por Luis Enrique Alcalá | Abr 19, 1998 | Artículos, Política |
Entre el sinnúmero de acciones públicas que es preciso acometer en Venezuela, pocas pueden disputar la primacía estratégica que tiene la siguiente tarea: cambiar el sistema operativo del Estado venezolano. Los familiarizados con los términos de la computación saben que el sistema operativo es el núcleo de los programas más básicos y fundamentales de un computador, aquellos que permiten la operación de todos los demás.
Y esto es algo que está fundamentalmente mal en el Estado nacional de los venezolanos. Cuando se ha puesto de moda en Venezuela, tal vez en América Latina en general y aun en algunas otras partes del mundo, una noción que ya era de uso común a los politólogos de los años sesenta—la noción de gobernabilidad—es porque los estadistas de hoy en día encuentran que gobernar es cada vez más difícil. En efecto, la mayor complejidad de las sociedades y el hecho de que ella crezca incesantemente, la cantidad y gravedad de los problemas públicos, la profundidad y profusión de las interconexiones entre éstos, ha hecho cada vez más exigente la tarea de tomar decisiones públicas.
Esta situación se complica porque los marcos generales que rigen al sector público –constituciones, leyes orgánicas– aquellos que establecen la arquitectura general del Estado y sus modos de operación, su sistema operativo, en suma, actúan como camisa de fuerza que impide la eficacia de los mejores entre los funcionarios públicos. Así pasa, por ejemplo, con la Constitución de 1961.
No se trata, sin embargo, de que la solución a este problema crucial pueda darse mediante la mera reforma del texto constitucional. No se trata de remendar con modificaciones puntuales el concepto de Estado que fuera delineado en 1961. Se trata, en verdad, de concebir un nuevo Estado, de diseñar un Estado diferente.
Cuando la Comisión Oberto, allá por los agitados días de 1992, buscó arribar a un proyecto de reforma constitucional que pudiera aprobarse apresuradamente, lo que hizo fue continuar un trabajo previo de la comisión que antes presidiera el hoy presidente Caldera. En el curso del apresuramiento el número de proposiciones de enmienda o reforma creció de manera verdaderamente tumoral. El 29 de julio de 1992 el Presidente de la Cámara de Diputados remitía al Presidente de la Cámara del Senado un Proyecto de Reforma General de la Constitución que contenía ¡103 artículos! (De hecho, la cantidad de modificaciones era muy superior a ese número. Para dar una idea, tan sólo el Artículo 9º del proyecto de reforma aspiraba modificar el Artículo 17º de la Constitución vigente y para esto sustituía cuatro de sus ordinales por nuevas redacciones y además añadía quince ordinales adicionales).
Antes de que tal proliferación constituyente llegara a su término, ya Humberto Peñaloza había advertido que había algo fundamentalmente viciado en el procedimiento. (El Ing. Peñaloza evocó a un maestro de su escuela primaria: si los alumnos le presentaban una “plana” con cinco errores o más no les admitía enmiendas y les obligaba a intentar el trabajo de nuevo). La cantidad de tachones que Oberto y compañía hicieron al texto del 61 indicaba a las claras que lo que se necesitaba era una Constitución enteramente nueva.
Ahora bien, el Congreso de la República no está facultado para acometer esa tarea, por más que ahora Pedro Pablo Aguilar proponga a última hora un conjunto de reformas, que más parecen apuntar a la idea de robarle banderas a Hugo Chávez y a la aparente necesidad de apuntalar la deficiente presidencia eventual de Irene Sáez. El Dr. Angel Fajardo explica el punto con mucha claridad cuando nos dice que la facultad de reformar la Constitución no equivale a “la facultad de dar una nueva Constitución… pues esto sería función propia de un poder constituyente y el legislador ordinario no lo es”.
Esto significa que de aceptarse la tesis de que se requiere una nueva constitución, el Congreso de la República no es el órgano llamado a producirla, puesto que excedería sus facultades. En este caso la única forma admisible de proveernos de una constitución nueva, urgentemente necesaria, sería la de convocar una Asamblea Constituyente.
El punto ha sido levantado insistentemente en los últimos ocho a diez años, y es sólo ahora que el excomandante Hugo Chávez pareciera querer apropiarse de la idea. Dicho sea de paso, el Sr. Chávez nunca ha esbozado siquiera el dibujo general de una nueva constitución—como tampoco antes los que han propuesto lo mismo–—principalmente porque él entiende a la Constituyente más como un modo de sustituir actores políticos tradicionales que como el medio sereno de arribar a un nuevo diseño del Estado.
