por Luis Enrique Alcalá | Abr 14, 2007 | LEA, Política |
Ayer ocurrió la celebración de las bodas de madera de la deposición de Hugo Chávez Frías, del 11 de abril de 2002. Como era de esperarse, éste presidió un enésimo acto de los que gusta dirigir, y por supuesto quiso monopolizar el significado de la fecha, presentándolo deformadamente. Como era de esperar, se cuidó de rememorar la hipócrita mansedumbre con la que regresó al poder, ofreciendo conciliación, rectificación y cristiana contrición. Sus actuales coordenadas distan mucho del susto que recibió por aquellos días.
Es así como, para fines estrictamente circenses y oportunistas, y a cinco años de unos eventos que jamás han sido clarificados por una nonata «comisión de la verdad», se imputa ahora a cuatro miembros de la Guardia Nacional por una de las muertes, alrededor de un centenar, de aquel fatídico día.
Chávez, es lo que se expone en el artículo que sigue, provocó los acontecimientos del 11 de abril de 2002, los deplorables como los meritorios, con su insolencia y su arbitrariedad, rasgos que en él se han consagrado como técnicas de gobierno.
Pero también hubo, el 11 de abril de 2002, otra tragedia, otra insolencia y otra arbitrariedad más hipócritas. Y ésas fueron las que protagonizaran unos conspiradores antichavistas cuya cabeza visible era el Presidente de Fedecámaras de la época, Pedro Carmona Estanga. A estas alturas, hasta la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos ha permitido conocer documentos de su Agencia Central de Inteligencia, que dan cuenta de la existencia de esa conspiración y del conocimiento del gobierno norteamericano de lo que se preparaba. Por ejemplo, un Informe Ejecutivo Senior del 6 de abril de 2002 advertía: “Para provocar una acción militar, los conspiradores pueden tratar de explotar el descontento que surja de manifestaciones de la oposición programadas para más adelante en el mes o de huelgas en curso en la compañía petrolera estatal PDVSA”.
Detrás de todo el asunto operó, sin hacerse explícita, una justificación jurídica para las arbitrariedades que, el día 12 de abril, se expresarían en el decreto que leyera Daniel Romero (asistente y representante de Carlos Andrés Pérez), y que fuera refrendado voluntariamente por, entre otros, Manuel Rosales. El 26 de julio de 2001 el abogado Oswaldo Páez Pumar había sostenido, ante la asamblea de Fedecámaras que eligió en Margarita a Carmona como su presidente, la peregrina idea de que la Constitución vigente era la de 1961, puesto que ésta establecía en su artículo 250 que no podría ser derogada por “otro medio distinto del que ella misma dispone”, y una constituyente no estaba contemplada en esa constitución. En verdad, el texto de 1961 ¡no dispone de absolutamente ningún medio para derogarlo! Su artículo 250 se refería a algo inexistente.
A pesar de esta inconsistencia, la tesis de Páez Pumar confirió tranquilidad de espíritu a Carmona para volar de un plumazo la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, aunque el pretexto de su asunción era un tal “vacío de poder” que, en todo caso, sólo afectaba a la cabeza del Ejecutivo Nacional.
El experimento usufructuado brevemente por Carmona hizo un enorme daño a la oposición venezolana a Chávez, del que todavía no se ha recuperado plenamente.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 12, 2007 | Cartas, Política |
En “Para leer mientras sube el ascensor”, colección de textos humorísticos del español Enrique Jardiel Poncela, se encuentra una narración muy preocupante. Dos amigos discuten. Uno de ellos ha propuesto la siguiente descripción: “El hombre lleva siempre a la fiera atroz en su interior”. El otro se opone a tan cínica tesis.
La discusión lleva a una apuesta. Quien sostiene la tesis asegura que logrará hacer surgir tal bestia de dos tranquilos viejecitos, que conversaban sentados en un banco de un parque protegidos por una verja de hierro. Allí va a molestarles, llamando su atención con un bastón y constantes gritos: “¡Eh, fieras!”
Al principio, los ancianos respondían con gran paciencia y dulzura, siempre con calma, y argumentaban que puesto que sólo eran dos ancianos inofensivos se les permitiese conversar en paz. Al final, luego de un larguísimo período de hostigamiento, los ancianos rugían, echaban espuma por la boca, mordían los barrotes de la verja y amenazaban con la peor de las muertes a su torturador. Asunto demostrado.
El cuento viene al caso porque sobre el 11 de abril de 2002 hay más de una interpretación y, más fundamentalmente, porque varios procesos coexistieron en paralelo ese día. Esto es, no hay una explicación lineal, unidimensional, del 11 de abril. Pero aun si lo que hubiera ocurrido fuese tan sólo lo que el gobierno de Chávez pretende vender como única verdad, que el 11 de abril solamente ocurrió un golpe de Estado en Venezuela, esa ocurrencia sería resultado de las pasiones que Hugo Chávez procuró muy bien excitar por todos los medios a su alcance. Hugo Chávez estuvo buscando la fiera atroz que anidaría, Jardiel Poncela dixit, en el alma de cada venezolano, desde el instante mismo que tomó posesión del gobierno y aun mucho antes. Por bastante menos de lo que hasta entonces había hecho Chávez, muchos presidentes recibieron, en Venezuela y el mundo, un golpe de Estado.
