por Luis Enrique Alcalá | Ene 20, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
La esposa del suscrito es incansable lectora y certera crítica de libros de ficción. En su opinión, “La otra isla”, la primera novela de Francisco Suniaga, es una obra estupenda. Ahora lee con detenimiento “El pasajero de Truman”, después que quien escribe tragara su texto en una tarde y una noche.
El libro, un best seller en las librerías venezolanas, es la explicación de uno de los misterios políticos más apasionantes del siglo XX venezolano: la entrada de Diógenes Escalante, candidato de consenso a la Presidencia en 1945, en el reino de la locura. Fue su insania súbita lo que precipitara el golpe de Estado del 18 de octubre contra el gobierno del general Medina Angarita, hecho que generó grandes y graves consecuencias.
Al gusto del autor de esta nota, el método escogido por Suniaga, aunque eficaz para la ilación del cuento, se hace a veces monótono y adquiere una artificialidad que se deriva de excesivas mediaciones. Supuestamente, reporta una serie de conversaciones entre “Román Velandia” (Ramón J. Velásquez) y “Humberto Ordóñez” (Hugo Orozco) luego de que el primero, empleado repentinamente por Escalante, esperase unas cuantas décadas para una reconstrucción obligada con el segundo, que fuera por muchos años asistente y amigo íntimo del candidato enloquecido. Hay momentos cuando, por ejemplo, Escalante recuerda cosas dichas a él por Cipriano Castro, en recuento que hace a Ordóñez-Orozco, para que éste a su vez las confíe muchos años después a Velandia-Velásquez y finalmente Suniaga, como narrador omnisciente, las transmita al lector. El detalle y longitud de algunos de estos discursos tan mediados hace poco creíble la técnica, pero debe admitirse que el lector queda precisamente informado y jamás se confunde con la enrevesada exposición, pues Suniaga es una pluma clara.
En algún punto Ordóñez-Orozco—¿Suniaga?—carga la mano contra Rómulo Betancourt, al sugerir que fue irresponsable o mentiroso, pues escribió en “Venezuela, política y petróleo” que detectó tempranamente en Escalante la mirada de quien tenía “el sistema nervioso ya quebrado”. Al menos el personaje Ordóñez-Orozco es, entonces, inconsistente, pues él mismo informa de conductas extrañas en Escalante antes de su traslado a Venezuela para encargarse de la candidatura, y hasta refiere que su barbero común en Washington le confió su impresión de que la salud de aquél estaba seriamente comprometida. Si la opción alterna fuera cierta, por otra parte, que Betancourt habría ofrecido irresponsablemente el apoyo de su partido a Escalante a pesar de percibirlo como psiquis herida, ¿qué pudiera decirse entonces de Ordóñez-Orozco, que no sólo aplacó convenientemente sus propias dudas, sino que se dedicó con la mayor pasión a prepararse para su propia prosperidad política, la que iba a alcanzar como mano derecha de quien iba a ser Presidente de la República? He allí una inconsistencia del antibetancurismo superficial.
Pero, más allá de echar luz sobre el hasta ahora oscurecido affaire Escalante, el texto de Suniaga enseña lecciones de indudable gravitación sobre nuestro presente. No puede haber escapado a su inteligencia que el eco de peripecias e ideas de la primera mitad de nuestro siglo pasado resonaría ahora, pues las asociaciones posibles son obvias. La Ficha Semanal #225 de doctorpolítico reproduce, como muestra de tales reverberaciones, dos fragmentos de la obra de Suniaga: en el primero, Escalante hace una evaluación preliminar de Cipriano Castro; en el segundo, refiere cómo obtuvo su primer cargo consular, en conversación con Castro en la que también participó el general Ibarra, Canciller de la época.
Cualquier parecido con la realidad actual es, como se advierte usualmente, pura coincidencia.
