por Luis Enrique Alcalá | May 27, 2004 | LEA, Política |
Falta poco para saber si la opción revocatoria va a ver prolongada su vida. Si los criterios radicales predominan en el gobierno, éste sería el momento para frenarla, cuando dispone del sartén por el mango con lo de los paramilitares, varios líderes opositores están neutralizados o atenuados (incluyendo Colombia, los Estados Unidos, la OEA, el Centro Carter, los que para el gobierno son líderes opositores), el tono psicológico de la oposición está bajo, los Estados Unidos pasan trabajo con el lío iraquí, hay cambios de gobierno en Alemania y España—algo adormecida esta última con la boda principesca—el petróleo está alto y Bush está en campaña, la oposición está sobrecargada y se juega su destino. Si el CNE anuncia que los reparos no fueron suficientes y por ende no hay referendo revocatorio, seguramente habrá reacciones de protesta, pero podremos reprimirlas, y el 350 contra el gobierno no llegará a materializarse en los términos especificados ya en sentencia anticipada de Iván Rincón Urdaneta.
Pero puede haber una conducta gubernamental más taimada y más legitimante para el régimen, y que cuadra con anteriores comportamientos. Aflojar ahora y permitir el revocatorio—en la rayita, con reparos reconocidos en número escasamente suficiente—y ganarlo. (O «ganarlo»). Ante una oposición que con las elecciones regionales estará desgañitada y atomizada, «descentralizada», lo que tanto le gusta.
Entonces, desde «Domingo Sensacional»—¿no será, en realidad, el choque Chávez-Cisneros una confrontación disimulada entre el primero y Daniel Sarcos?—se dirá: «¿Se fijan? No les gustan ni los huevos fritos. Primero querían su enmienda constitucional. Entonces vino Carter y aceptaron discutir la opción del revocatorio, que nosotros propusimos. Después no recogieron las firmas que dijeron—dijeron tres millones setecientas y después quisieron meternos gato por liebre con tres millones cuatrocientas que presentaron—y luego recogieron apenitas lo necesario para activar el referéndum. Un millón menos. El megafraude fue de por lo menos un millón de firmas. Pero les reconocimos dos millones cuatrocientas mil, pues. Y ahora nos quieren hacer creer que cuatro millones cien mil querían revocarme en una votación de sólo cinco millones setecientos. Porque la mayoría no votó. La mayoría, que me apoya, sabía que no iban a poder revocarme, y no se molestó en ir. La verdad es que no recogieron más de tres millones doscientos mil, y a mí me eligieron tres millones ochocientos mil venezolanos. Y ahora que ofrezco de nuevo la paz, y que les ofrezco ser también su presidente, vienen con esto del fraude, cuando los tramposos son ellos, que admitieron que no tenían un millón de firmas que decían tener». Etcétera.
Pero si esto no se pudiera establecer, sin grave ruptura con los observadores internacionales, por ejemplo, ¿no queda todavía que el presidente Olegario se mida en elecciones inmediatas, contando conque de nuevo Iván—¡cónchale, Iván! ¡Eres un tipazo!—autorizará su candidatura, porque él es quien interpreta en su nombre la Constitución, y legitimarse todavía más directamente?
De nuevo, etcétera. Porque, por complicar más las cosas, puede haber revocatorio pero después del 19 de agosto, con la conocida consecuencia: un presidente «gomecista» , más probablemente el controlable Rangel que el peligroso (para Chávez) Cabello, garantiza todo. La culpa habría sido de la oposición, que cogió el camino largo del Tribunal Supremo de Justicia. «Yo, Jorge Rodríguez, me cansé de decirles que ésa era la vía más larga». (Esta es una opción para un chavismo débil. Si Chávez fuere revocado después del 19 de agosto, su sucesor, nombrado por él, presidiría un gobierno enormemente desligitimado).
Es decir, no sabemos. Por los momentos, lo que sabremos la semana que viene, más o menos, es si habrá, por fin, referendo revocatorio. Nuestro olfato dice que sí. Pero podemos estar oliendo mal. Aunque si yo pensara como Chávez, preferiría montar el revocatorio y ganarlo. Tal vez la hoja en Microsoft Excel ya está hecha (Sala Situacional, predicción para el caso «B 1.2» de votación elevada con abstención de 35%): «Por el sí, 3.900.000 votos, 100 mil más que los que me eligieron; por el no, 4.235.000 votos, los que, según Iván, me atornillan. ¿Quieren más democracia?».
