el blog de luis enrique alcalá de sucre
la política como arte de carácter médico (y otras cosas)FS #33 – Denunciar o emigrar
LEA, por favor
En buena medida, la fundamentación filosófica y jurídica de la democracia equivale al reconocimiento de un «contrato social» en el que, explícita o tácitamente, entran los ciudadanos de una nación cualquiera. Originalmente esta noción está contenida en la obra de Jean Jacques Rousseau que lleva por título, justamente, El contrato social. Y si bien durante mucho tiempo se la tuvo por idea de interés más bien histórico, una crítica muy generalizada de la democracia a fines de los años sesenta, junto con los trabajos de J. Rawls (1971), R. Nozick (1974) y J. M. Buchanan (1975), han revivido el interés en el tema.
La Sociedad Alemana de Sociología, con la intención de examinar estas nuevas teorías del contrato, llevó a cabo un coloquio sobre el tema Las teorías del contrato en las ciencias sociales, escenificado en octubre de 1983 en el Palacio de Rauischholzhausen. Las conferencias del coloquio, junto con artículos posteriores de Johannes Schmidt y Reinhardt Zintl, encontraron su publicación en un volumen intitulado La Justicia: ¿Discurso o Mercado? Los nuevos enfoques de la teoría contractualista, editado por Lucian Kern y Hans Peter Müller.
En la introducción del libro, firmada por Viktor Vanberg y Reinhard Wippler, se da cuenta del impacto de la década de los sesenta sobre los fundamentos conceptuales de la democracia: «La insatisfacción que aquí se manifestara… fue el motor de una crítica fundamental de las instituciones: una crítica a las instituciones políticas de la democracia occidental, al igual que una crítica a las tradicionales instituciones sociales de la civilización occidental, tales como el matrimonio y la familia o la propiedad privada. La experiencia de que el proceso de decisión democrática genera resultados que contradicen las propias concepciones de lo ‘políticamente correcto’ y la sensación de no poder intervenir eficazmente en este proceso fueron consideradas como testimonios de que la pretensión declarada de la democracia occidental, en el sentido de garantizar una representación eficaz de la voluntad de los gobernados, era una mera ideología». No es, por tanto, sólo en Venezuela que la idea democrática ha experimentado un período crítico.
Del libro mencionado se ha escogido un fragmento de la conferencia del Conde Karl Ballestrem, profesor de Filosofía en la universidad alemana de Eichstätt, para conformar esta Ficha Semanal #33 de doctorpolítico. Su conferencia fue titulada: «La idea del contrato social implícito».
LEA
……
Denunciar o emigrar
La teoría del contrato social implícito es una teoría normativa y no empírica de la acción. Al igual que toda teoría normativa, parte también de suposiciones empíricas, pero no intenta explicar por qué, de facto, las personas actúan de una determinada manera. Intenta, más bien, fundamentar a qué están autorizadas y a qué no. Por ello, no puede contribuir a descubrir si aquel que vive como tranquila persona privada, es, en realidad, un enemigo del sistema. Cuando más, puede fundamentar por qué en un orden liberal no tiene derecho a ocultar antes sus conciudadanos su identidad y sus verdaderas intenciones, es decir, por qué aquéllos tienen derecho a considerarlo tal como él mismo se presenta y a exigirle el cumplimiento de los correspondientes deberes.
Por lo tanto, como una conclusión de nuestra teoría podemos afirmar: quien en un ordenamiento liberal no hace uso de las posibilidades existentes de la crítica pública, de la oposición legal o de la emigración, sino que se mantiene en silencio y coopera, tiene que saber que su comportamiento puede ser interpretado por sus conciudadanos como si estuviera de acuerdo con el ordenamiento existente, al menos, en lo esencial. Además sus conciudadanos y su gobierno pueden pensar de él que es y seguirá siendo un ciudadano fiel a las leyes y esperar que en el futuro habrá de cumplir la parte de los deberes que tiene, de acuerdo con las reglas del sistema. Esta es la respuesta que puede darse, dentro de una teoría del contrato social implícito, al problema de la mayoría silenciosa.
Pero, también resulta de esta teoría lo siguiente: quien perciba una injusticia debe protestar públicamente e intervenir políticamente para eliminarla; el silencio despierta la impresión de aprobación y significa corresponsabilidad. Si no encuentra a nadie o sólo a muy pocos que estén dispuestos a acompañarlo en su protesta, tendrá que preguntarse si la injusticia es realmente tan importante, tan amplia, como le parece. Si encuentra muchos dispuestos a acompañarlo, puede entonces modificar el contrato social, o bien directamente a través del cambio de leyes o—si no logra esto—indirectamente a través de un debilitamiento del gobierno en el poder. Pues, así como el silencio y la cooperación fundamentan la legitimación de la dominación, así también protestas generalizadas y una oposición radicalizada significan una pérdida fáctica de legitimación.
Aquí se presenta un problema con respecto al deber de obediencia de los ciudadanos que protestan en la oposición, que no pueden imponer su opinión. Si, como lo hace nuestra teoría, el deber de obediencia es entendido como auto-obligación voluntaria que contraen los ciudadanos a través de su aprobación (donde el silencio y la cooperación son considerados signos de aprobación), entonces aquellos que protestan y se oponen a voz en cuello, deberían menos o ninguna obediencia a su Estado. Naturalmente, esta consecuencia absurda es totalmente inaceptable. Lo que sobre este punto dice en general el derecho contractual debe valer también para el Estado: quien entra en una relación contractual, quien entra en un contrato social, acepta, en caso de conflicto, seguir las disposiciones establecidas en el contrato para estos casos. Quien ingresa en una asociación presta su consentimiento a obedecer la autoridad reglamentaria, aun cuando sus propuestas no encuentren ninguna mayoría en la asamblea anual.