LEA
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Pura coincidencia
La vida tiene sus contradicciones. En 1899, en una de esas piruetas de nuestra historia, Castro se alzó contra el gobierno de Ignacio Andrade e invadió Venezuela desde Colombia. Los motivos aparentes están recogidos en proclamas del momento y en discursos dados posteriormente desde la Presidencia. El motivo real siempre me pareció otro: la crisis de los precios del café de finales del siglo XIX dejó arruinados a hacendados como Castro, y la guerra era el mejor negocio en el que podían anotarse. Por supuesto que no le faltó quien lo siguiera en esa empresa. Igual que Guzmán Blanco y otros caudillos criollos que le precedieron, contaba con esa aura que los eleva y los hace irresistibles. Era capaz de plantearse como posibles los disparates más grandes, más increíbles, y encontrar gente dispuesta a matar y morir por ellos. Dicho en las palabras del viejo embajador César Zumeta, era psicópata y psicopatógeno. Es decir, estaba loco y tenía la insólita cualidad de volver locos a los demás. Esa condición psicopática de Castro, cubierta por el barniz de la consigna “nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos”, daba a su épica un aire de romanticismo que le ganó la simpatía de los jóvenes que en los albores del siglo XX buscaban una esperanza a la que aferrarse. Y él les ofreció, nada más y nada menos, ser los hombres nuevos que la humanidad espera desde los tiempos de Caín. Yo no me tragué el cuento. Intuía, y después por mis lecturas comprobé, que el hombre nuevo no existe ni puede crearse, el hombre es un continuum, es siempre el hombre, sin adjetivos. Lo nuevo, sólo si ese hombre se lo labra, podría ser el tiempo en el que le toque existir. Y si logra eso, aun cuando con su accionar haya provocado una renovación real y profunda de su entorno, probablemente sufrirá el castigo de no poder ver su obra realizada. Ése es el sino de lo humano. (Págs. 43 y 44).
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—En principio, déjeme decirle que desde 1902 estoy en deuda con su tío, el general Calixto Escalante, y quiero que sepa que será a él a quien le deba el favor. No es fácil encontrar a alguien de la talla de su tío, dispuesto a dar la vida por nuestra noble causa. En cuanto a lo otro, mire, se me ocurre algo mejor, sería un desperdicio que usted se nos fuera para el Táchira. Con su estatura, porte y preparación, está mandado a hacer para representarnos en los salones diplomáticos de Europa. Vamos a aprovechar que aquí está el canciller y lo enviamos para allá. General Ibarra, vamos a mandar a este joven para Europa. ¿Qué consulado tenemos libre en el Viejo Continente?
—Ninguno. Lamentablemente están todos ocupados, señor Presidente -dijo el general Ibarra en un tono que, aunque respetuoso, parecía reflejar cierto cansancio—. Por gente amiga suya y de la Restauración, señor Presidente—agregó.
—¿Y Liverpool? ¿No me dijo usted hace unos días que el consulado en Liverpool estaba sin cónsul desde hacía tiempo?
—Sí, señor Presidente. Y hace apenas tres días, el dos de septiembre, me ordenó usted que lo cerrara. Incluso esta mañana le envié al embajador británico, Percy Wyndham, la nota donde le informo nuestra decisión de clausurarlo. Tal vez al joven podríamos adscribirlo a una embajada o a un consulado acá, en nuestra América.
—Pues no señor. En lo que salga de este despacho, me le notifica al embajador inglés que no cerramos nada, que hemos designado al señor Diógenes Escalante cónsul nuestro en Liverpool.
—Señor Presidente, perdone usted que le repita algo que ya sabe, pero la diplomacia tiene sus formas. Los ingleses no van a entender que, en la mañana, enviemos una nota informándoles que cerramos nuestro consulado en Liverpool y, en la tarde, mandemos otra notificándoles el nombramiento de un nuevo cónsul para esa delegación.
—Pues eso es exactamente lo que vamos a hacer, ministro. A mí me tiene sin cuidado lo que crean los ingleses. Venezuela es un país soberano y eso sí es bueno que lo tengan clarito los ingleses y quienes no lo sean. Para su tranquilidad, sepa usted que los ingleses, los de allá y los de América, los franceses, holandeses, alemanes, todos esos carajos, tienen siglos haciendo lo que les viene en gana, cosas peores y mucho más arbitrarias que ésta. ¿Le parece poca arbitrariedad haber bloqueado nuestras costas y bombardeado nuestros puertos porque les dio la gana? Y ya usted vio, no ha habido quien les dé el vuelto. ¿Dónde estaban las fórmulas diplomáticas cuando eso? Así que, sin temor alguno y sin dar explicaciones, esta tarde me manda esa nota, ésa es nuestra decisión y punto. Si no tuviéramos esta actitud inflexible cuando se trata de nuestra soberanía, lo del bloqueo se habría convertido en invasión. Que aprendan a respetar a Venezuela, ministro. No olvide que eso es muy importante y para enseñárselo al mundo estamos aquí. Y usted, Escalante, llévese lo dicho y lo decidido aquí como muestra de lo que debe hacer un patriota cuando lo que está de por medio son los intereses de la paria. No me canso de repetírselo a los diplomáticos de esta Revolución Restauradora; adonde quiera que usted vaya, Venezuela, la patria inmarcesible que Bolívar en su magnificencia nos legara, debe ir primero.
