Error del rectorado

TALCUAL

En artículo publicado el pasado jueves 25 de septiembre por el diario El Nacional, el padre Luis Ugalde, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, opta por la indefinición respecto de las prescripciones opuestas de votar o abstenerse en el próximo referéndum, previsto por el proyecto chavista de reformar la Constitución. Ugalde también se hace eco de una conmovedora y falsa impresión: la de que un porcentaje muy elevado de abstenciones y votos negativos equivale a una deslegitimación de la reforma que pudiera ser aprobada. Así escribe: “…el día del referéndum el rechazo se expresará de dos maneras, ambas con fuertes razones y motivos: por la abstención y por el no. No será posible acordar una única forma de rechazo. Millones (opositores y chavistas) lo harán con la abstención y otros millones con el voto por el no. Ambas formas de rechazo sumarán más de 70% (ya 60% sería un triunfo) y dejarán en evidencia que, con minoría de 30%, el Gobierno quiere imponer como obligación constitucional un régimen autoritario y un modo de vida rechazado”.

La indecisión de Ugalde podrá ser cómoda, pero el proverbial asno de Buridan murió de inanición, al no saber escoger entre dos pacas de heno igualmente apetitosas que tenía a la misma distancia.

Luego, son de una supina inocencia estas prescripciones de dejar “en evidencia”—¿ante quién, por cierto?—las intenciones autoritarias y socializantes de un gobierno que, para empezar, nunca ha cesado él mismo de ponerse descaradamente en evidencia a este respecto. La puesta “en evidencia” que Ugalde prescribe no añade absolutamente nada.

Pero cabe preguntar: ¿sostiene Ugalde que la Constitución que nos rige es ilegítima? No pareciera; más bien la da por sentada y por aceptable: “Chávez ha decidido imponer una nueva Constitución (acabando con la bolivariana)… La nueva constitución es una locura… Hay que… evitar que se aplique un régimen que reduzca los derechos humanos y elimine la democracia pluralista”.

Refresquemos entonces las cifras del referéndum del 15 de diciembre de 1999, que consagró la Constitución que Ugalde acepta. Para ese día el registro electoral computaba un total de 10.940.596 electores. De éstos, sólo 3.301.475 electores (30,2%) votaron afirmativamente. Descartemos los votos nulos (219.476), suponiendo que Ugalde no querrá aducir que se les debe computar como rechazos. Quedan entonces, para constituir la suma que propugna, y que interpreta como rechazo expreso, los votos negativos (1.298.105) y las abstenciones (6.121.540); nada menos que 7.419.645 electores, para un total de 67,8%, o 7,8% por encima de lo que Ugalde consideraría “un triunfo”.

Si fuera correcta su teoría de que la suma de las abstenciones y los votos negativos debe ser tenida por explícito rechazo, ¿por qué no escribe Ugalde denunciando la Constitución de 1999 como írrita, dado que el 15 de diciembre de ese año se cumplieron casi exactamente las metas cuantitativas que ahora propone?

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Rectificación #261

Cartas

Estimada suscritora, estimado suscritor: en el #261 de la Carta Semanal de doctorpolítico se dice: «Es clarísimo que el proyecto de reforma introducido por Chávez a la Asamblea Nacional, ampliado considerablemente por ésta, modifica en más de un punto la estructura y los principios fundamentales de la Constitución. A pesar de esta circunstancia, nadie ha intentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia algún recurso que busque declarar que ése es el caso, y que los cambios perseguidos por el régimen exceden con mucho la definición de reforma constitucional claramente establecida en el artículo mencionado».

Esa afirmación es completamente errónea. El 27 de septiembre, Néstor Luis Romero Méndez introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia recurso de amparo constitucional contra el Presidente de la República y la Asamblea Nacional «por pretender tramitar como Reforma, un conjunto de propuestas que modifican la estructura y principios fundamentales del Texto Constitucional vigente”. La Sala Constitucional del TSJ acaba de declarar inadmisible el recurso intentado por Romero Méndez, según decisión de la que fuera ponente Francisco Carrasquero.

