por Luis Enrique Alcalá | Jun 4, 2009 | LEA, Política |
Hoy se cumplen veinte años de la masacre de la plaza de Tiananmén. Es del tipo de violaciones masivas de derechos que Hugo Chávez, tan dado a criticar a los Estados Unidos, pasa por alto olímpicamente. Como pasa por alto, al condenar las intervenciones de esa nación en los asuntos de otros países, las emprendidas por Cuba en nuestro continente y el africano. Una de ellas, conducida por Ernesto Guevara, concluyó con su muerte y la derrota del foquismo guerrillero en Bolivia; la otra no pasó de ser un frustrado intento de entrar armas para la guerrilla venezolana de los años sesenta por las playas de Machurucuto.
La Cuba castrista, pues, más allá de la anacrónica causal de su alineación con el bloque soviético, hace tiempo inexistente, se había colocado ella solita, con su irrespeto a la autodeterminación de otras naciones y su violación más que reiterada—aún vigente—de los derechos humanos de pobladores suyos, fuera del Sistema Interamericano, que ha venido comprometiéndose cada vez más con las formas democráticas de gobierno, como ha sido asentado en la Carta Democrática Interamericana. (Firmada el mismo día de los ataques hiperterroristas en Washington y Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, compromete especialmente a Venezuela, sobre todo cuando fue invocada en defensa de la presidencia de Hugo Chávez poco menos de un año después).
Ahora la Organización de Estados Americanos, en decisión unánime, ha levantado la sanción que pesaba sobre Cuba desde hacía cuarenta y siete años y la excluía del supremo organismo del continente. Mientras Hugo Chávez saluda el acuerdo como el comienzo de una nueva era y busca reivindicar la decisión para los países del grupo ALBA, Manuel Zelaya, anfitrión Presidente de Honduras, declara que la Guerra Fría ha terminado en su suelo.
De Cuba misma vienen señales contradictorias. Horas antes del anuncio nadie menos que Fidel Castro calificó a la OEA de cómplice de crímenes contra Cuba y, ya conocida la noticia, la televisión estatal cubana se ha apresurado a aclarar que ni Cuba solicitó la decisión ni tiene interés en reingresar a la comunidad política americana. No obstante, el comentarista Randy Alonso indicó que Cuba reconocía la valentía implícita en la resolución de la OEA.
¿Luna de miel con Cuba? Difícilmente; la decisión sujeta el reingreso efectivo de la isla en la OEA a un proceso que asegure su conformidad “con las prácticas, propósitos y principios de la Organización de Estados Americanos”. De modo más específico, el preámbulo de la resolución hace referencia inequívoca a la Carta Democrática Interamericana, y este documento no deja resquicios a quien viole derechos humanos o niegue la convivencia democrática.
En síntesis, Cuba no puede batear todavía en ese estadio; en cambio, Barack Obama ha anclado en la primera base. Con su sorpresivo toque de bola, literalmente le ha dejado a Chávez la pelota en la mano.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 2, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Gracias a oportuno y amable aviso del ingeniero David Morán, doctorpolítico tuvo conocimiento de un artículo claro, a la vez sintético y completo, poderoso y necesario de Vicente Díaz, Rector del Consejo Nacional Electoral. Su título es: Estado de la Democracia – La voluntad popular y sus desafíos. La Ficha Semanal #244 lo reproduce in toto por considerarlo de inestimable valor. La versión reproducida acá (con minúsculos ajustes de puntuación) puede ser igualmente leída en Noticiero Digital: (http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=534922)
Díaz hace una exposición sencilla y directa de los ataques gubernamentales a lo que considera la médula de un sistema democrático: la equidad electoral. No deja de mencionar y valorar cada elemento importante del problema, cuya gravedad crece por horas con el abuso de poder de la Asamblea Nacional, coral obsecuente dirigida desde Miraflores, la que legisla para facilitar el paso de la aplanadora electoral oficialista.
No hay ni una pizca de falsedad en la relación del rector Díaz; por supuesto, varios coristas del obsceno régimen de la dominación chavista intentarán desmentirlo y atacarlo, y el director del coro dirá, como otras veces, que debe renunciar a su cargo. El pueblo venezolano sabe, sin embargo, aun los propios partidarios del gobierno, que el valiente rector dice solamente la verdad. En la Carta Semanal #313 de doctorpolítico (27 de noviembre del año pasado) se decía: “No hay duda de que durante el período de campaña la mayoría de sus rectores actúa en plan de alcahuete del Presidente de la República. A pesar de los dignos y valientes esfuerzos de Vicente Díaz—un miembro del Grupo La Colina cuya autoridad moral se deriva de su recta sensatez y su rechazo al obstruccionismo—el Consejo Nacional Electoral cohonestó los descarados abusos de Hugo Chávez, con la excusa de que este ciudadano no sólo es el jefe del Ejecutivo Nacional, sino mandamás de un cierto partido político”.
Pero la voz de Díaz será escuchada. El pasado domingo decía Luis Vicente León, Director General de Datanálisis: “… la gente rechazaba (y sigue rechazando) todos los actos radicales que Chávez comete: expropiaciones (más de 75% en contra), bloqueo al trabajo de gobernadores y alcaldes (más de 70% en contra), violaciones a la propiedad privada (más de 78% en contra), intentos de control propietario de algunas empresas de alimentos (sólo 10% de la población a favor), tomar ejemplos del modelo cubano (83% en contra)…” Otras encuestas (Datos, IVAD, Keller) registran mediciones muy similares. León advirtió: “Si [Chávez] continúa actuando como si la mayoría aceptara su modelo radical, la probabilidad de que se le voltee la tortilla se eleva y podría ser peligroso para él…”
Una vez más, gracias a Vicente Díaz.
LEA
…
Médula democrática
Un inicio cualquiera
En las elecciones parlamentarias de 2005 la mayor parte de la dirigencia opositora tomó la decisión de retirarse de la contienda electoral. Tal vez terminó atrapada en una corriente de opinión que se inició con la no fundamentada declaración de fraude de agosto de 2004, en ocasión del Referendo Revocatorio; y potenciada por diferentes sectores que consideraban que la participación electoral terminaba legitimando al gobierno.
Resultado de esa decisión la participación electoral cayó al máximo histórico de 25% y surgió una Asamblea Nacional enteramente representante de las políticas e intereses del gobierno nacional. Legal pero poco representativa dado que fue electa por menos de tres de cada diez venezolanos.
Esa realidad parlamentaria marcó y continúa marcando el cuadro institucional del país, el comportamiento de buena parte de los poderes públicos y la naturaleza del entramado legislativo.
En ese contexto, en el 2006, se tomaron dos importantes decisiones, una por el lado del oficialismo y otra del lado de la oposición.
Los primeros decidieron que era pertinente una renovación a fondo del Consejo Nacional Electoral. Nuevas figuras, nuevos estilos, nuevas decisiones. Era urgente fortalecer la institución que posibilita la máxima expresión de la soberanía popular.
