por Luis Enrique Alcalá | Ene 5, 2010 | Fichas, Política |
Benjamín Constant (Henri-Benjamin Constant de Rebecque, 1767-1830) fue un político francés nacido en Lausana, Suiza, de verbo elocuente e ideas clarísimas. En este blog puede leerse tres fragmentos notables de sus Principios de Política (FS #191, FS #192 y FS #210). Para esta ocasión, se trae acá el comienzo de una lúcida discusión sobre la obsesión por la uniformidad social (del Capítulo XIII—Acerca de la uniformidad—de su ensayo Del espíritu de conquista). El texto citado tiene obvia pertinencia a la actual situación política venezolana y es, entonces, oportuno aclarar que Constant fue un político nada conservador que luchó contra la Restauración Borbónica; en cualquier caso, con el mismo denuedo denunció los enfermizos excesos de la Revolución de 1789. LEA
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Acerca de la uniformidad
Es bastante notable que la uniformidad no haya nunca encontrado tanto favor como en una revolución hecha en nombre de los derechos y la libertad del hombre. El espíritu sistemático se extasió primero en la simetría.
El amor al poder descubrió muy pronto la ventaja inmensa que le procuraba esta simetría. Mientras que el patriotismo sólo existe por un vivo apego a los intereses, a las costumbres, a las costumbres locales, nuestros supuestos patriotas han declarado la guerra a todas esas cosas. Ellos han agotado esta fuente natural del patriotismo, y lo han querido reemplazar por una pasión facticia hacia un ser abstracto, una idea general, despojada de todo lo que impresiona la imaginación y de todo lo que habla a la memoria.
Para construir el edificio, comenzaban por triturar y reducir a polvo los materiales que debía usar. Poco faltó para que designasen por cifras las ciudades y las provincias como designaban por cifras las legiones y los cuerpos del ejército: ¡tanto parecían temer que una idea moral pudiese incorporarse a lo que ellos constituían!
El despotismo, que ha reemplazado a la demagogia, y que se constituía legatario del fruto de todos nuestros trabajos, ha persistido muy hábilmente en la ruta trazada. Los dos extremos concuerdan sobre este punto, porque, en el fondo, en los dos extremos hay voluntad de tiranía. Los intereses y los recuerdos que nacen de las costumbres locales contienen un germen de resistencia que la autoridad soporta a su pesar y que se apresura a extirpar. Así, ella se las arregla mejor con los individuos, porque pasa sobre ellos sin esfuerzo su enorme peso, como sobre arena.
Hoy, la admiración por la uniformidad, real admiración en algunos espíritus limitados, afectados por muchos espíritus serviles, es recibida como un dogma religioso por una multitud de ecos aficionados a toda opinión ganadora. Aplicado a todos los puntos de un imperio, ese principio se aplicará a todos los países que este imperio quiera conquistar. Esta es, en consecuencia, una continuación inmediata e inseparable del espíritu de conquista. Pero cada generación, dice uno de los extranjeros que mejor han previsto nuestros errores desde el origen, hereda de sus abuelos un tesoro de riquezas morales, tesoro invisible y precioso que lega a sus descendientes. La pérdida de ese tesoro es para un pueblo un mal incalculable. Despojándole le despojáis de todo sentimiento de su valor y de su propia dignidad. Incluso cuando lo que sustituye al despojo sea mejor, aquello de lo que lo priváis es más respetable, porque imponéis vuestra mejora por la fuerza, así el resultado de vuestra operación es simplemente hacerle cometer un acto de cobardía que lo envilece y desmoraliza.
La bondad de las leyes es, osemos decirlo, algo mucho menos importante que el espíritu con el que una nación se somete a sus leyes y les obedece. Si las ama, si las cumple, porque le parecen emanadas de una fuente virtuosa, un don de las generaciones cuyas almas venera, las leyes se unen íntimamente a su moralidad; ennoblecen su carácter, e incluso aun cuando tengan defectos, crean virtudes y por ahí más felicidad que leyes mejores apoyadas sólo en el orden de la autoridad.
