por Luis Enrique Alcalá | Mar 9, 2013 | Argumentos, Política |
ACTUALIZACIÓN: Se ha añadido a esta entrada un apéndice que reproduce y refuta un artículo del abogado Nelson Ramírez Torres, quien amablemente me lo enviara con la siguiente advertencia: «Apreciado Luis Enrique: en el artículo que anexo explico porque Maduro no puede ser presidente de la república. Leí uno tuyo en el que sostienes lo contrario. Un abrazo. Nelson Ramírez Torres».
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Defensor e intérprete de la Constitución en nombre de parte de la oposición
A Alfredo Anzola Méndez
El Sr. Nicolás Maduro es ahora el Presidente de la República, encargado el viernes 8 de marzo de la Presidencia al haberse configurado al fin la falta absoluta del presidente Chávez, electo para el período 2013-2019, con su muerte el quinto día de los corrientes. Su juramentación ocurrió en concordancia con la decisión de la Sala Constitucional del 9 de enero de este año, que a juicio de quien escribe fue defectuosa. (Ver en este blog Voto salvado). Pero esa juramentación y, sobre todo, el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de que Maduro no tiene que separarse de su nuevo cargo para postularse a la elección que, con toda probabilidad, se celebrará el próximo 14 de abril, ha sido repudiada por Henrique Capriles Radonski, quien habló de fraude constitucional.
Como argumenté el 10 de enero, el TSJ intentó llenar una laguna no prevista por el constituyente de 1999, que no se paseó por el caso de falta temporal de un presidente electo. Éste era el caso hasta el 5 de marzo; no se había configurado una falta absoluta (al no haberse producido ninguno de los supuestos enumerados en el Artículo 233 de la Constitución) pero al mismo tiempo el Presidente electo el 7 de octubre no estaba en funciones. A mi criterio, el presidente Chávez no había tomado posesión de su cargo para el período que debió iniciarse el 10 de enero al no haberse juramentado. La Sala Constitucional resolvió el vacío constitucional de otra manera, al sentenciar: «A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo».
En todo caso, según la Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia ejerce, por órgano de su Sala Constitucional, la jurisdicción constitucional y «será el máximo y último intérprete de la Constitución» (Artículo 335). Su decisión, por supuesto, podía ser impugnada, sólo que únicamente ante el mismo tribunal. No conozco que esto se haya intentado, al menos con éxito.
De modo que, para el máximo y último intérprete de la Constitución, ya se había iniciado el período 2013-2019—a pesar de la falta de juramentación—y el titular de la Presidencia de la República para ese lapso era Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro el Vicepresidente Ejecutivo mientras no fuese removido.
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Al configurarse, el martes de esta semana, la falta absoluta del Presidente de la República, hubiera debido seguirse el procedimiento pautado para faltas absolutas antes de la toma de posesión, de no haber mediado la doctrina asentada el 9 de enero. Después de esa sentencia, lo que tenía que aplicarse era el procedimiento que regula la falta absoluta durante los primeros cuatro años del período constitucional: «se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva». (Artículo 233). Esto fue lo que ayer se hizo.
Pero la discordia prende al decidir ayer el TSJ que «el Vicepresidente Ejecutivo deviene Presidente Encargado y cesa en el ejercicio de su cargo anterior. En su condición de Presidente Encargado, ejerce todas las atribuciones constitucionales y legales como Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana» y que «Durante el proceso electoral para la elección del Presidente de la República, el Presidente Encargado no está obligado a separarse del cargo».
Esto es correcto, de nuevo, si se acata la decisión del 9 de enero que estableció que Hugo Chávez estaba en posesión del cargo de Presidente para el período 2013-2019 a pesar de no haberse juramentado. Aunque el Artículo 229 paute: «No podrá ser elegido Presidente o Presidenta de la República quien esté de ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo (…) en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección», Maduro ya no está en ejercicio del cargo vicepresidencial; hasta ayer, suplía como Vicepresidente al Presidente mientras durase su falta temporal (Artículo 234), pero ahora es él mismo Presidente, encargado hasta que una nueva elección traiga otro presidente que origine su legitimidad en el voto popular. Es así como el impedimento señalado en el Artículo 229 de la Constitución no se le aplica.
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Admito lo confuso del tema; el Tribunal Supremo de Justicia contribuyó al desconcierto con su tratamiento del vacío constitucional en la sentencia del 9 de enero, y yo mismo había creído que Maduro estaría impedido de postularse por lo dispuesto en el Artículo 229. Pero antes de ella, envié un correo corrector, titulado Caída de locha y fechado el 12 de diciembre pasado, a un apreciado amigo a quien antes le había señalado el supuesto impedimento. En él ya le puse:
El 229 de la Constitución no impide que Maduro se candidatee, pues no estaría en ninguno de los cargos prohibidos: «No podrá ser elegido Presidente o Presidenta de la República quien esté de ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora y Alcalde o Alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección». En el mismo momento de la falta absoluta, su título y cargo es el de Presidente Encargado.
El error de Capriles Radonski es muy comprensible, pero no hay fraude constitucional. De hecho, es él quien debiera abandonar el ejercicio de su cargo de gobernador para aceptar la candidatura de la oposición. LEA
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APÉNDICE:
1. Artículo de Ramírez Torres en El Diario de Caracas (14 de marzo de 2013)
La decisión número 141 de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 8 de marzo de 2013, estableció que «el Vicepresidente Ejecutivo deviene Presidente Encargado y cesa en el ejercicio de su cargo anterior. En su condición de Presidente Encargado, ejerce todas las atribuciones constitucionales y legales como Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.
La Sala se equivocó al establecer que “Durante el proceso electoral para la elección del Presidente de la República, el Presidente Encargado no está obligado a separarse del cargo”. Y violó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) por las siguientes razones:
El artículo 57 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales ordena (principio general) que «Salvo lo previsto en la Constitución de la República, los funcionarios y las funcionarias de la Administración Pública que se postulen en un proceso electoral, deberán separarse de manera temporal de sus cargos desde el día en que se inicie la campaña electoral hasta el día de la elección, ambas fechas inclusive».
El aparte único del artículo 58 de esa Ley ordena: “Los funcionarios y las funcionarias de elección popular que aspiren a la reelección de sus cargos, podrán permanecer en los mismos durante todo el proceso electoral”.
El artículo 229 de la CRBV dice: «No podrá ser elegido Presidente o Presidenta de la República quien esté en el ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora o Alcalde o Alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección».
El artículo 230 de la CRBV establece. «El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la Republica puede ser reelegido o reelegida».
Tal preceptiva supone dos requisitos. El primero, que el Presidente aspira a la reelección, vale decir, es una reelección y no una elección. El segundo, que como Presidente cumplió totalmente el período de seis años. Ni Maduro va a una reelección ni cumplió los seis años, pues tales extremos son inherentes al Presidente Titular, esto es, al elegido por el pueblo.
Además de que se trata de la reelección y no de su elección, el derecho a la reelección como Presidente de la República supone el requisito de haber sido electo por el pueblo. Un Presidente Encargado carece de ese origen.
Maduro no puede postularse para el cargo de Presidente de la República porque su título o cualidad para encargarse (pocos días) de la Presidencia es el cargo de Vicepresidente. Con otras palabras, no es un Presidente titular. Su título o cualidad no lo otorga la sentencia del TSJ ni la juramentación ante la Asamblea Nacional.
Es requisito indispensable (sine qua non) para ser candidato a la presidencia de la República sin abandonar el cargo, haber sido electo por el pueblo, es decir, estar ante una reelección (como era el caso de Chávez), no ante una primera elección, como es el caso de Nicolás Maduro.
El argumento del TSJ es que el Vicepresidente, al pasar a ser Presidente encargado, por la falta absoluta del Presidente, abandona o deja de ser Vicepresidente y por lo tanto no opera la limitación impuesta por la Constitución.
Decir que un Presidente Encargado, Provisorio o Accidental, puede ser equiparado al Presidente Titular, porque ejerce todas las atribuciones, constituye un sofisma, una trampa argumental, o en el mejor caso, un error judicial inexcusable que obliga su corrección inmediata. No rectificar será expresión dictatorial.
Por lo tanto, siendo manifiesto que Nicolás Maduro no es el Presidente de la República, sino el encargado, el accidental o provisorio, no tiene el derecho a postularse al cargo de Presidente Titular.
En conclusión, la decisión de la Sala Constitucional es arbitraria y patentiza la usurpación de funciones del Vicepresidente Nicolás Maduro.
