por Luis Enrique Alcalá | Nov 1, 2007 | LEA, Política |
Comenzando esta semana, The New York Times publicó dos preocupadas piezas sobre las más recientes baladronadas del gobierno de George W. Bush, que ahora, supremamente aburrido con Irak, ha puesto su mira sobre Irán. La primera de las piezas es nada menos que un editorial, el que hace eco de un temor creciente en los Estados Unidos: “¿Logrará el presidente Bush dejar su cargo sin comenzar una guerra contra Irán? El Sr. Bush alimenta impacientemente estas ansiedades. Este mes ha amenazado con una ‘Tercera Guerra Mundial’ en caso de que Irán logre averiguar cómo se hace un arma nuclear”.
La segunda de las piezas es un artículo del afamado columnista Paul Krugman—Fearing Fear Itself—que comienza con el recuerdo de famosas palabras: “En la mas funesta hora de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt urgió a la nación para que no sucumbiera al ‘terror sin nombre, irracional e injustificado’. Pero eso era entonces. Hoy en día, muchos de los hombres que esperan ser el próximo presidente—incluyendo a todos los candidatos con chance significativo de recibir la nominación republicana—han hecho del terror irracional e injustificado la pieza central de sus campañas”. Krugman señala como ejemplo notable el caso de Rudy Giulani, cuyo asesor en política exterior, Norman Podhoretz, sostiene que los Estados Unidos deben comenzar el bombardeo de Irán “tan pronto como sea logísticamente posible”.
Por supuesto, la retórica del gobierno de Bush pretende basar sobre la defensa de la libertad las presiones que ahora ejerce sobre Irán en preparación de una nueva guerra, para que este país abandone el programa nuclear al que reivindica derecho, y que hace mucho tiempo completaran los mismos Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte y probablemente Israel.
Ningún estado nacional en el planeta debiera tener armas nucleares; ni siquiera los Estados Unidos, el pionero y potentado del campo. Está en el interés de todo ciudadano del mundo que el arsenal íntegro de artefactos nucleares sea puesto bajo el estricto control de la Organización de las Naciones Unidas. Pudiera resultar aconsejable que se los administrase por el organismo mundial para prevenir escenarios de ciencia-ficción, como la necesidad de demoler un aerolito amenazante de la Tierra—retratada en la película Armagedón, que protagoniza el duro Bruce Willis—o repeler visitas indebidamente agresivas de marcianos o gente extragaláctica.
Pero lo que es peligrosísimo es que el mayor de los polvorines nucleares del mundo esté en manos del alucinado Bush, cuya última gracia es la de haber ofrecido inmunidad a operadores de Blackwater, compañía privada que presta servicios de seguridad al personal diplomático estadounidense en Irak, los que mataron a 17 civiles iraquíes el pasado 16 de septiembre.
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 18, 2007 | LEA, Política |
Una de las características más particulares del régimen político que ha caído sobre Venezuela es su capacidad para razonar al revés. Y una de las más destacadas maestras de tal método es la ciudadana Cilia Flores, actual Presidenta de la Asamblea Nacional.
Como sabemos, entre las modificaciones propuestas a la Constitución por la propia Asamblea Nacional—no contenidas en el proyecto original de Miraflores—está la desaparición de la garantía del debido proceso y del derecho a la información en caso de la declaración ejecutiva de un estado de emergencia. (Artículo 337). Flores ha aducido que este cambio fundamental y peligrosísimo “fue debatido en función de ‘múltiples propuestas de todos los sectores’ que pedían que, de alguna forma, se garantizara la paz de la República”. (Karina Brocks, El Universal, viernes 12 de octubre).
Flores abundó en el asunto: “Hay hechos que no podemos olvidar, como el de algunos sectores que abusando de los derechos que da la Constitución incurrieron en delitos y en un golpe de Estado en donde se posicionó una dictadura y en donde aún se reclama justicia”. Reporta Brocks: “Flores dijo que quienes planificaron el golpe de Estado planificaron también la impunidad, ‘y en función de que no haya más impunidad’ se decidió adecuar el artículo referente al Estado de Excepción, estableciendo la restricción o suspensión de garantías sin preservar el derecho al debido proceso y a la información”.
