por Luis Enrique Alcalá | May 15, 2012 | Argumentos, Política |
También hay indignados en Cataluña
Gregorovius pensó que en alguna parte Chestov había hablado de peceras con un tabique móvil que en un momento dado podía sacarse sin que el pez habituado al compartimiento se decidiera jamás a pasar al otro lado. Llegar hasta un punto en el agua, girar, volverse, sin saber que ya no hay obstáculo, que bastaría seguir avanzando…
Julio Cortázar – Rayuela
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El dato más significativo de la reciente encuesta de Datanálisis es su reporte de una anomalía. Lo habitual es que, a medida que un proceso electoral se acerca a la fecha de votación, la proporción de indecisos se adelgace, que sean menos los injustamente vilipendiados Ni-ni, la gente que no está alineada con los términos de una polarización. Pero la afamada encuestadora ha revelado el 10 de mayo que de marzo a abril los entrevistados indecisos pasaron de 25% a 31% de la muestra, un ascenso de seis puntos (porque Hugo Chávez bajó un punto y Henrique Capriles perdió cinco). En los procesos electorales anteriores, esta población no alineada, que en otros momentos ha llegado a superar la mitad del país, descendió cuando comenzaba a decantarse en tibio apoyo a los candidatos polares. Pero aun hoy, cuando ya menos de cinco meses nos separan de las elecciones del 7 de octubre, casi la tercera parte del país no está convencida ni por Chávez ni por Capriles.
Esta anómala situación está de alguna manera justificada: en cierto modo, Capriles y Chávez son ambos ejemplo de la vieja política, la de la lucha por el poder que pretende legitimarse desde una ideología que se blande, explícita o implícitamente, como coartada. Es la política rechazada, sin demasiada conciencia, por los indignados en Europa y los Estados Unidos, en un repudio que también se ha manifestado en los bandazos electorales que van de partidos conservadores a izquierdistas y de éstos a los primeros. (De Gordon Brown a David Cameron, de Sarkozy a Hollande, de Aznar a Rodríguez Zapatero a Rajoy, de Clinton a Bush a Obama).
En el dato de los indecisos recrecidos hay una clave para el tratamiento de la actual situación política venezolana, una cuya adopción requiere salirse de la caja que prescribe para el país una condición binaria, una película en blanco y negro cuyos únicos protagonistas son el gobierno y su oposición.
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El Grupo Jirahara—la versión barquisimetana del Grupo Santa Lucía—se reunió en el fin de semana que condujo al 1º de mayo. El consenso general daba a Capriles Radonski como ganador de las elecciones del 7 de octubre porque seguramente Chávez no podría ser el candidato del socialismo. Pero en la misma reunión ya se escuchó cifras provenientes del Pulso Nacional de Datos: si un mes antes Datanálisis registraba que Capriles ganaría eventuales confrontaciones con Nicolás Maduro, Diosdado Cabello o Elías Jaua, parecía entonces que estos careos ya no le favorecían, sobre todo si se medía con el último de los nombrados. (El Nacional de hoy recoge esta misma impresión, al comentar el marcado descenso de 3,5% en los precios de los bonos venezolanos en los mercados luego de conocerse un informe negativo de Bank of America-Merrill Lynch: «En el informe elaborado por el economista Francisco Rodríguez se asegura que las probabilidades de una victoria electoral de la oposición, incluso contra un candidato que no sea Hugo Chávez, ha descendido significativamente. (…) Señala que si Chávez se retira, las encuestas muestran una competencia muy cerrada entre Henrique Capriles Radonski y cualquier otro aspirante oficialista. El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, parece ser el candidato más fuerte del Gobierno con un pequeño margen de ventaja en los estudios de opinión»).
Un gentil maestro de la mercadotecnia, de postura libertaria, insospechable de chavismo, tropezado casualmente en uno de los intermedios de Tosca (el Día de la Madre en el Teatro Teresa Carreño), sentenciaba: «Es un asunto de mind share. El tema de Chávez y su enfermedad ocupa prácticamente todo el espacio de conciencia política de los venezolanos; Capriles es inexistente». Al comentar ayer este diagnóstico con uno de los más avezados políticos que tiene el país, éste se refugió así: «Eso es un problema que no puede resolverse con primarias sino como los chilenos hicieron, por decisión consensuada de los políticos que sí saben cómo se bate el cobre».
Atiné a señalarle que no se comprendía bien por qué un político veterano como Ramón Guillermo Aveledo, que sabe perfectamente bien cómo se bate el cobre, había cedido a presiones de gente como Leopoldo López Mendoza, adalid de las primarias que no tuvo empacho en rogar que la Mesa de la Unidad Democrática postulara por consenso a Carlos Vecchio—su candidato—a la Asamblea Nacional, al día siguiente de resultar derrotado en primarias por María Corina Machado. Para mis adentros, pensé que la referencia chilena no era otra cosa que llanto sobre leche derramada: las primarias ocurrieron ya. ¿Sería que el influyente político con el que conversaba está proponiendo a la MUD la reversión de la candidatura de Capriles y su sustitución por alguien de mayor pegada o tracción? Mi último pensamiento, mientras me despedía, consistió en percatarme de que mi interlocutor hablaba encerrado en una caja; para él, el problema sería el de colocar en el campo un candidato «correcto» de oposición.
Días antes, un viejo amigo me escuchaba recapitular los hallazgos de los últimos estudios de opinión que han podido conocerse: la brecha entre Chávez y Capriles se ha ampliado a favor del primero; el candidato opositor está en caída. Desde el interior de la misma caja respondió filosóficamente: «Bueno, eso es lo que hay».
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Una tercera figura
La solución al preocupante dilema electoral de 2012 es salirse de él, darse cuenta de que no tienen por qué ser Hugo Chávez (o cualquiera de sus suplentes) y Henrique Esoesloquehay Capriles las únicas posibilidades. Pero esa solución era el camino correcto desde hace mucho tiempo, incluso antes de la aparición de Chávez-Capriles; en febrero de 1985 podía escribír: «El espacio intelectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los verdaderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos. (…) Por esto no solamente se trata de entender la política de modo diferente, sino de permitir la emergencia de nuevos actores políticos que posean experiencias y conocimientos distintos». (Proyecto – La Sociedad Política de Venezuela). Hace mucho tiempo que la política ideológica, radical o moderada, muestra signos de esclerosis en los paradigmas que orientan y determinan su acción.
Hace bastante tiempo que debimos buscar y encontrar otras avenidas, para atrevernos a un salto paradigmático que, tarde o temprano, se dará en el mundo entero, puesto que la política ideológica, la de izquierdas y derechas que buscan el poder y luego no saben qué hacer con él—¿lo saben Hollande, Cameron o Rajoy?—ha estado largamente en crisis de impotencia.
Pero nuestra coyuntura momentánea es electoral, y necesitamos una solución:
El discurso de una contrafigura exitosa, si bien tendrá que incluir una refutación eficaz del chavismo, deberá alojar asimismo planteamientos nacionales que debiera sostener aun si Chávez no existiese. El problema político venezolano es más grande que Chávez. (…)
…la refutación del discurso presidencial debe venir por superposición. El discurso requerido debe apagar el incendio por asfixia, cubriendo las llamas con una cobija. Su eficacia dependerá de que ocurra a un nivel superior, desde el que sea posible una lectura clínica, desapasionada de las ejecutorias de Chávez, capaz incluso de encontrar en ellas una que otra cosa buena y adquirir de ese modo autoridad moral. Lo que no funcionará es “negarle a Chávez hasta el agua”, como se recomienda en muchos predios. Dicho de otra manera, desde un metalenguaje político es posible referirse al chavismo clínicamente, sin necesidad de asumir una animosidad y una violencia de signo contrario, lo que en todo caso no hace otra cosa que contaminarse de lo peor de sus más radicales exponentes. Es preciso, por tanto, realizar una tarea de educación política del pueblo, una labor de desmontaje argumental del discurso del gobierno, no para regresar a la crisis de insuficiencia política que trajo la anticrisis de ese gobierno, sino para superar a ambos mediante el salto a un paradigma político de mayor evolución. (Retrato hablado).
No hay duda de que admitir una solución de esa clase requiere un salto de la percepción, un aventurarse fuera de las cajas que desde hace más de una década impiden la osadía estratégica que sería eficaz. Lo que hace falta en Venezuela es la ocurrencia de una sorpresa política.
En un estudio de septiembre de 1987 (Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela), se consideraba la llegada de un outsider a la Presidencia de la República como uno de esos eventos sorpresivos. Puede resultar útil ahora refrescar algunas de sus consideraciones:
El primer rasgo indispensable en el líder que pueda orientar a su favor la considerable potencialidad de un voto harto de lo tradicional y de su ineficacia, es que sea un verdadero outsider. Hay, al menos, dos sentidos en los que este concepto de outsider se aplicaría en este contexto.
Para comenzar, el candidato debe ser un político que pueda ser percibido como estando fuera del establishment de poder venezolano. No necesariamente significa esto que el candidato deba estar contra la actual articulación de poder en Venezuela. Simplemente es necesario que no se le perciba como formando parte de la red de compromisos que caracterizan a la configuración actual.
(…)
Hay un segundo sentido, más específico, en el que el candidato que pueda resultar la sorpresa debe ser un outsider. Debe serlo también en términos de estar afuera o por encima del eje tradicional del “espacio” político. Tal eje viene determinado por un continuum más o menos lineal, que va desde las posiciones de “izquierda” hasta las posiciones de “derecha”. Esta es una división tradicional del campo político, pues responde al criterio de que el principal “problema social” (o político), consiste en distribuir la renta social: si se acomete este asunto con preferencia para “los pobres” entonces se es izquierdista; si esto se hace con preferencia por “los ricos”, entonces se es derechista.
No es éste el sitio para describir otra noción política más moderna que considera obsoleto el planteamiento anterior, definitorio de “derechas” e “izquierdas”. Pero el candidato que pretenda tener éxito (…) deberá ser outsider también en el sentido de no situarse en alguna posición del eje referido, sino en un plano diferente.
La segunda característica importante (a nuestro juicio más importante que la condición de outsider) que debe ostentar un candidato con posibilidades de “dar la sorpresa”, es la posesión de tratamientos suficientes y convincentes para la crisis.