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2. Refutación
a. El Dr. Ramírez Torres anuncia que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia «violó la Constitución» por varias razones, aduciendo inválidamente como primera de ellas una norma subconstitucional a la que eleva a la condición de «principio general», el Artículo 57 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Pero justamente este artículo comienza estableciendo una salvedad: «Salvo lo previsto en la Constitución de la República…», y ésta establece: «No podrá ser elegido Presidente o Presidenta de la República quien esté en el ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo…» (Artículo 229). Nicolás Maduro no estaba en el ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo, sino en el de Presidente de la República, cuando fue postulado el 11 de marzo, y por tanto es meridianamente claro que esa prohibición no se aplica a su caso.
b. El Artículo 229 de la Constitución habla de elección, no de reelección, y no equivale el Artículo 230, que sí lo hace permitiéndola, a una prohibición expresa de que un Presidente encargado se postule al cargo por elección.
c. El Artículo 58 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en cualquier caso de rango subconstitucional, que permite que “Los funcionarios y las funcionarias de elección popular que aspiren a la reelección de sus cargos» permanezcan «en los mismos durante todo el proceso electoral” no equivale a una prohibición de que quienes ostenten un cargo por expresa disposición constitucional, en este caso el de Presidente, se presenten a elección para el mismo cargo. Es decir, ese artículo no dice que sólo los funcionarios de elección popular pueden permanecer en sus cargos durante todo el proceso electoral.
d. Un Presidente encargado es un Presidente titular, a pesar de que no haya alcanzado el cargo por elección. No hay ninguna disposición constitucional que le rebaje en atribuciones o derechos conferidos a un Presidente que haya llegado al cargo por elección. El único «requisito indispensable (sine qua non) para ser candidato a la presidencia de la República sin abandonar el cargo» es no ser Vicepresidente Ejecutivo, Ministro, Gobernador o Alcalde. El antepenúltimo párrafo del Dr. Ramírez Torres es meramente calificativo; expresa su opinión, no una verdad jurídica.
e. En Voto salvado he expresado con lujo de detalles mi desacuerdo con la sentencia del 9 de enero de la Sala Constitucional; en tanto esa decisión no sea impugnada con éxito, la interpretación con la que quiso llenar el vacío normativo de la falta temporal de un Presidente electo (ahora falta absoluta) se sostiene sobre el Artículo 335 constitucional, que confiere al Tribunal Supremo de Justicia el carácter de «máximo y último intérprete de la Constitución». En otro caso distinto—Derecho torcido, Denuncia de violación del Art. 42 constitucional—, en cambio, sostengo que la misma Sala Constitucional ha violado la Constitución.
Sugiero al Dr. Ramírez Torres que revise su concepto de lo que es taxativo, y que se auxilie gráficamente con diagramas de Venn para determinar el alcance y significado de sus propias afirmaciones. Sus aducciones son pertinentes, pero sus conclusiones no están incluidas en ellas o su conjunción. Vale.
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 6, 2013 | Argumentos, Política |
El llanto de un pueblo
No llores por mí, Argentina – Paloma San Basilio
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La editorial Libros Marcados concibió, a mediados de 2005, un libro a construir de colaboraciones de varios autores; su nombre fue Chávez es derrotable. Fui invitado a someter uno de sus capítulos y lo llamé Tío Conejo como outsider. (Más tarde, el 20 de julio de 2006, reproduciría su texto como artículo principal de la Carta Semanal #195 de doctorpolítico). Allí dije de Hugo Chávez:
…ha adquirido una estatura mundial que, independientemente de su corrección, es superior a la de cualquier candidato emergido o emergente y a la de cualquier otro presidente venezolano de la historia, en verdad segunda sólo tras la de Bolívar. Si Chávez muriera mañana, habrá dejado un hondo y extenso recuerdo en el mundo entero, y una empatía global con su trayectoria y sus posturas se convertiría en una amplificación y diseminación de ellas. A Chávez hay que mantenerlo vivo.
Volví a citar esas palabras el 30 de junio de 2011, minutos después de que el presidente Chávez anunciara a Venezuela y el mundo, desde La Habana, que padecía la enfermedad de los cancerosos. Impulsado por una admiración urgente, opiné entonces en Chapeau, Monsieur le President:
El discurso que transmitiera hoy desde La Habana es posiblemente el mejor discurso de su vida; con seguridad, el mejor que le he escuchado. Fuerte, franco, sintético, convincente, elegante. Con él habrá galvanizado a su favor a una holgada mayoría de venezolanos. Si las elecciones presidenciales fueran mañana, las ganaría de calle.
Y es que había visto a un hombre valeroso admitir con sobria seriedad la gravísima dificultad que enfrentaba. Por supuesto, la simpatía con el líder enfermo no llegaba a anular mis diferencias con su concepción política, de modo que así cerré mi reconocimiento:
…me sumo a quienes le han hecho llegar con sinceridad mensajes que auguran su recuperación. Desde mi mayor honestidad le deseo salud. Prefiero tenerlo vigoroso cuando se exhiba eficazmente, con la mayor claridad, lo equivocadas que son sus concepciones. Usted está en el error, pero sería mezquino si no admitiese que su equivocación es hermosa.
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Hugo Chávez Frías fue un hombre equivocado: «el gobierno presidido por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines [la prosperidad y la paz de la Nación], al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto». (Proyecto de Acta de Abolición, 5 de marzo de 2002).
No es la primera vez en la historia que la hermosura de una causa digna se acompaña del error, que un conductor puede entusiasmar multitudes con una prédica despistada. Con frecuencia, está motivada por una pasión genuina. Girolamo Savonarola (1452-1498) predicaba fieramente y con razón en Florencia, contra la corrupción de la iglesia y las costumbres. Patrullas de jóvenes organizadas por él fueron casa por casa para recoger ostentosos objetos, que iban desde cosméticos hasta obras de arte, pasando por vestidos, libros e instrumentos musicales. Los quemarían luego en una inmensa hoguera de las vanidades en la plaza principal. Era Savonarola un orador mesiánico y carismático, que creía que Dios le hablaba y le pedía que hiciera cosas, y pretendió instaurar una democracia teocrática y un modo de vida en extremo puritano. Para él era malo ser rico, pero la bondad compulsiva no fue aceptada por la mayoría, y él no sabía que no se puede restaurar la moral de la noche a la mañana y que no se la puede forzar mediante decreto. La misma ciudad que dominó a partir de 1492—el mismo año en el que, sin intención, Colón descubría un mundo desconocido—lo llevó a la hoguera cuando el genovés hizo el viaje que lo trajo a Macuro y las bocas del Orinoco.
Tal vez Chávez escapó a un riesgo análogo con su enfermedad. Poco antes de anunciar su deceso, Nicolás Maduro sugirió que su mortal dolencia había sido inducida por mano enemiga, y ya la especie ha sido recogida y repetida por Mahmoud Ahmadinejad. Es muy irresponsable vocear esa sospecha—como la del envenenamiento de Bolívar y la detonación del terremoto de Haití por arma secreta—y quejarse antes de la siembra de rumores que surgieron en una sociedad desinformada y tensa. Sin duda, Chávez suscitó enemistades acérrimas, capaces de conspirar contra él, recomendar que se le diera un tiro y procurarlo. Ayer se celebró con júbilo en Doral, suburbio de Miami, la muerte de Chávez. Nada más execrable que ese horroroso festejo, nada más idiota; además de su bajísima humanidad, provee munición a Maduro que justifica su línea dura. Entre todos los mandatarios del mundo que ayer expresaron su luto por Chávez, Barack Obama destacó con un mensaje cicatero, quizás porque el Vicepresidente de la República, poco antes de participarnos la muerte de su jefe, anunció la expulsión inmediata de un agregado militar de la embajada de los Estados Unidos. Es de la dinámica de una radical enemistad la causación simétrica de profecías autocumplidas.
El 21 de junio de 2000, atendí la petición de British Petroleum Exploración de Venezuela; sus directivos querían entender a Chávez y solicitaron mi interpretación. Ya entonces les propuse:
The appearance of an unforeseen mutant and sterile powerful leader (The Mule), in the second volume of Isaac Asimov’s trilogy Foundation, can serve as a metaphor for understanding Chávez’ phenomenon. It may be sterile in the sense of not being able to produce a successor with his same features.
En Chapeau, Monsieur le President, expresé la misma idea: «…no logro ver el hombre o mujer que dentro de sus filas pudiera ser el primer albacea de su herencia, así que el término de su revolución sería sólo asunto de tiempo más bien breve, aunque se pusiera en práctica la usurpación violenta del poder que el hermano mayor ha previsto como posible camino». Nicolás Maduro no calza los zapatos de su líder; él mismo no lo pretende. Hasta ahora se ha mostrado como émulo de Chávez en sus más iracundas expresiones, que fueron la raíz de su equivocación. Anoche recibió, por fin en tono conciliatorio, los buenos deseos del comunicado opositor que leyera Henrique Capriles Radonski.
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En 1992, como aún ahora, había una pobreza desmedida en Venezuela. La había en 2002, cuando Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela firmaron un pacto para el gobierno que sucedería al derrocamiento de Hugo Chávez. El 14 de junio de ese último año, completé unos apuntes sobre la gesta deforme de Pedro Carmona (Tragedia de abril). Allí se lee:
Mucho se ha dicho que Chávez ha sido el gran aglutinante de la oposición, y algunos comentaristas extienden este benéfico efecto hasta los confines de la “sociedad civil”. Pero lo cierto es que el efecto neto de Chávez ha sido divisivo. No en balde el segundo objetivo del acuerdo Fedecámaras-CTV rezaba: “Queremos una sociedad unida e inclusiva”. Esto es, el diagnóstico revelaba con alarma la existencia de una profunda división de la sociedad venezolana: de un lado, la mayoritaria masa empobrecida; del otro, el “escuálido” segmento favorecido con recursos y afluencia. No hay nada nuevo en este diagnóstico. Cuando Lech Walesa llegó a Caracas para asistir a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez en 1989, observó, como primera cosa que vino a su mente tras el recorrido de la autopista desde el aeropuerto, que en su opinión Venezuela era en realidad no uno sino dos países. Le había bastado ver los cerros tapizados de ranchos a la entrada de nuestra capital. El nuevo elemento, en realidad, es la prédica de lucha de clases que Chávez ha introducido. Es ésta la división que el acuerdo Fedecámaras-CTV denuncia como peligrosa.