Tengo por el pasado, lo confieso, mucha veneración, y cada día, a medida que la experiencia me instruye o que la reflexión me ilumina, esta veneración aumenta. Diré, para escándalo de nuestros modernos reformadores, así se llamen a sí mismos Licurgos o Carlomagnos, que si yo viera un pueblo al que se hubiera ofrecido las instituciones más perfectas, metafísicamente hablando, y que las rehusara para manifestarse fiel a las de sus padres, estimaría a ese pueblo, y lo creería mucho más feliz por su sentimiento y su alma, bajo sus defectuosas instituciones, que la posibilidad de serlo a través de todos los perfeccionamientos propuestos. Entiendo que la naturaleza de esta doctrina no es favorable. Nos gusta hacer leyes, las creemos excelentes, nos enorgullecemos de su mérito. El pasado se construye solo; nadie puede reclamar su gloria.
Independientemente de estas consideraciones y separando la felicidad de la moral, notad que el hombre se doblega a las instituciones que encuentra establecidas como a reglas de la naturaleza física. Él ajusta según los defectos mismos de esas instituciones sus intereses, especulaciones, todo su plan de vida. Esos defectos se suavizan, porque siempre que una institución dura mucho tiempo, hay transacción entre ella y los intereses del hombre. Sus relaciones, sus esperanzas, se agrupan alrededor de lo que existe. Cambiar todo esto, incluso para mejor, es hacerle daño. Nada más absurdo que violentar las costumbres, bajo pretexto de servir a los intereses. El primero de los intereses es ser feliz, y los hábitos forman una parte esencial de la dicha.
Benjamin Constant
por Luis Enrique Alcalá | Ene 2, 2010 | Argumentos, Política |
Los números que usamos para fechar son totalmente arbitrarios. La prueba es que no es lo mismo un año juliano que uno gregoriano, uno chino que uno judío, uno musulmán que uno maya. Naturalmente, cada calendario es construido sobre bases astronómicas o planetarias: el año solar, que corresponde al tiempo en que se completa una circunvalación de la Tierra alrededor del Sol. La variación estacional que esto produce se computa con más sentido práctico—por ejemplo, para la agricultura que inicia el asentamiento de las poblaciones y la civilización—si se toma en cuenta la duración de aquel periplo, y es obvia la duración promedio de los días que percibimos en la periódica salida del sol, aun cuando es igualmente arbitraria su división en veinticuatro unidades que llamamos horas.
Así que no tiene nada de especial la numeración de una década o de un milenio. El “tercero” en que vivimos lleva ese ordinal para los cristianos, que coincidiendo con Occidente y su predominio cultural y tecnológico, económico y político, lleva a su aceptación más o menos universal. Su comienzo, por lo demás, fue marcado feamente por los atentados hiperterroristas del 11 de septiembre de 2001, como el Quinto Centenario del Descubrimiento fue señalado con la mancha de nuestro 4 de febrero de 1992, para beneplácito travieso de su protagonista principal.
En diciembre de 1984, una segunda revista Válvula publicaba el texto hasta entonces inédito de una conferencia de Don Arturo Úslar Pietri en Santa Cruz de Tenerife, sobre el concepto de una Comunidad Ibérica. Preguntaba entonces el maestro:
Faltan pocos años para 1992. Ese año celebraremos el Quinto Centenario del Descubrimiento de América. ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Con los discursos tradicionales, con los desfiles que hemos hecho siempre, con un gran jolgorio, llenándonos la boca con las glorias pasadas? ¿O lo vamos a celebrar quietamente, sólidamente, orgullosamente diciendo: a los quinientos años del Descubrimiento hemos creado realmente una nueva circunstancia mundial, nos hemos puesto de acuerdo y desde ahora, en las grandes familias de pueblos, al mismo nivel de la familia anglosajona, de la eslava o de la asiática, está la familia de los pueblos ibéricos y está desempeñando un papel de primer orden? (Citado en FS# 194).
Algunos quisieron celebrarlo con una abusiva asonada militar, inepta para convertirse en golpe de Estado.
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No tiene, entonces, nada de particular el comienzo de una década cualquiera. Ahora se comete el mismo error del Y2K, cuando más de un desprevenido creyó que con el año 2000 arrancaba el siglo XXI. Este año 2010 no comienza una década; cierra la que comenzara el primer día de enero de 2001.
Sin embargo, 2010 puede ser especial para nosotros por razones dinámicas que escapan a hitos del calendario. El escenario está montado, con la generalización de una opinión pública adversa, en mayoría, al gobierno de la República de Venezuela, que de bolivariana no tiene más que la costumbre de llenarse “la boca con las glorias pasadas”.