Naturalmente, el problema para una concepción contractualista del Estado consiste en que la mayoría no ha ingresado al Estado ni voluntariamente, después de haber conocido su «reglamento», ni tampoco le resulta tan fácil abandonarlo. Por ello, difícilmente puede decirse que haya ingresado voluntariamente en una relación contractual. Si se compara la ciudadanía con la membresía de otras asociaciones, puede, desde luego, verse también que en la cuestión de la voluntariedad lo que interesa, en primera línea, no es el ingreso. En muchas asociaciones (por ejemplo, iglesias o comunidades religiosas), es corriente que los hijos de los miembros sean incorporados poco después del nacimiento, si así lo desean los padres. Al principio, no tienen todos los derechos de los miembros pero, tan pronto como alcanzan una determinada edad, o bien son recibidos como miembros plenos a través de una ceremonia solemne o se infiere del hecho de que no abandonan la asociación o que pagan sus contribuciones, que desean seguir siendo miembros.
Para poder decir que alguien es un miembro voluntario y, por lo tanto, ha aceptado también voluntariamente los deberes de los miembros, lo que importa decididamente es la posibilidad de la salida o de la denuncia del contrato. Quien no sale, a pesar de que puede, manifiestamente desea seguir siendo miembro. La referencia a lo doloroso que puede ser la salida no es una objeción decisiva. Consideramos que una persona adulta es capaz de dar este paso doloroso y lo hacemos responsable si no lo da. Si, por ejemplo, pertenece a una comunidad religiosa, suponemos que se identifica con los objetivos y convicciones esenciales de esta comunidad y que respeta sus autoridades. Si dice: «Ciertamente, ya no comparto sus convicciones, no apruebo sus objetivos, sus autoridades me son indiferentes pero, hasta ahora, no he podido decidirme a abandonarla», pensamos que no tiene carácter y que es incoherente; hasta le haríamos ver que, en parte, es responsable de lo que hace la comunidad.
En principio, todo esto parece valer también para la ciudadanía. Nacemos como ciudadanos de un Estado, más tarde podemos decidir si queremos permanecer en él o no. Una decisión tal es difícil y depende de presupuestos objetivos (por ejemplo, que otros Estados nos dejen inmigrar), pero ha sido tomada en millones de casos. Por ello, podemos decir: quien permanece en un Estado, a pesar de que podría emigrar, quiere manifiestamente seguir siendo ciudadano de ese Estado. ¿O es ésta una conclusión apresurada?
Para una concepción contractualista del Estado, la posibilidad de la denuncia del contrato tiene una importancia central. Naturalmente, aquí hay que entender por denuncia, en primer lugar, el derecho a emigrar. Un Estado que limita fuertemente la emigración o la prohíbe no puede sostener que se apoya en el consentimiento de sujetos libres e iguales. Pero, más arriba, a propósito de Hume, se dijo que puede haber diferentes buenas razones para querer permanecer en el territorio de un Estado, razones que pueden tener poco que ver con el Estado, tal como es definido por la Constitución. Por ello, la permanencia en un Estado puede no significar la aprobación del sistema político. Es, pues, plausible buscar otras formas de denuncia del contrato para destacar aun más el carácter de voluntariedad de la vida en el Estado.
Conde Karl Ballestrem
CS #115 – Clases de gramática
En más de una ocasión he citado acá o hecho referencia a mi amigo, maestro y mentor, el profesor Yehezkel Dror, Wolfson Professor of Political Science de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y hoy quiero volver a hacerlo.
En varias ocasiones le oí contestar una pregunta que él mismo se hacía retóricamente: ¿cuál es el campo de mayor importancia para la investigación científica y para el futuro de la humanidad? Ese coloso de las Policy Sciences, abogado de Harvard, miembro de la Corporación RAND, Científico Jefe del Ministerio de Industrias israelí, asesor de los gobiernos holandés e inglés y de la Comunidad Europea, autor de profundos y proféticos libros sobre el arte de gobernar, contestaba que tal cosa de tan grande importancia era la comprensión del cerebro humano. (No sin regresar a su campo propio y sugerir especificaciones arquitectónicas para un «cerebro del mundo»—Brain of the World—al que consideraba en incipiente formación).
Y si, como el profesor Dror, nos preguntáramos cuál es la más importante actividad política que puede ser hecha en Venezuela hoy, un examen sosegado nos llevaría a la siguiente conclusión: enseñar Política, tanto al público en general como con mayor profundidad a quienes tengan vocación pública.
La Política, en tanto arte u oficio, es enseñable, y los primeros aprendices de ella deben ser los ciudadanos. Esto ya nos lo mostraban John Stuart Mill y Bárbara Tuchman. El primero de ellos, ciertamente el más grande filósofo político de los ingleses, escribió en su Ensayo sobre el gobierno representativo:
«Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo… Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan».
