por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2009 | Cartas, Política |

La noción de súbdito o sujeto a obediencia es bastante clara y común. Ambos términos proceden del latín, por supuesto, idioma en el que sujeto es participio pasado—subjectus—del verbo subicere, que literalmente quiere decir echado debajo de algo o alguien. (Sub, debajo, jacere, lanzar. De jacere, obviamente, viene nuestro verbo yacer. Es decir, ser súbdito de alguien es yacer—condición harto pasiva—bajo él como resultado de haber sido echados—una acción—a esa situación de inferioridad). Subditus, en cambio, es el participio pasado—pasivo—de subdere, someter. Un súbdito es alguien que ha sido sometido.
Éramos súbditos de Fernando VII en 1810, cuando Pepe Botella (José Bonaparte) todavía comenzaba su desastrosa e ineficaz dominación en España dentro de una Europa napoleónica. Para esa época éramos sujetos de la Corona española. Así, refiriéndose a los venezolanos, decía el Acta del Ayuntamiento de Caracas del 19 de abril de 1810: “…cuando ya han sido declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España”. En países que aún tienen monarquías, por más disminuidas que estén en la práctica política, el concepto de súbdito tiene entidad jurídica. Por ejemplo, la expresión “súbdito británico” designaba en la ley sobre la nacionalidad británica a quien hubiera nacido en cualquier punto del Imperio Británico y jurado lealtad a su Corona. (Hasta 1949, cuando del otrora imperio más extenso de la historia sólo quedara una entelequia luego de la Segunda Guerra Mundial).
La primera acepción que el DRAE registra para súbdito destaca el deber de obediencia: “Sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle”. Es tal la condición que el presidente Chávez preferiría que los venezolanos tuviéramos. Que él mande y todos nosotros obedezcamos.
No es sólo que lo obedezcan Globovisión o la Exxon-Mobil, sino muy principalmente su propia gente. Más de una vez le ha ocurrido que algún asistente a uno de sus actos de contacto con pueblo le exija con alguna petición o aventure una crítica, y entonces se sorprende y señala que él es “el líder”, y que su liderazgo no debe ser cuestionado con minucias, que se le debe dejar conducir. “Intelectuales” del “proceso” se han atrevido recientemente a manifestar esperanza de que abandone lo que llaman su “hiperliderazgo” y éste sea sustituido por una dirección compartida, sólo para ser reconvenidos—más bien insultados con el cognomento de traidores—y neutralizados con la explicación de que, por ahora, que él sea un hiperlíder es necesario a la revolución. Luego añade que tampoco es que él se meta en todo. Pero días más tarde entrega unos cuantos carros a algunos entre su clientela y pregunta: “¿Cuánto cuestan estos carros por ahí? ¿Cien mil? Y ¿a cuánto se los pone Chávez?”
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Las guerras de independencia, muy particularmente la venezolana, fueron libradas precisamente para zafarse de coronas. La de los Estados Unidos precedió incluso a la Revolución Francesa, que hizo avanzar la teoría política republicana al eliminar, suplantándola, la soberanía monárquica para hacerla residir en el Pueblo. Hasta los españoles tuvieron la suya, librada justamente contra Pepe Botella. Esta última, sin embargo, era para que una corona se liberara de otra. Es la norteamericana, en cambio, la primera de emancipación, en el mismo sentido de la figura jurídica civil, pues las trece colonias alzadas contra el yugo de Jorge III de Inglaterra habían sido creadas por esta nación; los colonos estadounidenses tuvieron, como nosotros, una madre patria. Habían llegado a su mayoría de edad política y se emancipaban de la patria potestad que sobre ellas ejerciera la corona británica.
Fue también la independencia de los Estados Unidos la primera que creara una nueva nación, y la primera que hablaba desde la soberanía popular: We the People. To be sure, hubo una guerra de independencia holandesa contra la dominación de Felipe II de España, y bien temprana, iniciada en 1568 y sostenida durante ochenta años. Pero esta prolongada lucha fue planteada como de los Estados Generales holandeses contra la Corona española. Tuvieron, eso sí, su “declaración de independencia”, sólo que la llamaron Acta de Abjuración.
Resulta interesante examinar su justificación:
Como es aparente a todos, un príncipe es constituido por Dios para ser el gobernante de un pueblo, defenderlo de la opresión y la violencia como un pastor a sus ovejas; y Dios no ha creado al pueblo como esclavo de su príncipe, para obedecer a su mandato sea éste justo o injusto, sino antes al príncipe para sus súbditos (sin los que no podría ser príncipe), para gobernarlos de acuerdo con la equidad, amarlos y sostenerlos como un padre a sus hijos o un pastor a su rebaño, incluso a riesgo de su vida para defenderlos y preservarlos.
Y cuando él no se conduce de ese modo, sino que, por lo contrario, les oprime, buscando oportunidades para infringir sus antiguas costumbres y privilegios, exigiéndoles aquiescencia esclava, entonces ya no es más un príncipe, sino un tirano, y los súbditos no tienen por qué considerarlo de otro modo.
Y particularmente cuando eso lo hace deliberadamente, sin autorización de los estados, ellos pueden no sólo inhabilitar su autoridad, sino proceder legalmente al escogimiento de otro príncipe para su defensa.
Éste es el único método que queda a los súbditos cuyas humildes peticiones y protestas nunca pudieron ablandar a su príncipe o disuadirlo de sus tiránicos procedimientos: y es esto lo que la ley natural dicta para la defensa de la libertad, que debemos transmitir para la posteridad, aun a riesgo de nuestras vidas.
Está, pues, claro que los holandeses no pretendían dejar de considerarse súbditos de cualquiera, sino específicamente de Felipe II; no obstante, las causales de abjuración de su lealtad son tan válidas como entonces y las han transmitido para la posteridad, que somos nosotros.
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Cuando tocó el turno a los estadounidenses ya había nuevos conceptos políticos. La noción de contrato social y la de voluntad general ya existían en Francia, sobre todo luego de la obra del ginebrino Juan Jacobo Rousseau, pero el derecho sajón que los norteamericanos seguían ya había sido informado antes por el pensamiento de John Locke, que le había precedido como filósofo del contractualismo. Más todavía, tres semanas antes de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, la Convención de Delegados de Virginia había aprobado unánimemente (12 de junio) su Declaración de Derechos, mayormente redactada por George Mason. Son sus cláusulas (sections) segunda y tercera las que establecen inequívocamente:
II. Que todo el poder está investido en, y en consecuencia deriva de, el Pueblo; que los magistrados son sus apoderados y sirvientes, y en todo momento deben serle dóciles;
III. Que el gobierno es, o debiera ser, instituido para el beneficio común, la protección y la seguridad del Pueblo, la Nación o la comunidad; que de todos los varios modos y formas de gobierno es el mejor aquel que sea capaz de producir el mayor grado de felicidad y seguridad y esté más eficazmente asegurado contra el riesgo de la mala administración; y que, cuando quiera que cualquier gobierno fuere encontrado inadecuado o contrario a esos propósitos, una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrenunciable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, en manera tal como sea juzgado más conducente al bien público.
