Correcciones de estilo

Brewer Carías ante la Corte Interamericana de DH

Brewer Carías ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

Hoy se ha separado Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos. El motivo que aduce el gobierno presidido por Nicolás Maduro se remonta a 2002, cuando su madre organizacional, la Organización de Estados Americanos, habría reconocido al gobierno espurio de Pedro Carmona Estanga. Esto no ocurrió nunca formalmente, pero sí hubo dudosas actuaciones de su Secretario General de entonces, César Gaviria. Una nota de Valentina Lares Martiz en Tal Cual (Las mil caras de la OEA, 24 de abril de 2002) señala:

La reunión del Consejo Permanente de la OEA el sábado 12 de abril, efectuada de urgencia para estudiar la situación de Venezuela, no sólo mostró a Caracas quiénes son los aliados del gobierno del presidente Chávez, sino que comprobó además que la ambigüedad del organismo empieza por la misma Secretaría General. Por ahora, el canciller venezolano sólo se ha limitado a decir que Venezuela “salió sola” del golpe de Estado “pues no hubo intervenciones determinantes ni de la OEA ni el Grupo de Río”. La reacción de los demás países “está en evaluación”.

Una guabina colombiana

Una guabina colombiana

Más adelante, el reportaje anota: “Un día antes de la reunión formal del Consejo Permanente, estaban todos los jefes de misión reunidos con el Secretario General de la OEA, César Gaviria, menos el representante venezolano, Jorge Valero, justo después de que Carmona, en Caracas, hiciera su autojuramentación. Aunque la OEA planificaba su reunión formal para el día siguiente y allí evaluaría la legitimidad del nuevo gobierno, ya Gaviria había adelantado su impresión sobre los acontecimientos. Señaló que el gobierno del presidente Chávez había sido depuesto y que, por consiguiente, el representante venezolano, Jorge Valero, no debía entrar a la reunión de Consejo Permanente del sábado. La tarea de darle la noticia a Valero la asumió el representante de la misión chilena, Esteban Tomic”. También refiere Lares Martiz lo siguiente:

Según explicaron fuentes bien informadas de países caribeños y centroamericanos, desde el principio de la reunión unas cuantas misiones comenzaron a hacer los esfuerzos correspondientes para reconocer el gobierno de Carmona Estanga: Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Costa Rica y, menos abiertamente, Colombia. Ya el gobierno de Nicaragua había respaldado abiertamente al “gobierno de transición”.

La presión ejercida por estos países, y especialmente el peso específico que representa la figura de Estados Unidos, dilató la invocación de la Carta Democrática, cosa que sí deseaba buena parte de los países “fuertes” de la OEA (como México, Argentina y Brasil) y especialmente los estados caribeños. Iniciadas las primeras discusiones, una segunda intervención de Gaviria destapó la molestia de los países que no respaldaban el golpe dado en Venezuela.

Y es que el Secretario General aseguró que, desde Caracas, el recién instalado gobierno de Carmona le “informó” de la destitución de Valero, quien entonces debía abandonar inmediatamente la sala. La respuesta vino de la representación de Barbados, cuyo jefe de misión recordó al Secretario General que no era su potestad decidir sobre la legitimidad de los gobiernos, y que en el caso especial de la legitimidad del gobierno de Carmona, ese era justamente el tema de discusión de ese Consejo Permanente. En esa misma intervención, se le señaló a Gaviria lo “improcedente” de que él fungiera como enlace entre el “nuevo” gobierno venezolano y la OEA y, más aún, que ordenara el cese de funciones de un embajador sin que se cumplieran los respectivos trámites.

(…)

Una tercera intervención de Gaviria sentaría definitivamente las posiciones en la mesa.

En esta oportunidad, el Secretario General aseguró haber recibido—esta vez no se sabe si vía fax o vía telefónica—otra comunicación del gobierno de Carmona invitando a la OEA a que enviara a Venezuela una comisión para verificar que el recién nombrado gobierno no había dado ningún golpe de Estado.

En esa oportunidad, fue la representación de Brasil la que puntualizó: a partir de ese momento no se va, ni siquiera, a leer ningún tipo de comunicación que provenga del gobierno de Carmona Estanga. Al menos no hasta que estuviera definida la situación en Venezuela.

La rápida descomposición del gobierno de Carmona, además de la fuerte posición del resto de los países latinoamericanos y caribeños, hizo ceder al embajador estadounidense (Roger Noriega, antiguo asesor del senador Helms), que finalmente accedió a condenar la ruptura del hilo constitucional y enviar una comisión de verificación a Venezuela encabezada por Gaviria. La versión manejada por las fuentes es que lo rápido de las circunstancias privó entre los embajadores para que Gaviria fuera el designado como jefe de la misión. Para tomar distancia de la posición asumida inicialmente, la agenda del Secretario General en el país fue, además de corta, profundamente “gobiernera”.

………

 María Lilibeth Da Corte da cuenta hoy en El Universal (Maduro: “Se le acabó el tiempo a la Corte IDH”):

Tras acusar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de reconocer al gobierno de Pedro Carmona Estanga, de “perseguir a la democracia venezolana” luego del golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 , de “proteger terroristas” y convertirse “en un instrumento de persecución contra los gobiernos progresistas”, el mandatario sentenció: “¡Ya basta! Se le acabó el tiempo a la CIDH (en referencia a la Corte), se le acabó el tiempo y es la mejor decisión que nuestro comandante pudo haber tomado”.

“Ellos se creen un poder supranacional, que son un poder por encima de los gobiernos legítimos del Continente”, dijo Maduro al afirmar que el Sistema Interamericano de DDHH “está capturado por los intereses del Departamento de Estado de Estados Unidos”.

En conferencia de prensa realizada en el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, ante la pregunta de un periodista, Maduro criticó a la oposición por impugnar ayer ante la CIDH su elección por supuesto fraude. “¿Qué tiene que ver la CIDH con el quinto poder soberano y autónomo que es el Poder Electoral”, preguntó, al calificar de contradictorio “estar inscribiendo candidaturas (para los comicios municipales) y meter un documento diciendo que aquí se hace fraude”, dijo.

“Ellos (oposición) aspiran a que la CIDH saque una decisión y diga que yo no soy Presidente. ¿Para que? ¿Para justificar una invasión será? Uno puede pensar que lo hacen por estúpidos, pero no lo hacen por estúpidos sino por perversos”, agregó el Jefe de Estado.

Recordó que pronto Venezuela va a presidir el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas y aseguró que propondrá desde la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) crear una instancia que vele por las garantías fundamentales “para que Latinoamérica tenga un Consejo de Derechos Humanos nuestro, no de los gringos, no con una burocracia internacional que nos odia, que nos desprecia y que recibe orden del imperio”.

logo-cofavic

ONG de Derechos Humanos

Pero Liliana Ortega, Directora de COFAVIC—Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989—sustenta un criterio dispar, según refiere Juan Francisco Alonso en el mismo periódico:

“Este Gobierno pasará a la historia como el que le quitó a la sociedad una de las escasas alternativas para obtener justicia (…) porque qué ha hecho la Corte sino dictar justicia”, afirmó la directora de la organización, Liliana Ortega, quien recordó: “La única condena que hay sobre El Caracazo lo emitió la Corte, ningún tribunal ha dictado una en casi 25 años”.

Para la activista la decisión es parte de una estrategia para silenciar a las víctimas y a las organizaciones que monitorean la situación de los Derechos Humanos, la cual comenzó en el ámbito interno con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) aprobada en 2012 por el fallecido presidente Hugo Chávez mediante la Ley Habilitante.

