por Luis Enrique Alcalá | Jun 20, 2010 | General, Política |
Enjambre de estorninos
Las sociedades humanas crecen en complejidad, en riqueza y variedad de roles, de problemas, de oportunidades. La pretensión de comprenderlas y manipularlas desde ideas de la Revolución Industrial o la Revolución Bolchevique, o con técnicas de Maquiavelo, Marx o Bismarck es no sólo inoperante, sino irresponsable, indigna de una verdadera profesionalidad política.
Incluso las herramientas analíticas clásicas de la política son menos poderosas que las que ahora se derivan de más recientes desarrollos científicos. En la predicción de resultados electorales—en los Estados Unidos—un modelo que sigue conceptos de la predicción de terremotos se ha revelado como acertadísimo. Nacido de la colaboración de un historiador estadounidense, Allan Lichtman, y un geofísico y matemático soviético, Vladimir Keilis-Borok, a partir de 1981, el modelo ha predicho con exactitud los resultados de todas las elecciones presidenciales desde esa fecha, luego de que sus “marcadores” fueran calibrados para coincidir con los desenlaces de las elecciones de los últimos ciento veinte años (entre 1860 y 1980). En vez de referirse a los candidatos específicos o los temas propios de cada campaña, el modelo de Lichtman y Keilis-Borok identifica señales (cuatro básicas y nueve complementarias) que parecen determinar con precisión si una determinada elección será “estable” (cuando gana las elecciones el partido que está en el gobierno) o “cataclísmica” (cuando las gana el partido que está en la oposición). Explica Keilis-Borok. hoy en día profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad de California en Los Ángeles: “Los sistemas que generan elecciones y terremotos son sistemas complejos. No son predecibles con ecuaciones simples, pero después de tamizarlos y promediarlos en el tiempo se hacen predecibles”. Lichtman lo resume de esta forma: “Hemos reconceptualizado la política presidencial en términos geofísicos”.
En general puede decirse que es de la ciencia de la complejidad, de la teoría del caos o la del comportamiento de los enjambres, todas inventadas en la segunda mitad del siglo XX, de donde vienen ahora y continuarán viniendo los nuevos moldes de interpretación eficaz. Ninguna de estas disciplinas les es familiar a nuestros políticos convencionales—o, si a ver vamos, a los actuantes en cualquiera otra nación hasta ahora—y sin ellas éstos entienden y entenderán las cosas mal.
Un rasgo fundamental y definitorio de los sistemas complejos es su “sensible dependencia de las condiciones iniciales”. Esto es, que una pequeña variación en el inicio de un proceso complejo puede conducir a un futuro muy diferente. (“¿Desata el aleteo de una mariposa en Brasil un tornado en Texas?”, preguntaba en discurso de 1972 el meteorólogo Edward Lorenz, que ya en 1959 se había topado con esa sensibilidad esencial de los sistemas complejos). ¿Quién sabe si la señora que encendió la airada protesta por el costo del pasaje de autobús en Guarenas, el 27 de febrero de 1989, había recibido abuso del marido la noche anterior? Si Carlos Andrés Pérez no hubiera accedido a su segundo gobierno en acto fastuoso que parecía una coronación, poco antes de apretar el cinturón del pueblo ¿habría reaccionado la psiquis de los caraqueños de la misma forma al aumento de ese costo?
Las condiciones iniciales del Caracazo son irrepetibles. Desde entonces, el precio del transporte público urbano e interurbano ha aumentado en innumerables ocasiones, sin que por ello se haya suscitado una agitación ciudadana tan terrible como la de aquel febrero, cuando las abejas humanas de la urbe del Ávila se africanizaran.
Las sociedades mutan; su conocimiento crece y se diversifica. Esto es tanto así que Kevin Kelly, el Fundador Ejecutivo de la revista Wired y autor del ya clásico e importante libro Out of control (Perseus, 1995), pudo decir en reciente disertación sobre el futuro de la ciencia: “La ciencia es nuestro modo de sorprender a Dios. Es para eso que estamos aquí”. En la introducción que de ella hiciera Stewart Brand, éste abundó sobre esa intuición: “Es nuestra obligación moral generar posibilidades, descubrir los modos infinitos—sin importar cuán complejos y pluridimensionales sean—de jugar el juego infinito. Se requerirá todas las especies posibles de inteligencia para que el universo se entienda a sí mismo. En este sentido, la ciencia es sagrada. Es un viaje divino”.