Por lo que respecta a la doble Premio Pulitzer de Historia, Bárbara Tuchman, ella arriba a una simple y poderosa conjetura al final de La marcha de la insensatez (The March of Folly), obra en la que concluye que la insensatez política, según atestigua la historia, es más bien la regla que la excepción. (La profesora Tuchman entendía por instancia de insensatez política aquella situación en la que un decisor público, en presencia de reiterados consejos y advertencias de que no siga una cierta senda porque meterá la pata, insiste en meterla). Dice Bárbara Tuchman en su epílogo: «El problema pudiera ser no tanto un asunto de educar funcionarios para el gobierno como de educar al electorado a reconocer y premiar la integridad de carácter y a rechazar lo artificial».
Nada puede ser, pues, más profundamente democrático que elevar la cultura política del público en general. En La enseñanza como una actividad subversiva (Teaching as a subversive activity, 1969), Neil Postman y Charles Weingartner sostenían con la mayor convicción que uno de los más fundamentales servicios de la educación consistía en dotar a los educandos de un «detector de porquerías». El pueblo necesita, por sobre todo, aprender a desbrozar en la discursería política, y a identificar y rechazar aquellas proposiciones vacías, puramente cosméticas, insinceras, obsoletas, ineficaces, demagógicas, manipuladoras. Debe poder llegar a la nuez de los mensajes de los políticos, sin hacer caso de solemnidades egomaníacas, para formarse un criterio acerca de su pertinencia o suficiencia.
Además, nunca antes ha sido tan grande la necesidad de mayor cultura política ciudadana que ahora, cuando el gobierno se ha convertido en una máquina de adoctrinamiento ideológico que vende una particular interpretación, errada y perniciosa, de lo histórico y lo político. Es, por tanto, doblemente importante hoy la educación política del pueblo, pues allí es donde es preciso superar concepciones de la dominación actual. Sin esta base primordial ninguna actividad política tendrá éxito, dado que ahora lo político en Venezuela se caracteriza por un proyecto de cobijo ideológico total impulsado por el supremo.
………
Pero también hay que educar especialmente y con mayor profundidad—dado que su responsabilidad es mayor—a quienes tengan vocación pública, a quienes pretendan ejercer función pública.
En primer término, porque la insuficiencia política actual es de origen conceptual. Son conceptos equivocados (fundamentalmente obsoletos) acerca de lo político lo que explica las enormes desviaciones del actual gobierno y la radical ineficacia de lo que hasta ahora ha sido su oposición. No es tanto que su intención sea dañar a la ciudadanía—salvo en el caso de quienes piensan que un segmento de ella la daña y por eso hay que destruirlo—como que no saben qué es lo que hay que hacer. En el arsenal terapéutico de los actores políticos convencionales—y el más convencional de todos es el actual gobierno—no hay remedio eficaz a nuestros males públicos. Sólo es, por tanto, superando esa esclerosis conceptual y paradigmática, que es la raíz de la insuficiencia política, como será posible superar nuestra enferma coyuntura.
En segundo lugar, y como esta carta ha argumentado varias veces, porque hay hoy un estado del arte de la Política, cuyo conocimiento por parte de los decisores públicos contribuiría en mucho a la modernización y adecuación de las políticas públicas, las que en nuestro caso vienen determinadas no en función de las necesidades de la comunidad, sino en razón de predominio ideológico o hegemónico.
Tomemos el caso de las próximas elecciones de Asamblea Nacional. (En algún momento del año 2005). Supongamos que un grupo se propusiera la ambiciosa meta de alcanzar una representación mayoritaria en esas elecciones. (En términos prácticos, quitar la mayoría de la Asamblea a la coalición oficialista reunida alrededor del Movimiento Quinta República). Tal grupo no actuaría responsablemente si sólo pretendiese ser ensamblado a partir de fragmentos feudales que preservaría cada uno su propio mind-set y trabajaría cada uno en su trayectoria de acceso, sobre la campaña como tal. (Hay unos cuantos actores políticos en Venezuela—de relativo nuevo cuño—que han iniciado experimentos interesantes, algunos encaminados en dirección correcta, pero una «coordinadora democrática» que los federase mientras cada uno mantiene su identidad propia, sería una receta segura para el fracaso. Por esto no son actitudes producentes las expresadas por estos días en boca del vocero más caracterizado de algún partido, quien afirmara que la organización que él dirige es «la única» que el gobierno teme).
Para que un grupo de personas responda responsablemente a la meta delineada, tendría que haber arribado a una comunidad de enfoque, pues más que con un acuerdo programático o un «consenso-país», es preciso contar con una misma «gramática política», para emplear términos de Arturo Úslar Pietri. El trabajo es posible, aunque no fácil, y convendría iniciarlo ahora mismo, puesto que mientras más cerca estén las elecciones más difícil será formular y digerir el nuevo paradigma, que pueda superar con ventajas el prevaleciente de la Realpolitik, que en el fondo es común al gobierno y a los actores de oposición que hasta ahora actuaron, diferenciados éstos de aquél y entre sí por «sabores» ideológicos, cual tubito de «Salvavidas»® de tuttifrutti.
LEA
CS #124 – ¿Golpista yo?
Hace seis días que Hugo Chávez Frías celebrase por sexta vez desde el poder las tropelías del 4 de febrero de 1992. Hace seis años que, a cuarenta y ocho horas de su toma de posesión, montó el primer espectáculo conmemorativo en Los Próceres, donde los invitados presenciaron el desfile militar organizado para la ocasión por el nuevo régimen.