“En la reforma se nos arrebató a las organizaciones dos facultades fundamentales para el apoyo a las víctimas: La de representación ante los tribunales y la de poder presentar querellas contra funcionarios policiales y militares incursos en abusos”, afirmó, al tiempo que denunció: “Se nos ha ido apartando con la idea de que al dejar solas a las víctimas ellas se debilitan y no denuncian, pero eso no es cierto. La voz de las víctimas seguirá siendo nítida, porque la dignidad de Venezuela seguirá siendo nítida”.

En todo caso, ya Venezuela no estará sujeta a los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,* a pesar de lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”. La clave de esta disposición es la frase “ratificados por la República”, puesto que la denuncia por parte de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos suspende la ratificación hecha en 1969. La decisión de denunciar la convención fue tomada por el presidente Chávez el año pasado, a raíz de que la Corte de la OEA fallara a favor de Raúl José Díaz Peña, acusado y condenado por tribunales venezolanos como el autor de los atentados terroristas contra la sede de la Embajada de Colombia en Venezuela, en 2003.

………

La Corte de la OEA

La Corte de la OEA

Y es ante esa corte que ya no nos obliga que ha recurrido el jurista Allan Randolph Brewer Carías para sostener “una petición presentada por Pedro Nikken, Hélio Bicudo, Claudio Grossman, Juan E. Méndez, Douglass Cassel y Héctor Faúndez Ledesma (en adelante ‘los peticionarios’), en la cual se alega que la República Bolivariana de Venezuela (en adelante ‘el Estado’) es responsable por la persecución política del abogado constitucionalista Allan R. Brewer Carías (en adelante ‘la presunta víctima’) en el marco de un proceso judicial en su contra por el delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución, en el contexto de los hechos ocurridos entre el 11 y el 13 de abril de 2002”.

Germán Saltrón Negretti ha argumentado:

La Fiscalía lo imputó el 27/01/2005, por el delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución mediante la realización del Decreto Carmona. El Doctor Brewer fue citado a la Audiencia Preliminar y sus abogados defensores presentaron un escrito al Tribunal señalando “que rechazaban en todas sus partes, tanto en los hechos como en el derecho la acusación”. Además indicaban que su defendido no se presentaría a la audiencia preliminar, porque no tenía garantizado su derecho a la defensa, y había recibido una propuesta de dar clase en la universidad de Columbia.

Es evidente que al rechazar y contradecir la referida acusación en todas y cada una de sus partes, están invocando las facultades del artículo 328 del COPP. Es innegable que al no presentarse el Dr Brewer a la Audiencia Preliminar el proceso se detiene, pero es un hecho imputable a él mismo. Lo que demuestra a la Comisión Interamericana que no se han agotado todos los recursos internos jurisdiccionales en Venezuela,  y la Comisión no debió admitirlo de conformidad con el artículo 46.1 de la Convención Interamericana de DH. Los defensores alegan que introdujeron un recurso de nulidad, pero éste tiene que resolverse en la Audiencia Preliminar según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia.

Venezuela le ha respondido a la Comisión y a la Corte, que la audiencia preliminar es la oportunidad que tiene el imputado para negar, contradecir, argumentar los hechos y el derecho, replicar, recusar, etc. Al imputado Dr Brewer y a sus abogados se le explicó en la audiencia en la Corte Interamericana que todos estos derechos pueden ser ejercidos solo en la fase de juicio pero no durante la fase preliminar de investigación, como lo han pretendido extemporáneamente los abogados de la presunta víctima, en su escrito del 24/01/2007, en el cual confunden (o ignoran) las etapas del proceso penal venezolano.

Además, cuentan con los recursos que no son extraordinarios, sino que lo acompañan en todo el proceso penal, tales como: Recurso de Revocación, el Recurso de Autos, el Recurso de Apelación, el Recurso de Casación y la Revisión de la Sentencia Firme. Para finalizar expusimos a los Magistrados de la Corte, que el Dr Brewer no sufrió ningún tipo de persecución política ni de otra índole pues gozó de libertad plena entre la fecha del golpe de Estado el 11 de abril de 2002, hasta  el momento que decidió irse del país en el año 2005. Cuando se dió a la fuga, el Tribunal de la causa le dictó Auto de Detención. Además, el Presidente Chavez el 31/12/2007, dictó una amnistía que benefició a todas las personas que estuviesen a derecho, involucrados en el golpe de Estado el 11 de abril de 2002, por lo cual no hay forma de que el prófugo sea condenado por tales hechos.

Si Venezuela fuera condenada nuevamente, de manera ilegal por esta Corte,  ello aportaría más elementos a la tesis de que esta Corte y la Comisión son un instrumento de confabulación internacional contra nuestro país, por organismos que se “autoproclaman defensores de derechos humanos” pero apoyan los golpes de Estado en la región, contra gobiernos legítimamente electos y progresistas. Además, ratificaría la pertinencia de las razones por las cuales Venezuela denunció la Convención Americana y marcaría el final definitivo de la credibilidad del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

………

Carmona en fuerte Tiuna

Madrugada en Fuerte Tiuna

El propio Brewer Carías ha aducido, en escrito dirigido a la Fiscal 6 del Ministerio Público en el que alude al libro de Carmona Estanga sobre los acontecimientos de abril de 2002, lo que sigue:

1. El documento que serviría para la organización de un supuesto “nuevo gobierno” ya estaba redactado antes de que Carmona me llamara telefónicamente a mi casa en la madrugada del día 12 de abril de 2002.

2. La llamada telefónica de Carmona fue para conocer mi criterio jurídico sobre el mencionado documento, a cuyo efecto me mandó a buscar con su chofer. Mi actuación fue la de abogado, y no participé en reunión alguna ni con civiles ni militares en las cuales se hubiera tomado decisión política alguna en relación con los acontecimientos de ese día. Fui retornado a mi casa en la misma madrugada del 11 [sic] de abril, como Carmona lo indica en el libro (p. 110), sin haberle podido dar mi opinión sobre el documento.

3. Mi opinión jurídica a Carmona, quien era la persona que había solicitado mi opinión, sólo se la pude dar por teléfono desde mi casa al fin de la tarde del 12 de abril, que fue la única ocasión que tuve de hablar con él sobre el tema, pues lamentablemente no tuve oportunidad de hablar personalmente con él durante el día sobre el texto del decreto, a pesar de que fui al Palacio de Miraflores hacia el mediodía de ese día con tal propósito. Allí estuve poco tiempo, y salí pasado el mediodía, al no entender la dirección de los acontecimientos y captar que las decisiones políticas a las que se refería el proyecto de decreto no serían modificadas. Por tanto, no estuve en Miraflores durante la tarde del día 12 de abril, ni asistí al acto de instalación del nuevo gobierno.

4. Mi criterio profesional, expresado a Carmona, fue contrario a las decisiones políticas que estaban incorporadas en el documento; por eso las “diferencias en relación con el camino elegido” a que hace referencia el autor, quien además señala que discrepó de mis interpretaciones. Estimé efectivamente, que lo que se proponía como decisiones en el documento era contrario a la Carta Democrática Interamericana, que es el instrumento internacional sobre doctrina democrática más completo en el Continente, y por ende, contrario al orden constitucional; y por eso me alegré, como lo dice el autor, con la “rectificación posterior” del decreto que restablecía la representación popular de la Asamblea Nacional. Carmona hace referencia en su libro, además, a que uno de sus asistentes, en la noche del 12 de abril, le había solicitado que hablara conmigo para que conociera mis observaciones al Decreto (p. 148).

