por Luis Enrique Alcalá | Ene 10, 2008 | Cartas, Política |
¿Es posible que el barril de petróleo se coloque en doscientos dólares en este mismo año? ¿Es posible que el precio del petróleo descienda a treinta dólares por barril? ¿Es posible una guerra entre Venezuela y Colombia? ¿Es posible un golpe de Estado en Venezuela? ¿Es posible una guerra mundial? ¿Es posible un material superconductor económico a temperatura ambiente? ¿Es posible un ataque terrorista al Metro de Caracas o a las líneas de transmisión del Complejo del Guri? ¿Es posible ganarse el Kino? ¿Es posible que el próximo Presidente de Venezuela no sea miembro del Partido Socialista Único de Venezuela?
La insólita condición del ambiente del tomador de decisiones de hoy día ha generado variadas imágenes más o menos descriptivas para referirse a una incertidumbre recrecida. Yehezkel Dror lo pone en los siguientes términos: “la sorpresa se ha hecho endémica”. Ante esta situación, no obstante, es posible realizar un análisis constructivo, que nos permita manejarnos inteligentemente ante tal grado de incertidumbre. Acá resultan utilísimos los esquemas analíticos de Dror, tal como han sido desarrollados por él en varias instancias, siendo las principales su artículo Policy-gambling: A preliminary exploration (La apuesta de políticas: una exploración preliminar, 1975) y su conferencia How to spring surprises on history (Cómo dar sorpresas a la historia, 1984).
En primer término, es conveniente caracterizar la incertidumbre que confrontamos. ¿Qué tipo de incertidumbre es?
La incertidumbre puede ser llamada incertidumbre cuantitativa cuando lo que ignoramos no es el tipo de eventos de posible ocurrencia, sino la probabilidad de que cada tipo ocurra. Esta clase de incertidumbre no es la más grave, aunque en algunos casos especiales puede llegar a ser muy molesta. Más profunda es una incertidumbre cualitativa, cuando es la forma misma de los eventos futuros lo que nos es desconocido.
Si se trata de una incertidumbre del tipo cuantitativo, entonces hay ante ella dos cursos de acción disponibles. El primero consiste en tratar de reducir la incertidumbre, fundamentalmente por la obtención de más y mejor información. Así, la labor de “inteligencia”—en el sentido en el que este término se emplea en la expresión “inteligencia militar”—es el primer camino. Ahora bien, nos encontramos ante situaciones en las que aun la mejor inteligencia nos dejará con una incertidumbre residual, irreductible, y por tanto será necesario adoptar un expediente adicional al de los esfuerzos por reducirla. Este segundo camino es el de estructurar la incertidumbre residual, para tener la oportunidad de comprenderla mejor.
Pero además está presente en la consideración de una sorpresa política la segunda y más insidiosa forma de incertidumbre: la incertidumbre cualitativa. Es decir, es posible afirmar la posibilidad de ocurrencia de eventos políticos que ni siquiera podemos describir en términos cualitativos.
Dror ha enumerado los rasgos de un modelo de confección de políticas (policymaking) en las condiciones actuales al que ha llamado el “modelo de apuesta difusa” (fuzzy betting): “Una buena imagen para considerar la confección de políticas como apuesta difusa es la de un casino inestable, donde la opción de no jugar es en sí misma un juego con altas probabilidades en contra del jugador; donde las reglas del juego, las proporciones necesarias de suerte y habilidad y los premios, cambian en forma impredecible durante la apuesta misma; donde formas impredecibles de ‘cartas locas’ (tales como un ataque terrorista o la distribución de diamantes por millonarios pródigos) pueden aparecer súbitamente; y donde la salud y la vida de uno mismo y la de sus seres amados puede estar en juego, algunas veces sin uno saberlo”.
El modelo extremo de apuesta difusa involucra situaciones en las que la dinámica que da origen a los resultados de una decisión es desconocida y toma la forma de indeterminaciones y discontinuidades. Algunas de las consecuencias de este estado de cosas son las siguientes:
a. Los resultados no pueden ser predichos ni en términos de posibilidades definidas ni en términos de riesgo, en el sentido técnico de distribuciones de probabilidad
b. La adjudicación de probabilidades subjetivas es un acto que puede ser calificado de ilusorio.
c. La no-decisión, o las decisiones incrementales (modificación de las cosas “poquito a poco”), constituyen estrategias fútiles como modo de contener la incertidumbre, dado que la repetición del mismo acto o la misma política puede dar origen a resultados radicalmente diferentes en cada ocasión.
d. Los valores, y las metas mismas, pierden su constancia en la toma de decisiones, entre otras cosas a causa de cambios impredecibles en los contextos que establecen las prioridades.
e. Una mejor inteligencia, en el mejor de los casos, no puede hacer otra cosa que hacer más explícita la ignorancia.
f. Se está en presencia de una alta probabilidad objetiva de que eventos de baja probabilidad ocurran frecuentemente. En términos subjetivos, domina la sorpresa.
Éstos son los rasgos de un caso extremo y abstracto de “apuesta difusa” que, no obstante, puede ser más pedagógico a la hora de comprender el tipo de situación que confrontamos. Un modelo más cercano a la realidad modera la gravedad de esos rasgos y puede ser descrito, a su vez, en los siguientes términos:
a. Una cierta proporción de los resultados podrá ser prevista en términos de riesgo—estimación cuantitativa—y en términos de posibilidades—estimación cualitativa. La proporción restante adoptará la forma de configuraciones impredecibles, con discontinuidades y saltos.
b. En una cierta proporción, las situaciones podrán ser diagnosticadas como tendiendo más hacia la discontinuidad o como tendiendo más hacia la continuidad. En una cierta proporción la ignorancia domina, sin que exista la posibilidad de evaluar de antemano las situaciones como conducentes a la continuidad o a la ruptura.
c. La utilidad del empleo de probabilidades establecidas subjetivamente, y la del análisis de decisiones que se base en ellas, la constancia de valores y metas, la capacidad de la inteligencia para contener y reducir la ignorancia, etcétera, dependerán de una mezcla de incertidumbre e ignorancia.
d. Eventos considerados como de baja probabilidad ocurren con frecuencia variable y la sorpresa llega a ser endémica.
Puede ser que esta última enumeración no parezca mejorar las cosas demasiado. Sin embargo, permite una aproximación más constructiva al asunto. Por ejemplo, será posible, al menos para el tratamiento de una parte de los posibles eventos políticos o la preadaptación a ellos, una clasificación de los mismos en cuatro categorías a considerar, según sea su probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto que tendrían: 1. Eventos de alta probabilidad y alto impacto, para los que sería una locura no prepararse. 2. Eventos de alta probabilidad y bajo impacto, para los que no se requiere demasiada prevención, dado que modificarían poco el statu quo. 3. Eventos de baja probabilidad y bajo impacto, los que pueden ser más o menos desatendidos. 4. Eventos de baja probabilidad y alto impacto, para los que es aconsejable, al menos, tener previsto un plan contingente, ya que de ocurrir aquéllos las cosas cambiarían significativamente.
Desde el punto de vista de las posibilidades que provee una situación turbulenta, es necesario advertir que aumentan las probabilidades de éxito de aventuras que intencionalmente busquen cristalizar a su favor las múltiples tensiones existentes, siempre y cuando sean bien ejecutadas y den realmente salida a tales tensiones. En Road maps to the future (1980), Bohdan Hawrylyshyn decía lo siguiente: “En química, puede uno disolver más y más sólidos en una mezcla hasta que se alcanza el estado de saturación. Un solo cristal adicional puede entonces precipitar a todos los sólidos fuera de la solución. La historia reciente muestra que los eventos pueden ser precipitados en una forma análoga en sociedades en las que se acumulan demasiadas tensiones. Lo que se requiere entonces es sólo un catalizador. En Portugal puede haber sido un libro publicado por un general. En Irán, que también tenía un ejército fuerte y una implacable organización de seguridad interna, fue la voz de Khomeini, oída directamente (como del cielo) en cassettes de audio. En Polonia, el Papa, durante su reciente visita, pudo haber desencadenado casi cualquier conjunto de eventos según su escogencia”.