A su asunción de la Presidencia de la República de Venezuela, Chávez contó con un amplificador de gran potencia para su particular interpretación de lo político. En el acto mismo de prestar juramento ya evidenció mezquindad e inclemencia al referirse al libro sobre el que juraba como constitución moribunda. Dos días más tarde, al cumplirse siete años de su rebelión de febrero de 1992, exaltaba esa intentona violenta y atemorizaba a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Como se ha contado acá varias veces, poco después, en su primera alocución desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, y ante un auditorio lleno de personalidades, ofrecía a un conocido empresario de televisión venderle un carro blindado del que el gobierno se desprendería dentro de un programa de austeridad fiscal, propósito que, como sabemos, duró muy poco. La directa implicación era que el empresario aludido podría necesitar el vehículo para la protección de su vida.
El amedrentamiento ha sido arma favorita de Chávez durante todo su período, y desde su mismo inicio. Más de una de esas reuniones televisadas desde el Salón Ayacucho parecía atenerse a un estilo de gobernar en corte, como si se tratara del más absoluto de los monarcas franceses tomando decisiones sobre la marcha y delante de todo el mundo, sin discreción alguna, muchas veces para vergüenza de los involucrados.
Pero al estilo versallesco de decidir enfrente mismo de los cortesanos, Chávez ha añadido el poder intimidante de una cámara de televisión, clavada sobre el semblante de la persona a quien pudiera ocurrírsele aludir directamente. Por ejemplo, con motivo de la primera reestructuración de la plana mayor de PDVSA, Chávez se dirigía al país desde el centro del estrado, mientras a su lado derecho observaba, entre otros, el recién nombrado presidente de la compañía, Roberto Mandini. Éste último no estaba conforme con el candidato que Chávez quería imponer en PDVSA Gas, Domingo Marsicobetre. Chávez forzó una transmisión televisada al país para informar acerca de la reestructuración de autoridades en PDVSA y, ante las cámaras de televisión, dijo que todavía no había acuerdo respecto de quien dirigiría PDVSA Gas. “Hemos hablado de un nombre… ¿No es así, Mandini? ¿Marsicobetre, no?” El acosado Mandini, sabiéndose enfocado por la cámara, y sin atreverse a contradecir al Presidente de la República ante los ojos de la Nación, capituló allí mismo.
Hugo Chávez gobierna con el descaro de quien considera importante exhibir el poder que tiene. En sus comunicaciones siempre hay un reto a alguien, muchas veces de un modo muy directo. En su lenguaje, una propensión a la procacidad, un desprecio por las formas y el protocolo. Una significativa porción del rechazo que Chávez provoca tiene que ver con este lado formal de sus expresiones, con su gesticulación, su imprudencia, su informalidad, con, en suma, su mala educación.
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Pero, por supuesto, para abril de 2002 no era una añoranza de la urbanidad perdida en la Presidencia de la República lo que más preocupaba a la inmensa proporción de venezolanos que ya consideraban a Chávez completamente inconveniente. Eso habría sido sólo criticar al lobo, no porque se comiera al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos. Para la época del “carmonazo” un abultado prontuario de desaguisados del gobierno, más la exacerbación intencional de la psiquis nacional, había llevado el rechazo a niveles de paroxismo. Ya Chávez había exhibido suficientemente, más allá de la conducta y empaque de baladrón, su preferencia por relacionarse con dictadores o terroristas y su inequívoca tendencia autoritaria. La primera versión del decreto para el referéndum que daría origen a la Constituyente de 1999 es emblemática en materia de tentaciones totalitarias. La redacción estipulaba que los venezolanos depositaríamos en las manos de Chávez un cheque en blanco para que él determinase a su antojo todo lo concerniente al referéndum. Era tan evidente la construcción autoritaria que la Corte Suprema de Justicia pudo forzar la reformulación del decreto, gracias a recurso introducido por Gerardo Blyde, que con este hecho llegó por vez primera a la conciencia nacional.
Salvo ese momento estelar de la oposición, el resto de su actuación fue ineficaz. Para las elecciones de 2000, aparentemente necesarias como relegitimación dentro de un nuevo marco constitucional, la oposición fue incapaz de oponer a Chávez nadie mejor que Francisco Arias Cárdenas, otro golpista de 1992, con la esperanza de que en política, como en carpintería, nada sería más eficaz que una cuña del mismo palo, a pesar de que de ese modo se absolvía la culpa de la criminal insurrección del 4 de febrero.
Después de esas elecciones, en las que Chávez ganó con la mayor facilidad ante el gris y poco carismático Arias Cárdenas, la oposición cayó en el estupor una vez más. Sólo quedaba esperar que Chávez cavara su propia fosa. Entretanto, las esperanzas se cifraban en cualquiera que emergiese como opositor, así fuera alguien que hubiera tenido responsabilidad destacada en la llegada de Chávez al poder o en el inicio de su gobierno. (Alfredo Peña, Luis Miquilena, Alejandro Armas, Guaicaipuro Lameda, etcétera). Miquilena se convirtió en líder respetado por la oposición a su salida del gobierno a comienzos de 2002, a pesar de que no hacía mucho que hubiera preguntado con sorna: “¿La sociedad civil? ¿Con qué se come eso?”
