por Luis Enrique Alcalá | Jul 9, 2009 | LEA, Política |
Pobre presidente Chávez. El abortado aterrizaje de Manuel Zelaya en Tegucigalpa, dentro de un avión de PDVSA que violó espacio aéreo hondureño y habría alcanzado un heroísmo televisado por Telesur, es el segundo gran espectáculo internacional que se le cae. (El primero, recordaremos, fue la frustrada entrega de rehenes por parte de la guerrilla colombiana en diciembre de 2007; el niño Enmanuel no estaba en manos de los guerrilleros y el presidente venezolano se quedó con los crespos hechos). Esta vez era un show que dirigía a distancia. Si es auténtica una fotografía que el diario hondureño La Prensa atribuye a AFP, Chávez comandaba la operación ante un televisor con la señal de Venezolana de Televisión y un pizarrón blanco que decía: “051345JUL09 Enjambre de abejas africanas, Tribuna Presidencial, heridos por picadas y desesperación de las personas”. ¿Dónde habría quedado nuestro principio constitucional de no intervención y respeto al principio de autodeterminación de los pueblos? Si es auténtica la foto, ¿cómo hizo La Prensa para ponerse en ella?
La fotografía acerca de la que no cabe duda de autenticidad es la de la Secretaria de Estado de los EEUU, Hillary Clinton, mientras sostiene una gorra de Globovisión en las manos y es flanqueada por Alberto Federico Ravell y Leopoldo Castillo. La poderosa secretaria recibió a los nombrados justo después de concluir su reunión con Manuel Zelaya, para conversar cosas que probablemente nunca sabremos y conceder una entrevista al asediado canal venezolano de televisión.
A pesar de que prácticamente no puede encontrarse en las respuestas de la Sra. Clinton una crítica directa a las políticas del Estado venezolano—ciertamente declaró que no le parecía “inteligente” alinearse con países que, como Irán, han “tomado acciones contra sus propios ciudadanos por protestar pacíficamente por lo que consideran irregularidades en el proceso de votación”—el gobierno de Venezuela ya ha producido un comunicado que rechaza las declaraciones de la poderosa funcionaria estadounidense.
El texto de este comunicado es, en verdad, atípicamente sobrio. A pesar de repudiar lo dicho por Clinton, no contiene, insólitamente, ni bravatas ni insultos. Dice, naturalmente: “Es difícil creer que sean sinceras las intenciones de recomponer la relación bilateral cuando se calculan actos inamistosos de estas características”. Más naturalmente, ignora olímpicamente que el propio presidente Chávez tuvo, previamente, el “acto inamistoso” de insinuar la participación de los Estados Unidos en el golpe del 28 de junio y el secuestro del presidente Obama por gente de su gobierno que no le contaría las cosas.
Pero además de constituir la reunión con los venezolanos un obvio espaldarazo a la libertad de expresión en nuestro país, la reunión previa revela un hecho clarísimo: no es Miraflores, es la Secretaría de Estado estadounidense la que construye el proceso de restablecimiento constitucional en Honduras. Manuel Zelaya, a pesar de usar aviones venezolanos, no viajó a Caracas para obtener la guía de su pretendido mentor político. Viajó a Washington, a ponerse bajo el cobijo de los Estados Unidos. Y tendrá que portarse bien—nada de consultas constituyentes—y conceder amnistía a los golpistas a cambio de su propia inmunidad. Oscar Arias, ex Presidente de Costa Rica y Premio Nóbel de la Paz, supervisa hoy la transacción.
Y es que el asunto hondureño, en el que el presidente Chávez ha querido aparecer como el muchacho de la película, lo que ha hecho es ponerlo en evidencia, resaltando su inconsistencia argumental. Un golpista criticando a otros. Cachicamo llamando a morrocoy conchudo.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jul 7, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En febrero de 1985 el suscrito publicó un estudio que contenía la proposición de una organización política muy diferente de los partidos tradicionales. El texto ya diagnosticaba el problema político central como de orden paradigmático; esto es, como la obsolescencia del paradigma político convencional que, con variaciones que en el fondo no eran sustanciales, subyacía a la formulación principista o ideológica de los partidos actuantes en la escena nacional de la época.
Así, por ejemplo, iniciaba la segunda sección del trabajo, justamente titulada “Un nuevo paradigma político”: “Las ofertas provenientes de los actores políticos tradicionales son insuficientes porque se producen dentro de una obsoleta conceptualización de lo político. En el fondo de la incompetencia de los actores políticos tradicionales está su manera de entender el negocio político. Son puntos de vista que subyacen, paradójicamente, a las distintas opciones doctrinarias en pugna. Es la sustitución de esas concepciones por otras más acordes con la realidad de las cosas lo primero que es necesario, pues las políticas que se desprenden del uso de tales marcos conceptuales son políticas destinadas a aplicarse sobre un objeto que ya no está allí, sobre una sociedad que ya no existe”.
En el fragmento reproducido en esta Ficha Semanal #249 de doctorpolítico, se comentaba en sucesión el tema del llamado “problema social moderno”—definitorio del eje derecha-izquierda—y su relación con la idea de que los valores pueden ser intrínsecamente objetivos de la acción política, incluso objetivos de desarrollo.
Luego de exponer varios puntos en los que era preciso causar un cambio de paradigmas, el trabajo insistía: “Las concepciones que hemos contrastado son algunas de las que constituyen un viejo y un nuevo paradigma político. Por un lado las concepciones que se hacen cada vez más ineficaces y menos pertinentes. Por el otro las que introducen una perspectiva inusitada y en correspondencia con una visión más exacta de lo social, lo que reduce la impertinencia política, al ser concepciones más del tiempo de esta gran fase nueva de la civilización. Es importante construir lo necesario para que se dé el tránsito de uno a otro paradigma, de uno a otro concepto, de una vieja a una nueva conceptualización. Esto precisa de una nueva asociación política. Los actores políticos tradicionales, legitimados internamente por sostener alguna posición ideológica en algún ‘espacio’ del viejo eje político de derechas e izquierdas, difícilmente pueden aceptar lo que tendrían que aceptar, que es, ni más ni menos, que de aquello que les sostiene no es posible deducir soluciones a los problemas políticos importantes. Las reglas de las organizaciones políticas tradicionales configuran un ambiente asfixiante que impide la ventilación de planteamientos que difieran de las interpretaciones consagradas. Es necesario por esto diseñar y crear una nueva asociación política, con unas normas que faciliten la emergencia y difusión de las nuevas concepciones, así como la actividad de nuevos y más competentes actores políticos individuales”.