Dror emplea, junto con un análisis riguroso, varias sugestivas imágenes para el enfoque del tema en Cómo sorprender a la Historia (How to spring surprises on history). Por ejemplo, nos recuerda a Maquiavelo, para “considerar la posibilidad de convergencia entre oportunidades históricas raras (ocassione) que provee la historia (fortuna) y que pueden ser utilizadas por gobernantes que tengan las raras cualidades necesarias (virtu).
Dror ofrece la tesis de que en el mundo contemporáneo la probabilidad de discontinuidades está aumentando, lo que provee “situaciones en las que es posible estimular o hacer surgir algunas discontinuidades mediante la intervención consciente”. Ciertas variables exógenas de importancia (esto es, no controladas desde dentro de un sistema político en particular) así como tendencias de creciente aproximación a soluciones de crisis, son los tipos principales de factores que hacen aumentar las ocurrencias sorpresivas. A su juicio, tres situaciones principales pueden justificar o motivar los intentos conscientes de provocar mutaciones políticas: “a. Si las tendencias actuales son vistas como crecientemente negativas y cada vez más peligrosas para los valores aceptados. b. Si se ha dado un salto en los valores que lleva consigo un imperativo categórico de tratar de cambiar la realidad, aun cuando ésta sea satisfactoria para los valores previos. c. Si la realidad se percibe en cualquier caso como turbulenta y mudable, requiriendo respuestas bajo la forma de saltos en políticas como el único modo de tener, tal vez, feedback positivo. (Bien sea para evitar cambios negativos o para aprovecharse de oportunidades positivas.)”
Es también útil tomar en cuenta los pocos comentarios tentativos que puede Dror ofrecer (él mismo reconoce que en este terreno se mueve en terra incognita) ante el problema operativo: cómo se planifica mejor una sorpresa a la historia. Copiamos textualmente:
“a. La selección y el éxito de intentos por mutar tendencias depende del macroanálisis de situaciones socio-políticas y político-estratégicas y su evolución. Algunas veces un individuo se muestra capaz de asir tales Gestalten. Pero, para hacerlo sistemáticamente, son necesarias unidades especiales compactas, altamente calificadas e interdisciplinarias. Los equipos de análisis político y de inteligencia del tipo convencional son incapaces de hacer el trabajo.
b. Es posible definir situaciones en las que se justifiquen intentos de ir más allá del incrementalismo y de sorprender a la historia. Tendencias al deterioro que constituyan amenazas cada vez más serias; ideologías y aspiraciones que no tengan chance sin rupturas radicales de la continuidad; turbulencia histórica que o se vuelve demasiado riesgosa o provee oportunidades que no volverán; todo esto, como ya ha sido mencionado, son condiciones que pueden ser analíticamente diagnosticadas y que justifican políticas de shock.
c. Puede ser posible a veces el diseño de una política de shock como política dominante, la que en el mejor de los casos logra desplazamientos muy deseables en los eventos y que en el peor de los casos no involucra costos serios. En otras situaciones puede ser posible reducir los riesgos de fracaso o sus costos, mediante un sondeo y aprendizaje preliminares, construyendo sobre la base de la reversibilidad o por varias estrategias de ‘compensación de apuestas’. (Hedging).
En vista de la incertidumbre de la post-discontinuidad, las políticas de cambio radical usualmente confrontan riesgos irreductibles e indefinibles. Por tanto, a pesar de las posibilidades arriba mencionadas, tales políticas son intelectual y emocionalmente ‘apuestas difusas’. Todas las metodologías de confrontación de incertidumbre son útiles, pero de utilidad limitada.
d. La prudencia—que es un juicio de valor en ‘loterías’—requiere por tanto de un ‘análisis del peor caso’, en el que lo pésimo de la continuación de tendencias o de la no intervención en la turbulencia ambiental se compara con lo pésimo de los intentos de causar discontinuidad. La comparación de lo pésimo de la no intervención con lo óptimo de la intervención es un enfoque muy riesgoso que no puede ser recomendado. (Aunque, inherentemente, esto es un asunto de juicios de valor sobre las actitudes ante el riesgo.) Por el otro lado, la comparación de lo óptimo de la no intervención contra lo pésimo de la no intervención tampoco puede ser recomendada, por más que esto sea una difundida postura intelectual del incrementalismo y del conservatismo”.
Por último, considérese este párrafo de Dror sobre una de las condiciones esenciales a la mutación histórica: “Un ‘empresariado político’ (policy entrepreneurship) es un requisito para darle sorpresas a la historia. Implica la existencia de políticos singulares que sean innovadores, anulen el conservatismo y quizás sean más aventureros, aceptadores de riesgo y propensos a apostar”.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 8, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Esta Ficha Semanal #178 de doctorpolítico se compone de extractos de un folleto cuyo autor es Juan José Caldera, y que lleva por título “El sobreseimiento de Chávez”. El trabajo de Caldera, editado por Convergencia, es de gran utilidad, pues al relatar las circunstancias que rodearon la decisión de su padre de sobreseer la causa por el delito de rebelión contra Hugo Chávez y unos cuantos militares más, hace evidentísimo que esa medida contó con el más amplio apoyo. Del sintético e incompleto inventario de citas hecho por Juan José Caldera se desprende que estuvieron de acuerdo con ella, explícitamente, Fernando Ochoa Antich, Oswaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín, Luis Herrera Campíns, Andrés Velásquez, Patricia Poleo, Juan Martín Echeverría, Freddy Muñoz, el cardenal José Alí Lebrún, Jorge Olavarría, Américo Martín y Luis Castro Leiva. Antes, el presidente Ramón J. Velásquez había sobreseído la causa de al menos doscientos setenta prisioneros por rebelión en 1992.
Nos encontramos en momentos de concesión de amnistía parcial por parte del presidente Chávez, a quien se le pide la generalice. Es oportuno, pues, a la par que justo, el trabajo de Juan José Caldera. Su lectura conduce al convencimiento de que es injusto e irresponsable el juicio negativo a Caldera porque sobreseyera la causa contra Chávez, y la superficial y tonta especie de que con ese acto él fuese el responsable de que este último se convirtiera en Presidente. Como recuerda J. J. Caldera, “…un importante editor diría ante las cámaras de televisión: a Chávez lo hicimos los medios de comunicación”.
Para la época del sobreseimiento el suscrito no participaba de la opinión mayoritaria demostrada en el folleto. En junio de 1994 escribía: “No es un costo bajo el de poner en la calle, en libertad, a los responsables de las asonadas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992… Es por esto que lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Puede que sea políticamente útil tener en la calle al ex comandante Chávez exhibiendo la escasez de su discurso. Puede pensarse que Caldera, después de su discurso del 4 de febrero de 1992, pudiera estar de algún modo obligado a perdonar a los infractores. Puede hasta admitirse que las sacudidas de 1992 conmovieron o consolidaron la opinión contra Pérez, pero no existe asidero legal que permita afirmar que los golpistas hicieron lo debido”. (referéndum, 4 de junio de 1994). El costo aludido era “la terrible modelación que se hacía ante los ciudadanos: que no era nada grave levantarse en armas contra las instituciones de la República, que uno podía alzarse y causar la muerte de venezolanos sin mayor pena que la de una temporada en el penal de Yare, antes de ser puesto en plena libertad con sus derechos políticos intactos; que hasta podía uno de una misma vez conseguir un empleo público. (Caldera ofreció a Arias Cárdenas la dirección del PAMI, el programa de asistencia materno-infantil del gobierno nacional)”.