Una política que no esté a la vez abierta y conectada a una percepción tan amplia y elevada como ésa, que no abreve de la ciencia y se conforme con catecismos resumidos de unas “humanidades” clásicas, no puede aspirar a entender la sociedad contemporánea, mucho menos guiarla. El intento de entrar al futuro con los lentes de Ezequiel Zamora puestos, o aun las gafas de un personaje tan visionario como Simón Bolívar, sólo puede desembocar en reflujo, en retroceso. No bastan, para enfrentar las complejísimas condiciones de una sociedad de hoy—la nuestra ya se compone de más de veintiocho millones de personas—un bagaje de retórica y la elección de un enemigo.
Que la ciencia, que la metodología haga el relevo de la ideología, para que el hombre justo de Vargas se haga con el mundo, y no el audaz de Carujo. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 17, 2010 | Argumentos, Política |
Valla disponible para anuncios socialistas
En Diálogo Duro, se anunció anteayer que se desmontaría algunas de las incompetentes argumentaciones del presidente Hugo Chávez ante el asedio de Stephen Sackur, conductor del programa Hardtalk para la BBC de Londres. El segundo tema acometido por Sackur fue el de una democracia que excede el mero origen en elecciones, y trajo a colación el caso de la jueza Afiuni como ejemplo de irrespeto a la independencia de los poderes. Después de una respuesta nada convincente del presidente Chávez, Sackur insistió:
—Pero muchos observadores independientes han examinado lo que ha hecho en ese caso y en otros y concluyeron, y estoy citando aquí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cito: «el sistema político de Venezuela está fundamentalmente minado por la falta de independencia de la justicia».
Esta fue la respuesta del Presidente de la República:
—¿Tú hablas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Te atreves tú a defenderla o alguien, con un poquito de moral y de respeto por sí mismo? Esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha apoyado golpes de Estado. Cuando yo fui derrocado aquí por los ricos, apoyaron al gobierno y desconocieron mi carácter legítimo y democrático. Es una comisión manipulada…
La salida es típica; evade la pregunta y ataca al crítico en el tipo más primitivo de falacia: el argumento ad hominem (sin referirse a la proposición descalifica a quien la profiere). Pero, además, en este caso la acusación específica contra la CIDH es enteramente falsa, y fue rebatida hace años; para ser precisos, el 23 de mayo de 2002, en documento del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos “sobre las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2001”. Ese informe dice:
Aprovecho esta importante ocasión para expresar el beneplácito de la Comisión por el restablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente elegido del presidente Chávez. Ante el intento golpista, la Comisión Interamericana reaccionó públicamente y de inmediato expresando, entre otras cosas, su más enérgica condena por los hechos de violencia que costaron la vida de al menos 15 personas y causaron heridas a más de un centenar. Asimismo, la Comisión lamentó constatar que durante los días 12 y 13 de abril se produjeron detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos; deploró la destitución de las más altas autoridades de todos los poderes públicos; y advirtió que dichos hechos configurarían los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática. En este contexto y en cumplimiento de sus obligaciones convencionales y estatutarias, el 13 de abril de 2002 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, conforme a su práctica de más de cuatro décadas de trabajo, se dirigió a quienes en ese momento detentaban el poder de facto en Venezuela, para solicitar información sobre la detención e incomunicación del Presidente Hugo Chávez Frías y profirió medidas cautelares relacionadas con la libertad, integridad personal y garantías judiciales del señor Tarek William Saab, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela. En los últimos días, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Luis Alfonso Dávila, habría catalogado de “ambigua” la posición mantenida por la CIDH frente a los hechos ocurridos en Venezuela en recientes días. Para sustentar tal afirmación, el Ministro Dávila citó esta comunicación nuestra dirigida a José Rodríguez Iturbe, quien fuera designado Canciller en el llamado gobierno de transición. La CIDH se ve obligada a precisar que esa comunicación no puede interpretarse como forma alguna de reconocimiento al régimen de facto. En ningún momento, explícita o implícitamente la Comisión reconoció al gobierno de facto en Venezuela. Conforme a su práctica y a la de otros órganos internacionales de derechos humanos, se dirigió a quienes el día 13 de abril de 2002 detentaban de facto la autoridad estatal en Venezuela, ya que el ejercicio de la autoridad, usurpada o no, conlleva la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. En múltiples ocasiones en el pasado la Comisión ha mantenido comunicaciones con gobiernos de facto en distintos países del hemisferio, a la par de condenar enérgica y categóricamente los quiebres institucionales. No corresponde a la CIDH conforme a sus facultades convencionales o estatutarias reconocer a gobiernos sino proteger los derechos humanos de las personas y es lo que precisamente hizo en este caso.