LEA
por Luis Enrique Alcalá | May 6, 2004 | LEA, Política |
Altos de Pipe. Territorio del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Hasta allí llegan metástasis del chavoma. Por primera vez en la historia del instituto se niega la entrada a su cuerpo de investigadores a un candidato claramente idóneo para integrar sus filas por razones exclusivamente políticas.
El candidato tiene impecables credenciales, fue un destacado investigador en INTEVEP, tiene un merecido doctorado de una prestigiosa universidad, estaba avalado y solicitado por un notable investigador titular que ostenta más de un premio de ciencia. Pues no valió que todas las instancias de calificación del instituto aprobaran el ingreso. No se permitió porque el candidato se opuso a la huelga laboral en el IVIC de 1992, el año del primer abuso de poder de Hugo Chávez.
Valle de Sartenejas. Universidad Simón Bolívar. Asamblea para que la comunidad tome conciencia de trapaceras maniobras oficialistas que buscan desacreditar a la universidad y facilitar el control definitivo de la misma. Las autoridades logran, por los momentos, refutar la ofensiva.
La campaña contra la inteligencia institucionalizada nacional ha comenzado hace rato.
Es una campaña que el doctor Orlando Albornoz ha descrito en reciente libro—en inglés—que traza la parábola de la penetración del régimen en el sistema de educación superior. Tres mil investigadores, señala, conforman el sistema de ciencia y tecnología nacional. En el exterior, al mismo tiempo, nueve mil profesionales venezolanos se restan a la inteligencia nacional. Tres mil de ellos son doctores. Pero el régimen prefiere que la civilización huya, lo que requiere la entronización de la barbarie.
Pareciera que en la Universidad Central de Venezuela se ha logrado contener el avance electoral de este ataque totalitario. Pero partidarios de la plancha ganadora en la primera vuelta de las elecciones de autoridades en Los Chaguaramos parecieran entender el asunto como una restauración cuasiborbónica. Al conocer los resultados se lanzaron a cantar el himno de Acción Democrática y procedieron a festejar la victoria con profusa libación alcohólica. Hay gente que no aprende.
Es preciso que las universidades piensen agresivamente su conducta próxima. Es urgente que se unan para impedir que el cáncer crezca, también, en su seno. Esta pelea no puede pelearse sólo caso por caso o plantel por plantel. Aquí también vale la pena un frente unido. Si no pronto escucharemos que las universidades son golpistas y después sólo quedará apoderarse de la vinotinto y los diablos de Yare.
Pero aquí también, en esta nueva lucha, debe asentarse una exigente claridad: que esta revolución no se combate con restauraciones.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Abr 29, 2004 | LEA, Política |
Fue durante el segundo gobierno de Rafael Caldera que la noción de derecho a la «información veraz» fue introducida al debate público en Venezuela. Se llegó a intentar que los países de la Comunidad Iberoamericana, reunidos en Margarita hacia el final del período, incluyeran un explícito apoyo a la idea en su declaración final. La iniciativa fue finalmente rechazada, y ni siquiera se atendió el pedimento en concesión cortés al anfitrión del encuentro.
Y es que la definición de lo que es información veraz es asunto realmente enrevesado. En cambio, es bastante más fácil identificar una mentira. (Por ejemplo, en el derecho norteamericano el perjurio es uno de los más graves delitos, al que se castiga implacablemente). Tal vez, por tanto, ha debido irse a la caza de la información falaz, en lugar de pretender la garantía de una inasible información veraz, lo que en todo caso se prestaría para toda clase de abusos por parte de un censor público y vulneraría la más preciada conquista de las repúblicas democráticas: la libertad de expresión.
De modo análogo, la defensa activa, políticamente intensa, de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia pareciera tener de su lado a la lógica. En esta misma publicación hemos argumentado que la Sala Electoral es la Sala de los Electores, y que si alguna sala del TSJ debiera tener preeminencia ésa debiera ser la Sala Electoral.