No puede quien escribe, por consiguiente, estar de acuerdo con unas líneas citadas por Caldera de Juan Martín Echeverría, quien escribió: “el 4 de febrero se alzaron más de diez mil hombres, por razones que consideramos legítimas”. (El Universal, 13 de febrero de 1994). Para deponer con razones legítimas a un presidente electo democráticamente se requiere contar con la aquiescencia expresa de la mayoría de los electores, y esta condición no existía para el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Por más que declarasen motivos patrióticos, las razones de los conjurados en ambas fechas eran totalmente ilegítimas.
El 31 de diciembre de 2002 el suscrito recibió un correo electrónico de Jorge Olavarría, en el que anunciaba: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él Olavarría decía que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición.
La contestación del suscrito se copia a continuación:
Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.
No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: «…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…»
Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.
Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: «Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…»
Como escribí en marzo en un artículo que me solicitara Poleo: «Pocos días después de la reseña de El Universal, Jorge Olavarría de Tezanos Pinto retomó el punto en dos emisiones de su columna en El Nacional (así como en intervenciones televisadas), sólo que en su opinión tal derecho sería la fundamentación de un golpe de Estado clásico, y prescribía algunos ingredientes del mismo, como el inevitable manifiesto de los golpistas. Acá quiero marcar diferencia respecto de la posición de Olavarría: el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia».
Y también en el mismo artículo: «En detalle, nosotros mandamos que cese el patológico y folklórico paso de Chávez por el gobierno y de ese modo autorizamos a la fuerza armada de este país para que retire a ese ciudadano de Miraflores, en caso de que ni siquiera ante tal mandato expreso el alucinado personaje consienta en bajarse de la silla. Ése sí sería entonces un derecho de rebelión conferido por nosotros a quienes—los militares—sí se encuentran, como súbditos, en situación de subordinación y obligación de obediencia».
Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.
Admito que este planteamiento se ha limitado estrictamente a una consideración de principios. Los aspectos prácticos del asunto constituyen, naturalmente, discusión aparte.
Recibe un saludo muy cordial
Luis Enrique
LEA
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El sobreseimiento de Chávez
El sobreseimiento es la terminación anticipada de un proceso penal en el que aún no ha habido sentencia y que se declara concluido por razones de interés general. La medida de sobreseimiento no consiste formalmente en un perdón, porque no ha habido condena, ni implica un juicio de valor sobre la conducta del beneficiario de la medida. En teoría el juicio podría concluir en condena o absolución y se termina anticipadamente, no con el fin inmediato de favorecer al procesado sino con el propósito de satisfacer una aspiración colectiva. Por ejemplo para lograr la paz pública, como ocurre con la motivación de una ley que decreta una amnistía general.
El sobreseimiento aplicado en el caso que nos ocupa encuentra su fundamento legal en el artículo 54, numeral 3 del Código de Justicia Militar, que atribuye al Presidente de la República la facultad de “ordenar el sobreseimiento de los juicios militares, cuando así lo considere conveniente en cualquier estado de la causa”. Pero es totalmente falso que el Presidente pueda, como dicen algunos, inhabilitar políticamente a un procesado cuando dicta una medida de sobreseimiento o de indulto. Quien afirme semejante hipótesis lo hace con mala fe o por ignorancia. Porque está muy claro en la ley que el presidente de la República no tiene facultades para inhabilitar políticamente a nadie.
La inhabilitación es una pena accesoria, ligada necesariamente en su aplicación a una pena principal de presidio o prisión y sólo mientras dure ésta, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 16 del Código Penal. Y poco después dice con total y absoluta claridad el artículo 24: “La inhabilitación política no podrá imponerse como pena principal sino como accesoria de las de presidio y prisión”. Luego, no puede aplicarse como una pena aislada sino conjuntamente con una principal, lo que supone también que exista una sentencia condenatoria de presidio o prisión, y sólo temporalmente.
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De manera que sólo los condenados judicialmente por un tribunal competente pueden ser castigados con la inhabilitación política y exclusivamente durante el tiempo que dure la condena. En otras palabras, en ningún caso puede el Presidente de la República dictar una medida de inhabilitación política a nadie y mucho menos de manera permanente y definitiva. Luego, el presidente Caldera no tenía facultades legales para inhabilitar políticamente a Hugo Chávez bajo ninguna circunstancia, quien conservaba intactos sus derechos políticos aun estando preso y procesado.
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Rafael Caldera expresó en entrevista televisada con César Miguel Rondón el 2 de junio de 2003: “la libertad de Chávez fue una consecuencia de la decisión que se había tomado con todos los participantes de los alzamientos del 4 de febrero y del 27 de noviembre… esos sobreseimientos comenzaron a dictarse en tiempos del propio presidente Pérez, que fue el Presidente que estaba en Miraflores cuando ocurrió la sublevación; continuaron durante el gobierno del presidente Velásquez y cuando yo asumí habían puesto en libertad a casi todos, por no decir a todos, los participantes de la acción… Sería contrario a todas las normas jurídicas que se hubiera sobreseído el juicio que se les seguía a los demás oficiales y se hubiera mantenido a Chávez en la cárcel por el temor de que pudiera llegar a ser Presidente. Temor que nadie compartía en ese momento…”
Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz y Andrés Velásquez, principales rivales de Caldera en la contienda presidencial del 93, se pronunciaron públicamente a favor de una amnistía general para todos los golpistas del 92 y se comprometieron a ponerlos en libertad. Era el reflejo de una opinión predominante en el país, que quería recuperar la paz interior y que veía mayor peligro en la prolongación de un clima de confrontación. Seguramente por esa misma razón durante dos años, de febrero de 1992 a febrero de 1994 cuando asume Caldera la Presidencia, no se dictó ni una sola sentencia condenatoria a los procesados por el delito de rebelión militar. ¡Ni siquiera a los que habían confesado de manera pública su responsabilidad, desde el mismo día de los acontecimientos!
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Dos semanas después del 4 de febrero de 1992 se dictaron los primeros treinta y cuatro actos de detención en los tribunales militares por el delito de rebelión, a pesar de que los oficiales detenidos eran más de trescientos. Y desde ese mismo día, aunque parezca sorprendente, se comenzaba a proponer en la prensa nacional “una amplia amnistía a favor de todos los militares implicados en el alzamiento”. El 30 de marzo se anunció la presentación de un proyecto de ley de amnistía ante el Congreso Nacional.
Tres días después, el 2 de abril, a menos de dos meses del fallido golpe, se produjo la llamada “marcha del silencio” que exigía “la libertad de los insurgentes y la renuncia de Pérez”. Y el 27 de abril, cuando aún no se habían cumplido tres meses del fallido golpe, la prensa informó que el propio Ministro de la Defensa, general Fernando Ochoa Antich, visitó personalmente a los detenidos en el Cuartel San Carlos “y prometió abogar para que sean puestos en libertad, siempre y cuando demuestren un sincero arrepentimiento por sus acciones en contra de la institucionalidad”.