La primera afirmación de Brewer fue corroborada y ampliada por el Secretario General de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, quien declaró a Ciudad CCS el 9 de marzo de 2011: “Es mentira que ese decreto cayó del cielo, lo habíamos visto todos, una semana antes”. Quizás Brewer Carías no estuvo incluido en ese “todos”, pero el lunes 15 de abril de 2002 declaró al diario El Nacional que ante la renuencia de Carmona a aceptar su opinión, no le había quedado más recurso que sugerir correcciones de estilo. Es decir, el Dr. Brewer vio a un asesino presto a dispararle a alguien, le propuso inicialmente que no lo hiciera y, como el matador insistió en la ejecución, recomendó entonces que empuñara el revólver de otra forma y apuntara un poco más atrás en la sien de la víctima, más cerca de la oreja.

Pero no es esto lo más fundamental. Carmona Estanga no estaba facultado constitucionalmente para decretar absolutamente nada, pues no era el Presidente de la República, menos para la “rectificación posterior”, que Brewer aprueba; aunque Hugo Chávez hubiera perfeccionado su renuncia a ese cargo—anunciada por el general Lucas Rincón en alocución de la madrugada del 12 de abril—, se habría estado ante la falta absoluta del Presidente de la República, circunstancia en la que su investidura y atribuciones debieron recaer sobre el Vicepresidente según manda la Constitución, no sobre el Presidente de Fedecámaras aunque unos militares, que tampoco tenían potestad para eso, lo encargaran del coroto. No sirve de excusa que Diosdado Cabello se hiciera ausente; se había puesto a buen resguardo en momentos cuando el Ministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, había sido extraído de su residencia, con aderezo de coscorrones, por acción conjunta de las policías de Baruta y Chacao, en presencia de los alcaldes Henrique Capriles Radonski y Leopoldo López. Por no haber desaparecido, Tarek William Saab fue apresado y montado en una camioneta de detención.

Brewer Carías no ha debido nunca acceder a la petición de Carmona; ha debido decirle, simplemente: “Carmona, Ud. no es el Presidente de la República y, si lo fuera, tampoco podría desconocer los restantes Poderes Públicos. Ud. no puede consultarme una cosa así; Ud. es un usurpador”.

De razón defectuosa

De razón defectuosa

A pesar de estas cosas, insistía ayer Asdrúbal Aguiar en Informe 21 (El caso Brewer): “Pero la cuestión que otra vez queda sobre el tapete de la opinión, ahora internacional, va más allá del caso Brewer, a quien Carmona consulta en la madrugada del 12 de abril sobre cómo proceder constitucionalmente al manejo de la transición que le encomiendan los militares y plantea el anuncio por éstos ante el país de la renuncia del Presidente Chávez. El ministro de la defensa y más tarde del Interior, hoy embajador del régimen, Lucas Rincón, es el vocero del renunciante. Pero se trata de una consulta que el académico atiende pero no acoge su interesado, quien al final opta por el decreto que le sugieren y mandan a redactar los propios militares en la circunstancia, que lee el abogado Daniel Romero”……….

La última vez que hablé con Allan Randolph Brewer Carías lo hice en su bufete, mientras despuntaba el año de 1999. La Corte Suprema de Justicia no había emitido aún su decisión famosa del 19 de enero de ese año, con la que abría la puerta a una consulta referendaria sobre la conveniencia de reunir una asamblea constituyente. Brewer me ratificó su posición al respecto, fundado en el Artículo 250 de la Constitución de 1961: “Esta Constitución no perderá su vigencia si (…) fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. Como una constituyente no estaba contemplada en el texto del 61, no podría convocarse sin una propia reforma del mismo. Entonces, le dije aquella mañana: “Randy: la Constitución vigente no contempla ningún medio para su derogación; sólo habla de reformas o enmiendas. El Artículo 250 es una norma vacía”. Recordé lo que ya había escrito para el diario La Verdad de Maracaibo cuatro meses antes (Contratesis, 10 de septiembre de 1998):

Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente.

La doctrina de supraconstitucionalidad del Poder Constituyente Originario, expuesta en ese artículo, sería acogida por la Corte Suprema de Justicia en su decisión del 19 de enero, pero el docto jurista con quien conversaba permaneció mudo; no atinó a rebatir mi interpretación sobre la vaciedad del Artículo 250. Poco después se postularía y resultaría electo diputado a la Asamblea Constituyente que antes estimó inconstitucional. Más adelante acogería su equivocado criterio el abogado Oswaldo Páez Pumar y lo ampliaría: en la Asamblea de Fedecámaras del año 2001 en la que se elegiría a Carmona como su Presidente, disertó sobre la peregrina tesis de que la constitución vigente era la de 1961, a pesar de que un referéndum aprobatorio promulgara el 15 de diciembre de 1999 la Constitución que nos rige. Su fundamento era la misma prescripción vacía del viejo Artículo 250, pero aun en el supuesto negado de que la constitución vigente fuera la derogada, tampoco ella autorizaba que unos militares decidieran quien debía encargarse de la Presidencia de la República. En la mañana del 12 de abril de 2002, cuando ya Hugo Chávez estaba detenido en Fuerte Tiuna, reiteró esa equivocación en unas Notas para una transición que envió por correos electrónicos a una lista que me incluía. Una hora después de su envío, estaba sentado a la mesa del Salón de los Espejos del Palacio de Miraflores; Carmona anunciaba que compondría un Consejo de Estado y que la mayoría de los sentados a la mesa formaría parte de él. A la tarde, convencido de la tesis de Páez Pumar que le proporcionaba falazmente tranquilidad de espíritu, Carmona pretendió decapitar, sin conseguirlo, los poderes de la República, quizás haciendo caso a las “correcciones de estilo” propuestas por Brewer Carías.

………

Es lamentable que Venezuela se retire del sistema interamericano de protección de derechos humanos. La humanidad necesita construir su polis planetaria, y es importantísimo e imprescindible que los estados del mundo reconozcan poderes supranacionales como, por ejemplo, la Corte Penal Internacional de La Haya. Pero motivos hay para la denuncia venezolana de la Convención Americana de Derechos Humanos. No se trata de un mero capricho totalitario.

____________________________________________

*Para estar seguros, el Artículo 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece: “1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes. 2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto”. Brewer Carías y sus asesores interpretarán que, a pesar de que la denuncia de Venezuela ya ha tenido efecto, su caso no tiene prescripción según el numeral 2 de ese artículo, pero lo expuesto por Saltrón debiera impedir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictamine que se cumplió un hecho que constituyó una violación de las obligaciones del país. Si decidiere en contrario, Venezuela simplemente desconocerá la sentencia, y habría que ver si Barack Obama querrá insistir en la aplicación de previsiones de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, lo que únicamente acarrearía su suspensión como miembro de la OEA, y si una representación al efecto por Estados Unidos y algunos aliados contará con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la organización, necesario para que tal suspensión proceda.

LEA

________________________________________________

 

Share This:

Celebración de un abuso homicida

He aquí un reproductor con el archivo de audio de una versión leída del estudio que sigue, el que puede también ser descargado a su disco duro desde el enlace señalado.
Ir a descargar

El DVD de la película de Carlos Azpúrua


En vano el suscrito ha buscado identificar al autor de una frase poderosa. Perdí su nombre hace ya varios años, y aunque he trasegado el Diccionario Oxford de Citas—sé, al menos, que el autor es inglés—y otras colecciones similares, no logro dar con su identidad. Por eso no puedo darle crédito por haber acuñado lo siguiente: “La propaganda del vencedor es la historia del vencido”. Es una terrible frase y es un pensamiento muy certero. Quien cuenta la historia es quien ha ganado. 

El uso del abuso

Carta Semanal #172 de doctorpolítico

___________________________

Ésta es la última: Diosdado Cabello, registra el diario El Universal, “afirmó que la rebelión cívico militar del 4 de febrero de 1992 evitó un golpe de estado de derecha y la instauración de una dictadura en el país”. Hay gente que sabe de cabellos (Helene Curtis), hay la que sabe lavar dinero; Cabello, al menos, sabe de lavar crimen con argumentos que, apropiadamente, hala por los pelos.

