Entre las más confiables encuestas se encuentra indudablemente la de Datanálisis, y acaba de presentar resultados que terminara de recoger hace apenas dos días. Puede descargarse treinta de sus láminas en este enlace: Datanalisis Mayo. He aquí tres de ellas importantes:
LEA
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Los que dicen estar poco seguros de ir a votar coinciden en porcentaje con los que, no saben o no contestan por quien van a votar. Dudo que sea determinante ese grupo. Si los resultados reflejasen la verdadera intensión del elector, lo mas probable es que los que, no saben, no contestan, voten en contra del oficialismo, así que no creo que haya diferencia en el resultado si participan o no.
En conclusión los que creen que participar en este proceso pueden lograr algo deberían ganar y poder hacer valer el resultado con la posición actual que tienen.
Los que no tenemos representante en este evento y por lo tanto no tenemos opción, tenemos el derecho de desconocer este sistema.
Mi sugerencia Doctor Político, es que trate la crisis que hay en Venezuela en el sistema de representación. Por qué en Venezuela los representantes no tienen capacidad de activar a los representados?. Hay representantes en Venezuela? Fue la «Democracia Participativa» la que destruyó el sistema de representación e instituciones en Venezuela?
El método de desconocer a los representantes y quitarles poder desconociendo la legalidad y usando la fuerza del Estado para ese fin, deja solo como opción la violencia para ejercer el poder y recuperar e imponer la legalidad. Si el representante se niega a usar ese poder que tiene cuando no le dejan otra opción, pierde y es sometido.
Cuando se denuncia al oficialismo por «desconocer a los representantes y quitarles poder» deja de observarse que la Asamblea Nacional desacató una sentencia de la Sala Electoral del TSJ que suspendía la investidura de los diputados de Amazonas, el único pretexto para maniatarla. La AN no quiso resolver ese problema; habría bastado que Ramos Allup fuera más allá de su ineficaz declaración («Hemos tomado nota») cuando los diputados involucrados solicitaron su desincorporación el 15 de noviembre de 2016, tal como sugerí el previo 22 de octubre:
Exijamos, en cambio, a la Asamblea Nacional que escuche el clamor del Pueblo que quiere elegir prontamente un nuevo presidente. Ella puede, por mayoría simple de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo tan lógicamente fundado como aconsejable. Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación). (Prontas elecciones).
Más tarde reproduje lo que comenté a un amigo el 6 de mayo de 2017:
En efecto, los diputados en discordia solicitaron su desincorporación poco después, el 15 de noviembre, pero (…) Ramos Allup no procedió a la desincorporación oficial y se limitó a observar: “Hemos tomado nota”. Así las cosas, el 9 de enero, en trámite previo a la locura de la declaratoria del abandono del cargo por parte de Maduro, Borges procedió oficialmente a la desincorporación; la quisquillosa Sala Constitucional dijo que ese procedimiento no había valido porque la elección misma de Borges como Presidente de la AN era nula, por haberse producido mientras persistía el desacato. A raíz de eso argumenté en mi programa que la postura del TSJ era excesiva, que ha podido limitarse a invalidar aquellas actuaciones de la AN en las que los diputados objetados hubieran participado y que ellos no habían tomado parte en la elección de Borges. En todo caso, el asunto es arreglable mediante una conversación entre la AN y el TSJ, pero la AN no ha querido disolver el conflicto de poderes, pues el TSJ comenzó el año excitando a la Asamblea a arreglar la situación. Parece preferir el papel de víctima para ir a quejarse ante Almagro.
Tampoco se anota que Ramos Allup desenterró estúpidamente el hacha de guerra en su discurso inaugural del 5 de enero de 2016, al declarar que era un «compromiso no transable» de la AN encontrar un modo para la «cesación de este gobierno» en un plazo de seis meses, cuando en ningún caso es eso una potestad de la Asamblea. En general, se acusa al villano escamoteando convenientemente La historia desaparecida. (2 de abril de 2017).
