el blog de luis enrique alcalá de sucre

El 4 de julio de 1776 nació una gran nación, la más grande de los tiempos modernos, y aún lo es: los Estados Unidos de América. Antes de adoptar su actual Constitución (1787), que ha sido enmendada veintisiete veces, funcionó gracias a otro documento extraordinario: los Artículos de Confederación y Unión Perpetua. La redacción de éstos había sido iniciada en junio de 1776: estuvieron listos para ratificación en noviembre del año siguiente, la que fue completada en marzo de 1781. Su Artículo Cuarto, con característica concisión anglosajona, estableció de un plumazo la integración económica que ha costado a Europa más de medio siglo y que para los sudamericanos no ha podido completarse todavía.

La clave del asunto: en vez de crear órganos burocráticos que forzaran la integración, simplemente concedió a los “…habitantes libres de cada uno de esos Estados… todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos libres en los distintos Estados, y la gente de cada Estado tendrá libre ingreso y regreso hacia y desde cualquier otro Estado, y disfrutará en ellos todos los privilegios de comercio, sujeta a las mismas tasas, impuestos y restricciones de los habitantes de ellos, con tal de que tales restricciones no se extiendan tanto como para impedir la remoción de propiedad importada a un Estado, hacia cualquier otro Estado del que el propietario sea habitante…” En suma, los Artículos de Confederación establecieron la libertad de tránsito de personas y de bienes por todo el territorio de la unión, puesto que la confederación de los estados fue entendida como la unión perpetua de sus hombres y mujeres. La sustancia de los Estados Unidos no está en su gobierno; está en sus ciudadanos.

Al principio, el área ocupada por New Hampshire, la Bahía de Massachusetts, las Plantaciones de Rhode Island y Providence, Connecticutt, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, los signatarios de esos artículos lúcidos, alcanzaba tan sólo a 888.000 kilómetros cuadrados, una superficie total inferior a la de Venezuela. Faltaba por venir la gran expansión hacia el oeste.

Hoy son los Estados Unidos primus inter pares de las Naciones Unidas, y a pesar de intervenciones muy censurables de su política exterior a lo largo de su historia, el efecto civilizatorio neto de esa primera democracia moderna sobre el mundo ha sido grandemente beneficioso.

Como es natural en todo poderoso, desde el tiranosauro hasta el león, tiende a hacer uso de su poder; pero, comparados con cualquier otra nación de la tierra de cualquiera de sus épocas, los Estados Unidos han hecho de su enorme fortaleza un uso comedido. Se cumplen hoy 234 años de su nacimiento, y su gobierno está ahora en manos que responden a una conciencia que no es arrogante. Hay quienes no quieren ver este cambio portentoso porque se les va la coartada. LEA

Los rectores del Consejo Nacional Electoral dieron ayer su aprobación al Registro Electoral que determina el número de ciudadanos habilitados para votar el próximo 26 de septiembre, cuando será elegida una nueva Asamblea Nacional. Sin contar 57.010 venezolanos que residen fuera del país, y por tanto sólo elegirán representantes ante el Parlamento Latinoamericano, un total de 17.575.975 electores conforma el padrón electoral.

El reporte de El Universal sobre la decisión contiene una inconsistencia, pues después de ofrecer las cifras mencionadas, indica: “El total de inscritos en el RE, que incluye a quienes votarán para elegir los diputados de la AN y a los votantes en el exterior, alcanza los 17.772.768 electores”. La suma de las cifras previas arroja un total de 17.632.985, o 139.783 electores menos. En todo caso, el CNE ha anunciado que el registro definitivo estará disponible al público el próximo miércoles en su sitio web. (http://www.cne.gov.ve/ o http://www.cne.gob.ve/).

Este nivel del registro determina la cantidad de electores que es preciso reunir para causar los distintos referendos contemplados en la Constitución por iniciativa popular. El diez por ciento, o 1.777.277 electores (usemos la cifra superior, o incluso redondeemos a 1.800.000) es suficiente para convocar un referendo consultivo o uno abrogatorio. (Cuando se trata de la abrogación de un decreto-ley dictado por el Presidente de la República en virtud de una ley habilitante, bastará la mitad, 5% o 888.639; pongamos 900 mil).

Se requiere 15% de los electores debidamente inscritos en el Registro Electoral para someter a referendo un determinado proyecto de enmienda o de reforma al texto constitucional, y también “Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales…”  (Artículo 73). Igual porcentaje es requerido para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Estamos hablando de 2.665.915 ciudadanos o, con ñapa, de 2.700.000

En cambio, la Constitución reserva la condición más astringente para la revocación del mandato de un funcionario electo: 20% de los electores de la circunscripción involucrada. Si se trata de la circunscripción nacional, la del Presidente de la República, por ejemplo, el requisito exige la firma de 3.554.554 electores; pongamos 3.600.000.

Esto último es la desafiante invitación que el presidente Chávez hace a cada rato. Ayer volvió a hacerla, en un acto para entregarle sus reales a ahorristas del Banco Federal, que él mismo intervino. Así dijo: “Si ellos dicen que este gobierno no sirve, que ya nadie quiere a Chávez, porqué no llamarán ahora mismo a un referéndum revocatorio. ¿Por qué no lo harán? Porque parece que las encuestas que han hecho tampoco les favorecen, porque ellos han acariciado como sacaron a Zelaya, el objetivo de ellos es Chávez, por cierto ayer cayó Chávez en Venezuela. Ya les voy a hablar de un Chávez que cayó por ahí”. (Se refería a Francisco Chávez, salvadoreño acusado de terrorismo en Cuba).

