por Luis Enrique Alcalá | Abr 8, 2004 | LEA, Política |
Después del grande y súbito descrédito encajado por el gobierno en los días que siguieron a los acontecimientos del 27 de febrero de este año, que lo mostraron como practicante de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, el rédito político del régimen se ha vuelto exiguo o, más bien, francamente negativo.
Porque a continuación de esos días recibió el golpe certero de los sabios dictámenes de la Sala Electoral—la Sala de los Electores—contra los manejos del Consejo Nacional Electoral y su Sala Constitucional, que abrieron una verdadera tronera en los muros del asediado castillo gubernamental. La tronera sigue abierta, y el desenlace tribunalicio se espera con segura pérdida para el gobierno.
Y he aquí que un hecho aparentemente aleatorio, doloroso por lo demás, ha perforado de nuevo el ya tenue disfraz democrático del régimen. Las quemaduras inhumanamente inflingidas a ocho jóvenes soldados en el Fuerte Mara de Maracaibo, con su letal secuela, han actuado como revulsivo nacional y, muy especialmente, al interior de la Fuerza Armada.
Por si fuera poco la pérdida de la vida de uno de los soldados y el daño físico y psicológico prácticamente irreparable a siete otros servidores del Ejército, se le ocurrió al mentiroso mayor despreciar el terrible episodio como accidental y como sin importancia. Según la evaluación de Chávez Frías, nuestros soldados habían sufrido, por culpa de su imprudencia, tan sólo heridas leves. Al día siguiente de vocear esa nueva patraña—la única posible, pues todavía Pedro Carreño no ha atinado a inventar que las quemaduras fueron inflingidas por la Coordinadora Democrática—moría Orlando Bustamante, uno de los desgraciados compatriotas encerrados y torturados en la celda de castigo.
Es así como, el mismo día cuando se conocía el dictamen que devolvía su libertad plena a Carlos Melo, a continuación de la medida de anulación de la orden de captura contra Capriles Radonsky, el gobierno se veía forzado a sacrificar la figura de Jesse Chacón como Goebbels del régimen. Con la mayor humildad puso «su cargo a la orden».
El profesor Antonio Cova compuso un brillante análisis de la situación del régimen por los días de los desórdenes que sucedieron a la represión brutal del 27 de febrero de este año, para mostrar cómo era que el gobierno estaba sostenido—el propio Napoleón Bonaparte diría que se trata del más precario de los apoyos—sobre la punta de las bayonetas. Cova predijo: en cuanto la fuerza armada cobre cabal conciencia de que ella es el único sostén del gobierno pasará su factura. Y Jesse Chacón es el primer ítem de ese efecto de cobro. Hay quien sostiene que el general Baduel no está plenamente satisfecho con el sacrificio de Chacón y está exigiendo un recargo en la factura. Algunas piezas andan flojas. Por de pronto la «Defensoría del Pueblo»—por primera vez en su infausta existencia—ha reconocido que hubo heridas graves causadas en el incidente. Hasta Mundaraín, pues, sabe que hay rayas que no deben ser cruzadas.
Naturalmente, no es que Chacón dejará de cumplir un papel crucial en el estado mayor de la revolución bolivaroide. Como otros que son ocultados por conveniencia—Rodríguez Chacín es un caso particularmente notorio—continuará formando parte del comando estratégico de la muy fea revolución. Y no faltará quien asegure—así lo establece el razonamiento paranoico de cierta oposición—que la salida de Chacón es una movida más en el artero plan general del gobierno. Esto es, se interpretará torcidamente que todo fue planeado por Chávez. Por la época del gobierno de Rómulo Betancourt (1959-63) era usual conseguir analistas espontáneos que ofrecían la siguiente interpretación: todos los acontecimientos políticos del período—ruptura con Castro, los focos guerrilleros, el Porteñazo, el Carupanazo, hasta el atentado en contra de su persona—habrían sido, si no planeados por él, al menos permitidos o auspiciados desde el gobierno para obtener ganancia con el rebote de alguna alambicada carambola .