Para aquel momento se le ocurrió a Henrique Salas Roemer la contra: si Chávez glorificaba la intentona militar del 4 de febrero, acto protagonizado por una compacta logia militar, él, Salas Roemer, y su Proyecto Venezuela, exaltarían los acontecimientos del 27 de febrero de 1989, el «Caracazo», que habría sido a su criterio un evento popular; esto es, «democrático». (Como esta publicación ha recordado en otra ocasión, Salas Roemer sostenía entonces que el 27F debía ser tenido en la misma liga de los sucesos de la plaza de Tiananmén y la caída del Muro de Berlín).
Pero el 4 de febrero de este año hubo un elemento distinto. El gran nomenclador que es Chávez estableció la siguiente distinción: «Nosotros, los alzados del 4 de febrero, no éramos golpistas; éramos revolucionarios». Es decir, la revolución es una coartada que libra de culpa republicana a golpistas apresados in fraganti.
En cambio, el nuevo Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Omar Mora Díaz, se ha estrenado condenando la decisión del TSJ del 14 de agosto de 2002 que absolvió a oficiales militares de alta graduación—Efraín Vásquez Velasco, Pedro Pereira Olivares, Héctor Ramírez Pérez y Daniel Lino José Comisso Urdaneta—de los cargos en su contra por rebelión militar. Según Mora, y en consonancia con el calificativo de «plasta» que oportunamente endilgó a esa decisión el líder del proceso (revolucionario, no golpista), la sentencia había sido un desastre y los jueces que en aquel momento la suscribieron no merecían estar sentados en el Alto Tribunal.
Pero en ninguna parte el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no hubo un golpe de Estado en Venezuela entre el 11 y el 13 de abril de ese año. La inapelable decisión del 14 de agosto se limitó a establecer que no había méritos para enjuiciar a esos altos oficiales por el delito contemplado en el ordinal 1º del artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar: «La rebelión militar consiste: 1. En promover, ayudar o sostener cualquier movimiento armado para alterar la paz interior de la República o para impedir o dificultar el ejercicio del Gobierno en cualquiera de sus poderes; …»
El Tribunal no encontró que las acciones de Vásquez Velasco, Pereira Olivares, Ramírez Pérez y Comisso Urdaneta pudieran ser tipificadas por el artículo citado sobre la base de los recaudos suministrados por el Fiscal General de la República.
Pero esto no equivale a haber declarado que en abril de 2002 no hubo un golpe de Estado en Venezuela. Acá vale la pena reproducir, con alguna extensión, lo que Franklin Arrieche observaba en su ponencia, por cierto en redacción bastante defectuosa:
A pesar de que el Fiscal no achacó expresamente a los imputados lo relativo a la constitución de un gobierno provisorio, por lo cual su consideración es ajena a esta decisión, el mundo sabe que el 12 de abril de 2002, después de que el general en Jefe anunciara la renuncia del Presidente, un grupo de militares entre los cuales se encontraba el coimputado general Efraín Vásquez Velazco, anunció el nombramiento del Dr. Ramón Carmona Estanga como Presidente interino o provisional de una junta de gobierno.
También es sabido que esta persona, la tarde de ese día prestó juramento e hizo público un Decreto por el cual asumió la presidencia de la nación, destituyó a los componentes de los poderes públicos y cambió el nombre de la República, entre otras cosas.
Ahora, como ya se dijo, una vez que se anunció por el General en Jefe la renuncia del Presidente y del Alto Mando Militar, todo el País tenía el derecho y la obligación de creer tal como sucedió con la OEA, que en Venezuela existía crisis en el poder ejecutivo por carencia de titular de la Presidencia.
Fue en esas condiciones cuando los militares anunciaron el nombramiento del Presidente provisorio.
Evidentemente que carecían de competencia para esa actuación, aún cuando por mandato legal se les deba reconocer la buena fe en su actuación y no puede la Sala aplaudir ni silenciar esa conducta por mucho que se acepte que estuvo preñada de buenas intenciones.
Ahora, si no existía Presidente en ejercicio y antes se habían producido los graves acontecimientos que los militares como móvil de sus pronunciamientos; que la OEA condenó tal y como lo hiciera este Alto Tribunal, no puede decirse que con ello se pretendía impedir u obstaculizar el ejercicio de un poder ejecutivo sin titular, ni alterar el orden y la paz interior de la nación, que ya se había roto por elementos exógenos a los imputados. Más aún, afirmó el general Vásquez Velazco e hicieron público los medios de comunicación social, que al no conseguir a ninguno de los llamados a suceder al Presidente en caso de falta absoluta, llamó al Presidente de este Tribunal para preguntarle si a él, correspondía la asunción de ese cargo pero éste le aseguró que tocaba al Vicepresidente.
Esta forma de actuar, claramente evidenciaba que no era su intención la toma del poder sino la de restaurar la paz interior y la buena marcha de las instituciones ya que de lo contrario, no se puede explicar esa pregunta.
De tal manera que, a pesar de que la Sala considere inaceptable el que alguien se arrogue la facultad de designar a un Presidente, tampoco puede concluir en que ese nombramiento encaje dentro de la descripción hecha en el artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar que, se ratifica una vez más, constituyó la única imputación fiscal formulada en la querella.
En cuanto a la juramentación de Ramón Carmona Estanga y al Decreto que hizo público, se debe recordar que las responsabilidades son personales y que únicamente a quien se hizo autor se le puede responsabilizar de ello.
Está del todo claro, entonces, que el Tribunal Supremo de Justicia no declaró jamás, por ejemplo, que Carmona Estanga no tuviera algunas culpabilidades, o que acciones diferentes a las reseñadas, y también atribuibles a de los oficiales imputados, no hayan sido censurables y anticonstitucionales.
