por Luis Enrique Alcalá | Sep 19, 1998 | Artículos, Política |
El 2 de agosto de 1993 el esquema integracionista europeo, ya debilitado por la poco entusiasta—hasta difícil—aprobación del Tratado de Maastricht por parte de varios de los países de la Comunidad, recibió un golpe de importante magnitud. La especulación monetaria desatada contra las monedas de Francia, Dinamarca, Bélgica, España y Portugal, como consecuencia de la negativa del Bundesbank a las peticiones de reducción de su tasa de interés clave, pareció descarrilar el programa previsto para la unificación monetaria europea: la meta de una única moneda europea hacia 1999.
Al mes siguiente, Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía líder de la llamada escuela de Chicago, se expresaba en los términos siguientes: “Si los europeos quieren de veras avanzar en el camino de la integración, deberían comprender que la unidad política debe preceder a la monetaria. El continuar persiguiendo algo que se acerca a una moneda común, mientras cada país mantiene su autonomía política, es una receta segura para el fracaso.”
Hace unos años el tema integracionista, en nuestras latitudes, estaba entendido como latinoamericano. La base cultural y el importante grado de comunidad histórica de los latinoamericanos era el criterio predominante. No estaba lejos de incluso los españoles, la idea de una “reconstitución” de los antiguos dominios del imperio. En 1984 (junio) Juan Tomás de Salas, el editor de la revista Cambio 16, y comentando una visita del presidente Alfonsín a España, editorializaba así: “Si Argentina y España consolidan sus regímenes democráticos, resuelven sus apuros económicos actuales y empiezan a andar por la historia con normalidad, en muy poco tiempo tocarán a su fin dos siglos de impotencia en el área de lo que fue el viejo imperio español”… “Pensando en grande, pensando así, la suerte del Presidente Alfonsín en Argentina es, de algún modo, nuestra propia suerte. Si allí se consolida la libertad, la nuestra se fortalece de inmediato; y si Argentina fracasa, nosotros fracasamos también.”
Poco tiempo después España se alejaba de esa añoranza y entraba, primero en la OTAN, luego en la Comunidad Económica Europea. Ahora es México que convino en conformar con los Estados Unidos y Canadá un gran bloque económico al norte del continente americano. Por esto el criterio cultural como el predominante en una idea de integración política se ha debilitado. Hoy resulta más natural la consideración de un criterio geopolítico y, sobre todo, ecológico.
América del Sur es geográficamente un continente distinguible de Norteamérica. No en vano es tratado así en la costumbre geográfica de los Estados Unidos. Es un continente caracterizado por la mayor variedad ecológica y biológica, si se le compara con el resto de los continentes. Es el continente que se despliega sobre la gama más amplia de latitudes. Es el continente que produce más de la mitad del oxígeno del planeta. Es el cuarto más grande de los continentes, con una superficie total de 17 millones 800 mil kilómetros cuadrados, o un 12% de la superficie terrestre del planeta.
Como espacio geopolítico y ecológico, pues, tiene sentido pensar en su organización política de conjunto. Y tiene sentido en momentos cuando asistimos a la manifestación del intento de NAFTA en Norteamérica, del intento de la Comunidad Europea, de los reacomodos que ya se han producido en el área asiática. Tiene más sentido aún si consideramos que el mundo va hacia una planetización política, en la que la coexistencia de culturas diversas será una realidad. América del Sur puede ser una maqueta de este proceso más amplio de integración, pues además de la obvia presencia de la cultura latina, incluye a los pueblos de las distintas Guayanas y a los de las Malvinas. (Si es que no incluyésemos también a las Antillas Neerlandesas o a Trinidad y Tobago).
Pero América del Sur incluye a Brasil, y su escala no debe ser ignorada. Por esto no deja de ser una idea a considerar, antes de un pacto continental de América del Sur, la conformación de una república boliviana, de la verdadera Bolivia, la amplia.