Y es que, en su línea de mayor descaro, el gobierno de Chávez ha ofrecido a los venezolanos la política de la insolencia. Es como si dijera: «Sí, soy reincidente y cínico violador de los derechos humanos. ¿Y qué?» Como si le resultase funcionalmente útil ser tenido por criminal.
Pero la verdad es que con la tragedia de Fuerte Mara el gobierno ha sido herido de muerte. La oposición institucionalizada ha olido la sangre, y así han salido sus voceros en coordinada insistencia sobre un rasgo definitorio del régimen: el empleo de la mentira como política de Estado.
Del lado más grueso del proceso, los hechos que demuestran que no todo el Poder Judicial se pliega a los designios del teniente coronel (en situación de retiro) son la señal de que por todo el país hay una operación de enjambre: la contención del régimen de Chávez. Más allá de la contención, sin embargo, es necesario ejecutar la superposición. La mera oposición no es suficiente.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 8, 2004 | Cartas, Política |
En reciente discurso ante la Organización de Estados Americanos—que Nicolás Maduro no ha vacilado en calificar de histórico—el embajador venezolano Jorge Valero acusó formalmente a los Estados Unidos de Norteamérica de haber participado activamente en el intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002, acontecimiento del que en setenta y dos horas se cumplen dos años. De hecho, Valero indicó que la interferencia norteamericana continuaría existiendo, y que tales afirmaciones podían ser probadas.
Comoquiera que tales pruebas no han sido aún aportadas—y podrían ser de la misma calidad de las pruebas del fementido magnicidio de Maiquetía (con un lanzador misilístico antiaéreo, recordaremos)—no puede tomarse demasiado en serio el grave ataque diplomático de Valero, sobre todo si es relativamente fácil conseguir la inexactitud en su discurso.
Por ejemplo, Valero intenta demostrar que la organización Súmate tiene intenciones golpistas auspiciadas por los Estados Unidos—según él Súmate recibió fondos del National Endowment for Democracy, una fundación bipartidista de los Estados Unidos—y añadió que la principal ejecutiva de la organización venezolana, María Corina Machado, habría firmado el decreto autoproclamatorio e inconstitucional de Pedro Carmona Estanga. Pero según la lista (parcial) de cuarenta y nueve firmantes de ese documento que reposa en los archivos de «Analítica»—http://www.analitica.com/bitblioteca/carmona estanga/decreto1.asp—fue la señora madre de María Corina, Corina Parisca de Machado, quien estampó su rúbrica al pie del decreto. (La lista de «Analítica», por cierto, no incluye los nombres de algunos destacados signatarios, como Carlos Fernández, quien le sucediera en la Presidencia de Fedecámaras, hoy en el exilio. Tampoco menciona a Manuel Rosales—»en representación» de los gobernadores—a Rocío Guijarro—de CEDICE, «en representación» de las organizaciones no gubernamentales—o a José Curiel, hoy de nuevo candidato a la gobernación de Falcón—»en representación» de los partidos políticos).
……..
Si no el 11 de abril, el día siguiente sí alojó un golpe de Estado, aunque sui generis. No hay duda de que Carmona protagonizó—mascarón de proa de un círculo conspirador—una acción contra la Constitución y, peor aun, contra el pueblo venezolano, que el día 11 había ofrecido los primeros mártires del actual período constitucional, el precio que se pagó y algunos cobraron para lograr el desacato militar al Presidente. La insólita estupidez de su decreto inicial creó a su alrededor el verdadero «vacío de poder» de esos días. Los errores fueron obvios y de bulto, como prefigurar la restauración de Carlos Andrés Pérez con el protagonismo de Daniel Romero, su asistente y representante. (Mandado por Carmona dio el primer discurso del gobierno golpista leyendo el monstruoso decreto número uno, y fue designado nada menos que ¡Procurador General de la República! Zamuro cuidando carne).