De esta decisión vale la pena notar que el asunto de fondo no fue decidido, primeramente. La inadmisibilidad fue predicada sobre la consideración de si los derechos constitucionales del accionante habían sido violados, y la ponencia no dilucidó el punto principal. Luego, es notable que los magistrados Jesús Eduardo Cabrera y Pedro Rondón Haaz, razonadamente y por separado, salvaron su voto. De hecho, el primero de los nombrados sí se dirigió al fondo de la materia y escribió: «En criterio de quien disiente, un sistema de organización social o económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, como lo es básicamente el socialista, en sus distintas concepciones, cual es el propuesto en el Proyecto de Reforma, chocaría con lo que quien suscribe, y la propia Sala, era considerado Estado Social, y ello—en criterio del disidente—puede afectar toda la estructura y los principios fundamentales del Texto Constitucional, hasta el punto que un nuevo ordenamiento jurídico tendría que ser creado para desarrollar la construcción del socialismo. No es que Venezuela no puede convertirse en un Estado Socialista. Si ello lo decide el pueblo, es posible; pero a juicio del voto salvante, tal logro sería distinto al que la Sala ha sostenido en el fallo de 24 de enero de 2002 (Caso: Créditos Indexados) y ello conduciría no a una reforma de la Constitución sino a una nueva Constitución, la cual debería ser votada por el Poder Constituyente Originario. Al menos, en nuestro criterio esto es la consecuencia del fallo N° 85 de 24 de enero de 2002».

No habiendo pronunciamiento firme de la Sala Constitucional sobre el fondo del recurso intentado por Romero Méndez, es perfectamente posible la introducción de un nuevo recurso que subsane los aspectos formales de los que se aferró Carrasquero para proponer la inadmisibilidad. El magistrado Cabrera opinó: «En todo caso, si la mayoría de la Sala consideraba—tal como se lee del fallo—que ‘el ciudadano Néstor Luis Romero Méndez no tiene legitimación activa alguna para incoar la presente acción de amparo constitucional, por cuanto no señaló, ni se evidencia de autos, de qué manera las actuaciones denunciadas como lesivas son susceptibles de vulnerar sus derechos constitucionales’, debió ordenarse al demandante la corrección de la solicitud respecto de lo que establecen los cardinales 4 y 5 del artículo 18 de la Ley especial y debió recaer el referido pronunciamiento de inadmisibilidad sólo en la eventualidad de que caducara el lapso que establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sin que la parte hubiere subsanado el error».

Usted puede leer el texto completo de la decisión en:

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/2042-021107-07-1374.htm

Ofrezco a usted mis excusas por haber suministrado la equivocada información que aquí rectifico.

Con un cordial saludo

Luis Enrique Alcalá

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LEA #261

LEA

Comenzando esta semana, The New York Times publicó dos preocupadas piezas sobre las más recientes baladronadas del gobierno de George W. Bush, que ahora, supremamente aburrido con Irak, ha puesto su mira sobre Irán. La primera de las piezas es nada menos que un editorial, el que hace eco de un temor creciente en los Estados Unidos: “¿Logrará el presidente Bush dejar su cargo sin comenzar una guerra contra Irán? El Sr. Bush alimenta impacientemente estas ansiedades. Este mes ha amenazado con una ‘Tercera Guerra Mundial’ en caso de que Irán logre averiguar cómo se hace un arma nuclear”.

La segunda de las piezas es un artículo del afamado columnista Paul Krugman—Fearing Fear Itself—que comienza con el recuerdo de famosas palabras: “En la mas funesta hora de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt urgió a la nación para que no sucumbiera al ‘terror sin nombre, irracional e injustificado’. Pero eso era entonces. Hoy en día, muchos de los hombres que esperan ser el próximo presidente—incluyendo a todos los candidatos con chance significativo de recibir la nominación republicana—han hecho del terror irracional e injustificado la pieza central de sus campañas”. Krugman señala como ejemplo notable el caso de Rudy Giulani, cuyo asesor en política exterior, Norman Podhoretz, sostiene que los Estados Unidos deben comenzar el bombardeo de Irán “tan pronto como sea logísticamente posible”.

Por supuesto, la retórica del gobierno de Bush pretende basar sobre la defensa de la libertad las presiones que ahora ejerce sobre Irán en preparación de una nueva guerra, para que este país abandone el programa nuclear al que reivindica derecho, y que hace mucho tiempo completaran los mismos Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte y probablemente Israel.

Ningún estado nacional en el planeta debiera tener armas nucleares; ni siquiera los Estados Unidos, el pionero y potentado del campo. Está en el interés de todo ciudadano del mundo que el arsenal íntegro de artefactos nucleares sea puesto bajo el estricto control de la Organización de las Naciones Unidas. Pudiera resultar aconsejable que se los administrase por el organismo mundial para prevenir escenarios de ciencia-ficción, como la necesidad de demoler un aerolito amenazante de la Tierra—retratada en la película Armagedón, que protagoniza el duro Bruce Willis—o repeler visitas indebidamente agresivas de marcianos o gente extragaláctica.