Mora Díaz sostiene que los Magistrados hicieron desaparecer, como fantasma desvanecido en un acto de realismo mágico, todo vestigio de golpe de Estado en su sentencia del 14 de agosto de 2002. Pero esto no es así, como hemos visto. No le tocaba al Tribunal Supremo determinar la culpabilidad de Carmona Estanga porque éste ni era el imputado ni podía reivindicar el beneficio de antejuicio. Este es asunto que tendrá que ser establecido, en algún momento del futuro, por un tribunal ordinario. Lo que puso en evidencia la sentencia en cuestión fue que Isaías Rodríguez hizo mal su tarea, al imputar a los oficiales acusados un delito que no se corresponde con sus actuaciones, o al no ser capaz de aportar pruebas fehacientes de que hubo un golpe y que eran tales ciudadanos sus autores materiales o intelectuales.
Lo que tal vez pudiese promover Mora es la consagración, en tanto novísima doctrina constitucional venezolana, del principio según el cual cualquier alzado que se proclame revolucionario, como Hugo Chávez, ya no debe ser tenido por golpista.
LEA
LEA #124
Los nuevos desastres pluviales, amplificados sin duda por la desidia oficial en Vargas, han distraído al Presidente de la República de su agenda preferida: su epopeya antigringa. Ya la tragedia de 1999 había cortado en su momento los festejos de la promulgación de la Constitución vigente. Un poco más de seis años después de aquella calamidad comprobamos que las recomendaciones técnicas de prevención—muros de contención en concreto armado, entre otras cosas—fueron sustituidas por curitas ineficaces. (Gaviones que no resisten el embate de las aguas).
Así que el líder continental de la revolución socialista tendrá que ocuparse de un fastidioso e inoportuno problema local y distraerse de su épica tarea. Es posible que sueñe con recibir ayuda china para esta nueva prueba de los elementos. Pero una vez que haya dado su condolido discurso—»Si la Naturaleza se opone haremos que nos obedezca»—volverá a dejar el asunto en manos de sus lugartenientes para continuar en su papel de héroe transnacional. (Exógeno, pues).
Un aventurado pronóstico de Stratfor para la década 2005-2015 supone que Chávez continuará «retando los intereses de seguridad de los Estados Unidos en la región, particularmente en Colombia» y que buscará «expandir su revolución bolivariana con el establecimiento de redes de apoyo político y financiero con líderes políticos y organizaciones bolivarianas o extremistas de pensamiento parecido por toda la región».
Pero los analistas de Stratfor también creen que los Estados Unidos «responderán a los obstáculos que Chávez representa buscando aislarlo políticamente y tal vez económicamente». Esto es más fácil decirlo que hacerlo. No será nada fácil para la diplomacia de Washington lograr que la Organización de Estados Americanos reduzca a Venezuela a un status análogo al de Cuba. Si, como pareciera implicar el pronóstico de Stratfor, los Estados Unidos se limitaran a una política de ese tipo, pronto comprobarían que esa postura no les conduciría a nada. Y si insisten en sus frecuentes declaraciones críticas—Rice, Noriega, etc.—no harán otra cosa que trabajar a favor de Chávez, al reforzar la noción de que este señor efectivamente encarna una actitud muy generalizada en el mundo actual: el rechazo al reciente comportamiento de los Estados Unidos. Lo harían más popular aún entre los desposeídos de la tierra. Por otra parte, es Chávez quien pareciera buscar ese aislamiento, al menos de los Estados Unidos, con acciones como la avisada desinversión en CITGO y la búsqueda de un mercado chino que pudiera sustituir la importación estadounidense de crudos venezolanos.
Mientras tanto los voceros del proceso siguen el simplista guión antinorteamericano. Nicolás Maduro, poseído de la majestad que le confiere la Presidencia de la Asamblea Nacional, ha adelantado la sospecha de que la laberintitis que pospuso la visita conciliatoria de Uribe Vélez no es otra cosa que una patraña que enmascara «órdenes» de Washington, que no querría entendimientos entre los presidentes de Venezuela y Colombia. ¿No habrá quien postule que nuestro nuevo castigo pluvial obedece a alguna arma meteorológica secreta de DARPA? (Defense Advanced Research Projects Agency).
LEA
FS #32 – Democracia y liderazgo
LEA, por favor
Entre los intelectuales de los que John F. Kennedy supo rodearse en su corta presidencia descuella la figura de Arthur Schlesinger Jr., historiador norteamericano nacido en 1917 cuyo trabajo se ha centrado sobre la consideración de las ideas y ejecutorias de varios presidentes de su país. (Andrew Jackson, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy y Richard Nixon). Ganador del Premio Pulitzer de Historia por su libro sobre Jackson, durante el gobierno de Kennedy fue su historiador residente y escritor de discursos. También su padre, Arthur M. Schlesinger (1888-1965), fue un historiador respetable.
Además de sus libros sobre los presidentes que estudiara—que incluyen el famoso A Thousand Days, su relato de primera mano del gobierno de Kennedy que mereciera otro Premio Pulitzer, esta vez en Biografía—Schlesinger ha teorizado sobre el proceso político general y, en especial, sobre el tema del liderazgo en una sociedad democrática. (Más recientemente, en septiembre de 2004, ha publicado un estudio sobre el manejo de la guerra por los presidentes norteamericanos: War and the American Presidency). En Los Ciclos de la Historia Americana (The Cycles of American History), asume la cuestión del liderazgo con particular interés en el tema de la innovación política y su aceptación por la sociedad en el seno de la cual aquella emerge. Es con fragmentos sacados de este libro con lo que se compone esta Ficha Semanal #32 de doctorpolítico.