Pero si se había dado esa conspiración era porque Chávez la había suscitado, alimentado y preparado incesantemente desde que asumió el poder. Un cuento de Enrique Jardiel Poncela—en «Para leer mientras sube el ascensor»—narra cómo dos camaradas acuerdan aceptar una apuesta propiciada por uno de ellos. Para demostrar que en la naturaleza más apacible puede anidar dormida la violencia, uno de los amigos apuesta a que será capaz de desatar la ira de dos tranquilos viejecitos que conversan en un banco tras la reja de un parque. Cuando su incrédulo amigo acepta que el experimento se realice, el cínico comienza a increpar a los impasibles ancianos: «¡Eh, fieras!» Después de dos páginas o más de la descripción del proceso—una larga y molesta secuencia de irritación, a pesar de muy repetidas amabilidades de parte de los abuelos que deseaban eludir el conflicto—la baba salta ya de las alocadas bocas de los viejos, que desbordados en su ecuanimidad, prorrumpen en rugidos y amenazas, aferrados como con garras de la verja.
El más generoso recuento de la actuación de Chávez Frías entre el 2 de febrero de 1999 y el 11 de abril de 2002 registrará una nutrida serie de abusos, irrespetos, amenazas, provocaciones y agresiones que produjeron tanto el rechazo mayoritario a su gobierno como el golpe de Estado que afectó gravemente, con su totalitarismo y su incompetencia, la lucha libertaria del pueblo. Chávez sembró los vientos de esa tempestad, como siembra ahora el árbol del que su cuerpo pudiera pender. Prácticamente todos los considerandos del decreto del 12 de abril tienen fundamentación cierta y reiterada.
……..
Las lecciones del 11 de abril no han sido aprendidas completamente, ni por el gobierno ni por la oposición institucionalizada, léase la Coordinadora Democrática y su muy minoritario competidor el Bloque «Democrático».
Si nos limitásemos sólo a la anteriormente mencionada lista de firmantes del terrible decreto de Carmona Estanga, es incomprensible cómo algunos entre ellos ejercen protagonismo—mayor o menor—sin que sus respectivas organizaciones puedan o quieran moderarlo.
Por ejemplo, Alejandro Peña Esclusa aparece—poco sorprendentemente, quizás—en la lista de «Analítica», siendo como es uno de los más notorios directivos del llamado Bloque Democrático. (Estuvo entre los primerísimos proponentes del paro cívico como modo infalible de salir de Chávez y exigía que se lo declarara antes de la asunción de Lula en Brasil, pues después de este hecho ya nunca nos sería posible desembarazarnos del primero). Otro candidato a la reincidencia gubernativa en el Táchira, Sergio Omar Calderón, igualmente firmó el monstruoso texto. Pablo Medina y Gonzalo Pérez Hernández, con asiento en la Coordinadora Democrática, son signatarios de la estupidez.
A un nivel más general, uno consigue directivos del Frente Institucional Militar, como Rafael Huizi Clavier, o el de precandidatos presidenciales, como es el caso de Américo Martín, quien «nos representó» en la ya olvidada Mesa de Negociación y Acuerdos.
En cambio reviste mayor actualidad el caso de Alberto Quirós Corradi—según «Analítica» uno de los avalistas solidarios y principales del trágico decreto—puesto que ahora «nos representa» en la negociación de las condiciones bajo las que se aceptaría un abuso inconstitucional e ilegal del Consejo Nacional Electoral en contra nuestra. (Pocos días después del regreso de Chávez al poder escuchábamos a Quirós descartar la importancia que pudiera tener que no existiera renuncia firmada por Chávez, en ocurrencia de pretensión humorística pero de histórico desconocimiento, al preguntar en falaz retórica si es que alguien vio alguna vez la renuncia firmada por Emparan).