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En ningún caso fue «la ‘Democracia Participativa’ la que destruyó el sistema de representación e instituciones en Venezuela». Ella se ejerce mediante los referendos, y la oposición ha sido contumaz al resistirla. De los cinco referendos celebrados hasta la fecha, sólo uno (el revocatorio de 2004) fue activado por la oposición; ha rechazado tercamente convocar la decisión del pueblo, y argumentó falazmente que el 8 de diciembre de 2013 se celebraría un «plebiscito» sobre el gobierno de Maduro (Capriles), que el 6 de diciembre de 2015 el socialismo iba a referendo (José Guerra, en artículo del 11 de octubre de ese año) y organizó un «plebiscito» el 16 de julio de 2017—para escapar con un mero nombre diferente a lo previsto constitucionalmente, que establece inequívocamente que el CNE debe organizar los referendos—al que sólo asistió el 38,5% del registro electoral (según cifras de la «Comisión de Garantes» de la MUD), a pesar de lo cual mas de un «líder» (Ma. Corina Machado notablemente) perora que «el Pueblo» emitió ese día un mandato inapelable.
La oposición burocratizada no está interesada en la democracia participativa, que le roba protagonismo. (¿Cómo puede entrevistarse al Pueblo en Vladimir a la 1 o CNN?)
Y ¿en qué forma resuelve el problema político nacional el indignado (y presuntamente superior) desplante de «desconocer este sistema»? Indudablemente, todos tenemos derecho a la ineficacia.
Quisiera primeramente agradecer su respuesta. Así mismo, le agradezco que se haya tomado la molestia de nutrirla con argumentos que me ayudan a entender su perspectiva, lo que me da también la oportunidad de exponer la mía.
Aclaro que no soy especialista en nada y mucho menos en leyes, mi experiencia es en sistemas de mejoramiento continuo y supervivencia empresarial. Mi perspectiva es la de un ciudadano común que solo puede hablar por si mismo y que le gustaría tener un representante que hablara por él ante el Estado. Tener una persona en que confiar mi poder individual.
Debo reconocer con vergüenza que no conozco quien es mi representante, el cual supongo asiste a la AN (Formalmente es alguno de los del Estado Carabobo – http://www.asambleanacional.gob.ve/diputados?id_padre=principal&id_estado=carabobo) y básicamente es porque nunca ha estado cerca de mi comunidad, ni se ha acercado a ella, ni hay nadie por aquí que me conecte con ellos. Lo que es peor, nunca oigo a ninguno hablar por mí o mi comunidad en la asamblea o alguna entrevista. Lo mas cercano que he oído hablar en cualquier discurso es de alguien en nombre del partido cual o el partido tal, lo cual solo lo considero válido para lograr el puesto. La pequeña formalidad de por lo menos mencionar, que hablan en nombre de quién los eligió, no se cumple. Lo cual considero un pecado original.
En base a lo anterior, pienso que hay una grave crisis en el sistema de representación y que esta crisis, no solo se manifiesta en la forma en la que el Gobierno abusa del poder, sino en la incapacidad que tienen los representantes de ejercer el poder que tienen de hecho, para convocar y activar a sus representados incluso hasta el punto de hacer valer su poder con la fuerza.
Corríjame si me equivoco. Entiendo de su respuesta que:
a. La Asamblea Nacional con la Investidura del Poder Legislativo, pudo haber protegido su poder de representar al pueblo, acatando una sentencia de otro poder que es colegiado, eminentemente técnico y que fue elegido por el mismo Poder legislativo. Es decir, someterse a otro Poder cuya función específica es interpretar las leyes que el Poder Legislativo produce.
b. La sentencia que emitió el TSJ fue respetando el espíritu de justicia para proteger la representación de los ciudadanos que votaron por los diputados cuestionados, por lo que “En todo caso, el asunto es arreglable mediante una conversación entre la AN y el TSJ”, si la AN se somete al TSJ acatando sentencias que la afecten.