LEA
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Oportunidad y valores
Libros enteros han sido escritos sobre lo que se ha denominado “el problema social moderno” o “cuestión social”. En su esencia, lo que se entiende en esa literatura por tal expresión es el problema de la adjudicación de la renta entre empresarios y obreros, o entre capitalistas y proletarios, según otra terminología. Definido así hacia la segunda mitad del siglo XIX, este problema social que ya no podemos llamar moderno se asocia a la cuestión de la propiedad de los medios de producción, estableciendo un eje en el que se acomodan y determinan las ideologías correspondientes a los actores políticos tradicionales y que también se conoce como el eje “derecha-izquierda”. Es un eje que sirve para que, en una descripción mecanicista de las cosas, se pueda concebir la existencia de “espacios políticos” que serían ocupados por los actores políticos que esa misma vieja concepción llama “fuerzas”.
Como se sabe, de “izquierda” a “derecha” se disponen por orden el marxismo, la socialdemocracia, el social cristianismo y el liberalismo. Hoy en día, a pesar de que la sociedad moderna es mucho más compleja que esa sociedad industrial del siglo pasado que dio origen a la noción de que ésa es “la cuestión social”, los actores políticos tradicionales continúan entendiendo que el principal y más básico problema político es el de determinar los mecanismos para la distribución de la renta entre “los dos lados” de una actividad industrial.
Pero de hecho la sociedad que hoy exige ser gobernada ya no responde a tan simplista descripción, y la dicotomía capitalista-proletario ha sido reemplazada por una gama mucho más variada de roles y agrupaciones sociales. Por otra parte, estamos asistiendo a la irrupción de la nueva era informática, la que ha trastocado los supuestos básicos de la organización social decimonónica. Existen bastantes más de un “problema social moderno”, pero si hubiese que destacar uno como más importante habría que pronunciarse por el crucial problema de conciliar el reino del conocimiento con el reino del poder.
La época que nos ha tocado en suerte contiene las más asombrosas posibilidades. Si todavía la dimensión de ciertos problemas parece abrumadora, también es cierto que las más recientes rupturas tecnológicas—principalmente en las tecnologías de computación, de comunicaciones y de bioingeniería—permiten avizorar nuevas y más eficaces soluciones. En particular, el horizonte tecnológico de lo democrático se ha expandido, y el actual nivel de participación popular en la formación de las decisiones públicas es muy inferior al que es tecnológicamente posible.
Ésa es la verdadera oportunidad social moderna. Lo tecnológico abre caminos a una mayor libertad y a una mayor democracia. Hay ahora los primeros atisbos de una gran tecnología a escala y uso de la persona. Pero es una tecnología cuyo empleo roba sentido a las tradicionales dicotomías y cambia el contenido de los roles sociales. Una concepción política que todavía sólo acierta a discernir entre obreros (poder sindical) y empresarios (poder capital) a la hora de concebir los actores de un “pacto social”, no es capaz de aprovechar esa novísima y trascendente oportunidad. En el fondo, los actores políticos tradicionales entienden el mundo como dividido en dos clases de corte: aquél que les separa a ellos, únicos integrantes del “país político”, de un “país nacional” que a su vez es cortado por la distinción social obsoleta que agota a una nación en las imágenes del empresario y del obrero. Y en una época en la que existe una empresa de transporte aéreo cuyo líder sirve periódicamente de sobrecargo y todo empleado es accionista de la empresa, esa distinción, conveniente a un autodenominado “país político” que justifica su existencia como el árbitro de esa disputa y que por eso hasta cierto punto la estimula, es una distinción que ya no tiene sentido.
Para aprovechar la oportunidad social moderna es necesario tener la flexibilidad de conciliar las futuras “formas económicas de cooperación” que se darán, como lo desea en Venezuela la más izquierdista de las proposiciones tradicionales, con la realidad de que esas nuevas formas se están dando en el mundo por la ruta de la libre iniciativa y la libre asociación.
Y para aprovechar la oportunidad social moderna es preciso mayor humildad respecto de lo que son nuestros máximos fines. Precisamente porque la mejor forma que puede adoptar a largo plazo la distribución social es la distribución normal, y porque aún dentro de nosotros mismos, personas, cohabita el recuerdo de algunos actos excelentes junto con la memoria de algunos abominables y la de innumerables actos normales, naturales y cotidianos, nosotros debemos ser más humildes con nuestros fines; nosotros que habitamos un mundo al que la ciencia más desarrollada y más profunda ha renunciado a descubrirle finalidad.
Debemos desacralizar nuestros valores. A veces, cuando no se sabe resolver de otro modo el problema del tantas veces invocado “nuevo modelo de desarrollo”, se apela a un uso indebido de los valores. Se nos propone, por ejemplo, que antes que haberse agotado el modelo de desarrollo lo que ocurre es que el modelo no ha sido desarrollado, y que el modelo debe buscarse en el Preámbulo de la Constitución de 1961. Pero lo que contiene ese importante documento no es un modelo de desarrollo, no es un programa, no es ni puede ser un conjunto de objetivos. Es un conjunto de valores que, como se ha dicho, “es la expresión de una realidad histórico-sociológica”; es un conjunto de “valores que se han ido desarrollando a lo largo de nuestra vida como Nación y que son compartidos por la inmensa mayoría de los venezolanos, de manera que han entrado a formar parte de nuestro patrimonio espiritual”.