Pero lo que es peligrosísimo es que el mayor de los polvorines nucleares del mundo esté en manos del alucinado Bush, cuya última gracia es la de haber ofrecido inmunidad a operadores de Blackwater, compañía privada que presta servicios de seguridad al personal diplomático estadounidense en Irak, los que mataron a 17 civiles iraquíes el pasado 16 de septiembre.

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CS #261 – Glosa de pupitre

Cartas

Quien escribe tuvo la fortuna de compartir un mismo pupitre con el padre Luis Ugalde S. J., hoy Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, durante nuestro segundo año académico (1964-1965) en la carrera de Sociología de esa casa de estudios. Es decir, nos sentábamos juntos en un aula del segundo piso de la sede original de la universidad, situada entre las esquinas de Mijares y Jesuitas. Compartimos también entonces el honor de recibir un encargo del Director de la Escuela de Ciencias Sociales, el increíble Arístides Calvani, su fundador. Un episodio de enfermedad del profesor Juan Carlos Rey, quien nos dictaba un segundo año de elegantes e interesantísimas clases de Historia de las Instituciones, fue resuelto por Calvani al pedirnos a Ugalde y a mí que asumiéramos la enseñanza de la materia e instruyéramos a nuestros compañeros. Un poco más tarde Ugalde interrumpió los estudios en Caracas para atender exigencias de su carrera jesuítica en Europa, y con el correr de los años asumió el cargo máximo de su primera casa universitaria. De aquella lejana época logro recordar su evidente inteligencia, su discreción, su sotana blanca y su inocultable inclinación a las ideas socialistas.

Durante los años de la dominación chavista, la voz y la pluma de Ugalde han pronunciado y escrito agudas advertencias. Se le tiene por una de las cabezas más autorizadas y coherentes de la oposición al régimen de Hugo Chávez. En ocasiones, sin embargo, se ha reunido mal. El martes 5 de marzo de 2002 andaba en mala compañía.

Ese día fungió de testigo de excepción, firmante y garante ético del “pacto de gobernabilidad”, “acuerdo democrático” o “acuerdo para la transición”, presentado al país desde la quinta La Esmeralda, escenario habitual de las fiestas más rumbosas de los caraqueños de fortuna, sita en la “populosa y popular barriada” de Campo Alegre. (La quinta La Esmeralda ha servido de teatro a más de una reunión política opositora: la “Gente del Petróleo” la usó profusamente, así como Alianza “Popular”—que, como el corno inglés que ni es inglés ni es corno, ni alía a nadie ni mucho menos tiene algo de popular—para su presentación en sociedad. Su marca de la urbanización de clase alta de Campo Alegre como territorio político, casi en el borde oeste del Municipio Chacao, probablemente haya influido para que la Coordinadora Democrática, ya fenecida, haya establecido luego su sede operativa en la quinta Unidad, a pocos metros del prestigioso salón de fiestas).

La imagen más penetrante de la reunión de La Esmeralda, ese 5 de marzo, es la de Ugalde en medio de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, a quienes había tomado de las muñecas para elevar sus brazos como si se tratara de héroes deportivos que hubieran quedado tablas en un encuentro. Ugalde había asistido al sonado evento “en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana”, y en señal del beneplácito de ésta por el acuerdo al que habían arribado Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, sobre cómo gobernar a la República una vez que el gobierno de Chávez hubiera cesado. Un mes y siete días más tarde caía ese gobierno, y Carmona Estanga, uno de los protagonistas en la función de La Esmeralda, asumía por pocas horas la dirección del Poder Ejecutivo Nacional.

El sentido de la reunión del 5 de marzo era el de impresionar a la Nación, con el anuncio de que el fin del gobierno de Chávez era inminente. El Arzobispado de Pamplona registraba, en su resumen diario de prensa del 7 de marzo de 2002, una nota de esa misma fecha de El País de Madrid, que pone: “Sindicalistas, empresarios y eclesiásticos de Venezuela firmaron un pacto democrático de emergencia, cuyo objetivo es la superación de la pobreza, para que lo aplique un Gobierno de transición, sin el presidente Hugo Chávez… El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, el presidente de la organización gremial de la patronal venezolana Fedecámaras, Pedro Carmona, y el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el padre jesuita Luis Ugalde, en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana, firmaron el martes el pacto democrático contra Chávez”. También reporta el periódico madrileño palabras de Carlos Ortega, pronunciadas en el acto reseñado: “El acuerdo es para crear un clima de diálogo para un gobierno de transición. No estamos pidiendo cacao, ni tirando un salvavidas al Ejecutivo”. La nota cerraba refiriendo lo dicho por quien presidiría al mes siguiente un brevísimo gobierno de treinta y seis horas: “Para el presidente de la patronal, Pedro Carmona, la propuesta tiene carácter permanente y ‘puede servir perfectamente para un nuevo Gobierno’.” La reunión de La Esmeralda formaba parte de la agenda de la conspiración.