Si mi entendimiento de su posición es correcto, (Perdone si me redacción pudiera parecer sesgada), quisiera me aclare lo siguiente:
Independientemente de la valides de los argumentos, si un conflicto entre poderes autónomos es resuelto mediante la imposición y el uso de la fuerza, ¿No estamos ante un golpe de Estado y la disolución de hecho de la República?
Mi opinión es, que el hecho de que el TSJ pudiera hacer valer un desacato ante otro poder es inconcebible, ya que la única manera que tiene para hacerlo valer es mediante el uso de la fuerza pública, la cual no puede tomar posición en el caso de un conflicto entre poderes en una República que se considere como tal.
Yo considero que el solo intento del TSJ de invalidar un poder donde está la representación de todo el pueblo, con una sentencia de “desacato”, se debe considerar una agresión y da derecho al otro poder a responder en forma proporcional. Para preservar la República en este juego, en ningún momento ni la fuerza pública ni el Ejecutivo, deben intervenir a favor de ninguno, se debería producir una paralización que obligue eventualmente a ambos poderes a ceder y ponerse de acuerdo. Es decir, si un Poder busca inhabilitar a otro poder, el que inhabilita también debe quedar inhabilitado mientras haya un conflicto entre ellos. Haciendo la analogía con un sistema biológico humano, si un órgano como el cerebro le dice al corazón que se detenga, obviamente también el cerebro se detendrá.
Pienso que cuando el Poder Ejecutivo interviene y ordena a la fuerza pública actuar a favor de uno en particular, queda claro que no importan los argumentos, la intención es someter y que el verdadero conflicto de poderes no es entre el Legislativo y el Judicial sino en el Ejecutivo y el Legislativo, siendo el Judicial un comodín. Ante este escenario, no hay negociación posible con alguien que tiene una pistola apuntando a la frente, por lo que sinceramente para mi está claro que cualquier iniciativa que se proponga que implique cambiar el control de quien ejerce la fuerza de hecho, no va a prosperar sin el uso de la fuerza.
Ya en este escenario cuando la fuerza pública y el Ejecutivo acata ordenes para intervenir y someter a otro poder, pienso que el siguiente paso debe ser el de que los representantes acudan a sus diferentes entidades y activen a sus representados haciendo demostraciones de fuerza y desconociendo las acciones de los poderes en conflicto (El verdadero Poder Originario) y escalarlos metódicamente hasta que la presión sea tal que incluso se llegué a la última instancia que es la fuerza para restituir el orden.
Aquí es donde se demuestra la inmadurez política y la grave crisis en la representación, ya que pareciera que nuestros representantes no creen que tengan el poder de acudir a sus regiones y activar a los representados. Y los representados al estar desconectados de los representantes actúan caóticamente en representación de sí mismos. Lo cual, es lo que hemos visto suceder en Venezuela una y otra vez en los últimos años. La fragmentación del Poder.
En mi opinión, las cartas están en las manos de los diferentes dirigentes políticos que creen que pueden ampliar su base de influencia desplazando a otros dirigentes políticos. Ahí está su equivocación. Simplemente no pueden. La única solución es que se unan como el pueblo en general está exigiendo. ¡Ese es el verdadero clamor del pueblo!. Ahora bien, ¿Como se hace eso?
Entiendo que usted propone activar el poder originario convocando un referéndum y ordenar que se apoye una iniciativa particular.
Como yo lo veo, siendo que el pueblo no propone iniciativas, ni tiene la capacidad de dar órdenes, solo puede apoyar iniciativas o a personas mediante el voto o la fuerza. Por lo tanto, siendo que las iniciativas provienen de individuos, solo van a prevalecer aquellas que propongan los individuos con mayor influencia.
Para mí, el trabajo se tiene que hacer en la dirigencia política, ya que pareciera que hay mas madurez en el pueblo que en su dirigencia, siendo que al estar en un escenario potencialmente explosivo como el que tenemos, el pueblo pacientemente está esperando que la dirigencia se ponga de acuerdo y aún estamos lejos de lo que en otros países ya sería una Guerra Civil.