Pero la necesidad está allí, y la capacidad de un trabajo serio y sistemático para dotarnos de un nuevo Estado también. Basta que formulemos reglas sensatas para la conformación y elección de los miembros de esa asamblea. Elegidos uninominalmente, reclutados no sólo entre expertos en derecho público e historiadores (como Úslar Pietri ha pretendido), y exigidos de exhibir como su legitimación su idea de constitución preferible, conformaríamos con ellos un cuerpo constituyente con mayores probabilidades de producir el trabajo que se requiere.
Negar que esto sea posible en Venezuela es, una vez más, incurrir en el sempiterno error de subestimar a la Nación. Tenerle miedo a una constituyente es desconfiar injustificadamente de nuestras capacidades. Tenerle miedo a una constituyente es creer que abogar por ella equivale a apoyar a un golpista fracasado y radical.
Una buena constituyente producirá una buena constitución. Lo que tenemos que hacer, por tanto, es asegurarnos de elegir a una constituyente capaz. ¿Quién dijo miedo?
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 11, 1994 | Artículos, Política |
Poco falta para que en Oslo los señores De Klerk y Mandela reciban juntos, hermanados, el Premio Nóbel de la Paz. ¿Es que hay en Venezuela una rencilla de mayor monta que la que representaban Mandela y De Klerk en África del Sur?
Hoy en día las Alemanias separadas ya son una sola, hoy en día los Estados Unidos y Rusia cooperan, Israel y la Organización para la Liberación Palestina cooperan. ¿Son los conflictos venezolanos más importantes que los de estos antiguos enemigos?
En 1992, ¿había entre COPEI y Pérez una diferencia menor que la que hay hoy día entre COPEI y Caldera? En ese año la intención del salvamento de la democracia sirvió para la participación de COPEI en el gobierno de Pérez. ¿Es que hoy en día la situación nacional es menos apremiante que entonces?
Es difícil encontrar algún punto en la «carta de intención» de Caldera, resumen de su programa de gobierno, que colida frontalmente con algún postulado doctrinario de COPEI. ¿Qué argumento podría esgrimirse, entonces, para que COPEI negara su apoyo a Rafael Caldera? La carta de intención mencionada es, como se ha hecho habitual en la política venezolana, un discurso con el que es muy difícil decir que se está en desacuerdo. No, la resistencia del alto mando copeyano a la cooperación con el gobierno de Caldera no tiene origen programático. Es la resultante de una competencia por el mismo objetivo: el poder.
Pero, ¿qué han dicho los dirigentes copeyanos, en advertencia a Caldera, que no pueda ser de inmediato y con mayor gravedad aplicado a COPEI y su más reciente candidato? ¿Que Caldera ha recibido solamente el apoyo de dieciocho por ciento de los electores? El candidato de COPEI recibió el doce por ciento. ¿Que Caldera dice que algunas cosas del paquete perecista permanecerán? COPEI no puede pelear con eso. Ni Caldera, por supuesto, puede pelear por eso con COPEI.
En 1979 asumía la Presidencia de la República Luis Herrera Campíns, candidato de COPEI. También asumía la Secretaría General del partido Eduardo Fernández. En el acto de proclamación de Eduardo, Caldera arremetió con un fuerte discurso, mucho más fuerte que el atributo de «inmaduro» que ahora endilgó a Oswaldo y Andrés Velásquez por no haberle reconocido su triunfo con mayor prontitud.
Pero a pesar de aquel acre discurso de 1979 contra, fundamentalmente, Pedro Pablo Aguilar, más cercano a Luis Herrera, COPEI terminó ofreciéndole a éste su «solidaridad inteligente», como queriendo decirle que no se le entregaba al presidente de entonces un cheque en blanco, por más copeyano que fuese. ¿Es que Caldera no puede recibir de COPEI al menos una solidaridad de ese tipo? Si ésa fue la solidaridad que él ofreció por intermedio de Eduardo Fernández, ¿no debiera ofrecérsele al menos eso mismo?
La estrategia de la dirigencia copeyana de los años recientes no ha llevado al éxito candidatural. COPEI perdió en 1983 con Rafael Caldera, perdió con Eduardo Fernández en 1988, perdió con Oswaldo Álvarez Paz en 1993. No hay cifras ni malabarismos interpretativos que puedan ocultar o disimular esos hechos, por más laudable que sea el esfuerzo de los líderes copeyanos por animar a una militancia dolida. Pero no todo lo que la dirigencia copeyana ha estado haciendo puede estar equivocado, o no habrían obtenido, primero en las encuestas y luego en las elecciones, la votación más alta entre las organizaciones políticas. Ésa es precisamente la contradicción que hay que explicar.