Estos ciudadanos ya no querían meramente cambiar a Jorge III por otro príncipe; ya no querían ser súbditos de nadie. He ahí la grandeza y la claridad republicanas en la independencia de los Estados Unidos.
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Luego completaría el asunto Emmanuel-Joseph Sieyès, con su famoso panfleto de enero de 1789 (Qu’est-ce que le tiers état?), que dio forma final y práctica a la noción de la soberanía residente en el Pueblo. El 14 de julio los ciudadanos parisinos tomarían la fortaleza de la Bastilla, y poco después los franceses dejarían de ser regidos por la voluntad real de Luis XVI para ser ellos mismos la Corona, el Soberano.
Desde estos últimos hechos han pasado ya doscientos veinte años; no en balde sentimos que es terriblemente obsoleto que un mandatario cualquiera—llámese Pinochet, Franco, Hitler, Stalin, Castro, Putin, Mugabe, Ahmadinejad o Chávez—pretenda ejercer un “hiperliderazgo” que funcione como monarquía, que elimine la independencia de los poderes públicos, que imponga su voluntad arbitraria sobre los ciudadanos de su país, que procure anular cualquier opinión que no le acate.
Los próceres de la independencia venezolana, muy especialmente Simón Bolívar, habían leído a Locke, a Rousseau y a Sieyès. Sus diez años de guerra, y su posterior Batalla de Maracaibo contra una recidiva de la pretensión española de dominarnos—aún hoy la Historia de España Alfaguara, en siete tomos, dedica sólo ocho páginas a la emancipación de las colonias americanas, evidenciando que es tema doloroso para los españoles—fueron rendidos desde una perspectiva republicana, negadora de cualquier monarquía, y cuando algún señor de esa guerra soñó con presidencias vitalicias, pronto perdió el apoyo de quienes antes le ensalzaban. Nuestros patriotas tuvieron muy claro que la Corona española no debía ser ceñida por la presidencia de su naciente república, sino por el conjunto de los ciudadanos.
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Mientras más insista Hugo Chávez en que su voluntad política personal es la única que importa y debe ser acatada, más ilegítimo se hará como gobernante. No es una cosa, por cierto, que se le haya ocurrido ahora, en 2009. Hace diez años, en el mes de abril, debió salir la Corte Suprema de Justicia a defenderse de lo que llamó “declaraciones atribuidas” al Presidente de la República, con una respuesta del día doce ante la afirmación de Chávez según la cual no existía en la corte “autoridad legítima y moral”.
Semanas antes había dirigido una carta a la misma Corte, a la que entonces llamaba Honorabilísima. Vale la pena refrescar los dos últimos párrafos de esa farragosa misiva:
El Estado investido de soberanía, en el exterior sólo tiene iguales, pero la justicia internacional no alcanza a quienes, por centrifugados, tendrían que ser mutilados (Ratzel; McKinder). Esas son las razones por las cuales el Jefe de Estado conduce, en soledad, la política exterior y, en soledad, es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Inmerso en un peligroso escenario de Causas Generales que dominan el planeta (Montesquieu; Darwin), debo confirmar ante la Honorabilísima Corte Suprema de Justicia el Principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado.
No es, por supuesto, el Estado quien está investido de soberanía. Es el Pueblo. Como de contrabando, sin embargo, y a escasos dos meses de haber asumido la Presidencia de la República, ya Hugo Chávez adelantaba el sofisma de que el Estado venezolano es soberano (no la Nación entera) y que la conducción de éste era de su exclusiva incumbencia—esto es, nunca creyó en la separación de los poderes, pues hace tiempo que se piensa rey, hace tiempo que se cree príncipe.
Ni siquiera se había elegido entonces la peculiar Asamblea Constituyente de 1999. Antes, como es sabido, Chávez había violado la regla de Virginia: que cabía sólo a una mayoría de la comunidad nacional el derecho de reformar, alterar o abolir nuestro gobierno. Él, con otros prepotentes comandantes que habían jurado conspirar ante un emblemático pero decrépito samán, quiso usurpar nuestro derecho el 4 de febrero de 1992.
Todavía celebra el abuso.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2009 | LEA, Política |

Se ha suscitado un escándalo razonable por la sentencia de la Sala Constitucional del 18 de este mes, correspondiente al expediente Nº 03-0296, sobre ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán. El caso tiene que ver con la solicitud de nulidad, por razones de inconstitucionalidad, contra algunos artículos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y decretos presidenciales de 1984 y 1992 (anteriores a la presidencia de Hugo Chávez) que contienen el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento parcial sobre Transmisiones de Televisión.
El mayor drama se ha puesto sobre la extensión del concepto de responsabilidad penal para tener como sujetos capaces de la misma a las personas jurídicas. Así, por ejemplo, se escribe: “Es cuestión de lógica elemental que quien puede incurrir en delitos es únicamente la persona individual y concreta que representa a la ‘persona jurídica’ y no las personas jurídicas en sí mismas. Lógica y ontológicamente, es imposible que un ‘ente abstracto’ pueda incurrir en un delito. Para cometer un delito se requiere de órganos corporales: cerebro, pies, manos, ojos, boca, etc., órganos estos de los cuales las ‘personas jurídicas’ carecen. Por lo cual atribuirle responsabilidad penal a un ‘ente abstracto’, a una ‘persona jurídica’ está fuera de toda lógica y racionalidad”.
La posición de la Sala viene expuesta escuetamente por la magistrada Zuleta en estos términos: “… una concepción laxa de la responsabilidad penal, permite reorientar el concepto de imputación en la teoría del delito fracturando las estructuras ontológicas del Derecho Penal para concluir que las personas jurídicas ostentan la capacidad de culpabilidad penal—imputabilidad—, puesto que la culpabilidad ya no se concibe como un juicio de reproche eminentemente personal sino como un juicio que—en tanto función social—protege preventivamente los bienes jurídicos, siendo que la tutela penal abarca a todas las personas, ya sean éstas naturales o jurídicas; aceptar lo contrario y aferrarse al principio tradicional societas delinquere non potest implicaría—frente a novedosas formas de criminalidad—dotar de impunidad a los entes colectivos y convertirlos así en gérmenes para la sociedad”.
En cristiano: Zuleta argumenta, con razón, que es tendencia moderna la consideración de responsabilidad penal de personas jurídicas, y cita cuatro casos concretos. En verdad, Francia, y después España, ya han legislado en esa dirección, y hay abundante material de serios juristas americanos que opinan a favor de esta modernización. Otras razones, bien expuestas por el magistrado disidente Pedro Rondón Haaz, son mejor fundamento de un repudio de la sentencia. Rondón, por cierto, no objeta la opinión citada de Zuleta.