Por cierto que Walesa ostenta rasgos que Chávez exhibe. En reciente entrevista para el diario La Nación de Buenos Aires declaraba: “Sirvo más para la revolución que para la democracia”, y la periodista destacaba cómo es que el líder polaco “está lejos de hacer gala de la elegancia o del lenguaje políticamente correcto que a sus pares les surge casi naturalmente. Podrá vestirse de traje azul marino y llevar en la muñeca un reloj de oro, pero sus gestos y modales son los mismos que cuando se calzaba el overall de los astilleros y de su solapa aún pende la muy polaca imagen de la Virgen Negra… El polaco es un pueblo sofisticado que se muere por entrar en el primer mundo de la Unión Europea. El estilo paisano de Walesa no es algo que quieren ver en la presidencia”.
Es la existencia de dos Venezuelas, evidente a los ojos del visitante ocasional como Walesa, presente en innumerables discursos electorales, problema irresuelto del país, lo que pasa con Chávez a primer plano, sin que tampoco él tenga solución eficaz.
Chávez, entonces, no ha traído ninguna gran innovación a la política venezolana. Sus paradigmas políticos distan mucho de la modernidad, y son una mezcla cacofónica de autores que pertenecen a un pasado histórico en gran medida irrelevante. Ya no hace tanta referencia a Simón Rodríguez, por ejemplo, pero antes era éste patrono predilecto de su personal santuario: Bolívar, Zamora, Maisanta (porque era guerrero y era su antepasado), Rodríguez. Tanta referencia al pasado le habría merecido una reconvención del maestro del Libertador. En la frase más citada de Simón Rodríguez se advierte: “O inventamos o erramos”. Y evidentemente no es inventar la fijación con el pasado.
Lo que no obsta para reconocer que ciertas presencias antaño desconocidas se han hecho realidad con el gobierno de Chávez. La indígena, por ejemplo, aunque en este caso es más probable que tenga más que ver con su concepción geopolítica, teñida por su propio nacimiento llanero, con su obsesión por el Apure y el Orinoco, cacareado “eje estratégico” que no se ha materializado en nada concreto.
Pero buena parte de la “revolución” de Chávez es puramente terminológica. Cree que es un gran logro decir Tribunal Supremo de Justicia en lugar de Corte Suprema, o Asamblea Nacional en vez de Congreso de la República, o República Bolivariana en sustitución de República a secas. Sus soluciones son superficiales, episódicas, demagógicas: el Banco del Pueblo, el Correo del Presidente (periódico rápidamente fenecido, luego de considerable dilapidación de recursos), el Plan Bolívar 2000. Elegido en gran medida, como otrora Luis Herrera Campíns, al proyectarse como paladín de una cruzada contra la corrupción, no ha logrado otra cosa que hacerla más grande y más impune.
En el fondo, Hugo Chávez no es otra cosa que la exacerbación del mismo modelo agotado de la política “realista”, esa Realpolitik predominante en Venezuela, idea según la cual la política consiste en obtener el poder, acrecentarlo e impedir, por cualquier medio, que el adversario se haga con el poder. Él lo ha dicho, al comparar innumerables veces el ejercicio político con el de la guerra. En esto tampoco es un innovador, pues ya Caldera se ubicaba alguna vez en las “arenas de la lucha política”, y Pérez se definía como “luchador político” y los miembros del Movimiento Electoral del Pueblo se saludan, no como compañeros o camaradas, sino como “combatientes”.
Al emerger como una última consecuencia de esta conceptualización, Chávez soslaya, de nuevo, la solución de los problemas públicos. Ni la pobreza, ni la inseguridad, ni el desempleo, ni la dependencia excesiva del petróleo, han moderado significativamente sus efectos negativos sobre Venezuela durante la jefatura de Chávez.
Pero Chávez representa la exigencia, ahora locuaz y amenazante, de los pobres venezolanos, y ha tenido éxito en articular un discurso falaz pero persuasivo. Es por tal razón que la oposición a Chávez, expresada tan sólo como negación de Chávez, se ha revelado como particularmente ineficaz. La oposición a Chávez que tendría éxito sería una superposición, un trascenderlo, un ir más allá de él, con modernidad y sensatez, con ciencia del gobierno, hacia la invención política que el país requiere. No es comportándose como perros que ladran tras el automóvil como será posible superar a Chávez—un Savonarola, un Robespierre, un McCarthy o un Hitler como los que surgen de cuando en cuando en el seno de las mejores repúblicas—que, demagogo como ellos, es el resultado irracional e intenso de un largo proceso de deterioro. A Chávez lo inventó la “Cuarta República”.
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Sería necio negar logros tangibles de las administraciones de Hugo Chávez. La Carta Semanal #188 de doctorpolítico (1º de junio de 2006) registraba mediciones no oficialistas del impacto de sus misiones, a tres años de su inicio:
¿Ha significado el gobierno de Hugo Chávez un progreso real para los venezolanos menos dotados de recursos y oportunidades?
A juzgar por las muy confiables y serias mediciones de Datos (Encuesta «Pulso Nacional»), hay progreso evidente. En reciente presentación a VenAmCham—cuyo actual Presidente es Edmond Saade, también Presidente de Datos—se reporta la mejoría apuntada: más de la mitad de los venezolanos está satisfecha de su «situación actual de bienestar». Para el año 2000, sólo 21% de los venezolanos manifestaba que su situación personal había mejorado o era igual de buena con respecto al previo ejercicio. A las alturas de 2005 este indicador había subido a 45%, nivel en el que se ha mantenido durante el primer trimestre de 2006.
Estas son cifras generales; si se indaga por esta dinámica en los sectores D y E, se mide un progreso del ingreso real por hogar. Entre 2003 y 2006 este incremento es de 137% para el Nivel E. (En bolívares corrientes ha pasado de Bs. 286.022 a Bs. 680.419 mensuales). La clase D experimentó en el mismo lapso una mejoría de sólo 17%, mientras que la clase C menos (clase media baja) progresó en 31%. Conclusión oficial de Datos: «Hay una clara mejoría en el nivel de ingreso por hogar de los venezolanos, especialmente en quienes representan la mayoría del país». (Datos reporta la siguiente composición poblacional: Nivel socioeconómico ABC+, 4%; Nivel C-, 15%; Nivel D, 23%; Nivel E, 58%).
Naturalmente, también señala la encuestadora déficits en varios renglones: el progreso ocurre en «alimentación y cierta ampliación en los servicios de salud y educación». Rubros como vivienda, seguridad y empleo—a pesar de una mejora en la composición de éste: entre 2003 y 2004 el empleo formal, según cifras que Datos toma del Instituto Nacional de Estadísticas, habría pasado de 47% a 53%—no satisfacen las expectativas de la mayoría. Pero en términos generales la gente ubicada en los niveles más bajos está económicamente mejor que antes. Si sumamos a esto que también hay una mejora en el reconocimiento social de clases antes muy diferidas o poco tomadas en cuenta ¿qué razones puede ofrecerse al 81% de los electores (niveles D y E) para cambiar de gobierno?
También, por supuesto, hubo aciertos en la dimensión estrictamente política, como se reconoció en la vigésima quinta emisión de Dr. Político por Radio Caracas Radio, el 29 de diciembre pasado:
Dr. Político del 29/12/12
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Chávez no puede haber ocurrido en vano. A su sacrificio, el pueblo de Venezuela le debe su aprendizaje. No es sabio suponer que gobernó catorce años y que éstos no dejarán en nosotros profunda huella. Es preciso extraer la lección de su poderoso paso, ahora detenido. La visibilidad de la pobreza venezolana ya es, gracias a él, irreversible; también su orgullosa dignidad.
Llegó al poder con indignación. Derrotado cuando intentó tomarlo a la fuerza, no dejó de afincarse en su resentimiento. A los directivos de British Petroleum todavía propuse hace trece años una segunda metáfora. Chávez era hombre de escarmiento, como el Lobo de Gubbio, cuya leyenda inmortalizó Rubén Darío en Los motivos del lobo, aquel que el santo Francisco de Asís había domesticado:
Un día, Francisco se ausentó. Y el lobo
dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo,
desapareció, tornó a la montaña,
y recomenzaron su aullido y su saña.
Otra vez sintiose el temor, la alarma,
entre los vecinos y entre los pastores;
colmaba el espanto los alrededores,
de nada servían el valor y el arma,
pues la bestia fiera
no dio treguas a su furor jamás,
como si tuviera
fuegos de Moloch y de Satanás.
Cuando volvió al pueblo el divino santo,
todos lo buscaron con quejas y llanto,
y con mil querellas dieron testimonio
de lo que sufrían y perdían tanto
por aquel infame lobo del demonio.
Francisco de Asís se puso severo.
Se fue a la montaña
a buscar al falso lobo carnicero.
Y junto a su cueva halló a la alimaña.
En nombre del Padre del sacro universo,
conjúrote—dijo—, ¡oh lobo perverso!,
a que me respondas: ¿Por qué has vuelto al mal?
Contesta. Te escucho.
Como en sorda lucha, habló el animal,
la boca espumosa y el ojo fatal:
Hermano Francisco, no te acerques mucho…
Yo estaba tranquilo allá en el convento;
al pueblo salía,
y si algo me daban estaba contento
y manso comía.
Mas empecé a ver que en todas las casas
estaban la Envidia, la Saña, la Ira,
y en todos los rostros ardían las brasas
de odio, de lujuria, de infamia y mentira.
Hermanos a hermanos hacían la guerra,
perdían los débiles, ganaban los malos,
hembra y macho eran como perro y perra,
y un buen día todos me dieron de palos.