Ya esta parte de la deforme explicación es malísima. Quienes planificaron lo acontecido el 12 de abril de 2002, que es a lo que Flores se refiere, hace mucho que perdieron el poder que asumieron efímeramente, y nada ha impedido, salvo las fugas y los exilios autoimpuestos, que el gobierno procese a los responsables. Ni la falta de un debido proceso ni una mordaza a la información hubieran estorbado la impunidad que pudiera existir. Fue el asilo de Carmona Estanga en la Embajada de Colombia, y su posterior traslado a este país—no un proceso judicial debidamente llevado o la actuación de los medios de comunicación—lo que ha puesto a ese caballero fuera del alcance de la vindicta de Chávez.
El vigente texto constitucional es, en esta materia, un avance sobre lo dispuesto en la constitución de 1961, que sólo preservaba la garantía de la vida y la expresa prohibición de incomunicación o tortura y penas perpetuas o infamantes. En desarrollo ulterior, el Artículo 337 de la Constitución establece que “podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”. Con la propuesta alteración de este artículo el gobierno podría pagar y darse el vuelto declarando un estado de excepción, durante el que los ciudadanos pudiéramos ser procesados indebidamente y además estar impedidos de obtener información acerca de lo que ocurre.
En justificación de tan grave retroceso, Flores razona también en marcha atrás y afloja esta perla: “quien defienda las garantías en un Estado de Excepción es porque está pensando en desestabilizar… El que no piense en desestabilizar o dar un golpe no va a pensar que esto se va a dar nunca”.
La cosa es al revés, Srta. Flores. Es quien suprime esas garantías quien está pensando en violar el debido proceso y desconocer el derecho de los venezolanos a estar informados. Si no fuera así, si no tuviera necesidad de imposibilitar un proceso civilizado o no requiriese la desinformación del pueblo, no propondría escamotear garantías conquistadas el 15 de diciembre de 1999.
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 11, 2007 | LEA, Política |
El otro día decía el Presidente de la República, ante cámaras de televisión y la infaltable audiencia presencial de aplaudidores de franela roja, lo siguiente: “Y les digo a los médicos que se acaban de graduar, y que quieren hacer práctica privada… para mí no son médicos; son mercenarios”. Un alborozado y reptil aplauso de escenografía saludó las monstruosas palabras. No es difícil—ésta es una revolución fácil, como la demagogia—reunir audiencias de esa clase. De modo, pues, que la aquiescencia de unos espectadores sobornados, por más entusiasta que sea, no confiere en ningún caso mérito de verdad o de justicia a ninguna de las barbaridades que Hugo Chávez suele proferir.
El primer código deontológico de la humanidad, la primera especificación de deberes profesionales de las que se tenga noticia, es el Juramento de Hipócrates, que durante unos dos mil cuatrocientos años ha guiado éticamente la profesión de los médicos. Al término de su imperecedero juramento, dice el Padre de la Medicina: “Séame dado, si continúo guardando este Juramento inviolado, disfrutar la vida y la práctica de mi arte, respetado por todos los hombres en todo tiempo. Pero si lo traspaso y violo, sea lo contrario mi destino”. La práctica de ese arte era ejercida por Hipócrates como profesional independiente; era una práctica privada, y nadie tiene ni ha tenido jamás autoridad moral para tildarle de mercenario. Galeno dijo de él que había sido el médico ideal “que con pureza y santidad vivió su vida y practicó su arte”.