Fue justamente esa incomible “sociedad civil” la que produciría las condiciones que llevaron al efímero derrocamiento de Chávez el 11 de abril de 2002. La sociedad civil o, más propiamente, las más activas entre las organizaciones no gubernamentales que no formaban parte del diseño chavista, habían marcado algunos logros tempranos en el largo proceso de oposición al gobierno de la “Quinta República”. Por ejemplo, Elías Santana y Liliana Ortega, las cabezas visibles de Queremos Elegir y COFAVIC (Comité de Familiares de las Víctimas del 27 y 28 de febrero), tuvieron éxito en producir la suspensión momentánea de las elecciones pautadas para el 28 de julio de 2000.
Al calor de estos hechos, y ante la obvia ineficacia de la convencional acción partidista, estos líderes y otros más comenzaron a arreciar su oposición y a establecer algunas instancias de coordinación. Para estos fines contaron con el apoyo de los principales medios de comunicación, constantemente vapuleados por Chávez. Igualmente se les sumaba la Iglesia Católica, cuya jerarquía había sido también objeto de ataque público por parte del Presidente. No menos importantes, Fedecámaras y la CTV se ubicaban en franca oposición al gobierno. Esta última había protagonizado, antes del paro empresarial de diciembre de 2001 (en protesta por los frutos de la primera ley habilitante), la primera derrota evidente del chavismo, cuando la plancha oficialista que encabezaba Aristóbulo Istúriz recibiera una verdadera paliza en las elecciones de la central de sindicatos.
Cada uno de estos sectores, el empresarial, el sindical, el comunicacional, el eclesiástico, el cívico, tenía algo que reclamar de modo directo, vilipendiados como habían sido por la verborrea agresiva e incesante de Hugo Chávez. Los ancianos del parque estaban fuera de sí.
No podía faltar en el concierto opositor un sitio privilegiado para el estamento militar. El malestar en el seno de las fuerzas armadas—Fuerza Armada en el prurito nominalista del chavismo—había ido in crescendo desde que el gobierno les hubiera colocado en funciones ajenas a la suya propia con el Plan Bolívar 2000. Pero también hacía mella profunda la dudosa relación del gobierno con los movimientos guerrilleros colombianos, la presencia de asesores cubanos de seguridad, la figura de José Vicente Rangel como Ministro de Defensa, la distorsión de la meritocracia castrense en aras de un control “revolucionario” de los puestos de comando y el soborno y corrupción de la oficialidad. Los militares venezolanos comenzaron a escuchar, insistentemente, peticiones cada vez más apremiantes de que interviniesen para asegurar la caída de Chávez.
Los militares resistieron el embate por un buen tiempo. En general, argumentaban que el problema era esencialmente civil, que el voto civil había colocado a Chávez en la Presidencia de la República y que era la sociedad civil la que debía producir un inequívoco rechazo, el que a fines de 2001, a pesar de que las encuestas revelaban por primera vez una mayoría del país en oposición a Chávez, no era aún absolutamente convincente. Llegado el caso de una manifestación muy explícita, los militares podrían considerar la intervención. Con no poca razón, la oficialidad asediada aducía que no era su función enderezar un entuerto que era propiedad de los civiles.
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No fue sino hasta el mes de enero de 2002 que pudo cuajar la convicción de que Chávez era derrotable, de que su salida era posible aun antes de que venciera su período presidencial. La gran marcha del 23 de enero de 2002 así lo demostró.
Chávez hizo todo lo posible por minimizar la significación de la marcha, que hasta el 11 de abril fue la mayor manifestación pública escenificada en Venezuela. Desde prohibir el sobrevuelo de helicópteros en intento de impedir que los medios de comunicación pudieran mostrar su verdadera magnitud, hasta su mentira directa y patética al comparar el tamaño de la concentración opositora con el de la de sus partidarios. Previamente había buscado negar la importancia de la efeméride, preguntando qué era lo que había que celebrar en esa fecha. El país no cayó en el engaño, sin embargo, y todo el mundo supo que Chávez, por primera vez, había “perdido la calle”.
Casi un mes después, cuando quiso conmemorar, primero el 4 y luego el 27 de febrero—robándole la idea a Salas Roemer—las cámaras de televisión mostraban a un Chávez acompañado de una rala asistencia que no llegaba a quinientas personas. Chávez, el otrora invencible guerrero de boca suelta y actitud desafiante, empezaba a dar lástima. Los perros de presa de la oposición ya estaban oliendo sangre y el país daba por caído el régimen de Chávez. Sólo faltaba saber cuál sería la forma del desenlace definitivo. El anuncio de un “pacto de gobernabilidad” entre Fedecámaras, la CTV y, de alguna manera, la Iglesia, era muestra de que todo temor había desaparecido.