Si hubiera habido por aquellos días una conspiración de derecha, ¿no habría sido lo indicado que Cabello corriera lealmente a denunciarla? Nos habríamos ahorrado el abuso y la sangre del 4 de febrero. Creo, por lo demás, que desde que somos república no ha habido un minuto de nuestra historia en el que no haya habido una conspiración. En septiembre de 1987 escribí en Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela: “En todo tiempo, en todo sistema político, subsiste una fracción de per­sonas, muy reducidas las más de las veces, que piensan en un golpe de Estado por la fuerza como solución a los problemas. Hay conspiradores por vocación, que necesitan la excitación del secreto y la urdimbre de siniestros planes para hacerse con el poder”. Cabello, por tanto, y quienes pudieran estar conspirando en 1991 o 1992 para establecer una dictadura derechista, no hacían otra cosa que repetir una larga historia de abuso militarista en el país.

Pero es que, seguramente, las asonadas de 1992, ambas fracasadas, sirvieron para todo lo contrario de lo que Cabello dice. En 1993, después del abuso del 4 de febrero, hubo un amago derechista de golpe de Estado, cuyo líder era el Vicealmirante Radamés Muñoz León, quien por aquellos días decía: “Yo me voy a encargar personalmente de llevar preso a Caldera a Fuerte Tiuna, desnudo y amarrado en un camión de estacas, si se niega a reconocer el triunfo de Oswaldo Álvarez Paz”. Si acaso, entonces, la aventura golpista de 1992 sirvió para excitar el golpismo de derecha.

………

La banda de delincuentes

Cabello ha aportado también, inadvertidamente, una admisión invalorable. En sus declaraciones a Venezolana de Televisión, dijo: “El 4 de febrero nosotros salimos solos. No nos dio tiempo de que saliera el pueblo”. Por supuesto; los conspiradores no sólo no tenían la autorización del pueblo para sublevarse, sino que jamás lo tomaron en cuenta. El régimen establecido en febrero de 1999, que se llena la boca con la palabra pueblo, en verdad no lo toma en cuenta para decidir ni sus aciertos ni sus atropellos. En 1998, el Movimiento Quinta República anunció que introduciría una convocatoria a referendo sobre la elección de una constituyente por iniciativa popular; así lo permitía el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, luego de la reforma de diciembre de 1997. A mitad de camino de la campaña electoral, el MVR entendió que Chávez ganaría la Presidencia con los votos, según pronosticaban todas las encuestas, y entonces se dejó de eso. ¿Para que molestarse en movilizar la iniciativa popular si Chávez podría fácilmente convocar el referendo mediante un simple decreto, como finalmente ocurrió? Más de una vez durante la última década, Chávez ha recibido de miembros del pueblo, en alguno de sus innumerables espectáculos, algún reclamo; entonces se molesta y bloquea la petición diciendo que él es el líder de la revolución, que él sabe lo que hace. El pueblo no debe cuestionar su conducción del “proceso”.

El pueblo es el titular del derecho de rebelión. La Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776) lo formuló con precisión: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera). Cuarenta días antes de los hechos del 11 de abril de 2002, escribí en un artículo que me solicitara la revista Zeta:

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

No hay modo, pues, de justificar el alzamiento del 4 de febrero de 1992, cuya celebración se prepara con insolentes, peligrosos y costosísimos vuelos de aviones de combate, desde hace varios días, sobre la capital de la República. Chávez y sus compinches no eran la mayoría de la comunidad; de hecho, las encuestas de la época mostraban un rechazo mayoritario a Carlos Andrés Pérez, pero también, muy explícitamente, un repudio a cualquier acto de fuerza para resolver el problema de su gobierno. La asonada de febrero del 92 no fue más que un intento fallido de usurpación del sagrado derecho popular.

Hugo Chávez recordará un desayuno en las oficinas de la agencia publicitaria J. Walter Thompson, al que fuera invitado por Roberto Coimbra durante la campaña de 1998. Luego de concluir su resbaladiza retórica, tomé la palabra para señalarle que no era de él, ni de sus camaradas delincuentes, el derecho de rebelarse. En esa ocasión optó por eludir mi planteamiento (“Águila no caza moscas”) y se me acercó al término de la reunión en compañía de William Izarra, quien le servía entonces como edecán de seguridad. Me entregó una tarjeta con un número de teléfono celular y me dijo que quería conversar conmigo. Ya le dije en aquel momento que, si persistía en la glorificación de su abuso, no teníamos nada que conversar.

……..

Cabello ha procurado añadir, dos décadas después de la intentona en la que participó y le ha valido poder y riqueza, un nuevo argumento. Así ha sido la explicación del criminal hecho; cada cierto tiempo, los golpistas de 1992 ofrecen una nueva coartada.

En su innecesario artículo semanal (Las líneas de Chávez, que ya no escribe), el Presidente de la República reincidió el 28 de marzo de 2010 en su particular interpretación de los acontecimientos del 27 y 28 de febrero de 1989. Así escribió: “En 1989 se cometió el más grande genocidio de la historia de Venezuela del siglo XX. El más sistemático y criminal ejercicio de terrorismo de Estado se desarrolló en los primeros días de marzo, luego de que la rebelión se había apagado. El genocida mayor es Carlos Andrés Pérez, pero no el único: reos de genocidio serán, por toda la eternidad, los personeros de su Gobierno, los cogollos de AD y Copei, los integrantes del Alto Mando Militar para aquella fecha, las cúpulas de Fedecámaras y Consecomercio, los dueños de los latifundios mediáticos y pare usted de contar”. José Vicente Rangel sostuvo antes, por cierto, una versión enteramente opuesta: “Más allá de fallas, errores e incluso abusos, la posición de las FF. AA., institucionalmente hablando, con motivo de los acontecimientos del 27 de febrero, ha sido altamente positiva. Fue el único organismo del Estado que respondió cuando imperaba el caos. Y respondió con espíritu democrático, encarnando un liderazgo responsable, reivindicando no sólo la noción de orden público, sino de justicia y honradez”. Eso escribía el 20 de marzo de 1989.

Como siempre, Chávez distorsiona los hechos para acomodarlos a su conveniencia. Una descripción análoga a la citada le servía, luego de su salida del Penal de Yare, para justificar su alzamiento del 4 de febrero de 1992. Chávez dijo reiteradamente, en entrevistas, en reuniones, en declaraciones, que él y sus compañeros habían intentado derrocar al gobierno de Venezuela porque Carlos Andrés Pérez había ordenado al Ejército volver sus fusiles contra el pueblo en febrero de 1989, contra la explícita condena del Libertador, que había declarado la posibilidad abominable. Para la época de su prisión en Yare, sin embargo, Hugo Chávez ya había admitido que “su grupo” conspiraba desde hacía al menos nueve años (desde el bicentenario de la muerte de Bolívar; de allí el nombre de su club de maquinaciones: MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200). Por tanto, para el 27 y 28 de febrero de 1989, la intención de tomar el poder por la fuerza ya estaba formada varios años antes. Mal podía presentarse, como pretexto para el golpe fallido del 4 de febrero de 1992, algo que no pudo tener nada que ver con la conformación de su logia conspirativa.