Aun la vieja mayoría que repetidas veces ha dado poderes al Presidente de la República ya sabe que el gobierno no sirve, que sólo atina a la ocurrencia arbitraria e ineficaz—como el cambio de huso horario o los “núcleos endógenos”—y a la paranoide constancia en ver enemigos y planes de magnicidio e invasión por todas partes.
Falta la emergencia de una contrafigura o, al menos, la concreción de sus rasgos en la conciencia popular. Aquí se mencionó una óptima el 18 de diciembre del año que ha cesado.
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 30, 2009 | Argumentos, Política |
Algo extraño ocurre por los lados del Tribunal Supremo de Justicia. El 5 de agosto de 2008, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal había procedido, bajo la guía del cirujano magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales, a la amputación de la Constitución Nacional, exactamente a la altura de su Artículo 42, para sostener arbitrariamente las medidas dictadas por el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, en inhabilitación política de una larga lista de ciudadanos.
Dice el Artículo 42: “Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”.
Ahora bien, Delgado Rosales argumentó retorcidamente, apoyado por los cirujanos asistentes de la Sala Constitucional—Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta del Tribunal y de la Sala, Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán, Marcos Tulio Dugarte Padrón y Francisco Antonio Carrasquero López—que el Art. 42 no dice lo que cualquier hispanoparlante entendería, sino otra cosa: “…cuando el artículo 42 de la Constitución pauta que ‘el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos, sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme, en los casos que determine la ley’, está refiriéndose a la pérdida de la nacionalidad venezolana adquirida (revocatoria de la carta de naturaleza)… y así se declara”.
Es decir, Delgado Rosales sostuvo que la protección contenida en el Artículo 42 de la Constitución sólo es válida para los venezolanos naturalizados. Dicho de otra manera, el ponente de la Decisión 1.265 de la Sala Constitucional considera que la Constitución concede a los venezolanos por naturalización una protección que estaría negada a los venezolanos por nacimiento. A los venezolanos por nacimiento podría suspendérseles el ejercicio de su ciudadanía o de alguno de sus derechos políticos sin necesidad de una sentencia judicial firme, pero esto no podría hacerse contra los venezolanos naturalizados, que estarían protegidos por el Artículo 42. Los venezolanos por naturalización serían, de acuerdo con Delgado Rosales, los consentidos de la Constitución, que los preferiría por encima de los venezolanos por nacimiento. (Ficha Semanal #208 de doctorpolítico, del 19 de agosto de 2008. https://doctorpolitico.com/?p=2531).
Pero resulta que ahora la Sala Electoral del TSJ sostiene algo de efectos enteramente distintos: la decisión #151 (25 de noviembre de 2009), redactada por el magistrado ponente Luis Martínez Hernández, declara que la inhabilitación política que impide, entre otras cosas, postularse para cargos de elección popular, es una pena accesoria que no puede ser impuesta sino complementariamente a una condena judicial de cárcel. Consideró la sentencia que “esta interpretación del dispositivo legal, además es la que mejor se ajusta tanto a la letra como a la finalidad del artículo 65 de la Constitución”. (Art. 65: “No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”). El ponente reforzó su punto de vista con el Artículo 24 del Código Penal, cuya primera cláusula reza: «La inhabilitación política no podrá imponerse como pena principal sino como accesoria de las de presidio y prisión y produce como efecto la privación de los cargos o empleos públicos que tenga el penado y la incapacidad, durante la condena, para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio».
¿Qué destino aguarda al magistrado Martínez Hernández? ¿Un sótano de la DISIP, en prisión ordenada al estilo de la que pesa, en grosera violación de todo procedimiento y por instrucciones específicas del Presidente de la República, contra la jueza María de Lourdes Afiuni? (La jueza tuvo la ocurrencia de restituir el derecho en la causa seguida contra Eligio Cedeño y está sometida a prisión luego de su recta sentencia. La Comisión Internacional de Juristas emitió, el 21 de este mes de diciembre, un comunicado en el que pone: “En el marco de los ataques a la independencia judicial en Venezuela, éste reviste particular gravedad, puesto que se observa la reacción inmediata entre las declaraciones del Presidente de la República y la posterior confirmación de la detención de la jueza, mediante una orden judicial de privación preventiva de su libertad“. Y añadió: “Recordamos al Estado venezolano que según los estándares internacionales los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones, y siempre respetando el debido proceso… Este tipo de acciones y discursos presidenciales confirman el deterioro del estado de derecho en Venezuela”).