La facilidad con la que el Presidente de la República dice cosas que no son verdaderas es sencillamente asombrosa. Sólo un desprecio por la memoria y el grado de información de la ciudadanía explica tan flagrantes falsedades. En este caso, sobre todo, a lo falaz se añade lo malagradecido. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 9, 2010 | Acciones, Política
Las dudas conocidas
¿ESTÁ UD. DE ACUERDO CON LA IMPLANTACIÓN EN VENEZUELA DE UN RÉGIMEN POLÍTICO-ECONÓMICO SOCIALISTA?
(Al final, los enlaces del desarrollo de la idea)
La proposición de un referendo consultivo sobre la conveniencia de un régimen socialista en Venezuela, a ser celebrado el 26 de septiembre de este año, ha suscitado un buen número de comunicaciones dirigidas al suscrito por correo electrónico. Aunque he contestado directamente cada una, el conjunto conforma una serie de «preguntas frecuentes» o FAQ que debe ser representativa de las dudas o inquietudes formadas en quienes hayan tenido noticia del proyecto. Esta presunción lleva a componer las notas que siguen.
Las observaciones formuladas a la idea entran nítidamente en cinco grupos: 1. si tiene sentido un referéndum «sabiendo» que el Consejo Nacional Electoral «torcería» los resultados («Si nos ubicamos en un escenario donde el CNE tiene el control electoral del país, es como tratar de ganarle al tramposo en su guarida»); 2. si no debe hacerse más específica la pregunta consultando sobre «el socialismo del siglo XXI» o «el tipo de socialismo que el gobierno está tratando de imponer en Venezuela»; 3. si la coincidencia del referendo con las elecciones de Asamblea Nacional no afecta a éstas y a las posibilidades electorales de las candidaturas de oposición (ésta fue la observación más frecuente); 4. si la idea del referendo mismo no debiera contar con la anuencia a priori de la Mesa de la Unidad Democrática; 5. si es correcta la idea de abrir la asociación con el propósito único de recoger y validar las firmas de Electores para la convocatoria del referendo a partidarios del socialismo, en lugar de restringir la pertenencia a ciudadanos opositores al gobierno. Adicionalmente, una objeción particular, recibida no por correo electrónico sino en conversación cara a cara, será comentada al final.
Paso a comentar una por una estas observaciones, no sin registrar antes que, en abrumadora mayoría, casi todos los correos recibidos han sido aprobatorios del proyecto y muy cálidas ofertas de cooperación para su exitosa puesta en práctica. Los comentarios vendrán presentados en orden inverso.
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Alguna extrañeza causaron a algunos interesados las siguientes afirmaciones de la previa Puesta al día: «Una vez que he decidido, junto con otros compatriotas, la constitución de la asociación mencionada, he comprendido que esta iniciativa debe estar abierta a todos los ciudadanos venezolanos, sin distingo de afiliación política. En particular, es para nosotros un asunto de meridiana claridad que los ciudadanos o los dirigentes políticos que suscriban a las distintas corrientes socialistas deben ser los primeros interesados en que se celebre una consulta de esa naturaleza: está en su interés procurar que una mayoría democrática sirva de fundamento a sus intenciones programáticas». Antes, había dicho de la historia de la proposición de un referendo sobre el socialismo: «Esta historia es hasta ahora la de una opinión personal y sesgada, lo que deberá ser suplantado por un propósito clínicamente neutro».