Ahora bien, el uso que es posible dar en una política competente a los valores es el de criterios para seleccionar entre cursos de acción diferentes. Los objetivos aceptables políticamente son aquellos que involucran un progreso transitable desde la situación de partida. Por esto los objetivos surgen de la invención de quien sabe diseñar políticas, y los mejores objetivos son los que mejor cumplen con los valores considerados como criterios. Por esto no es posible hacer del Preámbulo de la Constitución de 1961 un programa o modelo de desarrollo. El valor democracia, el valor justicia, el valor paz, sirven de criterio para escoger aquella política que sea más democrática, o más justa o más pacífica que otras políticas competidoras. No pueden tales valores servir como objetivos porque, como es fácil reconocer, no es posible que se dé la democracia perfecta, la justicia perfecta o la paz perfecta.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jul 2, 2009 | Cartas, Política |
Meterse en los asuntos de un país ajeno, sobre todo si uno sabe poquísimo de su vida, es siempre una temeridad. El caso de los recientes acontecimientos políticos en Honduras, sin embargo, ha capturado la atención y la pasión de muchos venezolanos, a quienes pareciera que en ese territorio se libra ahora una batalla que sería nuestra, la del chavismo y el antichavismo. Resulta imposible, por consiguiente, abstenerse de opinar sobre él, aunque buena parte de la opinión sea de carácter conjetural. Opinar no es intervenir en aquellos asuntos, por otra parte, cosa expresamente prohibida en el Preámbulo de nuestra Constitución: “El pueblo de Venezuela… con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática… que… consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos”.
En cualquier caso, la discusión que sigue sólo puede tener carácter de trazo grueso, de boceto muy preliminar e incompleto, dada la complejidad de la situación jurídico-política hondureña.
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Manuel Zelaya, Presidente de Honduras, quiso iniciar un proceso constituyente en su país, mediante la introducción de una consulta popular sobre la posibilidad de elegir una asamblea constituyente. Para esto preparó un decreto que intentó fundamentar en la constitución hondureña (1982, con reformas en 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005) y la Ley de Participación Ciudadana (2006).
A primera vista, no tendría nada de objetable la consulta al poder constituyente originario de Honduras (su pueblo), en principio omnímodo, sobre este asunto. Entre nosotros, a pesar de que la figura de una asamblea constituyente no estaba contemplada en la constitución de 1961, la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela decidió (19 de enero de 1999) que exactamente esa misma pregunta podía elevarse a nuestro poder constituyente originario, a nuestro pueblo.
Pero la constitución de Honduras es realmente un documento peculiar. En 1982 se aprobó con un Artículo 5 que establecía: “El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del cual se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional”. Es ésta la base constitucional (junto con el Artículo 2) que el decreto de Zelaya (PCM-020) aducía para plantear la consulta: “Considerando: Que de conformidad con los Artículos 2 y 5 párrafo primero de la Constitución de la República, la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los Poderes del Estado y el Gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa…”
Ahora bien, el Artículo 5 ha sido extensamente reformado, y fue objeto de la adición de diez párrafos más. El que sigue al primero, ya mencionado, establece los mecanismos del referéndum y el plebiscito para dar funcionalidad a la participación democrática en “asuntos de importancia fundamental en la vida nacional”.
Luego, el texto constitucional reformado explica que la petición de referéndum o plebiscito corresponde a no menos de diez diputados del Congreso Nacional, una resolución presidencial en Consejo de Secretarios de Estado (ministros) o el 6% de los electores debidamente inscritos.
Esta iniciativa no equivale, por cierto, a una convocatoria automática del referéndum o plebiscito. Cualquiera de los tres tipos de petición debe ser discutida por el Congreso Nacional, y sólo si es la petición aprobada por las dos terceras partes de ese cuerpo legislativo se ordenará la celebración de la consulta popular al Tribunal Supremo Electoral. Comoquiera que el Congreso no estuvo de acuerdo con el plan de Zelaya de consultar sobre la convocatoria de una asamblea constituyente, no había manera constitucional de celebrar un referéndum sobre tal asunto. El procedimiento pautado en el Artículo 5 negaba esa posibilidad.
Pero hay más que un problema de procedimiento; la materia misma de la consulta estaba prohibida constitucionalmente en tanto referéndum o plebiscito. La segunda parte del sexto párrafo del nuevo Artículo 5 pauta inequívocamente: “No serán objeto de referéndum o plebiscito los proyectos orientados a reformar el Artículo 374 de esta Constitución”. ¿Qué dice este último artículo? Pues que “No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior [que establece cómo se reforma la constitución], el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente”. El Artículo 374 pretende, pues, ser un candado perfecto contra la modificación de la constitución de modo distinto al pautado en el artículo que lo precede. (Artículo 373. La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia).
Se trata de una disyuntiva parecida a la venezolana de 1999. En efecto, nuestro Congreso de la República, en tanto “constituyente ordinario”, sólo podía efectuar enmiendas o reformas al texto de 1961; no podía incorporar conceptos constitucionales enteramente nuevos o contrarios a lo establecido en la constitución que, justamente, lo había creado como Poder Legislativo; el Congreso quedaba excedido en sus facultades, y era por eso que, si se deseaba una constitución enteramente nueva, no había otro remedio que iniciar un proceso constituyente.
Nuestra Corte Suprema de Justicia dictaminó el 19 de enero de 1999, en sentencia perfecta, que sí se podía preguntar al Poder Constituyente Originario si quería convocar y elegir una asamblea constituyente para que redactara y le sometiera una constitución enteramente nueva, puesto que ese poder no está limitado por la constitución, la que sólo limita al Poder Constituido. (Después distorsionaría este concepto el gobierno de Chávez, al argumentar que la asamblea elegida en 1999 era “originaria”, cuando este carácter es exclusivo del pueblo, y una asamblea constituyente es poder tan constituido como un congreso, un presidente o un tribunal; los diputados constituyentes sólo pueden ser apoderados del Poder Constituyente Originario, nunca sus sustitutos).
Por supuesto, nuestro tribunal supremo no es el de Honduras, y la materia debe regirse por lo que determinen las instituciones hondureñas, claro está, con arreglo a una correcta interpretación del Derecho Constitucional. No debiera, en todo caso, ser castigado quien piense que Honduras necesite una nueva constitución. (Así lo sugería el texto del abortado Decreto PCM-020, al señalar: “Considerando: Que los diferentes Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Honduras garantizan el Derecho a la libertad de opinión y de expresión, entre ellos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Artículo 19, el cual incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones…”)
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El Presidente de la República de Honduras, especialmente, al haber jurado la defensa de la constitución bajo la que fue elegido, no podía de manera recta subvertir su articulado. Se dice que la única motivación de Zelaya al plantear la consulta sobre la convocatoria de constituyente era la extensión de su período presidencial, aunque este tema específico no es mencionado en el texto del decreto PCM-020. Es justamente este asunto uno al que el tratamiento dado por la constitución hondureña la hace peculiar. La Constitución de Honduras no sólo prescribe un sólo período presidencial sin posibilidad de reelección, sino que criminaliza la mera promoción de una opinión contraria. Así pone el Artículo 42, relativo a la pérdida de la ciudadanía hondureña, en su numeral 5: “Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”. Antes ha establecido una mayor gravedad el Artículo 4 en su segundo y su tercer párrafo: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria”.