………

La semana pasada publicó el diario El Nacional un artículo de Ugalde: «El día después», (jueves 25 de octubre). Me fue enviado por amable amiga que lo estimó como lectura “imprescindible”. Es fácil admitir que su factura es ocurrente. Su tesis principal es expuesta de la siguiente forma: “Como me decía un amigo, ‘el día después’ ha sido desde 1998 el punto más débil de los demócratas opositores… En cada elección, los candidatos y los líderes se desaparecieron en la tarde de los votos y se desbandaron al día siguiente. Políticamente no hubo ‘día después’ opositor. Ahora es imprescindible para verse y contarse como mayoría e impedir la imposición de la constitución antidemocrática y el ‘socialismo’ de hambre, sin justicia ni libertad. Para ello se requieren dos cosas: que la abstención y el voto negativo desde ahora se acepten mutuamente (aunque no se gusten) y se sumen como dos formas complementarias del mismo rechazo. Hay que prever y preparar el ‘día después’.”

El planteamiento inicial del artículo establece la premisa mayor: “Chávez ha decidido imponer una nueva Constitución (acabando con la bolivariana) para llevarnos forzados a una sociedad totalitaria que la mayoría de los venezolanos rechaza. Este cambio es ilegal e ilegítimo sin Asamblea Constituyente”. El suscrito suscribe enteramente esta apreciación; la Constitución establece expresamente (Artículo 342, en su primer parágrafo): “La Reforma Constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional”. Es clarísimo que el proyecto de reforma introducido por Chávez a la Asamblea Nacional, ampliado considerablemente por ésta, modifica en más de un punto la estructura y los principios fundamentales de la Constitución. A pesar de esta circunstancia, nadie ha intentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia algún recurso que busque declarar que ése es el caso, y que los cambios perseguidos por el régimen exceden con mucho la definición de reforma constitucional claramente establecida en el artículo mencionado. Tampoco propone Ugalde que se intente esa vía, tal vez porque considera, con razón, que la obsecuencia de los magistrados les llevaría a decir que efectivamente se trata de una reforma. De todas maneras, habría que hacer ese mandado. En caso contrario no tiene sentido afirmar, sin acción pertinente: “Este cambio es ilegal e ilegítimo sin Asamblea Constituyente”.

Pero el suscrito no suscribe otros pasos del razonamiento de Ugalde. Por ejemplo, Ugalde sostiene: “Al presidente Chávez le queda un quinquenio entero de gobierno hasta el 2013. Probablemente la derrota real (a pesar de que autoproclame su triunfo) le resulte de ayuda, pues la resistencia democrática es la única cura contra la borrachera de poder. Un poco de humildad ayuda para gobernar bien”. Debe reconocerse que Ugalde, a diferencia de lo que buscaba el 5 de marzo de 2002, ya no pretende la cesación inmediata del gobierno de Chávez, y sólo pide ahora que éste gobierne humildemente por cinco años más a partir de estas fechas. Tengo la impresión, sin embargo, de que la humildad es genéticamente imposible en la personalidad presidencial, por lo que estimo ilusorio el resultado predicho por Ugalde en este punto.

Luego, Ugalde echa en falta que los líderes opositores se hagan presentes el “día después” de los eventos electorales. Refresquemos lo que escribió: “En cada elección, los candidatos y los líderes se desaparecieron en la tarde de los votos y se desbandaron al día siguiente. Políticamente no hubo ‘día después’ opositor”. Hace pocos días un estimado amigo me escribió con la siguiente pregunta: “¿Cuándo es que la oposición se va a unir en torno a una propuesta coherente, común y universal con el mismo objetivo?” Ante el emplazamiento ensayé esta respuesta: “Lo que hay que reunir no es una oposición, sino una mayoría política. ¿Qué reuniríamos si juntáramos a ‘la oposición’? No tengo cifras frescas, pero en enero de este año Primero Justicia representaba 2,3% de la opinión, Un Nuevo Tiempo 2,1%, AD 1,1% y COPEI 0,8% para un gran total de 6,3%. Escarrá, el muy escaso Guaicaipuro, el ‘Comando Nacional’ de la Resistencia y ‘fuerzas’ similares no añaden casi nada. Una federación de enanos no es lo mismo que un gigante, que es lo que tendríamos que parir. ¿Es esto posible? Sí, y para esto es preciso contemplar el asunto desde un paradigma muy diferente, que por un lado sería más una superposición que una oposición y, por el otro, tendría que superar no sólo al chavismo, sino igualmente a ‘la oposición’.”

La idea precedente—que tanto el chavismo como sus opositores formales son perniciosos (aunque más el chavismo)—es absolutamente clave en la superación de la actual situación política, que no se reduce a la reforma constitucional planteada este año, sino que lleva ya más de ocho sin que un planteamiento estratégico de profundidad sea formulado. (O escuchado). Hace ya bastante rato que los estudios de opinión reflejan una realidad política que, en términos gruesos, es la siguiente: se identifica como partidario del gobierno un 35% de los encuestados, como partidario de la oposición un 15% y sin afiliación a estos extremos un 50%. A pesar de esto, todavía se insiste en que el remedio es “unir a la oposición”, en vez de presentar una formulación política que de todos modos debiera darse aun si gobierno y oposición no existieran, y que quizás apelaría primariamente a ese enorme mercado que se ubica al margen de la polarización.

Es por esto que la recomendación “salomónica” o “pilática” de Ugalde, “que la abstención y el voto negativo desde ahora se acepten mutuamente (aunque no se gusten) y se sumen como dos formas complementarias del mismo rechazo”, está fundamentalmente equivocada, por varias razones.

La primera se deriva de la observación precedente: es preciso superar tanto el discurso chavista como el opositor, y no es con la negación de las diferencias entre abstencionistas y participacionistas como se logrará tal objetivo. Del modo como lo plantea—“el día del referéndum el rechazo se expresará de dos maneras, ambas con fuertes razones y motivos: por la abstención y por el no”—Ugalde elude pronunciarse respecto de cuál de ambas posturas es equivocada, y no pueden ambas ser correctas. Cómodo, pero el proverbial asno de Buridan murió de inanición al no saber escoger entre dos pacas de heno igualmente apetitosas que tenía a la misma distancia.

Por otra parte, el planteamiento de Ugalde es polarizante y está encadenado al pasado opositor, y hasta ahora esta estrategia se ha revelado, reiteradamente, como ineficaz. A pesar de que sólo un 35% de los electores admite ser chavista, cada vez que ha habido una confrontación electoral ha ganado el gobierno, en procesos altamente polarizados. Identificar la batalla actual, además, como una continuación de la inepta trayectoria de oposición—“Como me decía un amigo, ‘el día después’ ha sido desde 1998 el punto más débil de los demócratas opositores”—es asimilarla a tarea de perdedores, al pataleo más reciente de dirigentes ampliamente desacreditados.

Finalmente, está lo de sumar votos negativos y abstenciones “como dos formas complementarias del mismo rechazo”. Esto es un error craso. En ocasión de comentar un trabajo de José Amando Mejía Betancourt, que abogaba por la misma idea para promover la abstención, se escribió en la Nota Ocasional #14 de doctorpolítico: “¿Por qué medios llega Mejía a establecer, a priori, que la abstención es lo mismo que un rechazo? Es perfectamente concebible que más de un ciudadano se abstenga de votar en el referéndum a pesar de que esté conforme con el proyecto de reforma, por razones otras cualesquiera, una de las cuales pudiera ser, simplemente, que estima que su voto no es realmente necesario para el triunfo. Otros pudieran verse impedidos de votar por causas diferentes, como algún impedimento de transporte, o un malestar súbito, o un error del registro electoral que le deje contado como abstenido. ¿Quién autoriza a Mejía a la interpretación apriorística por la cual transmuta su ausencia en repudio?”

Y también se hace eco Ugalde de la conmovedora y poco realista impresión de que un porcentaje muy elevado de abstenciones y votos negativos equivale a una deslegitimación de la reforma que pudiera ser aprobada. Así escribe: “…el día del referéndum el rechazo se expresará de dos maneras, ambas con fuertes razones y motivos: por la abstención y por el no. No será posible acordar una única forma de rechazo. Millones (opositores y chavistas) lo harán con la abstención y otros millones con el voto por el no. Ambas formas de rechazo sumarán más de 70% (ya 60% sería un triunfo) y dejarán en evidencia que, con minoría de 30%, el Gobierno quiere imponer como obligación constitucional un régimen autoritario y un modo de vida rechazado”.

Son de una supina inocencia estas prescripciones de dejar “en evidencia”—¿ante quién, por cierto?—las intenciones autoritarias y socializantes de un gobierno que, para empezar, nunca ha cesado de ponerse en evidencia él mismo a este respecto; su carácter está en evidencia por su propia actuación descarada, y la puesta «en evidencia” que Ugalde prescribe no añade absolutamente nada.

Pero cabe preguntar: ¿sostiene Ugalde que la Constitución que nos rige es ilegítima? No pareciera; al igual que Mejía Betancourt la da por sentada y por aceptable: “Chávez ha decidido imponer una nueva Constitución (acabando con la bolivariana)… La nueva constitución es una locura… Hay que… evitar que se aplique un régimen que reduzca los derechos humanos y elimine la democracia pluralista”.

Recordemos entonces las cifras del referéndum del 15 de diciembre de 1999, que consagró la Constitución que Ugalde acepta. Para ese día el registro electoral computaba un total de 10.940.596 electores. De éstos, sólo 3.301.475 electores (30,2%) votaron afirmativamente. Descartemos los votos nulos (219.476), suponiendo que ni Ugalde ni Mejía Betancourt querrán aducir que se les debe computar como rechazos. Quedan, pues, para constituir la suma que propugna Ugalde, y que interpreta como rechazo expreso, los votos negativos (1.298.105) y las abstenciones (6.121.540); nada menos que 7.419.645 electores, para un total de 67,8%, o un 7,8% por encima de lo que Ugalde consideraría “un triunfo”.

Si fuera válida su teoría de que la suma de las abstenciones y los votos negativos debe ser tenida por explícito rechazo, ¿por qué no escribe Ugalde denunciando la Constitución de 1999 como írrita, dado que el 15 de diciembre de ese año se cumplieron casi exactamente las metas cuantitativas que ahora propone?

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El régimen político ucraniano que siguió a una nueva constitución, aprobada en 1996, era criticado por sus opositores, que lo acusaban de corrupción y de concentrar excesivo poder, así como de fraude electoral e impedimento a la libre expresión, para no referir las prebendas económicas concedidas a sus seguidores, que incluyeron transferencias de propiedades públicas a sus manos. En noviembre de 2004 el Primer Ministro de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue declarado triunfador en las elecciones de ese país. Muchos observadores estuvieron de acuerdo en que las votaciones habían sido amañadas. El 22 de ese mes se reunió una gran multitud en la Plaza Independencia de Kiev en apoyo al candidato opositor, Viktor Yushchenko, quien procedió a conducir la exitosa rebelión pacífica que el mundo conocería como Revolución Naranja. El gobierno se vio forzado a repetir las elecciones y a salir de éstas en derrota.

Por supuesto, para que este resultado pudiera darse eran necesarias dos condiciones: la primera era la de constituir una mayoría real; la segunda era la asistencia a las urnas. En Ucrania no cogió cuerpo la necia prédica abstencionista, ni hubo quien elaborase bizantinos y falsos argumentos que sostuvieran que abstenerse era lo mismo que votar en contra.

El “día después” del referéndum que decidirá el destino del proyecto chavista de reforma constitucional pudiera ser ucraniano—no digo naranja para que no se diga que milito en el MAS—, siempre y cuando el “día antes” seamos realmente mayoría, el “día mismo” acudamos en masa a rechazarlo con las máquinas de votación y el gobierno se atreva—cosa que no ha hecho hasta ahora, seguramente porque no lo ha necesitado—a desconocer el verdadero rechazo del voto negativo. Todo lo demás es cuento.

LEA

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FS #168 – Hacia una política del pueblo judío

Fichero

LEA, por favor

Entre jueves y domingo de esta semana se reunirá en Caracas la Asamblea Anual de FESELA (Federación Sefardí Latinoamericana). Al evento asistirán delegados de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Panamá, Perú, Uruguay y Miami. En su acepción estricta, los sefardíes o sefarditas son judíos que provienen de España. (El vocablo sefarad, que originalmente significaba “muy lejos”, sirvió para designar a la Península Ibérica). En sentido amplio, se aplica igualmente a judíos de otras regiones que siguen una liturgia similar a la de los españoles, para diferenciarlos de los judíos ashkenazim—Alemania y otras regiones de Europa—, que practican un ritual diferente.

Resulta oportuno, por tal razón, reproducir un reciente artículo de Yehezkel Dror, publicado el 5 de julio de este año en varios medios israelíes. Lleva por título “Hacia una política del pueblo judío”, y trata de las relaciones entre el Estado de Israel y los judíos de la Diáspora, como lo son los delegados a la asamblea de FESELA.

Yehezkel Dror es profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el suscrito tiene el honor y la suerte de tenerlo por amigo y mentor. El Prof. Dror es un experto de clase mundial en la toma de decisiones de alto nivel, habiendo producido una buena cantidad de obras pioneras en el campo de las policy sciences, incluyendo su clásico Crazy States, de 1971, escrito mientras se desempeñaba como Senior Fellow de la Corporación RAND. La tipología descrita en ese libro, antes de que Idi Amin Dadá, Saddam Hussein o Hugo Chávez hicieran su aparición política, describe ajustadamente los gobiernos de cada uno.

Igualmente, Dror ha servido de asesor de alto nivel al Reino de Holanda, Canadá, la Comunidad Europea y el propio Israel, donde fue consejero del primer ministro Yitzhak Rabin y antes “científico jefe” del Partido Laborista y el Ministerio de Industrias. El Club de Roma le encargó en 1994 la preparación de un monumental estudio sobre la capacidad de gobernar. Ahora preside el Instituto de Planificación de Políticas del Pueblo Judío, con sede en Jerusalén.

Por otra parte, Dror conoció y visitó frecuentemente a Venezuela entre 1972 y 1994, y aquí ofreció una buena cantidad de conferencias y talleres sobre su disciplina. A fines de 1977 dictó una conferencia patrocinada por la Secretaría del entonces incipiente Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, en la que se refirió a la inestabilidad intrínseca del régimen del Shah de Irán. Un año y tres meses más tarde este régimen se desplomaba, para sorpresa de las cancillerías occidentales y confirmación de la penetrante y atinada evaluación de Dror.

La lectura del artículo revelará uno de los rasgos más característicos de Yehezkel Dror: un lenguaje abrasivo que no ahorra las verdades que cree entrever. Toda su vida las ha dicho sin el menor empacho.

LEA

Hacia una política del pueblo judío

Entre los muchos campos en los que Israel carece de una política sustantiva, el del pueblo judío ocupa un “lugar de honor”. Se habla mucho de “la Diáspora (1) como activo estratégico” y se solicita su apoyo financiero, la palabra judaísmo se moviliza contra Irán, la tasa de asimilación se observa en shock y las emociones hierven ante los ataques antisemitas en sinagogas y cementerios. Hay alguna mejora en el cuidado de la seguridad física de comunidades en peligro. Y todo esto se acompaña de una multitud de declaraciones sobre la naturaleza de Israel como “el Estado del pueblo judío”, múltiples apariciones de líderes israelitas importantes en foros en todo el mundo y declaraciones de que aliyah (2) es la solución de todos los problemas. Pero faltan casi por completo una comprensión profunda de la dinámica del pueblo judío y una percepción correcta de los peligros emergentes en las relaciones de Israel y la Diáspora. Más aún, la construcción de una política israelí sobre el pueblo judío no está incluida en la agenda pública del país.

Estas actitudes hacia la Diáspora están enraizadas en la historia y tienen alguna justificación en las realidades del pasado (aunque creo que en esta materia David Ben-Gurión cometió uno de sus pocos errores de estadista). Pero el mundo está cambiando rápidamente, incluyendo el Estado de Israel y el pueblo judío como un todo, lo que hace que aferrarse a lo que puede haber sido eficaz en el pasado sea una prescripción confiable para un triste fracaso en el futuro. Éste es claramente el caso en asuntos de seguridad política, pero igualmente es así respecto del futuro de las relaciones Israel-Diáspora. En ausencia de un marcado viraje en la política o, más propiamente, de cualquier política real vis a vis la Diáspora, es seguro un serio deterioro de esas relaciones, con daño irreparable tanto al futuro de Israel en tanto Estado judío-sionista como del pueblo judío en dispersión.

