por Luis Enrique Alcalá | May 23, 1998 | Artículos, Política |
Una vez, en un programa dominical de radio que hacía en 1.090 AM de Caracas entre noviembre de 1993 y noviembre de 1995, invité a debatir sobre política a Hugo Chávez Frías. No he sabido que él se haya enterado de esa invitación. Por mi parte, mi opinión sobre su oferta política no ha mejorado. Es más bien lo contrario.
Lo responsable en política es ver las cosas médicamente. La política no tiene justificación a menos que pueda ofrecer solución a los problemas públicos. El que para el 4 de febrero de 1992 era el Comandante Chávez actuó como cirujano. La imagen del 4 de febrero como acto quirúrgico ha entrado hace tiempo en nuestras cabezas. Pero los militares que participaron en la acción, independientemente de su valentía y de la pasión que los animaba, abusaron del pueblo venezolano. Porque es que ningún cirujano tiene derecho a intervenir sin el consentimiento del paciente, a menos que éste se encuentre inconsciente y, por tanto, privado de su facultad de decidir si se pone en las manos del cuchillero. Y el pueblo venezolano no estaba inconsciente y el Comandante Chávez no nos consultó sobre la operación y nosotros no le autorizamos a que lo hiciera.
Podemos hasta conceder que el diagnóstico estaba correcto. Carlos Andrés Pérez debía separarse del cargo. Yo escribí a fines de 1991, poco antes del golpe, y refiriéndome a la proposición uslariana de que Pérez asumiera la conducción de un programa de emergencia nacional, estas palabras: «Pero el problema fundamental de su récipe consiste en creer que Carlos Andrés Pérez debe dirigir los tratamientos, cuando él es, más propiamente, el propio centro del tumor.»
Y el Comandante Chávez quiso resolver quirúrgicamente la remoción del tumor, sin autorización de nadie e ignorando, a pesar de que había sido dicho bastantes veces, que todavía existían los medios clínicos, los procedimientos médicos para el mismo objetivo. En ese mismo texto en el que reconocí la recomendación del Dr. Uslar de que Pérez nos salvara, recordé: «Propuse el 21 de julio algo más radical que las píldoras del Dr. Uslar. Receté, para la urgencia más inminente de la enfermedad, la renuncia de Carlos Andrés Pérez y que el Congreso elija, según pauta la Constitución, a quien complete su período como Presidente, porque, como Uslar dice, es importante preservar la constitucionalidad.»
En febrero de 1992 yo no estaba defendiendo a Pérez, Sr. Chávez. Un día antes de su infortunada aventura salía publicado un artículo mío en el diario El Globo. Su título era “Basta”, y era el cuarto o quinto artículo en el que pedía la renuncia de Pérez, siendo el primero de ellos del domingo 21 de julio de 1991. Escribí este artículo, precisamente, como un intento de mostrar una ruta que no fuese inconstitucional ante la disyuntiva de Pérez o golpe. Sentía que su salida podía lograrse con la presión cívica. Por esto sentí, además del azoramiento y la vergüenza venezolana, que su acto del 4 de febrero de 1992 había estropeado la marcha hacia una deposición cívica de Carlos Andrés Pérez. Es decir, y para que esté muy claro Sr. Chávez, yo me sentí personalmente afectado por Ud., y por tanto no puedo ofrecerle mi objetividad.
Lo que puedo entonces ofrecerle es debate, como lo hice antes en aquel programa de radio. Yo sé que no soy, como Ud., un candidato presidencial. Soy solamente alguien que ha dedicado ya bastantes años al tema general de la política y específicamente al caso clínico venezolano. ¿Tendrá Ud. objeción a debatir conmigo? ¿Es que los candidatos presidenciales no pueden debatir sino con otros candidatos? ¿Es que un ciudadano venezolano en posesión de sus derechos políticos no tiene derecho a confrontarle?
Yo le reto a Ud. a un debate público, Sr. Chávez. No tiene que ser algo rimbombante. No tiene por qué ser en televisión. ¿Qué le parecería escoger un auditorio, digamos, en la parroquia 23 de Enero, donde Ud. tiene la mayor aceptación, y discutir allí, a la vista de los Electores de la parroquia, cosas tales como la idea de una Asamblea Constituyente? ¿Como la manera más adecuada de entender la política, y la forma más responsable de tratar el caso político venezolano?