El constituyente hondureño de 1982 encontró, pues, que era cosa gravísima que un presidente en ejercicio fuese reelecto, y tal vez se entienda postura tan radical en un país con historia reiterada de golpes y caudillos.
Pero en términos prácticos es muy traído por los cabellos sostener que la convocatoria—atemperada—de una “encuesta” que efectuaría el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras, “no vinculante”—como calificó en Venezuela a su nonato referéndum consultivo el partido Primero Justicia a fines de 2002 (“no vinculante, pero sí fulminante”)—justificaba la detención y exilio del presidente hondureño, llevado a su cargo por elección popular. Zelaya, al convocar la tal “encuesta” y denominarla “no vinculante” había admitido ya que no era un referéndum o plebiscito constitucional. Claro, sería chuparse el dedo suponer que, de haber resultado la consulta positiva a la convocatoria y elección de constituyente—realizada por órgano bajo tutela presidencial y no por el Tribunal Supremo Electoral—Zelaya no hubiera intentado forzar el asunto. Probablemente hubiera dicho que la votación no era ciertamente vinculante desde el punto de vista jurídico, pero sí fulminante desde el punto de vista político, y habría movilizado apoyo popular con la pretensión de imponerse sobre el Congreso y la Corte Suprema.
No obstante, aunque se hubiera sostenido la “cuarta urna”, y una mayoría de hondureños hubiera aprobado la idea de celebrar una constituyente, no había forma material de que una nueva constitución que permitiera, por ejemplo, la reelección presidencial, modificara las cosas a tiempo para las elecciones de noviembre de este año y, por tanto, de todas maneras Zelaya no hubiera podido presentarse a la reelección en esos comicios. Ni siquiera habría estado elegida la constituyente para ese momento.
Más aún, si como argumentan quienes celebran la acción militar, no sólo el Congreso, la Corte Suprema, la Fiscalía y el Tribunal Electoral, sino la mayoría de la opinión hondureña rechazaba la proposición de constituyente, ¿por qué no se permitió que el electorado se encargara de enterrar de una vez por todas la pretensión de Zelaya?
Si, como dice ahora Roberto Micheletti, usurpador del cargo de Zelaya, de entrar éste a territorio hondureño sería de inmediato detenido legalmente, ¿por qué no se hizo exactamente eso, mediante procedimiento legal, y en cambio se le expulsó del país?
Si Zelaya incurrió en conductas inconstitucionales, y de tal modo produjo acciones culpables, más lo son las comandadas por Romeo Vásquez Velásquez—¡qué cercano su nombre al de Efraín Vásquez Velasco, el Comandante General del Ejército de nuestro 11 de abril!—al arrestar a Zelaya y enviarlo al ostracismo. Ningún malabarismo leguleyo puede negar que en Honduras tuvo lugar, uno más de una larga serie, un verdadero golpe de Estado.
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No por otra cosa se ha dado un repudio realmente planetario al golpe. La Organización de Estados Americanos por unanimidad de sus demás países miembros, la Unión Europea, y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por aclamación, han repudiado el golpe de Estado en Honduras y declarado sin ambages que el único gobierno hondureño que reconocerán será el presidido por Manuel Zelaya.
Entre nosotros, claro, hay radicales irredentos que aprueban a los militares hondureños. El lunes de esta semana enviaban mensajes a celulares que decían: “De urgencia: se requiere testículos (por un nombre más procaz que sonara más macho) de militares hondureños para transplantes a militares venezolanos”. Una irrespetuosa estupidez de ese calibre era celebrada por valentones de peñas, y acompañaban la aprobación de la infeliz ocurrencia con solemnes declaraciones de superioridad moral, en arrojo de boquilla. Para esta clase de opositores a Chávez, los diplomáticos de todo el mundo, los gobiernos del planeta entero, y todas sus instituciones supranacionales están simultáneamente equivocados. Ellos sí tienen la verdad, la ética y el valor viril que nuestros militares no tendrían. Ellos son los que postulan que los partidos reunidos en la recién creada Mesa de Unidad Democrática, se sumaron—gracias a Dios—al repudio universal por razones “subalternas” de interés electoral, en pretenciosa (pero imposible) “penetración” de las intenciones de hombres y mujeres que en Venezuela hacen oposición cotidiana al régimen de Hugo Chávez.
Gracias a Dios que esto hizo la Mesa de Unidad Democrática; gracias a Dios que eso hizo, desde el mismo primer instante, el gobierno de Barack Obama. Porque es que sus actuaciones impiden que el caradura que es Hugo Chávez pueda reivindicar el liderazgo contra el golpe y mérito alguno en la restitución del orden constitucional en Honduras. La clara posición de Obama, la decisiva declaración de la Mesa de Unidad Democrática, dejan a Chávez en evidencia. Hay que tener tupé para decir que la detención de Zelaya fue cobarde porque se produjo cuando aún no despuntaba el día en Tegucigalpa, cuando su propia asonada del 92 tuvo lugar en horas más oscuras de la madrugada, en horas menguadas que sí trajeron muerte.
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A pesar de lo antedicho, no deja de ser comprensible un cierto sabor amargo al comparar la actuación de los organismos internacionales en el caso de Honduras y en nuestro caso local de violación sistemática y cotidiana de nuestra Constitución. (No porque la OEA, por ejemplo, haya dejado la puerta abierta al regreso de Cuba. Como se sabe, el organismo sujetó esa eventualidad a un proceso de diálogo en el que Cuba tendría que dar seguridades de su conversión en un régimen compatible con los principios de la OEA, especialmente de la Carta Democrática Interamericana. Por algo Cuba reaccionó instantáneamente diciendo que no estaba interesada en reintegrarse a la organización).