Chávez procuró a última hora recuperar la eficacia de su táctica de amedrentamiento. Lina Ron tuvo éxito, con agresiones físicas que causaron heridos entre estudiantes y periodistas, en desorganizar una marcha de protesta que pretendía salir de la Universidad Central de Venezuela. Cuando la OEA envió a su Relatoría de la Comisión de Derechos Humanos a investigar las agresiones a medios y periodistas, un peculiar personaje atacó a un camarógrafo de televisión, para aparecer minutos después, atravesando por detrás de la figura de Diosdado Cabello, Vicepresidente de la República, en un acto transmitido desde el propio Palacio de Miraflores. Pero estos abusos sólo sirvieron para acrecentar el creciente tsunami de oposición.
Como sabemos, el hilo conductor del cívico asalto final fue montado a raíz del intento de someter a PDVSA a los designios de una junta directiva que violentaba los tradicionales principios meritocráticos de la industria. Los empleados de PDVSA cerraron filas en protesta, y el domingo 7 de abril, de la manera más insolente, Hugo Chávez despedía públicamente, ante una corte radiofónica, a los más notorios gerentes de la empresa. La CTV convocó a paro general.
El 11 de abril de 2002 se reunió la más grande concentración humana que se haya visto en Venezuela en torno a las oficinas de PDVSA en Chuao. Un descomunal río de gente desbordaba la arteria vial de la autopista Francisco Fajardo. Personas de todas las edades se daban cita para protestar el atropello de la industria petrolera y exigir, a voz en cuello, como ya se había gritado el 23 de enero, la salida de Hugo Chávez de Miraflores. Confiado en su innegable y colosal fuerza, y estimulado por la consigna de los oradores de Chuao, que veían desbordadas sus más optimistas expectativas, el inconmensurable río comenzó a desaguarse en dirección a ese palacio de gobierno. Por aclamación de unanimidad asombrosa, la mayoría aplastante del pueblo caraqueño, para sorpresa y terror de Chávez y sus secuaces, pedía que los militares se pronunciaran y sacaran al autócrata de la silla presidencial.
Luego los muertos. Asesinados a mansalva, con ventaja, con alevosía. La sociedad civil puso los muertos necesarios a una conspiración que, sordamente, se había solapado tras la pureza cívica de un movimiento inocente. Días antes del sangriento día, un corpulento abogado transmitía las seguridades que enviaba una “junta de emergencia nacional” a una reunión de caraqueños que habían descubierto su vocación por lo político en la lucha contra Chávez. Enardecido, con una bandera norteamericana prendida en la solapa, admitía que conspiraba junto a otros, que una junta de nueve miembros—cinco civiles y cuatro militares—asumiría el poder en cuestión de días. Un conocido editor de periódicos advertía que los “factores de poder” en Venezuela depondrían a Chávez y luego darían un “maquillaje constitucional” a un golpe de Estado. Pedro Carmona Estanga emergería como el líder de un golpe cuya víctima, antes que Hugo Chávez, depuesto por la presión de un pueblo, era este mismo pueblo, manipulado y utilizado por la sofisticación artera de operadores políticos que habían decidido la acción anticipadamente.
Viajaron a los Estados Unidos para consultas, coordinaron calendarios, calibraron la temperatura creciente de la protesta popular y estuvieron listos para el golpe de mano. Nada de esto sabían los que marcharon el 11 de abril. Nada sabrían hasta que la verdadera cara de los golpistas emergiera al día siguiente, 12 de abril de 2002, cuando Pedro Carmona Estanga traicionara sin escrúpulo la confianza de la sociedad venezolana, que había visto en él a uno de sus líderes.
Al presidir un acto arbitrario como el de su autoproclamación y el del monstruoso decreto “constituyente” del 12 de abril, echó por tierra el enorme esfuerzo, regado con sangre, de la sociedad civil que había logrado el milagro político de deponer al autócrata de Sabaneta.
Al aceptar ser sucesor de Chávez, con la ceguera de pretender sustituir negro por blanco, al furibundo denunciador de oligarquías por uno de los más destilados representantes de éstas, hizo inviable la transición que necesitábamos y que nos había costado tres años de desasosiego y un año de despertar.
Al hacer eso, Pedro Carmona Estanga dejó mal herido al hermoso movimiento venezolano de 2002, que había adquirido fuerza invencible y que, por su culpa y la de los demás conspiradores que manipularon su inocencia, quedaba teñido de sospecha.
La sociedad civil venezolana no tiene nada que agradecer a Pedro Carmona Estanga. Por lo contrario, tiene mucho que reclamarle y cobrarle, por olvidar que la solución al autoritarismo no es uno de signo contrario, que esa solución no es otra cosa que la democracia.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 10, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Henry David Thoreau, nacido en 1817 en Concord, Massachusetts, es un modelo de individualismo y pasión por la libertad, al punto que llegó a vivir como ermitaño, o antecesor de los hippies, en la laguna Walden por dos años, con tal de no ser molestado por regulaciones o gobierno alguno y para desprenderse de las cosas que los hombres “realmente no necesitan”. De esta experiencia dejó un relato, Walden, que se ha convertido en uno de los clásicos de la literatura norteamericana.