Ud. es hombre formado en el combate, Sr. Chávez. Ud. aprecia y practica el honor de la virilidad. Ud. sabe lo que es un reto.
Yo supongo que Ud. está muy convencido de sus ideas y apreciaciones de las cosas, de modo que no tiene nada que temer. Yo supongo que encontraré verdad en más de una de sus observaciones. Yo supongo que pasará lo mismo con Ud.
Pero yo creo que Ud. está fundamentalmente equivocado en demasiadas cosas. Quiero la oportunidad de decírselo directamente en presencia de Electores que no me conocen.
Y quiero tener la oportunidad de escuchar su visión constitucional, su visión de un nuevo Estado venezolano, además de su visión constituyente, que ya conocemos. Ud. debe tener alguna idea sobre eso, y si las que tiene son sólo reformas al concepto del Estado de 1961, entonces basta para introducirlas a referéndum el Congreso elegido según el texto constitucional de ese año, el mismo que Ud. ofreció como justificación de su fallido intento de golpe de 1992.
Yo creo que debe haber una constituyente. Lo creo desde hace mucho tiempo. No es mi convicción a este respecto una postura circunstancial. Pero imagino una constituyente seguramente muy distinta a la que Ud. puede haber pensado. Por eso, esencialmente, es por lo que quiero confrontarle.
Porque la recomposición del sistema operativo de un Estado es cosa muy seria, Sr. Chávez, y una constituyente que pretenderá pautar su configuración inicial en el siglo XXI es asunto que debe ser acometido con la mayor responsabilidad. En este mundo de recursos finitos y amplias necesidades no puede exigirse una herramienta si se desconoce a qué obra será aplicada. Si Ud. centra su discurso en la convocatoria de una asamblea constituyente, ¿qué es lo que espera que ella apruebe?
Yo creo que Ud. está en el deber de contestarme estas cosas, Sr. Chávez. Yo creo que sería poco viril y muy irresponsable que Ud. no dijera nada al respecto. Por eso le invito a una confrontación como la que le he propuesto o alguna similar a ella que Ud. desee sugerir.
Ud. debe conceder que ningún daño a la República puede derivarse de algo así.
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por Luis Enrique Alcalá | May 16, 1998 | Artículos, Política |
Se ha consumado ya oficialmente la elección de Irene Sáez como la candidata por COPEI a la Presidencia de la República. Después de una larga pantomima de independencia, y a pesar de la “oposición diametral” de la Srta. Sáez a una de las últimas ocurrencias de COPEI—acompañar a su “enemigo histórico”, Acción Democrática, en el intento de adelantar las elecciones regionales—el teatro de la convención electoral en la que los precandidatos no pueden dirigirse a los electores ha bajado el telón por última vez. La Srta. Sáez es la candidata copeyana. No importa que el pretendido adelantamiento de elecciones sea tan criminal como arrimar cajas de nitroglicerina al lado de un incendio. Lo importante es, para la Srta. Sáez, obtener el apoyo del partido al que pertenece su mentor político, Enrique Mendoza.
El negocio fue delineado con la mayor crudeza por el Presidente de COPEI, Luis Herrera Campíns, en la precedente convención copeyana de septiembre del año pasado. Dijo Herrera textualmente: “…les voy a decir por qué creo que necesitamos ganar: no por ustedes, que al fin y al cabo—unos por razón de experiencia estamos jubilados, otros por razón de méritos están desempeñando importantes responsabilidades en los organismos representativos—tenemos nuestro medio de vida asegurado, ni de la mayor parte de los dirigentes municipales y regionales del partido que también tienen su vida, por lo menos a corto plazo, asegurada. No, no por ellos, sino por los que no tienen cargos en la burocracia, por los que no tienen acceso a la administración pública para plantear sus problemas y que se los resuelvan, para que se les escuche su pobreza, para que se les dé una muestra de afecto y de solidaridad, que se los podría dar un Presidente copeyano o un gobierno donde el Partido COPEI sea también partido de gobierno…”
Es decir, COPEI escoge a Irene porque su presidente quiere “resolverle” la vida al mayor número posible de copeyanos y cree que hacer su candidata a quien hasta no hace mucho ostentaba el primer lugar en las encuestas de opinión es la manera más fácil de lograr ese objetivo. Nada más tiene importancia. Poco antes de esa convención de septiembre de 1997 Herrera Campíns había sido entrevistado por la prensa y había sido inquirido por el tema de las capacidades de la Srta. Sáez. Herrera fue incapaz de contestar contundentemente que la Srta. Sáez era perfectamente idónea para desempeñar la jefatura del Estado. En lugar de eso aconsejó al periodista que no se preocupara por ese asunto, puesto que “modernamente” ¡el poder era compartido!