En la oposición varios partidos, principalmente yendo en contra de la opinión predominante en sus predios, decidieron lanzar una candidatura presidencial.
Estas decisiones, divergentes en sus orígenes y motivaciones, convergieron en la búsqueda de dirimir los conflictos de poder por la vía pacífica y electoral.
El avance
Ese año, una estrategia por parte de la autoridad electoral de ofrecer significativas mejoras en las garantías electorales en el marco de una política de diálogo y comunicación con el país, conjuntamente con un significativo esfuerzo de los dirigentes y militantes de las toldas políticas, permitió revertir completamente la tendencia de abstención. Casi ocho de cada diez venezolanos con derecho al voto salieron de su casa el 3 de diciembre y manifestaron su compromiso con la democracia.
Se había desmontado ladrillo a ladrillo la pared de angustias y temores que contenía el caudal democrático del país. Se había dejado atrás los mitos de que las máquinas alteran los votos, que el voto no era secreto, que los hackers alteraban los resultados, que los muertos votaban…
El último paso para despejar los nubarrones abstencionistas le tocó darlo a Manuel Rosales, candidato opositor. Pese a la presión de muchos, rápida y oportunamente reconoció unos resultados que le eran desfavorables. Esa decisión contribuyó al sosiego de la nación y a la recomposición de las filas de los sectores no oficialistas. Potenciando un eventual y futuro reequilibrio de poder inherente al devenir democrático.
La carga
Pese a los avances, desde entonces estuvo presente una carga que lejos de aliviarse se incrementa. El Gobierno con su peso, con su enorme músculo logístico y comunicacional se hace parte de una contienda político-electoral que le está prohibida por mandato de la Constitución y de las Leyes.
En esas condiciones el camino para quien le adverse es absolutamente cuesta arriba.
El gobierno durante las campañas electorales refuerza la publicidad institucional y la promoción de la obra de gobierno, cosa que en otros países está prohibida de plano. El presidente utiliza los medios de comunicación oficial para promoverse, promover sus candidatos y descalificar a quienes disientan, inclusive utiliza programas y recursos del Estado como Aló Presidente y las cadenas de radio y televisión para promover su partido político. De hecho todas las instituciones públicas se avocan a auspiciar las candidaturas del partido de gobierno.
Pero, derivado de la composición política de la Asamblea Nacional, otros poderes públicos, llamados en un Estado republicano a ser contrapeso democrático, han dificultado el normal y sano desenvolvimiento de quienes piensan distinto.
Hoy por hoy, dirigentes de primera línea de partidos adversos a la línea del gobierno están imposibilitados de ejercer el derecho político y humano de ser candidatos. Sin juicio previo y sin sentencia penal alguna, como manda la constitución y el ordenamiento jurídico internacional, Enrique Mendoza, Leopoldo López, Eduardo Lapi, Barreto Sira, William Méndez, entre otros, están impedidos de ejercer su derecho al sufragio pasivo.
A esto se le suma, por ejemplo, la realidad de una actividad política mediatizada por el constante espionaje telefónico prohibido expresamente por las garantías y derechos de nuestra magna carta. No lejos está el recuerdo de las grabaciones de dirigentes políticos hablando de sus estrategias electorales y luego difundidas por el Estado venezolano, que por mandato de la Constitución debe garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones, a través de una de sus instituciones, Venezolana de Televisión. Por mucho menos que eso tuvo que dejar Richard Nixon la presidencia de Estados Unidos, y hay un escándalo en la vecina Colombia. Eso no es normal. A eso no nos podemos acostumbrar.
Estas realidades se entreveran con un creciente temor en los medios de comunicación y en los comunicadores sobre las consecuencias de ejercer de viva voz una línea de información y opinión que resalte los eventuales abusos e ineficiencias de quienes tienen autoridad. En todo el mundo la prensa debe resaltar las manchas del poder. Esa es la caja de resonancia de las perversiones de la autoridad. No es posible la democracia sin libertad de expresar el pensamiento o la opinión. No hay democracia sin medios libres de la presión de los gobiernos; la libertad también comprende su ejercicio libre de temores.
La salida del aire de RCTV, responsabilidad directa del gobierno nacional, comenzó a crear un clima adverso al pluralismo comunicacional. Ahora, como punto culminante, el potencial cierre de Globovisión. Esto, entre otras cosas, nos dejaría para la campaña electoral de las parlamentarias con todos los canales del Estado promocionando los candidatos del gobierno y los pocos medios nacionales de señal abierta poniendo sus bardas en remojo en medio de la aprehensión y autocensura.
Si algunos medios de comunicación contribuyeron por acción u omisión con el golpe de estado de abril de 2002, hay maneras de determinar las responsabilidades. Pero eso no puede justificar una estrategia sistemática de sembrar temor a los medios y sus anunciantes. Y menos donde los medios de comunicación de Estado son órganos de difusión del partido de gobierno. Eso es una espada de Damocles sobre la equidad electoral, quintaesencia de la democracia.
A esta carga que impacta profundamente el acontecer democrático se le incorpora un evento nuevo y perturbador. Pareciera que no basta ganar las elecciones para que lo que decidió la mayoría se respete y materialice. Diversos ropajes parecen vestir una estrategia de escamotear resultados adversos.
De ahí que vale la pena preguntarse:
¿Para que sirve el pueblo?
En el 2007, el Presidente y la Asamblea Nacional, le presentaron al país un proyecto de reforma de la constitución para legalizar la transformación de la República en un Estado socialista. Quien suscribe alertó oportunamente al país que asumir constitucionalmente que un país es socialista es un exabrupto similar a querer asumirlo como capitalista, socialcristiano o socialdemócrata. Significa de hecho acabar con el pluralismo político, con el derecho a pensar políticamente como a cada quien le venga en gana.
Ese proyecto fue derrotado electoralmente. El pueblo se pronunció en contra de sus 69 artículos. Algunos de ellos probablemente, por separado, hubiesen tenido suficiente acogida. Pero el hecho es que la reforma no prosperó. Sin embargo buena parte de esos artículos se han venido formalizando a través de un abanico de leyes aprobadas o por aprobarse en la AN. Muchas de ellas aludiendo a un socialismo no materializado en la Ley madre y más bien en abierto desdén para con el pluralismo que ella consagra.
El pueblo decidió una cosa. El gobierno, Asamblea mediante, realiza otra.
Un capítulo aparte reclama la Alcaldía Metropolitana. El pueblo de Caracas votó para que una persona de su confianza asumiera una responsabilidad y de pronto se encuentra que aquello por lo cual votó no se puede realizar porque el gobierno le cambió las reglas.
Si era verdad que había que modificar la naturaleza y alcance de la Alcaldía Metropolitana, ese cambio tenía que hacerse antes, para que la gente supiera a qué atenerse para que el acto democrático de elegir a sus propias autoridades no fuera desvirtuado. Eso equivale, salvando las distancias, a comprar una casa y luego de pagarla que a uno le digan que el precio no incluía techo, piso, ni tuberías, puras paredes. En el terreno inmobiliario eso es una estafa. En el terreno constitucional tiene otro nombre…
El pueblo de Maracaibo también ha visto frustradas sus ilusiones. En el medio de la campaña electoral de las elecciones regionales de noviembre de 2008, en un acto de campaña, el presidente de la República, quien por cierto no tiene esa competencia, prometió que iba a meter preso a Manuel Rosales, quien fuera su contrincante en la campaña presidencial del 2006; y que ahora enfrentaba al candidato del partido de gobierno. A los pocos días la Asamblea Nacional, controlada absolutamente por el partido del presidente, le abría una investigación administrativa. Hoy Manuel Rosales es un asilado político en Perú.
Las dos principales ciudades de Venezuela, que votaron en contra del Gobierno central, hoy se ven con sus autoridades acorraladas y anuladas.
El pueblo es, en democracia, la fuente única de todo poder. Como sujeto, ese poder se expresa, entre otras formas, eligiendo a los gobernantes e incidiendo en sus políticas; como objeto, disfrutando o padeciendo de esas políticas.
Al pueblo no se le pueden cambiar las reglas en el medio del juego.
Desafíos
Se han dejado atrás varios de los principales mitos electorales. El pueblo sabe que a veces ganan unos y a veces, a pesar de lo empinado de la cuesta, otros.
Sin embargo, lo medular de la democracia está en juego.
El Consejo Nacional Electoral aprobó por mayoría un proyecto de Ley que debería apuntar a corregir vicios y enderezar entuertos del sistema electoral. Quien suscribe no acompañó esa decisión por considerar que ese proyecto no recoge importantes avances institucionales como la fiscalización electoral, las mesas de diálogo, la observación electoral.
Tampoco resolvería ninguno de los principales problemas. Que todos los votos valgan lo mismo, la permanencia de las “morochas” supone que hay votos que eligen más. Que las campañas sean entre iguales. Que se respete la Constitución para que los funcionarios e instituciones no operen a favor de sus preferidos. Que las elecciones sean un acto absolutamente civil. Que quienes aspiren a reelegirse tengan que separarse de sus cargos antes de postularse. Que haya equilibrio en los medios de comunicación. Que la cedulación se considere acto electoral y por ende sea objeto de observación.
La pelota pasó a la cancha de la Asamblea Nacional. Ojalá que trascendiendo la coyuntura estuviesen legislando pensando en cómo les hubiesen gustado las reglas cuando eran parte de las minorías. Sin embargo, la naturaleza y alcance del proyecto aprobado en primera discusión de la Ley Orgánica de Procesos Electorales parece apuntar en una dirección contraria. No sólo no corrige ninguno de los entuertos arriba señalados sino que más bien los profundiza y agrega otros de su propia cosecha.
La Constitución Nacional expresamente consagra y enfatiza en sus artículos 63, 186 y 293 el principio de la Representación Proporcional en la elección de los cuerpos deliberantes. Buscando con esto que las minorías tengan voz y voto. El calibre y talante de una democracia se mide por la forma como trata a sus ciudadanos más débiles en lo social y a sus minorías en lo político. El proyecto aprobado, divorciándose de este axioma, empeora la realidad vigente y minimiza la posibilidad de expresión institucional de las minorías políticas al proponer un sistema paralelo donde los cargos nominales no se restan de las listas legalizando así la viveza de las “morochas”. En el pasado republicano, sólo apelando al recurso de la representación proporcional se pudo abrir una válvula de escape institucional a la presión política de minorías con aspiraciones de poder que habían asumido la lucha armada como camino de expresión política. El PCV y el MIR cambiaron pistolas y fusiles por votos y curules para desde esa nueva trinchera mantener su combate político e ideológico. El cierre de esa válvula de escape electoral no bajará la presión, sólo la podría conducir por nuevas sendas.
El Proyecto también posibilita un peligroso manejo discrecional de las circunscripciones electorales que podrían acomodarse y reacomodarse en función de coyunturas políticas. Lo mismo vale para la adjudicación de cargos. Al no definirse el método se deja abierta la posibilidad de eventuales manejos interesados por vía normativa para cada elección. Colocando, entre otros males, al Poder Electoral en el centro de la diatriba política.
Establece también que los centros de votación podrán funcionar en cualquier dependencia pública abriéndose paso a un catastro electoral indeseable con centros de votación en alcaldías, gobernaciones, sedes de organismos gubernamentales. Funcionarios inescrupulosos tendrían el mandado hecho a la hora de amedrentar al elector.
Y así podríamos seguir desmadejándolo. Un proyecto que de no modificarse sustancialmente en segunda discusión podría colocar el juego electoral en un terreno pantanoso y, ojalá que no, intransitable.
Hay partidos con votos, con política que no están en la AN. Representan a un importante sector del pueblo. Ojalá sean escuchados. Especialmente ahora.
Tareas
Hay factores ontológicamente interesados en dividir cierto electorado entre abstencionistas y participacionistas. Es deber cívico y estratégico enfrentar esos factores. Quienes promueven la desestima del voto como camino terminan poniéndole alfombra roja a la violencia. En Venezuela toda violencia política ha fracasado. Eso lo aprendió el actual presidente en el 92 y algunos opositores en el 2002.
Un eventual cierre de Globovisión profundiza de tal manera el desequilibrio comunicacional y profundiza de tal manera la inequidad electoral que sería muy difícil hablar de elecciones justas. Un cierre de ese canal pondría al pluralismo comunicacional, y por ende la libertad de pensamiento base misma de la democracia, contra la pared.
Es indispensable aprovechar la coyuntura de discusión de la Ley Orgánica de Procesos Electorales para tratar de incidir en que esa Ley permita establecer clima y reglas electorales adecuados para el ejercicio libre y consciente del voto en condiciones de equidad y justicia electoral.
El Poder Electoral debe hacerse eco de estas realidades y alertar al gobierno sobre las implicaciones de lo que se discute en la Asamblea Nacional y lo que podría decidir CONATEL.
Todo gobierno democrático necesita medirse en las urnas y para medirse necesita contrincantes y electores que quieran ir a votar.
Vicente Díaz
por Luis Enrique Alcalá | May 28, 2009 | Cartas, Política |
En las primeras páginas de su libro Técnica del golpe de Estado, Curzio Malaparte describe la innovación de tecnología política que constituyó el golpe bolchevique de octubre de 1917. En efecto, los golpes tradicionales consistían en asaltar por la fuerza el palacio de gobierno, para destronar directamente a la cabeza del Poder Ejecutivo. Los bolcheviques, en cambio, dejaron que Kerensky permaneciera en el edificio sede del gobierno y mientras tanto se dedicaron a cortar las vías telefónicas y telegráficas y a impedir otros servicios esenciales a la comunicación. Es así como el gobierno de Kerensky quedó completamente aislado, sin los canales de comunicación requeridos para que el gobierno pudiera funcionar. Es como si el cerebro de un organismo viviente quedara separado de los órganos sensoriales y de locomoción. Kerensky cayó, prácticamente, por sí mismo. (Con una ayudita de Trotsky, que ante la caótica situación presoviética—grandes masas en hambruna recorrían como zombies las calles de las principales ciudades rusas—confió a Lenin que deponer a Kerensky sería facilísimo: “tan fácil como darle una patada a un paralítico”).
Un concepto similar a éste es el que da substancia política a una estrategia centrada, tercamente, sobre la Asamblea Nacional. Es posible dejar el control del Ejecutivo, por ahora, a otras manos y concentrarse en el control del Legislativo, ejerciendo de este modo, al estilo de ciertas aperturas ajedrecísticas relativamente modernas, un “control del centro a distancia”.
La principal propiedad terapéutica de una estrategia política de lo que no es chavismo en Venezuela, enfocada sobre las próximas elecciones de Asamblea Nacional, reside precisamente en que su foco es el Poder Legislativo, cuando lo tradicional es enfocar el asunto sobre el control del Poder Ejecutivo. Éste continuará teniendo un gran poder, no hay duda, pero tendría que comportarse de un modo diferente frente a un Poder Legislativo que ya no fuera una composición de intereses articulados en torno a los objetivos presidenciales. Si se quiere resumir en forma efectista, puede decirse que el golpe de Estado necesario es un golpe electoral dirigido al Poder Legislativo.
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La importancia de la Asamblea Nacional es verdaderamente crucial. Lo estamos viendo justamente por estos días, y la propia Asamblea, complaciente con el Ejecutivo, se ha apresurado a considerar una Ley Orgánica de Procesos Electorales, destinada a reforzar todavía más de lo que está la ventaja de las candidaturas oficialistas.
Los asambleístas, los estrategas del chavismo en general, han tomado debida nota del progreso electoral reciente de los opositores al gobierno. (Vladimir León, por ejemplo, ha producido cálculos de la composición teórica de una asamblea producida por votaciones que guardaran la proporción observada el 2 de diciembre de 2007, y en consideración de las peculiaridades locales y las reglas actuales consigue que ese cuerpo se compondría de 84 diputados oficialistas y 80 diputados de oposición).
De allí el afán de las huestes comandadas por Cilia Flores por ampliar el ventajismo oficial. En lo que creen que les conviene, es asunto principal la minimización del principio de representación proporcional.
Es éste un principio consagrado en la Constitución para la elección de los cuerpos legislativos de la Nación. Por caso, su Artículo 186 define de este modo: “La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional…”, y el Artículo 162 indica: “El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y a los Municipios”.
Esta normativa de rango constitucional ya estuvo anticipada por la Constitución de 1961. Su Artículo 113 establecía: “La legislación electoral asegurará la libertad y el secreto del voto, y consagrará el derecho de representación proporcional de las minorías”.
El movimiento de la Asamblea Nacional de estos días, orientado a debilitar la proporcionalidad en favor de la “personalización del voto”, esto es, a favor de un criterio predominantemente nominal en la adjudicación de las curules, ha preocupado a algunos analistas. Por ejemplo, el editorial de ayer del diario Tal Cual pone: “El sistema nominal es mucho menos democrático que el de la representación proporcional, porque privilegia a la minoría más grande y desfavorece, casi hasta su desaparición del mapa electoral, a las minorías más pequeñas. El truco está dirigido, pues, a favorecer al PSUV, en detrimento de las agrupaciones más pequeñas”.
De modo atípico, quien suscribe se permitirá disentir esta vez del análisis de Teodoro Petkoff.
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¿Cuáles minorías son las que deben ser representadas? Por ejemplo, ¿deben ser representadas en el Congreso, proporcionalmente, las minorías que piensen que el aborto debe ser declarado un derecho de las mujeres? ¿Cómo asegurar que estén representados proporcionalmente en el Consejo Legislativo del estado Guárico los que crean que el cigarrillo debe ser abolido en los sitios públicos o, peor aún, los que piensen que el principio de representación proporcional de las minorías es un principio imposible de aplicar, dado que las minorías no son estables y un día hay unas minorías y al día siguiente otras?
Por otro lado, hay que entender lo que suponemos quiso establecer el constituyente de 1961 al referirse a representación proporcional de las minorías y el de 1999 al hablar de mera proporcionalidad. Lo que se desea con este principio es evitar una homogeneización que se base en el predominio de una mayoría, mediante la anulación de puntos de vista diferentes. Pero en ninguna parte se establece en la Constitución que las palabras “minoría” y “partido” son sinónimos.
Y es que el discurrir de Tal Cual identifica, precisamente, minorías con partidos concretos. El partido Podemos, en la práctica, es la minoría que sigue al liderazgo de Ismael García. No hay, en la mayor parte de quienes han sufragado por candidatos de esa tolda, una imagen precisa de lo que Podemos representa programáticamente. Primero Justicia es, por encima de cualquier definición ideológica, el grupo de quienes aprecian la conducción de Julio Andrés Borges y en él confían. Del mismo modo, la inmensa mayoría de los partidarios del gobierno sufragan por el PSUV porque se trata del partido del Presidente de la República. Este partido, por lo demás, es en verdad la mayor de las minorías, como lo caracteriza Petkoff atinadamente. (Hay minorías mucho menores: hace un par de semanas se suscitó una amarga discusión en COPEI; quien la planteó se indignaba de que ahora, desconsiderando la gloriosa historia del partido, este Partido “Popular” apareciera en los estudios de opinión en la categoría “otros”; su exigua representación electoral ya no merece una categoría aparte).
Pero la idea misma del Poder Legislativo como ente de representación, sin embargo, es que sus componentes deben representar a los ciudadanos, a los electores. La teoría de la democracia representativa se basa en esa noción. No es el caso de la representación de los partidos, menos aún en una nación que, como la nuestra, está integrada por pobladores que en su gran mayoría no están afiliados a ningún partido.
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Es difícil ubicar un sistema político en el que las minorías tengan un mayor peso real, y mayor representación, que en el sistema político de los Estados Unidos, cuya estructura es precisamente la de representación uninominal o nominal. Es éste un sistema más abierto, y en él tienen participación y representación efectiva todas las minorías. Cada minoría es muy activa—ecologistas, negros, pacifistas, feministas, partidarios del porte privado de armas, homosexuales, etcétera—y obtiene una considerable influencia en la determinación de las políticas mediante el expediente directo de asociarse libremente en torno a un punto de opinión determinado: derechos de la mujer, derechos de los negros, derechos de los hispanos, etcétera. Así influyen fuertemente sobre sus legisladores, pues cada uno de éstos tiene un electorado (constituency) del que depende su permanencia en el cargo representativo, razón por la que presta mucha atención a los movimientos de opinión, aunque éstos sean minoritarios.
En cambio acá, donde se dice que debe prevalecer el sistema de representación proporcional de las minorías, esto ha sido diseñado, y no de ahora, de modo que las minorías que son protegidas son las minorías partidistas. El sistema sirve para que un partido derrotado en una determinada circunscripción electoral no se quede sin asientos en las cámaras representativas. Pero la minoría de opinión que representan los partidos es totalmente difusa y sin definición—¿qué es Un Nuevo Tiempo después de la despedida de Manuel Rosales?—, muy distante de una homogeneidad de pensamiento o postura política, de una verdadera y precisa minoría de opinión, más allá de la opinión anti Chávez sobre la que no tienen monopolio.
En general, los sistemas de representación proporcional de las minorías tienen sentido en sociedades en las que las mismas están definidas con claridad, en países con tradicionales divisiones étnicas, lingüísticas o religiosas, y éste no es el caso de Venezuela. Por otra parte, todo sistema—político, técnico, físico, el que sea—incurre en algún costo. El sistema uninominal de representación también lo tiene, pero es un costo pagable si se considera que lo que permite es un sistema fácil y rápidamente entendible por el electorado, al tiempo que le permitiría forzar al representante elegido como sujeto responsable de sus actos. En este sistema “personalizado”, aplicado a cabalidad, la responsabilidad del representante no puede ser evadida transfiriéndola a una organización partidista.
No es sostenible, entonces, que los sistemas nominales son, de suyo, menos democráticos que los que prescriben una representación proporcional de las minorías que, como vimos, son en realidad minorías partidistas. De hecho, es la ventaja de esa proporcionalidad el principal incentivo a la terquedad existencial de cada agrupación minúscula en el archipiélago de islotes que es la oposición democrática venezolana.
Por supuesto, nunca debe perderse de vista que una cosa es la Constitución en manos de Raúl Leoni y otra muy distinta el mismo texto en manos de Hugo Chávez y su Sala Constitucional. El sistema político más puro y democrático siempre será adulterado mientras dure la dominación chavista.
Pero si resultare, como parece que ocurrirá, que la representación proporcional perderá terreno ante el criterio nominal, lo que debe hacerse es postular como candidatos nominales a políticos de alta calidad, capaces de convencer a los electores de que serían sus mejores representantes. A juzgar por la altura promedio de los actuales diputados a la Asamblea Nacional, esto no debe ser muy difícil.
En consecuencia, es muy aceptable y cierta la advertencia final en el editorial aludido de Tal Cual: con esta nueva ley “el tiro puede salirle por la culata al oficialismo”.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | May 28, 2009 | LEA, Política |
En el día de ayer asistió quien escribe a un acto de especial significación familiar: la presentación del primer libro de su esposa, editado por la Fundación Empresas Polar. Nacha Sucre escribió, bajo la guía de la periodista y narradora Milagros Socorro, conductora del Taller “Periodismo y Memoria” de esa fundación, la historia de sus abuelos Sucre-Eduardo (Alicia Eduardo: Una parte de la vida).
El acto transcurrió en los hermosos predios de la Casa Lorenzo Mendoza para el Estudio de la Historia de Venezuela (situada entre las esquinas de Veroes a Jesuitas), y la esposa del suscrito compartió honores con su compañera y amiga Julieta Salas de Carbonell, quien transitó igualmente la ruta de una narración familiar (Caminos y fogones de una familia merideña).
Ambas autoras destacaron, en sus brevísimas palabras, la importancia del círculo familiar. Nacha Sucre, por ejemplo, se refirió al tino de la fundación al escoger esta clase de obras para su publicación, pues considera que la familia venezolana es, en esta hora de pruebas, “el reservorio de nuestra esperanza” y que es en su amor y su fuerza donde encontraremos las “claves necesarias” para superar la situación que agobia al país.
Milagros Socorro, a su vez, elevó el asunto al nivel de una verdadera tesis de sociología política. Al decir de la profesora, son las familias venezolanas, tanto las formadas por completo como las típicas (estructuradas matrifocalmente), el sistema social que está siempre allí para suplir las deficiencias de una “institucionalidad intermitente”.
En efecto, destacó la profesora, es la familia la que llena la nacionalidad incluso durante los repetidos eclipses de las instituciones, a lo largo de la azarosa historia venezolana. Es ella la institución que confiere el lenguaje, la matriz fundamental del pensamiento razonable; es ella la que establece los valores y las normas de la convivencia en las cabezas y corazones de nuestra gente.
Mientras hablaba, convocó a la audiencia a pensar en el ingente aporte de nuestras familias a la formación de su recurso humano, al tiempo y la energía y el sacrificio que acumulan los padres para proveer a sus hijos de oportunidades, a lo largo de muchos años de dedicación, para su desarrollo humano cabal, para su progreso intelectual y moral.
Pero dentro de las familias, por más que en muchas de ellas parezca que es el padre quien manda (quien lleva los pantalones), son las madres (como las autoras y la profesora) quienes son el verdadero centro solar de las comunidades familiares. A nuestro país vino, a dirigir durante tres décadas un laboratorio de Bioquímica y Microbiología en la Universidad Central de Venezuela, el biotecnólogo argentino J. F. del Giorgio, autor del libro The Oldest Europeans. Con el poder de la genética molecular en sus manos, del Giorgio adujo datos en apoyo de una teoría realmente sugestiva: que fueron las familias matricentradas de los vascos, los celtas, los etruscos, los escandinavos, la cuna de la cultura de la libertad.
Del Giorgio sostiene que el alto estatus de las madres paleolíticas pre-indoeuropeas indica que los niños criados en ese clima familiar tendían a desconfiar de los líderes fuertes y autoritarios. Entre nosotros, son también las madres quienes más pelean por la libertad de sus hijos, una fortaleza irreductible contra la que se estrellará cualquier designio de corte totalitario.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | May 26, 2009 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En la Ficha Semanal #225 de doctorpolítico (del 20 de enero de este año), se reprodujo un fragmento de El pasajero de Truman, best seller local de Francisco Suniaga que versa sobre el trágico desquiciamiento de Diógenes Escalante en el año crucial de 1945. Decía la nota introductoria de la ficha: “Fue su insania súbita lo que precipitara el golpe de Estado del 18 de octubre contra el gobierno del general Medina Angarita, hecho que generó grandes y graves consecuencias”.
Mañana se cumplirán sesenta y cuatro años de que el partido Acción Democrática, fundado en 1941 y protagonista de ese golpe, publicara una misiva conminatoria a su contraparte oficialista, el Partido Democrático Venezolano (PDV), que fuera establecido desde el gobierno de Isaías Medina Angarita. La carta en cuestión emplazaba al PDV para que definiera su posición ante la candidatura presidencial de Eleazar López Contreras, promovida por aquellos días, dado que AD consideraba harto inconveniente un regreso al pasado con un nuevo período de mando para el sucesor de Juan Vicente Gómez. El PDV manifestó que se oponía a la candidatura del viejo general, y esta postura abrió la puerta a un acuerdo de ambos partidos, por el que la candidatura de Escalante gozaría de su apoyo.
Pero la candidatura de Escalante no pudo prosperar a causa de su repentino desvarío, y en su lugar emergió la de Ángel Biaggini, y éste no contó ya con el beneplácito del liderazgo adeco. El día antes del derrocamiento de Medina, acto que llevó a la formación de una junta de gobierno presidida por Betancourt, éste pronunció un discurso en acto de su partido, el que fue publicado por el diario El País el 11 de enero de 1946. (Exactamente cuando el suscrito cumplía tres tiernos años de edad).
La mayor parte de ese discurso se reproduce aquí en esta Ficha Semanal #243. Allí explica Betancourt los términos exactos del entendimiento entre AD y el PDV, al tiempo que explica puntos programáticos y principistas de su partido. Betancourt expone claramente el desiderátum de un gobierno civil en Venezuela que surgiese de la votación popular, y refuta sin nombrarla la tesis caudilista que en su momento adelantara Laureano Vallenilla Lanz para justificar la dominación gomecista (Cesarismo democrático). También consta en sus palabras la opinión crítica que merecía a AD el gobierno de Medina Angarita, al que señala como tolerante del enriquecimiento ilícito de sus funcionarios.
Más de una de las admoniciones de Betancourt, en ese preaviso del inminente golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, tiene hoy plena vigencia. El texto mismo de su alocución, por otra parte, es ejemplo de la eficacia de la oratoria de Betancourt, característicamente pedagógica.
Rómulo Betancourt fue el mejor maestro político del pueblo venezolano.
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Preaviso adeco
En mayo de 1945 se realizó nuestra Tercera Convención Nacional. Sin pasajes en Aeropostal, sin puestos en los hoteles pagados por el Capítulo VII, sin cocteles en el Pabellón del Hipódromo, con sus propios y pobres recursos de venezolanos que viven todos de su propio trabajo decoroso, vinieron a Caracas trescientos delegados del partido de los cuatro costados de Venezuela, y allí apreciamos cómo estaba tomando cuerpo la candidatura del general Eleazar López Contreras. En torno suyo se había formado ya para entonces una agrupación de fuerzas de confesa u oculta vocación antidemocrática, integrada por individuos erradicados de la administración pública o enquistados en ella y por personas reclutadas en las clases más conservadoras del país, enemigos francos o encubiertos de las conquistas políticas y sociales alcanzadas por Venezuela en la última década.
Tres circunstancias contribuían a que un hombre que se retiró del poder en el 41, siendo un cadáver político, estuviera aglutinando en torno suyo corrientes de opinión. Esas tres circunstancias eran que el general López Contreras aparecía como el único candidato ya lanzado a la arena de la lucha política. La segunda, el descontento nacional existente por la ineptitud administrativa de la autocracia gubernamental, por el florecimiento del peculado, que han caracterizado a la administración de Medina Angarita. Y la tercera circunstancia: la actitud ambigua que venía adoptando frente a la candidatura de López Contreras el partido elector, el Partido con determinante mayoría de diputados y senadores en el Congreso Nacional: el Partido Democrático Venezolano.
Nuestra Convención apreció con clara perspicacia política la situación existente, y por eso no se limitó exclusivamente a rechazar la candidatura en marcha del general López, con lo cual se definió consecuente con su programa, con su razón de ser histórica, con su compromiso contraído con la democracia y con el pueblo, sino que fue más lejos: le planteó al PDV la necesidad de que definiera y precisara su actitud ante la candidatura de López Contreras.
El 27 de mayo fue publicada nuestra carta a ese partido. El directorio del PDV contestó, en lenguaje equilibrista pero bastante revelador, que el general López Contreras no sería su candidato. En esta forma contribuyó decisivamente nuestro partido a que quedara revelado siquiera parcialmente que no se cernía sobre el país el peligro de que el candidato de Miraflores fuera López Contreras y con él la posibilidad de que retornara legalmente al Poder quien está actualmente encarnando, sean cuales fuesen sus intenciones subjetivas, un movimiento político signado definitivamente con características de retroceso político y social.
Despejada esta incógnita, quedaba otra, ésta: ¿cuál era el hombre del régimen siquiera medianamente tolerable que pudiera ser concebido como una transición entre los Presidentes impuestos y el Presidente que construya el pueblo con la arcilla de su propio voto?
Analizando los candidatos viables, la Dirección del partido consideró que el que ofrecía un mínimo de garantías era el Dr. Diógenes Escalante. Voy a precisar las razones por las cuales lo hicimos, insistiendo en la explicación tan clara de nuestro presidente Rómulo Gallegos. Su alejamiento del país en cargos diplomáticos lo mantenía desvinculado de la zarabanda de desaciertos y peculados que caracterizan al actual gobierno de nuestro país; la circunstancia de ser Embajador en Washington, que es una especie de superministerio, le permitía conocer los problemas económicos fundamentales de Venezuela, que desembocan todos en la Casa Blanca. Su ausencia del país lo mantenía apartado de los altos sínodos camarillescos del pedevismo y su propia personalidad permitía que en torno de él se realizara una agrupación de fuerzas políticas y económicas desvinculadas del absorbente oficialismo, condición que hiciera posible sostenerlo en el Poder si se resolvía mañana a realizar y cumplir un programa propio de gobierno, desvinculado de la tutoría de Medina y del PDV; un programa de gobierno que le permitiera a nuestro país superar esta situación de pueblo gobernado primitivamente, tribalmente, que viene sufriendo desde hace tantas décadas. Analizada la situación así, la Dirección del partido acordó que viajáramos a Washington mi querido compañero el doctor Raúl Leoni y yo. Fuimos con los propios, con los pobres recursos de un partido que no tiene fuentes de ingresos inconfesables.
Viajamos con el pasaporte con que viaja cualquier hijo de vecino y la única autoridad venezolana que supo que nosotros salíamos para Estados Unidos fue la oficina encargada de expedir los pasaportes. Llegamos a Washington y allí conferenciamos con el doctor Diógenes Escalante. Le dijimos que en caso de que su candidatura fuera lanzada y él la aceptara nosotros sostendríamos en la Tercera Convención Nacional de Acción Democrática que se adoptara frente a esa candidatura una actitud de simpatía; que nosotros no haríamos pacto de ninguna clase con el PDV; que no saldríamos del brazo de los pedevistas a pregonar las excelencias de un régimen que hemos venido combatiendo desde 1936, que combatiremos hasta el último momento y que combatiremos hasta la hora de verlo desaparecer, barrido definitivamente del escenario político de Venezuela.
Le dijimos y precisamos al doctor Escalante que una de las causas fundamentales para que el pueblo venezolano no creyera en la pregonada democracia de este régimen, era la confusión tan totalitaria entre el partido del gobierno y el Estado, la confusión entre el PDV y el Ejecutivo; el apoyo de presidentes de Estado y de jefes civiles a las candidaturas pedevistas; la utilización de los dineros públicos, de los dineros de todos los venezolanos para financiar las campañas proselitistas del PDV. Y cuando el doctor Escalante insinuó la posibilidad de un gobierno de concentración nacional, le adelantamos que la Dirección del Partido no se mostraba inclinada a ocupar posiciones ministeriales en un gobierno no revolucionario si no se hubieran alcanzado previamente dos condiciones. La primera, que mediante sufragio libre, mediante constatación abierta ante el electorado, nosotros hubiésemos alcanzado en el Congreso Nacional, en las Asambleas Legislativas y en los Concejos Municipales una representación parlamentaria adecuada al volumen de militancia y de opinión no organizada que sigue nuestras consignas y que votaría por nuestros hombres. Y la segunda, que Acción Democrática no iría jamás a un gobierno como el pariente pobre que entra por la puerta del servicio a ocupar dos o tres de esos llamados “ministerios técnicos”. Nosotros somos un partido que no está constituido por literatos diletantes ni por mosqueteros románticos. Somos un partido político que se ha organizado para que este pueblo que está aquí congregado, para que el pueblo venezolano, vaya al Poder y nosotros con este pueblo a gobernar; pero vamos a gobernar cuando tengamos en nuestras manos las llaves claves del Estado; cuando tengamos en nuestras manos los ministerios a través de los cuales se decide la vida política, económica y social del país; porque a nosotros no nos interesa el gobierno para que dos o tres miembros del partido tengan carteras ministeriales: nos interesa para implantar y realizar un programa de salvación nacional.
Llegó Escalante a Venezuela. En el “Noticiero ARS”, ese noticiero que a la legua revela que está financiado por quién sabe cuál partida perdida en cuál capítulo de cualquiera de los presupuestos ministeriales; en ese Noticiero ARS no se vio a los hombres de Acción Democrática en el aeropuerto de Maiquetía; los retratos nuestros no salieron en los cocteles y fiestas para el doctor Escalante; los hombres de Acción Democrática no calentaron sillas en el Hotel Ávila; y cuando los hombres del partido oficial creyeron que nosotros teníamos arriada nuestra bandera oposicionista, encontraron de parte nuestra una respuesta tan cortés como enérgica: “¡No! Acción Democrática sigue siendo partido de oposición”.
En los muelles de Guaraguao, en el Estado Anzoátegui, nos esperaba a nuestro regreso el presidente de esa entidad federal, el doctor Pedro Cruz Bajares, y cuando nos propuso que aprovecháramos el paso por Barcelona para hacer un mitin conjunto de pedevistas y de acción-democratistas de respaldo a Escalante, le contestamos: “Acción Democrática, doctor Bajares, es un partido de oposición, y sigue siendo un partido de oposición”.
Dice ahora el Directorio Nacional del PDV que nosotros demostramos un “cálido entusiasmo” por la candidatura del doctor Escalante, y yo puedo decir aquí ante veinte mil personas, en un discurso que están tomando los taquígrafos, que será publicado en la prensa y en folletos, que si algo sabían de ese entusiasmo los miembros del directorio del partido oficial, es porque lo apreciaron por subjetiva adivinación, porque en ninguno de ellos, ni antes de nuestro viaje a los Estados Unidos, ni después de nuestro regreso de los Estados Unidos, mantuvo la Dirección del partido ninguna clase de conversación en torno a la candidatura del doctor Escalante.
Esto está bien aclarado ya, según creo. Nosotros, por las condiciones ya dichas, hubiéramos estado dispuestos a no combatir la candidatura de Escalante, a extenderle un cheque en blanco de confianza por unos cuantos meses al doctor Escalante, pero en ningún momento y en ninguna forma se nos hubiera visto salir a la plaza pública a decir que Venezuela estaba salvada porque el doctor Escalante iba a ser Presidente de la República.
Fracasó la candidatura de Escalante y fuimos llamados a Miraflores. Oímos de labios del señor Presidente de la República que a las diez de la mañana de ese día había resuelto excluir la candidatura del ex Embajador en Washington y que momentos antes que con nosotros había tenido una entrevista con el directorio pedevista para transmitirle ese punto de vista. Al día siguiente de esa primera entrevista tuvo una segunda entrevista nuestro partido con el jefe del Estado. Atendiendo a su requerimiento de oír la opinión del partido, se le llevó en una forma clara: nos pronunciamos por la escogencia de un candidato extrapartido, de un hombre en torno del cual pudiera hacerse una agrupación solvente de fuerzas políticas y económicamente responsables. Le dijimos que el problema de la sucesión presidencial no era un problema doméstico para resolverlo privativamente un partido político prevalido de las circunstancias de que mediante la imposición y el fraude tuviera una mayoría ilegítima en las Cámaras; que era un problema nacional que debía ser resuelto con criterio nacional. Creímos que ésta no sería la primera entrevista entre Rómulo Gallegos e Isaías Medina. Si se había iniciado una especie de consulta entre los partidos ya definidos categóricamente en su posición antilopecista, era de esperarse que se atendiera, que se escuchara, que se discutiera, que se debatiera el punto de vista de un partido que tiene cien mil militantes y en torno del cual gravita una masa inmensa de opinión.
Procedimos con ingenuidad. Una mañana circuló por los pasillos del Congreso la consigna que parecía inapelable: “tenia comisario el pueblo”; había sido escogido el doctor Ángel Biaggini para suceder a Medina. Sin muchos esfuerzos, sin mayor dificultad, el candidato de Medina se transformó en candidato del directorio pedevista, en candidato de la Asamblea Nacional pedevista y en candidato de la mayoría electora del Congreso pedevista. ¿Qué había sucedido? En concepto nuestro, descartada la candidatura de Escalante, aceptada casi a regañadientes, se echó mano de uno de los hombres más anodinos de la administración actual, del actual elenco burocrático del país, de un hombre que al frente del Ministerio de Agricultura y Cría, en una época de crisis profunda del abastecimiento nacional, apenas ha sido capaz de lanzar un decreto prohibiendo la matanza de vacas; del llamado “Ministro de Reforma Agraria”, ley que es algo semejante a esas casas invernales que construyen los termites, recogiendo una chamiza aquí y una hojita verde más allá; ley que no es otra cosa sino el resumen de todas las disposiciones sobre tierras existentes en la legislación venezolana con unos cuantos artículos demagógicos incorporados de la legislación de México. “¡Ministro de la Reforma Agraria!”. ¡Un hombre que en la dirección del Banco Agrícola y Pecuario no ha sido capaz de impulsar siquiera la parcelación de las enormes haciendas confiscadas al general Juan Vicente Gómez en 1936 y que continúan explotadas en la actualidad por administradores imbuidos en el mismo criterio estrecho de los coroneles de ayer!