Graduado en Harvard, fue grandemente influido por Ralph Waldo Emerson, el ensayista estadounidense que defendía “la infinitud del hombre privado”. Al comienzo, Thoreau hizo oficio de maestro, pero pronto lo abandonó para embarcarse con su hermano John por los ríos Concord y Merrimack. Como con su aislamiento posterior, acerca de esta aventura escribió una de sus obras principales. Luego vivió, trabajando como todero, en la casa de la familia Emerson entre 1841 y 1843. Poco después construyó la cabaña que habitaría en Walden. Después de esta etapa, trabajó como profesor y como cartógrafo, y escribió ensayos para publicaciones periódicas. Thoreau tuvo también una activa participación contra la esclavitud y la segregación racial en su país. Murió de tuberculosis en 1862, poco antes de cumplir cuarenta y cinco años.
En criterio de Thoreau, la lealtad a la propia conciencia es superior a la lealtad hacia el Estado, y este principio fue la guía de su ensayo más conocido: Desobediencia civil. El propio Gandhi, lector de esta pieza, reconoce la influencia que sobre él tuvieron las nociones de resistencia pacífica expuestas por Thoreau.
La Ficha Semanal #139 de doctorpolítico reproduce los párrafos iniciales de Desobediencia civil, escrita en el estilo ampuloso, retóricamente recargado, propio de la época. Como podrá verse, la opinión que Thoreau tenía de los gobiernos en general era bastante cínica e incrédula. Así trasluce en la descripción que hace de su conveniencia, la que no puede ser, en el mejor de los casos, otra cosa que un mal necesario.
Thoreau argumentó con pasión a favor de la tesis de la desobediencia a la ley cuando la conciencia indica que es injusta. Pero no sería suficiente desaprobar la ley en el fuero íntimo. Una ley injusta debe ser opuesta vigorosamente, incluso a riesgo de prisión. Thoreau creía que una minoría con dedicación, así fuese de una persona sola, era capaz de ejercer gran influencia política. Décadas más tarde esta idea resonaría en la obra del gran dramaturgo noruego Henrik Ibsen, quien la expuso eficazmente en Un enemigo del pueblo. En una introducción a este drama ibseniano—de los editores de la Enciclopedia Británica—se lee: “El hombre solo de pie, con la justicia de su lado, es una figura dramática familiar y poderosa, aunque también ocurre en la vida real. A menudo sufre la derrota personal, aun la muerte. Pero su acción heroica no muere con él. Ella perdura, y hace la vida más justa y vivible para el resto de nosotros. El idealismo, en lugar de ser tonto e impráctico, puede ser en último término el único camino práctico”.
LEA
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Desobediencia civil
Acepto gustosamente el lema “El mejor gobierno es el que tiene que menos gobierna”, y me gustaría verlo hacerse efectivo más rápida y sistemáticamente. Si se lo aplica, resulta al fin en algo en lo que también creo: “El mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto”; y cuando los hombres estén preparados para ello, ése será el tipo de gobierno que tendrán. En el mejor de los casos, el gobierno no es sino algo conveniente, pero en su mayoría los gobiernos son inconvenientes y todos lo son algunas veces. Las objeciones que han surgido contra la existencia de un ejército permanente, que son muchas y de peso, y merecen prevalecer, también pueden en última instancia esgrimirse en contra del gobierno permanente. El ejército permanente es sólo el brazo del gobierno establecido. El gobierno en sí, que es únicamente el modo escogido por el pueblo para ejecutar su voluntad, está igualmente sujeto al abuso y la corrupción antes de que el pueblo pueda actuar a través suyo. Somos testigos de la actual guerra con Méjico, obra de unos pocos individuos comparativamente, que utilizan como herramienta al gobierno actual; en principio, el pueblo no habría aprobado esta medida.
¿Qué es el gobierno de los Estados Unidos sino una tradición, reciente por cierto, que procura transmitirse intacta hacia la posteridad, aunque a cada instante pierde algo de su integridad? No tiene ni la vitalidad ni la fuerza de un solo hombre: porque un hombre solo puede doblegarlo a su antojo. Es una especie de fusil de madera para el mismo pueblo, pero no es por ello menos necesario para ese pueblo, que igualmente requiere de algún aparato complicado que satisfaga su propia idea de gobierno. Los gobiernos demuestran, entonces, cuán exitoso es imponérsele a los hombres y aún, hacerse ellos mismos sus propias imposiciones para su beneficio. Es excelente, tenemos que aceptarlo. Sin embargo, este gobierno nunca por sí mismo promovió una empresa, o sólo cuando se apartó diligentemente de su camino. No mantiene al país libre. No coloniza al Oeste. No educa. El carácter inherente al pueblo americano es el responsable de todo lo que se ha logrado, y hubiera hecho mucho más si el gobierno no se hubiera a veces entrometido. Porque el gobierno es una conveniencia por la cual los hombres intentan dejarse en paz los unos a los otros; y como ha sido dicho, es más conveniente cuando los gobernados son dejados en paz. Si el intercambio y el comercio no estuvieran hechos de caucho, jamás lograrían salvar los obstáculos que los legisladores les atraviesan en forma sistemática; y si uno fuera a juzgar a esos señores sólo por el efecto de sus acciones, y no en parte por sus intenciones, merecerían ser castigados y ser tenidos así como los malhechores que obstruyen los rieles del ferrocarril.