¿Qué señales pueden cruzarse entre las neuronas de unos ciudadanos que no recordamos que la Coordinadora Democrática haya alguna vez hecho una clara y rotunda condena de la fallida aventura de Carmona Estanga? ¿Cómo puede querer una organización que no se le tenga por golpista cuando permite el protagonismo de quienes avalaron el perverso e incompetente decreto del 12 de abril?
En más de una interpretación de los últimos años de nuestra política se acostumbra a destacar dos graves «equivocaciones de la oposición» (de sus dirigentes institucionalizados, más bien): el paro suicida de diciembre-febrero de 2002-2003 y el «carmonazo». (La «carmonada», en preferencia terminológica de Rafael Poleo). No se resalta igualmente un error gravísimo: la ausencia del más explícito deslinde y la más inequívoca condena de ese golpe de abril, que cogiera como en descampado a la diplomacia de Bush y de Aznar.
A casi dos años de la tragedia hay muchas cosas no sabidas de la verdad de esos días. Algunas sí lo son. Las conocen gobiernos y personas. Existen en los archivos digitales, y parece ser que no es sólo el Vicepresidente de la República quien desprecia lo virtual. (Y lo virtuoso).
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 1, 2004 | LEA, Política |
Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica (2265): «La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia o de la sociedad».
Antes había dicho Polibio (siglo II antes de Cristo): «Yo admito que la guerra es cosa terrible, pero no creo que haya que soportar cualquier afrenta con tal de no hacerla».
Estas doctrinas forman parte de la nutrida discusión histórica sobre la noción de la guerra justa, que ha estimulado a las mejores mentes de la humanidad a la consideración de tan difícil materia. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, insertó en su Suma Teológica las tres especificaciones fundamentales de una guerra que pudiera ser tenida por justa acción.
Una guerra justa debe ser emprendida, naturalmente, por una causa justa. Esto es, la finalidad de suprimir una agresión grave y continuada en contra de una comunidad. Tratadistas posteriores a Santo Tomás desdoblaron la condición de causa justa en tres subcondiciones. (Principio de proporcionalidad, último recurso y posibilidad de éxito). En esencia, la guerra a emprender debe emplearse sólo después de haberse agotado todas las instancias pacíficas, debe contar con alta probabilidad de ser exitosa y no puede excederse en el empleo de los medios necesarios en función de la situación concreta. (Dice Gino Bianchetti: «La guerra justa es en la que existe una razonable posibilidad de ganar, de lo contrario no se obtiene nada al imponer los males de la guerra a la nación. Es necesario tener en cuenta, que dados los innumerables elementos no predecibles de la guerra, no es necesario que las posi! bilidades de éxito igualen a la certeza moral»).
La segunda condición tomista es la recta intención. El gran Doctor de la Iglesia exigía una finalidad clara que buscase establecer el bien o evitar el mal. Antes que él San Agustín había señalado: «…el deseo de dañar, la crueldad de la venganza, un ánimo implacable, enemigo de toda paz, el furor de las represalias, la pasión de la dominación y todos los sentimientos semejantes; he aquí el justo título que merece ser condenado en la guerra».
Pero la primera de las condiciones estipuladas por Santo Tomás es la de la autoridad legítima. Es decir, no todo el mundo tiene títulos para emprender la guerra. En particular, no es éste asunto de actores privados. El general Baduel, por ejemplo, o el llamado «Bloque Democrático», no son titulares de ese derecho ni responsables de este deber.