A mí que jamás fui capaz de actuar de esa manera me admiró esa determinación, ese saltar por encima de las formas, ese ¡hágase mi voluntad! que dictan los poderosos, sin detenerse a medir las consecuencias ni prestar oído a lo que piensen los demás. Aunque nunca me comportara así, e incluso lo censurara en privado, me cautivaba ese arrojo que los lleva a violar los procedimientos, las convenciones sociales, las normas jurídicas, los acuerdos políticos, los sacramentos y salir bien librados, si acaso no fortalecidos. Y es que se atreven hasta contra el sentido del ridículo. ¿Cuántas veces no me quedé estupefacto ante la temeridad con la que se enfrentan al ridículo los hombres como Castro? La dimensión de lo ridículo es uno de los parámetros que los autócratas rompen, y lo hacen tan a menudo que quienes lo rodean llegan a creer que esa conducta es normal, cuando, ni por asomo, lo es. Peor aún, los imitan y promueven en los demás esa actuación ridícula. Los autócratas no sólo son psicópatas y patogénicos, Humberto, también son ridículos y ridiculizadores. Recuerdo que Castro había adoptado, por aquellos primeros tiempos de su mandato, un uniforme de trabajo bastante curioso, una chamarra de lino crudo parecida al uniforme de verano del zar Nicolás de Rusia. Cuando tenía reuniones políticas con sus partidarios, completaba ese atuendo enrollándose en el cuello un pañuelo amarillo, el color de la bandera restauradora. Era asombroso ver entonces cómo los castristas, civiles y militares, lucían ese atuendo, en abierta competencia para ver quién se ponía la chamarra más rusa o el pañuelo más amarillo y se parecía más al jefe. En octubre de 1903, unos meses después de la humillación a la que nos habían sometido las flotas de Alemania e Inglaterra, asistí a un evento convocado en Miraflores para celebrar el aniversario de la Revolución Restauradora. Y desde la entrada al palacio hasta el salón del acto se encontraba usted con aquella comparsa de funcionarios y caudillos de provincia ataviados con chamarras zaristas y pañuelos amarillos enrollados en el cuello, iguales al general, uniformados como unos pendejos. Por situaciones como ésa, combinadas con el discurso heroico y lleno de floripondios del general Castro, su gobierno tuvo para mí una pátina ridícula que, dicho sea de paso, todas las dictaduras parecieran necesitar. (Págs. 51-55).
Francisco Suniaga
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 15, 2009 | LEA, Política |
Las matemáticas de la muerte son siempre horrorosas. Acá se ha recordado cómo Herman Kahn acuñara el término “megamuertes” (megadeaths), para manejar con más comodidad la estimación de víctimas en posibles conflagraciones nucleares. Por estos días de conflicto israelí-palestino en Gaza, han vuelto los cálculos a alimentar las discusiones del mismo.
Por ejemplo, la suma algebraica de muertes por el ataque israelí iniciado el pasado mes de diciembre y las víctimas producidas por los cohetes que Hamás dispara constantemente contra territorio de Israel, pareciera rendir un resultado desproporcionadamente desfavorable a los palestinos. La invasión de Gaza por el ejército de Israel ya ha causado cerca de un millar de muertes, muchas de ellas de civiles. En cambio, los ataques con cohetes sobre el sur de Israel han producido, entre 2002 y el comienzo de las recientes operaciones israelíes, no más de cuarenta muertes. (Irónicamente, una buena cantidad de las víctimas cobradas por los radicales palestinos han sido de palestinos mismos o personas de extracción árabe que hacían vida en territorio de Israel).
Comoquiera que una de las partes involucradas se regía por la prescripción taliónica de “ojo por ojo”—Éxodo 21:23–27—se ha puesto en tela de juicio la presunta desproporción del ataque israelí, que por otra parte ha ejercido a lo largo de los años múltiples represalias puntuales contra los ataques misilísticos, a menudo cobrando mayor cantidad de víctimas que aquellas por las que pasaba factura.