Nada más ha podido ser añadido sobre este punto por los dirigentes copeyanos que prepararon la aclamación de la Srta. Sáez. Ninguno ha sabido ofrecer argumentación convincente sobre el crucial tema de la capacidad de la señorita en cuestión. Lo que había que armar era la triquiñuela de un lanzamiento “independiente” de la candidata en dos actos sucesivos, uno en el Ateneo de Caracas y otro en el Poliedro de la misma ciudad, creyendo que basta para confundir a los desmemoriados y manipulables Electores montar con menos de una semana de anticipación a la convención electoral verde el híbrido espectáculo de Evita de las Galaxias. Peinar a la Srta. Sáez, previo recorte de las demasiado largas uñas, al estilo de aquella dudosa mujer de Juan Domingo Perón, para que presidiera sobre un postizo montaje que la identificara con la “fuerza” de Obi Wan Kanobi. Algún amigo me preguntó: “¿Y qué es ahora este peinado? ¿Es que lo que están buscando es el voto de los argentinos?”
Pero lo que acaba de elegir COPEI, vendiendo su alma al diablo por el negocio de unos cargos burocráticos que creían garantizados, es una candidatura perdedora. Ni la previa imagen de Barbie, ni la más reciente de la galáctica Irene Perón, podrán impedir el hundimiento de Miss Titanic, pues ya es obvio para los Electores venezolanos que tras la banalidad cosmética de la campaña de Irene no puede encontrarse otra cosa que banalidad cosmética.
Cuando la Srta. Sáez hizo su fugaz aparición en un barrio de Caracas en el que le decían que ya Hugo Chávez le ganaba, registramos el mismo sabor que dejó aquella famosa noche de 1988 cuando Eduardo Fernández, el competidor de diez años después, pernoctó muy anunciadamente en un rancho de un barrio de la capital. Es el sabor de lo postizo, de lo artificial. Y es que la tragedia copeyana del apoyo a la Srta. Sáez tiene un causante original en Eduardo Fernández. Es precisamente Eduardo Fernández quien inaugura en COPEI la hegemonía de la manipulación vacía e insubstancial de la psiquis de los Electores con su campaña de “El Tigre” de hace ya diez años.
Mucho se ha hablado de la bajísima credibilidad política de Eduardo Fernández. La mayoría de los analistas atribuye ese rasgo a la propensión fernandista de querer estar bien con todo el mundo. Hay entre sus compañeros de partido quienes aseguran que si Eduardo Fernández llegase a ser algún día Presidente confrontaría muy graves problemas a la hora de juramentar sus ministros, pues en ese momento se presentarían cientos de personas persuadidas de que Fernández les había prometido un puesto en el gabinete.
Pues en esto de la blandengue indefinición la Srta. Sáez es también hermana gemela de su derrotado contendor. En lo cosmético de su aproximación, en su fofa postura de transacción y aceptación de cualquier apoyo, la Srta. Sáez parece ser el clon de Eduardo Fernández y, como él, está destinada a ser rechazada rotundamente por el electorado.
Es pues un resultado doblemente negativo y profundamente irónico para Fernández: ser derrotado en el seno del partido que alguna vez le siguió ciegamente, por una ex Miss Universo que reconoce haber aprendido de él y que ahora le supera en sus enseñanzas de cosmetología política y en su medrar. Castigo de Dios, Dr. Fernández, por haber botado en 1988 la real posibilidad de un avance substancial en la política venezolana, al sacrificar lo fundamental por lo cosmético, al encarnar a conciencia la insinceridad.
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por Luis Enrique Alcalá | May 9, 1998 | Artículos, Política |
Venezuela debe hacer esfuerzos especiales para integrarse, ya no económicamente, sino políticamente, en un conjunto afín de escala superior.