La institución del mercenario no es de origen médico, sino militar, que es la profesión original y única de Hugo Chávez. Por esto la primera acepción del DRAE para la palabra es: “mercenario, ria. (Del lat. mercenarÄus). 1. adj. Dicho de una tropa: Que por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero”. Claro que se ha ampliado el sentido del término, y así el diccionario ofrece esta segunda acepción: “2. adj. Que percibe un salario por su trabajo o una paga por sus servicios. U. t. c. s”. Quien hoy día ejerce la Presidencia de la República podría en propiedad ser tenido por mercenario, puesto que devenga un salario por su cargo.
Pero Hugo Chávez no pronunciaba la palabra en tono neutro sino que la empleó despectivamente, para condenar horizontalmente a todo médico que quisiera ejercer libremente su profesión. En su anatema de fanático, el mero hecho de ejercer libremente un oficio es para Chávez un feo pecado social. Su “socialismo del siglo XXI” le permite determinar a priori las clases de hombres que serían despreciables, como los profesionales libres e independientes, en especial los médicos.
Éste es el personaje que, habiendo acumulado la mayor cantidad de poder en toda la historia política de Venezuela, quiere más todavía, y busca esta ñapa a través de su proyecto de reforma constitucional. No le sacian aún los que tiene e incluso antes de tener los que ahora reclama los excede, erigiéndose en ayatollah que condena, como McCarthy o Savonarola, desde su pretendida e imposible superioridad moral.
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 4, 2007 | LEA, Política |
El diario El Universal publicó el pasado domingo 30 de septiembre dos piezas de gran claridad y valentía, ambas atribuidas al economista Luis Vicente León, el Director Ejecutivo de la encuestadora Datanálisis, que preside el sociólogo José Antonio Gil. La primera es su acostumbrado artículo dominical, que en esta ocasión dedicó a considerar las probabilidades de un nuevo éxito de Hugo Chávez con ocasión del inminente referéndum que considerará su proyecto de reforma constitucional, una vez que la Asamblea Nacional lo componga de manera definitiva. Escribe León: “…si le preguntamos a la población por los temas ‘candentes’ de la propuesta Chávez, conseguimos que éstos no logran motivar a la gente. Más de 50% rechaza la reelección continua; más de 80% cree que la propiedad privada es indispensable para generar empleos y más del 75% rechaza la idea de que sus autoridades sean nombradas a dedo por el Presidente. Bajo estos resultados, algunos analistas concluyen que la reforma perderá corrido. Ésta es una conclusión atrevida. Debemos considerar que lo que se está sometiendo a consideración no son sólo los elementos impopulares de concentración de poder. En este referéndum el Presidente agregó propuestas populares determinantes en la decisión del voto”. Luego advierte: “Miren la paradoja: durante años la oposición, siendo minoritaria, dio esperanzas falsas a su gente para motivarlos a votar y los frustró. Cuando los resultados le fueron adversos jugó a la abstención y acostumbró a una parte de los votantes a que no valía la pena participar, llenando el mercado de mitos y realidades sobre el sistema electoral. Pues ahora, cuando finalmente tiene una opción, su trabajo previo la desarma, el abstencionismo natural la entrampa y probablemente ocasionará que los resultados finales le sean tan adversos como siempre”.
La segunda pieza es una entrevista que le hace Clodovaldo Hernández. Éste pregunta: “Si la oposición reacciona, ¿podría ganar?” Responde León: “Ésta es la primera vez que la oposición tiene la oportunidad de oro para demostrar que la gente puede estar de acuerdo con Chávez pero no con todo lo que propone. Sin embargo, esta es una sociedad utilitaria y ahora es cuando vamos a ver a Chávez en acción. Por eso se muestra todos los días en cadena, entregando dinero. La estrategia será llevar a la gente a pensar que votar Sí o No es votar a favor o en contra de él. Así le endosará a la reforma parte de su popularidad. Y si todo eso fallara y el electorado siguiera dividido en partes iguales, la capacidad operativa de movilización del Gobierno el día cero es infinitamente superior a la de la oposición”. Pero apunta con mayor precisión: “Chávez sabe que la relación utilitaria no sirve para permanecer en el poder a largo plazo. Es como el amor comprado, efímero. Por eso insiste en lo ideológico. Según la última encuesta, 82% rechaza usar a Cuba como ejemplo para Venezuela, pero Chávez le cambió el nombre y ahora se llama Socialismo del Siglo XXI. Nadie, ni él, puede definirlo, pero es una branding strategy, una estrategia de marca impecable. Es como el casabe: a lo que le echas sabe”.