La mala conciencia de Chávez, su propia convicción acerca de la ineptitud de su gobierno, hace que invite a cada rato a su revocación, que es de lo poco que no puede hacer por sí mismo. LEA

Una hazaña notable ha sido llevada a cabo por  el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); ha logrado un segundo gol contra el equipo de la Cancillería venezolana en el campo de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, donde se admitiera un conjunto de pruebas suministradas por la ONG sobre el incumplimiento de un trámite que impide que el Protocolo de San Salvador entre en plena vigencia en Venezuela. (El primer gol lo anotó en febrero de este año, cuando la misma sala admitiera la demanda por omisión elevada contra el Ministerio de Relaciones Exteriores).

El Protocolo de San Salvador es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace especificaciones ulteriores en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Aprobado por la Asamblea Nacional hace más de cuatro años y publicado en gaceta, el documento se ha atascado en alguna gaveta de la Cancillería, órgano que debió depositar una copia debidamente firmada ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Dice el numeral 2 del Artículo 21 del instrumento: “La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos”.

¿A qué teme comprometerse el Gobierno Nacional? ¿Por qué el despacho dirigido por Nicolás Maduro se encuentra en mora a este respecto? ¿Por qué la Defensoría del Pueblo, tan renuente a comprometerse en el caso de los alimentos descompuestos de PDVAL, tiene que esperar a que una ONG realice su trabajo en la defensa de los derechos humanos de los venezolanos?

Una explicación obvia es que el gobierno venezolano no quiere ser fiscalizado a este respecto por la OEA. Cada Estado adherente al Protocolo queda comprometido “a adoptar las medidas necesarias… hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo” (Artículo 1). También queda obligado a presentar “informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo” (Artículo 19, numeral 1). El numeral 6 de este mismo artículo establece: “En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Y ¿qué dicen el párrafo a) del Artículo 8 y el Artículo 13? El primero obliga a los Estados adherentes a garantizar “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente”. El Artículo 13 contiene cinco numerales clarísimos; el último de ellos declara: “Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes”.

Es a estas cosas que teme el gobierno. LEA

La cosa comenzó ayer por una baja pronunciadísima de los mercados asiáticos, pero los europeos no se dieron por aludidos y cerraron en terreno positivo. Luego llegó el turno de los Estados Unidos, cuyas bolsas iniciaron la jornada al alza, para caer estrepitosamente por la tarde y cerrar en rojo rojito. Hoy, tanto Oriente como Europa han continuado la rubicundez. El índice Nikkei ha cerrado ya con una caída de 191 puntos (2,04% de su valor de conjunto), y a la 1:30 del mediodía londinense el STOXX 50 ha perdido 32 puntos o 1,24%. No hay respiro; el sobresalto bursátil reaparece y estremece, una y otra vez.

Las explicaciones son muchas; una, de Perogrullo, dice que las bolsas estadounidenses bajaron porque las asiáticas cayeron antes; otra, que el desempeño económico de los norteamericanos—cifras de desempleo peores que las esperadas—y los chinos ha anulado evaluaciones optimistas; otra, que el anuncio de la agencia Moody sobre la probable degradación de la deuda española—en abril y mayo ya Standard and Poor y Fitch, respectivamente, lo habían hecho—ha reavivado los temores sobre el problema global de las deudas soberanas; que las nuevas regulaciones sobre el mundo financiero de los Estados Unidos—aprobadas ya en la Cámara de Representantes—desestimulan la actividad bursátil. Etcétera.

Ayer dijo Bill Fleckenstein (Presidente de Fleckenstein Capital Inc. en Seattle), que el mercado se había convertido en un “casino especulador” que ya no descontaba los problemas, pero el domingo precedente ya había pegado más duro un agorero artículo de Paul Krugman (Premio “Nóbel” de Economía) en el New York Times. Su título: La tercera depresión.

Krugman aventuró la conjetura de que la economía mundial está en las fases iniciales de una depresión económica comparable con la de 1873 (la Depresión Larga) y la iniciada en 1929 (la Gran Depresión). En este caso, el prestigioso economista estima que el factor principal de la nueva, la Tercera Depresión, es una falla sistémica de política económica. En sus términos, pareció que la crisis financiera de 2008-2009 sería enjugada por el apoyo al crédito emprendido por la Reserva Federal de los EEUU y el Banco Central Europeo, pero ha resurgido, en su estimación, a partir de temores por la magnitud del proceso, una política ortodoxa de presupuestos balanceados. Krugman advierte que el temor a la inflación es suicida cuando la dinámica subyacente es la de una “trampa de deflación”.

Krugman es, ciertamente, un “liberal” (en el sentido anglosajón de estar “a la izquierda” del monetarismo conservador), y cree que la cosa es un error de comprensión; no ahorra críticas a quienes, según él, sostienen que el modo de exhibir liderazgo en tiempos difíciles es imponer sufrimiento sobre los demás.

Sea o no correcto lo que dice, la lectura dominical de Krugman contribuyó mucho a las evaluaciones negativas de los mercados de valores. LEA