Pero es que el Tribunal Supremo de Justicia debiera ser, en un Estado de Derecho, una instancia colocada más allá del bien y del mal, y por esta razón involucrar a la Sala Electoral en la diatriba política, a la larga, le haría un flaco servicio. Haríamos el juego así al corrosivo programa del gobierno, que no tiene escrúpulos a la hora de vulnerar todo elemento de nuestra precaria armazón institucional.
El camino correcto es, entonces, no la defensa de la Sala Electoral. Ella se está portando muy bien, y ante ella debiéramos limitarnos a acatarla y respetarla. El verdadero camino político es el ataque a la Sala Constitucional. Es ésta uno de nuestros peores enemigos; es ésta la que adultera el Derecho. La consigna, por tanto, antes que la defensa de la Sala Electoral, es el más generalizado e indignado repudio de la Sala Constitucional. Es contra sus vendidos componentes que debemos apuntar las baterías.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Abr 22, 2004 | LEA, Política |
Al momento de cerrar esta entrega de la carta la Coordinadora Democrática no ha emitido declaración oficial respecto del reglamento de reparos que fuera aprobado en hora terrible para Cenicienta. Sus negociadores principales—Quirós, Mujica—se han mostrado, sin embargo, bastante satisfechos, mientras que otros dirigentes—Cipriano Heredia, por caso—han rechazado la decisión como fraudulenta e imposible de cumplir.
Comoquiera que la negociación con el Consejo Nacional Electoral pareciera hacer caso omiso de las contundentes decisiones de la Sala Electoral del TSJ, los negociadores de la CD y quienes los apoyan han dicho que su actividad no niega la actuación de la sala, y que simplemente se trata de una estrategia mixta que busca aprovechar todas las puertas o rendijas que permanezcan abiertas.
Una estrategia de esta clase, se recordará, fue llevada a la práctica en el ya lejano y olvidado «firmazo» del 2 de febrero de 2003, cuando en una clara admisión de no saber en qué palo ahorcarse, la CD exigió que Súmate recogiese firmas para un variado combo de ofertas: enmienda de recorte de período, referendo revocatorio, convocatoria a constituyente, etcétera.
Antecedente más remoto puede encontrarse en aquella proposición de un cierto Secretario General de COPEI que pretendía preservar parte del dominio partidista sobre la determinación de los candidatos a congresistas, en ocasión de debatir si la uninominalidad debía adoptarse como forma de elegirlos. La «oferta» consistió en sugerir que la cosa podía hacerse por mitades: nosotros, los Electores, podríamos escoger uninominalmente al 50% de nuestros representantes; los partidos determinarían en cambote al 50% restante de nuestros representantes. Algo así como aquella falsa madre de salomónica época, que no tenía inconveniente en que un pretendido y disputado bebé fuese cortado por el medio para dividirlo entre las pretendientes.
Así que tenemos mixtas estrategias. Entretanto creemos merecedor del mayor reconocimiento ciudadano el valiente e impecable voto salvado del Magistrado disidente de la Sala Constitucional, Pedro Rondón Haaz. Su disección del monstruoso fallo de la sala a la que pertenece, y en la que debe sufrir la presencia de un trío infame—mientras la Asamblea Nacional completa la violación del máximo tribunal—es realmente brillante, amén de implacable. Vale la pena la lectura del extraordinario documento. Puede encontrársele en el sitio web de Globovisión.
Por supuesto, Iván el Terrible ha impedido la publicación del voto salvado de Rondón Haaz, sobre el pretexto de extemporaneidad. La verdad es que procura ocultar su desnudez. Pero en este nuestro incipiente siglo XXI venezolano, Rondón sí ha peleado. Los venezolanos estamos en deuda con su heroicidad.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Abr 15, 2004 | LEA, Política |
Sin duda es aleccionador observar como en los Estados Unidos la oficina presidencial debe someterse al escrutinio del Congreso y dar explicaciones de su desempeño en graves materias. Esa responsabilidad debe existir en las democracias. No hay contemplaciones con Condoleezza Rice ni «poder moral republicano» o TSJ que la proteja.