En efecto, prácticamente todos los que escribieron interesados en la proposición tienden a verla como una magnífica idea opositora pero, aun cuando es público y notorio que mi propia posición respecto a la implantación de un régimen socialista en nuestro país es negativa creo que, en cuanto la asociación de propósito único, ahora en formación, esté constituida formalmente, el carácter mismo del referendo que se quiere celebrar debe imponerle una óptica de apertura, sin que tal cosa obste para que cada quien argumente su postura ante el tema de fondo con el más legítimo ardor, dentro de un marco de respeto a la opinión de los demás.
Esto es así porque no se trata de un referendo revocatorio, específicamente convocado con intención de retirar sus poderes a un funcionario de elección popular, y tampoco de un referendo abrogatorio que busque anular alguna ley concreta (no se le ha ocurrido a la Asamblea Nacional, todavía, aprobar una ley de instalación del socialismo).
Un referendo consultivo es tomar la opinión del Soberano sobre algún asunto «de especial trascendencia nacional», como reza el Artículo 71 de la Constitución y, antes, el Artículo 181 de la derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, de donde aquélla tomó esa redacción. En tal sentido, no se trata de un evento en el que sólo deban interesarse quienes estén de un lado de la cuestión. Esta posición no es nueva en mí; cuando se preparaba el referendo revocatorio presidencial que finalmente tuvo lugar el 15 de agosto de 2004, hubo quienes argumentaron que en este evento no debían votar siquiera quienes se opusieran a la revocación, y a esta interpretación muy equivocada salí al paso en la Carta Semanal #66 de doctorpolítico (Críticas demofóbicas) del 11 de diciembre de 2003.
Cualquier partidario del socialismo que sea persona razonable y de espíritu democrático debe entender que tal sistema no debe ser impuesto a la sociedad, que esta decisión es de tal profundidad y de tan grave naturaleza, que no debe ser adoptada sino después de una consulta al Soberano. No es un secreto, además, que hay importantes contingentes de ciudadanos que, si bien apoyan en términos generales el gobierno presidido por Hugo Chávez, encuentran creciente desacuerdo con sus métodos frecuentemente avasallantes; que, si bien sienten afecto y gratitud hacia su persona, necesitan expresar diferencias con su criterio. El referendo consultivo sobre la conformidad con la implantación de un régimen político-económico socialista proveerá un canal idóneo a esa expresión.
Muchas derivaciones de este planteamiento podrán ser explicadas y debatidas desde ahora hasta el 26 de septiembre; la iniciativa tiene la virtud de la riqueza, y por eso mismo puede abrir un debate honesto y enriquecedor. Una entre ellas quiero destacarla de una vez: un rechazo del socialismo no es lo mismo que abrazar al capitalismo o ninguna otra ideología diferente; se trata de asuntos lógicamente independientes en un mundo que cada vez menos se ve en blanco y negro, en el que la riqueza multicolor de las diversidades culturales y de opinión nos promete, a pesar de todas las dificultades del momento en el planeta, un futuro mucho más satisfactorio.
Es, por último, una necesidad nacional la unión de los venezolanos, hoy divididos artificialmente por una política ideológica que sigue líneas comprensibles pero obsoletas e ineficaces. El referendo propuesto es un evento sobre cuya oportunidad puede haber en el país amplísimo consenso, y por tanto es un paso importante en la recuperación de la unidad de la gran familia venezolana. Es, por consiguiente, un referendo cuya celebración puede y debe ser apoyada por todos los venezolanos.
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Una claridad respecto del punto anterior debiera bastar para comprender que la iniciativa del referendo sobre la implantación del socialismo en Venezuela no tiene por qué contar con la anuencia, aprobación o autorización de la Mesa de la Unidad Democrática, como tampoco con igual cosa por parte de los comandos electorales oficialistas.