Lo indicado ahora para COPEI es la reflexión más profunda y cuestionadora sobre lo que habían venido siendo sus esquemas estratégicos, evidentemente equivocados en grado importante. O su dirigencia actual recapacita y enmienda, o la población copeyana encuentra un nuevo liderazgo, o COPEI va hacia su desaparición. Pero el camino de la recuperación de COPEI no pasa por la contestación de rabieta con rabieta. Si COPEI ha sido un consecuente defensor de los entendimientos, hasta con los adversarios doctrinales de antaño, ¿cómo podría justificar su negación a cooperar con Rafael Caldera?
La tragedia de COPEI consiste en que sus líderes, en gran medida, han hecho la política que Rafael Caldera les enseñó a hacer. Pero la solución de COPEI es la política, no la polémica. Puede cooperar con Caldera, debe cooperar con Caldera, exigiéndole a éste un tratamiento respetuoso.
Para empezar, COPEI debe leer con mucho detenimiento la carta de intención de Rafael Caldera. Debe determinar a cuáles de sus planteamientos creerá que debe oponerse, si es que existe alguno, y decirlo leal y abiertamente al Presidente. Pero decirle también: en todo lo demás, cuente con nuestro apoyo”.
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 23, 1993 | Artículos, Política |
Claudio Fermín, uno de los hombres «del momento», ha salido a decir, quién sabe por qué, que no está de acuerdo con la proposición calderista del referéndum revocatorio.
Según Fermín, la posibilidad de remover de su cargo al Presidente de la República, así sea por un acto soberano del poder constituyente, de los electores en referéndum, sujetaría el sistema político a una intolerable inestabilidad.
Primero que nada, el referéndum revocatorio no es una idea de Rafael Caldera. Mucho antes de que él recogiese el concepto en su «Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela», la idea de un referéndum revocatorio del mandato presidencial ha sido planteada por varios comentaristas y actores de nuestra escena política. Por ejemplo, viene a mi memoria que Elías Santana tiene bastante tiempo hablando de eso.
Pero como ocurre a menudo con Rafael Caldera, con el correr del tiempo ha aceptado una proposición a la que antes se oponía o, simplemente, no prestaba atención. Así, por ejemplo, hace unos diez años Rafael Caldera no quería saber nada de primeros ministros o de reformas a la Constitución. Cuando se repetía insistentemente que el modelo de desarrollo venezolano estaba agotado, el contestaba que eso no era cierto. Para él, el modelo de desarrollo venezolano estaba inmerso en el Preámbulo de la Constitución de 1961 y no estaba agotado sino, más bien, estaba por ser aplicado.
Cuando el Frente Patriótico insistía en su idea de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, entonces Caldera admitía que tal vez alguna enmienda sería aconsejable. Después del 4 de febrero quiso acelerar una reforma constitucional. Ahora admite, en la «carta de intención» mencionada, que tal vez una constituyente pueda ser considerada: «La previsión de la convocatoria de una Constituyente, sin romper el hilo constitucional, si el pueblo lo considerare necesario, puede incluirse en la Reforma Constitucional, encuadrando esa figura excepcional en el Estado de Derecho». (Carta de Intención, pág. 11).
Pero ¡enhorabuena! Ahora el Presidente Electo sí cree en el referéndum revocatorio. Pienso que hay que tomarle la palabra.
La probabilidad de que el gobierno de Rafael Caldera deba sufrir un nivel importante de rechazo de la opinión popular es una probabilidad considerable. Ya no por asuntos de barraganas o manejos en partidas secretas, sino, sencillamente, porque pudiera muy bien deteriorarse aún más el ya golpeadísimo nivel de vida de los ciudadanos. Porque la inseguridad, producto de una delincuencia creciente, producto de una pobreza creciente, pudiese muy bien—o muy mal—continuar creciendo.
Así que sería muy aconsejable contar con un cauce constitucional para la salida a una situación de ese tipo. Como vimos con Carlos Andrés Pérez, no bastó la posibilidad de la renuncia para configurar la falta absoluta del Presidente, y no es fácil imaginar a Caldera renunciando a nada. Si llega a presentarse un rechazo generalizado a su gestión, sería bueno tener a la mano la posibilidad del referéndum revocatorio. De ese modo pudiéramos evitarnos una nueva ola de golpismo, que en esta ocasión pudiera tener éxito.
No estoy, por tanto, de acuerdo con el criterio esbozado por Claudio Fermín. La inestabilidad no sería producto de la aprobación de la figura del referéndum revocatorio. La inestabilidad provendría de un gobierno que no supiera modificar profunda y positivamente el rumbo del Estado venezolano. De no contar con el referéndum revocatorio, podríamos caer por la vía de un golpe de Estado, eso sí, en una muy estable dictadura.