Al menos desde 1984 he hablado y escrito acerca de la insuficiencia constitucional venezolana en cuanto a su razón de Estado. Mientras se mantenga la discrepancia de escala entre Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica, o Europa, o China, o Rusia, o Australia, nuestro país experimentará considerables dificultades, prácticamente insalvables, para interactuar con tales bloques en condiciones, no que sean, digamos, ventajosas para nosotros, sino que no nos sean desventajosas.
En cambio, es posible visualizar un buen número de ventajas de una inserción de Venezuela en un Estado de orden superior. La población de Venezuela no reviste la magnitud necesaria para el desarrollo eficiente y sano de un esquema liberal o neoliberal, que en todo caso, siendo proposición para lo económico, no contiene respuestas suficientes a lo político. Por otra parte, las economías de mercado se han revelado como más naturales y productivas que las economías sujetas a un excesivo control o dominación estatal. ¿Qué nos indica esto? Que es necesario adquirir una escala de mayor magnitud, similar a la de economías como la norteamericana, o la europea.
El nombre de integración, para designar el tipo de asociación preferible, es ciertamente inadecuado. La palabra integración tiende a producir la imagen de un todo homogéneo, en el que las peculiaridades nacionales quedarían borradas. La imagen correcta es la de una confederación de carácter político, que corresponda, en términos generales, al modelo norteamericano. La unión política estadounidense estableció, por el mismo hecho de su construcción, la unión económica, pues estableció el libre tránsito de personas y de bienes por todo el territorio de su confederación.
En cambio, el camino intentado, una y mil veces en América Latina—ALALC, ALADI, Pacto Andino, SELA, MERCOSUR, etc.—sin éxito apreciable, es el de arribar a la integración política por la etapa previa de la integración económica; esto es, el modelo de la Comunidad Económica Europea.
Para los europeos esto tenía mucho sentido. Los componentes nacionales a ser ensamblados, en muchos casos, habían sido, cada uno por separado y cada uno en su oportunidad, primeras potencias mundiales: España primero, luego Francia, Inglaterra, Alemania… No era fácil para los estados europeos aceptar el hecho de una integración política justo al salir de la II Guerra Mundial, cuando se planteó como primera asociación la Comunidad Europea del carbón y del acero. Esto sin contar con las dificultades derivadas del hecho simple de su profusa variedad de idiomas.
El 2 de agosto de 1993 el esquema integracionista europeo, ya debilitado por la poco entusiasta -hasta difícil- aprobación del Tratado de Maastricht por parte de varios de los países de la Comunidad, recibió un golpe de importante magnitud. La especulación monetaria desatada contra las monedas de Francia, Dinamarca, Bélgica, España y Portugal, como consecuencia de la negativa del Bundesbank a las peticiones de reducción de su tasa de interés clave, pareció descarrilar el programa previsto para la unificación monetaria europea: la meta de una única moneda europea hacia 1999.
Al mes siguiente, Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía líder de la llamada escuela de Chicago, se expresaba en los términos siguientes: “Si los europeos quieren de veras avanzar en el camino de la integración, deberían comprender que la unidad política debe preceder a la monetaria. El continuar persiguiendo algo que se acerca a una moneda común, mientras cada país mantiene su autonomía política, es una receta segura para el fracaso.” (Entrevista en la revista L’Espresso, 26 de septiembre de 1993).
Ése es el negocio que se plantea a nuestro Estado. Se trata de adquirir la escala que permite que Inglaterra nos trate como trató a China en el caso de Hong Kong, y no como nos trató a nosotros en esequiba materia o como malvinamente ha tratado a la Argentina.
Si seguimos en esto, en lugar del modelo de integración europea, el modelo norteamericano de 1776, estaríamos estableciendo una confederación que en principio sólo requeriría que sus miembros confiaran a un nivel federal tres potestades—representación ante terceros, defensa militar ante terceros y emisión de moneda—mientras que retendrían “toda su soberanía, libertad e independencia, y todo poder, jurisdicción y derecho, que no sea expresamente delegado a los Estados Unidos reunidos en Congreso por esta Confederación”. (Texto del segundo artículo de los Artículos de Confederación de los Estados Unidos de Norteamérica, documento constitucional primario anterior a su Constitución actual).
Supongamos que un concepto así fuese del agrado de los Electores venezolanos. ¿No debería preverse en nuestra Constitución un mecanismo de acoplamiento, como el que hubo que prever para que pudieran acoplarse en el espacio una nave Apolo norteamericana con una Soyuz soviética? ¿No sería esto un concepto que sería imposible concebir como una simple modificación de la Constitución de 1961? Evidentemente se trata de un concepto de Estado, de una razón de Estado radicalmente diferente. Por tanto, se trata de una nueva Constitución y el Congreso no tiene facultades para redactarla, pues excede sus funciones introducir conceptos constitucionales que no sean una simple modificación de la Constitución vigente.
Es decir, necesitaríamos convocar un órgano constituyente explícitamente facultado para la tarea de dotarnos de una nueva Constitución, la que los Electores tendríamos que aprobar en último término a través de un referéndum.
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por Luis Enrique Alcalá | May 2, 1998 | Artículos, Política |
Entre las razones para oponerse a la convocatoria de una constituyente está la resistencia a considerar al texto del 61 como desechable, sobre todo en cabeza de quienes, hoy todavía vivos, consideran que como constituyentes de esa época, hicieron un buen trabajo y arribaron a una muy buena constitución hace ya casi 35 años. Es muy explicable esta postura en quienes fueron proponentes o redactores de las provisiones constitucionales de 1961, pero su impresión de que la constitución que compusieron era muy buena es perfectamente compatible con la noción de que hoy en día requerimos otra.
La Constitución Nacional vigente era, en efecto, considerada muy buena para comienzos de la década de los 60, momento en el que eran inadvertibles muy poderosos procesos sociales que posteriormente modificaron profundamente la anatomía y la fisiología de las sociedades políticas en muchas partes del planeta. No era exigible a los legisladores del 61 la previsión del significado de lo ecológico, cuando el propio Hermann Kahn, el supergurú de los futurólogos de entonces, ignoraba la dimensión ambiental en su biblia de 1966: The Year 2000. No era exigible al Congreso de 1961 que anticipara el impacto que el desarrollo de la informática llegaría a tener sobre los modos humanos de tomar decisiones, cuando en 1961 todavía no existían las técnicas de miniaturización que darían paso a los microtransistores de hoy.
Es así como un legislador o político actuante en 1961 pudiera muy bien entender la necesidad de una constitución ulterior, sin que por eso deba perder el orgullo por un trabajo bien hecho en aquel importante año de la democracia venezolana. No es sino después de esa fecha que una nueva concepción del universo, la vida y la sociedad, comienza a formarse con el auxilio de las interpretaciones de la teoría de la complejidad—teoría del caos, teoría de la autorganización de los sistemas complejos, geometría fractal. (La computadora en la que el reconocido pionero de este vastísimo y penetrante paradigma, Edward Lorenz, halló el motivo para su revolución conceptual en los modelos del clima atmosférico ni siquiera había sido adquirida a la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez). La gigantesca transformación societal de las últimas tres décadas no estaba en los mapas de los mejores predictores de 1960.
Pero la razón última y más poderosa para oponerse a la culminación de un proceso constituyente—descripción de Arturo Sosa S.J.—es la pérdida de poder o de vigencia que una asamblea constituyente pudiera acarrear a los detentadores del poder político establecido. Este es precisamente el concepto que anima al candidato Chávez, quien quiere disolver el Congreso que resulte electo en 1998 para suplantarlo por una Asamblea Constituyente. De hecho, este mismo órgano podría hacer por Chávez el trabajo de disolución.
En efecto, una Asamblea Constituyente legítimamente constituida tiene precedencia absoluta sobre cualquier otro género de poder político, incluyendo el Congreso y el mismo poder Ejecutivo Nacional, y puede prescindir de éstos si así lo estima conveniente. Es por tal razón que antes hemos propuesto la idea de un Senado Uninominal Constituyente, para conjugar las siguientes tres condiciones: primera, un tamaño compacto; segunda, la representación uninominal; tercera, la suplantación de al menos una de las dos Cámaras legislativas de la actualidad, con lo que se añade a la facultad constituyente el carácter de cámara legislativa ordinaria, con veto sobre la legislación procedente de los diputados y por otra parte se ofrece todavía una participación al «ancien régime» como posibilidad transicional de adaptarse o preparar su cesantía.
Debe disponerse que el órgano constituyente esté asistido por una secretaría técnica que prepare un texto básico de Constitución Nacional, lo que puede también aliviar la carga de la asamblea. En la composición de esta secretaría técnica, cuya tarea primordial debe ser, entonces, la preparación de una suerte de “metaconstitución”, a ser desarrollada luego dentro de todo su ropaje jurídico, debe evitarse la confusión con una consultoría jurídica o una comisión asesora de juristas. El trabajo constituyente es mucho más que un acto de técnica jurídica, por lo que debe formarse tal secretaría con expertos de áreas diversas, principalmente con personas idóneas en materia de diseño organizacional, de sistemas, de percepción científica del proceso civilizatorio de esta etapa de la humanidad. Los juristas tendrán su puesto, sin duda imprescindible, pero no deberán dominar el proceso de la redacción constitucional.
Tampoco resulta recomendable el establecimiento de un órgano constituyente sin que pueda proporcionársele un texto o documento base, puesto que un diseño coherente del Estado no puede darse en el debate atomizado de un grupo relativamente numeroso de inteligencias, por más que éstas hayan sido puestas allí en unas elecciones uninominales de procedimiento inobjetable
No hay, pues, razones de peso para continuar negando la posibilidad de una Asamblea Constituyente en Venezuela. Al contrario, hay razones poderosísimas para apresurar su diseño, su convocatoria y su elección. Auxiliada técnicamente, puede proveernos la salida orgánica que precisa el país, con relativa rapidez, si es que se franquea el paso a nuevas concepciones y nuevos orígenes de la legitimidad.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 29, 1998 | Artículos, Política |
Hace ya tiempo que asenté la convicción de que una de las más esenciales y democráticas instituciones sociales es la institución del jurado, la del juicio por pares, que pone en manos de los ciudadanos iguales a uno la terrible responsabilidad de determinar la culpabilidad de un indiciado en un juicio penal. Naturalmente, el jurado es un grupo de personas, un cuerpo colegiado cuyo tamaño varía, pero que usualmente se compone de doce ciudadanos elegidos con sumo cuidado, celo que es garantizado por muy elaboradas y consideradas prescripciones desarrolladas a lo largo de los siglos.
Pero he aquí que el lunes 20 de abril leo, como todos los días, el diario El Nacional y me encuentro con que un jurado unipersonal, un Jurado que es además Toro, emite un veredicto condenatorio de la periodista y profesora Marta Colomina, por el terrible y doble delito de manifestar abiertamente su desacuerdo y su crítica respecto de la candidatura de una ex Miss Universo y de haber deslizado algún comentario ante la proposición de aclamar la candidatura de quien hace no mucho yo llamé Miss Titanic. (Por aquello de lo inundible del legendario transatlántico).
No sé quién es el Sr. Jurado Toro. No guardo en mi memoria dato alguno sobre su trayectoria, ni he leído ninguna de las obras que dice haber publicado, aunque puedo decir que tampoco tengo apetito por leerlas, pues si su artículo contra la profesora Colomina es un botón de muestra, está muy claro que escribe bastante mal. Y tampoco siento necesidad de averiguar de él más nada. Soy poco dado a ese falacioso modo de argumentar ad hominem, que en vez de descalificar las argumentaciones a las que uno se opone, procede en cambio a descalificar a quien las profiere.
Pero tengo que desmentir rotundamente las muy amargas y retorcidas aseveraciones del Sr. Jurado Toro, porque creo que Marta Colomina no debe descender al defectuoso nivel de razonamiento del articulista de marras. Toca a nosotros defender de la estulticia a quien es hoy por hoy una cátedra cotidiana de la comunicación asentada sobre firmes principios éticos.
Primero. Ignoraba que fuese censurable ser español-catalán, nuevo grupo étnico que Jurado Toro parece aborrecer y que incluye unos cuantos nombres egregios, como los de Casals y Gaudi, o el de Grases entre nosotros, por escoger tres de una lista interminable. ¿Es que los apellidos Jurado y Toro son apellidos no españoles? ¿Son alemanes o japoneses acaso? Que se esgrima un origen de nacimiento como descalificación, en momentos cuando el mundo construye aceleradamente una civilización planetaria, constituye una abominable y muy obsoleta postura chauvinista.
Luego Sr. Jurado-Toro, no es precisamente por “posiciones acomodaticias” por las que Marta Colomina es conocida. Por lo contrario, me consta, como a muchos otros, su valiente rechazo de ofertas monetarias de quienes creyeron que podrían comprar su silencio ante la banal candidatura de la Srta. Sáez, lo que les hizo luego cambiar las ofertas por amenazas. Y me consta también de otras valerosas actuaciones que el espacio me impide detallar y cuya relación no hace la más mínima falta.
Es cierto, Sr. Jurado-Toro, que la profesora Colomina fue acusada por presuntos delitos de salvaguarda en su conducción de Venezolana de Televisión. Pero ¿sabía Ud. que por decisiones unánimes del Tribunal Superior de Salvaguarda y la Corte Suprema de Justicia Marta Colomina fue absuelta absolutamente de toda culpa al demostrarse la insustancialidad de todas las acusaciones? ¿Sabía Ud. que entre los “honestos trabajadores” que despidió se encontraban con facilidad parásitos y reposeros que la amenazaron con vengarse de su, otra vez, valiente decisión de separarlos de la teta pública? Ojalá, Sr. Jurado-Toro, hubiera más funcionarios públicos con la dignidad y el valor de la profesora Colomina.
Y puedo certificarle, Sr. Jurado-Toro –¿venezolano-oriental, venezolano-maracucho, venezolano-llanero?– porque conozco al doble fruto de la maternidad de Marta Colomina, que no hay abandono de su papel de madre, ni tampoco de los otros papeles que Ud. dice ella ha abandonado, como pueden atestiguar, por ejemplo, sus muchos discípulos y discípulas de la universidad. Yo conocí a sus hijas primero que a Marta Colomina, y por su excepcional calidad humana y profesional ya pude suponer la excepcional calidad de la madre. Si sus hijas llegasen a leer sus desacertados denuestos estoy seguro que preferirían la risa a la indignación, tan absurdas son las acusaciones que Ud. endilga a una madre a la que adoran.
De resto, Sr. Jurado-Toro, Ud. debe estar muy solo en la apreciación de que Marta Colomina importuna a los venezolanos a través de la prensa y la televisión. (Se le olvidó la radio). No Sr. jurado unipersonal: más bien Marta nos oportuna. Más bien Marta nos ilustra y nos guía. Si hay algo bueno en el periodismo de los últimos años en Venezuela eso es lo que ha venido escribiendo y diciendo Marta Colomina. Como es evidente que Ud. mismo no logra encontrar otro mérito que no sea el cosmético en la candidata que Ud. desea aclamar. Ud. no ofreció otro argumento que no fuese el de que la Srta. Sáez es “la mujer más bella, admirada y conocida de la Venezuela actuante” y el de que ostenta una “elegantísima manera de vestir”. ¿Es que puede Ud. darse cuenta de su propia indigencia argumental?
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 26, 1998 | Artículos, Política |
Continúa muy movido el pelotón de candidaturas presidenciales. El Consejo Nacional Electoral registra ya más de una treintena de violaciones a la novísima Ley del Sufragio y la Participación Política, sin que los candidatos se den por aludidos cuando se les reconviene al respecto. Henrique Salas Römer ofreció incluso declaraciones en las que admite haber violado la ley, sólo que se opone a que le apliquen las sanciones previstas solamente a él.
Así las cosas, todos se mueven en la escena candidatural al tiempo que las ideas programáticas brillan por su ausencia. El mismo nombrado Salas, recientemente entrevistado sobre su programa, confesó no tenerlo aún por escrito, aunque al menos esbozó sus líneas principales: descentralización, despartidización, desmarginalización. Antes, el 3 de diciembre pasado, había participado en un foro ante estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello y el diario El Universal, al día siguiente, recogía así una parte de su intervención: “Dijo que Venezuela requiere un modelo político distinto, que admitió no saber con certeza cuál es…” A confesión de parte…
De Irene no sabemos mucho en materia programática, salvo que ha reclutado para su elaboración la asesoría de la firma de consultores norteamericanos McKinsey, y que pronto presentará sus ideas económicas ante audiencias gremiales de la economía—Fedecámaras, Consecomercio y otras por el estilo. Parece considerar entonces que estas cosas no son como para explicárselas a los Electores directamente, sino que tienen que ser presentadas a las cúpulas empresariales.
Igual ruta cupular ha seguido el precandidato adeco Luis Alfaro Ucero. Con su proposición de “pacto nacional” ha ido en peregrinación ante Fedecámaras, otra vez actuando como si el problema electoral fuese de cúpulas y no de Electores. Por cierto, una lectura del documento de Acción Democrática al respecto revela un texto tépido, que no estimula a votar a nadie, lleno de diagnósticos resabidos y parciales, y de seudoproposiciones tan poco concretas como la de “derrotar la inflación”.
No hay nada claro tampoco en la oferta programática de Claudio Fermín, quien se ha venido a pique aceleradamente, en emulación del hundimiento de Miss Titanic. Los Electores le cobramos ahora su tardía definición ante el movimiento del delincuente Carlos Andrés Pérez. Hasta enero de este año parecía haber aceptado ser el candidato de Apertura. (Apoyo con el que también jugueteó Salas Römer por unos dos años al menos).
Mientras tanto Hugo Chávez puntea temporalmente las encuestas y asegura tener un programa listo, del que a veces escuchamos esotéricas formulaciones como las de un “programa de desarrollo pentasectorial” y su reiterada oferta de una constituyente—tema que queda claramente fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, que es por lo que él hace campaña. De resto asistimos sorprendidos a su explicación de la asonada del 4 de febrero de 1992 como un intento por resarcir al espíritu de Bolívar, pues el Libertador había dicho que sería un infeliz ejército aquél que apuntara sus armas contra el pueblo, cosa que Chávez indica que Pérez habría ordenado ante la emergencia del 27 de febrero de 1989. Esta nueva explicación de Chávez es una flagrante mentira: durante su prisión en Yare declaró que la rebelión de 1992 estuvo en preparación desde siete años antes de esa fecha. Así, para la época del 27 de febrero ya Chávez y su grupo llevaban cuatro años conspirando.
En resumen, un mercado electoral en el que, lamentablemente como siempre, el Elector es ignorado y los programas no existen, no están escritos o se presentan sólo a los componentes de las cúpulas tripartitas.
Toca entonces a los Electores hacer patente su exigencia de una mayor seriedad y un mayor respeto por parte de los candidatos. Acá hay un papel importantísimo a desempeñar por los comunicadores sociales, en representación de los Electores. Es útil y sano que monten un asedio sobre los candidatos; un verdadero acoso para que éstos expongan a la opinión general sus tratamientos a los más importantes problemas de carácter público. Un acoso que no les permita salirse de la suerte con eslóganes o frases hechas, con meras enumeraciones o caracterizaciones de los problemas de nuestra sociedad.
Mientras no ocurra esto veremos el ascenso de Chávez, quien ha sustituido a Sáez como vehículo del descontento de los Electores. El miedo que Chávez genera ha servido para que la evidencia del desplome de Miss Titanic ponga a más de un empresario a ofrecer su apoyo a Salas Römer. Cuando éste toque su techo correrán de nuevo a buscar la salvación en el candidato de Acción Democrática, y si este partido postula finalmente a Alfaro Ucero probablemente en vez de correr tendrán que encaramarse. Ya hay quien abiertamente así lo proclama. La tarde que Alfaro Ucero fue a Fedecámaras a presentar el documento del “pacto nacional” mostró también una lista de empresarios que estarían colaborando económicamente con Chávez. Un empresario que estaba en el auditorio preguntó si su nombre figuraba en la lista, a lo que Alfaro contestó negativamente. El empresario en cuestión dijo entonces: “Pues anóteme, porque yo estoy contribuyendo con la campaña de Chávez”.
Independientemente de la capacidad y seriedad de Alfaro—cosa que hasta Herrera Campíns reconoce—su figura llegaría a ser, como en otro tiempo la de Eduardo Fernández, la encarnación justa de lo que los Electores rechazan. A Chávez no puede oponérsele con éxito ningún candidato que pueda ser percibido como formando parte del establishment que ha conducido al país en las últimas décadas. O Acción Democrática, unida con Convergencia y el MAS sensato, encuentran el modo de apoyar a un verdadero outsider, o tendremos a Chávez como presidente.
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