Personalmente, he expresado pública admiración por el arduo trabajo de la Mesa de la Unidad Democrática (Entrevista con William Echeverría 06/05/10), pero creo que ella debe seguir en el curso que ha elegido por buenas razones: concentrarse justamente sobre las elecciones de Asamblea Nacional.
Si la Mesa de la Unidad Democrática como un todo, o algunas entre sus organizaciones miembros, quiere cooperar con la convocatoria del referendo—por ejemplo, instruyendo a sus militantes para que se declaren voluntarios para recolección de firmas—la asociación de propósito único agradecerá la ayuda y recibirá a esos voluntarios a título de ciudadanos, pues no está entre sus funciones o fines federar organizaciones políticas específicas. Lo mismo diría a cualquier cooperación que pudiera ser ofrecida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La cosa sería diferente, por supuesto, si fuera posible un acuerdo bilateral a este respecto entre ambas organizaciones políticas; en este caso, la asociación para la convocatoria del referendo daría la bienvenida a tan portentoso consenso, pero respeta la noción de que este acuerdo debiera ser asunto de decisión exclusiva del PSUV y la MUD. Mi estimación personal es que el país entero lo agradecería a ambas; es realmente una terca y poco venezolana malacrianza sostener que no hay absolutamente nada en que estos contendientes puedan ponerse de acuerdo. Aun así, este desiderátum no agota la opinión nacional; la suma del PSUV y la MUD no reúne siquiera la mitad de las opiniones ciudadanas del país. (Dicho sea de paso, también agradeceríamos mucho los venezolanos que la MUD y el PSUV pudieran sentarse para acordar un pacto de mutuo respeto en el proceso de elección de la Asamblea Nacional, incluyendo principalmente un respeto a los resultados electorales. El Consejo Nacional Electoral pudiera aventurar una exhortación al respecto, un comunicado de altura).
Adicional y específicamente, la Mesa de la Unidad Democrática, dada la demostrada capacidad y ponderación de sus dirigentes, sabrá comprender rápidamente las razones expuestas en el punto relacionado que sigue y ver claramente que, lejos de afectar sus propósitos, la celebración del referendo propuesto sólo puede potenciarlos.
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La duda más frecuente en las comunicaciones recibidas, todas expresivas de un gran interés en la iniciativa, es si la promoción del referendo no afectará negativamente el desempeño de las campañas (especialmente las de candidatos de oposición) hacia las elecciones de la Asamblea Nacional.
Creo que la respuesta a esa duda es declarar que estas elecciones se afectarían significativamente por la inclusión del referendo en su misma fecha, el 26 de septiembre, pero de un modo totalmente contrario: las afectaría de una manera enteramente positiva. Esto es así por dos razones principales.
Primera: porque el debate sobre la materia del referendo—la conveniencia o inconveniencia de instaurar en Venezuela un régimen socialista—contribuirá a clarificar el tema central de esta elección. La Asamblea Nacional en funciones o, más exactamente, su fracción dominante, la del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha asumido una línea de cooperación incondicional y aquiescencia plena a las intenciones y decisiones socializantes del Ejecutivo Nacional. Ahora todos los diputados de esa importante fracción hablan de socialismo como la justificación última de las leyes, investigaciones y acuerdos que aprueban con la mayor celeridad, para facilitar la acción del Presidente de la República en dirección del socialismo. Están con el Presidente en un compromiso de «patria, socialismo o muerte». Este tema, por tanto, es el verdadero debate nacional, más allá de las muy razonables agendas legislativas de cada candidato a diputado, y de la crucial necesidad de restituir en el país un equilibrio de poderes enteramente extraviado.
Segunda: porque la importancia de la cuestión estimulará una mayor afluencia electoral el 26 de septiembre. Esto, por cierto, debiera ser asunto del mayor interés a los candidatos de oposición especialmente. Más de un estudio de opinión señala que, aun en circuitos donde la propensión a elegir candidatos de oposición es mayoritaria, una mayor tendencia abstencionista en el electorado opositor terminaría dando el triunfo a candidatos del oficialismo.