El asalto de la tanqueta a Miraflores

Antes había ofrecido otras explicaciones. El ex comandante Chávez argumentaba a la revista Newsweek a comienzos de 1994 que el artículo 250 de la Constitución Nacional prácticamente le mandaba a rebelarse. Lo que el artículo 250 estipulaba es que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza o de su derogación por medios distintos a los que ella misma disponía, todo ciudadano, independientemente de la autoridad con la que estuviera investido, tendría el deber de procurar su restablecimiento. Pero con todo lo que podíamos criticar a Carlos Andrés Pérez en 1992, y aun cuando estábamos convencidos de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores, ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza, ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional. Si hubiera tenido Chávez algún respeto por la Constitución de 1961, habría debido observar escrupulosamente sus artículos 119 y 120, que decían: Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos”, y “Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subversiva”. Aquella declaración a la revista estadounidense fue uno de los primeros intentos de manipulación y distorsión que Chávez ofreciera; el mismo artículo 250 que aducía para justificar su abuso de poder rezaba: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza…”

También dijo Cabello algo realmente descarado. Reporta El Universal: “Sostuvo que no hubo ambiciones personales entre los motivos de quienes participaron en la rebelión militar del 4 de febrero de 1992”. Por supuesto que no; gobernar hasta 2021 o 2031 no es una ambición, sino el desprendimiento de las almas generosas que se alzaron hace veinte años.

………

¿Quién ha pagado por estas muertes?

Uno de los más graves errores del segundo gobierno de Rafael Caldera fue dictar el sobreseimiento de la causa penal contra los cabecillas del 4 de febrero, recluidos en Yare. Lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Su liberación fue una lección retorcida y terrible: “No se preocupe; álcese usted, mate a unos cuantos venezolanos. Después de un breve confinamiento lo pondremos en la calle. Si quiere, hasta le daremos un puesto en el gobierno”. (Rafael Caldera confió a Francisco Arias Cárdenas la dirección del Programa Materno-Infantil, un proyecto asistencial de su segundo gobierno).

En estricto sentido, el ex comandante Chávez y sus compañeros de la cuarta madrugada de febrero abusaron de nosotros. El ex comandante Chávez actuó como cirujano. La imagen del 4 de febrero como acto quirúrgico ha entrado hace tiempo en nuestras cabezas, pero el pequeño grupo de militares que participaron en la acción, independientemente de la pasión que lo animaba, abusó del pueblo venezolano. Porque es que ningún cirujano tiene derecho a intervenir sin el consentimiento del paciente, a menos que éste se encuentre inconsciente y, por tanto, privado de su facultad de decidir si se pone en las manos del cuchillero. Y el pueblo venezolano no estaba inconsciente y el ex comandante Chávez no nos consultó sobre la operación y nosotros no le autorizamos a que lo hiciera. Chávez, Arias Cárdenas y Cabello quisieron resolver quirúrgicamente la remoción del tumor, sin autorización de nadie e ignorando, a pesar de que había sido dicho bastantes veces, que todavía existían los medios clínicos, los procedimientos médicos para el mismo objetivo.

Hace exactamente veinte años (3 de febrero de 1992) que el diario El Globo, veinticuatro horas antes del golpe, publicara mi artículo Basta:

Basta de paquete. Basta de financiarle sus campañas extranacionales. Basta de mermas al territorio. Basta de megaproyectos, sociales o económicos. Basta de megaocurrencias. Basta de megalomanía. Usted, señor Pérez, que hace no mucho ha tenido la arrogancia de autotitularse patrimonio nacional, tiene toda la razón. Usted sí es patrimonio nacional, historia nacional, cruz y karma nacionales. Por tanto es a nosotros a quienes corresponde decidir qué hacer con Ud. Por de pronto, no queremos que siga siendo Presidente de la República.

Desde el 21 de julio de 1991, cuando El Diario de Caracas publicara mi Salida de estadista, procuré convencer en unos tres o cuatro artículos más acerca de la conveniencia de una renuncia de Carlos Andrés Pérez, una salida civil:

El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal.

No es verdad que la única solución era el alzamiento inconsulto y criminal. Desde entonces tengo una culebra personal con Chávez y sus secuaces; bastante sacrificio personal y privaciones a mi familia representó mi prescripción de la renuncia de Pérez, a la que se sumaron, sólo después de la cuarta madrugada de febrero, Rafael Caldera, Arturo Úslar Pietri y Miguel Ángel Burelli Rivas, entre otros.

………

Los militares tienen, como todos nosotros, cuarenta y seis cromosomas en su dotación genética. Son gente, como todos nosotros. Como entre nosotros, algunos de ellos son excepcionales personas, nobles, heroicos. Como entre nosotros, se encuentra en ellos alguna personalidad delincuente, inmoral, enferma. La mayoría de ellos, como la mayoría de nosotros, es gente común, ni santa ni delictiva.

Tengo amigos militares y hasta un compadre militar. Entiendo la importancia de su función y la defiendo—así lo hice en el seminario Seguridad, Defensa y Democracia de la Universidad Simón Bolívar, en 1980—cuando se trata de protegernos de agresiones exteriores, como la de Cuba en los años sesenta. Fui conferencista invitado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Militar, así como en la Escuela Superior de Guerra y en la Escuela Superior de Guerra Naval. Me cupo el honor de ser nombrado asesor ad honorem en dos secretarías del incipiente Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (1976-1979). No tengo nada en contra de la actividad militar. Me opongo al militarismo, no a los militares; me opongo a su salida de los cuarteles para entrometerse en la función civil. De esto hemos tenido demasiado en Venezuela, y es de la mayor importancia corregir la viciosa distorsión que Hugo Chávez ha producido en la noble tarea castrense. Hay que indignarse ante esta aberración.

Rómulo Betancourt: "La violencia es el arma de los que no tienen razón".

Ahora vuelve a celebrar su abuso de 1992, ahora vuelve a una glorificación que no es otra cosa que autobombo, alimentador del más asqueroso culto a la personalidad que haya ocurrido en Venezuela. Ahora continúa en su distorsión de la historia para que su crimen sea absuelto.

El historiador Will Durant escribió en The Pleasures of Philosophy lo siguiente:

Quizás la causa de nuestro pesimismo contemporáneo es nuestra tendencia a ver la historia como una turbulenta corriente de conflictos—entre individuos en la vida económica, entre grupos en política, entre credos en la religión, entre estados en la guerra. Éste es el lado más dramático de la historia, que captura el ojo del historiador y el interés del lector. Pero si nos alejamos de ese Mississippi de lucha, caliente de odio y oscurecido con sangre, para ver hacia las riberas de la corriente, encontramos escenas más tranquilas pero más inspiradoras: mujeres que crían niños, hombres que construyen hogares, campesinos que extraen alimento del suelo, artesanos que hacen las comodidades de la vida, estadistas que a veces organizan la paz en lugar de la guerra, maestros que forman ciudadanos de salvajes, músicos que doman nuestros corazones con armonía y ritmo, científicos que acumulan conocimiento pacientemente, filósofos que buscan asir la verdad, santos que sugieren la sabiduría del amor. La historia ha sido demasiado frecuentemente una imagen de la sangrienta corriente. La historia de la civilización es un registro de lo que ha ocurrido en las riberas.

Eso es lo que hace un pueblo. Hugo Chávez, con todas sus pretenciosas ínfulas de una intelectualidad de la que carece, es alérgico a la civilización. LEA

_________

Para descargar este artículo en .pdf: Celebración de un abuso homicida

Share This:

El récipe del Dr. Keller

Una idea dura más que una estocada

True, This! —
Beneath the rule of men entirely great,
The pen is mightier than the sword. Behold
The arch-enchanters wand! — itself a nothing! —
But taking sorcery from the master-hand
To paralyse the Cæsars, and to strike
The loud earth breathless! — Take away the sword —
States can be saved without it!