Pero ahora que Caldera se ha sumado a la idea de este tipo de referéndum, también ha incluido en su «carta de intención» que el Jefe del Estado tenga «la facultad de disolver las Cámaras Legislativas cuando no estén cumpliendo las funciones para las cuales fueron electas…» (Carta de Intención, págs. 9 y 10).
Si aún se cree en la bondad del equilibrio de los poderes, esta particular visión de Caldera introduce un desequilibrio, una asimetría. Pienso que no debe quedar a la potestad de un hombre, por más que se trate del Presidente de la República, la revocación de un mandato dictado por los electores. Al Congreso de la República también le sale un referéndum revocatorio. Es decir, el juez supremo acerca del desempeño del Congreso no puede ser otro que los mismos que lo eligieron. Otra cosa sería contraria a los más elementales principios de la representatividad. Es como si uno contratase un empleado y que otra persona distinta lo despidiese.
Dicho sea de paso, todo lo que Caldera ha incluido en ese documento como reformas legales o constitucionales resulta excesivo, puesto que la facultad de legislar cabe al Congreso de la República, no a su Presidente. Nadie puede comprometerse a hacer algo que no puede hacer.
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 8, 1992 | Artículos, Política |
Primero que nada, un test para la memoria del lector. Fue un venezolano quien dijo no hace mucho estas palabras: “Lo irresponsable hubiera sido aceptar que sólo por la violencia podríamos obtener las rectificaciones o cambios que anhelamos”.
¿Podemos recordar quién dijo eso? Si no lo recordamos, ¿podemos tratar de adivinar?
Veamos si el análisis de la oración nos ofrece alguna clave. Podemos suponer que quien afirmó algo así debe haber sido alguien que se refiere a la política del gobierno de Pérez, que desde hace un tiempo estaba proponiendo que se hicieran tales rectificaciones o cambios y que se lamenta de que sólo el intento de fuerza de la cuarta madrugada de febrero haya movido a Pérez a modificar, a regañadientes y de modo cicatero, su hasta hace nada inamovible paquete.
Nos equivocaríamos, amigo lector, si creyésemos que el autor de tan interesante sentencia es un opositor al gobierno de Pérez. No, quien dijo esas palabras no ha sido otro que el mismísimo Carlos Andrés Pérez en su discurso ante el Congreso del pasado jueves 12 de los corrientes.
Hace unos años Luis Herrera Campíns le endilgó a Pérez el calificativo de caradura. No le faltaba ni un ápice de razón. ¿Cómo puede el ciudadano Pérez afirmar una cosa así cuando es ni más ni menos la violencia del 4 de febrero la única razón que entendió, después de que por medios menos drásticos se le dijo hasta el cansancio que debía rectificar su rumbo?
¿Cómo puede afirmar, como si la cosa no fuera muy directamente con él, que “a los pueblos les hacen falta sacudones como éste de vez en cuando”?
¿Cómo puede haber dicho en repetidas ocasiones que durante su gobierno no ha habido escándalos de corrupción? ¿Es que no es escandaloso que el año pasado haya tenido que desprenderse apresuradamente de los servicios de su muy querido Orlando García, por el asunto aquél de la navajita defectuosa que Gardenia Martínez vendió a nuestras Fuerzas Armadas?
¿Cómo puede tan siquiera sugerir que la noche de las cacerolas, en la que todo el país en todas sus clases clamoró su repudio hacia él, fue un evento de la clase media chilena que habría traído consigo a Pinochet y que además tuvo un carácter “festivo”?
Efectivamente Herrera Campíns tenía toda la razón: Pérez es un caradura.
El desprecio
Más allá del caradurismo, lo que conductas como las referidas constituyen es un grave insulto a la inteligencia del venezolano. Es pensar que los habitantes de este país somos idiotas, desmemoriados, dignos del más descarado engaño. Es el desprecio. ¿Queremos que nos gobierne gente así? ¿Es correcto, como preguntaría el señor Piñerúa, que accedan a posiciones de poder o las conserven aquéllos que manifiestan con tal desfachatez un tal desprecio por sus conciudadanos? ¿Es eso correcto?
Ah, pero ahora es nada menos que ese señor Piñerúa quien ha llegado a la escena. Viene envuelto en su insistente aura de incorruptible a ocupar, superministerialmente, una especie de Ministerio de Estado contra la Corrupción.
Primero que nada, habría que ver si ese papel robesperriano que se arroga es tarea que corresponde al Ministerio de Relaciones Interiores, el que estrictamente no es un órgano de la justicia venezolana. El Poder Ejecutivo tiene dentro de su estructura otro ministerio, el de Justicia, que en todo caso sería el que tendría más que ver con el asunto.