Pero, para hablar en forma práctica y como ciudadano, a diferencia de aquellos que se llaman hombres que no son del gobierno, yo pido, no como eso sino como ciudadano, y de inmediato, un mejor gobierno. Permítasele a cada individuo dar a conocer el tipo de gobierno que ganaría su respeto y tal cosa ya sería un paso ganado para obtener ese respeto.
Después de todo, la razón práctica por la que, cuando el poder está en manos del pueblo, se permite a una mayoría regir, y por un período largo de tiempo, no es porque esa mayoría esté tal vez en lo correcto, ni porque le parezca justo a la minoría, sino porque físicamente son los más fuertes. Pero un gobierno en el que la mayoría rige en todos los casos no se puede basar en la justicia, aún en cuanto ésta es entendida por los hombres. ¿No puede haber un gobierno en el que las mayorías no decidan de manera virtual lo correcto y lo incorrecto – sino a conciencia? ¿En el que las mayorías decidan sólo los problemas para los cuales la regla de la conveniencia sea aplicable? ¿Debe el ciudadano en algún momento, o en el menor grado, que entregarle su conciencia al legislador? ¿Para qué tiene entonces todo hombre la conciencia? Pienso que primero debemos ser hombres, y después súbditos. No es deseable cultivar respeto por la ley más que por lo que sea correcta. La única obligación que tengo derecho de asumir es la de hacer siempre lo que crea correcto. Se dice muchas veces, y es cierto, que una corporación no tiene conciencia; pero una corporación de personas conscientes es una corporación con conciencia. La ley nunca hizo a los hombres un ápice más justos, y por medio del respeto por ella, incluso los bien dispuestos se convierten a diario en agentes de injusticia. Un resultado común y natural de un indebido respeto por la ley es que uno puede ver una fila de soldados, coronel, capitán, cabo, soldados rasos, polvoreros, y los demás, marchando en formación admirable sobre colinas y cañadas hacia la guerra, en contra de su voluntad, ¡ay!, contra su sentido común y sus conciencias, lo que hace la marcha en verdad más empinada y produce un pálpito en el corazón. No les cabe duda de que es indigno eso en lo que están involucrados; todos tienen inclinación hacia la paz. Ahora bien, ¿qué son ellos? ¿Son en absoluto hombres? ¿O pequeños fuertes y polvorines móviles al servicio de algún hombre inescrupuloso en el poder? Visiten un patio de la Armada y observen un marino, un hombre como el gobierno americano puede hacer, o uno en el que puede convertirlo con sus malas artes—una mera sombra y reminiscencia de humanidad, un hombre puesto de lado y en pie, y, podría uno decir, enterrado ya bajo las armas con acompañamiento fúnebre… aunque puede ser que “Ni un tambor se escuchó, ni una nota fúnebre, cuando apresuramos el cuerpo a la muralla; ni un soldado disparó en despedida, sobre la tumba en que nuestro héroe enterramos”.
La masa de hombres sirve, pues, al Estado, no principalmente como hombres sino como máquinas, con sus cuerpos. Son el ejército en pie, y la milicia, los carceleros, los alguaciles, posse comitatus, etc. En la mayoría de los casos no hay ejercicio libre bien sea del juicio o el sentido moral; ellos mismos se ponen en el plano de la madera, la tierra y las piedras; y quizás puede fabricarse hombres de maderapara que sirvan bien el propósito. Éstos no merecen más respeto que los hombres de paja o un montón de tierra. Valen lo mismo que los caballos y los perros. Y, sin embargo, aun en esta condición, son comúnmente estimados como buenos ciudadanos. Otros—como la mayoría de los legisladores, los políticos, abogados, ministros y funcionarios—sirven al Estado principalmente con la cabeza, y como rara vez hacen alguna distinción moral, pudieran con la misma facilidad servir al Diablo, sin intención, como a Dios. Muy pocos, como héroes, patriotas, mártires, reformadores en el gran sentido, y hombres, sirven al Estado también con sus conciencias, y por la mayor parte, necesariamente, le oponen resistencia; por esto son comúnmente tratados como enemigos. Un hombre sabio será sólo útil como hombre, y no aceptará ser “arcilla” o “tapar un hueco para mantener lejos al viento”, sino que dejará ese oficio a sus cenizas, puesto que: “Soy nacido demasiado alto para ser poseído, para ser segundo al control, o útil sirviendo hombres e instrumento de cualquier Estado soberano por el mundo”.
Henry David Thoreau
por Luis Enrique Alcalá | Abr 3, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Debo y agradezco esta brevísima ficha (Ficha Semanal #138 de doctorpolítico) a la gentileza de Juan Pablo Pérez Castillo, quien me permitió conocer el material. Esta ficha es la traducción de un conciso y, para un científico, desusado artículo publicado por el periódico inglés Guardian, el pasado 28 de marzo, hace exactamente una semana.
