucho de modo inesperado.
Aun cuando Naím se refiere en más de un punto al tema de la pobreza, y reconoce la existencia de un mar de fondo de descontento previo, confiesa haberse sorprendido con los intentos de golpes de Estado de 1992 y con algunas otras cosas, como la aparente inconsistencia popular, que produjo los desórdenes del 27 de febrero de 1989 y los días subsiguientes pero habría dejado de protestar contra otros aumentos de precio. Traducimos un poco de su primer capítulo para ilustrar el punto: “La predicción de cuáles medidas serían aceptables al público y cuáles provocarían un clamor hostil era igualmente propensa al error. Por ejemplo, nadie anticipó que los venezolanos saldrían a la calle a protestar por la elevación de los precios de la gasolina y los pagos hipotecarios mientras toleraban pasivamente precios de la comida y las medicinas que colocaban a estos rubros fuera del alcance de muchos consumidores. La reacción popular fue tan feroz que forzó al gobierno a abandonar el plan de aumentar el precio de la gasolina (aun cuando todavía hubiera estado entre los más bajos del mundo) y a poner en práctica un costoso subsidio a las hipotecas de las viviendas. Entretanto, los precios de los alimentos y las medicinas continuaron aumentando sin provocar siquiera una reacción remotamente proporcional de los políticos, los medios o el público”. (Pág. 14). Antes Naím declara: “…nadie había sospechado que en Venezuela—uno de los pocos países latinoamericanos que se había ahorrado los horrores de las dictaduras militares de los sesenta y los setenta—las fuerzas armadas influyeran significativamente la política de las reformas económicas. El minotauro militar saltó a la acción dos veces inesperadamente”. (Pág.14).
Tenemos que disentir de esa lectura de Naím, puesto que tales eventos habían sido tanto anticipados como advertidos. El 21 de julio de 1991 el editor de esta publicación argumentaba desde El Diario de Caracas: “Por problemas menores que los que enfrenta el Presidente, Isaías Medina fue derrocado. No pudo nunca recuperar sus derechos políticos. En cambio, Richard Nixon todavía influye en la política mundial y de su país, porque tuvo la sabiduría de, por menos que lo que acongoja al Presidente, renunciar a la presidencia de los Estados Unidos… El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional”. Bastante antes de esa advertencia, escribía también en “La Posibilidad de una Sorpresa Política en Venezuela”: “Por lo que respecta a un golpe militar antes de las elecciones de 1988 las probabilidades aparecen como minúsculas, aun cuando el deterioro continuase, como parece lo inevitable. Sólo un deterioro muy fuertemente acelerado en lo que resta desde ahora hasta las elecciones, pudiera provocar un intento serio de golpe militar. Por esto el sistema político venezolano deberá estar pendiente de acciones intencionales de agitación y agravamiento de la situación por parte de elementos que estuviesen jugando a esta posibilidad. En cambio, de ganar las elecciones de 1988 uno de los candidatos tradicionales, probablemente lo haría con un porcentaje muy reducido de votos. En ese caso el próximo gobierno sería, por un lado, débil; por el otro, ineficaz, en razón de su tradicionalidad. Así, la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabilidad de un golpe militar hacia 1991, o aún antes, sería considerable”. (Septiembre de 1987). En la introducción de este estudio decía: “En la primera sección de este trabajo discutiremos los rasgos que permiten calificar a la situación venezolana como altamente propensa a la sorpresa política. En las subsiguientes, y tratadas de modo distinto, dos clases generales de sorpresa: la posibilidad del outsider democrático en las elecciones de 1988; la posibilidad del golpe militar”.
También opinábamos en el mismo estudio: “Las mismas condiciones que hacen en general más probable la aparición de un hecho político sorpresivo son las que han aumentado la base con la que contaría un intento militar de tomar el control de las cosas: las condiciones de creciente deterioro de la situación. Sería muy raro que en las condiciones venezolanas de la actualidad no hubiesen aumentado las aproximaciones al tema y el examen de las consecuencias de un hecho tal por parte de actores con alguna posibilidad técnica de intentarlo… la posibilidad subsiste, y su cristalización supondría un deterioro más acusado, tal vez con la explosión de violencia social previa y la ausencia de una solución civil eficaz a los ojos de los militares que estuviesen pensando en esa dirección”.
Eso, pues, por lo que respecta al punto de la predecibilidad. En cuanto al fondo del problema, la óptica de Naím corresponde a una perspectiva clásica, newtoniana, mecanicista, según la cual “debería ocurrir” una explosión social por el aumento de los precios de alimentos y medicinas porque ocurrió una con el aumento de los precios del transporte. El propio Naím reconoce que la explosión del 27 de febrero de 1989 fue espontánea. Como hemos expresado acá, no es una visión clásica la que permite una explicación satisfactoria del fenómeno, sino modelos más actualizados de la teoría del caos y la teoría de la complejidad, la que, dicho sea de paso, permite entender, a través del fenómeno de la autorganización de sistemas complejos, las estabilidades que Naím no entiende.
Pero también está todo el libro en línea con la idea, más o menos difundida, de que el programa de Pérez era un programa esencialmente correcto. Las equivocaciones habrían sido, como reportamos antes, comunicacionales ante todo, las que serían más importantes que otras explicaciones que Naím minimiza, como la siguiente: “Los defensores del enfoque con orientación de mercado echan la culpa de la agitación política al gobierno de Pérez. Argumentan que su gobierno era corrupto y falló al no poner suficientemente atención a los costos sociales de los cambios que puso en práctica. No hizo nada para forzar el goteo hacia abajo de los beneficios de las reformas a las clase pobre y media” . Naím dice que estas “…generalizaciones son engañosas y dejan de capturar la esencia de la experiencia venezolana con las reformas”. (Pág. 12)
En este tipo de perspectiva lo acompañan ambos prologuistas. Sachs se sorprende, como Naím: “La gran paradoja de la experiencia venezolana es que logros macroeconómicos significativos—un rápido crecimiento del PNB, el haber esquivado la hiperinflación, la promoción de exportaciones—hayan sido acompañados por una profunda agitación política, incluyendo dos intentos de golpe. ¡Uno se estremece de pensar en lo que un fracaso macroeconómico hubiera producido!”. (Pág. 5).
Por su parte, Abramovitz establece la equivocación en las mismas primeras líneas de todo el libro: “La gerencia de las reformas de mercado es quizás el principal problema público en más y más países, desde los viejos países socialistas hasta las diversas economías de América Latina”.
Que estos estudiosos de los problemas públicos den prioridad al tema del mercado por encima del inmenso, principalísimo, decididamente central problema de la distribución de la riqueza en nuestros países, es evidencia de la tecnocrática ceguera y académica autosuficiencia que caracterizó, como a otros gobiernos en el mundo, al segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez, del que Moisés Naím fue destacado protagonista. Por fortuna, el libro de Naím no pasa de ser un minotauro de papel, aunque tal vez se trate, en su caso particular, de un minotauro de papel moneda.
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 17, 2008 | LEA, Política |
Las más recientes declaraciones de Manuel Rosales parecen indicar que se encuentra bien encaminado. El 13 de enero el partido COPEI cumplió 62 años de fundado y, en un acto conmemorativo de esta circunstancia, Rosales declaró: “Queremos construir con todos los partidos, con la sociedad civil, con todos los sectores, un movimiento alternativo, de cambio, para la reconciliación, para la unidad de Venezuela y que tomará fuerza a partir de las elecciones de gobernaciones y alcaldías donde aspiramos ganar la mayoría de esas gobernaciones y estas alcaldías”. Luego añadió: “En medio de esta crisis que vive el pueblo de Venezuela, la construcción de esa alternativa pasa por el reencuentro, por ceder posiciones y establecer dos premisas fundamentales: la primera es un proyecto, un plan, un programa de cambios, de reconciliación para el país y, lo segundo, la selección de los mejores candidatos”.
Tales conceptos parecieran indicar su reconocimiento al hecho de que su propio partido, Un Nuevo Tiempo, no es la estructura que podría alojar por entero al movimiento que predica, puesto que lo imagina integrado por “todos los partidos”. Si esto fuera así, Rosales habría ganado una nueva conciencia de las limitaciones de UNT, y tal cosa sería, sin duda, un explícito signo de madurez política.
Todavía predicó el abandono de prácticas inconvenientes: “Hay que marcar distancia con los cogollos, con el amiguismo, con el compadrazgo, con el sectarismo y con ese proceso malo que, a veces, se cierne sobre los partidos, como es el grupalismo y el sentido de darle carácter familiaridad o amiguismo a la selección de candidatos”.