Pero es que el movimiento Hamás no se limita a los ataques remotos mediante cohetes, los que en términos cuantitativos han sido militarmente muy ineficaces. Entre 1994 y 2005, tan sólo los ataques de militantes suicidas de Hamás produjeron cuatrocientas ochenta víctimas fatales.
Se trata de una contabilidad odiosa. Cualitativamente, por otro lado, hay una asimetría evidente en este conflicto demasiado longevo. Israel acepta el concepto de un estado palestino; Hamás tiene por objeto fundamental la desaparición del estado de Israel. (Como lo pone un bloguista español: “Si los musulmanes deponen sus armas, habría paz en el mundo. Si los israelíes deponen sus armas, no habría más Israel”).
Al mundo le urge encontrar una solución definitiva a la conflictividad bélica en la que están involucrados los radicales de signo islámico. Casi veinte conflictos vigentes cuentan con la activa participación de musulmanes agresivos: Afganistán, Bosnia. Serbia, Costa de Marfil, Chipre, Timor Oriental, Indonesia, Cachemira, Kosovo, Kurdistán, Macedonia, Cercano Oriente, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Chechenia, Armenia, Tailandia, Bangladesh y Somalia. En la tarea de hallar esa salida la primera responsabilidad pesa sobre las autoridades religiosas del Islam. Todas las principales entre ellas debieran proscribir y desterrar, clara y definitivamente, el concepto de jihad del corpus actual de la fe islámica. Como ha aducido Muhammad Shahrour, la Sura del Arrepentimiento en el Corán—una descripción del fallido intento de Mahoma por establecer un estado en la Península Arábiga—se emplea a menudo para justificar ataques extremistas. (“Maten a los paganos donde los encuentren”). Sharhour argumenta que ese mandato debe entenderse como restringido a la lucha específica que Mahoma libraba entonces y no puede, por tanto, entenderse como una prescripción genérica de aplicación contemporánea.
Mientras los líderes religiosos del Islam encuentran el temple para predicar valientemente esa doctrina de paz, convendrá volver a ver “Munich”, la película de Steven Spielberg. Después de que ha corrido la mayor parte de sus numerosos minutos, el espectador se da cuenta de que palestinos e israelíes luchan en el fondo por la misma cosa, provistos de los mismos argumentos. Ambos luchan por su tierra ancestral. En ella deben caber ambos.
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 15, 2009 | Cartas, Política |
Sobre la materia de la reelección presidencial (ahora la de todo funcionario electo), se ve uno tentado a copiar una frase de André Gide que el editor Rafael Poleo ha convertido en lema: “Todas la cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo”.
He aquí, por ejemplo, una larga autorreferencia de hace año y medio (Carta Semanal #246 de doctorpolítico, del 19 de julio de 2007):
“Bueno, ahora se cocina una reforma constitucional. El protomonarca Chávez ya no está contento con a melhor constituçao de mondo, que todavía no ha cumplido ocho años. Ha declarado a la reforma uno de los ‘motores’ de la revolución socialista. La bujía de este motor, es la intención manifiesta, consiste en la posibilidad de reelegir indefinidamente —‘continuamente’, diría Cilia Flores—al presidente en ejercicio. Esto es, la conversión del cargo a tiempo fijo en un privilegio vitalicio.
De adoptar la noción central de la democracia, que el pueblo es soberano, ¿hay en esa proposición una violación de tal principio? Pues no; la posibilidad de reelección indefinida no atenta contra ningún derecho humano, como tampoco la duración del período presidencial ha sido negociada por Venezuela en ningún tratado válido con otro Estado. Si el pueblo es soberano, no limitado por otro poder, y si no viola derechos humanos o convenios internacionales, en principio puede elegir a quien quiera por el tiempo que quiera.
La Presidenta de la Asamblea Nacional ha hecho frecuentes y recientes declaraciones sobre el tema, del que parece haberse apoderado o, al menos, erigídose en vocera principal. (Algo tiene que hacer para reparar la vergüenza de la sesión con los estudiantes que la dejaron balbuceando, muerta de la rabia). Por ejemplo, ha argumentado que la reelección indefinida-continua-vitalicia sólo debe ser prerrogativa del Presidente de la República; no debiera, en su criterio, concederse esta posibilidad a un gobernador o un alcalde. Luego, ha dicho que la ciudadanía no debe preocuparse, puesto que la alternabilidad estaría salvada al término de cada período, cuando candidatos distintos al presidente incumbente pueden disputarle el cargo en una elección libre. (Además de que es posible revocarle el mandato por referendo especial a mitad de período).