El autor del ardiente artículo es el Dr. Richard Horton, médico editor de Lancet, la más venerable y prestigiosa de las revistas de medicina en el mundo. Junto con The New England Journal of Medicine es la referencia más autorizada en materia médica.
Resulta que Lancet publicó, en octubre de 2006, un estudio emprendido por la Universidad Johns Hopkins, que fuera dirigido por Gilbert H. Burnham y Leslie F. Roberts, investigadores de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la mencionada universidad. Burnham y Roberts son epidemiólogos, y decidieron emplear técnicas de medición de la epidemiología para estimar la “mortalidad excesiva” en Irak desde que comenzara la invasión norteamericana e inglesa en 2003. Es decir, se proponían estimar el número de muertos en Irak que no lo estarían si no hubiera habido la invasión.
La cifra más probable reportada por el estudio es de 654.965 muertes en exceso de la mortalidad normal en Irak. (En realidad el estudio arrojó un intervalo, con 95% de confianza, que va desde un mínimo de 392.979 hasta un máximo de 942.636. La cifra más publicitada corresponde al valor más probable del intervalo definido por una curva de distribución normal).
La actitud indiferente y engañosa por parte de los más altos niveles del gobierno inglés, incluido el propio Tony Blair, desató la indignación del habitualmente plácido Dr. Horton. Su artículo en Guardian no puede ocultar la pasión que siente desde su propio título—Un monstruoso crimen de guerra—y el sumario de inicio: “Con más de 650.000 civiles muertos en Irak, nuestro gobierno debe asumir responsabilidad por sus mentiras”. Es sin duda, una poderosa denuncia.
Quien desee conocer con más detalle el estudio, y las vicisitudes por las que debió pasar como consecuencia de la irresponsable ceguera y la negación de los gobiernos de EE. UU. e Inglaterra, pueden leer un amplio artículo de Dale Keiger—The Number—en la revista de la Universidad Johns Hopkins. El URL del artículo es: http://www.jhu.edu/~jhumag/0207web/number.html
Keiger señala, entre otras cosas: “Si, para fines de argumentación, consideráramos equivocado el estudio y que el número de muertes iraquíes fuese menos de la mitad de la infame cifra, ¿es aceptable que ‘sólo’ 300.000 murieron? En noviembre pasado, sin explicación ninguna, el Ministerio de Salud iraquí comenzó a hablar de 150.000 muertos, cinco veces su estimación previa. ¿Es esa cantidad de muertes aceptable? En enero, las Naciones Unidas reportaron que sólo el año pasado más de 34.000 iraquíes murieron violentamente. ¿Es eso aceptable?”
Por mucho menos que eso se llevó a Slobodan Milosevic ante el Tribunal Internacional de Justicia. Por bastante menos que eso se juzgó y ahorcó a Saddam Hussein. No hay nada que justifique ni un solo día más de tropas norteamericanas e inglesas en Irak, pero ahora el gobierno dirigido por George W. Bush se apresta para “ataques quirúrgicos” sobre Irán, que la inteligencia rusa estima pudieran ocurrir tan pronto como este mismo Viernes Santo. Parafraseando a Horton, es inexplicable que no se haya iniciado ya un proceso de impeachment contra el nefasto presidente de los Estados Unidos.
LEA
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Crimen de guerra
Nuestro fracaso colectivo ha sido el de creer las palabras de nuestros líderes políticos. Esta semana reportó la BBC que los propios científicos del gobierno habían informado a los ministros que el estudio de Johns Hopkins sobre la mortalidad civil en Irak era preciso y confiable, luego de una petición de libertad de información por el reportero Owen Bennett-Jones. Este estudio fue publicado en Lancet en octubre pasado. Estimó que 650.000 civiles iraquíes habían muerto desde la invasión liderada por los norteamericanos y los británicos en marzo de 2003.
Inmediatamente después de la publicación, el vocero oficial del primer ministro dijo que el estudio de Lancet “no era uno en el que creyéramos que fuese en ningún punto preciso”. La secretaria del exterior, Margaret Beckett, dijo que las cifras de Lancet eran “extrapolaciones” y un “salto”. El presidente Bush dijo: “No lo considero un reporte creíble”.
Científicos del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido piensan distinto. Sus conclusiones son que los métodos del estudio son “probados y comprobados”. De hecho, la aproximación de Johns Hopkins probablemente conduce a una “subestimación de la mortalidad”.
El principal asesor científico del Ministerio de Defensa dijo que la investigación era “robusta”, próxima a la “mejor práctica”. Recomendó “cuidado con la crítica pública del estudio”.
Cuando estas recomendaciones alcanzaron a los consejeros del primer ministro, éstos se horrorizaron. Una persona que informaba a Tony Blair escribió: “¿Estamos realmente seguros de que es probable que el informe sea correcto? ¿Esto es ciertamente lo que el reporte implica?” Un funcionario de la Oficina de Exteriores y la Mancomunidad se vio forzado a concluir que el gobierno “no debiera estar echando Lancet a la basura”.