El asunto es Chávez, y su constante desafío a cualquier marco constitucional o legal que constriña su voluntad. Por esto suenan sabias las palabras del editorial de The Washington Post con fecha del 30 de junio, el martes de esta semana:
La intervención militar puede haber tenido el efecto no buscado de salvar al Sr. Zelaya. El Congreso votó el domingo por su destitución por un amplio margen; si los generales hubieran meramente dejado que los eventos procedieran de acuerdo con la ley, el presidente hubiera podido ser legítimamente depuesto o aislado. Puede que el temor de una ulterior intervención del Sr. Chávez haya estimulado la acción precipitada; el hombre fuerte venezolano ha hecho muy claro que está ansioso de entrometerse en los asuntos del país, e incluso ha amenazado con la acción militar.
Es ésa una razón por la que la administración de Obama no debe limitarse a procurar el regreso del Sr. Zelaya a su cargo. También debe hablar más claramente acerca de los abusos que llevaron a su remoción—abusos que también tienen lugar en otros países latinoamericanos, como la vecina Nicaragua—y sobre la gente que fomenta activamente los ataques sobre la democracia, como el Sr. Chávez. Es fácil unirse a Chile y Brasil en la condenación de los militares hondureños en la Organización de Estados Americanos. Lo que exige coraje político—y liderazgo de los EEUU—es la confrontación de las fuerzas que trajeron a Honduras hasta este punto de ruptura.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jul 2, 2009 | LEA, Política |
María de Lourdes Vásquez ha reportado en el diario El Universal recientes declaraciones (30 de junio) del Presidente de la República, que siguen ya un guión ortodoxamente marxista. Abre así su nota: “El Presidente de la República, Hugo Chávez, indicó durante la noche del martes que en Venezuela existe una ‘guerra social’, según él desatada por las clases poderosas que quieren seguir explotando a los más pobres y en función de ellos manipulan y tienen desatada una ‘guerra psicológica’.” (En ese momento, Chávez inauguraba una nueva escuela técnica de formación de suboficiales en Maracay, ciudad que fuera la plataforma de lanzamiento de su golpismo o, como él prefiere decir en los últimos días, su gorilismo).
A juzgar por las mediciones de un encuestador hasta no hace mucho respetado por el gobierno (Félix Seijas, IVAD), Hugo Chávez habla así pero no convence. En la encuesta nacional que practicara Seijas entre el 17 y el 26 del mes pasado, los entrevistados asignaron estos porcentajes al fijar la responsabilidad por los problemas de la Nación: el gobierno nacional, 26,3 %; el Presidente, 18,3%; los gobernadores de estado, 15%; los alcaldes, 8,2%; la oposición, 9,4%; los empresarios, 2,9%.
Dos ítems más confirman que Chávez expone sus primitivas teorías a un auditorio sordo: primero, al medir la importancia que debe darse al respeto a la propiedad privada, 48,9% de los encuestados cree que es muy importante y 45,7% que es importante, para un total de 96,4%. Luego, 65% prefiere la propiedad privada, contra sólo 7% que prefiere la propiedad social. ¿Querrán suicidarse políticamente los asambleístas nacionales con la aprobación de la Ley de Propiedad Social?
Es posible que se sientan sobre seguro al considerar las preferencias partidistas. Seijas mide un apoyo al PSUV de 33,5%, mientras registra los siguientes porcentajes favorables a los partidos de oposición: Acción Democrática, 5,8%; Primero Justicia, 5,3%; Un Nuevo Tiempo, 4,5%; COPEI, 3,3%; Proyecto Venezuela, 2,5%. (El total de estos miembros principales de la Mesa de Unidad Democrática—constituida por once partidos—alcanza a 21,4%, o doce puntos por debajo del PSUV).
Pero estas cosas cambian. La mesa unitaria es considerada positiva por el 64,3% de los entrevistados, mientras sólo 26,3% la considera negativa.
Lo cierto es que la aprobación de Chávez y el chavismo está descendiendo dramática y aceleradamente, y mientras se ocupa de sus tropiezos en Honduras y de consolar al matrimonio Kirchner, hace nada vapuleado en elecciones argentinas, la mayoría de los electores venezolanos (52,9%) estima que la situación de nuestro país es desfavorable.
¿Cómo pudiera ser de otro modo, si la primerísima responsabilidad de un gobierno es la seguridad de los ciudadanos y 82,3% cree que ella es nuestro principal problema?
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 30, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
De nuevo toma esta Ficha Semanal #248 de doctorpolítico material de la publicación referéndum, que el suscrito produjese entre 1994 y 1995. En esta ocasión, se reproduce acá dos trozos de un extenso trabajo—La venta de la gallina (Nº 21, 30 de abril de 1996)—sobre las proposiciones de vender entre 15% y 100% de las acciones del Estado venezolano en PDVSA.
Para la época varias proposiciones en esa dirección habían sido adelantadas: Andrés Sosa Pietri, ex presidente de la empresa, había propuesto vender hasta 49% del capital de la firma; el economista Emeterio Gómez propuso que esto alcanzara 40%; Eduardo Fernández, que se vendiera el 100% del capital (aunque “a ritmo gradual”).
Pero en 1996 resultó sorprendente que Luis Giusti, Presidente en ejercicio de PDVSA, se sumara al coro de vendedores. El artículo aquí reproducido parcialmente exponía:
Según la primera cláusula del Título Primero —Disposiciones Generales— de ese decreto 1.123 del primer gobierno de Pérez, tal empresa se llamaría Petróleos de Venezuela y, de no mediar otras decisiones, debería vivir al menos hasta el año 2025, pues la duración prevista en la misma cláusula es de cincuenta años. La cláusula sexta del Título Segundo, que tiene que ver con el capital y las acciones de Petróleos de Venezuela—a la que al principio se la llamaba Petrovén—dice a la letra: “De acuerdo con la Ley, las acciones de la Sociedad no podrán ser enajenadas ni gravadas en forma alguna”. Esto significa también, que de no mediar una reforma de la susodicha cláusula sexta y una reforma de la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, ni siquiera la proposición de Giusti, la más moderada de las proposiciones sobre venta de acciones de PDVSA, es posible legalmente. De hecho, pues, lo que Luis Giusti ha propuesto es que se modifiquen el instrumento legal y el constitutivo-estatutario que rigen la propiedad de la industria venezolana del petróleo. Pero, ¿qué es esta propiedad del Estado venezolano? ¿Qué significa poseerla? ¿Por qué su actual presidente dice a su dueño que quiere otros dueños además de él?