Es ésta la misma Sala a la que el suscrito reclama la amputación del sentido del Artículo 42 de la Constitución, en su Sentencia 1.265 del año pasado que justificara la inhabilitación indebida de varios candidatos en las elecciones del 23 de noviembre de 2008. Pero en el punto concreto mencionado, quien escribe sostiene la misma opinión de la magistrada ponente y la mayoría de la Sala.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 23, 2009 | Fichas, Política |

LEA, por favor
En más de una ocasión se ha mostrado en la Ficha Semanal de doctorpolítico materiales extraídos de referéndum, una publicación del suscrito—impresa, no digital—producida entre 1994 y 1998. Esta vez, se reproduce en la ficha #247 la sección central de un artículo de hace casi exactamente 15 años (4 de junio de 1994), cuyo título era De aquí a dos años. En él se expresaba general aprobación con los primeros movimientos del segundo gobierno de Rafael Caldera, dirigidos a controlar la crisis política y económica que heredó.
En un punto manifestó el suscrito desacuerdo: el sobreseimiento de la causa contra los golpistas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Apartando el argumento esgrimido en el texto, también por esa época aduje que impedir el enjuiciamiento de los golpistas era una terrible señal, cuyo significado era: álcese sin preocupación; si triunfa toma el poder y si fracasa lo ponemos preso un ratico y luego lo ponemos en libertad y, si quiere, hasta un puesto en el gobierno tendrá. (Caldera ofreció a Francisco Arias Cárdenas, uno de los conjurados del 4 de febrero, la Presidencia del PAMI—Programa de Asistencia Materno-Infantil—de su gobierno).
También se alude en el trozo reproducido aquí a la salida de Ruth de Krivoy de la Presidencia del Banco Central de Venezuela. La Dra. Krivoy llegó a publicar un artículo de prensa en el que exhibía su rechazo a la búsqueda de un descenso de las tasas de interés—recrecidas a niveles nunca vistos en aplicación del “paquete” de Pérez, inspirado en el Consenso de Washington—por medio del consenso entre el sistema bancario y el gobierno, proceso que coordinaba Gustavo Roosen. La Dra. Krivoy se oponía porque, en su criterio, las tasas no debían ser determinadas por un mecanismo consensual, sino por la libre operación del mercado. Se trataba de una opinión hipócrita: Ruth de Krivoy, llevada al timón del BCV por Pérez, había formado parte (con Ramón J. Velásquez, Julio Sosa Rodríguez, Domingo Maza Zavala, Pedro Palma, Pedro Pablo Aguilar) del Consejo Consultivo nombrado para aconsejar a Pérez, golpeado ya por la asonada del 4 de febrero que él pudo evitar y no lo hizo. El 1º de abril de ese mismo año el Consejo defendía, entre otras cosas, lo siguiente: “Para afrontar la emergencia, recomendamos una estabilización temporal de los precios y tarifas de un grupo de bienes y servicios de alto contenido social… Como medidas específicas, en lo inmediato, aconsejamos: a) Suspender los aumentos programados en el precio de la gasolina… b) Estabilizar los precios de los productos que conforman la cesta básica popular… c) Estabilizar los precios de las medicinas… d) Estabilizar y racionalizar las tarifas de los servicios públicos…”
Es decir, la Dra. Krivoy no tuvo inconveniente en propugnar, dos años antes de rasgarse las vestiduras, medidas todas que escapaban a las reglas de un libre mercado. En realidad, la entonces Presidenta del BCV no se sentía cómoda bajo la Presidencia de Rafael Caldera que, desde un inicio, se había mostrado contrario, con razón, a la política económica del segundo gobierno de Pérez, dibujada según catecismo del Consenso de Washington.
LEA
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Gerencia de crisis
En anteriores ediciones hemos expresado nuestra creencia en que el gobierno de Rafael Caldera probablemente no será el que produzca la transformación completa del Estado venezolano, el que dibuje las líneas maestras de su metamorfosis. Aludiendo a su declaración de que el siglo XXI había comenzado en Venezuela el 5 de diciembre de 1993, afirmábamos: “No estamos de acuerdo con el presidente Caldera. El siglo XXI en Venezuela todavía no ha comenzado. Puede ser que él, como Moisés, logre llevarnos hasta el borde de la tierra prometida, sin entrar en ella”.
Todo depende del orden como se digan las cosas. Uno puede, y seguramente es lo que él merece, describir a Rafael Caldera comenzando por sus cualidades y terminando con ellas. En 1983 pensamos en unos artículos para la prensa que no escribimos y que versarían, uno, sobre las cualidades de Lusinchi, otro sobre los defectos de Caldera. Queríamos indicar con eso que con las cualidades de Lusinchi era difícil llenar más de dos cuartillas, mientras los defectos de Caldera no eran muchos.
Los tiene, y resulta fácil hacer un registro de los costos que han generado desde que se dio por seguro que él ganaría las elecciones. Pero creemos que debe concederse esto a un análisis desapasionado: ningún otro de los innumerables candidatos a la Presidencia de la República en diciembre de 1993 lo hubiera hecho mejor. Seguramente habrían diferido de las actuaciones de Caldera en más de un punto, pero ninguno hubiera capeado el temporal de más sereno modo. La situación del Latino era insostenible, y tal vez un tratamiento menos duro contra los gestores de esa organización no habría bastado para mantener en relativa calma a una población a punto de desespero colectivo. Sin una demostración como la que ha venido manifestando el Poder Judicial, el disgusto civil, que en ocasiones incurrió en violencia, se habría expresado con una violencia mucho mayor, más extendida, más 27F. No en vano ese disgusto es producto de la realidad, amargante realidad.
En julio de 1991 se nos dio la oportunidad de publicar un artículo sobre la situación política de aquel momento, cuando la opinión pública empezaba a mostrarse insistentemente organizada entre dos extremos similarmente indeseables: o Pérez o golpe. Como hemos dicho aquí, en esa ocasión sugerimos la renuncia del presidente Pérez como el modo preferible de resolver tan angustioso dilema. En el mismo artículo sugeríamos también que Rafael Caldera parecía ser el indicado para presidir un gobierno de transición, de estabilización:
El Congreso debería elegir entonces a un venezolano o venezolana que mejor pudiera presidir, como un gran juez, y durante los años inminentes, la necesaria etapa de justicia. Es difícil señalar a una persona más idónea que Rafael Caldera Rodríguez.
Nuestro Senador Vitalicio, el pacificador de fines de los años sesenta, el experimentado estadista, conocedor como pocos del reparto de la escena política nacional, el hombre mesurado y discreto, parece ser el escogido para satisfacer tan delicada necesidad de la República. Los que no han estado en su tolda política saben que siempre los respetó. Y el que se halle ahora distanciado de los que sí están significa que poco pesarían sobre él las tentaciones de favorecer a copartidarios. Caldera sería garantía, como lo ha demostrado una vez más recientemente, de que las clases populares, eufemismo que denota nuestra pobreza, se mantuviesen lejos de la desesperanza. Caldera es el político hecho a la medida del problema. Caldera es el antirobespierre que necesitamos, que el Presidente necesita.