El consejero del primer ministro cedió finalmente. Escribió: “La metodología de estudio usada acá no puede ser echada a la basura. Es una forma probada y comprobada de medir la mortalidad en zonas de conflicto”.
¿Cómo respondería el gobierno? ¿Daría la bienvenida al estudio de Johns Hopkins como una contribución importante a la comprensión de la amenaza militar a los civiles iraquíes? ¿Exigiría una urgente verificación independiente? ¿Invitaría al gobierno iraquí a reforzar la seguridad civil?
Por supuesto, nuestro gobierno no hizo ninguna de estas cosas. Tony Blair fue aconsejado para que dijera: “El mensaje principal es que no hay cifras precisas o confiables de las muertes en Irak”.
Su vocero oficial fue más allá y rechazó por completo el reporte de Johns Hopkins. Fue un ocultamiento vergonzoso y cobarde por parte de un primer ministro laborista; sí, laborista.
De hecho, esto fue incluso contradictorio del informe del propio Grupo de Estudio de Irak de los Estados Unidos, que el año pasado concluyó que “hay una subestimación significativa de la violencia en Irak”.
Este gobierno laborista, que incluye a Gordon Brown tanto como a Tony Blair, es cómplice de un crimen de guerra de proporciones monstruosas. Sin embargo, nuestro consenso político impide cualquier respuesta judicial o de la sociedad civil. Gran Bretaña está paralizada por su propia indiferencia.
En momentos cuando estamos celebrando nuestra ilustrada abolición de la esclavitud hace 200 años, continuamos cometiendo uno de los peores abusos internacionales de los derechos humanos del pasado medio siglo. Es inexplicable cómo dejamos que esto ocurriera. Es inexplicable por qué no estamos exigiendo que este gobierno renuncie en bloque.
Dentro de doscientos años, la guerra de Irak será lamentada como el momento cuando Gran Bretaña violó su delicada constitución democrática y se unió a las filas de las naciones que usan la matanza preventiva extrema como una táctica de política exterior. Gran aniversario va a ser ése.
Richard Horton
por Luis Enrique Alcalá | Mar 29, 2007 | LEA, Política |
El 9 de noviembre del año pasado—en el #211—se recitaba acá palabras del economista norteamericano Jeffrey Sachs, que en su The End of Poverty escribió: «De algún modo, la actual economía del desarrollo es como la medicina del siglo dieciocho, cuando los doctores aplicaban sanguijuelas para extraer sangre de los pacientes, a menudo matándolos en el proceso. En el último cuarto de siglo, cuando los países empobrecidos imploraban por ayuda al mundo rico, eran remitidos al doctor mundial del dinero, el FMI. La prescripción principal del FMI ha sido apretar el cinturón presupuestario de pacientes demasiado pobres como para tener un cinturón. La austeridad dirigida por el FMI ha conducido frecuentemente a desórdenes, golpes y el colapso de los servicios públicos. En el pasado, cuando un programa del FMI colapsaba en medio del caos social y el infortunio económico, el FMI lo atribuía simplemente a la debilidad e ineptitud del gobierno. Esa aproximación, por fin, está comenzando a cambiar».
Ahora nada menos que The Wall Street Journal certifica que Alan S. Blinder, profesor de economía de la Universidad de Princeton, que durante décadas argumentó, “junto a otros colegas que el libre comercio enriquece a Estados Unidos y sus socios comerciales, a pesar del daño que genera para algunos trabajadores”, ha cambiado drásticamente de opinión. El autorizado periódico reporta que Blinder, en compañía de “un creciente grupo de economistas y políticos argumenta que en la economía actual las desventajas del libre comercio son más grandes de lo que pensaba al principio”.
Hoy en día—se describe en The World is Flat, de Thomas Friedman—las tecnologías de redes de información permiten que ciertos servicios se entreguen electrónicamente desde cualquier parte del planeta, en un ciclo de producción que ahora dura las 24 horas del día. La declaración de impuestos de un ciudadano en Chicago, solicitada en la misma ciudad a su contador personal, puede ser desagregada y en verdad ser procesada en Bangalor. (En su “carpintería”, en el number crunching). Blinder—apellido que traducido al español significaría “cegador”—estima que este fenómeno pudiera representar que unos “40 millones de empleos en EE.UU. se trasladen al extranjero en las próximas dos décadas”.
Anota The Wall Street Journal: “Algunos críticos del libre comercio señalan que el desempeño económico de América Latina en general ha sido decepcionante desde que la región comenzó a reducir sus aranceles en los años 80 y 90. Al mismo tiempo, regiones más proteccionistas, como China y el sudeste asiático, han prosperado”.
Ya no queda en pie mucho, pues, de la “ortodoxia” económica que cristalizó en el tristemente célebre Consenso de Washington, recetario que gobernantes hoy desacreditados—como Pérez en Venezuela o Menem en Argentina—quisieron aplicar a rajatabla. Vienen cambios paradigmáticos en la ciencia y la terapéutica económica.
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