Finalmente, expresó su decidido apoyo a una proposición de COPEI: que primero se logre la elección unitaria de “los mejores candidatos” a las gobernaciones y alcaldías y luego se les inscriba como en el Consejo Nacional Electoral, y no al revés, como ha sido la costumbre.
Rosales está actuando, entonces, como factor de unidad. Esta actitud suya es auspiciosa, y permite augurar una participación constructiva y eficaz en las próximas elecciones regionales, previstas para el mes de noviembre.
Ahora bien, los candidatos a gobernador o alcalde no pueden limitarse a un programa genérico de carácter nacional, por más loable y necesaria que sea la meta de la reconciliación del país. Se trata, por supuesto, de elecciones precisamente regionales, y ninguna bandera nacional puede sustituir las plataformas programáticas específicas para cada gobernación y cada alcaldía. Buenos candidatos unitarios, por supuesto; pero también buenos programas, propios para cada estado y cada municipio.
Quienes diagnostican que durante el gobierno de Chávez la descentralización ha perdido terreno ante el centralismo, no pueden olvidar ahora las peculiaridades de cada entidad.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 17, 2008 | Cartas, Política |
Hace ya más de dos décadas que Arturo Úslar Pietri explicara pedagógicamente, a una reunión del Grupo Santa Lucía, algo como lo que sigue:
“Un grupo de colonos que venía de Inglaterra se asentaba en alguna región de Norteamérica, donde cada familia ocupaba una parcela que cercaba y procedía a cultivar. Al cabo de un tiempo se encontrarían los vecinos y surgía la idea en ellos de construir entre todos un granero común, que ubicarían en un sitio céntrico. Años más tarde volverían a encontrarse cuando ya sus hijos habían crecido y convenían que sería útil contratar entre todos una maestra que los enseñara, por lo que construían una escuela. Un poco más adelante, ya con la prole extendida numerosamente, decidían que necesitaban un pastor y éste un templo, que también construían. Un día se daban cuenta de que con el tiempo habían fundado un pueblo, y sólo entonces le daban nombre.
Más al sur, en cambio, llegaba al valle del Guaraira Repano, el de los caracas, Don Diego de Losada al frente de una tropa, uno que otro fraile y gente agricultora y artesana. Allí, donde no había otra cosa que un río que vigilaban desde lejos escondidos y atemorizados aborígenes, bajaba Don Diego de su caballo y clavaba en tierra un pendón con el signo de la cruz, declarando que el sitio era ahora Santiago de León de Caracas, antes que la primera casa fuese erigida o la primera calle trazada”.
Hay, pues, una suerte de bipolaridad cultural entre sajones e hispánicos, la que explica buena parte de sus diferencias. Un interés supremo por las cosas concretas facilita un derecho casuístico y aluvional, inductivo como el anglosajón, y una preocupación por las palabras y las categorías generales soporta mejor un derecho deductivo, piramidal como el latino. Situados en el campo de análisis de Michel Foucault, al sur se está más cómodo con les mots, mientras que el norte se entretiene con les choses.
Hugo Chávez es perfecto ejemplo de una preferencia por las palabras antes que por los hechos. Sus actos de gobierno son discursos, sus logros más señalados son palabras y títulos. Por eso habla interminablemente. Él es en esto, muy a su pesar, más español que indígena; de los indios es proverbial su parquedad. Él no es parco; él es hombre de palabras, de motes, cognomentos y etiquetas: el árbol de las tres raíces, el eje Orinoco-Apure, el desarrollo pentapolar, el año de las “tres erres”, los núcleos endógenos, los gallineros verticales, la quinta república, la batalla de Santa Inés, la misión identidad, el plan Bolívar 2000, el socialismo del siglo XXI, la participación protagónica del pueblo, la nueva geometría del poder y los demás motores de la revolución (bonita), la bicha… Parla pura.
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La manifestación más reciente de esta propensión presidencial a la parla—DRAE: Verbosidad insustancial—es su proposición de que no se llame más “terroristas” a las FARC, sino “beligerantes”. Un conjuro mágico—el pensamiento mágico ocupa buena parte de la actividad mental del Presidente—bastaría para encaminar a Colombia hacia la paz. Bastaría reconocer la beligerancia de las FARC para que éstas ya no secuestraran a más nadie. Dice Chávez: “Las FARC y el ELN no son cuerpos terroristas; son ejércitos, verdaderos ejércitos que ocupan un espacio en Colombia. Hay que darles reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político y bolivariano, que aquí es respetado”. Eso fue en la Asamblea Nacional, durante lo que se supone debió ser una presentación del informe de su gestión en 2007. Luego, en el programa “Aló Presidente” #300, desde Guárico, lo puso así: “Presidente Uribe, si usted le reconoce a las FARC estado de beligerancia y las FARC lo aceptan, entrarían de inmediato en los Protocolos de Ginebra, no podrían usar el secuestro”. Es decir, yo soy maluco, pero si usted deja de llamarme maluco ya no lo seré más.