Luego habría qué preguntarse quién es el señor Piñerúa y de donde obtiene las facultades orgánicas que le permiten declarar, según informa un vespertino de esta ciudad, que “ha resuelto dar poderes absolutos a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República, así como al Tribunal Superior de Salvaguarda y a todos los restantes organismos del Estado que tengan que actuar en contra de la corrupción, incluyendo a los cuerpos policiales”. Acá se insinúa un cierto tufito autoritario, por decir lo menos, y en cualquier caso, una crasa ignorancia de las limitaciones jurídicas de su cargo. Que yo sepa, la Asamblea Constituyente propuesta no ha sido convocada siquiera, y por tanto, nadie puede conceder al señor Piñerúa el poder para conceder poderes absolutos de esta naturaleza, menos aún a órganos que, como la Fiscalía y la Contraloría, son completamente independientes del Poder Ejecutivo, pues ambos son nombrados por el Congreso de la República. Llama la atención el hecho de que el Dr. Escovar Salom, conocedor de las leyes del país, y tan puntilloso para recusar la reincorporación de un miembro de la Corte Suprema o para denunciar la inconstitucionalidad del decreto sobre la inscripción sin documentos de hijos de padres extranjeros, no se haya apresurado a aclararle al señor Piñerúa que él no puede concederle poderes absolutos para nada.
Holier than thou
Pero supongamos, de todas formas, que debemos perdonar este arranque como una vehemencia propia del carácter de este flamante Ministro de Relaciones Interiores, que se sintió en la obligación de hablarnos por radio la noche del cacerolazo. Excusémosle, por ahora, ese exabrupto basándonos en el beneficio de la duda que le concedemos a una tan larga trayectoria de “luchador” contra la corrupción.
Supongamos que como significa la expresión inglesa del intertítulo, el señor Piñerúa es más santo que tú y que yo. Quiero recordar al lector, y al propio señor Piñerúa, los siguientes hechos:
Primero. El señor Piñerúa ya fue Ministro de Relaciones Interiores del señor Pérez a comienzos del primer gobierno de éste. En aquella ocasión no tuvo la ocurrencia de dar poderes absolutos a nadie para la lucha contra la corrupción.
Segundo. El señor Piñerúa, durante ese primer período de Pérez, peroró un famoso discurso en el Congreso, en el que denunció que unos “doce apóstoles” participaban de la corrupción ya presunta en aquel gobierno. Ese discurso motivó que el señor Pérez aupara decididamente a Jaime Lusinchi para intentar arrebatarle al señor Piñerúa la nominación como candidato presidencial de Acción Democrática.
Tercero. El señor Piñerúa se mostró muy activo y contento por la época en que una antigua “Comisión de Etica” de su partido condenó al señor Pérez por el caso del “Sierra Nevada”. El señor Pérez se salvó de que el Congreso de ese tiempo le condenara definitivamente, gracias, entre otros, al voto de otro pequeño robespierre criollo: José Vicente Rangel.
Por estas cosas, señor Piñerúa, los venezolanos comenzamos a preguntarnos si, en su muy publicitada e implacable cruzada contra la corrupción, se dignará usted indagar en los asuntos del señor Orlando García, hasta hace nada Jefe de Seguridad Personal de su jefe suyo de usted.
¿Indagará usted, señor Piñerúa, sobre la procedencia de los medios de fortuna de una señora Cecilia Matos? ¿ Pedirá usted al señor Pérez una explicación acerca de por qué hace unos años se le ubicaba en publicaciones internacionales como uno de los personajes más ricos del mundo? ¿Le pedirá usted su balance personal?
Por ahora le recomiendo la lectura del libro “El dinero del poder”, autorado por un periodista español que quiso hurgar en los negocios personales de Felipe González, y en el que el señor Pérez es mencionado profusamente.
Por cierto, ese no es libro que se consiga con mucha facilidad en librerías venezolanas, aunque a usted, con sus poderes absolutos, no le será difícil obtenerlo. Pero hágame el favor, señor Piñerúa, mientras está en eso, ¿podría usted complacerme y averiguar, ya que ahora todos los cuerpos policiales le responden como un solo hombre, si la difusión de ese libro ha sido de algún modo impedida en Venezuela y por quién?
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 28, 1992 | Artículos, Política |
En estricto sentido, el Comandante Chávez y sus compañeros de la cuarta madrugada de febrero abusaron de nosotros.
He podido conocer y admirar muy de cerca la conducta médica de un pediatra excepcional. Como pocos médicos que conozco, éste se tomó en serio el juramento de Hipócrates, el primer código ético de una profesión que la Historia registra por escrito. El protocolo que sigue este médico al que me refiero es invariablemente el mismo: ante la enfermedad de uno de sus pacientes procura, primeramente, que el enfermo se cure sin su intervención de faculto. Parte, pues, de una confianza básica y fundamental en las propias capacidades del cuerpo humano para sanarse a sí mismo.