La base de esta condición consiste en poder partir de una concepción de lo político que comprenda importantes y hasta radicales diferencias con las concepciones convencionales. En la raíz de tal concepción está la necesidad de una sustitución de paradigmas políticos, en el sentido que Tomás Kuhn da al término paradigma. Es decir, nos hallamos ante una realidad social y política que ya no puede ser comprendida por los planteamientos y enfoques convencionales, lo que es la causa de fondo de la crisis de gobernabilidad. No es el caso que los políticos tradicionales tengan las recetas adecuadas y por “maldad” se resistan a aplicarlas. El punto es que no las saben. (…)
A partir de una concepción diferente, más científica y moderna de la política y sus posibilidades tecnológicas reales, es como podría ser posible la generación de tratamientos que cumplan con tres condiciones necesarias a la persuasión pública requerida:
1. Deben ser radicales pero pocos: dos extremos resultan imposibles, dañinos o inútiles: el planteamiento de una reforma radical y global, que se ocupe de todo a la vez, en el mejor de los casos será altamente traumático y, más probablemente, imposible de aplicar por falta de capacidad para gerenciar un grado de cambio tan exhaustivo; la estrategia de cambiar lo menos posible e ir ajustando las cosas de modo incrementalista es derrotada por la complejidad original del problema y su velocidad de complicación creciente. Este dilema es comprendido intuitivamente por el elector promedio. De allí la poca credibilidad de los programas de gobierno exhaustivos, así como la de los programas tímidos e incrementalistas. Para que un programa alcance la credibilidad necesaria deberá ser del tipo radical selectivo, es decir, identificador de pocos puntos estratégicos sobre los que se ejerza una acción transformadora a fondo. Y a esta condición deberá sumarse la de concreción, pues no bastará la enumeración de pocas áreas si éstas son vagamente definidas.
2. Deben ser eficaces: no se trata por tanto de pseudotratamientos. “Reactivar la economía” no es la solución, sino el estado final que debe alcanzarse una vez aplicada la solución. Combatir el “centralismo”, combatir el “presidencialismo”, etcétera, son orientaciones generales muy loables pero poco concretas. Los tratamientos deberán venir explicados en forma tan concreta que se pueda especificar su beneficio y su costo. Los tratamientos deberán dirigirse al ataque de causas problemáticas antes que a la moderación temporal de sintomatologías anormales.
3. Deben ser positivos: se necesita un planteamiento terapéutico que trascienda la política quejumbrosa para ofrecer salidas que permitan un razonable optimismo.
Por último, el candidato debiera tener la capacidad de “librar por todos”. (En el juego infantil del escondite se estipula a veces una regla por la que al quedar sólo un jugador por descubrir, éste puede salvarse, no únicamente a sí mismo, sino a todos los anteriores que hayan sido atrapados.) No se trata acá de “capacidad de convocatoria” (…) El cargo de Presidente de la República tiene de por sí mucha capacidad de convocatoria, y lo tendría mucho más si tal cargo lo ocupase un outsider que hubiera logrado dar la sorpresa. El punto está más bien en la voluntad real de convocar que tenga el involucrado, en la medida en que no esté atado a intereses tan específicos que no pueda verdaderamente pasar por encima de rencores de asiento grupal. Si un aspirante a outsider sorpresivo, a “tajo” de las elecciones, plantea su campaña con un grado apreciable de vindicta, de falta de comprensión de lo que en materia de logros políticos debemos aún a los adversarios, obtendrá temprana resonancia y fracaso final. El outsider con posibilidad de éxito no se impondrá por una mera descalificación de sus contendientes y, en todo caso, no por descalificación que se base en la negatividad de éstos sino en la insuficiencia de su positividad. El propio Isaac Newton reconoció: “Si pude ver más lejos fue porque me subí sobre los hombros de gigantes».
Después de esas consideraciones de fondo, el estudio mencionado entró en las de carácter práctico. Decía entre otras cosas:
El eje básico de una campaña correctamente ejecutada pasa nuevamente por la suficiencia de los tratamientos que el outsider proponga. La campaña debe ser planteada en esos términos: suficiencia vs. insuficiencia.
Luego viene la consideración del tiempo estratégico. Por diversas razones el tiempo de lanzamiento de la candidatura con posibilidades debe ser lo más tardío posible.* Por un lado está el problema de los recursos: es improbable que un verdadero outsider pueda conseguir los fondos necesarios a una campaña prolongada. Por otra parte, el intento debe ser hecho contraviniendo los intentos de actores muy poderosos. En tales condiciones una guerra de atrición no es sostenible. (…) Nuestro outsider se encuentra en la situación de Israel, país pequeño y rodeado de enemigos mucho más numerosos y de mayor poder. Así, su estrategia indica un golpe sorpresivo y contundente y definitivo. Por último, el tiempo debe ser tardío porque lo que es necesario producir corresponde a lo que los psicólogos de la percepción llaman un gestalt switch. Es un cambio súbito en la manera de percibir una misma cosa. De este modo, o el cambio de percepción se produce o no se produce, o se entiende o no se entiende, y para esto no es necesaria o correcta una campaña de convencimiento gradual, sino una argumentación suficiente que tienda a producir una respuesta más instantánea.
Este punto viene ligado, como dijimos, al tema de los recursos. Pues una condición de corrección de la campaña deberá ser por fuerza la de su economía. La campaña deberá ser económica. Tanto porque no se dispondrá de muchos recursos como porque un gasto excesivo produciría un rechazo de la misma. Así, la campaña debiera ser diseñada en términos económicos.
Esto será posible si la campaña es planteada en términos de calidad vs. cantidad. Contra la reiteración esloganista de millares de cuñas y pancartas, una concentración en mensajes más completos, más densos y contundentes.
A favor de esta posibilidad jugaría la amplificación que se daría por el efecto de novedad. Por el mismo hecho de plantearse una campaña de estilo diferente es como se daría la posibilidad de distinguir el mensaje en un mar de ruido electoral, en la cacofonía de las abrumantes campañas tradicionales, como un minúsculo flautín clarísimo lo hace dentro de un tutti orquestal.
Tío Conejo sí puede ganarle a Tío Tigre
Finalmente, aquel estudio de hace casi veinticinco años volvía sobre el crucial tema de los recursos, arriba mencionado en relación con una consideración del tiempo estratégico. Su argumentación fue reutilizada en el trabajo Tío Conejo como outsider—un capítulo del libro Chávez es derrotable (Libros Marcados, 2005)—y se pone a continuación:
La condición crítica será seguramente la de disponibilidad de los recursos. Acá se enfrentaría un outsider con la incredulidad básica ante una aventura no convencional y con la tendencia conservadora que aun en casos de crisis encuentra difícil ensayar algo novedoso. Aquellos que pudieran dotar a un candidato como el descrito con los recursos suficientes estarán oscilando entre los extremos de más de un dilema.
Uno de los dilemas es el de seguridad vs. corrección. Se sabe de lo inadecuado de los actores políticos tradicionales, pero ante un planteamiento correcto por un outsider habría la incomodidad de abandonar lo conocido. Stafford Beer decía, refiriéndose a la sociedad inglesa de hoy, que su problema era que “los hombres aceptables ya no son competentes, mientras los hombres competentes no son aceptables todavía”. En forma similar Yehezkel Dror destaca otro dilema: si se quiere eficacia es necesaria una transparencia en los valores, la exposición descarnada de los mismos; si lo que se quiere, en cambio, es consenso, entonces es necesaria la opacidad de los valores, no discutirlos más allá de vaguedades y abstracciones.
Así, pues, se estaría ante un dilema de tradicionalidad vs. eficacia, de poder vs. autoridad. Es pronosticable que la mayoría de los actores con recursos, ante una solicitud de cooperación por parte de un outsider con tratamientos realmente eficaces, se pronunciaría por los términos dilemáticos más conservadores o “seguros”.
Pero es concebible que una minoría lúcida entre los mismos pueda proveer los recursos exigidos por una campaña poco costosa—no puede, no debe ser cara—en grado suficiente, al menos para cebar la bomba que pueda absorber los recursos totales del mercado político general, pues si la aventura cala en el ánimo del público, una multitud de pequeños aportes puede sustituir o complementar a un número reducido de aportes cuantiosos.**
Pero el obstáculo principal consistirá en salvar la diferencia entre una percepción de improbabilidad y una de imposibilidad. Ni aun el menos conservador de los hombres dará un céntimo a una campaña de este tipo si considera que todo el esfuerzo sería inútil, si piensa que un resultado exitoso es, más allá de lo improbable, completamente imposible. El análisis que hemos hecho indica que, si bien el éxito de una aventura así es por definición improbable—a fin de cuentas se trataría de una sorpresa—no es necesariamente imposible, y que, por lo contrario, la dinámica del proceso político venezolano hace que esa baja probabilidad inicial vaya en aumento. Si esto es percibido de este modo, entonces tal vez las fuentes de apoyo necesarias quieran comportarse como un jugador racional de la ruleta con cien dólares en la mano. Apartará cincuenta dólares como reserva y de los cincuenta restantes apostará la mayoría, cuarenta y cinco quizás, a las posibilidades de mayor probabilidad: rojo (Chávez), negro (Borges), par (Smith), impar (Petkoff). Pero jugará cinco de los cien dólares en pleno al diecisiete negro (outsider), porque sabe que si la apuesta es de éxito menos probable, si pierde lo hace poco y si gana, en virtud del efecto multiplicador del pleno, obtendrá mucho más de lo que haya invertido.
En El pelotón opositor, nota varias veces citada en este blog, se afirmó en marzo del año pasado: «No es un candidato ‘normal’ quien puede derrotar al Presidente en ejercicio». Seis años antes decía el epígrafe de Tío Conejo como outsider:
Siendo que Chávez tiene el mayor control del poder posible en Venezuela—político, militar, económico—una oposición al estilo cacical debe fracasar. Es un brujo, no un cacique, quien puede suceder a Chávez a corto plazo. (…) No es otro “tío tigre” menor que pretenda discutirle la posición alfa a Tío Tigre en su manada. Es Tío Conejo.
Tío Conejo existe. LEA
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*En 1990, tres años después de la campaña breve prescrita en Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela, Alberto Fujimori, un estadista prometedor que se perdió en la corrupción, alcanzó la Presidencia de Perú luego de una campaña de tres meses, a pesar de ser un desconocido para la mayoría del país a su comienzo.
**En 2008, veintiún años después del mismo estudio, la campaña de Barack Obama obtuvo la gran mayoría de sus fondos—un total de 745 millones de dólares—en donaciones pequeñas del público en general que contribuía por Internet.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 3, 2012 | Argumentos, Política |
He aquí un reproductor con el archivo de audio de una versión leída del estudio que sigue, el que puede también ser descargado a su disco duro desde el enlace señalado.
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El DVD de la película de Carlos Azpúrua
En vano el suscrito ha buscado identificar al autor de una frase poderosa. Perdí su nombre hace ya varios años, y aunque he trasegado el Diccionario Oxford de Citas—sé, al menos, que el autor es inglés—y otras colecciones similares, no logro dar con su identidad. Por eso no puedo darle crédito por haber acuñado lo siguiente: “La propaganda del vencedor es la historia del vencido”. Es una terrible frase y es un pensamiento muy certero. Quien cuenta la historia es quien ha ganado.