¿Qué batalla interna se prepara dentro de salas opuestas en el Tribunal Supremo de Justicia? En época del referendo revocatorio presidencial, la Sala Constitucional presidida por Iván Rincón Urdaneta logró acallar la acción a favor del Pueblo de la Sala Electoral presidida por Alberto Martini Urdaneta, a quien la «sociedad civil» y la Coordinadora Democrática dieron la espalda entonces. Pero ahora parece estar gestándose una nueva rebelión en la granja tribunalicia. Seguramente, los rebeldes consiguen ánimo en posturas como la mencionada de la Comisión Internacional de Juristas y la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la semana pasada elevó, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una demanda contra el Estado venezolano, precisamente por la aplicación de las inhabilitaciones perpetradas por el Contralor General.
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 28, 2009 | Argumentos, Política |
Además de un mensaje breve de tono personal, cuyo contenido ha sido en parte revelado por medios de comunicación, el Dr. Rafael Caldera nos legó una última lección magistral, el último de sus elocuentes discursos. DoctorPolítico ha tenido acceso a él gracias a la amabilidad de su sobrino, el gentil oftalmólogo Arturo Ramos Caldera. Por creerlo de gran importancia se reproduce in toto a continuación.
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Al término de una extensa parábola vital, puedo decir que he sido un luchador. Desde mi primera juventud, cuando Venezuela salía de la larga dictadura de Juan Vicente Gómez, hasta comienzos del siglo xxi, mi meta ha sido la lucha por la justicia social y la libertad.
Dos veces me tocó servir al país como Presidente constitucional y las dos fue mi primer empeño el que en mis manos no se perdiera la República. El pasado autocrático del país, su propensión militarista, los extremismos de la izquierda y las desigualdades sociales heredadas conspiraban contra el fortalecimiento de la vida democrática iniciada en 1958.
Los líderes civiles luchamos durante largos años por construir en Venezuela una república democrática. Un país donde la presencia activa del pueblo en la decisión de los asuntos públicos se viera asegurada por la elevación de las condiciones de vida, el respeto a los derechos y la educación de los ciudadanos. Un país donde la firmeza de las instituciones acrecentara la separación de los poderes públicos y el imperio de la Constitución y las leyes.
2
Es necesario retomar hoy esa lucha para sacar a la República del triste estado en que la ha sumido una autocracia ineficiente. Es preciso detener el retroceso político que sufrimos y poner remedio a la disgregación social.
Me siento obligado a repetir algo que pude decir hace años. El reto —decía— que enfrenta Venezuela podría sintetizarse en los objetivos fundamentales a lograr:
La paz política y social, para superar la angustia y la zozobra y para encontrar convergencia fecunda a la pluralidad democrática.
La promoción del hombre, a través de la libertad, para realizar la justicia.
El desarrollo económico y social, para impulsar la marcha vigorosa del país y vencer la marginalidad.
Por eso este mensaje constituye una reafirmación de fe democrática.
Representa la vigencia de las ideas que alentaron el surgimiento de los partidos demócrata cristianos, ideas y principios que marcan un rumbo claro y justo.
De nuevo presenciamos cómo se combaten los extremos del liberalismo económico y el socialismo colectivista. Y de nuevo hemos constatado el fracaso de ambas posturas. Vemos el mundo sumido en una grave crisis económica, fruto de un capitalismo que quiso eludir toda forma de control. Vemos en la América Latina la propaganda de nuevas manifestaciones de socialismo, que sólo han traído dictadura y miseria allí donde han sido gobierno, como en la hermana nación cubana.
Encuentro, además, ahora una ocasión de esperanza. Esperanza apoyada en los ideales que nos alimentan y que toma cuerpo en la nueva juventud de la patria.
3
Ha sido larga la lucha por la libertad y la democracia. Esa lucha debe continuar. No cabe duda de que la democracia constituye la forma política más apta para garantizar y realizar la libertad. Pero aparte de su contenido sustancial, la democracia se reviste de formas, que aparecen como insustituibles, para expresar la voluntad del pueblo y permitir el libre juego de opiniones. El sufragio universal, la representación mediante el parlamento de la voluntad general, la existencia de partidos políticos, el régimen pluralista de corrientes y su expresión a través de los medios de comunicación social, viene a ser, si no la esencia misma, por lo menos la arquitectura para que la democracia se organice y funcione, el conjunto de medios prácticos para que opere un régimen político alimentado por la libertad.