Ante la autoridad cada vez más ilegítima del gobierno, quien puede considerar que debe combatirle, aun con la guerra, con toda justicia, es la única y suprema autoridad del Poder Constituyente Originario. Y esto, en todo caso, sólo después de haber agotado todos los cauces pacíficos disponibles. Primero habrá que apurar hasta la última gota los recipientes electorales y tribunalicios. O un procedimiento de abolición.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 1, 2004 | Política |
El día de San José, 19 de marzo, habrán hecho fiesta en Elorza, para regocijo de quien a veces canta ese pasaje llanero en cadena de radio y televisión. Pero diez días después de esa fecha quien cantaba a voz en cuello, y afinadita, era la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
En una magistral clase de Derecho el Magistrado Ponente, Alberto Martini Urdaneta, puso en su sitio a Iván Rincón Urdaneta, José Manuel Delgado Ocando, Jesús Eduardo Cabrera y dos jueces sacados del banco de reserva de la Sala Constitucional: Argenis Riera Encinoso y Carmen Zuleta de Merchán. Del banco del equipo han pasado al banquillo de los acusados.
Esta vez Martini Urdaneta, en Sala Accidental completada por Rafael Hernández Uzcátegui y Orlando Gravina Alvarado, produjo el antídoto perfecto para la necedad del día 23 de marzo, cuando una accidentada Sala Constitucional emitió jurisprudencia bárbara que pretendió despojar a la Sala Electoral de su competencia. En minuciosa disección del absurdo atropello, los Magistrados Electorales desmontaron pieza por pieza la argumentación de Delgado Ocando—éste había sido el ponente de la monstruosidad—para refutarla íntegramente de modo definitivo.
Una vez hecho esto, la Sala Electoral procedió a: 1. afirmar su competencia en la jurisdicción contencioso electoral; 2. participar a la Sala Constitucional Accidental, tersamente, que había tomado «debida nota» de su desafuero; 3. declarar improcedentes las intimaciones que le hacía la Sala Constitucional Accidental; 4. elevar a Sala Plena la resolución de un conflicto de funcionamiento—»Por cuanto la Sala Constitucional Accidental pretende intimar e impartir órdenes de paralización de causas no acordes con la igualdad que existe entre todas y cada una de las Salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia»—para que esa Sala Plena analice «lo perjudicial que resulta para el normal funcionamiento y administración de justicia el uso de términos imperativos de una Sala a otra de igual jerarquía».
Luego de estas afirmaciones, todavía la Sala Electoral Accidental tuvo el tino de exhortar a las partes del presente juicio—los actores de la solicitud de referendo revocatorio presidencial y el Consejo Nacional Electoral—para que propicien conversaciones que encontraran una solución concertada «hasta tanto se produzca la sentencia definitiva».
Como quiera que esa sentencia definitiva tendrá que ser producida por la misma Sala Electoral, que ya había adelantado sus criterios el 15 de marzo en previa y magnífica sentencia—por ejemplo, que los reparos, si caben, deben ser solicitados por quienes quisieran excluir su nombre de la lista de firmantes, y no por quienes firmaron a conciencia—los jugadores de la Coordinadora Democrática debieran, en consecuencia, afirmar esa posición, en lugar de negociar lo contrario discutiendo si los reparos tomarán cinco días en lugar de dos o si deberá haber más computadores en los centros habilitados.
Ya antes, en la fecha del fatídico martes de carnaval, la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter habían puesto en bandeja de plata, para uso de la oposición, su diplomática pero clarísima opinión de que lo decidido y anunciado minutos antes por Francisco Carrasquero estaba sustentado sobre criterio no compartido por los observadores internacionales. (Por absurdo).
Recordemos la secuencia. Primero Carrasquero leyó las cifras que reconocían como válidas solamente a un millón ochocientas mil firmas y separaban para posterior «reparo»—o examen de reparación—un poco más de 876 mil firmas por aquello de las planas.
En minutos la protesta espontánea hizo erupción en varios puntos del país, y es en ese clima de indignación ciudadana que Fernando Jaramillo y Jennifer McCoy deciden hacer su rueda de prensa. Ambos fueron claros: el criterio para no tener por válidas las firmas en «planillas planas» no les convencía, y su aplicación podía «afectar los resultados». También reiteraron su proposición de zanjar el asunto con el empleo de un procedimiento muestral.