El uso del abuso
Carta Semanal #172 de doctorpolítico
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Ésta es la última: Diosdado Cabello, registra el diario El Universal, «afirmó que la rebelión cívico militar del 4 de febrero de 1992 evitó un golpe de estado de derecha y la instauración de una dictadura en el país». Hay gente que sabe de cabellos (Helene Curtis), hay la que sabe lavar dinero; Cabello, al menos, sabe de lavar crimen con argumentos que, apropiadamente, hala por los pelos.
Si hubiera habido por aquellos días una conspiración de derecha, ¿no habría sido lo indicado que Cabello corriera lealmente a denunciarla? Nos habríamos ahorrado el abuso y la sangre del 4 de febrero. Creo, por lo demás, que desde que somos república no ha habido un minuto de nuestra historia en el que no haya habido una conspiración. En septiembre de 1987 escribí en Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela: «En todo tiempo, en todo sistema político, subsiste una fracción de personas, muy reducidas las más de las veces, que piensan en un golpe de Estado por la fuerza como solución a los problemas. Hay conspiradores por vocación, que necesitan la excitación del secreto y la urdimbre de siniestros planes para hacerse con el poder». Cabello, por tanto, y quienes pudieran estar conspirando en 1991 o 1992 para establecer una dictadura derechista, no hacían otra cosa que repetir una larga historia de abuso militarista en el país.
Pero es que, seguramente, las asonadas de 1992, ambas fracasadas, sirvieron para todo lo contrario de lo que Cabello dice. En 1993, después del abuso del 4 de febrero, hubo un amago derechista de golpe de Estado, cuyo líder era el Vicealmirante Radamés Muñoz León, quien por aquellos días decía: “Yo me voy a encargar personalmente de llevar preso a Caldera a Fuerte Tiuna, desnudo y amarrado en un camión de estacas, si se niega a reconocer el triunfo de Oswaldo Álvarez Paz”. Si acaso, entonces, la aventura golpista de 1992 sirvió para excitar el golpismo de derecha.
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La banda de delincuentes
Cabello ha aportado también, inadvertidamente, una admisión invalorable. En sus declaraciones a Venezolana de Televisión, dijo: «El 4 de febrero nosotros salimos solos. No nos dio tiempo de que saliera el pueblo». Por supuesto; los conspiradores no sólo no tenían la autorización del pueblo para sublevarse, sino que jamás lo tomaron en cuenta. El régimen establecido en febrero de 1999, que se llena la boca con la palabra pueblo, en verdad no lo toma en cuenta para decidir ni sus aciertos ni sus atropellos. En 1998, el Movimiento Quinta República anunció que introduciría una convocatoria a referendo sobre la elección de una constituyente por iniciativa popular; así lo permitía el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, luego de la reforma de diciembre de 1997. A mitad de camino de la campaña electoral, el MVR entendió que Chávez ganaría la Presidencia con los votos, según pronosticaban todas las encuestas, y entonces se dejó de eso. ¿Para que molestarse en movilizar la iniciativa popular si Chávez podría fácilmente convocar el referendo mediante un simple decreto, como finalmente ocurrió? Más de una vez durante la última década, Chávez ha recibido de miembros del pueblo, en alguno de sus innumerables espectáculos, algún reclamo; entonces se molesta y bloquea la petición diciendo que él es el líder de la revolución, que él sabe lo que hace. El pueblo no debe cuestionar su conducción del «proceso».
El pueblo es el titular del derecho de rebelión. La Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776) lo formuló con precisión: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera). Cuarenta días antes de los hechos del 11 de abril de 2002, escribí en un artículo que me solicitara la revista Zeta:
…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.
No hay modo, pues, de justificar el alzamiento del 4 de febrero de 1992, cuya celebración se prepara con insolentes, peligrosos y costosísimos vuelos de aviones de combate, desde hace varios días, sobre la capital de la República. Chávez y sus compinches no eran la mayoría de la comunidad; de hecho, las encuestas de la época mostraban un rechazo mayoritario a Carlos Andrés Pérez, pero también, muy explícitamente, un repudio a cualquier acto de fuerza para resolver el problema de su gobierno. La asonada de febrero del 92 no fue más que un intento fallido de usurpación del sagrado derecho popular.
Hugo Chávez recordará un desayuno en las oficinas de la agencia publicitaria J. Walter Thompson, al que fuera invitado por Roberto Coimbra durante la campaña de 1998. Luego de concluir su resbaladiza retórica, tomé la palabra para señalarle que no era de él, ni de sus camaradas delincuentes, el derecho de rebelarse. En esa ocasión optó por eludir mi planteamiento («Águila no caza moscas») y se me acercó al término de la reunión en compañía de William Izarra, quien le servía entonces como edecán de seguridad. Me entregó una tarjeta con un número de teléfono celular y me dijo que quería conversar conmigo. Ya le dije en aquel momento que, si persistía en la glorificación de su abuso, no teníamos nada que conversar.
……..
Cabello ha procurado añadir, dos décadas después de la intentona en la que participó y le ha valido poder y riqueza, un nuevo argumento. Así ha sido la explicación del criminal hecho; cada cierto tiempo, los golpistas de 1992 ofrecen una nueva coartada.
En su innecesario artículo semanal (Las líneas de Chávez, que ya no escribe), el Presidente de la República reincidió el 28 de marzo de 2010 en su particular interpretación de los acontecimientos del 27 y 28 de febrero de 1989. Así escribió: “En 1989 se cometió el más grande genocidio de la historia de Venezuela del siglo XX. El más sistemático y criminal ejercicio de terrorismo de Estado se desarrolló en los primeros días de marzo, luego de que la rebelión se había apagado. El genocida mayor es Carlos Andrés Pérez, pero no el único: reos de genocidio serán, por toda la eternidad, los personeros de su Gobierno, los cogollos de AD y Copei, los integrantes del Alto Mando Militar para aquella fecha, las cúpulas de Fedecámaras y Consecomercio, los dueños de los latifundios mediáticos y pare usted de contar”. José Vicente Rangel sostuvo antes, por cierto, una versión enteramente opuesta: “Más allá de fallas, errores e incluso abusos, la posición de las FF. AA., institucionalmente hablando, con motivo de los acontecimientos del 27 de febrero, ha sido altamente positiva. Fue el único organismo del Estado que respondió cuando imperaba el caos. Y respondió con espíritu democrático, encarnando un liderazgo responsable, reivindicando no sólo la noción de orden público, sino de justicia y honradez”. Eso escribía el 20 de marzo de 1989.
Como siempre, Chávez distorsiona los hechos para acomodarlos a su conveniencia. Una descripción análoga a la citada le servía, luego de su salida del Penal de Yare, para justificar su alzamiento del 4 de febrero de 1992. Chávez dijo reiteradamente, en entrevistas, en reuniones, en declaraciones, que él y sus compañeros habían intentado derrocar al gobierno de Venezuela porque Carlos Andrés Pérez había ordenado al Ejército volver sus fusiles contra el pueblo en febrero de 1989, contra la explícita condena del Libertador, que había declarado la posibilidad abominable. Para la época de su prisión en Yare, sin embargo, Hugo Chávez ya había admitido que “su grupo” conspiraba desde hacía al menos nueve años (desde el bicentenario de la muerte de Bolívar; de allí el nombre de su club de maquinaciones: MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200). Por tanto, para el 27 y 28 de febrero de 1989, la intención de tomar el poder por la fuerza ya estaba formada varios años antes. Mal podía presentarse, como pretexto para el golpe fallido del 4 de febrero de 1992, algo que no pudo tener nada que ver con la conformación de su logia conspirativa.
El asalto de la tanqueta a Miraflores
Antes había ofrecido otras explicaciones. El ex comandante Chávez argumentaba a la revista Newsweek a comienzos de 1994 que el artículo 250 de la Constitución Nacional prácticamente le mandaba a rebelarse. Lo que el artículo 250 estipulaba es que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza o de su derogación por medios distintos a los que ella misma disponía, todo ciudadano, independientemente de la autoridad con la que estuviera investido, tendría el deber de procurar su restablecimiento. Pero con todo lo que podíamos criticar a Carlos Andrés Pérez en 1992, y aun cuando estábamos convencidos de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores, ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza, ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional. Si hubiera tenido Chávez algún respeto por la Constitución de 1961, habría debido observar escrupulosamente sus artículos 119 y 120, que decían: “Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos”, y “Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subversiva”. Aquella declaración a la revista estadounidense fue uno de los primeros intentos de manipulación y distorsión que Chávez ofreciera; el mismo artículo 250 que aducía para justificar su abuso de poder rezaba: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza…”
También dijo Cabello algo realmente descarado. Reporta El Universal: «Sostuvo que no hubo ambiciones personales entre los motivos de quienes participaron en la rebelión militar del 4 de febrero de 1992». Por supuesto que no; gobernar hasta 2021 o 2031 no es una ambición, sino el desprendimiento de las almas generosas que se alzaron hace veinte años.
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¿Quién ha pagado por estas muertes?
Uno de los más graves errores del segundo gobierno de Rafael Caldera fue dictar el sobreseimiento de la causa penal contra los cabecillas del 4 de febrero, recluidos en Yare. Lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Su liberación fue una lección retorcida y terrible: “No se preocupe; álcese usted, mate a unos cuantos venezolanos. Después de un breve confinamiento lo pondremos en la calle. Si quiere, hasta le daremos un puesto en el gobierno”. (Rafael Caldera confió a Francisco Arias Cárdenas la dirección del Programa Materno-Infantil, un proyecto asistencial de su segundo gobierno).
En estricto sentido, el ex comandante Chávez y sus compañeros de la cuarta madrugada de febrero abusaron de nosotros. El ex comandante Chávez actuó como cirujano. La imagen del 4 de febrero como acto quirúrgico ha entrado hace tiempo en nuestras cabezas, pero el pequeño grupo de militares que participaron en la acción, independientemente de la pasión que lo animaba, abusó del pueblo venezolano. Porque es que ningún cirujano tiene derecho a intervenir sin el consentimiento del paciente, a menos que éste se encuentre inconsciente y, por tanto, privado de su facultad de decidir si se pone en las manos del cuchillero. Y el pueblo venezolano no estaba inconsciente y el ex comandante Chávez no nos consultó sobre la operación y nosotros no le autorizamos a que lo hiciera. Chávez, Arias Cárdenas y Cabello quisieron resolver quirúrgicamente la remoción del tumor, sin autorización de nadie e ignorando, a pesar de que había sido dicho bastantes veces, que todavía existían los medios clínicos, los procedimientos médicos para el mismo objetivo.
Hace exactamente veinte años (3 de febrero de 1992) que el diario El Globo, veinticuatro horas antes del golpe, publicara mi artículo Basta:
Basta de paquete. Basta de financiarle sus campañas extranacionales. Basta de mermas al territorio. Basta de megaproyectos, sociales o económicos. Basta de megaocurrencias. Basta de megalomanía. Usted, señor Pérez, que hace no mucho ha tenido la arrogancia de autotitularse patrimonio nacional, tiene toda la razón. Usted sí es patrimonio nacional, historia nacional, cruz y karma nacionales. Por tanto es a nosotros a quienes corresponde decidir qué hacer con Ud. Por de pronto, no queremos que siga siendo Presidente de la República.
Desde el 21 de julio de 1991, cuando El Diario de Caracas publicara mi Salida de estadista, procuré convencer en unos tres o cuatro artículos más acerca de la conveniencia de una renuncia de Carlos Andrés Pérez, una salida civil:
El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal.
No es verdad que la única solución era el alzamiento inconsulto y criminal. Desde entonces tengo una culebra personal con Chávez y sus secuaces; bastante sacrificio personal y privaciones a mi familia representó mi prescripción de la renuncia de Pérez, a la que se sumaron, sólo después de la cuarta madrugada de febrero, Rafael Caldera, Arturo Úslar Pietri y Miguel Ángel Burelli Rivas, entre otros.
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Los militares tienen, como todos nosotros, cuarenta y seis cromosomas en su dotación genética. Son gente, como todos nosotros. Como entre nosotros, algunos de ellos son excepcionales personas, nobles, heroicos. Como entre nosotros, se encuentra en ellos alguna personalidad delincuente, inmoral, enferma. La mayoría de ellos, como la mayoría de nosotros, es gente común, ni santa ni delictiva.
Tengo amigos militares y hasta un compadre militar. Entiendo la importancia de su función y la defiendo—así lo hice en el seminario Seguridad, Defensa y Democracia de la Universidad Simón Bolívar, en 1980—cuando se trata de protegernos de agresiones exteriores, como la de Cuba en los años sesenta. Fui conferencista invitado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Militar, así como en la Escuela Superior de Guerra y en la Escuela Superior de Guerra Naval. Me cupo el honor de ser nombrado asesor ad honorem en dos secretarías del incipiente Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (1976-1979). No tengo nada en contra de la actividad militar. Me opongo al militarismo, no a los militares; me opongo a su salida de los cuarteles para entrometerse en la función civil. De esto hemos tenido demasiado en Venezuela, y es de la mayor importancia corregir la viciosa distorsión que Hugo Chávez ha producido en la noble tarea castrense. Hay que indignarse ante esta aberración.
Rómulo Betancourt: "La violencia es el arma de los que no tienen razón".
Ahora vuelve a celebrar su abuso de 1992, ahora vuelve a una glorificación que no es otra cosa que autobombo, alimentador del más asqueroso culto a la personalidad que haya ocurrido en Venezuela. Ahora continúa en su distorsión de la historia para que su crimen sea absuelto.
El historiador Will Durant escribió en The Pleasures of Philosophy lo siguiente:
Quizás la causa de nuestro pesimismo contemporáneo es nuestra tendencia a ver la historia como una turbulenta corriente de conflictos—entre individuos en la vida económica, entre grupos en política, entre credos en la religión, entre estados en la guerra. Éste es el lado más dramático de la historia, que captura el ojo del historiador y el interés del lector. Pero si nos alejamos de ese Mississippi de lucha, caliente de odio y oscurecido con sangre, para ver hacia las riberas de la corriente, encontramos escenas más tranquilas pero más inspiradoras: mujeres que crían niños, hombres que construyen hogares, campesinos que extraen alimento del suelo, artesanos que hacen las comodidades de la vida, estadistas que a veces organizan la paz en lugar de la guerra, maestros que forman ciudadanos de salvajes, músicos que doman nuestros corazones con armonía y ritmo, científicos que acumulan conocimiento pacientemente, filósofos que buscan asir la verdad, santos que sugieren la sabiduría del amor. La historia ha sido demasiado frecuentemente una imagen de la sangrienta corriente. La historia de la civilización es un registro de lo que ha ocurrido en las riberas.
Eso es lo que hace un pueblo. Hugo Chávez, con todas sus pretenciosas ínfulas de una intelectualidad de la que carece, es alérgico a la civilización. LEA
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Para descargar este artículo en .pdf: Celebración de un abuso homicida
por Luis Enrique Alcalá | Jul 15, 2011 | Memorias, Política |
Pido permiso
Por la presente solicito de los lectores de este blog permiso para ausentarme de él por lo que resta del mes de julio. Es el caso que estoy en medio de la escritura de un libro, una suerte de historia y memoria política que cubre lo acaecido en Venezuela desde 1988, año de la campaña que ganaría Carlos Andrés Pérez para alcanzar por segunda vez la Presidencia de la República, hasta el tiempo del reciente absceso pélvico y sus más inmediatas consecuencias. Este recuento vendrá organizado en nueve capítulos—el último es de recapitulación y conclusiones, y recoge las tesis que soportan los acontecimientos narrados—con un apéndice, precedido todo de una introducción que explicará alcance, método y propósito. Ya he concluido cinco de los nueve capítulos (301.223 caracteres), que han sido escritos a ritmo más bien rápido, dado que comencé a escribir el 20 de junio.
Para pagar las estampillas fiscales que debo anexar a la solicitud del permiso, coloco a continuación el comienzo y el cierre de cada uno de los cinco capítulos ya completos, sin las notas a pie de página. El texto que sigue dará una idea de la perspectiva del libro y sus sabores. Entonces, con la venia de los apreciados visitantes, hasta el lunes 1˚ de agosto. Gracias. LEA
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CAPÍTULO I
La democracia sangraba…
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Por el balcón de mi cuarto escuchaba las detonaciones del asalto a la residencia presidencial de La Casona, a la una de la madrugada del 4 de febrero de 1992. Una desazón irresoluble me había atrapado, aumentada porque había buscado evitar, sin éxito, lo que ahora se desarrollaba sin clemencia. Varios venezolanos morirían abaleados o bombardeados y no se tenía seguridad acerca del desenlace. En esos momentos era todavía posible que el sistema democrático fallara y fuera interrumpido, que los golpistas desconocidos triunfaran y asumieran el poder en Venezuela.
Siete meses y catorce días atrás, el 21 de julio de 1991, El Diario de Caracas había publicado un artículo mío—Salida de estadista—, en el que recomendaba la renuncia del presidente Pérez como modo de eludir, justamente, lo que estaba ocurriendo a pocas centenas de metros de mi casa. Allí puse: “El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal”.
Saludado como exageración—el Director del periódico, Diego Bautista Urbaneja, escribió tres días después sobre mi planteamiento: “No creo que exista un peligro serio de golpe de Estado…”—, el expediente de la renuncia sería luego propuesto por nada menos que Rafael Caldera, Arturo Úslar Pietri y Miguel Ángel Burelli Rivas, después de la intentona del 4 de febrero. Yo la había recomendado antes del abuso. Herminio Fuenmayor, Director de Inteligencia Militar, declaró que había en marcha una campaña para lograr la renuncia de Pérez. (¡Un artículo!) El general Alberto Müller Rojas, luego jefe de campaña de Hugo Chávez Frías, escribió en El Diario de Caracas sobre la ingenuidad de mi proposición. Al año siguiente, y luego de la intentona, volvió a escribir en adulación a Úslar Pietri, señalándolo como “el primero” que había solicitado la renuncia de Pérez. La verdad era que un mes escaso antes del golpe Úslar proponía que Pérez se pusiera al frente de ¡un gobierno de emergencia nacional! El interés oportunista de Müller Rojas era obvio: habiendo gravitado antes por los predios de aquel “Frente Patriótico” que lideraba Juan Liscano, quería ahora ser contado entre “Los Notables” que rodeaban a Úslar Pietri.
Pero antes, todavía, alerté sobre el peligro de un golpe de Estado. En Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela (septiembre de 1987), había escrito: “…el próximo gobierno sería, por un lado, débil; por el otro, ineficaz, en razón de su tradicionalidad. Así, la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabilidad de un golpe militar hacia 1991, o aun antes, sería considerable”.
Es así como, a la angustia general por la tragedia de la amenaza armada a nuestra democracia, en mí se sumaban la decepción de no haber sido escuchado y la sensación de que el golpe era una afrenta que se me hacía personalmente, pues creía que el problema Pérez podía ser resuelto democráticamente y había trabajado en esta dirección a costa de la tranquilidad de mi familia. No conocía ni el rostro ni el nombre del líder del conato subversivo, pero ya sentía que me había ofendido de modo muy directo.
El rostro revelado
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La víspera de la vergonzosa madrugada amaneció con la publicación de un artículo mío—Basta—en el diario El Globo, adonde me había mudado luego de que El Diario de Caracas se negara a publicarme un segundo artículo sobre la renuncia de Pérez, en respuesta a comentarios despectivos de su Director, Diego Bautista Urbaneja. En aquel nuevo espacio dediqué varios a ese tema y, en verdad, en el más reciente había prometido no tocarle más el asunto al Presidente. Pero antes de marcharse a presumir en Davos, de donde retornaría para enfrentar la insurrección, se reunió en el aeropuerto de Maiquetía con el presidente colombiano, César Gaviria, y su canciller, Noemí Sanín:
El presidente Pérez ha dicho que no hablará sobre el Golfo de Venezuela. Ha prometido que no informará a los venezolanos sobre ese punto descollante de la política exterior venezolana hasta que no tenga algo que decir. Y como el presidente Pérez se niega a decirnos algo sobre el Golfo de Venezuela porque no tiene nada que decir, hemos tenido que atender la desatenta visita del Presidente de Colombia, acompañado de su maja canciller, porque él sí tiene que decirnos algo sobre el golfo. Como que sus fuerzas armadas están listas para apoyarle y supone que estamos en el mismo estado de apresto. Como que no reconoce que para Venezuela sea de importancia vital el asunto. Todo eso permite que nos digan el presidente Pérez en nuestra propia casa. Acto seguido, desaparece del país.
No puede haber evidencia más rotunda de que el presidente Pérez, en el ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 5º del Artículo 190 de la Constitución para “Dirigir las relaciones exteriores de la República…” las está dirigiendo muy mal. Si no hubiera otra cosa que criticarle, esta conducta y esos resultados ya serían motivo suficiente para exigirle su renuncia a la investidura que ha ido a ostentar afuera, otra vez.
Cerré ese artículo del 3 de febrero de 1992 con el párrafo que sigue:
Basta de paquete. Basta de financiarle sus campañas extranacionales. Basta de mermas al territorio. Basta de megaproyectos, sociales o económicos. Basta de megaocurrencias. Basta de megalomanía. Usted, señor Pérez, que hace no mucho ha tenido la arrogancia de autotitularse patrimonio nacional, tiene toda la razón. Usted sí es patrimonio nacional, historia nacional, cruz y karma nacionales. Por tanto es a nosotros a quienes corresponde decidir qué hacer con Ud. Por de pronto, no queremos que siga siendo Presidente de la República.
Al día siguiente, mientras rumiaba mi reconcomio hacia unos golpistas anónimos, llegué a pensar que el general Herminio Fuenmayor enviaría a buscarme desde la Dirección de Inteligencia Militar. Si en 1991 había visto en mi artículo del 21 de julio, en el que sugería a Pérez su renuncia, toda una campaña, sería natural que ahora creyera que yo estaba informado del golpe; la sincronicidad de mi artículo-ultimátum con la asonada era demasiado significativa. Nunca fui molestado.
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CAPÍTULO II
…y el torniquete fue insuficiente
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Poco antes del clímax de la crisis bancaria, el martes 26 de abril de 1994, Ruth de Krivoy renunció a la Presidencia del Banco Central de Venezuela, adelantándose a un destino de remoción inexorable. No quería hacer el papelón del Alto Mando Militar de visita en Tinajero, de donde salió con el rabo entre las piernas tras ser recibido una última vez por el Presidente Electo, Rafael Caldera. Éste había designado a Gustavo Roosen como negociador con los banqueros privados, para que obtuviera su consentimiento a una reducción voluntaria de las estratoféricas tasas de interés.
La Sra. Krivoy tampoco quería enfrentar la tormenta perfecta del colapso bancario, que ya lucía indetenible. Roosen le proporcionó el pretexto ideal: inmolándose en el altar del liberalismo, Krivoy proclamó que las tasas de interés debían ser fijadas por el estira y encoge del mercado, no por artificiales conversaciones de banqueros con un gobierno entrante. Era una excusa insincera; ella había formado parte del Consejo Consultivo instituido por Carlos Andrés Pérez el 26 de febrero de 1992, y entonces no se le había aguado el ojo para recomendar el control estatal, en ignorancia del mercado, de los precios de la gasolina, de los de los productos de la canasta familiar, de los de las medicinas, de las tarifas de los servicios públicos.
Krivoy se contaba entre quienes todavía pensaban que el Consenso de Washington era palabra revelada por Jehová y, por supuesto, formaba parte de las «viudas del paquete» que recelaban de Caldera aun antes de que él hubiera comenzado a gobernar. No estaba interesada en salvar bancos delincuentes o imprudentes. Mejor le resultaba aumentar su prestigio entre los empresarios privados que no tragaban al Presidente de la República, quien había peleado públicamente con Alfredo Paúl Delfino, entonces Presidente de Fedecámaras, en el último año de su primer gobierno.
Al día siguiente de la renuncia de Ruth de Krivoy, el bolívar perdía 40 céntimos de su valor. Veinticuatro horas después había perdido 55 céntimos adicionales. Antes de cerrar la semana, los comerciantes del fronterizo pueblo comercial y colombiano de Maicao se negaban a aceptar bolívares, que de siete pesos que obtenían por unidad pasaron a recabar 6,10 pesos. En total, el dólar subió 6,75 bolívares en esa sola semana. Así contribuyó la ex Presidente del Banco Central a nuestra estabilidad monetaria.
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Probablemente sea el mayor pecado de la segunda administración de Caldera uno de omisión. El presidente Caldera pudo convocar el referendo consultivo que detonara la elección de la asamblea constituyente y se negó a hacerlo. Eso fue una grave abdicación.
Es probable que un proceso constituyente detonado por Caldera hubiera sido menos abrasivo que el que Chávez puso en marcha y, en todo caso, ya este último no habría tenido la celebración de una constituyente como su principal y exclusiva franquicia de campaña. Le habría sido arrebatada, como Corina Parisca había entendido correctamente. Quizás hubiera perdido las elecciones por eso mismo.
Yo había propuesto precisamente la consulta en Primer referendo nacional. En ese artículo postulaba la realización de un referéndum sobre la deseabilidad de convocar una asamblea constituyente, aprovechando que el Congreso de la República había incluido un título nuevo—De los referendos—en la reforma de diciembre de 1997 a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. No había razones válidas para que el gobierno que había amenazado con una consulta popular sobre la suspensión de garantías constitucionales, aunque la institución referendaria no existiera en la legislación del sufragio, se negara a producir la convocatoria. Dije incluso en aquel trabajo:
Publicación de 1994 a 1998
Creo que Rafael Caldera merece ser quien haga esa convocatoria. Más allá de las críticas de la más variada naturaleza que puedan hacérsele, el presidente Caldera puede ser considerado con justicia el primer constitucionalista del país. No sólo formó parte de la Constituyente de 1946; también fue quien mayor peso cargó cuando se redactaba el texto de 1961; también fue quien presidió la Comisión Bicameral para la Reforma de la Constitución de 1991; también fue quien expuso en su aludida “Carta de Intención”: “El referéndum propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional”; y también fue quien escribió en el mismo documento: “La previsión de la convocatoria de una Constituyente, sin romper el hilo constitucional, si el pueblo lo considerare necesario, puede incluirse en la Reforma de la Constitución, encuadrando esa figura excepcional en el Estado de Derecho”; fue también, por último, quien nombró como Presidente de su Comisión Presidencial para la Reforma del Estado al jurista Ricardo Combellas, el que advirtió ya en 1994 que si este Congreso no procedía a la reforma constitucional habría que convocar a una Constituyente. Si alguien merece la distinción de convocar al Primer Referendo Nacional ése es el Presidente de la República, Rafael Caldera.
Pero para el momento la proposición no tuvo acogida. Fue elevada directamente por mí a la consideración del Presidente de la República por intermedio de representación ante su Ministro de la Secretaría de la Presidencia, Fernando Egaña, por actuación parecida ante su Ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, y por entrega del texto del artículo en La Casona. Ambos ministros, sobre todo el segundo, indicaron su general acuerdo con la idea pero, por razones que desconoce el autor de estas líneas, la proposición fue desestimada. A Egaña le expuse que ya que el gobierno, mejor apuntalado, había logrado hacerse con la iniciativa económica, era tiempo de que asumiera la iniciativa política.
Además de las gestiones mencionadas, el Dr. Ramón J. Velásquez consintió amablemente en ser mi embajador de la iniciativa ante Caldera. Éste no le hizo el menor caso, según me confiara el historiador, en desayuno posterior a su embajada, en el Hotel Hilton: «Ud. sabe cómo es el Dr. Caldera: una esfinge impenetrable. Pero me dio la impresión de que pensaba: ¿que estará buscando el viejo Velásquez?»
Los cambios constitucionales de importancia que Caldera había ofrecido en su Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela, su oferta de campaña en 1993, dejaron de producirse. Su período transcurrió sin que aquellas promesas se cumplieran. Tal circunstancia me permitió escribir en octubre de 1998, ya agotada la posibilidad de la convocatoria:
Pero que el presidente Caldera haya dejado transcurrir su período sin que ninguna transformación constitucional se haya producido no ha hecho otra cosa que posponer esa atractriz ineludible. Con el retraso, a lo sumo, lo que se ha logrado es aumentar la probabilidad de que el cambio sea radical y pueda serlo en exceso. Éste es el destino inexorable del conservatismo: obtener, con su empecinada resistencia, una situación contraria a la que busca, muchas veces con una intensidad recrecida.
Al año siguiente, Rafael Caldera sufrió el azoro de escuchar a su sucesor, al tomar el juramento de rigor en el Congreso de la República, diciendo desalmadamente a quemarropa que juraba sobre una «constitución moribunda». A Caldera se le había llamado, con entera propiedad, el Padre de la Constitución de 1961, hija a la que no quiso facilitar la metamorfosis que hubiera resultado salvadora.
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CAPÍTULO III
La mejor constitución del mundo
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La verdadera vocación del jefe de Primero Justicia, Julio Andrés Borges Junyent, es la sismología. Al comentar, el 12 de octubre de 2008, sobre los efectos de la crisis financiera, por ejemplo, decía: «… pensar que Venezuela está aislada de este terremoto económico global, es una tremenda estupidez». El 21 de enero de 2011 prometía, en nombre de los diputados de oposición recién electos a la Asamblea Nacional: «Vamos a crear un terremoto de conciencia». Antes de esa elección—el 20 de junio de 2010—, anunciaba en visita de juramentación de comandos de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática en varias poblaciones mirandinas: «Nuestro triunfo en esta zona, además de ser un terremoto electoral, tiene un significado nacional, que le daría al país una señal clara de que Venezuela cambió”. En algunos casos especiales, pareciera tener el tino necesario para anticiparlos, como cuando criticó las ayudas de Venezuela a Haití un día antes del grave terremoto que asoló a ese país el 12 de enero de 2010.
Su mayor contribución a esa rama de la geofísica, sin duda, es su teoría de los cinco terremotos que habrían trocado, entre 1983 y 1999, nuestra idílica existencia nacional en desastre. En este último año expuso que de esos cinco sismos republicanos los tres primeros habían sido el Viernes Negro (18 de febrero de 1983), que produjo una devaluación brutal de nuestra moneda, el portentoso Caracazo de 1989 y las abusivas asonadas militares de 1992.
Pero es curioso que Borges considerara como cuarto terremoto el triunfo de Caldera en 1993, siendo que en general ha sustentado el mismo discurso “antipolítico” del ex Presidente, a juzgar por su condenatorio juicio a todo partido que no sea el suyo: “…el sensible sector político también sufrió una hecatombe durante los comicios de diciembre de 1993, cuando uno de los arquitectos del sistema bipartidista, Rafael Caldera, sepultó la llamada guanábana de AD y COPEI, al derrotarlos con el respaldo del chiripero”.
Finalmente, y por lo que respecta al quinto terremoto, Borges hizo recaer esta identidad en la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999, que permitió el referendo consultivo sobre la deseabilidad de la convocatoria a constituyente. Todavía el 13 de marzo de 2003, en foro realizado en el Colegio San Ignacio—La sociedad civil busca liderazgo—, Borges hablaba del asunto en los siguientes términos: “El quinto atropello ocurre en 1999 cuando la Corte Suprema de Justicia ordena y consagra la destrucción total de las instituciones”.
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En cierto sentido, la nueva Constitución hacía prácticamente obligatoria la relegitimación de los poderes públicos, incluyendo la Presidencia de la República. Una nueva elección de los que debían originarse en el voto popular terminó celebrándose, luego de marchas y contramarchas, el 30 de julio del año 2000.
Se trataba de una megaelección en la que se elegiría, además del Presidente, a los diputados de una inédita Asamblea Nacional de una sola cámara, los gobernadores de los estados y las autoridades municipales. Como es harto sabido, Hugo Chávez resultó reelecto, con una votación ligeramente mayor que la que había obtenido año y medio antes en números absolutos y porcentuales: 3.757.773 votos o 59,76% de los votantes. Su principal oponente y antaño socio conspirativo, Francisco Arias Cárdenas, tuvo un desempeño ligeramente peor que el de Henrique Salas Römer en 1998: captó 2.359.459 votantes o el 37,52% del total de éstos. Un tercer candidato, Claudio Fermín, obtuvo la ridícula suma del 2,7% de los sufragantes: 171.342 venezolanos votaron por su lastimosa candidatura.
El sábado 25 de abril de ese año de relegitimaciones recibí en mi casa, a eso de las diez de la mañana, una sorprendente llamada de alguien a quien nunca había tratado: el publicista Gustavo Ghersy. Me dijo que había visto mi comparecencia de ese día a un programa de entrevistas en Globovisión, y que ella le había mucho impresionado. Había comentado lo que dije—ya he olvidado de qué hablé—con su esposa, y ambos habían coincidido en evaluar mis palabras con entusiasmo. Acto seguido, me comunicó que el lunes 27 de septiembre se celebraría una reunión en una casa del Alto Hatillo con el propósito de escuchar a Francisco Arias Cárdenas, y entonces me encareció que asistiera y repitiese exactamente el mismo análisis que había hecho en la televisora. Normalmente, me habría negado a tan sorpresiva invitación, pero esta vez la notable habilidad persuasiva de Ghersy y mi propensión ególatra me impulsaron a aceptar.
Cuñas del mismo palo
El día pautado llegué a la casa de la cita, donde fui recibido por Ghersy, entusiasmado todavía, y su gentil esposa. Me hicieron hablar justo antes de que Arias Cárdenas lo hiciera, cosa que hice por unos veinte minutos. Tampoco recuerdo mi discurso de ese día; vagamente, que fue excesivamente conceptual.
Entonces habló el ex seminarista tachirense en tono más bien dormitivo, y dedicó sus palabras a un inmisericorde ataque contra el Presidente de la República, su antiguo camarada de alzamiento, a quien semanas después acusaría de gallina.
Unas pocas preguntas, algunas referidas a la confianza en el sistema de votación, fueron tramitadas con rapidez y la audiencia, mayormente compuesta por gente con recursos monetarios significativos, se despidió prontamente.
Lo más interesante que recuerdo de esa cita es la presencia de Teodoro Petkoff, quien se había acercado al cónclave con una copia del número cero o ensayo de su nuevo periódico. Sentado a su lado, pude examinarla. Me gustó el nombre del proyectado vespertino—Petkoff venía de un notorio éxito en la Dirección de El Mundo, del que fue despedido por presiones gubernamentales contra la sucesión de Miguel Ángel Capriles—y su lema: Claro y raspao.
Nunca más tuve contacto con Ghersy o cualquier instancia de la campaña de Arias Cárdenas, pero esa misma noche supe que su candidatura se encaminaba al fracaso. La aristocracia venezolana y la mayoría de los actores políticos de oposición habían creído, como con el experimento de La Gente es el Cambio, que sería muy astuta estrategia apoyar a otro militar golpista para derrotar a Chávez, por aquello del inteligente y profundo principio de que «no hay mejor cuña que la del mismo palo».
No se inmutaron para cohonestar de esta irresponsable manera el alzamiento del 4 de febrero de 1992 y tampoco, increíblemente, sabían aún con quién se estaban metiendo.
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CAPÍTULO IV
Cómo irritar a una nación
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El tercer milenio cristiano fue estrenado en Venezuela con un Presidente de la República habilitado por la Asamblea Nacional recién electa para que la sustituyera. El 13 de noviembre de 2000 recibía Hugo Chávez por segunda vez poderes legislativos extraordinarios, en esta ocasión por el lapso de un año, para dictar decretos con fuerza de ley en casi cualquier materia.
El procedimiento, por supuesto, no era nuevo en el país. Entre 1961 y 1998, el Congreso Nacional había aprobado seis leyes habilitantes, sobre las que se sustentó un total de 172 decretos con rango y valor de ley. Esta vez, sin embargo, el ámbito que Chávez cubriría sería bastante mayor que el de las previas ocasiones, entonces limitadas constitucionalmente a la materia económica y financiera.
El país del año 2001, que abría el nuevo siglo, estuvo marcado por el signo del suspenso: el gobierno se tomó todo su tiempo sin soltar prenda acerca de sus intenciones y, dos días antes de que se le venciera el plazo de doce meses, descargó sobre un país desde hacía tiempo sobre-legislado un total de 36 nuevas leyes.
Todavía no se había disipado de un todo el margen de confianza que se asentara con la aprobación—por la Comisión Legislativa Nacional creada por la Asamblea Nacional Constituyente el 28 de marzo de 2000—de la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Este instrumento, promovido por Diosdado Cabello, a la sazón Director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), y promulgado el 1˚ de junio de ese mismo año, fue recibido con elogios de güelfos y gibelinos, en particular del sector privado. El prestigio de Cabello subió como la espuma: la ley no sólo dejaba de reservar al Estado el campo de las telecomunicaciones, sino que lo abría a nueva competencia privada que aportó 400 millones de dólares para el Fisco en tiempos de precios petroleros deprimidos. Muy distinto sería el recibimiento que tendrían las 36 leyes de noviembre de 2001.
Un golpista con chequera
Quien hubiera pensado que Hugo Chávez se había mostrado particularmente agresivo en su campaña de 1998—prometió «freír cabezas» de adecos y copeyanos—sólo por mero requerimiento electoral de capitalizar el recrecido descontento de la mayoría de los electores venezolanos, estaba muy equivocado y pronto sufriría una amarga decepción. En más de una opinión, Chávez era una persona común y corriente que sería propensa a dejarse neutralizar por la adulación y el soborno.
Preocupado por tan errada lectura, escribí para La Verdad de Maracaibo un artículo—El efecto Munich, 22 de agosto de 1998—que recordaba la capitulación de Francia e Inglaterra ante Hitler, cuando Daladier y Chamberlain complacieron al dictador al exigir éste la partición de Checoslovaquia sesenta años atrás:
A escalas menores, pero no por eso menos preocupantes para nosotros, el efecto Munich empieza a hacer estragos en algunos empresarios y banqueros venezolanos y en algunos de sus consejeros, que atemorizados por lo que las encuestas de opinión registran respecto de la intención de voto—por ahora—han comenzado una cobarde capitulación ante la candidatura de Hugo Chávez Frías. Así, le adulan recomendándole un cambio de imagen y le compran decenas de trajes de precio millonario de un conocido sastre caraqueño; le ofrecen cenas íntimas quienes se dicen “hombres de números” que deben hacer caso de las encuestas; le entregan millones de bolívares; le ponen a su disposición aviones que lo trasladen en sus giras. He escuchado de labios de algún abogado que se mueve en “los mejores círculos” la peregrina idea de que hay que acercarse a Chávez con una “bolsa de real” y ofrecérsela a cambio de que consienta en nombrar tales y cuales ministros que asegurarían que el inefable sector privado venezolano permaneciese intocado. He oído que no hay que preocuparse mucho por Chávez porque él no querría tanto gobernar desde Miraflores como vivir en La Casona, y que por eso sería susceptible a la adulación que le domesticaría.
Y esa actitud no es menos ingenua que la de Chamberlain y Daladier. Como Hitler con el tristemente célebre putsch de la cervecería, Chávez marcó su origen político con un fracasado intento de tomar el poder por la fuerza. Como Hitler con sus camisas pardas, Chávez ha organizado fuerzas de choque a las que ha juramentado para combatir en caso de que su “inevitable” triunfo electoral le sea desconocido. Como Hitler ante el envejecido Hindenburg, ha querido adelantar las elecciones presidenciales para recortar el período de nuestro anciano presidente.
Los timoratos ricachones que pretenden salvarse de una previsible degollina chavista están ellos mismos anudándose la soga al cuello. Que sepan que entre los más íntimos colaboradores de Chávez se cuentan quienes opinan que “este país se arregla con tres mil entierros de primera clase”.
……..
Chávez procuró recuperar en marzo de 2002 la eficacia de su táctica de amedrentamiento. Lina Ron tuvo éxito, con agresiones físicas que causaron heridos entre estudiantes y periodistas, en desordenar una marcha de protesta que pretendía salir desde los predios de la Universidad Central de Venezuela. La Fiscalía General de la República no tuvo más remedio que ordenar la detención de la violenta ciudadana, a quien Chávez ofrecía admirado reconocimiento de “luchadora social”. Los partidarios de Lina Ron amenazaban con juicios “populares” a connotados opositores, advirtiendo que si éstos no deponían su actitud contrarrevolucionaria pasarían de la categoría de “objetivos políticos” a la de “objetivos militares”. La amenaza fue dirigida, primero y específicamente, al primer Alcalde Metropolitano—o Mayor—de Caracas: Alfredo Peña.
Peña había sido el primer Ministro de la Secretaría de la Presidencia que Chávez nombrara. El personaje funcionaba como utility del eje comunicacional que era la alianza entre Venevisión y el diario El Nacional. Después fue incluido en las planchas del chavista Polo Patriótico a la Asamblea Nacional Constituyente y resultó electo. En la megaelección de 2000, se presentó como candidato a la Alcaldía Metropolitana de la capital, una vez más apoyado por Chávez, y también resultó electo. A fines de 2001, sin embargo, ya se había pasado a las filas de la conspiración.
Al apenas despuntar el año 2002, Alfredo Peña se hizo muy visible en los canales privados de televisión con alcance nacional, en abierta y airada oposición a Hugo Chávez; de allí el foco que Lina Ron y sus secuaces fijaron sobre él. Algún estratega habrá pensado que Peña podía ser promovido como sucesor de Chávez, sobre la certeza de que el mayor de los alcaldes caraqueños había sido el candidato a la Constituyente que resultara electo con el mayor número de votos, y dejó de considerar que la mayoría de esos sufragios provenía de votación suscitada por el Presidente de la República.
En ese mes de enero fui invitado a Triángulo, antes de que hubiera pensado siquiera en el tratamiento de abolición. En uno de los videos que Carlos Fernandes solía intercalar para alimentar la discusión, vimos a Alfredo Peña en combativas declaraciones contra Hugo Chávez. A su conclusión, comenté que el alcalde Peña tenía todo el derecho de considerar pernicioso el gobierno de Chávez, pero ninguno para argumentar, como acababa de hacerlo, que esto fuera porque se había alzado en 1992, por cuanto esa circunstancia no había impedido que Peña lo apoyara en 1998 ni fuera su Ministro de la Secretaría en 1999, o su diputado constituyente y su Alcalde Mayor de Caracas. Sugerí que él, particularmente, debía buscarse otro argumento.
En el próximo negro del programa se me acercó el general retirado de aviación Manuel Andara Clavier, Vicepresidente de Seguridad de Televén, a reconvenirme. Me dijo al oído que no era conveniente que atacara a Peña; no debíamos «pisarnos la manguera entre bomberos». Nunca antes había recibido de nadie una censura a mi libre opinión.
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CAPÍTULO V
Chávez, vete ya
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El cívico asalto final contra Chávez fue la respuesta al intento—revertido después—de someter a Petróleos de Venezuela a los designios de una Junta Directiva nombrada por Chávez, la cual violentó los tradicionales principios meritocráticos prevalecientes hasta entonces en la industria petrolera. El irrespeto a tales principios, en gran medida motivados por la voracidad financiera de un gobierno deficitario, produjo el insólito fenómeno de un cierre de filas de los empleados de PDVSA, incluido el personal obrero, y la solidaridad de la mayoría de la llamada sociedad civil con una lucha inteligentemente planteada y manejada por dirigentes naturales de la “nómina mayor”. El domingo 7 de abril, de la manera más insolente y llena de prepotencia, Hugo Chávez despedía públicamente, ante una corte radiofónica, a los más notorios entre esos líderes. De inmediato, la Confederación de Trabajadores de Venezuela convocó a paro general, apoyada por Fedecámaras.
El 11 de abril de 2002 se reunió, en torno a las oficinas de PDVSA en Chuao, la más gigantesca concentración humana que se haya visto en Venezuela. Un descomunal río de gente desbordaba la arteria vial de la autopista Francisco Fajardo. Personas de todas las edades y extracciones sociales se daban cita para protestar el atropello de la industria petrolera y exigir, a voz en cuello, como ya se había gritado el 23 de enero, la salida de Hugo Chávez de Miraflores. Confiado en su innegable y colosal fuerza, y estimulado por la consigna de los oradores de Chuao, que veían excedidas sus más optimistas expectativas, el inconmensurable río comenzó a desbordarse en dirección a ese palacio de gobierno. Por aclamación de unanimidad asombrosa, la mayoría aplastante del pueblo caraqueño, para asombro y terror de Chávez y sus acólitos, pedía que los militares se pronunciaran y sacaran al autócrata de la silla presidencial.
Como agua para masacre
El grandioso movimiento encontró eco en todo el país. Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Puerto La Cruz, Margarita, las ciudades todas alojaban la unánime manifestación de repudio. Y el gobierno se aprestó a dar la batalla de Caracas. Freddy Bernal comandó las huestes armadas del chavismo, cuya presencia fue exigida por el Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel. Si lo hubiera querido, la portentosa masa hubiera asolado las oficinas de éste en la base aérea de La Carlota, aledaña al escenario de Chuao.
Luego los muertos. Muchos portaban chalecos que les hacían aparecer como fotógrafos de prensa. Asesinados a mansalva, con ventaja, con alevosía. La sociedad civil puso los mártires necesarios a una conspiración que, sordamente, se había solapado tras la pureza cívica de un movimiento inocente.
Dos semanas antes del sangriento día, un corpulento abogado trasmitía las seguridades que enviaba una “junta de emergencia nacional” a una reunión de caraqueños que habían descubierto su vocación por lo político en la lucha contra Chávez. Enardecido, con una bandera norteamericana prendida en la solapa, admitía que conspiraba junto con otros, que una junta de nueve miembros—cinco de los cuales serían civiles y el resto militares—ineluctablemente asumiría el poder en cuestión de días. Por ese mismo tiempo, Rafael Poleo rechazaba una contribución mía—ofrecida a su revista luego de aquel artículo sobre el Acta de abolición—, en la que exploraba otros caminos constitucionalmente compatibles; explicó con paciencia de adulto al ingenuo niño que yo era que lo que iba a pasar era que “los factores reales de poder en Venezuela” depondrían a Chávez y luego darían “un maquillaje constitucional” a un golpe de Estado.
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Una gran parte del país, incluido el suscrito, llegó a creer que la acción de los petroleros tendría éxito en dar al traste con el gobierno de Hugo Chávez, único propósito de la huelga. El paro desbordaría el mes de diciembre para adentrarse en 2003, y su duración de dos meses lo colocaría entre los más prolongados que el mundo hubiera visto. Las navidades de 2002 fueron las peores de su historia para los comercios que normalmente ven aumentar sus ventas en diciembre, la población general debió afrontar la escasez de combustible y alimentos—en algunas poblaciones se cocinaba con madera de muebles viejos rotos al efecto—, aumentaron el índice de desempleo y la tasa de inflación mientras descendía el producto nacional bruto. Hasta el béisbol decembrino sufrió: por primera y única vez en su historia, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional suspendió el campeonato que entonces se jugaba, correspondiente a 2002 y 2003. La neurosis ciudadana, exacerbada progresivamente con la actuación del gobierno, llevada a nuevas cotas de angustia en el mes de abril, estimulada por la toma de la Plaza Francia, trocada en paranoico dolor por los asesinatos en la misma plaza, se vio aumentada por la tensión y la incertidumbre del paro.
Como antes dije, caí víctima de mi propio y poco objetivo engaño; en lugar de seguir mis mejores instintos—el 17 de octubre había escrito en la Carta de Política Venezolana: «No hay modo de parar el paro, que si yo pudiera lo intentaría. Como no puedo pararlo me sumo a él y lo apoyo»—, en lugar de mantener mi objetividad clínica, dediqué cada número de esa publicación a predecir una ilusión. El 26 de diciembre escribí en su número 19:
El 19 de diciembre el Tribunal daba piso jurídico a los actos del gobierno en procura de una «normalización» de las actividades de PDVSA, ordenando el acatamiento a un decreto gubernamental y a dos resoluciones ministeriales; una de Energía y Minas y otra conjunta de ese despacho y el Ministerio de Defensa.
El gobierno no tardó en aprovechar la ventajosa decisión. De allí la celeridad y la brutalidad de la toma de los tanqueros rebeldes de PDV Marina, la que añadió otro golpe psicológico. El emblemático Pilín León cayó primero y era, en esencia, lo que el gobierno necesitaba para su propaganda del día 20. El folklore de la oposición ya daba al Pilín León como un símbolo inexpugnable de la resistencia. Su caída representó un factor depresivo adicional.
Pero después de esa pírrica victoria, dirigida desde Bajo Grande por el mismísimo líder máximo de la revolución, el gobierno volvió a estrellarse contra la sólida pared del paro petrolero. Una cosa era despojar con insolencia a los tanqueros de sus tripulaciones naturales y despedir a un centenar de gerentes de PDVSA; otra muy distinta reactivar la empresa. Nada ha podido, ni podrá hacer, por recuperar el 92% de la producción detenida en extracción y refinación de petróleo, en generación de gas. Hasta sus más recientes intentos de demostrar que su capacidad residual de movilización de calle todavía funciona se ha visto impedida por la escasez de combustible, que ahora vulnera su logística de transporte de los tarifados partidarios.
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Y es que hay una razón aun más profunda que el paro de la «gente del petróleo» para saber que Chávez y su gobierno tienen la guerra perdida. Es el factor decisivo, comentado en esta Carta en otras ocasiones, del enjambre ciudadano que se le opone.
Los témpanos de hielo tienen una masa enorme. Es conocimiento que se adquiere en la infancia que la emergencia visible de las gigantescas y heladas moles son tan sólo «la punta del iceberg», que 90% de la masa de hielo está bajo la superficie. No son cuerpos que se desplacen con agilidad. Por lo contrario, como corresponde a tan inertes magnitudes, se mueven con extrema lentitud.
Pero inexorablemente. Y ya sabemos que el iceberg ciudadano lleva una sola e incorregible dirección: la cesantía de Hugo Chávez. No es esta intención algo que tiene regreso.
Se trata de física elemental. Cuando una masa tan grande como la de, digamos, un supertanquero—10 o 15 veces el desplazamiento del Pilín León—se ha puesto en movimiento a su velocidad de crucero de 20 o más nudos, frenarla no es cosa sencilla. La enorme inercia requiere que decenas de kilómetros antes de atracar en el puerto de Rotterdam debe comenzarse a frenar, so pena de atravesar el puerto y la ciudad completa.
Es así como la sociedad civil venezolana es el descomunal témpano de hielo, que flota lentamente en la dirección escogida, implacablemente. Es contra esta masa que un arrogante paquebote, un Titanic gubernamental teóricamente inundible, soberbio, ha escogido enfilar.
(…)
Si Hugo Chávez saca sus defectuosas cuentas, y persiste en la creencia de que puede permitirse una colisión frontal contra el pueblo venezolano, si cree que ese pueblo le sostiene y le defiende, y no ya sólo una fracción que persiste en entenderle como su héroe salvador, su gobierno correrá la misma suerte del Bismarck y el Titanic.
Chávez tiene la guerra—no ésta o aquella batalla—estratégicamente perdida. Puede defenderse con episódicas dentelladas de bestia herida; causará uno que otro estrago más, pero su fin ya está sellado.
Y esto también debe entenderlo la sociedad civil, para que las bajas cotidianas no vuelvan a quebrantar su espíritu.
Para que no vuelva a sumirse en innecesarios arrebatos de desespero. Sin dejar de dolerse por las derrotas puntuales, que mantenga una bretona fe en la garantizada victoria definitiva.
Yo andaba radicalmente descaminado. La inevitabilidad e inminencia de las que hablaba eran sólo espejismos, deseos que no llegarían a materializarse. Había llegado a creer que el paro, por el sólo hecho de ser esencialmente un asunto civil, era cosa buena. Creí que la debilidad del gobierno, todavía en recuperación del golpe de Carmona, no aguantaría la desmedida presión de los petroleros.
Líder de un Estado loco
No he debido olvidarme de una caracterización ofrecida por mi amigo y mentor, Yehezkel Dror, en un brillante y profético trabajo de 1971. Al enumerar los rasgos de un «Estado loco», había señalado de primeros: 1. tiene objetivos muy agresivos en contra de otros; 2. mantiene un profundo e intenso compromiso con esos objetivos (está dispuesto a pagar un alto precio por su logro y a correr grandes riesgos).
Hugo Chávez cabe perfectamente dentro de la tipología droriana. Ya había demostrado el precio que estaba dispuesto a pagar y los riesgos que estaba dispuesto a asumir por su revolución.
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por Luis Enrique Alcalá | Jun 28, 2011 | Argumentos, Política |
Protohuérfanos de caras largas reportan una llamada de larga distancia desde Cuba
Nuestro proceso bolivariano se inició en esta etapa bicentenaria por la vía electoral, y queremos seguir por allí, por una vía pacífica que permita construir el socialismo bolivariano, pero conscientes de los peligros que nos acechan y seguros de que el enemigo no descansa, no podemos olvidar otros métodos de lucha. Sería imperdonable limitarse tan sólo a lo electoral y no ver otros métodos, incluso la lucha armada, para obtener el poder.
Adán Chávez, 27 de junio de 2011
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La verdadera naturaleza del problema no es electoral. Algo está por nacer.
Oswaldo Álvarez Paz, 27 de abril de 2005
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El «absceso bolivariano», en efecto, se inició en fecha bicentenaria, pero no por la vía electoral. El grupo conspirativo inicial—Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, o MBR 200—inició formalmente sus actividades en tiempos de Luis Herrera Campíns, cuando se celebrara en 1983 el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. Por esos días juraron, ante los míseros restos de un decrépito samán en Güere, otrora vigoroso, los conjurados que darían la cara pintada por la tarde del 4 de febrero de 1992.
Claro que las ridículas declaraciones de Adán Chávez, que ya se imagina Doppelgänger—el doble tangible de una persona viviente en la ficción, el folclor o la cultura popular que típicamente personifica al mal—de Raúl Castro, resuenan con las que ofreciera el general Henry Rangel Silva el 8 de noviembre de 2010, al complaciente diario Últimas Noticias: «La hipótesis de un gobierno de la oposición es difícil, sería vender al país, eso no lo va a aceptar la gente, la FAN no, y el pueblo menos”. El mismo hermano menor—la sucesión en Cuba es al revés—premió esta amenaza con un sol adicional en las charreteras del Jefe del Comando Estratégico Operacional.
Pero Rangel Silva, o su superior inmediato, el general Carlos José Mata Figueroa, Ministro de la Defensa, no se calarían al adánico gobernador de Barinas como Presidente de la República, y el Artículo 238 de la Constitución dice en su segundo párrafo: «El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva reunirán las mismas condiciones exigidas para ser Presidente o Presidenta de la República, y no podrá tener ningún parentesco de consanguinidad ni de afinidad con éste».
De modo que el hermano mayor del Presidente lo que ha logrado es emitir una patética y doble señal de debilidad: por un lado, admite la gravedad de las dolencias que abruman a Hugo Chávez; por el otro, da a entender que tiene por perdidas las elecciones presidenciales de 2012.
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Quien si corre con algún chance, en esto de la sucesión de Hugo Chávez, es Diosdado Cabello. El 17 de marzo de este año, relaté—en Infidencias riesgosas—una conversación que sostuve con quien la comenzara en alabanza insistente acerca de un distinguido miembro del absceso bolivariano:
Hubo los consabidos planteamientos preliminares; por ellos me enteré de la relación profesional amistosa que había tenido—no indicó que continuara a estas alturas—con un importante funcionario del gobierno del presidente Chávez, de cómo le había hecho un favor, ayudando a clarificar una cierta circunstancia en gestión personal ante el Presidente. El funcionario en cuestión hizo carrera militar y hoy está en situación de retiro. Supongo que está muy agradecido de los buenos oficios de mi interlocutor. (…) Y disparó, acto seguido, la pregunta cuyo destino era el establecimiento de la premisa mayor que quería fijar: “Dime una cosa: ¿tú crees que Chávez va a entregar el gobierno por las buenas?” (…) De inmediato aproveché la ventaja de esta posición para decirle: “Está claro que tu pregunta inicial era para establecer, como premisa mayor de lo que querías plantearme, que Chávez no entregaría nunca el poder por las buenas y, por tanto, tu conclusión iba a ser que había que sacarlo por las malas”. En eso llegaron los croissants, los jugos y los cafés que habíamos ordenado, admitió que eso era exactamente lo que quería sugerir y comenzó a comer. (…) A la salida de la panadería-pastelería me dijo: “Yo lo que creo es que el que debe suceder a Chávez es un militar”. (…) Ya en mi casa me preguntaba si él tenía en mente un militar en particular. ¿Sería el que me había mencionado al principio, en aparente comentario casual? Entonces me reconvine por mi apresuramiento; al matarle en la mano el gallo de su premisa, al no haber preguntado qué militar concreto podía ser el sucesor que prefería, posiblemente dejé de enterarme del chisme del año: la identidad del funcionario del gobierno que conspira para sacar a Chávez por las malas.
Quien me invitara y pagara una merienda para decirme estas cosas, hablaba concretamente de Diosdado Cabello en sus elogios anecdóticos iniciales. Él mismo es militar retirado.
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Ahora llevamos tres días preparativos de efemérides, tres actos de una obra de teatro aéreo militar sobre Caracas, ordenados por jefes sin jefe que no ignoran el efecto sobrecogedor que el ruido y la visión de naves rusas y helicópteros ejercen sobre los pobladores de la capital. Es para que nos quedemos tranquilos, mientras rumiamos rumores. En la Lectura de la semana—Ciencia y conciencia—decía:
Es así como la muy mayor parte de la historia política venezolana ha sido transitada por actores que pensaron dentro de un paradigma jurídico-militar. Con una que otra excepción, nuestros más influyentes políticos se han formado en leyes o en el arte castrense. La política que secretan no puede ser otra que una en la que se cree que el acto político supremo es una ley, o la que presume que la política es asunto de fuerza. Y como nuestra historia, con abrumadora ventaja, está más llena de jefes militares que de hombres de leyes, es la segunda noción la que predomina.
Pero Adán Chávez no es hombre de leyes, y tampoco es militar. No es él quien ordena los vuelos. Su ominosa declaración lo es menos porque su importancia es muy menor. Se fue de bruces y dijo lo que no convenía, en estos días de intestinos reacomodos, pescueceos y, quizás, precoces saltos de talanquera. Ha podido coger seña de Rod Blagojevich, ex Gobernador del estado de Illinois quien, a la salida del tribunal que acaba de encontrarlo culpable de diecisiete delitos de corrupción, declaró: «Entre las muchas lecciones que he aprendido de toda esta experiencia está que debo tratar de hablar un poco menos».
Metástasis óseas de cáncer de próstata antes y después de tratamiento con la droga experimental Cabozantinib
Claro, la familia Chávez es locuaz, pero Adán haría un mejor servicio a su hermano si se ocupara exclusivamente de su enfermedad. El Dr. Daniel George, del Instituto Duke de Cáncer, proclamó a comienzos de junio en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica: «Estamos en un tiempo magnífico en cuanto al cáncer de próstata». Y hay ahora drogas que parecen ser remedio eficaz y novísimo a la enfermedad: Provenge, Zytyga, Jevtana… Que el tratamiento con alguna de ellas cueste 93.000 dólares no debe amilanar a las partidas de la casa presidencial.
En lugar, pues, de arengar al desconocimiento de la Constitución, sería mejor que Adán Chávez se pusiera urgentemente al habla con Locatel. Por de pronto, cabe una paráfrasis de palabras de Oswaldo Álvarez Paz: «Algo está por morir». LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 31, 2002 | Argumentos, Política |
Los padrinos y el cura del 5 de marzo: el bautizo de un golpe de Estado en La Esmeralda
Con la sola excepción de Teodoro Petkoff, que repudió públicamente el decreto de constitución del gobierno usurpador de Pedro Carmona Estanga poco después de que fuera promulgado, ningún dirigente de oposición ha marcado distancia del golpe de Estado del 12 de abril de este año. De modo indirecto, Primero Justicia es el único partido que se distanciara, al expulsar de sus filas a Leopoldo Martínez en cuanto se supo que había aceptado un puesto en el gabinete ministerial de Carmona. Mientras los partidos y sus dirigentes no pronuncien una explícita condena de lo acontecido el 12 de abril, que tiñó con la sospecha un gigantesco movimiento civil manipulado por los golpistas, no podrán recuperar la confianza del Pueblo.
En el día de hoy, el último del año, el suscrito recibió un correo electrónico de Jorge Olavarría en el que este amigo solicitó: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llama “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él dice Olavarría que deponer a Chávez militarmente no puede ser tenido por acción subversiva y recomienda un gobierno militar de transición.
La contestación del suscrito se copia a continuación:
Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.
No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…”
Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.
Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…”
Como escribí en marzo en un artículo que me solicitara Poleo:
Pocos días después de la reseña de El Universal, Jorge Olavarría de Tezanos Pinto retomó el punto en dos emisiones de su columna en El Nacional (así como en intervenciones televisadas), sólo que en su opinión tal derecho sería la fundamentación de un golpe de Estado clásico, y prescribía algunos ingredientes del mismo, como el inevitable manifiesto de los golpistas. Acá quiero marcar diferencia respecto de la posición de Olavarría: el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.
Y también en el mismo artículo: “En detalle, nosotros mandamos que cese el patológico y folklórico paso de Chávez por el gobierno y de ese modo autorizamos a la fuerza armada de este país para que retire a ese ciudadano de Miraflores, en caso de que ni siquiera ante tal mandato expreso el alucinado personaje consienta en bajarse de la silla. Ése sí sería entonces un derecho de rebelión conferido por nosotros a quienes—los militares—sí se encuentran, como súbditos, en situación de subordinación y obligación de obediencia”.
Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.
Admito que este planteamiento se ha limitado estrictamente a una consideración de principios. Los aspectos prácticos del asunto constituyen, naturalmente, discusión aparte.
Recibe un saludo muy cordial
Luis Enrique
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La nota en El Universal (3 de febrero) a la que se hace alusión es la combinación de sendas entrevistas de Ernesto Ecarri a Ángel Álvarez y el suscrito. Ecarri se interesó en el artículo citado de la Declaración de Derechos de Virginia que yo le proporcionara, publicándolo de modo destacado, y Jorge Olavarría publicó de seguidas dos artículos sucesivos con el título Derecho de rebelión, así como fue al noticiero de Televén a predicar su punto de vista. Esto suscitó mi preocupación, y logré que Carlos Fernandes, periodista de esa planta, dedicara una de las ediciones de Triángulo, el programa que conduce, al tema de ese derecho el lunes 25 de febrero de este año que concluye. Fue la primera vez que formulara en público la noción de un Acta de Abolición. A raíz de esta intervención, fui entrevistado al día siguiente por Marta Colomina, quien escribió un artículo que apoyó la iniciativa el domingo 3 de marzo. Finalmente, Rafael Poleo me pidió ese mismo día un artículo para la revista Zeta, que publicó a la semana siguiente. He extraviado el texto completo; de él sobreviven sólo los fragmentos que cité en mi contestación al correo de Olavarría. Vista en retrospectiva, fue profética la mención del elenco de Carmona, Velasco, Ortega y Rincón. Ellos fueron, al mes siguiente, protagonistas principalísimos del golpe del 12 de abril.
El daño que este golpe de Estado, del que Carmona fuera mascarón de proa, infligió a la sociedad civil venezolana que él traicionó, persistirá hasta que el silencio alcahuete de la dirigencia opositora se transforme en activa condena.
LEA
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