Los promotores de la asociación de propósito único, por otra parte, diseñamos la operación procurando que el consumo de recursos y esfuerzo sea mínimo, a fin de reducir cualquier exigencia que pudiera afectar los recursos necesarios a las campañas de los candidatos a diputados.
En plan reiterativo, dada la importancia del punto y la inquietud compartida por quienes lo levantaron con la mayor amabilidad y un evidente interés, transcribo de una lámina de presentación por uno de los promotores de la asociación de propósito único (en formación) durante una de sus sesiones de trabajo:
-Es importante precisar que la propuesta brinda una bandera o tema o propuesta o narrativa de carácter nacional, motivacional, aspiracional, existencial que potencia todo el esfuerzo de candidaturas individuales y permite una campaña unificadora dirigida a todos, con especial apelación a los Ni-nis y al chavismo light con incidencia significativa sobre el abstencionismo.
-No es lo mismo votar por un candidato en particular ni para una posible propuesta legislativa que sobre la instauración definitiva y consolidada de un régimen que afecta la propiedad privada, el patrimonio, el empleo y la capacidad emprendedora de todos. Sería el factor energizante que permitiría captar la mayoría sencilla de la AN, meta que luce altamente improbable de otra manera.
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Seguramente pensando en la habilidad retórica del gobierno, especialmente la del Sr. Presidente de la República, se ha puesto en duda que la redacción propuesta para la consulta en referendo sea la más aconsejable. Ésta es la siguiente: «¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?”
Se ha sugerido que debiera hacerse la pregunta más específica, redactando, por ejemplo: «¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela del socialismo del siglo XXI?” O, también: «¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela del tipo de socialismo que el gobierno está tratando de imponer?»
Respecto de esta última fórmula, quien la sugirió advirtió ser admirador de «socialismos» como el noruego, y por tanto busca ser claro para quienes pudieran desear algún tipo de «socialismo» que no fuera el procurado por el actual gobierno venezolano.
Primeramente, hasta hace no mucho «socialismo del siglo XXI» funcionaba como marca comercial para distinguir esa variedad específica, pero es la práctica reciente del oficialismo hablar de socialismo a secas.
Luego, apartando el hecho de que en el caso de Noruega—o en el de España, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)—se está más bien ante un caso de «socialdemocracia», puesto que su economía es mayormente de mercado con algunas (pocas) actividades estatizadas, no debe haber muchos ciudadanos venezolanos que se equivoquen respecto de las intenciones del presidente Chávez. Está clarísimo que él se atiene estrictamente a la definición de socialismo que provee la Real Academia de la Lengua: “Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes”. Más aún, habiéndose declarado abiertamente marxista (15 de enero de 2010, en la Asamblea Nacional), el Presidente de la República ha enfatizado una acepción adicional del DRAE: «Teoría filosófica y política del filósofo alemán Karl Marx, que desarrolla y radicaliza los principios del socialismo». Por otro lado, no es únicamente la definición académica la que entiende al socialismo en ese sentido: ése es el sentido general que se le atribuye al término; por ejemplo, Wikipedia en Español ofrece la siguiente definición: «Es la teoría, doctrina o práctica social que promueve la posesión pública de los medios de producción y un control colectivo y planificado de la economía en pro del interés general de la sociedad».
Con esto no quiero sugerir que la mayoría de los venezolanos está muy familiarizada con el diccionario académico o sitios como Wikipedia, sino que su comprensión de lo que son las intenciones del presidente Chávez coincide con la definición del DRAE. Él mismo se ha encargado de mostrar, durante un tiempo ya muy largo y en numerosísimas intervenciones y un buen número de textos escritos, así como con las frecuentes expropiaciones que ordena, que lo que busca es exactamente quitar a los empresarios la propiedad de los medios de producción. Sin ir muy lejos, el 2 de junio decía: “Mientras la burguesía tenga el control de la mayor parte de la producción, seguiremos sufriendo la inflación porque ellos ponen los precios».
Pero es que, además, un referendo es un evento político con efectos jurídicos, y en nuestro sistema jurídico, por más maltrecho que esté, las interpretaciones de los textos se atienen a los significados contenidos en el DRAE. La propia Constitución establece: «Artículo 9. El idioma oficial es el castellano». La pregunta debe venir formulada de forma que signifique inequívocamente, en el idioma oficial, lo que se quiere decir. Es asunto del texto de la convocatoria misma, por otra parte, especificar que lo que se quiere significar por la pregunta es lo que dice el DRAE para socialismo, y problema comunicacional de la campaña en su contra explicar muy bien al electorado de qué trata la cosa. Ella deberá explicar que la oposición es a «la posesión pública de los medios de producción y un control colectivo y planificado de la economía», y que no es una oposición a cosas tales como una mayor «justicia social» u otras abstracciones por el estilo. Por supuesto, visto el gobierno ante un referendo de esta naturaleza, más de una cadena presidencial será dedicada a argumentar, falazmente, que quien vote contra el socialismo estará votando a favor del capitalismo imperialista, salvaje, golpista y explotador.
El lenguaje presidencial tiene virtudes resbaladizas y acomodaticias. Si se tomara la opción de redactar «el tipo de socialismo que el gobierno está tratando de imponer», pudiera muy bien aducir que lo que eso significa es lo que acaba de escribir en su último artículo semanal: «Pero no nos harán desviarnos de la hoja de ruta hacia el gran objetivo que definiera nuestro Libertador: la suprema felicidad social. ¡El Socialismo, pues!»
En síntesis, cualquier redacción que se emplee será adulterada y falseada por la retórica oficialista, aunque con rendimiento exiguo, porque todo el mundo sabe qué es lo que quiere el gobierno. Las expropiaciones, tanto las ya hechas como las amenazadas, no dejan lugar a dudas.
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Una sola persona me escribió sobre la proposición en términos que transcribo literalmente de seguidas:
Luis Enrique, convocar un referendo con el CNE, desde mi punto de vista aporta muy poco. Si nos ubicamos en un escenario donde el CNE tiene el control electoral del país, es como tratar de ganarle al tramposo en su guarida. Si tuviéramos los suficientes votos y adecuadas estructuras como para defender el resultado electoral el día de la elección y el día después, entonces ganaríamos la Asamblea Nacional. En ese escenario qué sentido tiene complicar la votación con un Referendo, pero mucho más importante en un escenario donde perdemos es aun menos útil ya que atornilla al tipo.
El amigo representa una cepa ciudadana que se resiste a morir: aquella que sostiene que el presidente Chávez fue revocado en agosto de 2004 según lo comprueba el teorema o ley de Benford* y razonamientos por el estilo, y que desde entonces todo ha sido un reiterado fraude electoral cuyo actor material es el Consejo Nacional Electoral.
Ya da flojera contestar estas posiciones; digamos, sin embargo, que los resultados electorales de la última década han coincidido muy bien con las mediciones anticipadas por todos los estudios de opinión (serios y confiables) y que nunca se ha podido demostrar el presunto fraude electoral. (En julio de 2005 admitió a El Universal nadie menos que Alejandro Plaz, co-director de Súmate, que no era posible demostrar fraude en el revocatorio de 2004). También es digno de notar que el Consejo Nacional Electoral que es acusado de ese modo certificó la derrota de los proyectos de reforma constitucional del Presidente de la República y la Asamblea Nacional el 2 de diciembre de 2007, así como el triunfo opositor en cinco gobernaciones y la Alcaldía Metropolitana en noviembre de 2008. Otra cosa, por supuesto, es la conducta posterior del Ejecutivo Nacional a este respecto.
La postura expresada en la comunicación transcrita, independientemente de sus buenas intenciones, tiene un efecto deletéreo sobre los propósitos de quienes rechazan la política del presidente Chávez, pues alimenta la propensión a abstenerse en los eventos electorales. Por señalar un solo caso: en el referendo del 15 de diciembre de 1999, que aprobó la Constitución que nos rige, la suma de los votos negativos y la abstención equivalía a 67,8% de los Electores registrados para esa fecha. La Constitución de la República fue aprobada explícitamente por un poco menos de la tercera parte de los venezolanos titulares de derechos políticos.