Pero hubo más. El discurso inicial de Jaramillo mostraba un inequívoco carácter de despedida, pues comenzó a agradecer a los amigos de la Comunidad Europea por el apoyo brindado a la misión de observación y asimismo agradeció a los más de trescientos funcionarios de la OEA y el Centro Carter que habían trabajado en la observación, durante «estos meses». Es decir, Jaramillo emitía la señal de que estaba listo para dar informe definitivo de desaprobación al CNE en caso de que la Coordinadora Democrática optara por resonar con el país y dar, ella, la proverbial patada a la mesa.
Y es entonces, cuando el humo de los neumáticos quemados clamaba al cielo desde cientos de puntos del país, como habla a la Nación, en nombre de la CD, Julio Borges, flanqueado por el nuevo héroe nacional Antonio Ledezma. (Porque—»en aras de la unidad»—recientemente ha sabido capitalizar su «renuncia» a «legítimas» aspiraciones a cargo de alcalde, cuando no hace demasiados meses volantes que adelantaban su postulación como candidato presidencial tapizaban los suelos recorridos por alguna marcha cívica. Es ese cargo sobre el que sus miras están verdaderamente puestas).
Lo primero que dijo Borges fue que la CD «no estaba negociando nada». ¿Por qué creyó necesario la CD—o al menos su vocero de esa noche—arrancar su alocución al país con tal aclaratoria? Lo cierto es que los observadores internacionales no podían ir más allá de lo que declararon, y después debieron admitir el guión negociador de los coordinadores de la oposición.
Es así como la CD, inmersa ahora, además, en el tráfago de las elecciones regionales y municipales, pareciera insistir en líneas que a la larga relegitiman el régimen como gobierno democrático. ¿No están todos yendo a unas elecciones? ¿Cómo se puede argumentar—se preguntará, por ejemplo, un atareado Jacques Chirac—que el gobierno de Chávez es autocrático, si todos los partidos han inscrito candidatos a esas elecciones?
No deja de tener fuerza, naturalmente, el argumento de que si Enrique Mendoza no inscribe su candidatura en Miranda, este estado tendrá como gobernador a DIOSdado –según sus pancartas– Cabello.
Pero ya antes hemos apuntado lo sospechoso que resulta la solícita conducta de Jorge Rodríguez, que reiteradamente aconseja a los actores del referendo revocatorio presidencial que descartemos la ruta judicial, porque sería la más larga. Él prefiere, por supuesto, que acatemos el dictamen de los disfraces de negrita del martes de carnaval. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que en el TSJ está perdido.
Y también sabemos ahora la verdadera función y propósito de las solicitudes de referendos revocatorios en contra de diputados de la oposición. Eran para que el CNE rechazara 22 de los 24 referendos solicitados y para enviar a fase de reparos a los dos que mantiene vivos, para dar una impresión de imparcialidad con la que José Vicente Rangel se llena su boca procaz y mentirosa. Como que si la revocación del diputado Marquina tuviera la misma monta que la revocación del Presidente de la República.
Que la Sala Electoral haya emitido su exhortación al diálogo entre las partes no implica que revierte su apreciación primera: que las 876 mil firmas en suspenso deben ser acumuladas al millón ochocientas mil firmas ya admitidas como válidas, y que quienes tendrían que «reparar» son quienes quieran ser excluidos de la lista de firmantes. Si hubiera algo que negociar la raya debiera trazarse allí.
Claro que ahora, en postrer pataleo, una nueva Sala Constitucional accidental ha declarado con lugar la solicitud de avocamiento por parte de la misma al proceso que cursa en la cámara natural de la Sala Electoral. (Solicitud de Ismael García, asistido mediante personas interpuestas por el propio arrinconado). Se trata de un intento anunciado de usurpar las funciones de la Sala de los Electores, la Sala vinotinto. Así se añade más materia a la ineludible consideración de la Sala Plena. Es éste el verdadero y definitivo avocamiento.
Es posible que una retorcida racionalización lleve, sin embargo, a los negociadores de la CD a seguir el camino consentido por Jorge Rodríguez, y a desear que la batalla del TSJ se convierta en una larguísima e indecisa guerra de trincheras. Porque si la Sala Plena acoge la impecable argumentación de la Sala Electoral y restituye nuestro violado derecho, los negociadores se habrán quedado sin trabajo. Quiera Dios que esta vez sean capaces de entender dónde está la verdadera lucha, aunque para esto deban reconocer con hidalguía que los generales victoriosos no habrán sido ellos.
Por ahora Martini Urdaneta, vocacionalmente inclinado al avenimiento, ha convocado para una reunión conciliatoria de las partes bajo el patrocinio de su Sala. Habrá que ver si Jorge Rodríguez, específicamente convocado, desatiende la invitación de Martini. A fin de cuentas, no cesa de repetir que acatará lo que disponga la Sala Constitucional.
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 25, 2004 | Cartas, Política |
En el número extra que precediera inmediatamente a esta entrega, hacíamos cita parcial de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (4 de julio de 1776). En el trozo escogido destacaba una expresa formulación del derecho de rebelión que en determinadas circunstancias asiste a los pueblos.
En verdad el concepto en cuestión había sido tomado de documento que precediera a esa declaración de independencia por escasas tres semanas, la Declaración de Derechos de Virginia: «…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública». (12 de junio de 1776).
Cuando a comienzos de 2002 era ya más que evidente que el régimen del teniente coronel retirado Chávez Frías era inadecuado y contrario a nuestro beneficio común y a la protección y la seguridad del pueblo venezolano, pensábamos en la formulación de Virginia. En especial nos interesaba resaltar esa definición para salir al paso de pretensiones golpistas presuntamente justificadas, dado que según los virginianos el titular del derecho a la rebelión es la mayoría de la comunidad, no un grupo de conspiradores autoungidos como libertarios.
Así escribíamos, algo proféticamente, por entonces (3 de marzo de 2002): «…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el Cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia».
Pero un clarísimo amigo contribuyó con sus agudas dotes a un más exacto enfoque de nuestras reflexiones, al hacernos entender que, a fin de cuentas, la Declaración de Derechos de Virginia había sido redacción de súbditos del tiránico rey Jorge III de Inglaterra, y que los venezolanos no éramos en ningún caso súbditos—por más que él lo pretendiese—del teniente coronel (en situación de retiro) Chávez Frías, sino sus verdaderos superiores y mandantes.
Las ideas, pues, gracias a la pertinente y amistosa advertencia, habían terminado por ajustarse. El derecho de rebelión no es de sujeto oligárquico sino democrático, y el presidente de una república está bajo el Pueblo, no a la inversa.
Fue así como concebimos la posibilidad de un acto o decreto de abolición, que el mismo 3 de marzo de 2002 describimos de este modo: «Una declaración expresa de la mayoría de los electores venezolanos es el procedimiento democráticamente perfecto para la abolición del régimen político más pernicioso que haya conocido Venezuela. Es así como lo que procede es redactar un Acta de Abolición del gobierno de Chávez. Este es un documento más bien breve, con unos pocos considerandos que justifiquen la decisión. Directo, al grano. Eso es lo que debemos firmar. Usted, Sr. Chávez, ha quedado cesante por obra y gracia de nosotros, sus antiguos mandantes».
Los acontecimientos de abril de 2002 suspendieron por un buen tiempo la posibilidad de considerar esta ruta, y luego los cónclaves de la dirigencia opositora institucionalizada emprendieron los caminos sucesivos de referendos consultivos, firmazos, reafirmazos, enmiendas constitucionales para recorte de período, posibles convocatorias a constituyentes y, finalmente, referendos revocatorios, donde nos encontramos ahora.
Para diciembre de 2002 habíamos arribado, no obstante, a una redacción del decreto de abolición, cuya más reciente versión transcribimos:
Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando
Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,
Que el gobierno presidido por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,
Por este Decreto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano y ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República.