Esta nueva simpleza de Chávez, meramente nominal, antifáctica, ha recibido un rechazo casi unánime en todo el mundo. En verdadera cayapa, gobernantes y dirigentes de la Unión Europea, Alemania, Argentina, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Perú, Reino Unido y, por supuesto, Colombia, han desestimado, con mayor o menor intensidad, el despropósito promovido por el Presidente de Venezuela. Una gloria de España, Javier Solana, ha dicho con toda claridad, a nombre de la Unión Europea: “Si ahora se cambiara la posición con respecto a lo que son las FARC creo que cometeríamos un gravísimo error”. (Hay excepciones: Ricardo Cantú Garza, parlamentario mexicano, apoya la idea de Chávez, y anuncia que el asunto será elevado no sólo al Congreso de México, sino al mismo Parlamento Latinoamericano. Una hija de la rehén Ingrid Betancourt, Mélanie Delloye, dijo que “otorgar la categoría de fuerza beligerante a la guerrilla podría permitir el diálogo con el gobierno de Álvaro Uribe y abrir un camino hacia la paz en Colombia”). Muy significativos son los distanciamientos de habituales aliados de Chávez, Jorge Correa y Cristina Kirchner, pero más definitiva es la contundente declaración del propio Álvaro Uribe Vélez: “En el momento que las FARC quieran, que hagan demostraciones de buena fe, que quieran negociar la paz, el gobierno de Colombia está dispuesto a concederle todos los beneficios dentro de nuestra Constitución para facilitar ese proceso de paz. El gobierno de Colombia, en el momento que avance la paz con las FARC, sería el primero que dejaría de llamarlos terroristas y el primero que le pediría al mundo que, como una contribución a la paz, en adelante no se les llame más terroristas”.
Autogol, autocayapa. La escritora colombiana Laura Restrepo, que no oculta su insatisfacción con Uribe, ha declarado: “Me da un dolor inmenso por los secuestrados que veían una luz en la mediación de Chávez. Y ahora resulta que Chávez se inhabilita a sí mismo para ser mediador. Nunca he visto en política un autogol tan patético”.
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Pero no debe desestimarse la proposición hecha por Chávez sin detenerse, aunque sea someramente, en el significado concreto de la misma. ¿Qué se requiere para que una fuerza armada sea tenida por beligerante según las normas ginebrinas?
Los criterios son los establecidos previamente en las Convenciones de La Haya (1899 y 1907). La segunda de ellas, expandiendo la regulación establecida en la primera, incluyó un anexo acerca de las “Regulaciones respecto de las leyes y costumbres de la guerra en tierra”, cuya primera sección trata justamente “De los beligerantes”. El artículo primero de su capítulo primero (Las calificaciones de los beligerantes) dice a la letra:
Art. 1. Las leyes, los derechos y los deberes de la guerra no se refieren solamente al ejército sino también a las milicias y a los Cuerpos de voluntarios que reúnan las condiciones siguientes:
1. Tener a la cabeza una persona responsable por sus subalternos;
2. Tener una señal como distintivo fijo y reconocible a distancia;
3. Llevar las armas ostensiblemente;
4. Sujetarse en sus operaciones a las leyes y costumbres de la guerra.
Ya la primera condición es problemática, pues por estos mismos días se reporta una disputa por el liderazgo de las FARC entre Manuel Marulanda y “el Mono” Jojoy, pero admitamos que el anciano Tirofijo califica como “responsable por sus subalternos”, a pesar del fraccionamiento observable en la guerrilla colombiana. Es este fraccionamiento, por cierto, la causa del papelón de la “Operación Emmanuel”, pues Marulanda no sabía que el hijo de Clara Rojas ya no estaba bajo su control. Y ahora, en clásicas trapacería y desfachatez, las FARC echan la culpa de su incumplimiento al gobierno de Colombia: “Si el niño Emmanuel no está en brazos de su madre, es porque el Presidente Uribe Vélez lo tiene secuestrado en Bogotá”. (Comunicado del 10 de enero).