 

Edward Bulwer-Lytton
Richelieu or The Conspiracy
………

 

La pluma es más poderosa que la espada es un tópico literario acuñado por el autor inglés Edward Bulwer-Lytton (The pen is mightier than the sword), como una metonimia para indicar que hace más daño un escrito bien concebido y dirigido contra un punto débil del adversario, que una estocada. Se usa habitualmente para referirse a la primacía de los recursos literarios sobre los militares, o de la inteligencia sobre la fuerza (de un modo similar al refrán castellano más vale maña que fuerza). Aunque la forma de expresarla es original, la idea de que la expresión escrita o, en general, cualquier forma de comunicación, sobrepasa en eficacia a la violencia tiene muchos precedentes. La expresión cuarto poder con el que se compara a la prensa con los tres poderes clásicos del Estado comparte gran parte de ese sentido.

Wikipedia en español

_________________

 

En mayo de 1998 asistí a una reunión de análisis en el bufete de Humberto Bauder Fontúrvel, donde expuse mi argumentación sobre la conveniencia de la constituyente. Con metáfora informática, dije que el “sistema operativo” del Estado venezolano no funcionaba bien y había que instalar uno nuevo. (No se pasaba de Windows XP o Vista a Windows 7 poniendo remiendos al sistema más antiguo, sino dominándolo con la superposición del nuevo). El “constituyente ordinario” (el Congreso de la República) quedaría excedido en sus facultades, puesto que él mismo era creación de la constitución que había que sustituir enteramente con nuevos conceptos constitucionales. Ante esta declaración, Corina Parisca de Machado, presente en aquella sesión, encontró virtud en el planteamiento, al suponer que “le arrancaría una bandera a Chávez”. Admití ese efecto colateral beneficioso, pero recalqué que la constituyente debía operar aunque Chávez no existiera. De más está decir que si se hubiese seguido ese camino, la constituyente habría sido muy distinta de la que Chávez terminó convocando.

Corina Parisca se convirtió en entusiasta defensora de la noción, y me invitó a exponerla a su esposo, el importante industrial Henrique Machado Zuloaga, poco después de la reunión en el Escritorio Bauder. La Sra. Machado se animó, incluso, a promoverme, al decir a su marido: “Cuando ya 56% de los venezolanos quiere constituyente es hora de abrazarla. Tenemos que ayudar a Luis Enrique, porque no sabemos si lo que detendrá a Chávez es un acorazado, un cuerpo de ejército o un indiecito con una flecha”. Yo era el indiecito; la versión tropical de David, armado únicamente de una honda y una piedra, enfrentado al gigante Goliat.

El asunto quedó pendiente, hasta que llegó una fecha patria no laborable: el 24 de junio de 1998, día de la Batalla de Carabobo. A las 3 de la tarde quedamos convocados, además del suscrito, Pedro Carmona Estanga, José Rafael Revenga, Beatriz De Majo y el encuestador Alfredo Keller para discutir la situación política, en momentos cuando ya se veía con claridad que, de no ocurrir un milagro, Hugo Chávez sería el nuevo Presidente de la República. Entretanto, Salas Römer cabalgaba ese mismo día acompañado de su montonera electoral.

El anfitrión abrió fuegos sintéticamente: mientras Chávez subía en las encuestas, la cotización del bolívar bajaba. La economía rechazaba a Chávez; era preciso diseñar “una campaña inteligente, profunda y con mucho real” para detenerlo. Carmona Estanga añadió indicadores económicos que corroboraban lo dicho por Machado, y entonces los “políticos” presentes presentaron su evaluación.

De Majo dijo que era imposible que la candidatura copeyana de Barbie Sáez repuntara para ganarle a Chávez; Revenga emitió el mismo pronóstico para la candidatura de Alfaro Ucero, que aún estaba vigente. Keller apeló a sus mediciones para pronosticar—¡horror!—que tampoco Salas Römer podría parar el ascenso de Chávez y sería derrotado. Entonces propuso: “Yo auparía a una contrafigura de Chávez que fuera capaz de vencerlo con argumentos, aunque esa persona no vaya a ser candidato”. Keller daba a entender con esta última condición que Salas Römer ya estaba montado en el burro—¿caballo?—y que no convendría improvisar una candidatura de última hora. Al terminar su exposición, clavó en mí su mirada.

Tal vez Alfredo Keller no me diga nunca si pensaba en mi persona como capaz de hacer la tarea que había delineado; lo cierto es que mi tono extraña y escarmentadamente modesto de esa tarde me impuso no postularme para la misión, e intervine por la salida lateral de hablar una vez más acerca de la necesidad de promover un proceso constituyente, lo que no fue atendido por los circunstantes. Por un minuto, se examinó perentoriamente dos posibles contrafiguras que pudieran debatirle a Chávez: Alberto Quirós Corradi y Elías Santana, que no causaron mucho entusiasmo. La proposición de Keller ya no estaba sobre la mesa.

(Del libro Anticrisis: Memorias imprudentes).

……..

El trabajo político primario consiste en identificar algún problema público y prescribir el mejor tratamiento posible. El político que ejerce su profesión como un arte de carácter médico no siempre puede aplicar directamente el tratamiento que estima preferible, pero está obligado a formularlo y darlo a conocer públicamente.

Resulta obvio que el más grave de los problemas públicos en Venezuela es la presencia invasiva del chavoma, un proceso político canceroso que puede ser descrito en sus rasgos más sobresalientes del siguiente modo (redacción de diciembre de 2002):

…el gobierno presidido por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario [a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación], al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto.

Seguramente será el resultado de las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, previstas para el domingo 12 de febrero, la emergencia de Henrique Capriles Radonski como el candidato presidencial de esa alianza partidista. Aunque en este blog se ha descreído de la capacidad de Capriles para constituirse en contrafigura—you can’t fight somebody with nobody—, no es enteramente imposible que baste para triunfar lo que pudiera ser su oferta central: que su presidencia tendrá como norte principal el alivio responsable de la pobreza y representaría la paz.

Pero es muy probable que el 12 de febrero se eligiera un Salas Römer—otro Henrique y, al decir de Leopoldo Baptista Zuloaga, ese nombre escrito con hache denota gente de real—, y entonces el récipe del Dr. Keller, desatendido en 1998, continuaría siendo muy indicado. En cualquier caso, convendría apoyar a quien pueda hacer la tarea de refutar el discurso de Chávez, a quien se acusa todos los días sin rebatirlo. LEA

_________

Share This:

Infidencias riesgosas

Escultura de Regina Silveira (Porto Alegre, Brasil, 1939)

Propongo una situación de causa-efecto totalmente imposible entre un pequeño santo popular y su sombra fantasmagórica. El pequeño santo de madera representa a Santiago Apóstol (El Matamoros) sobre su caballo blanco, patrono militar de la América Española en los tiempos del Descubrimiento. La sombra distorsionada de la figura a caballo con espada en mano proviene de la imagen en silueta de un monumento ecuestre del escultor modernista brasileño Victor Brecheret, actualmente en la plaza Princesa Isabel en São Paulo. El monumento representa al Duque de Caxias, patrono militar brasileño y comandante en jefe de la Triple Alianza que a mediados del siglo XIX unió Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay y los llevó a una guerra sangrienta que prácticamente destruyó aquel país, dejando huellas que perduran hasta hoy. La paradoja de la sombra que es distinta a lo que la origina, y que a la vez conecta figuras de dos jefes militares con actuaciones históricamente discutibles, me ha posibilitado unir tiempos y geografías distintas, y comentar las relaciones seculares de poder que militarismo y religión han mantenido en este continente.

Regina Silveira

____________

Después del 26 de septiembre, el presidente Chávez se fue a Cuba para regresar con una obsesión nueva: anticipar el futuro. Así, todas las salas situacionales se ocupan ahora de la “prospectiva”. (…) La temática del análisis está centrada sobre la previsión de una explosión social que el oficialismo juzga harto probable, a partir de los datos que maneja sobre la miríada de protestas que ha emergido en el país. (A menos que la población “continúe” siendo sumisa. Para asegurar esto último los analistas gubernamentales se ocupan también de imaginar nuevos métodos de control social).