Definida como el territorio que Bolívar liberó de la corona española, esa república es un hexágono abierto que abarca desde los límites superiores de Panamá hasta los inferiores de Bolivia. Eso sí provee un mercado suficiente para un grado de diversificación básico y toma en cuenta las escalas de Brasil y el cono sur para formar, de un modo más equilibrado, la Organización del Tratado de América del Sur.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Sep 14, 1998 | Artículos, Política |
Es sólo muy recientemente que la “teoría de la complejidad”—que incluye la llamada “teoría del caos”—ha podido proporcionar un paradigma adecuado al tratamiento del futuro de un sistema complejo. Los primeros ejercicios analíticos de predicción eran fundamentalmente proyecciones en línea recta. (La estadística había proporcionado la herramienta de la “regresión lineal”, mientras el “determinismo histórico” de las doctrinas marxistas contribuía a esa opinión de que el futuro era único e inevitable). Obviamente, sólo pocos fenómenos pueden ser adecuadamente descritos como una línea recta.
El reconocimiento de la multiplicidad del futuro llevó, más tarde, al desarrollo de la técnica de “escenarios” (principalmente por la Corporación RAND, en la década de los sesenta), en los que se exponía intencionalmente un conjunto de descripciones diferentes del futuro en cuestión. Sin embargo, aun la técnica de escenarios tiende a estar asociada con una percepción del problema en forma de “abanico” de futuros, según la cual se presume una continuidad de la transición entre los distintos futuros, al desplazarse por el área continua del abanico. Este modo de ver las cosas supone, por tanto, una enorme cantidad de incertidumbre, pues los futuros serían, en el fondo, infinitos.
El formalismo matemático sobre el que se asienta la teoría de la complejidad, en cambio, permite describir el futuro como una estructura arborificada o ramificada, como una arquitectura discontinua en la que unos pocos futuros posibles actúan como cauces o “atractrices” por los que puede discurrir la evolución del presente. Los sistemas complejos, como el clima, la ecología o la sociedad, se mueven a lo largo de unos pocos cauces. El futuro, entonces, no está compuesto de una variedad infinita de escenarios. Son tan sólo unos pocos cursos, carriles o cauces—sus atractrices–—los que conducen el cambio de un sistema complejo. Son, por ejemplo, unos pocos conductos los que están desaguando el caudal político venezolano, y si esto es así la incertidumbre viene siendo algo menor de lo que habitualmente se supone. Hay incertidumbre, naturalmente, pero al menos podemos estructurarla, al menos conocemos la forma general del delta de los cauces políticos en Venezuela a fines de 1998.
Las atractrices estúpidas
Entre los venezolanos de posición social dominante, política o económica, hay una cierta división de percepciones respecto de los resultados en las próximas elecciones presidenciales. Hay quienes piensan que el triunfo electoral de Chávez Frías es inevitable. Hay quienes aún esperan algún tipo de sorpresa, algún reacomodo, alguna emergencia que niegue la posibilidad de Chávez Frías en la Presidencia de la República.
Y entre los primeros hay asimismo una subsiguiente ramificación. Está la rama de quienes se resignan al hecho y preparan como pueden su red de seguridad: dólares afuera, principalmente. Está la rama de quienes creen que es posible controlar o influir a Chávez Frías, o que por lo menos que es posible evitar ser decapitados. Le adulan recomendándole un cambio de imagen y le compran decenas de trajes de precio millonario de un conocido sastre caraqueño; le ofrecen cenas íntimas; le entregan millones de bolívares; le ponen a su disposición aviones que lo trasladen en sus giras.
Luego está una tercera rama, la más estúpida de todas, de los que han cruzado la raya de la inmoralidad política y se creen autorizados a emplear medios criminales para impedir el triunfo de Chávez Frías. Esta rama tiene a su vez tres ramitas: el asesinato, el fraude electoral, el golpe “preventivo” antes de las elecciones nacionales, contando con el tumulto justificador que las regionales establecerían a partir del 8 de noviembre. (Una semanita después). De todas las atractrices estúpidas ésta es la más fuerte y recrecida.
Tiene que haber en estos momentos la conformación de un plan de esta naturaleza: antidemocrático, abominable, estúpido. Hay demasiados signos de que esto es así.
Más a futuro, otra pequeña rama aspira surgir: un golpe de Estado “curativo” una vez que Chávez Frías esté en el poder y haya producido, previsiblemente, efectos allendistas.
Pero hay todavía otra esperanza para quienes han colocado sus apuestas sobre la mesa de las elecciones regionales: que un triunfo de Acción Democrática, similar al que obtuvo en las elecciones de 1995, opondría un muro de contención regional al poder central de Chávez Frías, y hay quien no descarta que esta línea divisoria sería la que separaría a los eventuales contendientes de una guerra civil: los poderes “locales” (de todos modos son controlados centralmente por el cogollo y el caudillismo adeco) frente a Chávez Frías, quien claramente prefiere un Estado fuertemente centralizado, con policía única nacional.