En el artículo, sin embargo, ha escrito, recordando por qué Carlos Ocariz no detenta el cargo de José Vicente Rangel Ávalos: “Carlos Ocariz lo entendió en carne propia cuando perdió la alcaldía de Sucre no porque era minoría, ni por que nadie lo robó, sino porque su mercado natural no votó, pensando que era imposible ganar, cuando la historia está llena de ejemplos que indican que nada, en política, es imposible”.
Por decir cosas como ésa, valiente y responsablemente, Luis Vicente León ha sido atacado estúpidamente. Clodovaldo Hernández refiere: “En 2004, León quedó accidentalmente en medio de una marcha opositora y casi lo linchan. Había escrito un artículo—sin suficiente anestesia—en el que afirmaba que la estrategia de Chávez para reconectarse con el pueblo, a través de las misiones, había sido ‘exitosísima’. En el club al que asiste, una señora recogió firmas para que lo expulsaran”. Ésta es la clase de gente que rasga sus vestiduras porque se discrimina sobre la base de la “lista de Tascón”. Lo que hay que hacer con Luis Vicente León es darle las gracias.
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por Luis Enrique Alcalá | Sep 13, 2007 | LEA, Política |
La conquista de España a manos de Roma comenzó con el desembarco de Escipión en 218 antes de Cristo. La cosa no fue fácil para quienes poco después establecerían un imperio. Los lusitanos y los celtíberos dieron la pelea. Su líder, Viriato, tuvo que ser asesinado en 139, y en 133 los romanos tuvieron que emplear un ejército de 60.000 hombres para sitiar a Numancia, una ciudad que sólo tenía 4.000 habitantes. Es decir, debieron atacar a cada numantino—hombre, mujer o niño—con quince legionarios. La superioridad numérica, un comando también superior y los vastos recursos de Roma, por supuesto, terminaron por imponer su dominio en toda la Península Ibérica. En la última fase de la prolongada campaña contra nuestros antecesores, el asalto a los Montes Cantábricos, el propio emperador Augusto condujo un total de 70.000 hombres, y debió dejar por un buen tiempo tropas de ocupación que controlasen a los díscolos iberos. Todavía para la primera mitad del primer siglo de la Era Cristiana una legión ocupaba territorio español, la que luego fue sustituida por otra que se asentó, permanentemente, en León.
En comparación con este desempeño de las antiguas tropas imperiales, el ejército estadounidense de ocupación en Irak no lo está haciendo tan mal. El general David Petraeus, comandante supremo de las fuerzas norteamericanas estacionadas en territorio iraquí, acaba de presentar un informe al Senado de los EEUU, del que pudiera deducirse que todavía quedan al menos cinco años de ocupación. No está mal: los romanos tuvieron que emplear casi tres siglos para sojuzgar a los hispanos y, si bien Petraeus comanda 90.000 soldados más que los empleados por Roma en su punto máximo, hay que tomar en cuenta que la Hispania precristiana tenía muchos menos habitantes que el Irak de nuestros días.
Petraeus, sin embargo, lanzó un caramelito a los senadores. Citando algún progreso desde el “empujón” (surge) de 30.000 tropas adicionales que fueron enviadas este año, indicó que un contingente del mismo tamaño pudiera comenzar a ser retirado a partir de diciembre, para culminar su regreso a casa en el verano de 2008. A partir de allí, dijo, no le es fácil hacer predicciones, pues la posibilidad del retiro de las tropas de ocupación dependería “de las circunstancias”.