Sólo si el paciente no da muestras de mejoría se aviene entonces a recomendar algún remedio. Para que consienta en recetar antibióticos casi que hay que torcerle el brazo. Un revólver sobre su pecho es necesario para que admita que, llegado un cierto momento, el caso debe tomarlo un cirujano. Para él un cirujano es, entonces, un último recurso y no es, propiamente y de acuerdo con Hipócrates, un recurso médico. Políticamente las cosas deben verse de la misma manera.
El comandante Chávez actuó como cirujano. La imagen del 4 de febrero como acto quirúrgico ha entrado ya en nuestras cabezas. Pero los militares que participaron en la acción, independientemente de su valentía y de la pasión que los animaba, abusaron del pueblo venezolano. Porque es que ningún cirujano tiene derecho a intervenir sin el consentimiento del paciente, a menos que éste se encuentre inconsciente y, por tanto, privado de su facultad de decidir si se pone en las manos del cuchillero. Y el pueblo venezolano no estaba inconsciente y el comandante Chávez no nos consultó sobre la operación y nosotros no le autorizamos a que lo hiciera.
Podemos hasta conceder que el diagnóstico estaba correcto. Carlos Andrés Pérez debía separarse del cargo. Yo escribí aquí a fines del año pasado, y refiriéndome a la proposición uslariana de que Pérez asumiera la conducción de un programa de emergencia nacional, lo siguiente: “Pero el problema fundamental de su récipe consiste en creer que Carlos Andrés Pérez debe dirigir los tratamientos, cuando él es, más propiamente, el propio centro del tumor.”
Y el comandante Chávez quiso resolver quirúrgicamente la remoción del tumor, sin autorización de nadie e ignorando, a pesar de que había sido dicho bastantes veces, que todavía existían los medios clínicos, los procedimientos médicos para el mismo objetivo. En el mismo artículo en el que reconocí la recomendación del Dr. Úslar de que Pérez nos salvara, recordé: “Propuse el 21 de julio algo más radical que las píldoras del Dr. Úslar. Receté, para la urgencia más inminente de la enfermedad, la renuncia de Carlos Andrés Pérez y que el Congreso elija, según pauta la Constitución, a quien complete su período como Presidente, porque, como Úslar dice, es importante preservar la constitucionalidad.”
Sin embargo, comandante Chávez, debemos darle las gracias de todos modos. Porque sin su abusiva pero viril decisión, los que usan y abusan todos los días el poder político que aún detentan, no se habrían puesto a dar las histéricas carreritas que estamos presenciando. El vergonzoso apremio por aparecer como el más atrevido de los líderes.
El pescueceo
Es así como José Rodríguez Iturbe, luego de oponerse al discurso de Caldera el mismo 4 de febrero, en pocos días había considerado que las elecciones de Presidente y de Congreso debían ser adelantadas para este año, lo que implicaba la renuncia, no sólo de Pérez, sino de todos los congresantes. El Dr. Rodríguez Iturbe necesitó de un golpe para llegar a esa conclusión.
O el Dr. Fernández, que fue hasta el Fiscal General para decirle que no requeriría pruebas, que se conformaría con meros “indicios” de un acto corrupto, para expulsar enérgicamente al indiciado de las filas de COPEI. El Dr. Fernández necesitó que el comandante Chávez le trasnochara para llegar a esa conclusión, porque tan sólo un mes antes el propio Dr. Fernández había designado, como presidente de los actos aniversarios de COPEI de enero de este año, al Dr. Douglas Dáger, el mismo del caso Lamaletto, del video escandaloso, de su destitución como Presidente de la Comisión de Contraloría del Congreso. Es decir, el Dr. Fernández elevó como símbolo de su partido a una persona sobre la que han pesado, si no pruebas, al menos graves indicios de corrupción. Es ese mismo Dr. Fernández que ahora propone una Constituyente, aunque hasta hace nada despreció olímpicamente los llamados del Dr. Juan Liscano y sus compañeros del Frente Patriótico justamente para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
O el Dr. Burelli Rivas, que con gran frescura declaró a la prensa que una salida pacífica, “que hasta ahora no ha sido planteada”, sería que Carlos Andrés Pérez renunciara a la Presidencia de la República.
Y ahora el Dr. Caldera se suma a la proposición de la renuncia de Pérez. La presenta, naturalmente, como si se le estuviera ocurriendo a él en este momento. Escribe con gran flema sobre la “posible” conveniencia de una Constituyente, cuando hasta hace nada sólo quería enmiendas, remiendos, acomodos.