Los modos de pensar de quienes transitan por estos cauces son realmente defectuosos. La democracia está amenazada, dicen, por Chávez Frías, y para evitar este daño es preciso interrumpirla antes de que él lo haga. Bárbara Tuchman empleaba como ejemplo de insensatez política la declaración más citada de la guerra de Vietnam. Un mayor norteamericano justificaba que se hubiera arrasado un pueblo vietnamita del siguiente modo: “Se hizo necesario destruir el pueblo con el objeto de salvarlo”.
Las atractrices electorales
Para propósitos de la elección presidencial—no para otras instancias políticas—puede considerarse hoy que tres de los cinco candidatos presidenciales están ya técnicamente fuera de juego: Alfaro, Fermín, Sáez. Aclaro más. Alfaro Ucero y Acción Democrática continuarán siendo muy importantes factores políticos. Sáez Conde y COPEI, en menor medida, y sólo si la candidata señorita declina antes de ser contada, como modo de preservar algo de su muy disminuido capital político. Fermín, pienso, tendría que reinsertarse en otro sitio. Buscar más adelante, tal vez, una gobernación para comenzar de nuevo. Pero lo que es para las elecciones presidenciales ninguno de ellos cuenta como candidato viable.
La atractriz electoral de mayor cauce, por ahora, es sin lugar a dudas la de Chávez Frías. Le sigue, con caudal en apariencia creciente, la atractriz de Salas Römer, pues es el único con potencial de aglutinar, más que un entusiasmo con su discurso, el fuerte rechazo y el temor que Chávez Frías genera. Y queda todavía un pequeñísimo cauce, un tubo capilar casi, que proporciona el Artículo 151 de la Ley del Sufragio y Participación Política: “…en caso de candidatos ya postulados que por muerte, renuncia, incapacidad física o mental o por cualquier otra causa derivada de la aplicación de normas constitucionales o legales deben ser retirados, se admitirán las correspondientes sustituciones”. O sea, todavía puede darse un candidato sorpresivo de última hora. Esto es lo que había anunciado en público primero que nadie Pompeyo Márquez y luego quiso capitalizar Eduardo Fernández.
Para que una sorpresa de este tipo fuese realmente viable varias condiciones tendrían que llenarse. Entre ésas una es absolutamente indispensable: el candidato emergente no puede ser percibido por los Electores como alguien que de un modo u otro ha formado parte de la configuración del poder prevaleciente. Es decir, habría que olvidarse de Giusti, Ramírez León, Ledezma, del mismo Fernández. No podría ser viable sino un verdadero outsider.
Hace unos cuantos años ya se quería estimular a un cierto organismo público para que se atreviese a formular aunque fuese un proyecto audaz entre un nutrido conjunto de proyectos convencionales. Para esto se le planteó la siguiente parábola de la ruleta. Un jugador racional que dispone de mil bolívares—hace 18 años era una cantidad no despreciable—haría bien, primero que nada, en reservar la mitad y arriesgar al principio sólo quinientos bolívares. Y estos quinientos debiera colocarlos así: la gran mayoría, digamos cuatrocientos cincuenta, en apuestas de mayor probabilidad: rojo, negro, par, impar. Pero debiera poner un poquito, unos cincuenta bolívares, en un pleno: el diecisiete negro, por ejemplo, puesto que si pierde será poco, pero si gana el factor multiplicador del pleno es muy considerable.
Así que ante estas atractrices electorales los colocadores de recursos que, muy correctamente, consideran que Chávez Frías es un retroceso y un peligro totalmente inadmisibles, debieran considerar el mismo protocolo: reservar quinientos por si acaso; invertir cuatrocientos cincuenta en Salas Römer; guardar cincuenta para la eventualidad de un pleno sobre el Artículo 151. LEA
_____________________________________________________
por Luis Enrique Alcalá | Sep 13, 1998 | Artículos, Política |
La constituyente es sólo un argumento electorero de Chávez Frías, dice un candidato (Salas Römer) que se opone a la idea. Falso. Chávez Frías se incorpora a un “frente amplio pro constituyente” desde 1994. No es su postura ante el punto exclusivamente electoral. En su grupo, por lo demás, destacan entre otros Manuel Quijada y Luis Miquilena, quienes acompañaban las peticiones de Juan Liscano y su “patriótico” frente desde 1989.