Por supuesto que no hubo forma de saber que al Quaeda haría exactamente lo que hizo el 11 de septiembre de 2001. De la misma manera que el irrespeto chavista del 4 de febrero ensució la gran fecha del quinto centenario del Descubrimiento, Osama bin Laden afeó grandemente el año primero del siglo 21, pero ni que hubiera habido una asignación de 58 millones de dólares adicionales a labores de inteligencia norteamericana—que ahora se reclama no fueron asignados semanas antes del primer atentado hiperterrorista de la historia—se hubiera detenido a los kamikaze urbanos del Islam más radicalizado.
No es necesario criticar a Bush porque no fue capaz de sostener en pie las torres del World Trade Center (como no es culpable Aznar de no haber impedido la carnicería ferroviaria de Madrid); basta con percatarse de que su guerra en Irak es demencial para saber que su mandato no conviene al mundo.
La guerra contra Irak es asunto de Realpolitik; cuestión de poder. Para políticos como Bush el tema del poder está por encima de las necesidades del pueblo norteamericano.
¿Y quién se le parece mucho en esta dimensión? Pues su más acérrimo descalificador: Hugo Chávez Frías.
Hegel era mejor dialéctico que Marx, su discípulo, y alguna vez señaló cuán frecuente era que un peleador terminara por parecerse mucho a su enemigo. Chávez Frías, que ahora despotrica contra Bush cada vez que ve un micrófono, no es sino fanático fundamentalista de la religión que tuvo a Bismarck y a Maquiavelo por doctores de su iglesia, de la que Bush es fiel. Chávez comulga, claro, según el rito ortodoxo del marxismo. (De acuerdo con aguda observación de ilustre venezolano, un marxismo gramscista, que permite la existencia de una oposición vocinglera y quejumbrosa, a la que mantiene asfixiada y maniatada). Pero detrás de esa coartada revolucionaria no hay otra cosa que una voluntad de poder y la disposición a aplicarlo sin contemplaciones.
Recordemos a Dror (Crazy States: A Counterconventional Strategic Problem, 1971): un «Estado loco» se caracteriza por metas muy agresivas en contra de otros actores; por un profundo e intenso compromiso con tales metas y una disposición a pagar un alto precio por su logro, junto con una propensión a aceptar riesgos elevados; por un sentido de superioridad respecto de la moral convencional y las reglas aceptadas de conducta internacional, que le lleva a ser inmoral e ilegal en términos convencionales en nombre de «valores superiores»; por una capacidad de comportarse «lógicamente» dentro de tales paradigmas; por acciones externas que impactan la realidad e incluyen el uso de símbolos y amenazas. (Premonición tipológica de la revolución bolivaroide con veintisiete años de adelanto).
La investidura revolucionaria incluye, además, el privilegio de la inconsistencia. Puedo decir negro hoy y blanco mañana. ¿Nos acordamos, tal vez, de la insistencia del CNE recién nombrado—aún con algo de respetabilidad por entonces—en que no sólo la firma o la huella digital, sino la firma y también la huella dactilar debían estamparse en las planillas para solicitar revocatorios? Pues bien, para oponerse ahora a las decisiones de la Sala Electoral, la consultoría «jurídica» del CNE intenta fundamentar el requisito de llenado personal de los restantes datos sobre el hecho de que «el Consejo Nacional Electoral no cuenta con un registro de firmas o huellas dactilares que facilite la contrastación de los datos y rúbricas contenidos en las planillas con el indicado registro, a fin de determinar, en forma auténtica y fidedigna, la autoría de la manifestación de voluntad del elector». (?)
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Abr 8, 2004 | LEA, Política |
Después del grande y súbito descrédito encajado por el gobierno en los días que siguieron a los acontecimientos del 27 de febrero de este año, que lo mostraron como practicante de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, el rédito político del régimen se ha vuelto exiguo o, más bien, francamente negativo.
Porque a continuación de esos días recibió el golpe certero de los sabios dictámenes de la Sala Electoral—la Sala de los Electores—contra los manejos del Consejo Nacional Electoral y su Sala Constitucional, que abrieron una verdadera tronera en los muros del asediado castillo gubernamental. La tronera sigue abierta, y el desenlace tribunalicio se espera con segura pérdida para el gobierno.