Dice Schlesinger: «En realidad, el liderazgo es lo que hace girar al mundo. No cabe duda de que el amor suaviza el tránsito; pero el amor es una transacción privada entre adultos anuentes. El liderazgo—la capacidad de inspirar y movilizar a multitud de personas—es una transacción pública con la historia». Y también: «El liderazgo puede modificar la historia para bien o para mal. Los líderes han sido responsables de los crímenes más terribles y de las más extravagantes locuras que han deshonrado a la raza humana. También han sabido impulsar a la humanidad hacia la libertad individual».
Schlesinger fue profesor de Historia en la Universidad de Harvard por una docena de años antes de integrar el gobierno de Kennedy. (En el que fungió también como asistente especial de éste para América Latina). Al término de esta presidencia pasó un semestre en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y luego aceptó una cátedra (Albert Schweizer) de Historia en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Siempre interesado en política, trabajó intensamente en las campañas de Robert Kennedy y George McGovern, pero por propia admisión no fue capaz de apoyar—ni siquiera votar—a James Carter, a quien encontraba «demasiado conservador y pío» para su gusto.
Este historiador que fue llamado a funciones de gobierno es un «liberal» en el sentido norteamericano del término: una persona que desconfía de la idea de entregar al libre mercado el rumbo de la sociedad. En entrevista concedida a Alejandro Benes puntualizó al respecto: «El libre mercado no va a reconstruir la infraestructura del país. No va a proveer adecuados cuidados a la salud. No va a proteger el ambiente. No va a mejorar nuestras escuelas. Ninguna de estas cosas será hecha por un libre mercado sin impedimentos». Son posturas de esta clase las que le han ganado el remoquete de «Guardián del Liberalismo».
LEA
……
Democracia y liderazgo
Artistas y Estadistas
¿Cuál es en realidad la función del liderazgo? ¿Cómo opera en una democracia?
El propósito de la política democrática es, o debiera ser, encontrar un medio para alcanzar la libertad ordenada en un mundo condenado al cambio incesante. «Aquel que no quiera aplicar remedios nuevos», dijo Bacon, «debe esperar males nuevos, ya que el tiempo es el mayor innovador». La carroza alada del tiempo ha estado viajando más rápidamente que nunca en los siglos transcurridos desde Bacon. El resultado es una brecha perenne entre las instituciones y creencias heredadas y un medio ambiente en movimiento perpetuo. La misión de la política democrática es mantener a las instituciones y los valores suficientemente al corriente de la vertiginosa velocidad de la historia para dar a la sociedad la oportunidad de controlar las energías desencadenadas por la ciencia y la tecnología. El liderazgo democrático es el arte de fomentar y administrar la innovación al servicio de una comunidad libre.
No supongo que la creatividad en el arte de gobernar sea esencialmente diferente de la creatividad en otros campos. Con fines de ilustración, me gustaría ofrecer una lista de cualidades requeridas para la política creativa; una lista tomada de un famoso comentarista de la Revolución Francesa. El primer requisito de la lista es observación, «la capacidad de observar con exactitud las cosas como son en sí mismas», saber «si las cosas descritas están realmente presentes». Después, reflexión que enseña «el valor de las acciones, las imágenes, los pensamientos y los sentimientos; y ayuda a la sensibilidad a percibir la relación que tienen entre sí». Luego, imaginación, «modificar, crear y asociar»; después invención, y finalmente juicio, «decidir cómo y dónde, y hasta qué grado debe y puede ejercerse cada una de estas facultades».
Estas cualidades, llevadas a su nivel más alto, constituyen el genio, «la única prueba (del cual) es hacer bien lo que es digno de hacerse, y lo que nunca se hizo antes… El genio es la introducción de un elemento nuevo en el universo intelectual». Ahora bien, la introducción de un elemento nuevo en el universo intelectual es una empresa peligrosa. «La ruptura de los lazos de la costumbre» provoca resistencia. Por lo tanto, el innovador tiene la tarea de «crear el gusto por lo que ha de ser disfrutado… Crear un gusto es invocar y conferir poder».
El lector habrá adivinado que estoy citando no un discurso sobre el arte de gobernar, sino el prefacio de Wordsworth a la edición de 1815 de sus poemas, donde el otrora entusiasta de la Revolución Francesa consideraba «los poderes que requiere la producción de poesía». Su análisis sugiere que la creatividad en política apela a poderes similares y corre el riesgo de desaires similares.
De cualquier modo, sigue habiendo diferencias entre el proceso creativo en la ciencia y el arte y dicho proceso en la política. Una es la cuestión de la oportunidad. La ciencia y el arte no pueden ser apresurados. La política siempre es esclava del reloj. El estadista es víctima de la emergencia, prisionero de la crisis y, aun en épocas de tranquilidad, siervo de los plazos que se vencen. A menudo debe asirse de ideas prematuras y usarlas sin conocer las consecuencias. Peor aún, el estadista suele enfrentarse a situaciones en que, si espera demasiado para estar absolutamente seguro de los hechos, puede perder el control de los acontecimientos. «Cuando es mayor el ámbito de la acción», observó Henry Kissinger, «los conocimientos en que puede basarse dicha acción son limitados o ambiguos. Cuando ya se tiene el conocimiento, la capacidad para influir sobre los acontecimientos suele ser mínima. En 1936 nadie podía saber si Hitler era un nacionalista incomprendido o un demente. Cuando se tuvo la certeza de lo segundo, el precio fue millones de vidas». Tocqueville lo dijo en forma más sucinta: «Una democracia puede llegar a la verdad sólo como resultado de la experiencia; y muchas naciones pueden perecer mientras están aguardando las consecuencias de sus errores».
El estadista debe aceptar no sólo los plazos que se vencen sino un ambiente exigente. Eternamente está pactando con otros. En una forma de gobierno democrática la dialéctica de la transacción es la norma en todos los niveles. Mientras los artistas y los científicos rechazan la transacción, caminan por cuenta propia y apuestan a la aprobación del futuro; los estadistas requieren aprobación ahora si quieren lograr algo. Stendhal esperaba ser reivindicado en un siglo; Napoleón tuvo que reivindicarse de inmediato, o resignarse a ser nada. El artista y el científico tienen tiempo y espacio; el estadista tiene bastante poco de ambas cosas. Freud acertadamente colocó al gobierno junto con la educación y el psicoanálisis en su lista de las tres profesiones «imposibles», aquellas «en las que se puede estar seguro de alcanzar resultados insatisfactorios».
La Superación del Viejo Orden
En el arte y en la ciencia, el innovador sólo tiene que convencer a una persona: él mismo. Pero la innovación en la democracia entraña una tarea aún más ardua: el innovador debe persuadir a otros a que cambien su opinión. Los cambios son amenazantes. La innovación puede parecer un ataque a los cimientos del universo.
El interés creado es proteico. Puede ser personal: invertir un intelecto y una carrera en un sistema particular de creencias. Puede ser institucional: las ideas encarnadas en instituciones se vuelven especialmente difíciles de abandonar. Puede ser social: invertir en un sistema de creencias que protege el poder de un grupo o clase.
El análisis de Joseph Schumpeter sobre la función de la empresa económica ilustra también las dificultades del liderazgo político. Cada paso que se da en contra de la rutina despierta dudas. El individuo que hace caso omiso de los canales establecidos, observó Schumpeter, carece de datos persuasivos para justificar la contravención de las leyes. Allí donde el precedente había constituido una guía autorizada, ahora «el éxito de todo depende de la intuición, de la capacidad de ver las cosas de una manera que después resulte cierta, aunque no se le puede establecer en el momento, y de captar el hecho esencial, descartando lo no esencial, aunque no se pueda ofrecer una explicación de los principios por los que esto se hace». Pocos están dispuestos a abandonar las precitadas suposiciones por los riesgos admitidos. Schumpeter también hizo hincapié en la venganza que ejerce el medio social contra los que desean hacer algo nuevo. Cualquier grupo resiente la herejía por parte de sus miembros.
Las sociedades faustianas de Occidente viven en perpetua expectación de cambio. Sin embargo, aunque las naciones democráticas afirman la inevitabilidad del cambio, la democracia también inculca hábitos de pensamiento que refuerzan la resistencia a las ideas nuevas. Los primeros críticos de la democracia no la veían así; más bien se lamentaban de la supuesta inestabilidad de las masas y temían que el gobierno popular sucumbiera a azarosos arrebatos de opinión no autorizada. Pero observadores simpatizantes como Tocqueville se preocupaban del largo plazo. «Lo que me sorprendió en los Estados Unidos», escribió, «era la dificultad de sacudir a la mayoría una vez que se había formado una opinión».
Lo que cuenta al final es la subversión de las ideas viejas por el medio cambiante. Esto es lo que da al líder democrático la oportunidad de crear el gusto por el que ha de ser disfrutado.
Arthur M. Schlesinger
CS #123 – Coincidencias asimétricas
Algunos entre los demócratas norteamericanos, considerados como líderes de gran peso o como figuras intelectuales «superiores» a sus contrapartes republicanas han sido, no obstante, perdedores. En época de Adlai Stevenson, por ejemplo, se le tenía a éste por el estadista más fino entre los norteamericanos, el presidenciable ideal, pero nunca pudo llegar a la presidencia de los Estados Unidos. George McGovern pareció recoger el aura de Robert Kennedy e inició una «revolución» en la temática del partido demócrata, pero su movimiento nunca llegó a su destino político, la Casa Blanca. En época de Ronald Reagan fungía como su Vicepresidente George Bush padre, quien pareció ser derrotado por la muy preparada demócrata Geraldine Ferraro—¿antecesora de Hillary Clinton?—en los debates de la campaña electoral que llevarían a la segunda presidencia del actor-presidente. (¿Antecesor de Arnold Schwarzenegger?) Los demócratas nunca pudieron contra Reagan, como Al Gore, de gran prestigio como líder de avanzada, como dirigente que «comprendía la modernidad», no pudo contra Bush hijo, a quien se consideró siempre su inferior intelectual. Y ya sabemos que pasó con John Kerry.
Un caso interesante viene dado por la figura de Walter Mondale, que ejerció la vicepresidencia bajo Jimmy Carter y fue el candidato demócrata contra Reagan en 1984, justamente con Geraldine Ferraro como su compañera de fórmula. Apartando este fracaso político, Mondale se distinguió en el Senado norteamericano con una carrera parlamentaria de doce años. En 1967 intentó la aprobación de una ley que pareció ser proyecto imbatible: la ley de Plena Oportunidad y Contabilidad Social. (Full Opportunity and Social Accounting Act, en su inicio Full Opportunity and Social Indicators Act).