Nosotros propusimos la constituyente en 1992, dicen otros (Brewer-Carías, Alvarez Paz), como queriendo mostrar que la idea no es propiedad exclusiva de Chávez Frías. Mal ejemplo. Chávez Frías podría contestar con toda comodidad: “Precisamente; Uds. la propusieron después de mi alzamiento. Hasta entonces no habían abierto la boca. Es el miedo que les causé lo que les llevó a hablar de constituyente”.
Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: ““Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.
La constituyente tiene poderes absolutos, tesis de Chávez Frías y sus teóricos. Falso. Una asamblea, convención o congreso constituyente no es lo mismo que el Poder Constituyente. Nosotros, los ciudadanos, los Electores, somos el Poder Constituyente. Somos nosotros quienes tenemos poderes absolutos y no los perdemos ni siquiera cuando estén reunidos en asamblea nuestros “apoderados constituyentes”. Nosotros, por una parte, conferiremos poderes claramente especificados a un cuerpo que debe traernos un nuevo texto constitucional. Mientras no lo hagan la Constitución de 1961 continuará vigente, en su especificación arquitectónica del Estado venezolano y en su enumeración de deberes y derechos ciudadanos. Y no renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referéndum.
La constituyente debe componerse, a lo Mussolini, corporativamente. (Chávez Frías et al). Esto es, que debe estar compuesta por representantes de distintos cuerpos o unidades sociales: obreros, empresarios, militares retirados, profesionales colegiados, eclesiásticos, etcétera. Muy incorrecto. Nuestra condición de miembros del Poder Constituyente no nos viene de pertenecer a algún grupo o corporación, sino de la condición simple y original de ser ciudadanos. Así, la mejor representación de esta condición se alcanza con la postulación uninominal de candidatos a una diputación constituyente.
La constituyente es una fórmula mágica que no resolverá el problema del costo de la vida, de la seguridad personal, de la salud, y por tanto debemos desecharla. (Úslar, Fernández, muchos otros). Falaz argumento. Un destornillador no sirve, es cierto, para peinarse, sino para ajustar y desajustar tornillos. Porque no sirve para ordenar el cabello no debo desecharla como instrumento útil a la función para la que ha sido diseñado. Y las constituciones, además, prescriben un marco legal supremo que puede facilitar o impedir la consecución de soluciones a problemas no constitucionales, como los enumerados.
La constituyente es inoportuna, estamos en crisis, no conviene añadir incertidumbre con ella. (Bunimov Parra, Carrillo Batalla, Fernández, etc.) Trampa. Nunca parecen ser oportunas las transformaciones, según algunos. Volver a posponer el cambio es aumentar todavía más la temperatura de la olla de presión, que tiene ciertamente un límite. Ese jueguito ya lo hemos jugado antes, cuando COPEI proponía separación de elecciones presidenciales y parlamentarias en 1963, 1968, 1973, 1978. Justamente, todos eran años electorales, a sabiendas de que Acción Democrática se opondría bajo la tesis de que tal cosa era inconveniente en año electoral. Luego se olvidaban del asunto. Aprovecho para recordar una vez más a Eduardo Fernández que él admitió la conveniencia de una constituyente en 1992, cuando su desazón le llevó a declarar tal cosa desde la ciudad de Valencia. Algunas memorias son frágiles.
LEA
_____________________________________________________________
por Luis Enrique Alcalá | Sep 7, 1998 | Artículos, Política |
Estoy convencido de que la política debe ser concebida como un acto médico. Es decir, en política lo realmente importante es, como en medicina, la salud del paciente. Y en política el paciente es la nación.
No debiera prevalecer el poder sobre la autoridad, aunque éste haya sido el enfoque prevaleciente en Maquiavelo—“el fin justifica los medios”—y en la Realpolitik ejemplificada por el arquetipo de Bismarck.
Se conoce a dirigentes que logran articular un discurso moralista hacia fuera, como fundamento de una búsqueda facilista de la aclamación pública, y que sin embargo , en medio de una campaña y en privado, sostienen que lo único inmoral es no ganar.