Pensar que puede lograrse el desarrollo sin libertad, o a costa de la libertad, es olvidar que el desarrollo no tiene sentido si no es capaz de promover al hombre. Ni siquiera en su aspecto material es aceptable la posibilidad, porque un desarrollo material sin libertad sería incapaz de realizarse según un programa integrado, equilibrado y armónico, si a los puros objetivos materiales de aumentar la producción de bienes o transformar los sistemas productores, no los guían consideraciones de justicia, capaces de llevar su beneficio a todos los sectores y grupos de la sociedad.
Un gran aliento de libertad será el motor para la promoción del hombre. Creo en la libertad como la mejor condición de ascenso humano. No olvidemos las hermosas palabras de Albert Camus, testimonio de toda una generación: “La libertad es el camino y el único camino de la perfección. Sin libertad, se puede perfeccionar la industria pesada, pero no la justicia o la verdad”.
4
La democracia que hemos defendido es una democracia con sentido social. Una democracia donde se valore y se proteja el trabajo, pieza fundamental de la civilización.
Una sociedad democrática que enaltezca la familia, célula de la vida social. Por eso un gran empeño nuestro fue siempre la construcción de viviendas, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, para dotar de hogares a tantas familias venezolanas que tenían derecho a aspirar a un futuro mejor.
Una sociedad volcada en la educación de las nuevas generaciones, no sólo para vencer el analfabetismo ancestral sino para desarrollar los niveles de educación superior que nuestro país requiere en el manejo de sus propios recursos. Si no somos capaces de formar, de capacitar, de darle sentido de seriedad, de trabajo, de responsabilidad y de técnica a las generaciones universitarias estaremos comprometiendo, irremediablemente, la verdadera soberanía nacional.
Hemos luchado también por la integración de nuestros países latinoamericanos, meta hacia la cual hemos procurado dar pasos firmes, a pesar de las dificultades antiguas y recientes.
Nuestra lucha ha sido siempre por la paz, convencidos de que ella es fruto de la justicia y el mayor bien que puede alcanzarse en la vida social.
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Hoy tenemos que decir sin embargo que nuestro gran desafío sigue siendo el desarrollo de nuestros pueblos.
Un desarrollo sustentable, con atención a las condiciones y recursos del medio ambiente. Un verdadero desarrollo, fundado en las personas y respetuoso de su dignidad.
He sostenido al respecto que los cambios deben afectar a las estructuras sociales pero para renovar y fortalecer las instituciones. Las instituciones representan o deben representar lo permanente; no lo permanente inmutable —porque la inmutabilidad en los hechos humanos conduce al anquilosamiento y a la muerte— sino lo permanente dinámico, continuamente renovado. Las estructuras en cambio representan lo contingente, la disposición de los elementos dentro de la vida institucional y han de ser ajustadas y modificadas para que cumplan su función. Por eso hay cambio y hay revoluciones.
En América Latina se ha usado y abusado del término “revolución” hasta el punto de que los pueblos se van tornando escépticos ante su reiterada invocación. En esta nueva encrucijada decisiva hay que tener bien claro qué es lo que debemos cambiar y cuáles son las metas que tenemos que alcanzar. Destruir por destruir no vale.
La conciencia de la comunidad está predispuesta contra esos sacudimientos revolucionarios que, en definitiva, conducen a acentuar el atraso y que, a vuelta de diversas peripecias, llevan a aumentar la dependencia.
Las nuevas generaciones, por su parte, anhelan lanzarse a la conquista de la tecnología, al dominio efectivo de los recursos naturales, a la integración armónica que dé a nuestras naciones entidad suficiente para no estar sujetas al capricho de las grandes potencias. En suma, aspiran a una revolución tan diferente de las revoluciones tradicionales que envuelva, si se permite el juego de palabras, una concepción revolucionaria de la revolución.
El instinto certero de las masas desconfía de la revolución sin libertad, de la revolución que menosprecia la libertad, de la revolución que amenaza con extinguir la libertad. Porque la libertad, si no significa por sí misma la plenitud de la liberación, es el presupuesto de la liberación, es el instrumento para obtenerla.
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Queremos la libertad para lograr la justicia y ejercer la solidaridad humana. Muchas veces he recordado que la Declaración de Filadelfia, en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1944, en pleno conflicto mundial, dijo: así como la guerra, en cualquier parte, es una amenaza para la paz de todo el mundo, asimismo la miseria en cualquier país de la tierra es una amenaza ineludible para la prosperidad y el bienestar en todos los países.