Como su nombre lo indica, el proyecto de legislación estaba conformado por dos componentes. La idea de «oportunidad plena» era un punto de carácter doctrinario. En el hervor solidario de la década de los sesenta, se argumentaba que la «igualdad de oportunidades» no era suficiente, pues algunos habitantes serían «más iguales que otros». Es decir, si se garantizaba la misma oportunidad a todos, un número considerable de ciudadanos, aquejados de desventajas iniciales en razón de su pobreza, continuaría en desventaja. Lo que había que asegurar era una «oportunidad plena».
En cambio, el componente de «indicadores sociales» correspondía a una idea inicialmente esbozada con Roosevelt: el registro del progreso social de la nación norteamericana. En 1967 gobernaba Lyndon Johnson, que había declarado una «Guerra a la Pobreza»—¿antecesora de la «Misión Cristo»?—y había instruido al Departamento de Salud, Educación y Bienestar (HEW) para que estudiara la posibilidad de medir el progreso social de los Estados Unidos. Es en este momento cuando Mondale promueve una ley que hubiera obligado a los presidentes norteamericanos a incluir indicadores sociales en su State of the Union, el mensaje anual ante el Congreso, que George W. Bush presentó justamente ayer, el mismo día cuando se cumplieron seis años de Hugo Chávez en Miraflores.
Pero el proyecto de Mondale, que parecía contar con grande apoyo en el electorado norteamericano, nunca llegó a convertirse en ley. El Buró del Censo, a pesar de esto, produjo reportes—menos ambiciosos que el Reporte Social anual previsto en el proyecto—en 1973, 1976 y 1980, pero incluso esta práctica fue descontinuada por la administración Reagan, y ya no se intentó más alguna idea parecida. Lo que no impidió que ayer el presidente Bush dedicara una buena parte de su discurso a temas de la agenda doméstica, pues el problema de la seguridad social en los Estados Unidos pareciera importar a los estadounidenses más que los asuntos de política exterior e incluso más que los de seguridad antiterrorista.
………
Hugo Chávez ofreció oficialmente su State of the Union hace ya semanas (dominado por el impasse con Colombia que hoy será discutido a puertas cerradas con Uribe Vélez), pero ayer, con motivo de sus seis años en la Presidencia de la República («Bolivariana»), hizo un somero recuento de lo que considera sus logros. Por ejemplo, que se habría alfabetizado ya a más de un millón trescientos mil ciudadanos con la «Misión Robinson». Pero ¿quién está sacando las cuentas, si no él mismo? Y estas misiones ¿no esperaron cuatro años enteros en el limbo de la inexistencia para iniciarse como elemento central de una campaña electoral antirrevocatorio?
Estas cosas son de menor importancia para una política que reivindica el privilegio de la inconsistencia. Hace horas que Chávez se declarara, ahora sí, abiertamente «socialista» desde Porto Alegre. Ya puede abandonar el engaño de sus discursos de 1998, cuando juraba a quien quisiera escucharlo que no era ni liberal ni socialista, sino que buscaba una «tercera vía» y se comparaba desfachatadamente por eso con Tony Blair.
Claro que estas inconsistencias se disuelven bajo la noción de que Chávez es un ungido de Bolívar, un héroe de Neruda, un ser providencial, para Venezuela y para toda América Latina. Él sería la expresión de un «destino manifiesto», la encarnación épica para la rectificación de quinientos años de explotación.
Pero en todas partes se cuece habas, pues no es Chávez el único presidente del hemisferio con esa idea de haber sido escogido por la historia. (O por la misma Divina Providencia). Allá arriba, en los Estados Unidos, George W. Bush también se siente llamado.
Por ejemplo, en septiembre de 2000 decía a un entrevistador de la revista «George» (fundada por el hijo de John Fitzgerald Kennedy y Jacqueline Bouvier): «He escuchado el llamado. Yo creo que Dios quiere que sea candidato a la Presidencia». Ese mismo año (según el London Observer) confiaba al «televangelista» James Robinson: «Siento que Dios quiere que busque la Presidencia. No puedo explicarlo, pero siento que mi país va a necesitarme». Tres años más tarde el periódico israelita Ha’aretz reportaba confidencias de Bush al primer ministro palestino Abu Mazen, en cumbre celebrada en Jordania: «Dios me dijo que golpeara a al Quaeda y la golpeé, y luego me instruyó para que golpeara a Saddam, cosa que hice, y ahora estoy determinado a resolver el problema en el Oriente Medio». Y el 9 de julio de 2004, ya en campaña electoral hacia su reelección, decía a un grupo reunido en las oficinas de Lapp Electric Services, en Smoketown, Pennsylvania: «Confío en que Dios hable por mi conducto. Sin eso no podría hacer mi trabajo».
Hugo reivindica parentesco con Bolívar y, con algo de corrosiva blasfemia, de cuando en cuando se ha emparentado con el mismísimo Jesús de Nazaret. (La última vez el 3 de junio de 2004). George pareciera, por otra parte, estar a punto de establecer la primera teocracia norteamericana. Vidas paralelas, diría Plutarco, aunque algo asimétricas. Uno habló ayer desde «el balcón del Pueblo», poco después de que el otro perorara en el Capitolio de Washington.
LEA
intercambios