Y he aquí que un hecho aparentemente aleatorio, doloroso por lo demás, ha perforado de nuevo el ya tenue disfraz democrático del régimen. Las quemaduras inhumanamente inflingidas a ocho jóvenes soldados en el Fuerte Mara de Maracaibo, con su letal secuela, han actuado como revulsivo nacional y, muy especialmente, al interior de la Fuerza Armada.
Por si fuera poco la pérdida de la vida de uno de los soldados y el daño físico y psicológico prácticamente irreparable a siete otros servidores del Ejército, se le ocurrió al mentiroso mayor despreciar el terrible episodio como accidental y como sin importancia. Según la evaluación de Chávez Frías, nuestros soldados habían sufrido, por culpa de su imprudencia, tan sólo heridas leves. Al día siguiente de vocear esa nueva patraña—la única posible, pues todavía Pedro Carreño no ha atinado a inventar que las quemaduras fueron inflingidas por la Coordinadora Democrática—moría Orlando Bustamante, uno de los desgraciados compatriotas encerrados y torturados en la celda de castigo.
Es así como, el mismo día cuando se conocía el dictamen que devolvía su libertad plena a Carlos Melo, a continuación de la medida de anulación de la orden de captura contra Capriles Radonsky, el gobierno se veía forzado a sacrificar la figura de Jesse Chacón como Goebbels del régimen. Con la mayor humildad puso «su cargo a la orden».
El profesor Antonio Cova compuso un brillante análisis de la situación del régimen por los días de los desórdenes que sucedieron a la represión brutal del 27 de febrero de este año, para mostrar cómo era que el gobierno estaba sostenido—el propio Napoleón Bonaparte diría que se trata del más precario de los apoyos—sobre la punta de las bayonetas. Cova predijo: en cuanto la fuerza armada cobre cabal conciencia de que ella es el único sostén del gobierno pasará su factura. Y Jesse Chacón es el primer ítem de ese efecto de cobro. Hay quien sostiene que el general Baduel no está plenamente satisfecho con el sacrificio de Chacón y está exigiendo un recargo en la factura. Algunas piezas andan flojas. Por de pronto la «Defensoría del Pueblo»—por primera vez en su infausta existencia—ha reconocido que hubo heridas graves causadas en el incidente. Hasta Mundaraín, pues, sabe que hay rayas que no deben ser cruzadas.
Naturalmente, no es que Chacón dejará de cumplir un papel crucial en el estado mayor de la revolución bolivaroide. Como otros que son ocultados por conveniencia—Rodríguez Chacín es un caso particularmente notorio—continuará formando parte del comando estratégico de la muy fea revolución. Y no faltará quien asegure—así lo establece el razonamiento paranoico de cierta oposición—que la salida de Chacón es una movida más en el artero plan general del gobierno. Esto es, se interpretará torcidamente que todo fue planeado por Chávez. Por la época del gobierno de Rómulo Betancourt (1959-63) era usual conseguir analistas espontáneos que ofrecían la siguiente interpretación: todos los acontecimientos políticos del período—ruptura con Castro, los focos guerrilleros, el Porteñazo, el Carupanazo, hasta el atentado en contra de su persona—habrían sido, si no planeados por él, al menos permitidos o auspiciados desde el gobierno para obtener ganancia con el rebote de alguna alambicada carambola .
Y es que, en su línea de mayor descaro, el gobierno de Chávez ha ofrecido a los venezolanos la política de la insolencia. Es como si dijera: «Sí, soy reincidente y cínico violador de los derechos humanos. ¿Y qué?» Como si le resultase funcionalmente útil ser tenido por criminal.
Pero la verdad es que con la tragedia de Fuerte Mara el gobierno ha sido herido de muerte. La oposición institucionalizada ha olido la sangre, y así han salido sus voceros en coordinada insistencia sobre un rasgo definitorio del régimen: el empleo de la mentira como política de Estado.
Del lado más grueso del proceso, los hechos que demuestran que no todo el Poder Judicial se pliega a los designios del teniente coronel (en situación de retiro) son la señal de que por todo el país hay una operación de enjambre: la contención del régimen de Chávez. Más allá de la contención, sin embargo, es necesario ejecutar la superposición. La mera oposición no es suficiente.
LEA
intercambios