Yo creo que en lugar de buscar a alguien o algo que logre influenciar a todo el mundo para que compita como presidente o promotor de iniciativas contundentes, deberíamos buscar a alguien con mucha influencia en la población, que use esa influencia para poner de acuerdo con los dirigentes políticos, ofreciendo su apoyo al que finalmente todos decidan apoyar. En este momento esa función de manera difusa, la está cumpliendo la comunidad internacional, que si bien ayuda, no sirve de nada si internamente no se logra el objetivo de visibilizar la contraparte política.
Pienso que se debería volver a los principios básicos que dieron origen al Sistema Republicano y ya sea en el Poder legislativo o en otra institución de Estado que se cree para defender la República, se empiece por reconocer la influencia de los diferentes dirigentes políticos y negociar con ellos apoyos, hasta llegar a conformar un liderazgo que los integre a todos y les de el poder de activar a la población de manera contundente para restablecer (o quizás deba decir establecer) un verdadero orden institucional.
Sobre mi cuestionamiento a la Democracia Participativa, ¿Cual es la diferencia entre ésta y la Representativa? Como yo lo veo, se usa el discurso de «Democracia Participativa» para restar poder a los representantes y obstaculizar sus iniciativas. Chávez se apoyaba en el argumento de que este o aquel no representaba a nadie y que el iba «directo al Pueblo» lo que produjo un caos en mi opinión. La descalificación, es la táctica favorita de los políticos mas básicos e ignorantes y se agrava cuando no solo se descalifica a la persona sino a su investidura.
El Pueblo no se debe estar convocando para todo y menos para tomar decisiones que corresponden a los representantes en las instituciones. Tampoco se debe estar colaborando con la anulación de la investidura de los representantes por muy malo que sea el representante. Ese discurso es usado por ambos lados y hace mucho daño a las instituciones.
No sé si pude expresar claramente mi perspectiva, ni sé si sea posible desarrollar un debate que nos permita lograr un consenso, ya que mi análisis se basa en experiencia, intuición, tradición y lógica individual.
No tengo mas información que la que he podido acumular en años observando a través de mi ventana particular, la cual pudiera ser muy pequeña, pero creo claramente en el “poder de uno” y también creo que el bienestar colectivo solo puede ser resultado de la suma del bienestar individual. Pienso que, cualquier argumento que introduzca el sacrificio individual impuesto, en pro del bienestar colectivo en la ecuación del sistema social, favorece el riesgo de que este factor termine siendo el que prevalezca y tenga como resultado el sacrificio de la prosperidad colectiva. La Libertad debe ser defendida a toda costa y todas las decisiones que se tomen deben considerar como afectan a las libertades. Creo en el mejoramiento continuo y que la prosperidad solo puede lograrse con libertad y mejorando lo que se tiene no destruyéndolo.
Agradezco mucho su atención y si en su opinión estoy equivocado, mucho le agradecería iluminarme. Disculpe si mi redacción, no es la mejor, pero el tiempo me limita la capacidad de pulirla.
Acatar una sentencia de la Sala Electoral no es «someterse al TSJ»; es hacer caso al dictamen. Éste, por cierto, no fue nunca recurrido por la AN ante la misma Sala, y el TSJ no empleó, como Ud. entiende, la fuerza pública. Desde que se presentara en 2016 (luego de que Ramos Allup amenazara con «la cesación de este gobierno» en su primer discurso como Presidente de la AN) propuse un acuerdo de los poderes públicos. (Vea, por ejemplo, Plantilla del Pacto o Del armisticio como programa).
La democracia participativa es algo a lo que creo debe darse la bienvenida; la iniciativa popular consiste en la introducción mediante expresión de voluntades ciudadanas—entre 5% y 20% del registro electoral, según los casos—de asuntos a ser decididos por la mayoría del Pueblo en referendos. Naturalmente, tales iniciativas deben ser promovidas por unos pocos promotores.
El oficialismo no cree en la democracia participativa, pero la oposición burocratizada tampoco.