Blog de Dr. Político

Runrunes prospectivos, 26 de noviembre de 2010

__________________________________

Protegeré el secreto de lo que se me confíe como tal, a menos que se trate de intenciones cuya consecuencia sea socialmente dañina y yo haya advertido de tal cosa a quien tenga tales intenciones y éste probablemente las lleve a la práctica a pesar de mi advertencia.

Luis Enrique Alcalá

Código de Ética Política

________________

 

La llamada decembrina y nocturna, out of the blue, llamó mi atención. Era de un conocido con quien no tenía intercambio desde hacía bastante tiempo. Me dijo que quería reunirse conmigo a conversar, advirtiéndome que esto tendría que ser en el nuevo año pronto a comenzar, pues ahora se iba de viaje. Alguna extrañeza me causó la conjunción de la persona, la hora algo avanzada y el peculiar anuncio con más de un mes de anticipación, pero no pensé más en el asunto.

Luego llamó una tarde comenzando el mes de febrero, y entonces esbozó vagamente el motivo del contacto. “¿Te acuerdas de los estudios prospectivos—preguntó—que hacíamos a fines de los setenta? Bueno, yo creo que la situación nacional es muy preocupante, y conviene hacer uno ahora para prever qué va a pasar”. Indicó que me llamaría de nuevo para precisar la oportunidad de reunirnos y comparar notas.

Pasó otro mes antes de que me invitara a merendar, un día cuando ambos teníamos, casualmente, dos horas libres en nuestras respectivas agendas. Lo que sigue es el contenido principal y curso de nuestra conversación.

Hubo los consabidos planteamientos preliminares; por ellos me enteré de la relación profesional amistosa que había tenido—no indicó que continuara a estas alturas—con un importante funcionario del gobierno del presidente Chávez, de cómo le había hecho un favor, ayudando a clarificar una cierta circunstancia en gestión personal ante el Presidente. El funcionario en cuestión hizo carrera militar y hoy está en situación de retiro. Supongo que está muy agradecido de los buenos oficios de mi interlocutor.

Luego hizo una declaración en la que establecía una conexión entre las meritorias acciones burocráticas de ese personaje y las presuntas capacidades del suscrito, y dijo: “Por eso es que estoy ahora contigo, para la cooperación, la colaboración”. Esto cerró el preámbulo.

Entonces pintó un cuadro de conflictividad creciente, señalando que el número de las protestas sociales crecía y podía esperarse una explosión. “Sí”—le dije. “Eso mismo teme el gobierno”—recordando Runrunes prospectivos—. “Algunas protestas son espontáneas y otras son fabricadas”, a lo que respondió: “¡Claro! ¡Fabricadas por el gobierno, que tiene interés en cogerse todo el coroto con el pretexto del caos social que él mismo fabrica!” Y disparó, acto seguido, la pregunta cuyo destino era el establecimiento de la premisa mayor que quería fijar: “Dime una cosa: ¿tú crees que Chávez va a entregar el gobierno por las buenas?”

De inmediato contesté que, en efecto, sí creía que lo haría; contestar contrariamente me hubiera hecho inconsistente. El 8 de febrero de este año había escrito acá en Neurochaparrón: “No habrá fraude electoral. Hugo Chávez es de temperamento épico. Eso significa que le importa mucho cómo será recordado por la historia. No quiere ser recordado como un hombre que retuvo fraudulentamente el poder. (…) No habrá fraude electoral. Quien gane o pierda en 2012 habrá ganado o perdido en realidad”. Era una respuesta que no esperaba.

Intentó manejar la sorpresa buscando persuadirme de que Chávez nunca entregaría el poder por las buenas, y la primera “prueba” que adujo fue un estudio de la personalidad de Chávez que habrían producido psiquiatras y psicólogos cuyos nombres no fue capaz de aportar, preguntándome si yo lo conocía. Le aseguré que sí y que sabía, no de uno, sino de varios; desde un temprano bosquejo elaborado en 1999 por la difunta María Josefina Bustamante, pasando por el análisis de Franzel Delgado Senior, hasta varios otros en la misma vena. “Yo mismo he escrito sobre el tema—le expliqué—, siguiendo la caracterización de Owen de una personalidad hibrística, e hice notar que Chávez llena, no los cuatro signos requeridos en una enumeración de catorce ítems distintivos de esa personalidad, sino todos los catorce”. (Reseña de libros, 18 de septiembre de 2008). “Pero de allí no se desprende que Chávez no entregaría su cargo si pierde en las elecciones”, concluí.

Su segunda aproximación retornó a la técnica inquisitiva: “¿Quién influye sobre Chávez?” “Un bojote de gente”, contesté. “Sí, pero ¿quién influye más?” “Bueno—le dije—, Fidel Castro”. “Exactamente—repuso creyéndose triunfante—; Castro lleva más de cincuenta años de dictadura y es un desgraciado”. Como no sólo él conoce la utilidad retórica de las preguntas, pregunté a mi vez: “Y ¿cuántos muertos y torturados cargaban sobre la conciencia de Castro en sus primeros doce años, que es lo que Chávez lleva mandando? En el primer año y medio de Castro en el poder ya no quedaban empresas privadas de alguna significación en poder de sus dueños”. (Retóricamente hablando, conviene blindar una pregunta con una afirmación que la siga; dejarla suelta puede conducir a una derrota argumental). “Para allá vamos”, atinó a oponer. “Es posible—respondí—, pero Chávez no es Castro”.

Todavía hizo un intento más, y quiso ofrecerme una interpretación del gobierno chavista que prometía ser exhaustiva. Entonces le interrumpí diciéndole que no perdiera tiempo, que la política es mi profesión y mi vida, que vivo en Venezuela y estoy bastante bien informado de lo que en ella ocurre, que el carácter del reo es bien conocido desde el 4 de febrero de 1992. De inmediato aproveché la ventaja de esta posición para decirle: “Está claro que tu pregunta inicial era para establecer, como premisa mayor de lo que querías plantearme, que Chávez no entregaría nunca el poder por las buenas y, por tanto, tu conclusión iba a ser que había que sacarlo por las malas”. En eso llegaron los croissants, los jugos y los cafés que habíamos ordenado, admitió que eso era exactamente lo que quería sugerir y comenzó a comer.

………

La pausa alimenticia me permitió hacer una declaración de principios cum narración; mientras él masticaba yo hablé.

A comienzos de febrero de 2002, más de dos meses completos antes del Carmonazo, explicaba al periodista Ernesto Ecarri (El Universal) que, en efecto, existía un derecho de rebelión. Ecarri había querido tomar mi opinión en momentos cuando se componía una baraja de modos para salir de Chávez: constituyente, proponía Herman Escarrá; petición de renuncia, exigían varios; enmienda constitucional de recorte del período presidencial, promovía ingenuamente Primero Justicia.

Expuse a Ecarri que la definición más clara del derecho de rebelión estaba contenida en la Declaración de Derechos de Virginia, cuya tercera cláusula reza: “Cuando quiera que cualquier gobierno fuere encontrado inadecuado o contrario a esos propósitos [el beneficio común, la protección y la seguridad del Pueblo, la Nación o la comunidad], una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrenunciable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, en manera tal como sea juzgado más conducente al bien público”. Ecarri publicó esta cita.