Me vieron humilde, lamía las manos
y los pies. Seguía tus sagradas leyes,
todas las criaturas eran mis hermanos:
los hermanos hombres, los hermanos bueyes,
hermanas estrellas y hermanos gusanos.
Y así, me apalearon y me echaron fuera.
Y su risa fue como un agua hirviente,
y entre mis entrañas revivió la fiera,
y me sentí lobo malo de repente;
mas siempre mejor que esa mala gente.
y recomencé a luchar aquí,
a me defender y a me alimentar.
Como el oso hace, como el jabalí,
que para vivir tienen que matar.
Déjame en el monte, déjame en el risco,
déjame existir en mi libertad,
vete a tu convento, hermano Francisco,
sigue tu camino y tu santidad.
El 5 de julio de 1987, Eduardo Fernández, apacible caballero, había dicho en el Congreso de la República: «El pueblo está bravo». Dos años después, esa realidad se manifestaría con elocuente violencia.
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La creencia en que una ideología, sea ella socialista o liberal o intermedia, prescribe la solución eficaz y definitiva a los sufrimientos de una sociedad es una postura ingenua, independientemente de su honestidad. Para justificar su dominación, Hugo Chávez creyó y propaló una fe defectuosa: que sólo él era mandatario que se doliera con el pueblo. Fernández había señalado en 1987:
“El complejo de Adán” padecido por algunos de nuestros gobernantes, que se empeñaron en sentirse los primeros habitantes de esta tierra ignorando todos los antecedentes y alegando que comenzaban todo de nuevo a partir de cero, debe ser erradicado de todos los que aspiramos gobernar a Venezuela.
Carlos Andrés Pérez, a quien primero recomendé y luego exigí su renuncia a partir de 1991, se había convencido honestamente de que para que un pueblo alcanzara el bienestar general de los países más desarrollados tenía que comportarse como ellos, lo que si a ver vamos no es pensamiento tan descaminado. Al adoptar, sin embargo, el catecismo simplista del Consenso de Washington—hoy repudiado por los mismos que lo recomendaban—, desató la ira popular y metió al país en un rumbo reactivo e insensato. A su primera gestión se le debe la nacionalización de la industria petrolera y la creación de Petróleos de Venezuela, la empresa que ha sostenido al sistema chavista de gobierno. Quien lo precedió, Rafael Caldera, logró que se aprobara la Ley de Reversión de las Concesiones Petroleras y denunció el tratado de comercio entre Venezuela y los Estados Unidos. Antes de Chávez, hubo una serena defensa de nuestra independencia como nación y como economía. Todo lo que obtuvo hubiera podido alcanzarlo sin estridencia o agresividad.
Claro que Chávez encarnó el discurso salvaje, como apuntara Francisco Toro Ugueto al comentar El laberinto de los tres minotauros (1977-1982), la importante obra de José Manuel Briceño Guerrero:
«…explica no sólo por qué existe el chavismo, sino también por qué tiene éxito. La atracción política de Chávez está basada en el lazo emocional que su retórica crea con una audiencia que resiente profundamente su marginalización histórica. Funciona al hacerse eco de la profunda resaca de furia de los excluidos, una furia que Briceño Guerrero explica poderosamente. La retórica de Chávez está basada en una comprensión intuitiva profunda del discurso no occidental/antirracional en nuestra cultura, un discurso que ha sido alternadamente atacado, descontado y negado por generaciones de gobernantes de mentalidad europea. Chávez valida el discurso salvaje, lo refleja y lo afirma. Lo encarna. En último término, transmite a su audiencia un profundo sentido de que el discurso salvaje puede y debe ser algo que nunca ha sido antes: un discurso de poder».
Tío Conejo como outsider adelantaba en 2005 una conjetura estratégica:
En «El laberinto de los tres minotauros» [Briceño Guerrero] sostiene que en América coexisten y se combaten un discurso salvaje—el de los primeros pobladores y las razas sojuzgadas que Chávez reivindica—uno mantuano, el del privilegio aristocrático u oligárquico, y el discurso racional occidental, limitado por el rigor lógico y por la verdad. En nuestro teatro político actual sólo han actuado suficientemente los dos primeros, con abrumadora ventaja reciente del salvaje sobre el mantuano. La dilucidación del problema sólo podrá ser aportada desde un discurso racional.
La mayoría nacional, sabedora de que ya no es invisible o descartable, está ávida de reconciliación. Un nuevo liderazgo, ni oficialista ni opositor, deberá emerger para reunificar a un país dividido. Pero si una semana antes de la muerte de Chávez dije de la de Luis Penzini Fleury que había muerto un gigante, ahora es lo justo decir que ha muerto un coloso. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 4, 2013 | Argumentos, Política |
Para proponer vacuidades
La Rutina, síntesis de todos los renunciamientos, es el hábito de renunciar a pensar.
José Ingenieros
El hombre mediocre
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Hay proposiciones que no proponen nada; seudoproposiciones, pudiera llamárselas. Su hábitat natural es el discurso político, pero también los economistas pueden esgrimirlas.
Era práctica ritual de muchos economistas venezolanos reunirse en diciembre de cada año durante el segundo período de Caldera—usualmente en el IESA—para echar predicciones sobre la inflación y la tasa de cambio del año siguiente. Los periodistas hacían su agosto, pues cada economista de alguno de estos «paneles de expertos» estaba muy dispuesto a conceder declaraciones. La declaración estándar era algo más o menos como lo siguiente: «Lo que propongo es un verdadero programa económico integral, armónico, coherente y creíble».
Ya el mero hecho de que tal afirmación se compusiera de un solo sustantivo y cinco adjetivos debía llamar a la sospecha. Pero, por otra parte, una sencilla prueba podía evidenciar que se trataba, en realidad, de una seudoproposición. La prueba consiste, sencillamente, en construir la proposición contraria, la que en este caso rezaría así: «Propongo un falso programa económico desintegrado, inarmónico, incoherente e increíble». Resulta evidentísimo que nadie en su sano juicio se levantaría en ningún salón a proponer tal desaguisado. Ergo, la proposición original no propone, en realidad, absolutamente nada. (En Consenso bobo, Carta Semanal #63 de doctorpolítico, 20 de noviembre de 2003).
Nueve años antes—el 11 de diciembre de 1994—, se usaba el mismo ejemplo en Tiempo de proponer, el artículo principal en el número 9-10 de referéndum, donde se añadía: «Una vez determinado, por los pasos anteriores, que la formulación considerada es, en efecto, una pseudoproposición, investíguese si los proponentes de la misma son capaces de presentar un ejemplo concreto de lo que propugnan. (O sea, ¿alguno de los panelistas del IESA exhibió un ‘verdadero plan económico, coherente y creíble’?)» También se refería allí declaraciones a la prensa de Antonio Ledezma, un tanto disminuido entonces por las decisiones antiperecistas de la Acción Democrática de Luis Alfaro Ucero. Ledezma salía de una audiencia que le concediese Andrés Caldera, Ministro de la Secretaría de la Presidencia, y propuso que se buscara en el país ¡un gran acuerdo nacional! En Los rasgos del próximo paradigma político, del #0 de esa publicación (1º de febrero de 1994) ya se advertía:
La discusión pública venezolana se halla a punto de agotar los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, que no son, en sí mismos, la solución.
Tomemos el caso, por ejemplo, de la insistente proposición de una asamblea constituyente, bandera de lucha del llamado Frente Patriótico, asumida como lema electoral de José Antonio Cova, repropuesta por Oswaldo Alvarez Paz al término de las elecciones, voceada por Eduardo Fernández después del 4 de febrero de 1992, admitida como posibilidad por Rafael Caldera en su «Carta de Intención». El problema es que el Frente Patriótico no ha presentado un proyecto de constitución, y tampoco los demás actores mencionados. Es decir, se insiste en hablar de la herramienta sin hablar del producto que ésta debe construir.
Por otra parte, el método mismo tiende a ser ineficaz. Los ideales de democracia participativa, la realidad de la emergencia de nuevos factores de influencia y poder, han llevado, es cierto, a la ampliación de los interlocutores de las «mesas democráticas» de las que debe salir el ansiado «acuerdo nacional». Así fue diseñado, por ejemplo, el consejo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), al combinar en él la presencia tradicional de líderes empresariales y líderes sindicales, con representantes de partidos, de la iglesia, de las organizaciones vecinales, etcétera. Así buscó conformarse el «Encuentro Nacional de la Sociedad Civil» organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuando su rector tomó el reto que pareció recaer, a mediados de 1992, sobre la Iglesia Católica venezolana, en respuesta a un estado de opinión nacional de gran desasosiego, que buscaba en cualquier actor o institución que pudiera hacerlo la formulación de una salida a la aguda y profunda crisis política. Pro Venezuela, la Mesa Democrática de Matos Azócar, los encuentros que organizó José Antonio Cova, y la constante prédica de los partidos, todos fueron intentos de alcanzar ese ya mítico gran entendimiento nacional.
La evidencia es, pues, suficiente. La oposición de intereses en torno a una mesa de discusión difícilmente, sólo por carambola, conducirá a la formulación de un diseño coherente. Es preciso cambiar de método. Y es preciso cambiar el énfasis sobre la herramienta por el énfasis en el producto.
Pero tal evidencia no fue suficiente para Antonio Ledezma y tampoco, diecinueve años después, para el redactor del editorial de hoy, 4 de marzo de 2013, en Analítica: Los países no se suicidan. Para comprobar su vacuidad, vale la pena transcribirlo in toto:
La crisis que afecta hoy en día a la sociedad venezolana tiene múltiples causas pero tal vez la más inmediata ha sido una errónea concepción de cómo enfrentar la desigualdad económica y social en un petro-estado. Los militares que tomaron el poder encabezados por Chávez a finales del siglo pasado no tenían una ideología clara que les diera luces para resolver los problemas que según ellos aquejaban a la sociedad venezolana. A lo sumo se cobijaban bajo una amalgama ideológicamente incompatible como lo era el árbol de las tres raíces, ya que nada en común tenían las ideas del aristócrata centralizador Simón Bolívar con las del federalista Zamora.
Para resolver esa falta de sustancia Chávez recibió oxigeno ideológico por parte de activistas de la izquierda derrotada en los años sesenta quienes vieron en el joven teniente coronel una oportunidad histórica de desquitarse de la derrota que les habían propiciado Rómulo Betancourt y Raúl Leoni.
Por el otro lado, la dirigencia democrática del país tampoco tenía claro cuál era el rumbo a seguir para superar la crisis. No hubo el diálogo ni la voluntad necesarios para enfrentar de manera radical los cambios inevitables que permitieran evolucionar positivamente hacia otro tipo de sociedad.
Hoy estamos en un estado de anomia y de anarquía, los lazos societarios están severamente afectados y vivimos virtualmente una situación de sálvese quien pueda. La violencia desmesurada, el irrespeto absoluto a las normas de conducta, la incapacidad manifiesta para resolver las necesidades básicas de la población son una combinación explosiva que si no se enfrenta con la debida sindéresis nos puede conducir a una salida trágica tanto para tirios como troyanos.
Es hora de entender que nadie, por sí solo, tiene la clave para resolver esta situación. Ni el gobierno, ni la oposición pueden hacerlo sin un vasto acuerdo nacional en el que se permita sentar las bases de un gran esfuerzo de reconstrucción nacional. Para lograrlo se requiere liderazgo, inteligencia y tolerancia, elementos que parecen escasear en estos tiempos confusos, aunque no dudamos que aparecerán porque los países no tienen vocación de suicidas.
Bueno, comencemos por esto último. Los países sí pueden suicidarse, como muestra elocuentemente Jared Diamond en su libro Colapso. Las sociedades pueden tomar decisiones catastróficas, como los pobladores de la Isla de Pascua que talaron todos los árboles de su territorio, agotando aquello de lo que dependía su subsistencia. El empleo en el pobre editorial de una frase efectista—elevada al honor de titular—para arribar a la conclusión final de que contaremos con «liderazgo, inteligencia y tolerancia» es realmente deplorable.
Desde el mismo comienzo emerge el vacío conceptual. Para poder declarar que algo es erróneo—una errónea concepción de cómo enfrentar la desigualdad económica y social en un petro-estado—es preciso conocer lo que es acertado. ¿Expone Analítica una concepción correcta de esa tarea, o sigue el ejemplo de los economistas que no acertaron a proponer un «verdadero plan económico, coherente y creíble»?
Luego, Analítica ubica la raíz del mal en una carencia ideológica del chavismo, pero es justamente lo ideológico lo que debe dejarse atrás. (Ver en este blog Panaceas vencidas). A «la dirigencia democrática del país» el editorial le echa en cara su ignorancia del rumbo correcto «para superar la crisis», y condena que no hubiera habido «el diálogo y la voluntad necesarios para enfrentar de manera radical los cambios inevitables que permitieran evolucionar positivamente hacia otro tipo de sociedad». ¿Qué dice en concreto tan grandilocuente frase? ¿Fue un asunto de falta de voluntad? Esto supone que la «la dirigencia democrática del país» sabía lo que había que hacer y no quiso hacerlo. Si eran «cambios inevitables»—(Del lat. inevitabĭlis) adj. Que no se puede evitar—, ¿cómo es que no ocurrieron? ¿Procuró conscientemente conseguir «la dirigencia democrática del país» una evolución negativa hacia el mismo «tipo de sociedad»?
Claro, estas insuficiencias de razonamiento no impedirán que haya quien recomiende la lectura de la inútil pieza como lección de política profunda. Y es que suena buenísimo, principalmente por sus declaraciones totalizantes: el irrespeto absoluto a las normas de conducta, por ejemplo. Supongo que Analítica reivindicará que sí las respeta, así como «la dirigencia democrática del país», pero entonces no sería tan absoluto el irrespeto. Por otro lado, no deja de ser ingenuo concebir que el gobierno y la oposición, entes antitéticos, pudieran lograr un «vasto acuerdo nacional» (la clave parece estar en el adjetivo). Tampoco es consistente, si se atiende a la prédica reciente de Analítica, negadora del gobierno y elogiosa de «la dirigencia democrática del país» durante todo el año de campaña electoral y aun ahora: «Ahora bien, si se trata de lograr un consenso, una buena fórmula sería convenir alrededor del candidato con más opción pero representado, no por una miríada de partidos, sino por la tarjeta única de la alternativa democrática. Eso permitiría que todos nos sintiéramos identificados con el espíritu de unión de los venezolanos demócratas». (La oportunidad de la tarjeta única, 25 de enero de 2013).
La recomendación de Analítica es que Venezuela alcance un pensamiento único «en el que se permita sentar las bases de un gran esfuerzo de reconstrucción nacional», mediante un «vasto acuerdo nacional». Pero esto del gran acuerdo nacional parece ser, para algunos, más bien un único pensamiento. ¿No es así, Ledezma? LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 27, 2013 | Memorias |
Tristes, como Durero, por el adiós de Luis Penzini Fleury
Es un caballero que se ha ido. Ya no celebrará a Kepler y Copérnico ni hablará orgulloso de sus hijos, ni mejorará el paisaje urbano, ni jugará dominó con nosotros, ni nos obsequiará libros o aderezos deliciosos. No contará más chistes ingeniosos y finos o anécdotas hilarantes, no nos sorprenderá más con las cosas muchas que sabía; no nos abrazará con su sonrisa, no nos llamará con su voz dulce, gentil y pedagógica, no nos convocará a la bondad. El peso de todo eso reunido lo sentiremos ahora, como una sola mole de amistad descomunal, en su elocuente ausencia. Luis Penzini Fleury fue él mismo un generoso regalo cósmico.
Hubo cosas que no pudo conocer: la doblez, la mezquindad, la malicia; en esto era un ignorante. Despedía luz, eso sí; inventaba incesantemente iniciativas bondadosas y eficaces, pintaba las conversaciones de nobleza, comunicaba con entusiasmo su admiración por los hechos de la inteligencia, no se rendía.
El país era, tras la familia, su interés supremo; jamás dejó de vivirlo, de sufrirlo y gozarlo. Últimamente, predicaba que a la sucesión de los discursos de la vieja democracia y el prevaleciente del hombre fuerte militarista, buscáramos superponer a la patria el discurso de los valores, el del hombre sabio.
Una última sonrisa me regaló el lunes, con ojos que se despedían, al regresar a su casa de la diálisis rutinaria en la que puso conmovedora esperanza, pasando frente a la mía para morir. De algún modo, supe que no volvería a verlo y que no le había agradecido adecuadamente todo lo que me había dado.
Mañana será cremado como Sigfrido, la paz de la victoria. Ha muerto un gigante amable, y su huella enorme ha quedado impresa suavemente, como suave era su corazón, en el territorio de nuestras almas y en el de la geografía. Esa marca irá creciendo con la edad de nuestra nostalgia. LEA
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Funeral de Sigfrido e inmolación de Brunilda – George Szell y Orquesta de Cleveland
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 24, 2013 | Argumentos, Política |
Antes eran los bloques de la Urbanización 2 de diciembre
Me deja—agrega el médico—perplejo/vuestro mal, y no debe acobardaros;/tomad hoy por receta este consejo/“Sólo viendo a Garrick podréis curaros”./—¿A Garrick? —Sí, a Garrick… La más remisa/y austera sociedad le busca ansiosa;/todo aquel que lo ve muere de risa;/¡Tiene una gracia artística asombrosa!/—¿Y a mí me hará reír? —¡Ah! sí, os lo juro;/Él sí; nada más él; mas… ¿qué os inquieta?/—Así—dijo el enfermo—, no me curo:/¡Yo soy Garrick!… Cambiadme la receta.
Juan de Dios Peza
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¿Para qué negar una tristeza? Eso me ha dejado el 23 de enero, el día de ayer, y me ha durado hasta hoy. La inconsistencia implícita en una «celebración» oficialista de un nuevo aniversario del 23 de enero de 1958, cuando cayera el régimen de un dictador calificado por Hugo Chávez (el 25 de abril de 2010) como «el mejor presidente que tuvo Venezuela por mucho tiempo… Lo odiaban porque era militar». Al comenzar el año aciago de 2002, el mismo Chávez decía que no había nada que celebrar el 23 de enero. Pero ahora su propio gobierno conmemora la fecha para arrebatarle la efeméride a la oposición, que había anunciado una marcha de manifestación política. Para desatar una «marea roja» no hubo oficinas públicas abiertas al servicio del ciudadano. Así lo advirtió una funcionaria a mi esposa, cuando solicitaba la solución de un simple trámite que ya lleva más de tres años. (La atendería el próximo lunes, porque el miércoles de esta semana debía asistir a una manifestación). El propio Chávez recordaba contradictoriamente, el 23 de enero de 2011, a Fabricio Ojeda, líder de la resistencia civil contra el tirano tachirense.