La senadora Clinton, junto con otros senadores demócratas, expresó su inconformidad. Refiriéndose a los objetivos de todo el asunto, la precandidata presidencial observó: “Obtenemos muy poco consuelo del hecho de que la mente maestra del asesinato masivo [los ataques del 11 de septiembre de 2001] ande suelta, sin que haya sido atrapada o muerta. O de que los Talibán y al Quaeda estén resurgiendo en Afganistán. O de que su red ciertamente sea—si no una organización compacta—una confederación libre que tiene graves consecuencias para nosotros”.
El general Petraeus, obviamente, es un operador capaz, que no merece el injusto ataque de un aviso de prensa que lo presenta como el general Betray us. (El general Traiciónanos). Pero no parece ser muy esperanzador que el retiro del que habla deje las cosas exactamente en el mismo sitio que antes del refuerzo bélico de 2007: una ocupación de 130.000 hombres, la que, para empezar, nunca debió ocurrir.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ago 30, 2007 | LEA, Política |
El partido Primero Justicia, al estilo de su modelo (COPEI), no carece de abogados, aun después de la defección de Gerardo Blyde. De hecho, su líder máximo es el abogado Julio Borges, quien adquiriera fama precisamente como juez de una ficción televisiva en la que administraba justicia, sobre casos ventilados que acostumbraba transmitir la herida RCTV. A pesar de tal cosa, en más de una ocasión equivoca sus apreciaciones jurídicas, como ocurre ahora con su más reciente pretensión: que el Artículo 344 de la Constitución permite la votación separada de una tercera parte del proyecto de reforma constitucional propuesto por el Presidente de la República, si así lo solicita un número suficiente de electores. En esta apreciación le acompaña el MAS, según declaración de José Antonio España, quien en paralelo a la de Armando Briquet de Primero Justicia, anunció que su partido apelaría a las instancias necesarias para “exigir la activación de la votación desagregada de la reforma constitucional”.
Basta una lectura del texto constitucional para percatarse de que Primero Justicia está, al menos en este punto, totalmente equivocado. Esto dice el Artículo 344: “El proyecto de Reforma Constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se someterá a referendo dentro de los treinta días siguientes a su sanción. El referendo se pronunciará en conjunto sobre la Reforma, pero podrá votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si así lo aprobara un número no menor de una tercera parte de la Asamblea Nacional o si en la iniciativa de reforma así lo hubiere solicitado el Presidente o Presidenta de la República o un número no menor del cinco por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”.
El artículo es meridianamente claro: es quien introduce la iniciativa de reforma quien estipula la posible votación separada, y en el caso actual esa iniciativa proviene de la Presidencia de la República, no del cinco por ciento de los electores. No existe ningún proyecto de reforma constitucional introducido por un grupo de electores de ese tamaño. Claro, también la Asamblea Nacional pudiera decidir la separación, a tenor del 344, pero ya sabemos cuál es la línea establecida por Cilia Flores, en acostumbrado acatamiento a la voluntad de Hugo Chávez.
No se explica, entonces, cómo dos agrupaciones políticas de la oposición, con acceso más que suficiente a experto juicio jurídico, se han propuesto perseguir el espejismo que guía sus pasos.
En el #248 de esta publicación se apuntaba: “Cuando se discutió el proyecto [de la Constitución vigente] en el seno de la Asamblea Constituyente, por supuesto, hubo oportunidad de considerar la compleja pieza artículo por artículo, ordinal por ordinal. Esos grados de libertad no están a la disposición de los ciudadanos, por más que se cacaree una democracia participativa. Los Electores somos puestos ante una simple disyuntiva: tómelo o déjelo. En su conjunto”. Es obvio que habría mayor democracia si se reconociera al poder fundamental del Estado, el Poder Constituyente Originario que somos los Electores, mayores grados de libertad, hasta el punto de poder pronunciarnos a favor o en contra de cada artículo y párrafo del proyecto de reforma por separado. Pero la actual normativa no lo permite, y no ayuda a la oposición a esta reforma que voceros importantes de la misma se equivoquen de modo tan garrafal.
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