Son ejemplo clásico de la ya ineficaz postura política conocida como Realpolitik : la política realista. Su argumento límite va así: “A mí me gustaría que las cosas fuesen de otro modo, pero mi oponente, que en la práctica es todo aquel que no me está subordinado, es una persona a quien debo entender como perpetuamente en procura del engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo, y convencido de que la base de su poder descansa sobre la amenaza y el empleo de la fuerza física o la coerción económica. Es así como estoy moralmente justificado, por autopreservación, para emplear cualquier medio de ganarle; es así como estoy moralmente obligado a ganar. Lo único inmoral es no ganar.”
El político que piensa de ese modo, o que por lo menos enfatiza demasiado los aspectos egoísta y codicioso en la imagen que se forma del otro, ha comenzado a ser anacrónico, y si se sustenta es sólo por la tendencia de los pueblos a que el logro de su felicidad sea al menor costo posible. Una revolución, un cambio repentino, es recurso que los pueblos preferirían no emplear. Por eso se sostiene el político de la Realpolitik. Porque sería preferible, en vista de lo profundo de los cambios que hay que hacer, que el relevo en el mando se hiciera gradualmente, para no añadir un cambio más. Es por tal razón que los pueblos esperan, primero, que sus gobernantes aprendan y entiendan, que sus gobernantes resincronicen y favorezcan los cambios. A menos que sus gobernantes decidan no cambiar, y entonces también todo el pueblo se pasa, por un trágico momento, al bando de la “política realista”. También le ocurre a los pueblos que en ocasiones se sienten moralmente obligados a ganar por todos los medios.
Existen políticos que en efecto hacen prevalecer el poder sobre la autoridad. Un caso muy ilustrativo e ingenuo es el de un político que reunió a varios de sus amigos en su casa para manifestar, con cierta antelación, que deseaba ser presidente de su país en el siguiente período de gobierno. Se le ocurrió a alguien preguntarle por lo que haría en la presidencia y decirle que la respuesta contestaría de una vez por qué debería elegirlo el pueblo. La respuesta del autocandidato fue la siguiente persuasiva pero nada convincente declaración: “Aquel presidente que se rodee de gentes tan capaces como ustedes será un gran presidente.” Años más tarde, ya inminente candidato, volvió a buscar el consejo de quien así le había hablado, a pesar de que éste le había recordado el problema y lo había calificado de “poderoso emisor de señales políticas, que no de significados políticos.” Después de varias horas de conversación, el futuro candidato escuchó de su interlocutor la siguiente frase: “Yo creo que si la improvisación fuese admisible yo sería mejor presidente que tú.” El aludido pensó un segundo y contestó, en sorprendente buen humor y en demostración de su rapidez de recuperación: “Estoy de acuerdo, pero tú tienes que reconocer que yo tengo muchas más posibilidades que tú.” Ese político consideraba que el poder conque contaba debía prevalecer sobre la idoneidad y la autoridad del otro. Pero es claro que en la medida en que una situación sea grave, la necesidad del predominio de la idoneidad sobre el poder se hace ineludible.
Protocolo médico
Un paciente se encuentra sobre la cama. No parece padecer una indisposición común y leve. Demasiados signos del malestar, demasiada intensidad y duración de las dolencias indican a las claras que se trata de una enfermedad que se halla en fase crítica. Por esto es preciso acordar con prontitud un tratamiento. No es que el enfermo se recuperará por sus propias fuerzas y a corto plazo. Tampoco puede decirse que las recetas habituales funcionarán esta vez. El cuerpo del paciente lucha y busca adaptarse, y su reacción, la que muchas veces sigue cauces nuevos, revela que debe buscarse tratamientos distintos a los conocidos. Debe inventarse un nuevo tratamiento. La junta médica que pueda opinar debe hacerlo pronto, y debe también descartar, responsable y claramente, las proposiciones terapéuticas que no conduzcan a nada, las que no sean más que pseudotratamientos, las que sean insuficientes, las que agravarían el cuadro clínico, de por sí extraordinariamente complicado, sobrecargado, grave. Así, se vuelve asunto de la primera importancia establecer las reglas que determinarán la escogencia del tratamiento a aplicar. Fuera de consideración deben quedar aquellas reglas propuestas por algunos pretendidos médicos, que quieren hacer prevalecer sus tratamientos porque son los que más gritan, o los que hayan tenido éxito en descalificar a algún colega, o los que sostengan que a ese paciente “lo vieron primero”. La situación no permite tolerar tal irresponsabilidad. No se califica un médico porque haya logrado descalificar a otro. No se convierten en eficaces sus tratamientos porque los vociferen, como no es garantía de eficacia el que algunos sean los más antiguos médicos de la familia. El paciente requiere el mejor tratamiento que sea posible combinar, así que lo indicado es contrastar los tratamientos que se propongan. Debe compararse lo que realmente curan y lo que realmente dañan, pues todo tratamiento tiene un costo. Es así como debe seleccionarse la terapéutica. Será preferible, por ejemplo, un tratamiento que incida sobre una causa patológica a uno que tan sólo modere un síntoma; será preferible un tratamiento que resuelva la crisis por mayor tiempo a uno que se limite a producir una mejora transitoria. Y por esto es importante la comparación rigurosa e implacable de los tratamientos que se proponen. Solamente así daremos al paciente su mejor oportunidad.