Por todos estos apresurados y patéticos cambios de posición hay que agradecer al Comandante Chávez y a todos sus compañeros.
Vete ya, Carlos Andrés
El que sí parece no tener composición es Carlos Andrés Pérez, que nuevamente nos avergonzó al declarar a los corresponsales extranjeros que durante su gobierno no hubo ningún escándalo de corrupción. Claro, para Pérez no es escandaloso que con gran prisa tuviera que destituir, el mismo año pasado, a su propio jefe de seguridad personal, porque parece que andaba enredado con una tal Gardenia Martínez por el asunto de una navajita defectuosa vendida a las Fuerzas Armadas de este país.
Por eso, no hay salida sin la terminación del mandato de Pérez. Pero esto debe ser obtenido médicamente, civilmente. Me congratulo porque por fin personas tan notables como el Dr. Caldera y el Dr. Burelli hayan admitido, aunque sin reconocer que hubiera sido propuesto antes de la cuarta madrugada de febrero, que el tratamiento que propuse hace ya siete meses sea el tratamiento indicado. Me duele que no lo hayan entendido antes del dolor y la vergüenza del 4 de febrero.
Que continúe el curso médico. Por las manos de los caraqueños circula una hojita que propone un grito colectivo. Para el 10 de marzo, a las 10 de la noche: “Hoy es diez, son las diez, vete ya Carlos Andrés”. Yo pienso gritar, a menos que la suspensión de mis garantías constitucionales se emplee para amordazarme primero.
Carlos Andrés Pérez tendrá que abandonar el poder. A ese no lo salva ni George Bush. Ya es cuestión de días. El problema será entonces encontrar quien le va a suceder.
El Dr. Uslar ha dicho que no aceptaría la Presidencia de la República bajo ningún concepto. Lo siento mucho porque lo preferiría a cualquier otro, por la claridad y modernidad de su pensamiento.
Pero yo también sugerí que el Dr. Caldera sería una estupenda opción y aquí lo reafirmo. Le pregunto entonces a Rafael Antonio Caldera: ante la necesidad nacional, ¿aceptarías completar el período constitucional que Pérez no culminará? ¿O serás capaz de negarte porque no te conformas con eso y quieres cinco años completos de poder?
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 12, 1992 | Artículos, Política |
Cuando comienzo a escribir esto hace casi una hora que ha comenzado otro aniversario del Día de la Juventud. Ayer por la mañana varios centenares de periodistas nos han dado una lección. Fueron hasta la sede del Congreso de la República a exigir, sin otras armas que la presencia y la palabra, que ese cuerpo debatiera el punto de las restricciones a la garantía constitucional de la libertad de expresión. Yo no tuve el ánimo de estar presente allí, cuando hubiera podido ir. Admiro el valor de quienes, mientras las libertades de reunión y manifestación pueden ser vulneradas legalmente por el gobierno, marcharon por el medio de las calles que llevan desde la esquina de Pajaritos hasta la puerta del Congreso.
Fue otro día de la Juventud. En su mayor parte fueron jóvenes profesionales del periodismo quienes tuvieron la sangre fría de expresar su repudio ante la suspensión de una garantía consubstancial a la democracia. En “La marcha de la insensatez” Bárbara Tuchman, la historiadora ganadora del premio Pulitzer, hace no mucho fallecida, analiza de este modo lo que fue “el comentario más ampliamente difundido de la guerra” de Viet Nam: “Es necesario destruir el poblado con el fin de salvarlo.” “El mayor norteamericano quería decir que el pueblo tenía que ser arrasado para erradicar a los Viet Cong, pero su frase pareció simbolizar el poder destructor norteamericano empleado contra el objeto de su protección para preservarlo del Comunismo.”
Resulta igualmente contradictorio argumentar que para preservar nuestra democracia es preciso impedir la libertad de expresión. De todas las garantías suspendidas la más fundamental es la libertad de expresión. Verdaderamente sin ella no hay democracia. Es justamente esa libertad uno de los rasgos que hacen que valga la pena defenderla, en paráfrasis de una sentencia del juez Warren, ese inolvidable Juez Jefe de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica.
Y los periodistas han luchado ayer por ella, cuando la mayoría de nosotros abunda, privada y prudentemente, en abrumadora crítica al régimen del presidente Pérez. Nos han dado una doble lección. La lección del valor. La lección de una pacífica serenidad en la presión política del ciudadano. Esto último los distingue de los que intentaron derrocar al presidente Pérez por la fuerza.
Segunda clase
Yo recibí, personalmente, una segunda lección de Don José Rodríguez e Iturbe. Según me informa la lectura de “El Universal” de ayer 11 de febrero, Pepe ha propuesto que las elecciones presidenciales—y las de los representantes en el Congreso de la República—sean adelantadas para este año de gracia de 1992, en diciembre.