Fuertes procesos socio-históricos redundarán en una distancia creciente entre el Estado de Israel y la Diáspora, a menos que una política innovadora impida este “natural” desarrollo. La divergencia sustancial entre la experiencia de ser un judío en Israel y la de ser uno en la Diáspora, producirá una distancia cada vez mayor entre los judíos en Israel y los de la Diáspora. Si se añade a este diagnóstico la desaparición de la generación que experimentó los dramáticos eventos del establecimiento y la construcción del Estado de Israel después de la Shoah (3)—junto con la globalización de la cultura occidental, que impacta con fuerza a la mayoría del pueblo judío en todas partes—entonces la conclusión inevitable es que hay casi total certeza de que profundos procesos históricos debilitarán y diluirán cada vez más las conexiones entre Israel y la Diáspora. Éste será el caso, a menos que tengamos éxito en doblar las trayectorias históricas en la dirección deseada.

Para hacer esto es esencial, en primer término, despojarse de ilusiones y engaños que surgen de la miope fijación en lo que tenemos en las narices, en lugar de juzgar correctamente los procesos subyacentes que moldean el futuro con fuerza. En la actualidad, Israel continúa beneficiándose de muy visibles expresiones de identificación de una parte del pueblo judío en la Diáspora: las políticas de Israel reciben amplio apoyo, el dinero llega, las delegaciones van y vienen, y se pronuncia declaraciones ruidosas. Por tal razón, los políticos israelitas, cuya vasta mayoría se concentra en lo que es obvio a la mirada, carecen de cualquier incentivo para producir una nueva gran política hacia la Diáspora, sobre todo cuando están sobrecargados con problemas actuales difíciles y los judíos de la Diáspora no votan en las elecciones del Knesset (4). Más aún, la mayoría de los hacedores de políticas en Israel, así como los intelectuales y formadores de opinión, sufren de una carencia de comprensión y de ignorancia y equivocada percepción de las realidades de la Diáspora, especialmente en lo concerniente a los estados mentales y sentimientos de la generación joven.

Aun si el tema fuere bien entendido, no es fácil establecer las relaciones Israel-Diáspora sobre una base sostenible. Pero no se trata de una misión imposible. Si somos creativos en el pensamiento y la acción, pudiera entonces moldearse procesos para corresponder a los requerimientos, incluyendo, por ejemplo:

-El desarrollo de curricula sobre el judío y el pueblo judío, a ser compartidos por Israel y la Diáspora, teniendo cuidado de ofrecer un rango de opciones que puedan alojar la diversidad en valores.

-La inclusión de programas que ofrezcan una comprensión del pueblo judío y su dinámica en los medios masivos.

-Un cambio radical en el concepto de aliyah, con el estímulo de la aliyah parcial, incluyendo múltiples residencias en Israel y la Diáspora.

-Consulta sustancial con líderes de la Diáspora sobre decisiones israelíes importantes para el pueblo judío como un todo, en cauteloso movimiento hacia el establecimiento de un “consejo consultivo del pueblo judío” relacionado con el Knesset, que esté facultado para preparar opiniones asesoras y esté compuesto por representantes de la Diáspora.

-Reconocimiento explícito y declarado del derecho de los judíos de la Diáspora de criticar políticas israelíes.

-Nuevas modalidades de inversiones judías en Israel, que combinen la rentabilidad con la expresión de solidaridad.

-Proyectos retadores compartidos, incluyendo actividades de tikkun olam (“reparación del mundo”).

-Fortalecimiento de símbolos de identificación y centros compartidos, tales como hacer a Jerusalén la capital cultural del judaísmo y el pueblo judío.

-Establecimiento de una academia de liderazgo del pueblo judío en Jerusalén, para permitir el estudio y el discurso compartidos de líderes de Israel y la Diáspora, con especial atención a los más jóvenes.

-Profundización de la naturaleza de Israel como un “Estado judío” y hacerla más visible.

Y más.

Un paso esencial para moverse en la dirección sugerida, en adición a una lectura correcta de los peligros emergentes en las relaciones Israel-Diáspora, es que los líderes judíos israelíes se perciban y comprendan a sí mismos como parte del liderazgo del pueblo judío, dirigiendo atención y esfuerzos a la mejora de la situación de los judíos dondequiera se encuentren. Con honrosas pero escasas excepciones, ese concepto no existe más que en un nivel puramente declarativo que hace más daño que bien.

Yehezkel Dror

Notas

(1) Dispersión. Emigración forzada en masa sin ánimos de colonización.

(2) Inmigración de judíos al Estado de Israel.

(3) Holocausto de los judíos bajo los nazis.

(4) El parlamento israelí.

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