Esta prescripción, este modo de seleccionar la terapéutica, con la que seguramente estaríamos de acuerdo si un familiar nuestro estuviese gravemente enfermo, debiera ser la misma que aplicásemos a los problemas de nuestra sociedad.
Venezuela es el paciente. Es obvio que sus males no son pequeños. Ya casi se ha borrado de la memoria aquella época en la que nuestros medios de comunicación difundían una mayoría de buenas noticias, cuando en la psiquis nacional predominaba el optimismo y la sensación de progreso. La política se hace entonces exigible como un acto médico. En las condiciones actuales, en las que el sufrimiento es intenso y creciente, ya no basta que los tratamientos políticos sean lo que han venido siendo.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Sep 7, 1998 | Artículos, Política |
Era el año de 1989. Viví el 27 de febrero en Caracas, donde se sintió con más fuerza el efecto, de una parte tan sólo, del inmenso dolor social que ese día se expresó en destrucción, pillaje y represión. En muertes.
Maracaibo fue la ciudad más sensata del país ese día, y su angustia fue menor. Por suerte, entonces, poco después venía a quedarme en Maracaibo, el 10 de marzo. Trabajando aquí leí a los pocos días la proposición que luego repetiría muchas veces un grupo llamado “frente patriótico”, conducido por Juan Liscano. Convocar una asamblea constituyente.
En los siguientes años el movimiento de Liscano repitió la proposición con insistencia, hasta que en diciembre de 1991, cuando faltaba poco más de un mes para el alzamiento de Chávez y Arias Cárdenas, Juan Liscano escribió un artículo que le publicó el diario El Nacional. Se llamaba “Un proyecto totalizador”, y su argumento era que hacía falta en Venezuela un proyecto o visión de país, un esquema integrador. La conclusión del artículo era, por decir lo menos, muy curiosa, pues Liscano decía que ningún actor o movimiento político había proporcionado un proyecto totalizador, ¡ni siquiera el Frente Patriótico que solicitaba a voces la celebración de una constituyente! (Eco reciente en esta declaración de Henrique Salas Römer ante estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello: “En Venezuela hace falta un nuevo modelo político, pero yo no estoy muy seguro de cuál sea ese modelo”).
En 1989 y 1990 escribí para el diario La Columna de esta ciudad y en al menos una ocasión me referí a la proposición de la constituyente. Dije en esencia que una constituyente se justificaba en función de una visión constitucional. Es decir, cuando se tiene al menos un bosquejo de constitución distinta a la que se desea reemplazar por medio de una constituyente.
En estricto sentido racional, uno define primero qué negocio va a emprender, a qué se va a dedicar su organización, y luego piensa en la estructura de ésta. No se decide tener un departamento de diseño, o de mercadeo masivo, antes de saber si serán necesarios. Por tanto, en estricto sentido racional, uno debiera tener primero ese proyecto “totalizador” –expresión, por lo demás, demasiado cercana a la de “proyecto totalitario”– y luego pensar en la constitución; y sólo si el dibujo constitucional al que se arribe por este método resulta ser inobtenible por modificación de la constitución vigente se justifica entonces una constituyente.
Pero en el sentido más amplio la idea de una constituyente es ya irreversible, y allí tendrá que comprimirse en una sola asamblea la discusión de las visiones o proyectos de país y la de las constituciones posibles.