Es así como en aquellos momentos pensábamos que la figura de Caldera era la más indicada para cubrir lo que de período constitucional mediaba entre julio de 1991 y febrero de 1994. Esto es, como un Presidente transicional que debería invertir su tiempo en revertir tendencias negativas y estabilizar al Estado, mientras presidía un proceso nacional de saneamiento de la función pública. No lo pensábamos como el Presidente que podría dirigir una reconversión profunda. La llegada al poder de Rafael Caldera pues, llegó a nuestro juicio con retraso.
Podría argumentarse que no es lo mismo un Presidente elegido por el Congreso de la República que un Presidente electo por el pueblo. Que un Presidente requiere un apoyo político directo. Podría pensarse que Caldera no se prestaría para gobernar por sólo dos años cuando tenía la posibilidad de gobernar cinco. Seguramente esto disuadió a Caldera de procurar la Presidencia en aquel momento, puesto que probablemente se había paseado por la posibilidad, y en todo caso esa salida había sido mencionada.
La ventaja de un período corto para Caldera era la de sujetarlo exactamente al papel mosaico: redignificar el Poder Ejecutivo, presidir con serenidad un período de acción judicial contra la corrupción, garantizar la continuidad constitucional hasta el borde de la tierra prometida sin entrar en ella.
El riesgo inherente a esa posibilidad era menor que el riesgo de ahora. En ambos casos estaba presente el riesgo de caer en una tentación fundamentalista, aun cuando la cantidad de negociación Pérez-Caldera hubiera sido un moderador de una retaliación más fuerte que la actual. Pérez habría salido del poder en condiciones más parecidas a las de Nixon. Pero ahora la tentación fundamentalista es mayor, pues tiene el valor funcional de alargar el apoyo popular al gobierno, el que pudiera necesitar un poco de circo para contener las presiones de reivindicación social. Además, el presidente Caldera no tiene más apoyo que el que hubiera podido tener, digamos, a pocos días o aun semanas del 4 de febrero de 1992.
La presencia de Convergencia y del MAS en el Congreso no tiene un carácter determinante, como tampoco lo tiene en la calle. Y el presidente Caldera fue electo por un 18% del electorado. El prestigio que lo sostiene, la aceptación muy extendida que tiene en la población, son completamente independientes de Convergencia y del MAS. Estos dos movimientos no tienen menos problemas de militancia que AD y COPEI.
Es por esto que conviene no exigir a Caldera, por lo menos por los primeros dos años de este período, mucho más de lo que le habría sido exigible en 1992. Ya en este año era evidente que ninguno de los pretendientes manifiestos a gobernar desde Miraflores estaba en posesión de una visión de Estado suficiente. Si este fuese el examen que Caldera debiera presentar ante un jurado examinador, si se juzgase estos primeros meses de su gobierno en términos del papel transicional que hemos descrito, entonces la nota que recibiera debería ser una calificación más bien alta.
Con desbalances que el propio Gustavo Roosen admitió, el proceso del Banco Latino fue atendido con celeridad y firmeza. Los auxilios empleados en el caso de la crisis bancaria extendida más allá de aquella organización eran casi ineludibles, puesto que un importante componente de ellos, si no el mayor, es de carácter social, ya que van dirigidos a la protección de los depositantes y a la preservación de los empleos en las organizaciones afectadas. Los costos son abrumadores, no hay por qué negarlo; no era nada barato intentar el desembarco de 350.000 soldados en Normandía en las 24 horas del Día D. Cuando se está en situaciones de amenaza a lo más básico, cuando se ha dejado crecer los problemas sin atenderlos, el costo de la recuperación es usualmente muy alto.
No es un costo bajo el de poner en la calle, en libertad, a los responsables de las asonadas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. El ex comandante Chávez ha argumentado a la revista Newsweek que el artículo 250 de la Constitución Nacional prácticamente le mandaba a rebelarse. Lo que el artículo 250 estipula es que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza o de su derogación por medios distintos a los que ella misma dispone, todo ciudadano, independientemente de la autoridad con la que esté investido, tendrá el deber de procurar su restablecimiento. Pero con todo lo que podíamos criticar a Carlos Andrés Pérez en 1992, y aun cuando estábamos convencidos de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores (y de La Casona), ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza, ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional.
Ni siquiera es un posible fundamento de Visconti, Arias Cárdenas, Chávez, etcétera, aquella disposición sobre el derecho a la rebelión recogida en la Declaración de Derechos de Virginia y que transcribimos en nuestro segundo número: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—[el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad]—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. La norma de Virginia exige como sujeto de la acción una mayoría de la comunidad, y ni los oficiales nombrados representaban una mayoría de la comunidad ni una mayoría de ésta admitía un golpe de Estado como deseable.
Es por esto que lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Puede ser que sea políticamente útil tener en la calle al ex comandante Chávez, exhibiendo la escasez de su discurso. Puede pensarse que Caldera, después de su discurso del 4 de febrero de 1992 pudiera estar de algún modo obligado a perdonar a los infractores. Puede hasta admitirse que las sacudidas de 1992 conmovieron o consolidaron la opinión contra Pérez, pero no existe asidero legal que permita afirmar que los golpistas hicieron lo debido. Lo que justifica su liberación no es de carácter jurídico. Es de carácter político. Otra vez, si se restringe el criterio de examen a este punto, la calificación de Caldera en un examen sobre esta materia sería una alta calificación. ¿Costo? Si su gobierno no logra calmar el hambre que el mismo Caldera declaró como de difícil coexistencia con un régimen democrático no tendrá autoridad alguna para rechazar un golpe de Estado intentado por esas razones contra él.
Y en el más reciente episodio de la crisis cambiaria, también debe ser objeto de calificación elevada. La presencia de Ruth de Krivoy al frente del Banco Central de Venezuela era insostenible, aun cuando sólo fuese porque sus criterios en materia de política económica, en algunos puntos, divergían agudamente de los de Caldera y su Primer Ministro Económico: Julio Sosa Rodríguez. Era difícil que la salida de Krivoy fuese armoniosa y suave. En cualquier caso Krivoy iba a manifestarse públicamente con fuertes críticas a las posturas económicas del gobierno, y por tanto su renuncia sería siempre un factor generador de pánico en algunos determinantes actores económicos del país.
Si esto es así, entonces la solución en horas del problema de la sucesión de Krivoy, y el hecho de que el candidato a sucederla recibió el apoyo unánime de las organizaciones políticas actuantes en el Congreso de la República, fue un manejo acertado y rápido de la crítica situación.
Lo de la subasta de dólares fue, evidentemente, una mala idea, pero también fue sustituida con relativa rapidez y resultados positivos; la sustitución de ministros puede verse como señal negativa, de debilidad e incoherencia, o como respuesta también rápida a las críticas en ese sentido.
En resumen, en el manejo de las manifestaciones más inmediatas de la crisis la boleta de Rafael Caldera muestra notas altas, por más que pueda afirmarse que él fue responsable, si no del proceso Latino y el proceso Krivoy, al menos del modo como reventaron. Cualquier médico dirá, no obstante, que las pústulas sólo sanan a bisturí.
En cambio, respecto de otra materia más de fondo, visión de Estado y la transmisión de ésta a los Electores, el presidente Caldera parece haber diferido su examen. No sería una mala excusa para él argumentar que antes de pensar en remodelar la casa debe dedicarse a extinguir el incendio que la amenaza.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jun 18, 2009 | Cartas, Política |

De una woman de El Callao nació en 1931 Oliver Campbell (MBA, DipM, FCCA, ACMA, MCIM), cuyo padre trabajaba en la minería del oro. Éste volvió a Inglaterra para la época de la Segunda Guerra Mundial, pero el hijo regresaría a su patria chica en 1953 como empleado de la Compañía Shell de Venezuela. Con el twist de la nacionalización, Oliver se encontró trabajando para el Estado venezolano, en calidad de Coordinador de Finanzas de Petróleos de Venezuela, hasta 1982. Ya retirado y de regreso en suelo inglés, escribe frecuentemente para Petroleum World y mucha de su atención, como es natural, es dedicada a Venezuela y su industria petrolera. No podía faltar su análisis preliminar de las cifras ofrecidas, con retraso de meses, por PDVSA acerca de su desempeño económico en 2008, las que acaban de ser presentadas por el gran teniente Rafael Ramírez.
Campbell está encantado con el informe de 513 páginas, y sostiene que tanto los auditores externos como los contadores internos de PDVSA deben ser felicitados por el logro. (“El reporte sobre los Resultados Financieros Consolidados, que comprende 161 páginas, es particularmente útil”). Pero muy pronto pone el dedo en la llaga: “PDVSA sufrió una pérdida antes de impuestos de más de 8 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2008”. Los auditores que a juicio de Campbell son merecedores de felicitación, habían firmado los estados financieros el 29 de marzo de este año; el analista destaca que por algún motivo desconocido la publicación de los mismos fue pospuesta hasta el 9 de junio. Mientras el Estado venezolano nacionalizaba a 74 compañías privadas de servicios, obviamente, no convenía que se supiera demasiado de las dificultades de la petrolera estatal. Era mejor preservar la fantasía de las cifras no auditadas, ofrecidas justamente en marzo, las que contienen marcadísimas discrepancias con las publicadas ahora.
Las cuentas que saca Campbell son muy sencillas: durante las primeras tres cuartas partes de 2008, PDVSA tuvo un ingreso, antes de las deducciones por impuesto sobre la renta, regalías y contribuciones al desarrollo social y a FONDEN, de 54.037 millones de dólares, pero al completarse el cuarto trimestre ese rubro contable se había reducido a 50.739 millones de dólares. Al restar lo correspondiente a regalías, desarrollo social y FONDEN, todavía sin cargar impuesto sobre la renta, la pérdida del cuarto trimestre ascendió a la cantidad de 8.694 millones de dólares.
A pesar de este desempeño, los índices financieros derivados del balance son bastante decentes. El problema gordo de PDVSA es uno de flujo de fondos. Más recientemente, el problema se amplifica para ser además uno de credibilidad respecto de su solvencia. La calificadora de riesgo Standard & Poor redujo su evaluación crediticia de PDVSA, basándose en preocupaciones acerca de la liquidez de la empresa y la percepción de incertidumbre sobre su disposición a honrar obligaciones contractuales con sus suplidores. Es decir, los analistas internacionales no se comen el cuento de la coartada socialista; ellos saben que la reciente razzia estatizadora de empresas privadas que servían a PDVSA se debe en verdad a un hueco grande en el bolsillo de la petrolera roja rojita, uno que le hacía difícil pagar sus deudas con proveedores vitales. La única manera de quitarse de encima a los acreedores era poseerlos, sobre todo si más de uno había empezado ya a dejar de prestar su servicio.
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No ayudan al tema de credibilidad reducida ni el retraso en presentar las cuentas ni las importantes discrepancias entre informes distintos separados por pocos meses. Por poner un caso, a comienzos de año el Banco Central de Venezuela había certificado que las regalías e impuestos pagados por PDVSA en 2008 alcanzaban un monto de 36 mil millones de dólares, pero el informe del 9 de junio asegura que la empresa pagó por estos conceptos un total marcadamente menor: 27,7 mil millones de dólares.
O lo señalado por Campbell (Editorial Commentary – PDVSA: Financial Results for Year 2008, Petroleum World):
“Hay una notoria incongruencia en lo relativo a regalías, puesto que sólo aumentaron en 7%, cuando el precio promedio de exportación subió en 34%. Las regalías suben y bajan usualmente alineados con los precios de exportación y, más aún, PDVSA declara que su producción aumentó en 4% en 2008. Otra anomalía es que en los resultados previamente presentados a la Asamblea Nacional varían sustancialmente de los ahora publicados. Debe admitirse que aquéllos eran cuentas no auditadas, pero es inusual que los auditores externos hagan enmiendas significativas. El cambio sorprendente es que lo entregado al gobierno descendiera de 64,2 mil millones de dólares a 48,8 mil millones de dólares… En conclusión, un aumento de 34% en el precio promedio de exportación resultó en un incremento de sólo 8% en la participación del gobierno, y encuentro dificultad para entender cómo esto pudo ocurrir”.
Pero esto, de nuevo, es asunto meramente contable o estadístico. La realidad del flujo de fondos y los inconvenientes para pagar es lo que lleva a la desconfianza y la descalificación, y la revaluación de Standard & Poor ha afectado ya a la deuda soberana de Venezuela, cuyo spread ya supera el de Argentina, lo que es una raya bien fea. ¿Qué está pasando?
Rafael Ramírez ha tenido que ocuparse de esta desagradable realidad, al asegurar a la prensa que PDVSA se propone pagar todas sus obligaciones con los suplidores, advirtiendo, de paso, que Venezuela no nacionalizará todas las empresas de servicios, y que tomó algunas porque eran “monopolistas”. En sus declaraciones admitió que para diciembre del año pasado la empresa que preside debía a contratistas locales y extranjeros 7,6 mil millones de dólares—en marzo reconoció en la Asamblea Nacional una cifra de casi el doble—, de los que ya habría cancelado 2 mil. Apresuradamente, dio seguridades de que no habría nacionalización de las perforadoras Helmerich & Payne—que paralizó ya siete de sus once plataformas de perforación por falta de pago de PDVSA—y Ensco International Inc., a la que se debe 16,9 millones de dólares por su plataforma Ensco 69, cuyo contrato ha expirado. Por lo que atañe a compañías ya expropiadas, PDVSA probablemente deberá aumentar su reserva para litigios del actual nivel de 2.100 millones de dólares. Exterran Holdings Inc., por ejemplo, proveedora de gas comprimido expropiada junto con la Williams, ha dado a conocer que se reserva el derecho de buscar compensación por los activos que le fueron arrebatados. (Una Ensco muy molesta declaró la semana pasada que había interrumpido sus servicios y denunciado el contrato porque PDVSA era mala paga, y que buscaría ser indemnizada porque no le habían devuelto su plataforma 69).
Otros síntomas de desarreglo apuntan en la misma dirección. En principio, Venezuela debía comprar en 2009 y 2010—así estaba estipulado contractualmente—150 millones diarios de pies cúbicos de gas de la estatal colombiana Ecopetrol y de Chevron, que suplen desde el campo Ballena a través del gasoducto en el que Venezuela invirtió 467 millones de dólares. (En 2011 debía reducirse esa cifra a 100 millones de pies cúbicos por día; en octubre de 2007 Venezuela comenzó con una importación de 50 millones). Pero el país importa hoy el doble de lo previsto: 300 millones de pies cúbicos diarios de gas colombiano.
O la refinería El Palito, cuya unidad catalítica de cracking debía rearrancar en mayo, luego de meses de trabajos de mantenimiento y expansión, no cumplió con la fecha planificada.
Y acá se cede la palabra al análisis de un profesional muy serio y responsable, cuya identidad debe permanecer reservada. En generosas notas enviadas ayer a doctorpolítico, pintó el siguiente cuadro:
Creo que lo importante es el efecto que el actual manejo pueda tener en los resultados económicos en los próximos dos años. Casi todos los economistas serios que he escuchado coinciden en un crecimiento del PIB de cerca de cero, acompañado con una inflación de entre 30 y 35%. Aunque hay presión por la liquidez y costos (por devaluación efectiva del dólar, al limitar CADIVI su concesión de divisas reguladas a la tasa oficial), la misma recesión económica—por reducción del gasto del gobierno—es un factor que frena el crecimiento de los precios. Muchas personas esperan un escenario peor. Estos economistas—que no veían ni predijeron una debacle en los años anteriores—consideran que para el caso de Venezuela estos son números suficientemente adversos como para crear una sensación creciente de inconformidad. Ojo: yo no creo que el problema económico es, en sí, suficiente para crear dificultades políticas. De hecho creo que el gobierno retrocedió durante 2007 y 2008, aun teniendo altos ingresos.
Estos economistas coinciden en que el problema no es en bolívares. Creen que con la reducción del gasto, la creación de dinero inorgánico y el financiamiento interno, podremos manejar el déficit fiscal. Todos, también, coinciden en que el problema son los dólares. Los 45 mil millones de dólares que debe haber entre el Banco Central, FONDEN, PDVSA y otros entes, no parecen ser suficientes para mantener el nivel de gastos, importaciones y compromisos externos, etc. (Sólo por estatizaciones se estima una deuda de 12 mil millones de dólares). Ya que los otros sectores de la economía no pueden reaccionar aumentando su actividad, el ingreso petrolero es la única tabla de salvación que tenemos. En cuanto a esto, los volúmenes parecen ser fijos y posiblemente decrecientes, dejando sólo los precios (variable exógena) para determinar el ingreso de la nación.
Precios: no ha crecido la demanda mundial. Hay 6,5 millones diarios de barriles cerrados, y esto sólo en la OPEP. Las inversiones en exploración han bajado, pero no se han parado (Brasil, México, Rusia….) Los precios han aumentado por demanda especulativa.
Volumen: creo que lo importante no es el monto absoluto, sino más bien las variaciones. Al mantener una mentira (volumen de producción) constante por varios años lo que importa son las variaciones. Tarde o temprano se sabrá si los 25 mil millones de dólares que quedan por cobrar de esas exportaciones son de verdad o de mentira.
Los volúmenes de producción de Venezuela (según la OPEP y la AIE), después de los dos recortes acordados en la OPEP (360 mil barriles diarios para Venezuela), deberían ser de 2.040.000 b/d. Este número se parece a los reportados por ambas fuentes y a los cálculos por métodos indirectos (número de taladros, consumo de insumos químicos, etc.) También por la información de las importaciones de los receptores: 100 mb/d (Cuba); 110 mb/d (otros receptores de Petrocaribe, aunque el compromiso es de 400 mb/d); 1.200 mb/d EEUU… y unos 650 a 700 mb/d de consumo interno. (PDVSA reporta un consumo menor a 500 mb/d, número constante desde hace muchos años que no concuerda con el aumento del parque automotor, el consumo adicional en plantas termoeléctricas (60mbr/d) vs. gas en el pasado, la sustitución de gas por gasoil en procesos químicos y el aumento en el contrabando de extracción). A este número se le debe agregar un “estimado” de 250 mb/d de líquidos. (Para un total de 2.300 mb/d de producción aproximada o 1.650 b/d de exportación). El aumento reportado por PDVSA de los costos de producción llega a unos 7,50 $/b vs 4,50 $/b en 2007; esto debe tomarse en consideración, aun sospechando una subestimación.
Algunos indicios que nos llevan a sospechar que la caja de PDVSA está en dificultades: 1. retrasos en pagos a proveedores vitales para la operación (probablemente aceleraron su expropiación); 2. reducción de los aportes a los programas sociales (Mercal; PDVAL); 3. retrasos en el arranque de las refinerías, entre otros. Detallo esto último: El CRP (Complejo Refinador Paraguaná) tuvo su parada de planta (aunque retrasada, normal de mantenimiento) en septiembre de 2008. El plan era el arranque en enero de 2009; fue pospuesto para marzo, luego para mayo, y el último reporte que tenemos es que sería para julio o agosto. El Palito retrasó su parada para coincidir con el arranque del CRP pero, por los retrasos de éste, comenzó en febrero de 2009, esperándose que arranque para julio de 2009. Lo importante de este caso es que los reportes que tenemos indican que el retraso no se debe a problemas técnicos, sino más bien a problemas de pagos a proveedores. Como consecuencia, apartando los costos de oportunidad de exportaciones, Venezuela ha tenido que importar entre 100 y 120 mb/d de gasolina de alto octanaje, pagándolas a precios internacionales para venderla a los deprimidos precios locales. Esto porque el alma de las refinerías que producen este tipo de componentes (FCC: Fluid Catlytic Cracker) es una de las unidades que están paradas, de nuevo, por razones de mantenimiento normal.
Esta fuente tan bien informada nos decía personalmente: “¡Cómo estará la cosa que PDVSA no puede detener la petrorragia de la importación de gasolina!” Se despidió con la siguiente advertencia: “Es verdad que el presupuesto de 2009 fue calculado a un precio del barril en 60 dólares, pero yo creo que ni con 80 puede el gobierno salir de los líos en los que se ha metido”. (En 2008, por sobre lo presupuestado, la Asamblea Nacional aprobó, obedientemente, ¡unos 140 créditos adicionales!)
¿Todo está bien, como afirmara la Presidencia de la República? ¿Se entiende ahora por qué se tardó tanto el teniente de PDVSA para presentar sus cuentas del año pasado? A mediados de 2008 el presidente Chávez había predicho que la participación del gobierno en el negocio de PDVSA alcanzaría los 75 mil millones de dólares: ahora resulta que, después de haber llegado a 60 mil al cumplirse los tres primeros trimestres, esa participación se contrajo a 48,8 mil millones de dólares para el ejercicio completo.
Bueno, uno no debe ser tan duro; es que—¡maldición!—los costos operativos de PDVSA aumentaron ¡en 50%!
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jun 16, 2009 | Fichas, Política |

LEA, por favor
En San Pedro Sula, población de Honduras, y como sabemos todos, la trigésima novena Asamblea General de la Organización de Estados Americanos decidió, por unanimidad, el levantamiento de las sanciones impuestas a Cuba en 1962, las que excluían a este país de la comunidad política panamericana. Éstos son los dos artículos de la resolución:
1. Que la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos.
2. Que la participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y los principios de la OEA.
¿Cuáles son las prácticas, propósitos y principios de la organización? Quedan claramente señalados en el segundo párrafo preliminar de la resolución del pasado 3 de junio: “…los propósitos y principios establecidos de la Organización de Estados Americanos, contenidos en la Carta de la Organización y en sus demás instrumentos fundamentales relacionados con la seguridad, la democracia, la autodeterminación, la no intervención, los derechos humanos y el desarrollo”. Es decir, muy especialmente en la Carta Democrática Interamericana.
Pero resulta muy revelador, desde el punto de vista histórico, constatar que Cuba debiera continuar fuera de la OEA en aplicación de criterio expuesto por el mismísimo Fidel Castro, en discurso pronunciado el 23 de enero de 1959 en la Universidad Central de Venezuela y antes en otro del mismo día ante la primera Cámara de Diputados de nuestra democracia.
Esta Ficha Semanal #246 de doctorpolítico recoge la versión taquigráfica cubana del discurso en la UCV. En ella dice Castro: “Hoy, en la comparecencia ante la Cámara de Diputados, propuse que se reunieran los delegados de los países democráticos en la Organización de Estados Americanos y propusieran la expulsión de los representantes de los dictadores. Hablaba, precisamente, de que esos organismos internacionales no habían servido para nada, y que había que adoptar una actitud enérgica y firme en relación con los problemas de América”.
El tupé del dictador caribeño, tan longevo como sus mentiras, se exhibe en otros momentos del discurso aquí reproducido, como se verá fácilmente. Para ayudar a encontrarlos, la ficha de hoy se ha tomado la libertad de destacarlos en cursivas. Una de las patrañas es su demagógica promesa de no darse a la buena vida; no faltaba mucho para que se habituara a los finísimos habanos Cohíbas.
La Doctrina Betancourt, pues, que llevó a Venezuela al rechazo inequívoco de las dictaduras del continente, tuvo como antecedente la hipócrita proposición de Fidel Castro, por la que su gobierno debía ser expulsado de la Organización de Estados Americanos.
LEA
…
Embustes longevos
Una señora, que no quiso dar su nombre, ha entregado un cheque por quinientos bolívares. Esto es, sencillamente, para empezar. Estos fondos se les entregarán a los dirigentes de la Unión Patriótica Dominicana. Es para que se vea que no es cuestión de los gobiernos, no es intervención de los gobiernos, es intervención de los pueblos.
No voy a poderme extender hoy mucho con ustedes. Es que el itinerario—me han hecho trabajar en Venezue la—está saturado de actos que no puedo dejar de atender. Lo mismo que me preocupaba mucho cuando estaba en el Parlamento el llegar aquí, aunque algo retrasado pero llegar, tengo el compromiso de asistir a una invitación de la Junta de Gobierno de Venezuela, y realmente hace rato que están esperando, por lo tanto… Ustedes sí, ustedes pueden decir, pero yo no.
Bueno, ustedes no vayan a pensar que yo soy de hierro. Es que cuando tengo que llegar a algún lugar, es una lucha grecorromana la que tengo que librar para entrar. Llevo muchas semanas en esa tarea, y no es que me falten fuerzas, lo que necesito es un poquito de descanso. Y yo que pensé que iba a descansar algo en Venezuela, me encontré con que me han puesto más trabajo que en ninguna otra parte, y, además, me han hecho firmar más autógrafos que en ninguna otra parte. Voy a hacer una campaña contra la firma de autógrafos, porque, además de todas las obligaciones que tengo, tengo que firmar como mil autógrafos todos los días. Bueno, ¿me aceptan que les firme en imprenta? ¿Entonces qué ustedes quieren que yo haga? ¿De dónde saco el tiempo?
Bueno, yo les voy a hacer una pregunta: ¿Ustedes quieren que yo me dedique a la Revolución o a firmar autógrafos? Yo no soy artista, soy revolucionario, y mi debilidad mayor es querer complacer a todo ciudadano que se me acerca, aquí, en Cuba y en todas partes, porque primero atiendo a un hombre humilde del pueblo que a un poderoso, y cuando se me acerca a pedirme algo, me cuesta mucho trabajo decir que no; pero como son miles de personas que me piden algo que no las puedo complacer, pues no sé cómo me las voy a arreglar. Por eso voy a hacer una campaña contra la firma de autógrafos, porque mi arma, el arma de la Revolución, es la opinión pública, y tengo que convencer a la opinión pública de que renuncie a los autógrafos.
Me sorprendieron, ya me traían uno para que lo firmara y me puse a firmarlo ¿Y por qué no con la gorra? Yo le di mi gorra al Rector de la universidad.
Aquí me acaban de informar que los muchachos del Orfeón van a pasar por el público, por los estudiantes, para recoger la contribución, para que ustedes no tengan que molestarse en venir hasta acá.
Por lo menos, el pueblo cubano está dispuesto a darles todos los recursos.
Les decía que me ha gustado mucho lo que dijo aquí un revolucionario dominicano, de que este año estarían ellos combatiendo en Santo Domingo.
Yo dije una vez, cuando salí de Cuba, que en el año 1956 seríamos libres o seríamos mártires, y se me criticó extraordinariamente por aquello; se dijo que no podía haber revolución a plazo fijo, se dijeron veinte mil cosas, lo que no entendían era el sentido de aquella frase. Aquella frase quería decir: Yo sé que los pueblos están cansados de promesas falsas, yo sé que los pueblos han perdido la fe en los líderes, yo sé que los pueblos no creen. Pues bien, para que el pueblo crea, ponemos nuestro honor por delante y le prometemos que iniciaremos la Revolución en Cuba en 1956. Eso fue lo que yo dije, y cuando lo dijimos fue porque estábamos seguros de que íbamos a cumplir, o de que al menos estábamos dispuestos a cumplir aquella palabra. Nos comprometimos con el pueblo y aquello ayudó a mantener encendida la fe del pueblo.
Aquí, un revolucionario dominicano acaba de decir también, emocionado, que será este año. Pues, bien, va a tener muchas más facilidades que nosotros, porque al menos no les va a pasar lo que nos pasó a nosotros, que cuando nos faltaban seis meses para que se acabara el año, nos metieron presos y nos quitaron todas las armas; que cuando volvimos a reunir fondos y a comprar armas, nos quitaron la mitad de las armas, y, por suerte, no nos metieron presos y pudimos salir, atravesar el golfo, atravesar el mar Caribe, atravesarlo todo y poder llegar a Cuba; pero que realmente se nos hizo todo muy difícil.
Al menos los exiliados ya no tendrán que padecer persecución, como hubimos de padecerla nosotros. Por lo menos en Cuba, y sé que también en Venezuela, tendrán toda la hospitalidad a que sean acreedores los perseguidos políticos de la tiranía, absoluta libertad para propagar sus ideas, absoluta libertad para organizarse, para reunirse, dar actos públicos, y tendrán siempre toda la protección, porque allí no podrá irlos a asesinar Trujillo, allí no encontrará cómplices, y ellos tendrán todo nuestro apoyo moral y tendrán todo el respaldo de la opinión pública cubana, y, con toda seguridad, el respaldo de la opinión pública continental.
Hoy, en la comparecencia ante la Cámara de Diputados, propuse que se reunieran los delegados de los países democráticos en la Organización de Estados Americanos y propusieran la expulsión de los representantes de los dictadores. Hablaba, precisamente, de que esos organismos internacionales no habían servido para nada, y que había que adoptar una actitud enérgica y firme en relación con los problemas de América. Por lo tanto, la postura del Gobierno Revolucionario de Cuba será una postura firme y sin vacilaciones de ninguna clase, porque ha llegado la hora de que los pueblos sepan defenderse y sepan plantear sus derechos. ¡Basta ya de sumisión, basta ya de cobardía y basta ya de vacilaciones!
A los estudiantes, que tan extraordinariamente han honrado a nuestro pueblo en la tarde de hoy, quiero decirles, para finalizar, una cosa: tengan la seguridad de que somos hombres conscientes de nuestra responsabilidad con nuestra patria, de nuestra responsabilidad con los pueblos oprimidos y de nuestro deber ineludible de solidaridad con todos los pueblos del continente americano; que somos revolucionarios, y que ser revolucionario no es llamarse así como se llaman muchos. Ser revolucionario es tener una postura revolucionaria en todos los órdenes, dedicar su vida a la causa de los pueblos, dedicar su vida a la causa de la revolución de los pueblos, a la plena redención de los pueblos oprimidos y explotados.
Como el poder para nosotros no ha significado un baño de rosas ni un paseo, como para nosotros el poder no significa riquezas, ni somos hombres que nos dejamos arrastrar por ningún género de vanidad, sino que para nosotros el poder es sacrificio, más sacrificio, porque ahora estamos luchando más que cuando estábamos en la Sierra Maestra, ahora tenemos menos descanso que cuando estábamos en la Sierra Maestra, ahora tenemos más trabajo que cuando estábamos en la Sierra Maestra, hemos bajado al llano decididos a seguir luchando en el terreno que sea necesario.
No vamos a aburguesarnos ni a burocratizarnos en el poder; no vamos a acostumbrarnos a la vida cómoda, ni a la buena comida, ni a la buena ropa, ni a las buenas cosas. Miren, ¿ustedes ven este uniforme?, porque es el que me he acostumbrado a tener durante dos años, lo traigo sencillamente, y porque cuesta barato; cuando tenga que quitármelo, me lo quito y me pongo otra ropa barata también.
En cuanto a dormir, los rebeldes de la Sierra Maestra, si tenemos una hamaca y dos árboles, estamos perfectamente bien; y en cuanto a comer, con pocas cosas nos alimentamos. Nuestra mayor necesidad son libros y nos los regalan, me han regalado muchísimos en Venezuela y tendré el gusto de poder llevarlos a Cuba; por lo tanto, con muy poca cosa nosotros nos conformamos. ¡Ni nos van a comprar, ni nos van a sobornar, ni nos van a intimidar! Vamos a ser sencillamente incorruptibles, no nos vamos a acomodar nunca, vamos a seguir siendo revolucionarios hasta la muerte, y vamos a hacer nuestra aquella gran verdad de que el revolucionario no tiene otro descanso que la tumba. Es nuestro deber y lo sabremos cumplir rectamente y sin mucho trabajo siquiera, porque es, además, nuestra vocación.
Nos sentimos bien cumpliendo con el deber, no nos importan los riesgos, no nos importa que tengamos que ir otra vez a las montañas cuando sea necesario o cualquier día; por tanto, nosotros sabremos ser acreedores de los honores que se nos han hecho. Nunca tendrán los pueblos motivos de arrepentirse por las muestras de cariño que nos han dado, y, más que las palabras, los hechos hablarán por nosotros.
Me despido de ustedes con un pensamiento, con un deseo que quiero que todos lo hagan suyo, y es que en un día no muy lejano podamos reunirnos en otras universidades del continente. No voy a decir Cuba; Cuba es de ustedes; no tenemos como ustedes una ciudad universitaria, pero la vamos a hacer y vamos a conceder becas—pero becas numerosas, no esas becas reducidísimas que con tanta avaricia se conceden a los estudiantes de América Latina—, por supuesto, a los venezolanos.
El deseo que quiero que todos sintamos sinceramente hoy, la promesa que todos debemos hacernos, es que—este año, o el otro, o el otro; no vamos a comprometernos a fecha fija de cuándo va a terminar, lo que sí sabemos es cuándo va a empezar, y empezar es lo que importa, porque cuando se empieza se termina—, nos veamos algún día reunidos una representación de los estudiantes cubanos, de los estudiantes de Venezuela y de los estudiantes de todo el continente americano en la universidad de Santo Domingo, reunidos allí con un pueblo libre, con un estudiantado libre.
Y ustedes los estudiantes, que han sido los defensores de todas las causas justas, que han sido la vanguardia de la libertad en nuestro continente; ustedes, que inspiraron esta idea, los estudiantes venezolanos, no deben descansar ni un minuto en el esfuerzo por ayudar a que se convierta en realidad este sueño de poder reunirnos algún día en la universidad de Santo Domingo, en la universidad de Nicaragua y en la universidad de Paraguay, con la ayuda de los pueblos, con la ayuda de los estudiantes.
Yo sé que el día en que se esté combatiendo en Santo Domingo, no faltarán voluntarios, entre el estudiantado y entre el pueblo de Venezuela, que quieran ir a combatir allá. Lo que sí les puedo asegurar a los revolucionarios dominicanos es que no los dejaremos solos, y es con esa promesa con la que me quiero despedir de ustedes: nos veremos en la universidad de Santo Domingo.
Fidel Castro
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