Ese mismo día el diario El Nacional hace pública con gran despliegue una carta del gobernador del Zulia Oswaldo Álvarez Paz, quien había sido detenido en su residencia oficial por los golpistas el día 4 de febrero, en respuesta a los comandantes del golpe, Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirinos y Miguel Ortiz Contreras. Expresaba textualmente a los golpistas: “No tengo dudas en cuanto a la rectitud de propósitos que los animó a la aventura del 4-F”; y les anunciaba: “Las puertas de la prisión se abrirán para dar rienda suelta a los sueños e ilusiones que los alimentan”.
Seis meses después, el 18 de octubre, en el mismo diario y refiriéndose a las expresiones de Fermín, Álvarez Paz dice que “las declaraciones de Claudio Fermín en torno a la posibilidad de decretar una amnistía para los militares y encapuchados eran sorpresivas e interesantes, por venir de un alto personero de Acción Democrática”; y añadió: “la amnistía es necesaria, porque la democracia gana”. Así, quienes serían los candidatos presidenciales de Acción Democrática y COPEI el año siguiente—obteniendo el segundo y tercer lugar—se expresaron a favor de la liberación de los golpistas.
Además AD y COPEI formaban una coalición gubernamental a partir del fallido golpe del 4 de febrero, cuando COPEI aceptó incorporar varios dirigentes al gabinete de Carlos Andrés Pérez. Ello le asigna una adicional importancia a las declaraciones de quienes serían sus abanderados presidenciales, como también a las del ex presidente Luis Herrera Campíns en la prensa del 2 de noviembre de 1992, casualmente veinticinco días antes de la segunda intentona de golpe, cuando dijo que “considera posible que los rebeldes de febrero puedan aportar ideas para salir de la crisis, por lo que reta al presidente Pérez a ponerlos en libertad y permitir que busquen sus votos en la calle”.
El cuarto clasificado de la elección presidencial, el gobernador Andrés Velásquez, cuando lanzó su candidatura en Puerto La Cruz a comienzos de febrero de 1993, prometió liberarlos y lo ratificó días después en visita a Barinas, al declarar: “Si gano las elecciones, mis primeros decretos serán para indultar a todos los oficiales procesados por los intentos de golpe de Estado. Pérez es quien debería estar preso, no ellos”. (El Nacional, 16 de noviembre de 1993, p. D-2). Además, durante la campaña de 1993 la Causa R lanzó como candidato al Congreso a Francisco Arias Cárdenas, aún detenido, pero no lo pudo inscribir porque no le dieron oportunamente la baja de las filas castrenses.
De haber resultado elegido diputado habría recuperado la libertad, como ocurrió con Salom Meza Espinoza y David Nieves cuando eran procesados por el secuestro de William Frank Niehous. O como le sucedió al propio Carlos Andrés Pérez al ser elegido senador. Lo mismo hubiera podido ocurrir con Chávez como candidato presidencial, aun estando preso, en 1998. En todo caso, no se puede negar que la opinión pública de manera ampliamente mayoritaria manifestaba su total acuerdo con la puesta en libertad de los líderes golpistas del 4-F, incluido su máximo jefe Hugo Chávez. Y de esa opinión fueron voceros también los medios de comunicación social.
En trabajo de grado sobre el tema, presentado recientemente para la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Monteávila, luego de examinar cuidadosamente los medios impresos desde la destitución de Pérez hasta el sobreseimiento de Chávez, sus autores concluyen que “los resultados arrojados son la evidencia de que en el país existe una tendencia al olvido histórico y sobre todo a señalar culpables sin mirar atrás”. Su análisis de la prensa constató que “la noticia aparecía mínimo tres veces por semana y en un alto número en primera plana”, comprobando que “cantidad de apreciaciones sobre el tema fueron en su mayoría a favor del sobreseimiento o de la liberación de los procesados militares”.
Señalan que “se creó una corriente de opinión a favor de la liberación de los militares por parte de la prensa al presentar mayor cantidad de noticias a favor del sobreseimiento de la causa”. Y se observa también en dicha tesis de grado que “Carlos Andrés Pérez fue el primero en otorgar el sobreseimiento”, aunque “lo hizo a un grupo de militares menos involucrado en los intentos por separarlo de la Presidencia”. Recuerdan además que “el 5 de junio de 1993 es nombrado como Presidente interino el liberal Ramón J. Velásquez” y que “cerca del fin de su presidencia Velásquez otorgó sobreseimientos”.
El presidente Velásquez recibió en audiencia a Francisco Arias Cárdenas a sólo semanas de haberse encargado de sus funciones. Y el 27 de diciembre de 1993, el diario Últimas Noticias atribuyó a su Ministro de la Secretaría haber dado “la seguridad de que Hugo Chávez, Arias Cárdenas y demás procesados militares y civiles saldrán en libertad antes de que Rafael Caldera asuma la presidencia”. Lo cierto es que cuando Rafael Caldera tomó posesión de la Presidencia, la prensa informaba que “han sido sobreseídas las causas de… 270 beneficiados antes de la instalación del nuevo gobierno”.
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La opinión nacional insistía prioritariamente en el tema. Como Presidente Electo a Caldera se le acercaba la gente para susurrarle, “suelte a Chávez”. El mismo día de su toma de posesión Patricia Poleo hizo pública una carta suya dirigida personalmente a Chávez en El Nuevo País, extremadamente afectuosa, donde entre otras cosas le dice que Caldera “seguramente te abrirá las rejas de la cárcel donde estás. Ojalá lo haga y yo, insignificante venezolana, se lo agradeceré siempre”. Cinco días más tarde el presidente Luis Herrera se pronunció de nuevo a favor de la liberación de los golpistas que aún permanecían detenidos.
En el diario El Nacional del 7 de febrero de 1994, p. D-1, el alto dirigente de COPEI expresó: “Considero que lo recomendable es que sean puestos en libertad y se les dé la baja para que se dediquen a las actividades civiles que a bien tengan. Tengo entendido que el teniente coronel Hugo Chávez Frías tiene pensado constituir un partido político”. El 8 de febrero, apenas seis días después de la toma de posesión, la Causa R introdujo ante el Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley de amnistía. Y el día 13 de febrero Juan Martín Echeverría escribió en el diario El Universal: “el 4 de febrero se alzaron más de diez mil hombres, por razones que consideramos legítimas”.
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Freddy Muñoz escribió… después: “Ahora Caldera, convertido en Presidente, ha dado un tratamiento justo a los jefes militares de los movimientos golpistas del 4 de febrero y el 27 de noviembre… La decisión del gobierno de Caldera es justa y, por justa, positiva”. Y el Domingo de Ramos su Eminencia el cardenal José Alí Lebrún manifestó que “las Fuerzas Armadas pertenecen a la familia venezolana, así que todo lo que sea positivo para ellas es conveniente para el país, sobre todo en el rescate de la democracia. Como sacerdote y proclamador de la misericordia de Dios, lo alabo y me satisface”.
Jorge Olavarría escribió en El Universal del 3 de abril: “La semana pasada, la arrolladora corriente de opinión a favor de la libertad de los militares presos por las insurrecciones de febrero y noviembre del ’92, fue acertadamente interpretada por el Presidente. En ese gesto va el agradecimiento de muchos venezolanos, entre los cuales me cuento, por el sacrificio de esos hombres que rescataron la dignidad nacional y cambiaron el vergonzoso curso que llevaba el país en enero de 1992”. Ese mismo día en “Periscopio” del diario El Nacional expresó: “Comandante Chávez: un gran país que sufre y espera está integralmente contigo”.