Desde el 21 de julio del año pasado, cuando por primera vez sugerí públicamente, en artículo publicado en “El Diario de Caracas”, que el presidente Pérez considerara renunciar, yo había venido aferrándome a esa idea como salida distinta a la falsa disyuntiva Pérez o golpe. Pensaba desde ese entonces que con la renuncia Pérez podría evitar”…el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional.”
Cuatro artículos más dediqué al punto en este periódico indiscutiblemente democrático. Pero Don José ha dado un martillazo mucho más cerca del mismo centro del clavo. Veamos.
Yo proponía que Pérez renunciara para producir la condición, prevista constitucionalmente, de falta absoluta del Presidente de la República. En tal caso nuestra Constitución pauta que la Presidencia de Venezuela debe pasar, por el lapso máximo de un mes, a manos del Presidente del Congreso. Dentro de ese período las Cámaras Legislativas deben elegir a un venezolano que complete, como Presidente de la República, lo que falte del período presidencial en el que se produzca la falta absoluta. (Artículo 187, en sus parágrafos segundo y tercero).
En mi primera aproximación al tema llegué a sugerir el nombre de Rafael Caldera como sustituto de Pérez, tomando en cuenta su indudable solidez. Pensaba también que Eduardo Fernández podría no objetarlo porque así no tendría que enfrentarse a él en 1993, y que los factores de mayor poder económico, algo escamados con Caldera después de lo de la nueva Ley del Trabajo, podrían suponer que en un período incompleto no le sería posible vulnerar en grado apreciable sus intereses, sobre todo cuando tendría que dedicar su mayor atención a labores de adecentamiento político. Luego sugerí además el nombre de Uslar Pietri, en quien no había pensado porque una vez me dijo que él no era político, y porque, a pesar de que declarara a fines de 1991 que él no aceptaría la Presidencia de la República ante las cámaras de Marcel Granier, el país podría exigírselo si lo consideraba necesario.
Pero este procedimiento tiene el inconveniente de no ser todavía suficientemente democrático. La determinación del nuevo presidente no la tomaría el pueblo, sino los actuales congresantes. Además, Acción Democrática acaba de anunciar que propondrá de inmediato a David Morales Bello para sustituir a Pedro París Montesinos en la Presidencia del Congreso, y no me agrada para nada la idea de que ese Morales que exigió la muerte de los insurgentes, asuma la Primera Magistratura Nacional, ni siquiera por un mes.
Punto de partida
Pepe se acercó más. El habla de elecciones populares y eso es, sin duda, una mejor proposición que la mía. Me afinco en ella para adicionar una condición con la que Pérez no podría negarse al expediente propuesto por Redríguez Iturbe. Yo dejaría que Pérez participara como candidato en las elecciones y que, de resultar elegido, entonces completara los poco menos de dos años que le faltan del período en el que estamos.
Pero eso sí, Pepe, posponerlas hasta diciembre de ese mismo año, aun cuando sea un adelanto respecto de 1993, es demasiado. Yo creo que fijarlas para dentro de tres meses es más apropiado. De aquí a diciembre podrían presentarse muchas cosas. En cambio, si existiese aún ahora el riesgo de otro intento de interrupción por la fuerza, que debemos tratar de evitar, pienso que hasta el más radical propugnador de golpes de estado concedería a la democracia un pagaré por noventa días.
Ese tiempo es más que suficiente para que se organice una elección presidencial. No necesitamos, no toleraríamos, un largo carnaval de electoral derroche. Las Fuerzas Armadas Nacionales, a las que hasta Pérez ha reconocido su apego al marco democrático, vigilarían con gusto esa votación y garantizarían, junto con el sistema de contrapesos del Consejo Supremo Electoral, un razonable grado de limpieza comicial.
Esos noventa días debieran ser más que suficientes para que los candidatos expliquen al país lo que pretenderían hacer en y desde Miraflores. Ahora mismo sabemos del programa de uno de ellos—Pérez insistiría, lo ha confirmado, en su “paquete”—y estamos a punto de conocer el de los precandidatos copeyanos Eduardo Fernández y Humberto Calderón Berti. (COPEI ha anunciado que presentará al país su proposición alterna el próximo jueves 13 de febrero). Debemos suponer que Caldera no necesita más de unas pocas semanas para componer lo que sería su programa de gobierno. Debe tenerlo preparado, en sus rasgos esenciales, desde 1983. Y así sucesivamente.
Nada justificaría un retraso mayor. No es necesario entrar en detalles. Lo que el pueblo requiere saber es el esquema, sencilla y claramente explicado, con el que cada candidato gobernaría.
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