En la primera aseveración está equivocando el fundamento mismo de la idea de reelección indefinida. Como hemos apuntado, no se trata de un derecho de los presidentes en ejercicio tanto como de un derecho del Soberano. Si este último no existiera, la posibilidad de reelección repetida ad nauseam no tendría sentido. En el caso de gobernadores, alcaldes o algún otro cargo electivo, el pueblo, el Soberano, tiene exactamente el mismo derecho de elegir a quien quiera cuantas veces quiera. No hay, pues, razón para conceder sólo al Presidente la posibilidad de reelección.
La cosa llega al verdadero quid de la cuestión al entrar en la consideración de la alternabilidad, principio constitucionalmente consagrado. El problema es que quien está ahora en el poder no es Raúl Leoni o Ramón Velásquez; es Hugo Chávez. Este ciudadano juega el juego de la Realpolitik llevado hasta sus últimas consecuencias; es decir, empleará todos los medios a su alcance para preservarse en el poder.
La historia venezolana no registra un caso de ventajismo tan sistemático y extenso como el protagonizado por Hugo Chávez. Todo el aparato propagandístico del Estado, acrecentado enormemente desde 1999 por el creciente control de medios radioeléctricos e impresos—sin contar la profusión de vallas publicitarias y volantes y panfletos de toda índole, o las cadenas de radio y televisión—está puesto al servicio de un obsceno culto a la personalidad de Hugo Chávez. Una elección en la que éste participe como candidato desde el ejercicio de la Primera Magistratura será verdaderamente asimétrica (como ya lo ha sido), y cualquier contendor que se le oponga estará en considerable desventaja. Al tsunami mediático con el que monopoliza la noticia, la propaganda, la mentira, añádase los discursos rojos-rojitos de Rafael Ramírez, los juramentos militares de ‘patria, socialismo o muerte’, las listas de Tascón, las amenazas de Iris Varela, el control del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, el manejo de la cedulación y los impedimentos que varios despachos gubernamentales interponen en el curso de candidaturas opositoras. La alternabilidad democrática de la que habla Cilia Flores es tan ficticia como la ficción contractualista de John Rawls.
Con frecuencia se dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Esto es, obviamente, una afirmación injusta. Los pueblos no determinan los candidatos entre los que deben optar, ni tampoco las condiciones reales de una campaña electoral. Por más que, en principio, sea una potestad soberana la de reelegir a un mandatario indefinidamente, es altamente prudente, sobre todo en el caso venezolano actual, proteger al propio Soberano de los abusos de un presidente ventajista y sucio”.
Más sucintamente, pudo leerse en el número anterior (#314, del 4 de diciembre de 2008) esto:
“Puede admitirse, por supuesto, que el Soberano debe preservar su derecho absoluto de reelegir a quién le dé la gana cuantas veces quiera; para eso es Soberano. Pero lo que esta misma Corona estimó saludable estipular en 1999—en ‘la mejor Constitución del mundo’, decía HacheChé entonces—es que el Presidente de la República no fuera más de una vez reelegible. Sabiamente, consideró que el Primer Magistrado de la Nación dispone de mucho poder y recursos muy considerables, que hacen verdaderamente asimétrica y ventajosa su participación como candidato en una contienda electoral. Y eso que todavía entonces no habíamos sido testigos del más obsceno y abusivo ventajismo de presidente alguno en nuestra historia, como es el dirigido de modo tan pertinaz por HacheChé”.
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Lo antedicho es el meollo de la cuestión. Resulta ser una falacia argumentar que con la actual previsión constitucional—en el Artículo 230: “El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un período adicional”—el Soberano resulta limitado en sus derechos, como aducen, entre otros cantores de la Coral Hugo Chávez Frías, la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y Cilia Flores, Presidenta de la Asamblea Nacional. Lo que decidió el Soberano el 15 de diciembre de 1999 es que, a pesar de que sin duda era su soberano derecho la elección de quien quisiese como mandatario, prefería limitar las veces que podía reelegirse un presidente en ejercicio. En esta decisión, perfectamente soberana, no hacía otra cosa que atender a la advertencia del propio Simón Bolívar, que ya casi sabemos de memoria los venezolanos: “…nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía”.