Menos problemas tienen las FARC para llenar la segunda y la tercera condición. En efecto, la mayor parte del tiempo tienen distintivos en sus uniformes, vehículos e instalaciones, y no hay duda de que llevan armas muy ostensiblemente.
Es la última condición la que no cumplen en absoluto. La Cuarta Convención de Ginebra (1949) prohíbe específicamente “la violencia contra la vida y la persona” (en particular el asesinato de cualquier clase, la mutilación, el tratamiento cruel y la tortura), la “toma de rehenes” y la violación “de la dignidad personal” (en especial el tratamiento humillante y degradante). Tan sólo la detención de 774 rehenes (la cuenta más reciente) no corresponde a ninguna ley o costumbre de la guerra, para no señalar la matanza de inocentes o el tratamiento infamante que las FARC imponen a ciertos secuestrados. Esto es, no hay cabida para la calificación de beligerantes a las FARC. Quienquiera que haya asesorado a Hugo Chávez al respecto le ha aconsejado muy mal. Para su edificación se copia de seguidas el primer numeral del Artículo 3 de la IV Convención de Ginebra, que dentro de sus Disposiciones Generales se refiere a los conflictos no internacionales:
Artículo 3 – Conflictos no internacionales
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
Y ya que examinamos la legislación ginebrina de la guerra, hay en ella ciertas provisiones que pueden aplicarse, por analogía, a la calificación de los oficios emprendidos hasta ahora por Hugo Chávez. Por ejemplo, para mediar en conflictos entre naciones las convenciones de Ginebra crearon la figura de “potencia protectora”, que es una tercera nación que no es parte en un conflicto y tiene por misión “salvaguardar los intereses de las Partes en ese conflicto”. Sus funciones: “De conformidad con los Convenios y el Protocolo, por colaboración en la aplicación de los Convenios se entiende el ejercicio de buenos oficios, previstos expresa o implícitamente, y el cometido de intermediario”. En materia de los buenos oficios se estipula: “ Los buenos oficios de la Potencia protectora dependen en primer lugar, del cometido general que se le asigna para que colabore en la aplicación de los Convenios y del Protocolo. Los buenos oficios consisten únicamente en poner en contacto a las Partes en conflicto, sin participación alguna en el debate o en la negociación”. ¿Se ha atenido Hugo Chávez a este papel, absteniéndose de participar en el debate o la negociación? ¿O ha mostrado su sesgada preferencia por las FARC, sin perder oportunidad, como señaló ayer el canciller colombiano, de fustigar al gobierno de Colombia? A veces cabe que se considere reclutar a algún sustituto, y entonces se prevé: “Las Partes en conflicto pueden convenir, en cualquier momento, en confiar a un organismo que ofrezca todas las garantías de imparcialidad y eficacia las tareas asignadas a las Potencias protectoras”. ¿Puede ofrecer Hugo Chávez la más mínima garantía de imparcialidad?
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¿Qué impele a Chávez a actuar de esta forma? Al menos dos respuestas de distinto nivel pueden ofrecerse a esa pregunta. La primera tiene que ver con lo que constituye su proyecto político personal. En julio de 2000 la junta directiva de una transnacional petrolera (que ya no está en el país) solicitó al suscrito una primera presentación que le permitiera “entender a Chávez”. En aquella ocasión recibieron una opinión sintética acerca del “sueño impulsor de Chávez” en los siguientes términos: “Los Estados Unidos Bolivarianos. El sueño de poder de Chávez se extiende claramente más allá de las fronteras venezolanas para incluir, al comienzo, el área representada por los países liberados por Simón Bolívar. En esta concepción, por ejemplo, el actual gobierno colombiano pertenece a la misma categoría de ‘cúpulas podridas’ que él denuncia en Venezuela, lo que explica sus posturas tolerantes hacia las guerrillas colombianas”. Hace más de siete años de esa evaluación, pero la conducta reciente de Chávez confirma lo que era evidente ya por entonces.