Luis Giusti había sugerido un desprendimiento más moderado: que se vendiera en los mercados internacionales 15% del capital de PDVSA. Por esto apuntaba el Nº 21 de referéndum: “Y una vez que se vende el 15% del capital de PDVSA se establece un precedente. Vender un poco más en el futuro cercano ya se haría posible, porque para vender aunque sea una sola acción es preciso, como anotamos, un acto expreso del Congreso de la República. Roto este dique legislativo la privatización completa sería mucho más fácil, como varios han pensado que convendría”. El artículo, reproducido en parte, expresó una opinión contraria a la de los proponentes de la enajenación parcial o total de PDVSA. Esta ficha transcribe unos cuantos entre sus argumentos.
No faltará algún ocurrente que diga que se ha debido transar la totalidad del capital de la compañía, como proponía Fernández, pues de haber sido así el presente gobierno no habría podido ejecutar su esquema de dominación. Esto es muy posible, pero seguramente hubiera encontrado un esquema diferente, muy probablemente peor.
LEA
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La venta de la gallina
No deja de ser interesante fenómeno que lo que hasta hace nada fuesen dogmas del sistema político-económico venezolano estén siendo cuestionados intensa y simultáneamente. No hace mucho tiempo cualquier funcionario de la industria petrolera nacionalizada que hubiese propuesto algo similar a lo sugerido por Luis Giusti habría sido inmediatamente destituido, o, al menos, silenciado. ¿Qué permite tal cantidad de atrevimiento?
En parte, y en relación con el punto específico de PDVSA, una cierta envidia hacia nuestra industria petrolera y sus ejecutivos y empleados, más o menos ampliamente distribuida, puede ofrecer algo de explicación. Esta es una actitud que la propia industria petrolera ha contribuido a formar. En su afán por impedir que la industria se politizara o corrompiera del mismo modo que lo han hecho otras empresas del Estado venezolano, ha establecido barreras y distancias que la han colocado en un marcado aislamiento. El 30 de diciembre de 1980 el General Rafael Alfonzo Ravard, para entonces Presidente de Petróleos de Venezuela, pronunciaba un discurso en el hotel Caracas Hilton, ante unos cuantos centenares de personalidades venezolanas. El tema y el título del discurso era el siguiente: “Somos diferentes”. Con sobrado orgullo, el General Alfonzo enumeraba, a cinco años de la nacionalización, los hechos que demostraban la “normalidad operativa” de la industria petrolera nacional, manejada como empresa del Estado por ejecutivos y técnicos venezolanos. Luego insistió en publicar el texto con el título antedicho.
El aislamiento y relativa opacidad de la industria petrolera venezolana provocan, entonces, una cierta actitud que rechaza o envidia a nuestros hombres del petróleo, a quienes se les cuestiona el justificado nivel de remuneración que reciben, o en quienes se pretende ver una postura de arrogancia. Señales como las que solía emitir Rafael Alfonzo Ravard contribuyeron considerablemente a reforzar esos celos hacia PDVSA. Pero a los hombres del petróleo se les llama también cuando se requiere excelencia profesional y capacidad, para que, en “comisión de servicios”, vayan a ocuparse de la instalación de complejos sistemas administrativos para el Estado venezolano, como en el caso del recientemente establecido SENIAT.
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Las razones de fondo para defender la privatización de PDVSA van todavía hasta el más profundo plano de lo ideológico, y toman asiento en el preocupante descrédito de todo lo que es público o político en Venezuela. Es tal el deterioro de lo público en nuestro país—a pesar de que, como lo registran los estudiosos, el descrédito de los políticos es hoy prácticamente universal en el planeta—que ya se le niega al Estado la posibilidad de que pueda poseer empresas, hasta el punto de que Eduardo Fernández ha propuesto una reforma de la Constitución Nacional para borrar definitivamente la noción de un Estado empresario.
A veces la argumentación “neoliberal” llega a extremos de ligereza y poca substanciación. Por ejemplo, el derrumbamiento del sistema soviético ha sido esgrimido como evidencia de que la inmersión directa del Estado en el papel de productor económico directo es una absoluta inconveniencia. Es obvio que en ningún momento el Estado venezolano ha sido comparable al totalitarismo soviético en lo económico, ni siquiera en época de dictaduras. El más vigoroso y sostenido impulso al sector privado nacional de toda nuestra historia coexistió con la promulgación de esa Constitución de 1961 que ahora se propone reformar para quitarle a nuestro Estado toda posibilidad empresarial.
También se ofrece retóricamente la noción de que el gobierno de los Estados Unidos no es menos fuerte porque carezca de algo equivalente a PDVSA o al Derecho Público hispano-venezolano según el cual las riquezas del subsuelo son propiedad del soberano. Una afirmación de ese tenor establece una comparación absolutamente superficial e insostenible, pues resulta incongruente cotejar dos escalas tan disímiles como las del Estado venezolano y las del Estado norteamericano, ese gigante que el inefable Ignacio Quintana llama la “encarnación de la República Imperial”, en publicitada adulación personal a William Clinton.
La posesión de PDVSA, precisamente, ofrece más poder al Estado venezolano que sus propias fuerzas armadas. Casi que es de lo único que dispone para medio defenderse en este mundo cada vez más planetizado—globalizado—en el que por ahora predomina un desatado espíritu de “competitividad de las naciones”. A la espera de una fase más humanizada en la que la cooperación prevalezca sobre la competitividad, es casi un suicidio de Estado que la República de Venezuela se desprenda de su mayor activo y la mayor base de su fuerza.
Claro que esto será tildado de populista por quienes han declarado que la situación ideal es la de Panamá, país en el que jamás se ha impreso un solo balboa y que usa como moneda corriente el dólar norteamericano. Son los mismos que abogan por la “caja de conversión” que entregaría nuestra soberanía monetaria a la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues afirman en privado que prefieren a Alan Greenspan antes que Antonio Casas González como “defensor de sus derechos económicos”. Por cierto, muchos de los que militan en esta poderosa corriente neoliberal antaño defendían radicales posturas de izquierda. Pero es que ya Eric Hoffer les había descrito certeramente en “El verdadero creyente” (The True Believer, 1951), y había hecho notar que “donde los movimientos de masas están en violenta competencia entre sí, no son infrecuentes las instancias de conversos—incluso los más fervientes—que cambian sus lealtades de uno a otro”.
Así que tal vez es más transparente que esta discusión sobre la conveniencia de una privatización total o parcial de PDVSA, un debate previo sobre si para nosotros continúa teniendo sentido que Venezuela siga siendo un Estado, si vale la pena que Venezuela sea una república soberana. Ése es el debate de fondo, y es allí donde caerán las caretas.
Los Estados Unidos de Norteamérica son, sin duda alguna, una admirable presencia civilizatoria, emulable en muchas cosas. Creemos que puede sostenerse que, en un balance final, y a pesar de sus errores, el Estado norteamericano ha sido un actor internacional con un aporte neto positivo. Reconocer esto, sin embargo, es distinto a la añoranza de convertirnos en un Estado “Libre” Asociado, á la manière de Puerto Rico. Reconocer el aporte de los Estados Unidos es muy distinto de aceptar el papel de jefe planetario que Newton Gingrich pretende asignarle. No guardamos ninguna simpatía hacia el concepto quintanesco de “repúblicas imperiales”.
Nosotros, los venezolanos, los suramericanos, los latinos, somos distintos. Ni mejores ni peores que los chinos, los rusos o los alemanes. Y hasta que no se demuestre lo contrario, tenemos todavía una vocación de independencia cuya expresión requiere la soberanía de un Estado. Que reconozcamos en él graves defectos y limitaciones es una cosa; en cambio, que se proponga disolverlo es otra muy distinta.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2009 | Cartas, Política |
La noción de súbdito o sujeto a obediencia es bastante clara y común. Ambos términos proceden del latín, por supuesto, idioma en el que sujeto es participio pasado—subjectus—del verbo subicere, que literalmente quiere decir echado debajo de algo o alguien. (Sub, debajo, jacere, lanzar. De jacere, obviamente, viene nuestro verbo yacer. Es decir, ser súbdito de alguien es yacer—condición harto pasiva—bajo él como resultado de haber sido echados—una acción—a esa situación de inferioridad). Subditus, en cambio, es el participio pasado—pasivo—de subdere, someter. Un súbdito es alguien que ha sido sometido.
Éramos súbditos de Fernando VII en 1810, cuando Pepe Botella (José Bonaparte) todavía comenzaba su desastrosa e ineficaz dominación en España dentro de una Europa napoleónica. Para esa época éramos sujetos de la Corona española. Así, refiriéndose a los venezolanos, decía el Acta del Ayuntamiento de Caracas del 19 de abril de 1810: “…cuando ya han sido declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España”. En países que aún tienen monarquías, por más disminuidas que estén en la práctica política, el concepto de súbdito tiene entidad jurídica. Por ejemplo, la expresión “súbdito británico” designaba en la ley sobre la nacionalidad británica a quien hubiera nacido en cualquier punto del Imperio Británico y jurado lealtad a su Corona. (Hasta 1949, cuando del otrora imperio más extenso de la historia sólo quedara una entelequia luego de la Segunda Guerra Mundial).
La primera acepción que el DRAE registra para súbdito destaca el deber de obediencia: “Sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle”. Es tal la condición que el presidente Chávez preferiría que los venezolanos tuviéramos. Que él mande y todos nosotros obedezcamos.
No es sólo que lo obedezcan Globovisión o la Exxon-Mobil, sino muy principalmente su propia gente. Más de una vez le ha ocurrido que algún asistente a uno de sus actos de contacto con pueblo le exija con alguna petición o aventure una crítica, y entonces se sorprende y señala que él es “el líder”, y que su liderazgo no debe ser cuestionado con minucias, que se le debe dejar conducir. “Intelectuales” del “proceso” se han atrevido recientemente a manifestar esperanza de que abandone lo que llaman su “hiperliderazgo” y éste sea sustituido por una dirección compartida, sólo para ser reconvenidos—más bien insultados con el cognomento de traidores—y neutralizados con la explicación de que, por ahora, que él sea un hiperlíder es necesario a la revolución. Luego añade que tampoco es que él se meta en todo. Pero días más tarde entrega unos cuantos carros a algunos entre su clientela y pregunta: “¿Cuánto cuestan estos carros por ahí? ¿Cien mil? Y ¿a cuánto se los pone Chávez?”
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Las guerras de independencia, muy particularmente la venezolana, fueron libradas precisamente para zafarse de coronas. La de los Estados Unidos precedió incluso a la Revolución Francesa, que hizo avanzar la teoría política republicana al eliminar, suplantándola, la soberanía monárquica para hacerla residir en el Pueblo. Hasta los españoles tuvieron la suya, librada justamente contra Pepe Botella. Esta última, sin embargo, era para que una corona se liberara de otra. Es la norteamericana, en cambio, la primera de emancipación, en el mismo sentido de la figura jurídica civil, pues las trece colonias alzadas contra el yugo de Jorge III de Inglaterra habían sido creadas por esta nación; los colonos estadounidenses tuvieron, como nosotros, una madre patria. Habían llegado a su mayoría de edad política y se emancipaban de la patria potestad que sobre ellas ejerciera la corona británica.
Fue también la independencia de los Estados Unidos la primera que creara una nueva nación, y la primera que hablaba desde la soberanía popular: We the People. To be sure, hubo una guerra de independencia holandesa contra la dominación de Felipe II de España, y bien temprana, iniciada en 1568 y sostenida durante ochenta años. Pero esta prolongada lucha fue planteada como de los Estados Generales holandeses contra la Corona española. Tuvieron, eso sí, su “declaración de independencia”, sólo que la llamaron Acta de Abjuración.
Resulta interesante examinar su justificación:
Como es aparente a todos, un príncipe es constituido por Dios para ser el gobernante de un pueblo, defenderlo de la opresión y la violencia como un pastor a sus ovejas; y Dios no ha creado al pueblo como esclavo de su príncipe, para obedecer a su mandato sea éste justo o injusto, sino antes al príncipe para sus súbditos (sin los que no podría ser príncipe), para gobernarlos de acuerdo con la equidad, amarlos y sostenerlos como un padre a sus hijos o un pastor a su rebaño, incluso a riesgo de su vida para defenderlos y preservarlos.
Y cuando él no se conduce de ese modo, sino que, por lo contrario, les oprime, buscando oportunidades para infringir sus antiguas costumbres y privilegios, exigiéndoles aquiescencia esclava, entonces ya no es más un príncipe, sino un tirano, y los súbditos no tienen por qué considerarlo de otro modo.