Es, por tal razón, enteramente falaz la afirmación que hiciera la magistrada Morales Lamuño en su redacción de la sentencia 1.488 de la Sala Constitucional (28 de julio de 2006) del Tribunal Supremo de Justicia, en la que pone: “la Sala reitera que la reelección no es tan sólo un derecho individual por parte del pasible de serlo, sino que además es un ‘(…) derecho de los electores a cuyo arbitrio queda la decisión de confirmar la idoneidad o no del reelegible, y que al serle sustraída dicha posibilidad mediante una reforma realizada por un poder no constituyente, se realizó un acto de sustracción de la soberanía popular, quedando dicha posibilidad de forma exclusiva, y dentro de los límites que impone a todo poder los derechos humanos, inherentes a la persona humana, al poder constituyente, el cual basado en razones de reestructuración del Estado puede imponer condiciones o modificar el ejercicio de derechos en razón de la evolución de toda sociedad así como de la dinámica social. (…) No puede entonces, alterarse la voluntad del soberano, por medio de instrumentos parciales y que no tengan su origen en el propio poder constituyente, es a él al cual corresponde la última palabra, teniendo como se ha dicho como único límite, los derechos inherentes a la persona humana y derivados de su propia dignidad (…)’.”
No existe ninguna “reforma realizada por un poder no constituyente” que haya sustraído “la soberanía popular”. No ha habido, en esta materia de la posibilidad de reelegir indefinidamente a mandatarios o legisladores nacionales, estadales o municipales, ningún “instrumento parcial” que haya alterado “la voluntad del soberano”. Absolutamente todas las normas que rigen este asunto son de rango constitucional, emanadas de la redacción de un poder constituyente (la Asamblea Constituyente de 1999) y decretadas por referéndum popular del 15 de diciembre de ese año. (Ya, por supuesto, la Sala Constitucional presidida por Morales Lamuño nos ha acostumbrado a sus tramposos razonamientos, como el que mutilara el sentido clarísimo del Artículo 42 de la Constitución en la infame decisión 1.265 del 5 de agosto de 2008, por la que sostuvo la “constitucionalidad” de las inconstitucionales inhabilitaciones políticas que produjo el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián. Si algo es un “instrumento parcial” es justamente una decisión como ésa; todas las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia son, por definición e independientemente de su justicia, “instrumentos parciales”).
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La trayectoria de este nuevo intento de Hugo Chávez por convertir su peculiar presidencia en monarquía vitalicia ha sido particularmente tortuosa. Cuando buscó por primera vez, en 2007, lograr la posibilidad constitucional de reelección indefinida, la quería para él solo. Las postulaciones que a este respecto hacía entonces Cilia Flores, referidas al comienzo, no hacían otra cosa que repetir en coro lo que ya el propio Hugo Chávez había dicho. El 23 de julio de 2007 reportaba María Lilibeth Da Corte en El Universal lo dicho por Chávez, poco antes de comenzar desde el estado Vargas su abuso dominical #287, respecto de una proposición de Podemos y PPT para ampliar la reelegibilidad a gobernadores y alcaldes: “No, no y mil veces no. Si aquí hay reelección continua debe ser sólo para el Presidente”.
Esta falta de consistencia fue destacada en el #248 de esta publicación (2 de agosto de 2007): “Pero lo que verdaderamente busca Chávez es la modificación del Artículo 230. Como se ha arrogado, desde hace mucho tiempo, el privilegio de la inconsistencia, se ha opuesto en días pasados a la reelección indefinida de alcaldes y gobernadores con el cómico argumento de que los mandatarios locales sólo buscarían ¡perpetuarse en el poder!” En efecto, argumentaba inconsistentemente entonces el Presidente de la República, conceder a gobernadores y alcaldes la posibilidad de reelegirse “continuamente”, para usar el eufemismo de Cilia Flores, conllevaba el riesgo de consagrar caudillos eternos, que es exactamente lo que él procura ser.
Ahora, como sabemos—después de prometer que respetaría la voluntad popular que se expresara el 2 de diciembre de 2007 (que negó específicamente, entre otras cosas, la reelección indefinida); después de decir, a raíz de las elecciones del 23 de noviembre del año pasado, que no promovería la enmienda que ahora nos amenaza; después de “dar su permiso” al PSUV y al pueblo (en ese orden) para que introdujeran su proyecto por iniciativa popular y de que tomara al final el camino de la Asamblea Nacional (al percatarse de que no lograría las firmas necesarias; si hubiese más de cuatro millones de firmas a su favor ¿para qué se necesitaba a la Asamblea?); después de que considerara urgentísima (“La vía de la Asamblea Nacional tiene una ventaja: que es más rápida”) una modificación constitucional que no sería, en todo caso, requerida antes de cuatro años enteros—, Hugo Chávez estima que debe abrirse la reelección indefinida también a los alcaldes, los gobernadores, los diputados a la Asamblea Nacional y los miembros de los consejos legislativos estadales. ¿No habíamos quedado en que tal cosa sólo aseguraría la entronización de caudillos que buscarían perpetuarse en el poder?