Américo Martín escribió el día 8 de abril: “La forma como se ha resuelto el problema del Latino y la puesta en libertad de los militares del 4F y el 27N son sin duda éxitos obtenidos por el Gobierno… En cuanto a la excarcelación de los militares, sólo debe recordarse que se trata de una edición repetida de lo que el mismo Caldera hizo en su primer mandato. Si entonces la inédita operación terminó restableciendo la normalidad política, no había ni hay razones para suponer que ahora no deba ocurrir lo mismo”; y concluyó: “Beneficiario como fui de la pacificación I, estuve y estoy de acuerdo con la pacificación II”.
Cuatro años después, en su memorable discurso del 23 de enero de 1998 en el Congreso Nacional, Luis Castro Leiva pudo decir: “Estamos viviendo en paz después de los sucesos del 27 de febrero de 1989… Vivimos en paz después de dos intentos de golpe y más de una conspiración de palacio, después que la Aviación intentara bombardear a Miraflores. Estamos en paz…”
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El sentido de una política de pacificación estaba claro. En verdad, el país retomó la normalidad de su rumbo. Pero una política, como un tratamiento médico, requiere un seguimiento, que él no determina. Cuando Chávez sale a la calle para hacer política, su significación y alcance eran mínimos. Así lo mostraban las encuestas, al igual que el fracaso de su campaña abstencionista de 1995.
Rafael Caldera ha asumido siempre la responsabilidad de sus actos como político y como gobernante. En la entrevista antes citada, César Miguel Rondón le preguntó sobre su segundo gobierno: —¿Cuál cree usted que fue su mayor acierto? A eso respondió: —”En el medio de ese panorama tan difícil, yo diría la pacificación. Si no se hubiera logrado la pacificación estaríamos padeciendo la grave situación de Colombia. Nosotros logramos que eso no ocurriera”. Y en seguida le preguntó también por sus errores: —¿Cuál sería, Presidente, su mayor error? A lo cual respondió: —“Haber confiado en el recto cumplimiento del deber por parte del señor Chávez y sus compañeros”.
El presidente Caldera puso en libertad a Hugo Chávez como a otros de sus compañeros de rebelión, por los motivos y en las circunstancias que se han recordado aquí. Pero no fue el artífice de su elección, ni votó por él. Chávez no está en el gobierno por su causa.
Juan José Caldera
por Luis Enrique Alcalá | Ene 3, 2008 | LEA, Política |
No queda más remedio que seguir “satanizando”—”satanizar”, en nueva acepción, significa mostrarse en desacuerdo con alguna idea de alguien—a Raúl Isaías Baduel, puesto que persiste en su equivocada y muy inconveniente prescripción de convocar y elegir una asamblea constituyente.
Su último aporte al tema ha consistido en anunciar que pronto presentará una propuesta de bases comiciales para la elección de una constituyente que ya da por hecha, y advertir que “las elecciones regionales no están por encima del interés nacional”. En pertinaz confusión señala: “Que sea el pueblo y no otro el que se manifieste y ponga freno a las pretensiones del Presidente de imponernos un modelo de país a como dé lugar”. También destaca que no se debe “estar llamando” a elecciones de alcaldes y gobernadores, y manifiesta su sospecha de que quienes “hacia ello apuntan pretenden capitalizar los resultados del referendo a favor de ciertos factores para maximizar la ganancia y así convertirla en un crecimiento de sus cuotas de poder político”.
El general Baduel se ha preciado, desde abril de 2002 abiertamente, de su apego a la Constitución. ¿Cómo es que entonces ahora cuestiona unas elecciones que están prescritas inexorable y constitucionalmente? ¿Qué otras normas constitucionales debiéramos también desatender porque la constituyente en la que está empeñado (emperrado) sería “la única vía efectiva que queda”?
Si lo que el general recién llegado a la política quiere es que sea “el pueblo y no otro el que se manifieste”, ¿por qué propone la elección de algo más de un centenar de diputados constituyentes limitando al pueblo al mero papel elector, en lugar de consultarlo directamente en referéndum?
Por ejemplo, pudiera calmarse el general Baduel, alarmado por los ladridos de Iris Varela o el mismo Chávez (que amenaza con imponer su derrotada propuesta por otras vías), con un referéndum consultivo que preguntara simplemente: “¿Está usted, ciudadano, de acuerdo con que el Ejecutivo o la Asamblea Nacionales, o cualquier otro actor calificado, sometan una vez más propuestas de modificación constitucional ya rechazadas integralmente en el referéndum nacional del 2 de diciembre de 2007?”
Una cosa así, general Baduel, de resultar la consulta negada por la mayoría de los votantes, constituiría una verdadera barrera infranqueable, un muro inexpugnable o fortaleza invencible. Ni un asalto paracaidista dirigido por usted pudiera superarla. Y sería, además, un expediente mucho más económico. Para convocar como usted se propone una asamblea constituyente por iniciativa popular, por un lado, se requiere el consenso activo de quince por ciento de los electores, y en cambio un referéndum consultivo se activa con sólo diez por ciento de ellos. Por el otro, un referéndum consultivo no requiere erogar lo que sería necesario para pagar sueldos y viáticos a los diputados que usted quiere reunir.
Recapacite, pues, y si continúa persuadido de que hay que elevar una muralla todavía más insuperable que la barrera infranqueable que, según usted, puso el referéndum del 2 de diciembre, haga buenas sus propias palabras y procure que “sea el pueblo y no otro” (una asamblea constituyente que no es lo mismo que el pueblo) “el que se manifieste” directamente.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 3, 2008 | Cartas, Política |
En su edición 134, de mayo de 2007, la revista londinense Prospect alojaba un estimulante artículo de Julian Gough, quien el año anterior había ganado el Premio Nacional de Cuentos del Reino Unido con una narración publicada en la misma revista. El artículo en cuestión portaba el sugestivo título de Divina Comedia. La tesis de Gough destacaba que “…desde la Edad Media, la cultura occidental ha sobrevalorado lo trágico y desvalorizado lo cómico. Es ésta la razón por la que la ficción actual está tan llena de ansiedad y sufrimiento. Es hora de que los escritores regresen al serio negocio de hacernos reír”.
Al comienzo de su exposición Gough apunta con tino: “Hace dos mil quinientos años, en tiempo de Aristófanes, los griegos creían que la comedia era superior a la tragedia: la tragedia era meramente el punto de vista humano de la vida (enfermamos, morimos). Pero la comedia era el punto de vista de los dioses, desde las alturas: nuestro interminable y repetitivo ciclo de sufrimiento, nuestro horror de él, nuestra incapacidad para escapar de él. Los enormes, borrachos y lascivos dioses griegos nos contemplaban para entretenerse, como si fuésemos un grosero, divertido, violento y repetitivo dibujo animado. Y lo mejor de la vieja comedia griega trató de proporcionarnos esa perspectiva relajada y divertida de nuestros seres defectuosos. Con ella nos hacíamos como dioses, al reír de nuestras propias locuras”.
Si no fuera por la tragedia que significa la privación de libertad que los guerrilleros de las FARC imponen a más de cuatrocientas personas—de las que Clara Rojas, su hijo Emmanuel y Consuelo González son menos del uno por ciento—habría que reír con el papelón desempeñado por Hugo Chávez, a quien Marulanda & Cía. han dejado con los crespos hechos. Pero Chávez entiende poco del género trágico, pues el suyo es el épico, de modo que no puede aprovechar la lección de Gough. Su tránsito es distinto, pues no procede de lo trágico a lo cómico, sino directamente de la epopeya a la comedia, de la Ilíada a Las Moscas, de La Araucana a Pantaleón y las visitadoras. Con lo de su cacareado y fallido rescate ha terminado, literalmente, por poner la cómica.
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En momentos cuando esto se escribe, está en curso la toma de muestras de ADN en la abuela y el tío del presunto Emmanuel, Clara González de Rojas e Iván Rojas, y el proceso de análisis bioquímico computarizado que determinará si un niño de alrededor de tres años, que todavía no se para solo y no logra pronunciar más que mamá y algunas sílabas, protegido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es el infante que las FARC habían prometido entregar, en prueba de su actitud “humanitaria”. Esta actitud dejó su huella en un niño que en julio de 2006 fue entregado al instituto con signos de tortura, una fractura mal reducida del húmero izquierdo, leishmaniasis, malaria, dolencia diarreica aguda y desnutrición, aparte de un síndrome de abandono social.
Si a la postre resultare que este niño es Emmanuel, no puede suponerse que fuera intención de las FARC engañar al mundo prometiendo su entrega para no cumplir. Las FARC no son la Mercedes Benz, y seguramente serían su desorden y su ineptitud general la causa de la confusión. Más probablemente, presumieron que el niño sería fácilmente obtenible de regreso en San José del Guaviare, donde quien en 2006 dijo ser su abuelo—ahora sostiene que es su padre—lo había entregado.
La hipótesis de que el niño cobijado por el ICBF es Emmanuel fue anunciada por Álvaro Uribe en horas de la tarde del 31 de diciembre, y rápidamente Hugo Chávez interpretó que el anuncio equivalía a “dinamitar” la tercera fase de la puesta en escena que tanto trabajo y parafernalia le había costado. Poco antes del discurso de Uribe, Chávez había leído un comunicado de las FARC donde éstas aseguraban que operaciones militares del gobierno de Colombia hacían imposible el suministro de las coordenadas del sitio de entrega de los tres rehenes. El gobierno presidido por Uribe negó enfáticamente que los movimientos de sus fuerzas armadas hubieran impedido nada, certificando que por más de dos semanas no había ocurrido combate alguno en la zona. A pesar de esto, Chávez decidió poner públicamente en duda las seguridades ofrecidas por el Presidente de Colombia y dar por palabra revelada, fidedigna, la explicación de las FARC. Con esta definición Chávez confirmaba que jamás fue un mediador, y que en cambio ha actuado todo el tiempo como representante de las FARC.
Hasta el polémico Ramón Rodríguez Chacín tuvo más respeto hacia el gobierno de Colombia. El 30 de diciembre declaró: “Debo reconocer el total apoyo que hemos recibido del gobierno colombiano, especialmente en la figura del Alto Comisionado para la Paz y todos los representantes que han sido designados”. (Agencia Bolivariana de Noticias). Él, que ha actuado más de una vez como enlace del gobierno venezolano con las FARC y como mediador para delicados rescates—el de Richard Boulton, por ejemplo—sabe de la importancia en estos asuntos de la discreción, virtud que no adorna al presidente Chávez.
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En la familia del suscrito existió un personaje solterón, profesional, de buenos ingresos y disposición generosa. Eran proverbiales sus viajes al exterior, de los que regresaba con una maleta repleta de finos regalos para sus hermanos y sobrinos. A su llegada, organizaba una velada especial para la entrega de los obsequios. Con la maleta abierta sobre la mesa del comedor, iba sacando los regalos uno por uno, mientras convocaba en voz alta al pariente que recibiría el que extraía cada vez. Un corro de hermanos y sobrinos, reunidos en torno a la mesa, debía asistir a toda la larga secuencia de entregas y, sobre todo, aprobar elogiosamente con exclamaciones apropiadas la finura, la inteligencia y la esplendidez de cada obsequio. Concluida esta fase del acto, todavía había que aguantarlo cuando se acercaba a preguntar: “¿Te gustó lo que te traje? ¿Qué te pareció lo que le regalé a tu hermana? ¿Viste lo que les compré a tus primos? ¿No fueron estupendos mis regalos?” Una enorme inseguridad emocional atribulaba al neurótico pariente, la que sólo se calmaba a medias al convencerse de que se había hecho digno de grande admiración a causa de su demostrada largueza. Esa noche dormiría más tranquilo, agotado de la gran excitación de la velada.
Algo así procuró hacer Hugo Chávez con la “Operación Emmanuel”, que terminó siendo un aborto. Él, que tanto gusta de denunciar lo que se le oponga o le refute como manipulación “mediática”, organizó un espectáculo circense en el que descollara como el protagonista principalísimo, digno de grande admiración. (Mediático y además protagónico). Incapaz de discreción o mesura, invitó a compinches y cineastas, alojó a hoy frustrados familiares de las víctimas en Miraflores, convocó a la Cruz Roja y a la prensa internacional, y si no trajo a Fidel Castro fue porque este señor no puede ya moverse de su cama. Él mismo se buscó el papelón que acaba de representar.
Naturalmente, tiene sus defensores. No podía faltar sobre el incidente la palabra falaz y aduladora de Carlos Escarrá. Quien fuese el más obsecuente defensor de una dominación vitalicia de Chávez, derrotado irremisiblemente el pasado 2 de diciembre, ha salido a cuestionar los procedimientos y anuncios del gobierno colombiano, en la creencia de que así se hace útil a su jefe. Este otro Escarrá fue entrevistado en Venezolana de Televisión, y por este canal creyó astuto aducir que había “ irregularidades y anomalías… reflejadas en el argumento esgrimido por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, para detener la Operación Emmanuel”. (Reporta El Universal). Dijo este otro Escarrá: “Uribe, de todas todas, queda mal. Imaginando el escenario de que ese niño es Emmanuel, ¿por qué no esperó que entregaran a las otras dos personas para hacer el anuncio? Y si es mentira, abortó una operación humanitaria que, a su vez, iba a constituir un puente para la paz de Colombia”.
La declaración de este otro Escarrá es un claro retorcimiento de los hechos. No fue Uribe Vélez quien “detuviera” la Operación Emmanuel. Las FARC, antes de la revelación que hiciera Uribe, ya habían hecho del conocimiento de Chávez (y a través de éste del mundo entero) que la operación de rescate había sido unilateralmente cancelada por ellas. Para cuando Uribe habló públicamente ya la cosa estaba detenida, y su intervención tuvo todo el sentido del mundo, pues las FARC habían ofrecido como excusa que su negativa a entregar los rehenes era culpa del gobierno de Colombia, cuyas fuerzas armadas habrían entorpecido las operaciones. Uribe, pues, estaba en todo su derecho de defender su actuación desmintiendo esta especie—que Chávez dio por buena—y sugerir que la real razón de la interrupción pudiera estar en que los guerrilleros terroristas y narcotraficantes, culpables de delitos de lesa humanidad, no podían cumplir enteramente su promesa porque no tenían al niño cuyo nombre sirvió para bautizar la abortada entrega.
Más aún: antes de anunciar el asunto a un mundo que antes había escuchado la acusación de las FARC, Uribe informó los datos que obraban en su poder al canciller Maduro y los representantes internacionales. Tanto Chávez como aquel otro Escarrá han puesto en tela de juicio la oportunidad de la hipótesis revelada por Uribe, insinuando que la ha podido manifestar luego de la entrega de los otros dos rehenes. ¡Pero es que ya no iba a haber entrega de ningunos dos rehenes, mucho menos de tres, por decisión unilateral de las FARC! Chávez, por su parte, se ha contradicho él mismo con esta débil crítica, pues su primera reacción fue preguntar por qué Uribe había “esperado” hasta el 31 de diciembre para revelar lo que sabía. Una vez que se dio cuenta de que Uribe recibió información del niño en discordia entre el 28 y el 31 de diciembre, y de que fue en esta tardía fecha cuando el Defensor del Pueblo de San José del Guaviare reportó que se le exigía perentoriamente la devolución de un infante, cuyas características se asemejan a las del que está bajo protección del ICBF, cambió su cuestionamiento para reclamar que Uribe no se hubiera callado. ¿No es éste el mismo Chávez que todavía está ardido porque alguien le preguntó por qué no se callaba?
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Todavía después de todos estos incidentes, que incluyen una apresurada cura en salud de Chávez—viendo la solidez de la información aportada por Uribe señaló que si resultaba ser cierta las FARC quedarían como mentirosas—y la admisión de expertos colombianos para tomar en Caracas las muestras de ADN a Clara de Rojas e Iván Rojas, el Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Luis Carlos Restrepo, declaró: “Las FARC tienen que cumplir su palabra. El gobierno ha dicho que sigue ofreciendo todas las garantías para que la misión culmine, y quienes deben cumplir son las FARC, que jamás le entregaron al gobierno de Venezuela la información sobre el sitio donde liberarían a los secuestrados, y esa fue la razón por la cual la misión humanitaria nunca pudo completarse con éxito”. (Por vía telefónica a Globovisión).
Hasta el diplomático José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, ha dicho: “Yo creo que aquí lo principal es no confundir, en ningún caso, dónde están los verdaderos culpables de esto. Aquí los responsables no son ni el presidente Álvaro Uribe ni el presidente Hugo Chávez… Los responsables son los secuestradores, los que tienen a esta gente”.
Pero quienes se aprestan a cobrar esta payasada a Hugo Chávez son sus alebrestados críticos internos. Informaciones recibidas por doctorpolítico hablan del nuevo malestar, causado por la enorme cómica puesta por el Presidente de la República, en las propias filas de su partidarios. Allí hierve un descontento que emergió poco antes del frustrado referéndum del 2 de diciembre, se agudizó después de esta fecha y más todavía cuando Chávez escapó al desagrado interior ausentándose de nuevo al exterior. Hay hasta quejas de su decisión—buena en sí—del indulto que decretó al término del reciente año pasado para unos cuantos presos políticos, porque la medida no habría sido consultada, mucho menos discutida.
Por esto Chávez actúa ahora cómicamente. Impedido de epopeya, ahora anuncia que devolverá la revolución a su cauce, y que 2008 será un año de revisión, rectificación y revitalización de la misma. ¿Qué lo mueve a este cambio de foco? Pues dijo que había tenido que llamar al vicepresidente Jorge Rodríguez para que convocara una reunión de emergencia en atención a la crisis de la basura capitalina. Como si fuera un observador no comprometido (reporta Reuters), preguntó retóricamente: “¿Cómo es posible que un gobierno no pueda recoger la basura?” Comicidad pura. También indicó que se ha dado cuenta de que en la población hay preocupación por la criminalidad, y hasta se quejó amargamente de que a TVes no lo ve nadie. Más cómico todavía.
La comicidad no le va a durar mucho. Dentro de cuatro días se reanudará el juicio contra los detenidos en Miami por el caso del maletín lleno de dólares transportado por Guido Antonini Wilson. Ya no cuenta con el espectáculo que había armado—quién sabe a qué costo—para proyectarse como candidato al Premio Nóbel de la Paz y tapar la luz que caerá persistentemente sobre el affaire Antonini.
Es Hugo Chávez, él mismo, quien escoge sus amistades. En todo el asunto de los rehenes secuestrados por la guerrilla colombiana ha preferido, imprudente e indiscretamente, simpatizar abiertamente con ella. Y ésta es una organización criminal que nunca ha querido acogerse a la pacificación. El antecesor de Álvaro Uribe, el presidente Andrés Pastrana, comenzó su gobierno con esperanzadoras ofertas y la concesión territorial de una zona de distensión, mientras buscaba afanosamente una solución negociada que pacificara a Colombia. La guerrilla despreció el generoso ofrecimiento, y si ahora parecía presta a un gesto «humanitario» es porque la tenacidad de Uribe la ha puesto contra la pared y llevado a una situación perdida. (Apunte de Luis Alberto Machado).
Ahora ha dinamitado ella misma su promesa de devolver a sólo tres de los cientos de rehenes en su poder, dejando muy deslucido al presidente Chávez. Ni éste ni el otro Escarrá han atinado a pronunciar—por ahora—una sola palabra de conmiseración con un niño de bracito fracturado, pero todavía esperan que un milagro les traiga, tal vez para el 6 de enero, al menos dos rehenes. Si dos rehenes cuestan lo que han costado hasta ahora, todo el presupuesto de PDVSA no alcanzaría para sufragar la libertad de los restantes y, por los vientos que soplan, estos rehenes tendrían que ser verdaderamente unos magos para aparecer, algún día, sanos y salvos.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 1, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
No hay nada mágico o especial en el número ocho, ni en los años terminados en ocho, aunque más de uno haya sido año destacado en nuestro devenir histórico. La coincidencia de ciertas fechas anima, sin embargo, teorías numerológicas—en sí mismas acientíficas—que encuentran una presunta tendencia al cataclismo político en Venezuela en esos años. Así, por ejemplo, puede señalarse que el general Juan Vicente Gómez depuso a su compadre Cipriano Castro en 1908 y que encontró inusitada resistencia estudiantil en 1928, que Rómulo Gallegos fue depuesto en 1948 y Marcos Pérez Jiménez en 1958, o que Hugo Chávez alcanzó por primera vez la Presidencia de la República en 1998. Estos años de término óctuple han servido, incluso, para marcar “generaciones” políticas, como la del 28 y la del 58.
Pero es obvio que nos ocurren muchas cosas en años terminados en cifras distintas: el “caracazo” ocurre en 1989, y diez años más tarde los deslaves y la inundación matan miles de venezolanos mientras se aprueba la Constitución de 1999 que nos rige; en 1819 se crea la Gran Colombia antes de la Batalla de Boyacá, de ese mismo año, y la Guerra Federal se desencadena en 1859. ¿Será entonces que estamos condenados a sufrir sobresaltos en los años terminados en nueve? Bueno, nuestra Independencia se incuba y se desencadena en 1810 y 1811, y su Guerra a Muerte es de 1813, mientras la Federal concluye en 1863 y el “Viernes Negro” es de 1983; Gómez muere en 1935, y en 1945 es derrocado Isaías Medina Angarita. El asesinato de Carlos Delgado Chalbaud ocurre en 1950, y el atentado contra Rómulo Betancourt es de 1960. El inicio formal de la dictadura de Pérez Jiménez es de 1952, y la asonada del 4 de febrero es de 1992. Etcétera.
Ni la numerología ni la astrología políticas logran descubrir reales regularidades en nuestra historia, y la pretensión de comprenderla con recursos babalaos o quirománticos conduce al sinsentido. No se necesita la superstición para entender que el año que comienza hoy promete ser políticamente significativo en Venezuela.
A pesar de lo antedicho, pudiera convenir al Presidente de la República recordar, si es que lo sabe, lo acontecido en nuestro país en 1858, cuando José Tadeo Monagas se vio forzado a renunciar y asilarse en la Legación de Francia. Manuel Vicente Magallanes narra el tránsito hacia este desenlace desde el comienzo de 1855, en el capítulo decimosexto de su ágil y precisa Historia Política de Venezuela, dedicado a la Segunda Presidencia de Monagas. Su primera sección es titulada Monagas, una ambición desmedida. De ella se reproduce, en esta Ficha Semanal #177 de doctorpolítico, la primera de 2008, su inicio.
Más adelante en el capítulo, Magallanes refiere las reformas que dan lugar a la constitución de 1857, hechas por un Congreso servil en beneficio de Monagas: “…fíjase el 1º de febrero para la iniciación del período y auméntase éste a seis años; sustitúyese la autonomía provincial por la de los municipios; otórgase al Ejecutivo nacional la facultad de nombrar directamente los gobernadores; suprímese la condición de rentista para sufragantes parroquiales; cámbiase el nombre de los representantes por el de diputados; permítese la reelección inmediata del Presidente y el Vicepresidente de la República; elimínase la infracción a la Constitución de las responsabilidades presidenciales… y agréganse unas disposiciones transitorias por las cuales autorízase al Congreso para que, sancionada y promulgada la Constitución, proceda a nombrar por única vez al Presidente y al Vicepresidente de la República para el primer período constitucional… Monagas aumentaba así su período a ocho años, tal vez con el secreto deseo de ir una vez más a la reelección, pues ya ésta le era permitida por la Constitución”. Al año siguiente ya no le quedaba a José Tadeo nada de su abundante poder.
Si lo que antecede suena conocido, no es porque haya algo mágico en los años terminados en siete o en ocho, sino porque los hombres somos seres poco originales.
LEA
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Una ambición desmedida
Desde el año pasado había quedado pendiente de la última discusión en la Cámara de Representantes, después de haber sido aprobado en el Senado, un proyecto de decreto para otorgar salvoconductos a los ciudadanos que se encontraban fuera del país por causas políticas. Los diputados apresuráronse a concluir las formalidades legislativas y el decreto fue definitivamente aprobado, casi por unanimidad, el 9 de febrero de 1855. Por él quedaba autorizado el Ejecutivo para conceder salvoconductos siempre que a juicio suyo éstos no fueran perjudiciales al orden público.
Este decreto, el mensaje que el 16 envía el presidente a las Cámaras legislativas, lleno de frases de concordia y promesas de paz, y la resolución ejecutiva del 23, que revocaba los embargos de bienes pertenecientes a los señalados como conspiradores, sosegaron los ánimos, estimularon la confianza pública y abrieron cauces de optimismo respecto a un nuevo rumbo de la Administración.
Campaña por la amnistía. El otorgamiento de setenta y siete salvoconductos a los expatriados fomentó la aspiración colectiva de una amnistía general. Esta consigna fue alzada como bandera en las páginas de El Economista, periódico fundado el 1Ëš de marzo por José María de Rojas, quien al saber que el primer magistrado se mostraba contrario a la idea, dijo en uno de sus editoriales:
“No da honor ni gloria a su Excelencia el Presidente la resistencia que se le advierte a prestar su aquiescencia a la amnistía, que en su lugar se limite a expedir algunos salvoconductos para determinados individuos, imponiéndoles condiciones hasta cierto punto humillantes; no es ése el modo de sellar el olvido ni de restablecer armonía perfecta y duradera; el favor que se hace con agravio al amor propio del que lo recibe releva de gratitud cuando la necesidad obliga a aceptarlo; el accidente en semejante caso realza o destruye la sustancia, y esto es más exacto en la vida política que en la privada. El verdadero olvido de lo pasado consiste en sobreponerse el magistrado a las pasiones del hombre, en procurar que su corazón no dirija su cabeza, en distribuir la justicia con escrupulosa imparcialidad y en ser más bien tolerante y generoso con el supuesto o verdadero enemigo político o personal, que injusto e inexorable ante su prolongado infortunio”.
El 4 de abril el Presidente amplió el indulto concedido el año anterior a los revolucionarios de Barquisimeto, Portuguesa y Barinas, con la sola excepción de los autores y cómplices del asesinato del gobernador Aguinagalde. No obstante esta conducta, el general Monagas continuaba opuesto a una amnistía general. Prefería continuar con la política de los salvoconductos, que por ser un procedimiento selectivo le convenía más a sus intereses personalistas.
La iniciativa de la petición pública surgió de los masones de Caracas. Los miembros de la Logia Esperanza NËš 37, exponiendo razones de interés nacional, dirigiéronse al Congreso para solicitar se decretara la amnistía, por ser un clamor mayoritario en el país. Pocos días después un grupo de notables de la ciudad de Valencia pronunciose en igual sentido, siendo encabezada la lista de 400 firmantes con los nombres del señor Miguel Martínez y el general Julián Castro, gobernador y comandante de armas, respectivamente, de aquella provincia.
Esta última petición desagradó mucho al Presidente Monagas, quien interpuso su influencia para obstruir en las Cámaras legislativas toda concurrencia de pareceres a favor de la medida. El gobernador Martínez y el general Castro fueron sustituidos interinamente para que se trasladaran a la capital, donde fueron amonestados severamente y advertidos de que no deberían participar en cuestiones políticas ajenas a sus cargos. El redactor de El Economista recibió también la sugestión de que no debía seguir en su campaña.
Desde este momento púsose en duda la política de conciliación del gobierno. El antagonismo de los partidos mostró nuevamente su evidencia, y en la provincia de Carabobo, donde más negativamente repercutieron estos sucesos, empezó a formarse un grupo opositor que avivaba el descontento y animaba la malquerencia contra el régimen.
Todavía se ensaya un nuevo intento. El 30 de abril el comercio capitalino ofrece un banquete al Presidente, donde concurren más de 100 personas, contándose entre ellas los ministros y el Cuerpo diplomático. En tal ocasión levantose el arzobispo de Caracas, monseñor Guevara y Lira—amigo del general Monagas y quien, como presidente del Congreso, le había tomado el juramento legal—, para con hermosas palabras proponer un brindis por el regreso de los desterrados. Otros de los concurrentes hablaron con igual propósito, siendo el más expresivo el señor Valentín Espinal, el que se refirió a la amnistía como un reclamo colectivo de la más estricta justicia. El general Monagas, al agradecer el homenaje, cedió la palabra al doctor Francisco Aranda—Secretario del Interior, Justicia y Relaciones Exteriores—, para que respondiera al planteamiento que se le había hecho en los discursos. Éste decepcionó con su peroración al referirse al tema con evasivas y eludir una respuesta concreta. En el ánimo de los presentes quedó la convicción de que el Presidente había diferido la amnistía indefinidamente.
La soberbia y la ambición llevaron al general Monagas a las más truculentas y absurdas maquinaciones. Imbuido de su condición de hombre fuerte, no escatimó medios para conservar el poder y prolongarlo. Su insistente negativa a conceder la amnistía general tenía relación con este objeto. Y cuando se percató del descontento que había creado su actitud intransigente se dio a la tarea de propiciar una alarma ficticia sobre una supuesta agresión de la Nueva Granada. La aprobación de un proyecto en el Congreso granadino por el que se concedían 16.000 hectáreas de tierra para la construcción de un camino entre Río Hacha y Maracaibo sirvió para este pretexto. Alegando el principio de uti possidetis se dirigió a las Cámaras legislativas para denunciar un falso atropello, buscando despertar el sentimiento patriótico. Con el acuerdo que dictó el Congreso autorizándolo para tomar las medidas que considerase necesarias, entre ellas declarar la guerra, levantar un ejército de 50.000 hombres, negociar un empréstito hasta por cuatro millones de pesos y mandar en persona las fuerzas armadas, logró el doble objetivo de presentarse como el celoso guardián de la integridad de nuestro territorio y amedrentar a la población civil, la que ya no debía ocuparse de otra cosa que no fuera la defensa de la Patria amenazada. En la celebración del 19 de abril lanzó una proclama y pronunció un discurso llamando a la unión y a la confraternidad ante el conflicto extranjero. Todo no era más que teatro para disimular su maniobra absolutista por detrás de bastidores.
Manuel Vicente Magallanes
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