A su salida de Yare Chávez Frías se unió a un “frente amplio pro constituyente” del que formaba parte el “patriótico” de Liscano y otros, entre los que se encontraban Manuel Quijada y Luis Miquilena, hoy en el chavismo. Pero todavía no tenemos de este movimiento ni de ninguno de sus actores la expresión clara y completa de un proyecto de país o de constitución, ni siquiera de la constituyente que piden. Exigen la herramienta sin saber explicarnos qué producto fabricarán con ella.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ago 29, 1998 | Artículos, Política |
La confusión de la herramienta con el fin explica mucho de los resultados de la política nacional. La discusión pública venezolana se halla a punto de agotar los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, que no son, en sí mismos, la solución.
Tomemos el caso, por ejemplo, de la insistente proposición de una asamblea constituyente, bandera de lucha del llamado Frente Patriótico desde 1989, asumida como lema electoral de José Antonio Cova en 1993, repropuesta por Oswaldo Alvarez Paz al término de las elecciones, voceada por Eduardo Fernández después del 4 de febrero de 1992 y prediseñada por Allan Randolph Brewer-Carías en ese mismo año, admitida como posibilidad por Rafael Caldera en su «Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela» y defendida por Hugo Chávez a partir de 1995. El problema es que el Frente Patriótico nunca presentó un proyecto de constitución, y tampoco los demás actores mencionados. Es decir, se insiste en hablar de la herramienta sin hablar del producto que ésta debe construir.
Por otra parte, el método mismo tiende a ser ineficaz. Los ideales de democracia participativa, la realidad de la emergencia de nuevos factores de influencia y poder, han llevado, es cierto, a la ampliación de los interlocutores de las «mesas democráticas» de las que debe salir el ansiado «acuerdo nacional». Así fue diseñado, por ejemplo, el consejo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), al combinar en él la presencia tradicional de líderes empresariales y líderes sindicales, con representantes de partidos, de la iglesia, de las organizaciones vecinales, etcétera. Así buscó conformarse el «Encuentro Nacional de la Sociedad Civil» organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuando su rector tomó el reto que pareció recaer, a mediados de 1992, sobre la Iglesia Católica venezolana, en respuesta a un estado de opinión nacional de gran desasosiego, que buscaba en cualquier actor o institución que pudiera hacerlo la formulación de una salida a la aguda y profunda crisis política. Pro Venezuela, la Mesa Democrática de Matos Azócar, los encuentros que organizó José Antonio Cova, el “nuevo pacto” que hace unos meses pretendió obtener Luis Alfaro Ucero, la versión paralela de Eduardo Fernández, y la constante prédica de los partidos, todos han sido intentos de alcanzar ese ya mítico gran entendimiento nacional.
La evidencia es, pues, suficiente. La oposición de intereses en torno a una mesa de discusión difícilmente, sólo por carambola, conducirá a la formulación de un diseño coherente. Es preciso cambiar de método. Y es preciso cambiar el énfasis sobre la herramienta por el énfasis en el producto.
Si la Gobernación del Zulia se encontrase ante la necesidad de construir un nuevo hospital público, seguramente no convocaría a una masiva reunión de arquitectos, médicos, pacientes, enfermeros, administradores de salud, a celebrarse en un gran espacio como el Paseo del Lago para que, «participativamente», se pusieran de acuerdo sobre el diseño del hospital. En cambio, determinaría como primera cosa, técnicamente, los criterios de diseño: debe ser un hospital para 1.500 camas, debe cubrir las especialidades tales y cuales, no debe pasar de un costo de tanto, etcétera. Una vez con tales criterios en mano, procedería a llamar a licitación a unas cuantas oficinas de arquitectura demostradamente capaces. Las oficinas de arquitectos que participaran en la licitación desarrollarían, cada una por su lado, un proyecto completo y coherente. No serían admitidas, por ejemplo, proposiciones que sólo diseñaran la sala de partos o la admisión de emergencias. Cada oficina tendría que presentar un proyecto completo. Sólo así podrían competir, la una contra la otra, en una licitación que contrastaría una proposición coherente y de conjunto contra otras equivalentes.
Este es el mismo método que debe emplearse para la emergencia de una imagen-objetivo del país o de una nueva constitución. Lo que el espacio político nacional debe alojar es una licitación política con claras reglas para la contrastación de proposiciones de conjunto.
LEA
intercambios