Pocos días después escribía Jorge Olavarría (Q. E. P. D.) dos artículos de prensa bajo el título Derecho de rebelión, pero su prescripción era la de un golpe de Estado clásico: unos agentes con poder depondrían al gobernante y explicarían al país en un manifiesto los motivos de su acción. Luego fue a Televén el viernes 22 de febrero de 2002 a exponer la misma cosa en un espacio de entrevistas del noticiero del mediodía. Entonces me preocupé, y logré que Carlos Fernandes me convocara a una edición de su programa (Triángulo) para el lunes 25, cuando expuse: que el derecho de rebelión era exclusivo derecho de la mayoría de la Nación; que era doctrina constitucional venezolana (19 de enero de 1999) que el Poder Constituyente Originario no estaba limitado por la Constitución, que sólo constreñía a los poderes constituidos; que si una mayoría de los venezolanos firmaba un acta que declaraba abolido el gobierno, éste lo estaría de pleno derecho.

Las consideraciones que anteceden suscitaron un interés momentáneo, y una de sus manifestaciones fue que la revista Zeta me pidiera un artículo sobre el concepto de abolición. Escribí el artículo el 3 de marzo de 2002, casi cuarenta días antes del 11 de abril, y en él puse, algo proféticamente:

“…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el Cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia”.

Quien me había invitado a merendar—y pagaría—estaba a punto de consumir el resto de su croissant y apuré el paso. (No había tocado el mío). “La política es mi profesión, y la entiendo como un acto médico, no quirúrgico”, declaré. “Los medios clínicos deben agotarse por completo antes de pensar en cirujanos”. Entonces di mi primer mordisco de la tarde.

Mi acompañante no atinaba a refutar lo que le había expuesto, y pude proseguir: “Hay algo que no se ha hecho nunca, y esto es colocar en juego una contrafigura competente y eficaz, capaz de dar un revolcón argumental a Chávez en una campaña por la Presidencia de la República. Los gringos dicen: You can’t fight somebody with nobody. Por eso es el modo serio y responsable de encarar la cuestión la determinación de, por un lado, si hay alguien capaz de ganarle a Chávez en el debate electoral y también, porque es lo más importante y no es lo mismo que lo anterior, si esa persona sería un jefe de Estado idóneo. Si la respuesta es positiva en ambos puntos, el resto es cuestión de ingeniería: cómo llevar a la posición de campaña a esa persona desde la ubicación que ahora tiene”.

Seguí comiendo. Mi interlocutor calló unos minutos y después aventuró uno o dos nombres que le gustaban como candidatos, ambos de la vieja política partidista e ideologizada. Los negué por esa misma razón. Luego pasamos a preguntar cómo estaban nuestros respectivos familiares y el pidió la cuenta que, previsivamente, revisó en detalle, para encontrar que se había cargado el precio de una botella de agua mineral que ni habíamos pedido ni consumido. Advirtió a la mesonera y pagó lo estrictamente justo.

………

A la salida de la panadería-pastelería me dijo: “Yo lo que creo es que el que debe suceder a Chávez es un militar”. Aquí sí me puse obstinado y repudié, quizás demasiado enfáticamente, esa posibilidad: “No creo en soluciones homeopáticas, en curar la enfermedad con enfermedad. No puede prescribirse de antemano, además, que el candidato debe ser civil o militar, mujer u hombre, universitario o lego. Repito: busca quien pueda ser a la vez un jefe de Estado competente y capaz de revolcar a Chávez en la disputa electoral de los discursos, capaz de convencer a los electores. Ninguna otra idea es seria”.

Ya en mi casa me preguntaba si él tenía en mente un militar en particular. ¿Sería el que me había mencionado al principio, en aparente comentario casual? Entonces me reconvine por mi apresuramiento; al matarle en la mano el gallo de su premisa, al no haber preguntado qué militar concreto podía ser el sucesor que prefería, posiblemente dejé de enterarme del chisme del año: la identidad del funcionario del gobierno que conspira para sacar a Chávez por las malas. LEA

________________________________

 

Share This:

Cierre de un año trágico

Los padrinos y el cura del 5 de marzo: el bautizo de un golpe de Estado en La Esmeralda

Con la sola excepción de Teodoro Petkoff, que repudió públicamente el decreto de constitución del gobierno usurpador de Pedro Carmona Estanga poco después de que fuera promulgado, ningún dirigente de oposición ha marcado distancia del golpe de Estado del 12 de abril de este año. De modo indirecto, Primero Justicia es el único partido que se distanciara, al expulsar de sus filas a Leopoldo Martínez en cuanto se supo que había aceptado un puesto en el gabinete ministerial de Carmona. Mientras los partidos y sus dirigentes no pronuncien una explícita condena de lo acontecido el 12 de abril, que tiñó con la sospecha un gigantesco movimiento civil manipulado por los golpistas, no podrán recuperar la confianza del Pueblo.

En el día de hoy, el último del año, el suscrito recibió un correo electrónico de Jorge Olavarría en el que este amigo solicitó: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llama “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él dice Olavarría que deponer a Chávez militarmente no puede ser tenido por acción subversiva y recomienda un gobierno militar de transición.

La contestación del suscrito se copia a continuación:

Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.

 No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…”

Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…”

Como escribí en marzo en un artículo que me solicitara Poleo:

Pocos días después de la reseña de El Universal, Jorge Olavarría de Tezanos Pinto retomó el punto en dos emisiones de su columna en El Nacional (así como en intervenciones televisadas), sólo que en su opinión tal derecho sería la fundamentación de un golpe de Estado clásico, y prescribía algunos ingredientes del mismo, como el inevitable manifiesto de los golpistas. Acá quiero marcar diferencia respecto de la posición de Olavarría: el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

Y también en el mismo artículo: “En detalle, nosotros mandamos que cese el patológico y folklórico paso de Chávez por el gobierno y de ese modo autorizamos a la fuerza armada de este país para que retire a ese ciudadano de Miraflores, en caso de que ni siquiera ante tal mandato expreso el alucinado personaje consienta en bajarse de la silla. Ése sí sería entonces un derecho de rebelión conferido por nosotros a quienes—los militares—sí se encuentran, como súbditos, en situación de subordinación y obligación de obediencia”.

Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

 Admito que este planteamiento se ha limitado estrictamente a una consideración de principios. Los aspectos prácticos del asunto constituyen, naturalmente, discusión aparte.

Recibe un saludo muy cordial

Luis Enrique

………

La nota en El Universal (3 de febrero) a la que se hace alusión es la combinación de sendas entrevistas de Ernesto Ecarri a Ángel Álvarez y el suscrito. Ecarri se interesó en el artículo citado de la Declaración de Derechos de Virginia que yo le proporcionara, publicándolo de modo destacado, y Jorge Olavarría publicó de seguidas dos artículos sucesivos con el título Derecho de rebelión, así como fue al noticiero de Televén a predicar su punto de vista. Esto suscitó mi preocupación, y logré que Carlos Fernandes, periodista de esa planta, dedicara una de las ediciones de Triángulo, el programa que conduce, al tema de ese derecho el lunes 25 de febrero de este año que concluye. Fue la primera vez que formulara en público la noción de un Acta de Abolición. A raíz de esta intervención, fui entrevistado al día siguiente por Marta Colomina, quien escribió un artículo que apoyó la iniciativa el domingo 3 de marzo. Finalmente, Rafael Poleo me pidió ese mismo día un artículo para la revista Zeta, que publicó a la semana siguiente. He extraviado el texto completo; de él sobreviven sólo los fragmentos que cité en mi contestación al correo de Olavarría. Vista en retrospectiva, fue profética la mención del elenco de Carmona, Velasco, Ortega y Rincón. Ellos fueron, al mes siguiente, protagonistas principalísimos del golpe del 12 de abril.

El daño que este golpe de Estado, del que Carmona fuera mascarón de proa, infligió a la sociedad civil venezolana que él traicionó, persistirá hasta que el silencio alcahuete de la dirigencia opositora se transforme en activa condena.

LEA

_________

Share This: