por Luis Enrique Alcalá | Feb 3, 2012 | Argumentos, Política |
He aquí un reproductor con el archivo de audio de una versión leída del estudio que sigue, el que puede también ser descargado a su disco duro desde el enlace señalado.
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El DVD de la película de Carlos Azpúrua
En vano el suscrito ha buscado identificar al autor de una frase poderosa. Perdí su nombre hace ya varios años, y aunque he trasegado el Diccionario Oxford de Citas—sé, al menos, que el autor es inglés—y otras colecciones similares, no logro dar con su identidad. Por eso no puedo darle crédito por haber acuñado lo siguiente: “La propaganda del vencedor es la historia del vencido”. Es una terrible frase y es un pensamiento muy certero. Quien cuenta la historia es quien ha ganado.
El uso del abuso
Carta Semanal #172 de doctorpolítico
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Ésta es la última: Diosdado Cabello, registra el diario El Universal, «afirmó que la rebelión cívico militar del 4 de febrero de 1992 evitó un golpe de estado de derecha y la instauración de una dictadura en el país». Hay gente que sabe de cabellos (Helene Curtis), hay la que sabe lavar dinero; Cabello, al menos, sabe de lavar crimen con argumentos que, apropiadamente, hala por los pelos.
Si hubiera habido por aquellos días una conspiración de derecha, ¿no habría sido lo indicado que Cabello corriera lealmente a denunciarla? Nos habríamos ahorrado el abuso y la sangre del 4 de febrero. Creo, por lo demás, que desde que somos república no ha habido un minuto de nuestra historia en el que no haya habido una conspiración. En septiembre de 1987 escribí en Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela: «En todo tiempo, en todo sistema político, subsiste una fracción de personas, muy reducidas las más de las veces, que piensan en un golpe de Estado por la fuerza como solución a los problemas. Hay conspiradores por vocación, que necesitan la excitación del secreto y la urdimbre de siniestros planes para hacerse con el poder». Cabello, por tanto, y quienes pudieran estar conspirando en 1991 o 1992 para establecer una dictadura derechista, no hacían otra cosa que repetir una larga historia de abuso militarista en el país.
Pero es que, seguramente, las asonadas de 1992, ambas fracasadas, sirvieron para todo lo contrario de lo que Cabello dice. En 1993, después del abuso del 4 de febrero, hubo un amago derechista de golpe de Estado, cuyo líder era el Vicealmirante Radamés Muñoz León, quien por aquellos días decía: “Yo me voy a encargar personalmente de llevar preso a Caldera a Fuerte Tiuna, desnudo y amarrado en un camión de estacas, si se niega a reconocer el triunfo de Oswaldo Álvarez Paz”. Si acaso, entonces, la aventura golpista de 1992 sirvió para excitar el golpismo de derecha.
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La banda de delincuentes
Cabello ha aportado también, inadvertidamente, una admisión invalorable. En sus declaraciones a Venezolana de Televisión, dijo: «El 4 de febrero nosotros salimos solos. No nos dio tiempo de que saliera el pueblo». Por supuesto; los conspiradores no sólo no tenían la autorización del pueblo para sublevarse, sino que jamás lo tomaron en cuenta. El régimen establecido en febrero de 1999, que se llena la boca con la palabra pueblo, en verdad no lo toma en cuenta para decidir ni sus aciertos ni sus atropellos. En 1998, el Movimiento Quinta República anunció que introduciría una convocatoria a referendo sobre la elección de una constituyente por iniciativa popular; así lo permitía el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, luego de la reforma de diciembre de 1997. A mitad de camino de la campaña electoral, el MVR entendió que Chávez ganaría la Presidencia con los votos, según pronosticaban todas las encuestas, y entonces se dejó de eso. ¿Para que molestarse en movilizar la iniciativa popular si Chávez podría fácilmente convocar el referendo mediante un simple decreto, como finalmente ocurrió? Más de una vez durante la última década, Chávez ha recibido de miembros del pueblo, en alguno de sus innumerables espectáculos, algún reclamo; entonces se molesta y bloquea la petición diciendo que él es el líder de la revolución, que él sabe lo que hace. El pueblo no debe cuestionar su conducción del «proceso».
El pueblo es el titular del derecho de rebelión. La Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776) lo formuló con precisión: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera). Cuarenta días antes de los hechos del 11 de abril de 2002, escribí en un artículo que me solicitara la revista Zeta:
…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.
No hay modo, pues, de justificar el alzamiento del 4 de febrero de 1992, cuya celebración se prepara con insolentes, peligrosos y costosísimos vuelos de aviones de combate, desde hace varios días, sobre la capital de la República. Chávez y sus compinches no eran la mayoría de la comunidad; de hecho, las encuestas de la época mostraban un rechazo mayoritario a Carlos Andrés Pérez, pero también, muy explícitamente, un repudio a cualquier acto de fuerza para resolver el problema de su gobierno. La asonada de febrero del 92 no fue más que un intento fallido de usurpación del sagrado derecho popular.
Hugo Chávez recordará un desayuno en las oficinas de la agencia publicitaria J. Walter Thompson, al que fuera invitado por Roberto Coimbra durante la campaña de 1998. Luego de concluir su resbaladiza retórica, tomé la palabra para señalarle que no era de él, ni de sus camaradas delincuentes, el derecho de rebelarse. En esa ocasión optó por eludir mi planteamiento («Águila no caza moscas») y se me acercó al término de la reunión en compañía de William Izarra, quien le servía entonces como edecán de seguridad. Me entregó una tarjeta con un número de teléfono celular y me dijo que quería conversar conmigo. Ya le dije en aquel momento que, si persistía en la glorificación de su abuso, no teníamos nada que conversar.
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Cabello ha procurado añadir, dos décadas después de la intentona en la que participó y le ha valido poder y riqueza, un nuevo argumento. Así ha sido la explicación del criminal hecho; cada cierto tiempo, los golpistas de 1992 ofrecen una nueva coartada.
En su innecesario artículo semanal (Las líneas de Chávez, que ya no escribe), el Presidente de la República reincidió el 28 de marzo de 2010 en su particular interpretación de los acontecimientos del 27 y 28 de febrero de 1989. Así escribió: “En 1989 se cometió el más grande genocidio de la historia de Venezuela del siglo XX. El más sistemático y criminal ejercicio de terrorismo de Estado se desarrolló en los primeros días de marzo, luego de que la rebelión se había apagado. El genocida mayor es Carlos Andrés Pérez, pero no el único: reos de genocidio serán, por toda la eternidad, los personeros de su Gobierno, los cogollos de AD y Copei, los integrantes del Alto Mando Militar para aquella fecha, las cúpulas de Fedecámaras y Consecomercio, los dueños de los latifundios mediáticos y pare usted de contar”. José Vicente Rangel sostuvo antes, por cierto, una versión enteramente opuesta: “Más allá de fallas, errores e incluso abusos, la posición de las FF. AA., institucionalmente hablando, con motivo de los acontecimientos del 27 de febrero, ha sido altamente positiva. Fue el único organismo del Estado que respondió cuando imperaba el caos. Y respondió con espíritu democrático, encarnando un liderazgo responsable, reivindicando no sólo la noción de orden público, sino de justicia y honradez”. Eso escribía el 20 de marzo de 1989.
Como siempre, Chávez distorsiona los hechos para acomodarlos a su conveniencia. Una descripción análoga a la citada le servía, luego de su salida del Penal de Yare, para justificar su alzamiento del 4 de febrero de 1992. Chávez dijo reiteradamente, en entrevistas, en reuniones, en declaraciones, que él y sus compañeros habían intentado derrocar al gobierno de Venezuela porque Carlos Andrés Pérez había ordenado al Ejército volver sus fusiles contra el pueblo en febrero de 1989, contra la explícita condena del Libertador, que había declarado la posibilidad abominable. Para la época de su prisión en Yare, sin embargo, Hugo Chávez ya había admitido que “su grupo” conspiraba desde hacía al menos nueve años (desde el bicentenario de la muerte de Bolívar; de allí el nombre de su club de maquinaciones: MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200). Por tanto, para el 27 y 28 de febrero de 1989, la intención de tomar el poder por la fuerza ya estaba formada varios años antes. Mal podía presentarse, como pretexto para el golpe fallido del 4 de febrero de 1992, algo que no pudo tener nada que ver con la conformación de su logia conspirativa.
El asalto de la tanqueta a Miraflores
Antes había ofrecido otras explicaciones. El ex comandante Chávez argumentaba a la revista Newsweek a comienzos de 1994 que el artículo 250 de la Constitución Nacional prácticamente le mandaba a rebelarse. Lo que el artículo 250 estipulaba es que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza o de su derogación por medios distintos a los que ella misma disponía, todo ciudadano, independientemente de la autoridad con la que estuviera investido, tendría el deber de procurar su restablecimiento. Pero con todo lo que podíamos criticar a Carlos Andrés Pérez en 1992, y aun cuando estábamos convencidos de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores, ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza, ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional. Si hubiera tenido Chávez algún respeto por la Constitución de 1961, habría debido observar escrupulosamente sus artículos 119 y 120, que decían: “Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos”, y “Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subversiva”. Aquella declaración a la revista estadounidense fue uno de los primeros intentos de manipulación y distorsión que Chávez ofreciera; el mismo artículo 250 que aducía para justificar su abuso de poder rezaba: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza…”
También dijo Cabello algo realmente descarado. Reporta El Universal: «Sostuvo que no hubo ambiciones personales entre los motivos de quienes participaron en la rebelión militar del 4 de febrero de 1992». Por supuesto que no; gobernar hasta 2021 o 2031 no es una ambición, sino el desprendimiento de las almas generosas que se alzaron hace veinte años.
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¿Quién ha pagado por estas muertes?
Uno de los más graves errores del segundo gobierno de Rafael Caldera fue dictar el sobreseimiento de la causa penal contra los cabecillas del 4 de febrero, recluidos en Yare. Lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Su liberación fue una lección retorcida y terrible: “No se preocupe; álcese usted, mate a unos cuantos venezolanos. Después de un breve confinamiento lo pondremos en la calle. Si quiere, hasta le daremos un puesto en el gobierno”. (Rafael Caldera confió a Francisco Arias Cárdenas la dirección del Programa Materno-Infantil, un proyecto asistencial de su segundo gobierno).
En estricto sentido, el ex comandante Chávez y sus compañeros de la cuarta madrugada de febrero abusaron de nosotros. El ex comandante Chávez actuó como cirujano. La imagen del 4 de febrero como acto quirúrgico ha entrado hace tiempo en nuestras cabezas, pero el pequeño grupo de militares que participaron en la acción, independientemente de la pasión que lo animaba, abusó del pueblo venezolano. Porque es que ningún cirujano tiene derecho a intervenir sin el consentimiento del paciente, a menos que éste se encuentre inconsciente y, por tanto, privado de su facultad de decidir si se pone en las manos del cuchillero. Y el pueblo venezolano no estaba inconsciente y el ex comandante Chávez no nos consultó sobre la operación y nosotros no le autorizamos a que lo hiciera. Chávez, Arias Cárdenas y Cabello quisieron resolver quirúrgicamente la remoción del tumor, sin autorización de nadie e ignorando, a pesar de que había sido dicho bastantes veces, que todavía existían los medios clínicos, los procedimientos médicos para el mismo objetivo.
Hace exactamente veinte años (3 de febrero de 1992) que el diario El Globo, veinticuatro horas antes del golpe, publicara mi artículo Basta:
Basta de paquete. Basta de financiarle sus campañas extranacionales. Basta de mermas al territorio. Basta de megaproyectos, sociales o económicos. Basta de megaocurrencias. Basta de megalomanía. Usted, señor Pérez, que hace no mucho ha tenido la arrogancia de autotitularse patrimonio nacional, tiene toda la razón. Usted sí es patrimonio nacional, historia nacional, cruz y karma nacionales. Por tanto es a nosotros a quienes corresponde decidir qué hacer con Ud. Por de pronto, no queremos que siga siendo Presidente de la República.
Desde el 21 de julio de 1991, cuando El Diario de Caracas publicara mi Salida de estadista, procuré convencer en unos tres o cuatro artículos más acerca de la conveniencia de una renuncia de Carlos Andrés Pérez, una salida civil:
El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal.
No es verdad que la única solución era el alzamiento inconsulto y criminal. Desde entonces tengo una culebra personal con Chávez y sus secuaces; bastante sacrificio personal y privaciones a mi familia representó mi prescripción de la renuncia de Pérez, a la que se sumaron, sólo después de la cuarta madrugada de febrero, Rafael Caldera, Arturo Úslar Pietri y Miguel Ángel Burelli Rivas, entre otros.
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Los militares tienen, como todos nosotros, cuarenta y seis cromosomas en su dotación genética. Son gente, como todos nosotros. Como entre nosotros, algunos de ellos son excepcionales personas, nobles, heroicos. Como entre nosotros, se encuentra en ellos alguna personalidad delincuente, inmoral, enferma. La mayoría de ellos, como la mayoría de nosotros, es gente común, ni santa ni delictiva.
Tengo amigos militares y hasta un compadre militar. Entiendo la importancia de su función y la defiendo—así lo hice en el seminario Seguridad, Defensa y Democracia de la Universidad Simón Bolívar, en 1980—cuando se trata de protegernos de agresiones exteriores, como la de Cuba en los años sesenta. Fui conferencista invitado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Militar, así como en la Escuela Superior de Guerra y en la Escuela Superior de Guerra Naval. Me cupo el honor de ser nombrado asesor ad honorem en dos secretarías del incipiente Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (1976-1979). No tengo nada en contra de la actividad militar. Me opongo al militarismo, no a los militares; me opongo a su salida de los cuarteles para entrometerse en la función civil. De esto hemos tenido demasiado en Venezuela, y es de la mayor importancia corregir la viciosa distorsión que Hugo Chávez ha producido en la noble tarea castrense. Hay que indignarse ante esta aberración.
Rómulo Betancourt: "La violencia es el arma de los que no tienen razón".
Ahora vuelve a celebrar su abuso de 1992, ahora vuelve a una glorificación que no es otra cosa que autobombo, alimentador del más asqueroso culto a la personalidad que haya ocurrido en Venezuela. Ahora continúa en su distorsión de la historia para que su crimen sea absuelto.
El historiador Will Durant escribió en The Pleasures of Philosophy lo siguiente:
Quizás la causa de nuestro pesimismo contemporáneo es nuestra tendencia a ver la historia como una turbulenta corriente de conflictos—entre individuos en la vida económica, entre grupos en política, entre credos en la religión, entre estados en la guerra. Éste es el lado más dramático de la historia, que captura el ojo del historiador y el interés del lector. Pero si nos alejamos de ese Mississippi de lucha, caliente de odio y oscurecido con sangre, para ver hacia las riberas de la corriente, encontramos escenas más tranquilas pero más inspiradoras: mujeres que crían niños, hombres que construyen hogares, campesinos que extraen alimento del suelo, artesanos que hacen las comodidades de la vida, estadistas que a veces organizan la paz en lugar de la guerra, maestros que forman ciudadanos de salvajes, músicos que doman nuestros corazones con armonía y ritmo, científicos que acumulan conocimiento pacientemente, filósofos que buscan asir la verdad, santos que sugieren la sabiduría del amor. La historia ha sido demasiado frecuentemente una imagen de la sangrienta corriente. La historia de la civilización es un registro de lo que ha ocurrido en las riberas.
Eso es lo que hace un pueblo. Hugo Chávez, con todas sus pretenciosas ínfulas de una intelectualidad de la que carece, es alérgico a la civilización. LEA
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Para descargar este artículo en .pdf: Celebración de un abuso homicida
por Luis Enrique Alcalá | Jun 15, 2011 | Memorias, Política |
Un mal refrán mata un buen decreto
Circula por estos días una invitación electrónica a la presentación de un nuevo libro de Ramón Guillermo Aveledo, su biografía del fallecido ex presidente Luis Herrera Campíns. Antes nos había dado, dentro de una obra numerosa, un libro utilísimo: La 4ta. República – Lo bueno, lo malo y lo feo de los civiles en el poder. (Ver Privilegio exigente, del 4 de diciembre de 2007: «Su serena exposición está organizada, muy útilmente, al modo temático. De ella emerge una convincente y justa imagen: los gobiernos civiles en Venezuela, con todas sus criticables equivocaciones, trajeron más progreso al país que todos los gobiernos militares juntos, que fueron muchos más»).
Aveledo es biógrafo particularmente indicado para contar la vida y la política de Herrera Campíns; como éste, egresó del Colegio La Salle de Barquisimeto y ha sido importante dirigente de COPEI y, por si fuera poco, fue su Secretario Privado durante su presidencia. Conoce como pocos, pues, la verdad de la trayectoria de Herrera Campíns. Quien escribe no puede presumir, siendo caraqueño y lasallista de La Colina, tener un mejor conocimiento del ex presidente, pero creo tener autoridad para sostener hoy evaluaciones que hice de su período constitucional hace un cuarto de siglo, y para complementarlas con un juicio posterior que redondea mi opinión personal sobre su significación política.
Durante su gobierno, casi que éramos únicamente Ricardo Zuloaga y quien escribe los que sosteníamos una visión más bien positiva de Luis Herrera en el círculo del Grupo Santa Lucía, en el que la mayoría era francamente crítica. Esta postura trasluce en un fragmento de mis Memorias prematuras (1986), que registra una petición que me hiciera, en nombre de COPEI, Oswaldo Álvarez Paz durante el año electoral de 1983, el último del gobierno de Herrera, poco después de las medidas monetarias anunciadas el viernes de su febrero que fuera bautizado como Negro:
Álvarez Paz me recibió una tarde en el cuartel general de la urbanización El Bosque. Acusaba el impacto de los traumáticos anuncios del 18 de febrero, más brumario que aquel 18 francés. Su saludo consistió en las siguientes palabras: “Luís Enrique, dime cómo vamos a ganar esta campaña, porque así como anda vamos a perder con toda seguridad”. Repetí las escuetas líneas de mi análisis: estamos a las puertas de una profunda crisis que debe ser asumida por Rafael Caldera; Rafael Caldera confrontará un problema principal de campaña en su relación con el gobierno del presidente Herrera; habrá que decidir un curso radical ante este asunto: o defensa decidida o deslinde completamente claro. Quedamos en que desarrollaría por escrito esos conceptos, así como también describiría un nivel más operativo compatible con la lectura estratégica, en la que no diferíamos grandemente, salvo en el punto de la viabilidad de la defensa del gobierno. En su opinión, una mejoría en la imagen del gobierno no favorecía en nada a la candidatura de Caldera, aunque un deterioro de la imagen gubernamental sí le afectaría negativamente. Le recordé que una reciente encuesta en el Área Metropolitana de Caracas todavía mostraba una muy considerable proporción de entrevistados que eran renuentes a calificar la actuación del Presidente como mala o muy mala. (La encuesta en cuestión, de marzo de 1983, arrojó los siguientes resultados: opinó que el gobierno era “muy bueno” el 4% de los encuestados, “bueno” el 14%, “malo” el 17%, “muy malo” el 14% y “regular” casi el 50%. Claramente, sólo un 31% había cruzado la raya hacia el juicio definitivamente negativo). Allí había un punto de partida para una enérgica acción de viraje en el planteamiento de campaña, hasta entonces centrada en el prestigio de Caldera, el que hacia 1981 había alcanzado niveles cercanos a un 80% de venezolanos creyentes en él como el mejor presidente de la etapa democrática. Durante esta entrevista llegué a pensar que Álvarez Paz, quien mostraba cierta renuencia a aceptar la totalidad de mis planteamientos, pudiera estar convencido de la indignidad del gobierno de Luís Herrera. Así se lo pregunté. Fue la primera vez que Oswaldo Álvarez Paz me dijera: “Lo único inmoral es no ganar”.
Ser perdedor es malo
En el mismo libro memorioso expongo con mayor amplitud una valoración del gobierno de Herrera. En ella emerge como factor clave la relación de Herrera con su partido, dirigido desde la Secretaría General por Eduardo Fernández (cito):
Al comienzo de su período el presidente Herrera contó con posibilidades apreciables. Fue elegido con una mayoría moderada pero más convincente que la que obtuvo Caldera en 1968 y recibió poco después la señal de un mayor apoyo de las elecciones municipales de 1979. Por recursos no pudo quejarse, pues contó para la mayor parte de su período con fuertes aumentos de ingreso por los sucesivos aumentos en los precios petroleros. Hubo de contar, es cierto, con el peso de la ya muy considerable deuda pública, aún quitándole la treintena de miles de millones que se empeñó en rebuscar y añadir a la famosa “estimación Bolinaga” para aquella antológica alocución televisada en la que anunció que la hipoteca era por 110.000 millones de bolívares. Y hubo de contar también con la distancia y la frialdad del polo calderista. Varios fenómenos gravitaron fuertemente sobre el gobierno de Luís Herrera Campíns. El primero fue aquella “solidaridad inteligente” que COPEI declaró por boca del flamante secretario general, Eduardo Fernández. El segundo, el frustrante episodio del Sierra Nevada. El tercero, naturalmente, la serie de malas noticias económicas a partir de los inicios de 1982. El cuarto, la incesante oposición adeca, que, reunida en medio de su desesperación post-perecista por la voz aleccionadora de Jaime Lusinchi, no dejó de pronosticar la recesión económica.
Solidaridad pretendidamente astuta
Por lo que respecta al indeciso apoyo de un partido controlado por personajes más afectos al calderismo, el gobierno de Luís Herrera encontró apropiado constituirse con los herreristas de mayor confianza en los puestos claves. Todos recordamos la profusión de barquisimetano-lasallistas en puestos gubernamentales, así como la resistencia del Presidente Herrera a destituir funcionarios de su régimen que estuviesen marcados por la sospecha de corrupción. El gobierno de Herrera se condujo desde un principio en un estilo pre-paranoico, pues a la natural oposición adeca se añadía el efecto de un comando partidista propio que no le apoyaba completamente. Esta circunstancia, independientemente de los orígenes de la escisión copeyana, fue constante del período.
La lucha por invalidar políticamente a Carlos Andrés Pérez sirvió posteriormente como caldo de cultivo a un cínico espíritu de rebatiña que pareció apoderarse de algunos notorios funcionarios públicos. El episodio del Sierra Nevada contribuyó grandemente a una suerte de autorización realista de la corrupción. En efecto, razonarían los convencidos de la culpabilidad de Pérez, si éste había salido indemne del proceso de juicio público que le fue montado en el Congreso de la República, entonces podría resultar una necedad, y hasta un suicidio político, adoptar una conducta honesta que sólo les dejaría enemistados con ese poderoso personaje nacional y para colmo sin recursos. Hubo consejeros que propusieron a Herrera Campíns comenzar el asedio por la figura más vulnerable de Diego Arria. Se dice que Herrera optó por irse de una vez de frente contra Carlos Andrés Pérez porque una cacería de Arria hubiese dado mucho más tiempo al ex presidente para preparar su defensa.
En todo caso, la notoria corrupción del período de Herrera Campíns fue un golpe a la opinión pública, pues Luís Herrera había accedido al poder sobre el supuesto de una cruzada moral. Desde el discurso en el acto de su proclamación por el Consejo Supremo Electoral, pasando por el de la toma de posesión, incluyendo la alocución de los 110.000 millones y las acusaciones que promovía por la vía preferente del gran inquisidor Leopoldo Díaz Bruzual, Luís Herrera Campíns había fundamentado una buena parte de su razón de gobierno en la denuncia y el ataque a Pérez y a muchos de sus funcionarios. En 1982 el país presenciaba, atónito, un endeudamiento fuertemente agravado y la epidemia de escándalos administrativos protagonizados por importantes funcionarios del gobierno.
Las malas noticias económicas de comienzos de 1982 completaron el telón de fondo de la época. No hubiera sido imposible presentir que un empeoramiento de la posición financiera del sector público se avecinaba. A fin de cuentas, ya mucho antes voces como la de Juan Pablo Pérez Alfonzo habían “profetizado el desastre”. Pero tampoco era ésta una percepción común. Tan tarde como a fines de 1981 el primer vicepresidente de Petróleos de Venezuela, Dr. Julio César Arreaza, en su discurso ante la asamblea de ARPEL de ese año, se atrevía a predecir un brillante futuro de expansión para los países petroleros. Es así como las primeras señales negativas constituyeron en la práctica una sorpresa. La decisión de la OPEP de establecer un programa de producción a sus países miembros, como una forma de adaptarse a la “debilidad momentánea” del mercado, era de por sí bastante ominosa. Mucho más lo fue el endurecimiento de los banqueros japoneses con el Ministro Ugueto. Como apunté, es probable que este endurecimiento haya tenido más que ver con los problemas de repago de la deuda externa mexicana y la de Polonia que con la situación del mercado petrolero o con el juicio que Venezuela hubiera merecido considerada aisladamente. Pero la analogía con México resultaba natural. A fin de cuentas, el gobierno de López Portillo parecía una copia al carbón del de Carlos Andrés Pérez, impulsado por el boom de los nuevos yacimientos mexicanos. México fue por esos años el paraíso del prestamista internacional. Sus problemas con la deuda externa fueron, por tanto, un golpe psicológico de primera magnitud.
La oposición de Acción Democrática también era natural. Si durante un tiempo, por la época del caso Sierra Nevada, ese partido estuvo deprimido y acomplejado, no tardó en reponerse bajo el liderazgo de Jaime Lusinchi, quien inmediatamente después de la derrota electoral animó a sus copartidarios a reagruparse para continuar en la lucha. Los resultados fueron, obviamente, correspondientes con esa valerosa postura de rechazo a la rendición. Pero la oposición de Acción Democrática contribuyó en mucho a la conformación de un clima de desconfianza en las políticas económicas del gobierno de Herrera Campíns. Una prédica incesante desacreditaba la bondad de las decisiones, y la participación adeca en el Congreso de la República no le hacía en nada fácil la vida a Luís Herrera.
Ésos fueron los cuatro principales factores que operaron negativamente sobre la administración de Herrera Campíns. Otros valen la pena de ser mencionados. El primero es el propio estilo de gobierno del ex presidente. Por un lado, desde muy temprano abrió frentes de lucha múltiples y simultáneos. Intentó arreglar el problema de los indocumentados y el del diferendo con Colombia, atacó los intereses de las televisoras comerciales con la prohibición a la propaganda de licores y cigarrillos y a la participación infantil en programas y cuñas de televisión, mostró frialdad o resentimiento ante FEDECÁMARAS al negarse a asistir a sus asambleas, estableció la pelea frontal contra el ex presidente Pérez y, en general, impuso un estilo sombrío desde aquella primera declaración: “Recibo una Venezuela hipotecada”. No era como para animar a la confianza del inversionista privado. Muy pronto, además, impuso el “enfriamiento” a una economía “recalentada”. No mucho tiempo después el Ministro Ugueto confiaba a algunos amigos lo fácil que era congelar la economía y lo difícil que era reactivarla.
Ministro de Embestidas
Por otro lado, este estilo se complementaba con el aura misteriosa y zamarra del presidente Herrera. Había que ser un experto cultor del folklore venezolano para desentrañar su refranero, con el que pretendía conducir la psiquis del venezolano, o sus extrañas comparaciones, como aquella de la Constitución de 1961 con Sofía Loren. Nadie, se decía, ni sus más íntimos colaboradores conocían lo que pensaba en realidad el presidente. E intencionalmente mantenía dentro de su gobierno personalidades discrepantes, lo que impedía coherencia política. La más notoria de las disensiones se establecía entre Leopoldo Díaz Bruzual y el resto de los ministros de la economía. Díaz Bruzual fue empleado primero como el encargado de desacreditar los megaplanes de la época de Pérez, principalmente en lo que se refería al famoso Plan IV de la Siderúrgica del Orinoco, la que, como casi todas las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, había pasado a ser propiedad del Fondo de Inversiones de Venezuela, del que Díaz Bruzual fue su ministro presidente. Fue Díaz Bruzual quien se atrevió a poner en duda, a fines de 1981 y durante 1982, la productividad de Petróleos de Venezuela, cosa que convenía a su plan de llevar los importantes depósitos de divisas de PDVSA hacia las arcas del Banco Central. Y fue Díaz Bruzual, por supuesto, quien enfiló contra Carlos Andrés Pérez al destapar el turbio negocio del buque Sierra Nevada. Ya en pleno año electoral detonó la bomba del Banco de los Trabajadores de Venezuela, que había sucedido al escándalo del Banco Nacional de Descuento. Díaz Bruzual fue, pues, el gran agitador del período de Luís Herrera, su Robespierre. Ante las obvias discrepancias, Ugueto explicaba la presencia de Díaz Bruzual: “El presidente quiere una segunda voz en el gabinete económico”. Luego sería Arturo Sosa quien sufriría las atrabiliarias declaraciones del “Búfalo”. Más de una vez el impacto que éstas producían descosió los intentos de refinanciamiento de la deuda externa que Sosa pacientemente elaboraba. Venía un telegrama esperanzador del comité de bancos con acreencias sobre la República, lo seguía algún ácido desplante del presidente del Banco Central de Venezuela y desaparecía como por arte de magia toda simpatía de esos acreedores.
El otro factor digno de mencionar es el marcado aumento en el escrutinio que de las ejecutorias públicas hacían, principalmente, los medios de comunicación social. Se puede decir que a este respecto aumentó la democracia venezolana durante el período de Luís Herrera. En efecto, nunca antes un gobierno había estado expuesto a un asedio tan insistente o tan escudriñador. El día que llegue a ser posible una cuenta más objetiva de los casos de corrupción administrativa y se haga una comparación entre los producidos en el gobierno de Pérez y en el de Herrera, será posible notar que durante el período de este último aumentó la frecuencia de reporte. Habrá que decidir entonces si hubo más corrupción absoluta durante el mandato de Luís Herrera o si la percepción de que así lo fue dependió más de una mayor cantidad de iluminación, si el tumor era realmente más grande que antes o si se veía más porque la lámpara del quirófano alumbraba mejor.
Esta era la versión que del gobierno de Luís Herrera Campíns sostenía yo. Pensaba que las inocultables fallas del gobierno no se debían únicamente a su voluntad y que factores que no controlaba le habían encaminado, trágicamente, por el despeñadero. También lo juzgué mal políticamente, pues llegué a creerlo mejor hombre de Estado que lo que resultó ser. Me dejé dominar por el mito de su zamarrería y estuve esperando su famoso y anunciado “volapié” hasta el último momento. Éste nunca llegó, tal vez afortunadamente, pues signos hubo de que el volapié bien pudiera haber sido alguna sorprendente y traumática revelación relativa al caso de secuestro de William Niehous, el que había ocurrido durante el gobierno de Pérez y que había sido “resuelto” en tiempo récord a las pocas semanas del gobierno de Herrera. Digo afortunadamente porque en la tradicional política nacional sus protagonistas parecieran acertar a legitimarse sólo con el descrédito del contrario, mediante la acusación escandalosa y violenta. Una revelación agresiva de algún posible secreto sobre Niehous, aparentemente guardado por Luís Herrera con avaricia, hubiese chocado fuertemente a la psiquis venezolana, ya abrumada por la secuencia de escándalos del año de 1983, espantada ante los casos del Nacional de Descuento y del Banco de los Trabajadores, y conmovida todavía más por el asesinato del penalista Raymond Aguiar a escasas horas del acto de votación electoral. Lo cierto del caso es que el volapié no se produjo y Luís Herrera entregó a Jaime Lusinchi una Venezuela hipotecada en segundo grado.
Como puede verse, el suscrito no tenía un prejuicio acerca del gobierno de Luis Herrera; más bien tenía una predisposición a juzgarlo favorablemente. Ejercí, por otra parte, una función pública durante su período—de enero de 1980 a febrero de 1982—: la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). Entre las frustraciones que experimenté en ese lapso estuvo la renuencia de Herrera a prescindir de su Ministro de Estado para la Ciencia y la Tecnología, Raimundo Villegas, que se caracterizó por prácticas de nepotismo—que oportunamente denuncié al Secretario General de COPEI, sin resultado alguno—y que en mi presencia informó a un funcionario de la Casa Blanca de la celebración de reuniones secretas del presidente Herrera con mandatarios de Centroamérica durante el conflicto de esta zona; de esto di noticia a un importante ministro de Herrera y tampoco hubo consecuencias prácticas.
Ni siquiera estas últimas cosas amellaron demasiado mi simpatía general por Luis Herrera; creo que hubiera hecho un mejor gobierno si su propio partido no hubiera tenido la grosera ocurrencia de ofrecerle una «solidaridad inteligente», esto es, condicionada. No le ha sido fácil a COPEI llevarse bien con los presidentes que han salido de su seno.
Pero al final de su influencia política Herrera incurrió en graves distorsiones, y las peores entre ellas se suscitaron alrededor de la candidatura presidencial de Irene Sáez. Era Luis Herrera el Presidente de COPEI, sobre la funesta Secretaría General de Donald Ramírez; ellos aceptaron la promoción de quien entonces era la Srta. Sáez, ex Miss Universo, por parte de Enrique Mendoza, a la sazón Gobernador del Estado Miranda. COPEI no estaba bien, financieramente hablando, y el presupuesto mirandino sostenía entonces muchas de sus operaciones. (Como sesiones de trabajo con dirigentes regionales en las que se les vendía las bondades de la candidatura favorita del gobernador Mendoza).
Barbie Sáez, candidata de COPEI
Cuando ya eran obvios los preparativos del partido comandado por la dupla Herrera-Ramírez para lanzar a la Srta. Sáez, el diario El Nacional invitó, a mediados de 1997, al ex presidente Herrera a una entrevista con desayuno. Uno de los periodistas presentes levantó el punto de la impreparación de Irene Sáez para el cargo presidencial, de la carencia en ella de la madera de un estadista. Impertérrito, Luis Herrera contestó: «No se preocupen, que modernamente el poder es compartido». Es decir, admitía las carencias de la candidata y sugería que él sería el verdadero poder detrás del trono.
Llegado el momento de la proclamación oficial de la candidatura Sáez en la convención de COPEI en Caraballeda—Hotel Macuto Sheraton—, Luis Herrera llevó el asunto a límites de desvergüenza. En esa convención habló dos veces, poniendo de manifiesto su reconcomio anticalderista y antieduardista, y en el segundo y último de sus discursos admitió:
…les voy a decir por qué creo que necesitamos ganar: no por ustedes, que al fin y al cabo—unos por razón de experiencia estamos jubilados, otros por razón de méritos están desempeñando importantes responsabilidades en los organismos representativos—tenemos nuestro medio de vida asegurado, ni de la mayor parte de los dirigentes municipales y regionales del partido que también tienen su vida, por lo menos a corto plazo, asegurada. No, no por ellos, sino por los que no tienen cargos en la burocracia, por los que no tienen acceso a la administración pública para plantear sus problemas y que se los resuelvan, para que se les escuche su pobreza, para que se les dé una muestra de afecto y de solidaridad, que se los podría dar un Presidente copeyano o un gobierno donde el Partido COPEI sea también partido de gobierno…
Debo admitir que conocer tan descarada declaración me produjo una muy desagradable sensación, aunque ya había escuchado que esa racionalización herrerista estaba siendo ofrecida a más de un copeyano: ganemos para que puedan tener cómo vivir. Resuélvanse, asegúrense de estar “cubridos”—como habría dicho la inefable Blanca Ibáñez—con un triunfo electoral. No imaginé nunca, sin embargo, que el presidente de COPEI se atreviera a presentar un argumento tan alejado de la ética socialcristiana en el seno de una convención nacional, ante las cámaras—de una Globovisión incipiente—que transmitieron al país todo el discurso. Al día siguiente, una versión escrita de las palabras de Herrera Campíns fue distribuida a los asistentes a la convención. Herrera no estaba avergonzado sino orgulloso de la enormidad que entonces dijo.
Conductas como ésa son las que permitieron que un oficial golpista de mediano rango ganara las elecciones presidenciales de 1998. Lamentablemente, Luis Herrera Campíns se transformó en abierto cultor de la Realpolitik: la procura del poder a toda costa. LEA
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