Pero allí no acaba la tortuosidad del asunto, verdadero irrespeto a la inteligencia de los ciudadanos venezolanos. Ahora anuncia la corista mayor, Cilia Flores, cuál sería la fraudulenta redacción de la pregunta que sería sometida a referéndum. Según Flores, estaba en borrador la redacción que planea introducir mañana la Asamblea Nacional al Consejo Nacional Electoral: “¿Aprueba usted la ampliación de los derechos políticos de las venezolanas y los venezolanos en los términos contemplados en la enmienda de los artículos 230, 160, 174, 192, 162 tramitada por iniciativa de la Asamblea Nacional, al permitirse la postulación para todos los cargos de elección popular de modo que su elección sea expresión exclusiva del voto del pueblo?”
(En orden estricto, el artículo 160 se refiere a la reelección de gobernadores, el 162 a la de los miembros de los consejos legislativos estadales, el 174 a la de los alcaldes, el 192 a la de los diputados a la Asamblea Nacional y el 230, por supuesto, a la del Presidente de la República. Los “legisladores” nacionales alteraron ese orden para dar lugar preferente a los cargos ejecutivos—Presidente, Gobernador, Alcalde—y ponerse al final, precediendo, naturalmente, los diputados de la Asamblea Nacional a los miembros del Consejo Legislativo de cada estado).
Esa redacción es flagrantemente tramposa. En primer lugar, presenta lo que es una desbocada e interminable apetencia de poder como una presunta “ampliación de los derechos políticos” de los venezolanos. No hay tal cosa; ya se precisó que fuimos los mismos venezolanos quienes decidimos, el 15 de diciembre de 1999, que se limitara a esos mandatarios y legisladores. En nada aumenta nuestros derechos políticos esa trapacería.
Luego, es aun más insidiosa la sugerencia de que decretar la reelección indefinida haría que la elección de “todos los cargos de elección popular” fuese “expresión exclusiva del voto del pueblo”, como si ahora no lo fuera. Desde 1947, con la interrupción de las dictaduras de la década 1948-58, las elecciones en Venezuela han sido “expresión exclusiva del voto del pueblo”. La estafa de las enmiendas—porque ahora son más de una, en torpe intento de disimulo y captación de voluntades apetentes—en ningún caso convierte a las elecciones venezolanas en “expresión exclusiva del voto del pueblo”, puesto que ya lo son. Es absolutamente imposible transformar una roca en una roca, o un ser humano en un ser humano. Lo que pretende la redacción anunciada por Cilia Flores es, más bien, el intento de convertir la total concesión a un desmedido apetito de poder en una pregunta aparentemente inocua y desprendida, pero realmente fraudulenta y peligrosa.
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Antes de que la faramallería de Hugo Chávez y la coral que lleva su nombre extendieran la reelegibilidad a cada funcionario o legislador elegible, y camuflaran su real intención con la mentira de la “ampliación de los derechos políticos” ciudadanos, las encuestadoras conocidas indicaban todas que aquél volvería a perder un referéndum. De hecho, son esas mediciones de la opinión pública sobre el tema lo que motivó el más reciente intento de estafa. (Bernard Madoff, que hizo perder a mucha gente un total que supera los cincuenta mil millones de dólares, es un niño de pecho ante la pretensión de estafar a dieciséis millones y más de electores venezolanos). Es demasiado temprano para saber qué mella pudieran haber hecho, en la terca disposición del pueblo a decir una segunda vez no a la ambición continuista de Hugo Chávez, disfraces tan burdos.