La tristeza había comenzado un día antes, cuando leí en El Universal: «…un grupo de sujetos encapuchados usando armas de varios calibres, ingresó al edificio 32 de la urbanización 23 de Enero y sacó de sus hogares a tres hombres (Ángel Rodríguez, César Torres y Elías Benjamín Laya), el resto de integrantes del colectivo armado enfrentaba a una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que patrullaba la zona y que trató de impedir que se cometiera el triple homicidio, relataron vecinos del sector. La GNB no pudo evitar la muerte de las tres víctimas, porque el colectivo que los enfrentaba estaba mucho mejor armado que los militares y lograron repelerlos y luego huyeron. (…) A Elías lo mataron dentro de su casa, a Ángel lo maniataron y lo bajaron arrastrado por las escaleras del edificio hasta tirarlo en la entrada y acribillarlo, y a César lo lanzaron desde una de las ventanas de su apartamento en el piso 11».
En la fecha conmemorativa, ciudadanos ataviados de rojo se reunieron en la urbanización de los horribles homicidios de la víspera, allí donde ni siquiera gente de la Guardia Nacional «Bolivariana» es capaz de resguardar la vida de sus habitantes. En esa urbanización creada por Pérez Jiménez funciona un Estado dentro del Estado, y es intocable. Está bien que Néstor Reverol, Ministro del Interior y Justicia, ruja contra presuntos atentados fraguados contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; así ha dicho: «No vamos a permitir ni un milímetro de desestabilización de parte de la ultraderecha». Debiera notar, sin embargo, que a los colectivos armados de la Parroquia 23 de Enero les ha permitido varias leguas.
Chávez dijo que Pérez Jiménez había sido mejor gobernante que todos los presidentes demócratas que lo sucedieron y le precedieron a él pero, en materia de seguridad personal, el gobierno claramente deficitario es el suyo. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 18, 2013 | Fichas, Política |
Hacia la seguridad del continente
La Ley Orgánica de Seguridad y Defensa (1976) creó el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, cuya Secretaría (SECONASEDE) se estableció al año siguiente bajo la dirección del general Agustín Berzares. Éste, nombrado poco después Embajador de Venezuela en Irán, cedería el cargo de Secretario del Consejo al general Luis Enrique Rangel Bourgoin. Fue bajo estos dos jefes militares que presté servicios ad honorem de asesoría al órgano recién creado, y allí conocí al Dr. Aníbal Romero, analista de la Secretaría, y trabajé junto con el general Alberto Müller Rojas (†) y el entonces coronel del Ejército José Antonio Olavarría, quien más tarde sería su Comandante General. En otras oportunidades, fui invitado a disertar en las escuelas superiores del Ejército, la Aviación y de Guerra Naval, y también ante el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN) por proposición del Dr. Ramón J. Velásquez. En 1980, el Dr. Romero ayudó al Dr. Luis Castro Leiva a organizar un ciclo de conferencias, promovido por el Postgrado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, sobre Seguridad, Defensa y Democracia, y sugirió se me invitara a participar. (En aquellos momentos, yo desempeñaba la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas). Luis Enrique Rangel Bourgoin, Arístides Calvani, Juan Carlos Rey, Teodoro Petkoff, Alberto Müller Rojas, José Vicente Rangel, entre otros, disertaron para los asistentes. Lo que sigue es la transcripción de mi conferencia. Ruego se tome en cuenta la inevitable obsolescencia de algunos puntos al cabo de treinta y tres años.
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LA DOCTRINA DE SEGURIDAD EN VENEZUELA
1. INTRODUCCIÓN
Las presentes notas han sido elaboradas bajo invitación del Dr. Luis Castro Leiva, Coordinador del Postgrado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, y del Profesor Aníbal Romero. La invitación a participar en el Ciclo de Conferencias sobre el tema Seguridad, Defensa y Democracia incluía la excitación a poner por escrito las ideas que cada conferencista expondría. A la vez, se había suministrado a los invitados una lista de temas que eran sugeridos por los organizadores del ciclo, como correspondientes a los asuntos que ellos consideraban de interés. Dentro de éstos, varios estimularon mi apetito analítico, coincidiendo algunos con temas por los que había transitado recientemente. Pero fue la inclusión de un trabajo del Dr. Juan Carlos Rey en la bibliografía básica enviada a los expositores, lo que me decidió a aglutinar estas notas en torno al problema de los requisitos o exigencias de una doctrina de seguridad para Venezuela. La lista de opciones incluía el tema de las «exigencias de una Doctrina de Seguridad y Defensa para un país democrático». De indudable valor teórico, este tema estaba aún un poco alejado de mi preocupación particular sobre el caso venezolano. En efecto, la gama de países democráticos incluye casos de muy diversas características. Pertenecen a ella, por ejemplo, la mayoría de los miembros del «club atómico». Pertenecen también al tipo democrático países de inferior desarrollo si se les compara con el de nuestra nación, o con ausencia de recursos tales como el petróleo. Por esta razón, en vez de complicar el título de mi conferencia, la que habría tenido que llamarse «Exigencias de una Doctrina de Seguridad y Defensa para un país democrático en vías de desarrollo de abundantes recursos naturales estratégicos y extensas costas rodeadas por regímenes autoritarios y con graves problemas de inmigración indocumentada», por esa razón, repito, preferí aventurarme en algunas precisiones sobre el caso venezolano.
J. C. Rey
Por otra parte, ya había dado una primera lectura al documento Doctrina de Seguridad Nacional e Ideología Autoritaria de Juan Carlos Rey. Siempre fue agradable asistir a sus clases de Historia de las Instituciones en la Universidad Católica Andrés Bello, y ahora tenía el placer de leer este trabajo suyo. Comoquiera que el amplio título del mismo quedara rápidamente delimitado en la intención expresada en la introducción—la de señalar «lo que no debe ser una doctrina de seguridad para nuestro país»—mi reflexión fue automáticamente dirigida al caso venezolano y a la consideración de algunas posibles consecuencias que la aplicación del pensamiento del Dr. Rey, tal como se manifiesta en el aludido trabajo, podría acarrear. La lectura de esas estimulantes páginas me lleva a apuntar algunos comentarios a la tesis de Juan Carlos Rey.
Pero en mi limitada exploración sobre temas doctrinarios voy a tratar de incluir consideraciones fácticas. Soy de la opinión de que no pueden tener la misma doctrina de seguridad países que confronten situaciones de seguridad radicalmente distintas. Un asentamiento en la Antártida no tiene los mismos problemas de seguridad que un territorio templado y fértil. Un espacio despoblado no tiene los mismos que una región populosa. Etcétera. Con esto quiero decir que una doctrina de seguridad no se define únicamente en términos del régimen político de un país, no se define solamente en términos de democracia o autoritarismo. Más aún, no creo que deba ser muy amplio el hiato de separación lógica entre un nivel doctrinario y un nivel estratégico de los conceptos sobre seguridad. Tan necio es conducir una acción o definir una estrategia sin normativa ética como construir una norma ética sin consideraciones que vayan más allá de lo abstracto.
Pienso tocar de modo somero distintos elementos que a mi juicio pueden aportar los bloques para la construcción de una doctrina, postura o complejo doctrinario-estratégico en torno a la seguridad de Venezuela.
2. ELEMENTOS NORMATIVOS
Debería considerarse ya, si no fuese por la presencia de algunos posiciones totalitarias, como una perogrullada la aserción de que la seguridad no es un fin en sí misma. Es ante las posiciones que subordinan todo otro interés al de la seguridad o la supervivencia que Juan Carlos Rey sale al frente. No puedo estar más de acuerdo con él.
Sin dejar de reconocer que nos movemos aquí en el terreno de los valores, creo que se puede ejercer dentro del mismo una sana comprensión de los principios lógicos. En efecto, la seguridad no es un objeto físico que pueda ser adosado o inyectado a una institución. La seguridad es siempre la seguridad de algo y jamás existe separada. Por esto resulta poco convincente que se argumente a veces que la actividad de preservar algo es más importante que lo que se preserva.
Earl Warren
No conozco una formulación más clara del principio de subordinación de la seguridad que la ponencia del Juez Warren en nombre de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en ocasión de derogar, por inconstitucional, una parte de la Ley de Control de Actividades Subversivas de 1950, aprobada en la época paranoide del macartismo. El artículo en cuestión definía como criminal el hecho de que un miembro del Partido Comunista trabajase en una planta de defensa, lo que colidía con la libertad de asociación garantizada en la Primera Enmienda de la Constitución. Escribió el Juez Warren: «Este concepto de ‘defensa nacional’ no puede ser visto como un fin en sí mismo, que justifique cualquier ejercicio de poder de legislación diseñado para promover tal objetivo. Implícita en el término ‘defensa nacional’ se halla la noción de defender aquellos valores e ideales que han distinguido a esta nación. Durante casi dos siglos, nuestro país ha sentido un singular orgullo por los ideales democráticos consagrados en su Constitución, y los más amados dentro de esos ideales han encontrado expresión en la Primera Enmienda. Sería realmente irónico que, en nombre de la defensa nacional, sancionáramos la subversión de una de esas libertades—la libertad de asociación—que hacen que la defensa de la nación valga la pena».
Siempre me ha impresionado ese trozo, y me parece hoy más que nunca repleto de consecuencias. Una de ellas es el corolario de que debemos ejercer la democracia para que valga la pena defenderla.
A mi modo de ver, no es responsabilidad de una doctrina de seguridad la de establecerse independientemente de una doctrina más general acerca de la forma y conducta de nuestra sociedad política. Esto sería una confusión de niveles lo que, por otra parte, es bastante frecuente en nuestro medio. Lo que se debe exigir a una doctrina de seguridad en materia principista es en realidad muy simple: primero, que no pretenda erigirse en cuerpo normativo de superior o equivalente nivel al de la Constitución; segundo, que sea consistente con esta última.
Es mi convicción que nada fortalece más una posición totalitaria que una posición extrema del signo simétricamente opuesto. Por ejemplo, creo que se debe al pacifismo extremo buena parte del combustible con el que ha contado el belicismo extremo, y viceversa. La actitud de los «halcones» es deplorable y censurable, según mis valores, pero para atacar sus argumentos no requiere uno adoptar la actitud de las «palomas». Así se haría el juego a los «halcones» y se les procuraría el único terreno sobre el que pueden cifrar sus esperanzas de prosperar. Es necesario reivindicar para los demócratas las categorías de la eficacia y de la fuerza que los partidarios de cierta doctrina de seguridad regatean a la democracia y consideran como subproductos exclusivos de un régimen autoritario.
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Logotipo de la USB
El Profesor Rey escogió, a mi juicio acertadamente, dirigirse al texto de la Constitución en su Preámbulo para aproximarse a una relación de los objetivos nacionales de Venezuela que, en sus palabras, «es la expresión de una realidad histórico-sociológica: recoge una serie de valores que se han ido desarrollando a lo largo de nuestra vida como Nación y que son compartidos por la inmensa mayoría de los venezolanos, de manera que han entrado a formar parte de nuestro patrimonio espiritual». El Prof. Rey transcribe lo siguiente: «…cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las Repúblicas hermanas del Continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre la base de del recíproco respeto de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumentos de política internacional»; «sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la tierra…» (Juan Carlos Rey, Doctrina de Seguridad Nacional e Ideología Autoritaria).
Llamó poderosamente mi atención el hecho de que el Prof. Rey hiciera tan peculiar selección del texto constitucional, al aludir a lo que él llama los «objetivos nacionales básicos y relativamente permanentes de la política exterior del Estado venezolano». Digo que es peculiar porque, aun cuando es claro que no se trataba de transcribir el texto íntegro sino de abstraer únicamente lo que viene al caso, me sorprende que no considere que viene al caso la siguiente y expresa declaración: «…con el propósito de mantener la independencia y la integridad territorial de la Nación, fortalecer su unidad, asegurar la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones…», declaración que no por casualidad, seguramente, es nada menos que el primer párrafo de ese Preámbulo del que el Prof. Rey entresacara algunas frases. Y a la conclusión del Preámbulo, nada menos que el Artículo Primero de nuestra Carta Fundamental establece: «La República de Venezuela es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de toda dominación o protección de potencia extranjera».
No hay ninguna duda de que nuestra Constitución establece una voluntad de defensa, una voluntad de seguridad de la nación venezolana. El problema reside en que no es la defensa de cualquier cosa, la seguridad de cualquier cosa. Se trata de defender y procurar la seguridad de la Nación, en tanto Pueblo, en tanto territorio y en tanto Democracia. Tocaremos este punto más adelante. Ahora quiero decir algo más en torno a lo que el Prof. Rey descontextuara.
El «repudio de la guerra» está muy bien. Sólo que hay repudios y repudios. Se la repudió, por ejemplo, en Munich en 1938. Ese repudio concreto facilitó la explosión de una concretísima guerra de seis años. Es un error lamentable, en el caso mencionado un error de 55 millones y medio de cadáveres, el proyectar en un interlocutor internacional el conjunto de motivaciones y valores que inspiran la acción del país propio. Se ha dicho, por ejemplo, que una de las causas por las que Israel se encontrase relativamente desprevenido para la Guerra del Yom Kippur, debe ser hallada en su falla de entender que en la mente de Sadat y sus asesores pudiese caber la decisión de entrar en una guerra que sabían perdida en el terreno militar. Lo que uno no haría no significa, ni práctica ni lógicamente, que otro no lo vaya a hacer.
Afirmo esto porque es particularmente importante reconocer, como lo hace el Dr. Rey, que Venezuela está circundada por países con circunstancias políticas, económicas y geográficas que difieren de las nuestras. Es precisamente la existencia de tales diferencias, además de las diferencias doctrinarias y perceptuales, que, no ya una doctrina, sino una concepción integral de la seguridad venezolana debe tomar en cuenta.
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Logotipo del IAEDEN
Se afirma con frecuencia que Venezuela ha adoptado una doctrina de seguridad prevaleciente en varios países latinoamericanos de signo totalitario. Yo no creo que ése sea el caso. No se encuentran expresiones de tal doctrina en la legislación venezolana. Acabamos de ver que esto es así en lo tocante a la Constitución, pero podemos tranquilizarnos más si leemos la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa. No es la doctrina de la seguridad por encima de todo la que se enseña en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y, habiendo sido asesor ad honorem de la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, puedo certificar que ésa no es la doctrina de la Secretaría. Por eso pienso que, concediendo que sea cierto que aún no disponemos de una doctrina de seguridad «completa» (independientemente de lo que «completa» signifique), aceptando que es esencial la vigilancia de la consistencia y constitucionalidad en la confección de la misma, considero más importante en los momentos actuales hacerla efectiva, dado que la orientación clara de nuestras Fuerzas Armadas es democrática. Y no creo que se garantiza su efectividad cargando a la política de seguridad, que es y debe ser una política o doctrina subordinada y parcial, con los objetivos totales del Estado, o soslayando u omitiendo la consideración de lo que le es propio. La responsabilidad de los objetivos totales del Estado recae sobre el Estado como un todo y su doctrina general, no sobre una doctrina parcial. El insistir demasiado sobre lo contrario puede conducir, justamente, a lo que no se quiere, a que la doctrina de seguridad se ocupe de todo.
Por otra parte, la carga total incluye objetivos que en ocasiones pueden ser contradictorios, y pedirle a una doctrina de seguridad objetivos contradictorios puede ser paralizante por esquizoide. Por algo no son una misma persona el abogado defensor y el fiscal acusador de un indiciado, ni se le exige a la policía que dirija una institución de protección al menor, aunque sean plausibles tanto la actividad protectora como la policial. Es la función de dirección global de una sociedad la que debe conciliar las eventuales contradicciones entre una doctrina y otra o, más precisamente, entre una política y otra. Pero cualquier estado debe tener la capacidad de elegir entre políticas alternativas según las circunstancias.
La claridad que es prudente al distinguir entre niveles conceptuales y funcionales es de suprema importancia, también, en la distinción operativa que se establezca para los distintos niveles de una organización. Quisiera ilustrar estas últimas nociones de distinción entre niveles con tres ejemplos.
El primero es tomado de la experiencia universitaria de la última década. Ilustra una confusión de niveles relativa a la capacidad de los sistemas. Durante esa época tuvo lugar un explosivo crecimiento de la inscripción universitaria, principalmente en la Universidad Central de Venezuela. Las autoridades universitarias no sólo no se oponían a esto, sino que aupaban el crecimiento, basadas en el argumento de que todo bachiller de la República, según nuestras leyes, tenía derecho a recibir instrucción universitaria. No se pasearon por la consideración de que, si bien el derecho era indudable, su capacidad de atenderlo era limitada, y que su insistencia en admitir a todo aquel que tocase sus puertas conduciría a un deterioro de la calidad de la enseñanza, en desmedro de todos los estudiantes de esa época y aun de ésta. La ley establece que todo ciudadano venezolano y civil, mayor de dieciocho años, tiene derecho a votar. Pero en eso no se puede apoyar la mesa número siete de la parroquia de Santa Rosalía para admitir que en ella voten todos los habitantes del Distrito Federal si a ellos se les ocurriese presentarse a votar allí. Esto sería un error consistente en asumir una cuota mayor de la que se puede aportar.
Más pertinente es el segundo ejemplo. Se ha producido con frecuencia en el campo de la política científica y a veces en la política industrial. Supongamos que se ha establecido como política general que se deberá procurar que la investigación tecnológica se concentre en unas cuantas áreas prioritarias, que se incluya personal venezolano entre los investigadores, que se dirija a proyectos de mediano alcance y altas probabilidades de éxito técnico, que prometan alta rentabilidad económica estos proyectos, que sean de rápida maduración y que sustituyan algún proceso o producto importado. Es muy frecuente observar que un funcionario que tenga por función aprobar proyectos de investigación para su financiamiento o apoyo, exija a cada proyecto individual la totalidad de los criterios. En ese caso, rara vez se consigue un proyecto que cumpla simultáneamente con la lista de requisitos. La estrategia correcta, que rara vez se le ocurre a nuestro rígido funcionario, se basa en la concepción de que puede obtener los objetivos promediando unos proyectos con otros. Aquí el error es de distribución rígida y homogénea en grado excesivo.
Por último, ya en el campo donde es posible la especialización, sería un error que la Ingeniería Militar quisiera hacer inteligencia. o que Blindados pretendieran realizar transporte fluvial, aunque en principio deba existir flexibilidad como para realizar actividades de emergencia en sustitución. Del mismo modo, es contrario a las sanas normas de la especialización institucional el que el aparato de seguridad de un Estado se dedique a labores llamadas de desarrollo, por más que pueda participar subordinadamente en grado pequeño o que en emergencias reales tenga que asumir funciones que en principio no le son propias. Esto puede ser hasta altamente peligroso porque, en general, las organizaciones y los grupos tienden a hacer cosas, y si su función específica no es demandada o requerida por circunstancias, tales como pueden ser una prolongada época de paz y una percepción de bajas presiones o amenazas menores, podrían ponerse a hacer otras cosas. No puedo dejar pasar esta ocasión de rechazar la noción, que escuchase de un importante ministro del período anterior, de que la seguridad y el desarrollo son términos equivalentes o que el desarrollo es la seguridad. Dependiendo de las situaciones—me cito a mí mismo—un avance en el estado de desarrollo puede llegar a representar un retroceso en seguridad, como se produce, por ejemplo, cuando el progreso de un país le hace más atractivo ante actores agresivos.
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Hasta ahora hemos conducido una definición sin hacer más que una breve alusión a un asunto central: ¿seguridad de qué? Hay al menos cinco dimensiones de la seguridad concebida en términos nacionales, a saber: la seguridad de los habitantes, la seguridad del territorio, la de la dotación física, la del régimen político, la de la identidad nacional. El orden en que las hemos mencionado corresponde a un grado creciente, más o menos, de abstracción.
Recordemos al Juez Warren. Negaba éste que la seguridad fuese un fin en sí misma y postulaba que la defensa nacional estaba en función de valores que hacían que valiese la pena la defensa. ¿Quién es el llamado a decir que ya no vale la pena defender, digamos, un cierto régimen político? El problema no es sencillo de resolver, como no es fácil distinguir el asiento de la legitimidad de las evaluaciones de lo que vale o no la pena. Pero es un problema importante, porque en casi todas las justificaciones de los golpes de Estado aparece de modo explícito o implícito una acusación de que el régimen sustituido se había alejado de un cierto desiderátum o de una cierta forma legal. Es concebible un mecanismo de consulta periódica sobre el grado de satisfacción de una sociedad sobre sus propias reglas de juego, que si bien difícil de diseñar e interpretar, es preferible a la alternativa de permitir que cualquier grupo se apropie la facultad de decidir lo que vale la pena en cuanto a régimen político.
En lo tocante a la llamada identidad nacional, la protección de la misma posee una dificultad que guarda relación directa con la posibilidad de definir lo que constituye tal identidad.
3. ELEMENTOS TEÓRICOS O PARADIGMÁTICOS
Las ciencias sociales. incluida dentro de éstas la ciencia política, se caracterizan por la coexistencia de modelos parciales, teorías de diferente grado de abstracción y ámbito, así como por el manejo de una extraordinaria complejidad de datos. Si, además, se pretende normar una conducta de modo técnico al enfrentar problemas de decisión, se adiciona a esa colección un conjunto bastante abigarrado de técnicas y algoritmos.
En una situación tal, en la que no hay una gran teoría integradora, resulta imprudente conceder el predominio a una teoría o modelo particular. Creo, por ejemplo, que hay una tendencia al panaceísmo en relación con la denominada teoría de sistemas, a la que pareciera reconocérsele una amplitud de aplicación que no siempre tiene.
Una estrategia más plausible es la de emplear, según las circunstancias, todo el arsenal de técnicas disponibles, evitando la cosificación del método y las substituciones, en consecuencia, de la realidad por el modelo.
Uno de tales métodos lo proporciona la teoría de los juegos, en torno a la cual se ha depositado alternativamente críticas y bendiciones. Quiero ilustrar con una afirmación del Prof. Rey una vía, a mi juicio inadecuada e innecesaria, de rechazar, en su caso, el instrumento.
Un juego teórico
En el trabajo al que he venido aludiendo, el Prof. Rey nos advierte: «Es una característica predominante del pensamiento estratégico una abusiva simplificación de la realidad, de acuerdo a la cual se perciben las relaciones entre los actores como suma-cero—es decir, totalmente conflictivas—no teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, son más bien suma-variable—es decir, al menos parcialmente cooperativas. A partir de tal hipótesis de puro conflicto se recomienda una estrategia tipo ‘minimax’ (o ‘maximin’) que al ser seguida por los jugadores lleva necesariamente a un escalamiento progresivo del conflicto, a que se esfumen los aspectos cooperativos de la situación y a que todos los contendores resulten, a la larga, perjudicados».
Sobre esto quiero afirmar dos cosas. Primero, que no es exclusivo de los juegos «suma-cero» la estructura que conduce a la escalación. Hay situaciones de suma distinta de cero en la que se produce la desconfianza entre los actores y la pérdida para ambos, como lo ilustra el ya famoso juego que se conoce con el nombre de «dilema del prisionero».
Segundo, no necesariamente las percepciones tienen que ser de tal naturaleza que impliquen una actuación que suponga que las relaciones entre estados son de suma cero. La actitud puede provenir de una decisión de interpretar la realidad de ese modo por razones estratégicas aun cuando se la perciba de modo distinto. Me explico. Un actor puede decidir como postura estratégica que no sólo vale la pena protegerse de agresiones probables sino también de agresiones meramente posibles, aun cuando perciba una realidad donde las situaciones suma-cero son escasas y, por tanto, poco probable cierto tipo de agresiones. Por poco probable que sea, si una agresión meramente posible fuese a producir un alto impacto, la protección contra esa alternativa es muy racional y relativamente independiente de la percepción. En este caso, la adopción de un modelo de suma-cero puede ser deliberada y postperceptual.
Con estas observaciones he querido señalar lo siguiente: el agente de decisión en materia de seguridad no es un investigador teórico cuyo sueño sea poseer una teoría superior o totalizadora, por más cómoda que pudiera ser la interpretación de la realidad con arreglo a esa teoría. Debe distinguir no sólo entre realidad y teoría, sino fundamentalmente entre pregunta teórica y problema concreto, y evitar su casamiento con un paradigma en particular, ya que se le exige lógica de decisión y no homogeneidad teórica. El buen analista de políticas distingue entre teoría e instrumento, entre modelo descriptivo y modelo heurístico y prescriptivo.
4. ELEMENTOS DE PRÁCTICA POLÍTICA
Téngase la doctrina que se tenga, las prácticas políticas de una sociedad condicionan fuertemente las posibilidades reales de expresión de lo doctrinario. En torno al asunto de la seguridad y, más concretamente, en torno a lo militar, existen en el país prácticas que modifican la eficacia de cualquier doctrina o política en el campo.
Por ejemplo, al comienzo he dicho que la doctrina de seguridad debe estar subordinada e integrada a una doctrina general del Estado, así como a una política global debiera estar subordinada la política de seguridad. Pero en Venezuela, como en muchos otros países, opera una cierta tendencia al aislamiento de lo militar. Una de las consecuencias de esa práctica es la baja participación, hoy en día mayor, gracias a Dios, de los civiles en asuntos de seguridad y defensa. Una manera de expresarse esta participación disminuida es la imposibilidad práctica, por herética, de que la cartera de Defensa sea ocupada por un civil, como ocurre en una de las dos megapotencias.
Otra práctica política del Estado venezolano es la de mantener como compartimientos relativamente estancos las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Un Estado Mayor General que se cambió por un Estado Mayor «Conjunto», una Junta Superior de las Fuerzas Armadas que funciona poco.
O, por ejemplo, la política de alta rotación de cargos. Se escucha a veces de jefes militares que sus respectivos staffs tienen una baja motivación hacia asuntos de largo plazo, porque como «de todos modos en corto tiempo me cambiarán al comandante».
O, finalmente y sin agotar la lista de prácticas, la política de retiro mandatorio y relativamente temprano.
Tomemos un caso para evidenciar el efecto de algunas de esas prácticas. La Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa está supuesta a ser el principal órgano analítico del país en el campo que nos ocupa. La Ley que la crea es de agosto de 1976. Bien, desde esa fecha hasta hoy ha habido tres Secretarios y tres Sub-Secretarios, sin contar otros cambios a nivel de las distintas divisiones. Cada nuevo Secretario gasta un mínimo de un mes para empaparse del rumbo que se traía marcado, con la consiguiente ineficacia.
No quiero negar que estas prácticas tengan una justificación o que al menos la tuvieran, digamos, en 1958. La historia venezolana, el contexto latino y las circunstancias han hecho que el gobernante civil se prevenga de los militares. Habrá que ver si esto continúa siendo funcional hoy en día. Ya es un paso que hay que saludar el nombramiento de un general retirado a la Sub-Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, lo que podría garantizar cierta continuidad en las labores de órgano tan importante.
5. CONCLUSIÓN
Las bases de una Doctrina de Seguridad para Venezuela, correspondientes a su orientación doctrinaria general en materia política, están dadas. Como lo señalara el Prof. Rey, nuestra Constitución Nacional tiene disposiciones claras y expresas en ese sentido. Creo de la mayor importancia que el tema de la seguridad y la preocupación por el mismo se hayan generalizado en nuestro país. La población civil debe informarse, preocuparse y estudiar la disciplina y la problemática de la seguridad, y hasta hacer carrera en el campo. Deberá participar en la confección de la doctrina para hacer que ésta contenga percepciones variadas y representativas. A la hora de hacerlo, resultará conveniente hacer coincidir los valores básicos de nuestra organización y práctica social, junto con lo más variado de los aportes teóricos y tecnológicos y un examen de nuestras prácticas en relación con el tema, las que, en muchos casos, están dominadas por viejas justificaciones y no pocos mitos. El Ciclo de Conferencias organizado por la Universidad Simón bolívar es un gran paso de avance, que debiera ser reiterado y desarrollado, tal vez con la constitución de un Instituto que se ocupe del tema y que pudiera aportar al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, en cooperación con su Secretaría, una visión adicional de las dimensiones del problema. Una recomendación mínima sería la de la Universidad repitiera ciclos similares con temas cada vez más específicos en el campo de la seguridad.
LEA
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Para descargar el texto de esta entrada en archivo de formato .pdf: La Doctrina de Seguridad en Venezuela
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