Dos peculiaridades de esta redacción son dignas de destacar. Primera, se trata del único tratamiento hasta la fecha propuesto que contiene una orden expresa y directa del Soberano a la Fuerza Armada Nacional. (No se trata de añorar su acción golpista, que sería ilegal, sino de mandarles, como podemos). Segunda, como no se trata de un acto electoral, sino de un mandato del Soberano, el Consejo Nacional Electoral carece de atribución para tramitarlo y entorpecerlo. El decreto es inmune a Rincones y Carrasqueros.
La práctica del Decreto de Abolición es cuestión de organización y logística, laboriosa y difícil pero viable. No entraremos acá en sus detalles. En cambio queremos mostrar, por vía analógica, cómo es que también el procedimiento se materializaría menos formalmente.
Si estuviéramos, por poner un caso análogo, ante el momento de elegir un nuevo presidente de la Asamblea Nacional, los reglamentos prescribirían que un diputado propusiese un nombre, moción que tendría que recibir apoyo de una segunda voz para ser consolidada. En esta guisa podría proponerse varios candidatos, y cuando ya no restasen más postulaciones el director de debates sometería los nombres sugeridos a consideración de la asamblea. Quien recibiese más votos resultaría electo.
Pero ¿qué ocurriría si al proponerse un cierto nombre una evidente mayoría de diputados se pusiese en pie y prorrumpiera en vítores aprobatorios? Pues que el candidato en cuestión quedaría, de pleno derecho, elegido presidente del cuerpo por aclamación, sin que hubiera necesidad de contar votos o seguir los procedimientos reglamentarios usuales.
Esto es, la calle puede perfectamente, por aclamación, abolir el régimen del teniente coronel. (En situación de retiro). En cuanto cada protestante ciudadano, en abrumadora mayoría, se percatara de que ya no marcha para solicitar la renuncia del déspota o meramente expresarle su rechazo, sino para, premunido y consciente de su derecho como componente del Pueblo Soberano, abolir su satrapía, la manifestación equivaldría—referéndum en sauvage—al decreto formal.
En reciente memorándum suscrito por un destacado líder de organizaciones no gubernamentales—preocupado por ciertas ineficacias—se lee sus recomendaciones de acción para los momentos actuales. De esta manera recomienda «amarrarse a la Constitución» y sugiere que su Artículo 350 nos capacita para el desconocimiento del régimen. Esto es verdad, pero es preciso salirse de esa caja.
A lo que hay que amarrarse es a lo constitucional, y no a la Constitución. Lo constitucional es superior y más amplio que cualquier constitución concreta. Así lo reconoció nuestra Corte Suprema de Justicia el 19 de enero de 1999, en sentencia que abrió la puerta al referendo de abril de ese año y en el que se nos consultó si queríamos convocar una asamblea constituyente, aunque tal figura parecía ser «inconstitucional», dado que ni siquiera se la mencionaba en la constitución de 1961, entonces vigente.
Esa misma decisión del máximo tribunal venezolano asentó la doctrina de que las constituciones específicas limitan al poder constituido—a Chávez, Ameliach, Rincón y Carrasquero—pero jamás al Poder Constituyente Originario, que equivale al Pueblo. Éste, reconoció la Corte, tiene el carácter imperdible de un poder, el único, ontológicamente supraconstitucional.
Es preciso salir de la caja de la Constitución de 1999, cayendo en la cuenta de que en realidad estamos por encima de ella. «Gregorovius pensó que en alguna parte Chestov había hablado de peceras con un tabique móvil que en un momento dado podía sacarse sin que el pez habituado al compartimiento se decidiera jamás a pasar al otro lado. Llegar hasta un punto en el agua, girar, volverse, sin saber que ya no hay obstáculo, que bastaría seguir avanzando». (Julio Cortázar, Rayuela).
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