Pero el pueblo no es idiota. Precisamente, uno de los aceleradores del triunfo electoral de Chávez en 1998 fue la trapacería de los partidos dominantes de la época, que habiendo reunido en un solo acto la elección presidencial y las elecciones de gobernadores (en reforma a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de diciembre de 1997), a mitad del año siguiente volvieron a separarlas con la esperanza de edificar un cerco regional a la Primera Magistratura Nacional, que ya para ese entonces se suponía Chávez alcanzaría. La maniobra fue tan descarada que resultó ser un tiro por la culata: su resultado fue un empujón repentino a la candidatura Chávez en las encuestas, y las elecciones estadales de noviembre, en las que hubo una impresionante presencia del Movimiento Quinta República, fueron un preludio de lo que ocurriría en diciembre de 1998. (Valga la ocasión para recordar que Luis Alfaro Ucero, Secretario General de Acción Democrática y su candidato presidencial antes de ser desconsideradamente defenestrado, se opuso decididamente al chapucero viraje de ciento ochenta grados. Con todo lo que pudiera criticarse, entonces y ahora, a su implacable manejo político, Alfaro Ucero era, como lo puso escuetamente Luis Herrera Campíns, “un hombre serio”).
Ahora estamos en situación similar. El pueblo asiste, desengañado, al frenético maniobrar del régimen en procura de su duración eterna. (Un Reich que dure mil años). Que Hugo Chávez llegue a creer que los disfraces vestidos a última hora servirán para engañar al pueblo, es un signo de su desprecio por ese mismo pueblo al que dice servir y acatar.
En plan operativo, Chávez ha procurado, como siempre, arengar e instruir a sus huestes, ésas que, por ejemplo, destrozan ofrendas florales que otros osen presentar a la estatua del Libertador. En el caso que nos ocupa, dijo el 10 de los corrientes (en el acto de transferencia del satélite Simón Bolívar): “El principal enemigo a vencer para nosotros es la abstención. Así lo considero yo. Por ejemplo en Guárico hay que buscar abstención cero, porque aquí tenemos más del ochenta por ciento de apoyo a la gestión del gobierno revolucionario. Es decir, por cada diez personas que vayan a votar, ocho son nuestras. Entonces, la abstención es el enemigo”.
Esta admonición lleva un doble propósito. Por un lado, el obvio de defenderse de la abstención de quienes habitualmente lo apoyan, factor que en gran medida determinó su derrota del 2 de diciembre de 2007. Por el otro, su creencia de que esa declaración de que la abstención es su enemigo puede llevar a algún opositor poco inteligente a concluir que no debe votar. (“Si la abstención es el enemigo de Chávez, entonces debemos abstenernos”). Como siempre, una conducta abstencionista sería una estupidez de marca mayor. Una abstención de cincuenta y seis por ciento permitió que la Constitución, que ahora Chávez busca remendar, fuera aprobada en diciembre de 1999 por sólo el treinta por ciento de los electores de la época.
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Las cosas aquí dichas deben ser expuestas, en conjunto, a un pueblo más que capacitado para entenderlas y más que dispuesto a aceptarlas. La técnica comunicacional de costumbre de los opositores a Chávez es la de intentar la refutación de su discurso a base de ráfagas de argumentos cortos, en mensajes demasiado breves (cuñas de televisión o de radio). Para refutar adecuada y eficazmente a la grosera pretensión de la enmienda que le abriría las puertas al mando vitalicio, no obstante, será bueno emplear mensajes y análisis de mayor duración. Si la sabiduría publicitaria convencional recomienda espacios breves, en este caso debe reconocerse la conveniencia de espacios mayores. Hay circunstancias en las que una presentación de duración suficiente se hace necesaria. Sin ir muy lejos, en la reciente campaña presidencial de los Estados Unidos, Barack Obama consideró útil, atinadamente, reservar un espacio de media hora para una convocatoria de cierre en tiempo preferencial. Lo mismo debe disponerse ahora en Venezuela. Eso sí, que el mensaje sea transmitido por una voz nueva y creíble.
Decía la edición 309 de esta publicación (30 de octubre de 2008): “…la contrafigura viable no podrá tener ni rabo de paja ni techo de cristal. En particular, no debe ser asimilable a una vuelta al pasado pre-chavista, a lo que inexactamente se entiende por ‘Cuarta República’. Menos todavía debiera ser posible tildarla de elitista. Quien quiera asumir la misión no deberá entenderse como parte de una ‘gente decente y preparada’ que desprecie la venezolanidad, como más de uno que denuesta frecuentemente del gentilicio y se presume ‘material humano’ superior al de la mayoría de sus compatriotas. Aparte de su injusticia e incorrección intrínsecas, el tufo de una orientación aristocratizante se distingue a cien kilómetros de distancia y no es apreciado”.
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