También es falaz el empleo del argumento acerca del peligro de que el «tipo» se vea beneficiado por un triunfo en ese referendo. Si se argumenta que en todo caso actuaría según su voluntad y no la del electorado, entonces no tiene la menor importancia que el resultado sea favorable o desfavorable.
Pero es que todos los estudios de opinión miden una sólida mayoría de venezolanos contrarios a la implantación del socialismo en el país; dependiendo de cómo se formule la pregunta, en porcentajes que van desde 22 puntos hasta 60 puntos de diferencia. Aunque hubiera una tentación de falsear una cosa así, la realización de un fraude en esas condiciones sería poco menos que imposible. No pudo pasar siquiera en 2007, para proyectos promovidos por el oficialismo, con una diferencia en el orden de 1%.
Y, de todos modos, la implantación del socialismo es lo que siempre ha procurado la acción presidencial; antes a cámara lenta, ahora a un paso más acelerado. Precisamente por eso es necesario pararle el trote, antes de que sea demasiado tarde. Si llegara a ganar el oficialismo una mayoría suficiente en la Asamblea Nacional—como parece hoy, sin referendo, lo más probable—podemos tener la seguridad de que cesaría cualquier propiedad privada significativa de «los medios de producción».
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Finalmente, dije al principio que había escuchado personalmente una objeción al proyecto del referendo consultivo sobre la implantación del socialismo en Venezuela. Fue proferida en una conversación bipersonal que sostuve en la mañana del viernes de la semana pasada, 4 de junio.
La objeción no iba dirigida al fondo de la proposición, asunto con el que mi interlocutor dijo estar totalmente de acuerdo. Su argumento, en cambio, era que la cosa era inviable, que sería imposible recoger las firmas suficientes, que sólo los partidos políticos podían hacer eso y que no estarían dispuestos a cooperar en la tarea, ocupados como estaban en la carrera hacia la Asamblea Nacional, que sería imposible a una asociación de simples ciudadanos completar la convocatoria.
Estas afirmaciones no estuvieron fundamentadas en algún dato empírico o sobre alguna ley universal de las ciencias sociales; vinieron formuladas dogmáticamente, como un axioma papal. En esencia, el argumento se reduce a esta idea: «No es posible hacer en Venezuela lo que es necesario hacer en Venezuela».
Sostengo lo contrario. Creo que los ciudadanos venezolanos, casi sin distingo de preferencia política, podemos entender que el referendo proyectado es conveniente y necesario, clarificador de nuestro turbio proceso político, unificador de una sociedad dividida, estabilizador de una política que procede por sobresaltos. Invito a mis compatriotas a que, para final satisfacción de él mismo, demos con nuestro apoyo y nuestro esfuerzo un mentís rotundo a su noción de que los venezolanos somos incapaces de hacer lo que se necesita.
Convoquemos este referendo. LEA
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*La ley de Benford, dicho sea de paso, de aplicación en varios procesos físicos no es necesariamente aplicable a cosas como elecciones, aunque esto haya sido pretendido en Venezuela por unos pocos empecinados y, siguiendo nuestro ejemplo, también respecto de las elecciones en Irán. Los curiosos pueden consultar el artículo general en Wikipedia y el trabajo The Irrelevance of Benford’s Law for Detecting Fraud in Elections, aquí descargable como archivo en formato .pdf: Irrelevancia de ley de Benford.
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Parada de trote, 23 de julio de 2009
Dictamen 2010, 17-18 de diciembre de 2009
Tratamiento del chavoma, 11 de enero de 2010
Emplazamiento de Caracas, 9 de febrero de 2010
Por supuesto que hay salida, 31 de mayo de 2010
Reto del presidente Chávez, 2 de junio de 2010
El extravío del unicornio rojo, 3 de junio de 2010
Puesta al día, 7 de junio de 2010
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