Y particularmente cuando eso lo hace deliberadamente, sin autorización de los estados, ellos pueden no sólo inhabilitar su autoridad, sino proceder legalmente al escogimiento de otro príncipe para su defensa.
Éste es el único método que queda a los súbditos cuyas humildes peticiones y protestas nunca pudieron ablandar a su príncipe o disuadirlo de sus tiránicos procedimientos: y es esto lo que la ley natural dicta para la defensa de la libertad, que debemos transmitir para la posteridad, aun a riesgo de nuestras vidas.
Está, pues, claro que los holandeses no pretendían dejar de considerarse súbditos de cualquiera, sino específicamente de Felipe II; no obstante, las causales de abjuración de su lealtad son tan válidas como entonces y las han transmitido para la posteridad, que somos nosotros.
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Cuando tocó el turno a los estadounidenses ya había nuevos conceptos políticos. La noción de contrato social y la de voluntad general ya existían en Francia, sobre todo luego de la obra del ginebrino Juan Jacobo Rousseau, pero el derecho sajón que los norteamericanos seguían ya había sido informado antes por el pensamiento de John Locke, que le había precedido como filósofo del contractualismo. Más todavía, tres semanas antes de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, la Convención de Delegados de Virginia había aprobado unánimemente (12 de junio) su Declaración de Derechos, mayormente redactada por George Mason. Son sus cláusulas (sections) segunda y tercera las que establecen inequívocamente:
II. Que todo el poder está investido en, y en consecuencia deriva de, el Pueblo; que los magistrados son sus apoderados y sirvientes, y en todo momento deben serle dóciles;
III. Que el gobierno es, o debiera ser, instituido para el beneficio común, la protección y la seguridad del Pueblo, la Nación o la comunidad; que de todos los varios modos y formas de gobierno es el mejor aquel que sea capaz de producir el mayor grado de felicidad y seguridad y esté más eficazmente asegurado contra el riesgo de la mala administración; y que, cuando quiera que cualquier gobierno fuere encontrado inadecuado o contrario a esos propósitos, una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrenunciable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, en manera tal como sea juzgado más conducente al bien público.
Estos ciudadanos ya no querían meramente cambiar a Jorge III por otro príncipe; ya no querían ser súbditos de nadie. He ahí la grandeza y la claridad republicanas en la independencia de los Estados Unidos.
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Luego completaría el asunto Emmanuel-Joseph Sieyès, con su famoso panfleto de enero de 1789 (Qu’est-ce que le tiers état?), que dio forma final y práctica a la noción de la soberanía residente en el Pueblo. El 14 de julio los ciudadanos parisinos tomarían la fortaleza de la Bastilla, y poco después los franceses dejarían de ser regidos por la voluntad real de Luis XVI para ser ellos mismos la Corona, el Soberano.
Desde estos últimos hechos han pasado ya doscientos veinte años; no en balde sentimos que es terriblemente obsoleto que un mandatario cualquiera—llámese Pinochet, Franco, Hitler, Stalin, Castro, Putin, Mugabe, Ahmadinejad o Chávez—pretenda ejercer un “hiperliderazgo” que funcione como monarquía, que elimine la independencia de los poderes públicos, que imponga su voluntad arbitraria sobre los ciudadanos de su país, que procure anular cualquier opinión que no le acate.
Los próceres de la independencia venezolana, muy especialmente Simón Bolívar, habían leído a Locke, a Rousseau y a Sieyès. Sus diez años de guerra, y su posterior Batalla de Maracaibo contra una recidiva de la pretensión española de dominarnos—aún hoy la Historia de España Alfaguara, en siete tomos, dedica sólo ocho páginas a la emancipación de las colonias americanas, evidenciando que es tema doloroso para los españoles—fueron rendidos desde una perspectiva republicana, negadora de cualquier monarquía, y cuando algún señor de esa guerra soñó con presidencias vitalicias, pronto perdió el apoyo de quienes antes le ensalzaban. Nuestros patriotas tuvieron muy claro que la Corona española no debía ser ceñida por la presidencia de su naciente república, sino por el conjunto de los ciudadanos.
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Mientras más insista Hugo Chávez en que su voluntad política personal es la única que importa y debe ser acatada, más ilegítimo se hará como gobernante. No es una cosa, por cierto, que se le haya ocurrido ahora, en 2009. Hace diez años, en el mes de abril, debió salir la Corte Suprema de Justicia a defenderse de lo que llamó “declaraciones atribuidas” al Presidente de la República, con una respuesta del día doce ante la afirmación de Chávez según la cual no existía en la corte “autoridad legítima y moral”.
Semanas antes había dirigido una carta a la misma Corte, a la que entonces llamaba Honorabilísima. Vale la pena refrescar los dos últimos párrafos de esa farragosa misiva:
El Estado investido de soberanía, en el exterior sólo tiene iguales, pero la justicia internacional no alcanza a quienes, por centrifugados, tendrían que ser mutilados (Ratzel; McKinder). Esas son las razones por las cuales el Jefe de Estado conduce, en soledad, la política exterior y, en soledad, es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Inmerso en un peligroso escenario de Causas Generales que dominan el planeta (Montesquieu; Darwin), debo confirmar ante la Honorabilísima Corte Suprema de Justicia el Principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado.
No es, por supuesto, el Estado quien está investido de soberanía. Es el Pueblo. Como de contrabando, sin embargo, y a escasos dos meses de haber asumido la Presidencia de la República, ya Hugo Chávez adelantaba el sofisma de que el Estado venezolano es soberano (no la Nación entera) y que la conducción de éste era de su exclusiva incumbencia—esto es, nunca creyó en la separación de los poderes, pues hace tiempo que se piensa rey, hace tiempo que se cree príncipe.
Ni siquiera se había elegido entonces la peculiar Asamblea Constituyente de 1999. Antes, como es sabido, Chávez había violado la regla de Virginia: que cabía sólo a una mayoría de la comunidad nacional el derecho de reformar, alterar o abolir nuestro gobierno. Él, con otros prepotentes comandantes que habían jurado conspirar ante un emblemático pero decrépito samán, quiso usurpar nuestro derecho el 4 de febrero de 1992.
Todavía celebra el abuso.
luis enrique ALCALÁ
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