Sin embargo, esa explicación no es suficiente. Chávez ha empleado por muchos años un estilo confrontacional e insultante respecto de gobernantes e instituciones públicas de muchos países. Ha insultado directamente a Bush, Blair, Aznar, Fox, Calderón, García, el Grupo Andino como un todo y el Senado brasileño, entre otros; pero desde que Uribe asumiera la Presidencia de Colombia en 2002 hasta noviembre del año pasado, cuando fuera dejado cesante como mediador—a raíz de sus indiscreciones y la violación de expreso pedimento de su homólogo colombiano—Chávez eludió meterse directamente con Uribe. Hace días se refirió a este período como la “luna de miel” con Uribe. (Algo larga para calificar como etapa selénico-melosa). ¿Qué lo hace cambiar?
Es aquí donde los rasgos patológicos de su personalidad ofrecen la clave. Para una persona en quien es fácil diagnosticar lo que por estos días se reporta en la emproblemada Britney Spears—la doble condición de desorden bipolar y desorden narcisista—no era fácil manejar el despido que Uribe le infligiera. Durante semanas había estado resollando por la herida que le causara Juan Carlos de Borbón, había recibido un tentequieto de parte del Rey de Arabia Saudita en la OPEP y la presidenta Bachelet le había manifestado desagrado ante sus intromisiones en asuntos bilaterales de Bolivia y Chile. De estos agravios—al enfermo de desorden bipolar se le decía antes maníaco-depresivo, y una de las manías comunes es la persecutoria: “ A mí me tiene [Bush] en una lista también”, “Lo siguiente que harían, por órdenes del imperio, sería venir por mí”—estaba a punto de recuperarse, gracias a que el flamante presidente Sarkozy le había dado beligerancia por su interés en la liberación de la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Pero hete aquí que cuando planeaba recibir máximos honores planetarios, y buscaba el beneplácito de un dictador de larguísima agonía, y llamaba desde Cuba a militares colombianos, Uribe le hacía la afrenta de despedirlo, de arruinarle uno de los mejores papeles de su vida. En rápida sucesión, para colmo, fue derrotado en el referéndum del 2 de diciembre y las FARC lo arrastraron al ridículo, ofreciendo entregar a un niño que hacía rato era objeto de protección por el gobierno de Bogotá. Ha sido demasiado.
El narcisismo de Chávez es obvio desde hace tiempo; su bipolaridad ha sido disimulada con más éxito. El Chávez que se muestra es el eufórico, el parlanchín infatigable. No aparece cuando está deprimido.
El desorden bipolar es una dolorosa condición, una cruz cruel e injusta que aqueja gratuitamente a un buen número de personas. La lucha contra horribles depresiones adquiere dimensiones verdaderamente heroicas en quienes la padecen, y la fase eufórica es la sobrecompensación del alma a un castigo verdaderamente espantoso. Muchos de los aquejados por ese mal logran funcionar la mayor parte del tiempo en un difícil y precario equilibrio, y son personas socialmente útiles y más meritorias que quienes no lo sufren. Ahora bien, conmiserados con Hugo Chávez persona porque está sometido a tan ingrato y lacerante desorden, ¿debemos permitir que Hugo Chávez presidente siga decidiendo el curso, hoy errático, de la República?
El 10 de noviembre de 2007, en la Nota Ocasional #16 de doctorpolítico, escrita a raíz de la poderosa pregunta del Rey de España en Santiago, se decía: “…lo desaforado de la actitud de Chávez, incapaz de controlarse mientras estaba Rodríguez Zapatero en el uso de la palabra, permite comprender la reacción regia y entretener serias dudas acerca de la cordura del presidente venezolano… una reiteración de frecuencia creciente de episodios de descontrol en Chávez pondría en primer plano el primer parágrafo del Artículo 233 de La Constitución, en el que subrayamos la redacción pertinente: ‘Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato’.”
Porque es que la conducta de Hugo Chávez ante Colombia, producto de su lacerante dolor íntimo, arriesga un escenario terrible: una confrontación armada con el país hermano. El Presidente de la República ha tenido muchísimos momentos de gran lucidez, y pudiera él mismo darse cuenta de su enfermedad y renunciar para someterse a tratamiento. Eso sería, para él, preferible a la humillación definitiva: que sus propios partidarios, que su Asamblea Nacional y su Tribunal Supremo de Justicia se vieran forzados a inhabilitarlo. Sería una trágica y amarga decisión de quienes hasta ahora lo han seguido fielmente, pues la iniciativa no puede venir de un lado distinto del chavismo. Los demás podríamos argumentarla, pero nunca promoverla.
LEA
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