En el programa del partido COPEI en 1948, reclamamos “la aplicación de los principios de la Justicia Social, que implican la defensa del más débil, en el campo de las relaciones económicas internacionales”.
Al transcurrir el tiempo, la meditación en el problema y el enfrentamiento de soluciones concretas me fue llevando más y más a una constante y decidida convicción en favor de la Justicia Social Internacional.
He señalado el hecho de que todos los esfuerzos por la justicia social dentro de cada país se estrellan ante las dificultades derivadas de la falta de justicia social en las relaciones internacionales. No se trata solamente de que se establezca un nuevo orden económico internacional; se trata de que ese nuevo orden arranque de la convicción de que todos los pueblos deben contribuir al bien común internacional mediante el cumplimiento de los deberes que la justicia social exige.
En su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el Romano Pontífice ha recordado al mundo que “la lucha contra la pobreza necesita hombres y mujeres que vivan en profundidad la fraternidad y sean capaces de acompañar a las personas, familias y comunidades en el camino de un auténtico desarrollo humano” (n. 13). “Por sí sola —añadía—, la globalización es incapaz de construir la paz, más aún, genera en muchos casos divisiones y conflictos. La globalización pone de manifiesto más bien una necesidad: la de estar orientada hacia un objetivo de profunda solidaridad, que tienda al bien de todos y cada uno. En este sentido, hay que verla como una ocasión propicia para realizar algo importante en la lucha contra la pobreza y poner a disposición de la justicia y la paz recursos hasta ahora impensables” (n. 14).
7
Necesitamos, para ello, un resurgimiento de los partidos políticos. A veces, el lenguaje contestatario de las estructuras políticas de la democracia formal se concentra en un ataque severo contra los partidos políticos. Se llega a oír la afirmación de que los partidos están llamados a desaparecer, para ser sustituidos por otras formas de organización social. Pero los partidos son necesarios como instituciones de formación y de expresión de los programas políticos, como vehículos para establecer en doble vía la comunicación entre pueblo y gobierno y entre gobierno y pueblo, como estructuras indispensables para llevar en la vasta extensión del país una aspiración armónica y establecer una coordinación jerárquica entre las diversas partes que concurren a la vida común.
Ningún otro tipo de asociación puede llenar este papel; y si se crea, con otro nombre, un organismo para sustituir al partido, pronto se verá —sea cual fuere el nombre que adopte— que en definitiva lo que ha surgido es un partido más: con frecuencia sin las virtudes, pero con los defectos que al partido se achacan.
Los propios regímenes políticos que niegan el pluralismo ideológico y establecen una organización estatal a base de una exclusiva concepción doctrinaria, no niegan la existencia del partido sino su multiplicidad, y caen en el sistema de partido único, oficial y totalitario.
No habrá sin embargo resurgir de los partidos sin una verdadera calidad humana de sus dirigentes.
Nuestros pueblos volverán a valorar las soluciones propuestas por la Democracia Cristiana en la medida en que la línea seguida por quienes la propugnan sea capaz de interpretar a la gente sencilla, hablar un lenguaje directo hacia su corazón e inspirarle confianza en su rectitud de intenciones, en su convicción sinceramente vivida de que hay que realizar la justicia y la solidaridad social.
8
Hemos de abrir caminos a la esperanza.
Tenemos una larga lucha por delante. La lucha es hermosa cuando la guía un ideal. Por eso la nuestra —que creemos en la persona humana, su libertad, la solidaridad y la justicia social— no aminora sino más bien alimenta la alegría, esa alegría interior que constituye la mayor fuerza para la constancia y predispone al éxito.
En mi larga vida de luchador, he tenido la oportunidad de ver altos y bajos en el camino de los pueblos de América Latina. Me llena de esperanza para el porvenir de nuestra nación la conciencia clara de que hay una nueva juventud que lucha por la libertad y quiere cambiar los actuales rumbos negativos.
Contamos con la ayuda divina, el don de la gracia, que viene de Dios, como recordaba el venerado Papa Juan Pablo II. Por medio de ella —nos dijo—, en colaboración con la libertad de los hombres, se alcanza la misteriosa presencia de Dios en la historia que es la Providencia (Centesimus annus, n. 59).
Al final, el tiempo de nuestra vida, intensamente vivido, también con el sufrimiento que marca el destino de todo hombre en esta tierra, está en manos de Dios. A su infinito amor y misericordia me confío.
Rafael Caldera
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