Este candidato ha sido escogido, en concepto nuestro, porque su propia incapacidad política le impide aglutinar en torno suyo a corrientes de opinión independiente, ni siquiera a las corrientes de su propio raído PDV, y por lo tanto indefectiblemente tiene que ser tutorizado desde arriba por los altos sínodos pedevistas y por quien dentro de ese sínodo dice siempre la primera y última palabra: el general Medina Angarita.
Electo el doctor Biaggini nos encontraríamos en una situación muy semejante a la que vivió Venezuela en los días de Ignacio Andrade, quien tenía como único asidero, como único punto de apoyo y sustentación la espada caudillesca del general Joaquín Crespo. Y esa dualidad de gobierno, esa dualidad del poder existiría precisamente en una época difícil, porque el próximo quinquenio no serán cinco años de vacas gordas, porque aflorarán a la superficie, atropelladamente, todos los problemas económicos y fiscales creados por la guerra, porque será el quinquenio en que se construirá el oleoducto para conducir petróleo de Arabia Saudita al Mediterráneo, lo que puede significar la caída vertical de la producción del petróleo venezolano, y el petróleo venezolano es la alacena de que vive el gobierno; porque será el quinquenio durante el cual las disputas políticas que ya despuntan entre las grandes potencias se harán cada vez más agudas, y en ese período estará en Miraflores quien no podrá mandar: estará en la jefatura del Estado quien no podrá aglutinar en torno suyo a las fuerzas dinámicas de la economía y de la política venezolana; estará rigiendo los destinos del país un hombre que desde ahora se ha revelado perfectamente inapto para aglutinar corrientes de opinión. Eso explica el por qué apenas dos periódicos: El Tiempo por la tarde y la edición matutina de Últimas Noticias, están apoyándolo con fervor; por qué apenas lo siguen, con el PDV, las dos fracciones en que se ha dividido el Partido Comunista, las cuales están adheridas al partido oficial fatalmente, casi con fatalidad de ley física, como la sombra sigue al cuerpo, y como el rabo sigue al perro. Además, son “biagginistas” de pega unos pocos de los llamados políticos “independientes”, de esa especie de hombres-banda que quieren dirigir la partitura y al mismo tiempo tocar el violín y el trombón; de esos de quien dijo una vez irónicamente el estadista español don Manuel Azaña que eran hombres que se consideraban ellos solos un partido político.
Hay más, compatriotas: el fracaso como gobernante del doctor Biaggini significaría algo más que el descrédito político de un hombre y de un partido: significaría que se iría a pique una idea entrañablemente querida, apasionadamente sentida, acendrada a través de muchas generaciones por el pueblo de Venezuela: la idea del gobierno civil.
Es indudable que ya este país no quiere ver más, respetando y estimando profundamente al Ejército, a generales en jefe o generales de brigada en la Presidencia de la República. La Venezuela que estudia lo sabe, y la otra Venezuela lo intuye, porque, “aunque no sabe leer le escriben”, que el arte de gobernar es flexibilidad, espíritu de compromiso, diálogo esclarecido entre el Magistrado y el pueblo; condiciones estas de político militante, que no se concilian con la función del Ejército de mantenerse al margen de la ardorosa contienda partidista, cumpliendo su misión fundamental de defensa armada de los fueros de la soberanía. Por eso el pueblo de Venezuela ansía que la tradición civilista que se inició con José María Vargas, que tuvo sus manifestaciones transitorias con Pedro Gual y con Rojas Paúl, continúe. Pero si ese hombre civil fuera el doctor Biaggini, fracasaría no solamente él sino también la idea del gobierno civil y ganaría entonces prosélitos la tesis, la tesis de los teóricos y de los doctrinarios del despotismo, según la cual éste es un país de salvajes que no puede ser regido y gobernado sino con los métodos más drásticos.
Por todas estas razones nuestro partido se pronuncia por rechazar también la candidatura de Ángel Biaggini y por una fórmula que han esbozado los compañeros que me han precedido y que yo voy a profundizar y analizar más a fondo.
Hemos estudiado el panorama político del país, y en forma muy responsable quiero decir esta noche que nosotros conceptuamos muy grave la situación política de Venezuela. El régimen se ha escindido en dos frentes; cada uno de esos frentes tiene un general a su cabeza; y en Venezuela la experiencia histórica nos comprueba que nuestros generales no han dirimido sus contiendas en las plazas públicas con las armas civilizadoras de la palabra escrita y hablada: que han deslindado su contiendas en otros sitios y con otras armas, y que siempre ha sido el pueblo venezolano el cordero pascual, el “chivo expiatorio” en esa forma drástica y violenta como han resuelto sus conflictos y sus pugnas los generales de nuestro país. Y cuando digo pueblo no me refiero exclusivamente al hombre de blusa y alpargatas, sino a todos los sectores sociales desvinculados de las camarillas de la politiquería, cuyas vidas y haciendas han sido siempre afectadas por las guerras civiles. Nosotros vimos perfilarse esa amenaza cuando lanzó el general Medina la consigna de que con todas sus fuerzas se opondría a la candidatura del general López Contreras, y cuando éste le replicó diciéndole que acepta su candidatura con firmeza, que está dispuesto a ir a la defensa de lo que considera instituciones amenazadas y cuando reitera al día siguiente que en su casa, y no con fines de joya histórica, tiene guardado el uniforme de General en Jefe.
Ha sido precisamente nuestra tesis orientar en el sentido de buscarle una salida pacifica a la situación existente, a esa situación de pugna que puede devenir en violenta guerra civil. Y al discutir esta cuestión en la Cuarta Convención, todos los compañeros nos preguntamos: ¿es que ya no es la hora sonada de que se plantee el problema político venezolano en sus verdaderas dimensiones? ¿Es que un pueblo libre, un pueblo de libertadores, puede continuar admitiendo que cada cinco años sea un hombre o una camarilla quien le imponga gobernante? ¿Es que no puede nadie más gobernar a Venezuela que algunos de los escasos hombres que quedan del grupo político que viene monopolizando la Presidencia de la República? ¿Es que somos colectivamente una nación de dementes o de serviles crónicos, obligados a estar siempre conducidos por el cayado de unos cuantos tutores, cuando vemos a todos los pueblos de la tierra dándose sus propios gobiernos mediante libre consulta electoral en elecciones con sufragio directo, universal y secreto? Y entonces llegamos a la conclusión de que era sonado el momento de que volviéramos a aquella consigna que se abandonó en 1936, a aquella consigna cuyo triunfo hubiera impedido la continuidad del hilo constitucional gomecista; aquella consigna cuyo triunfo hubiera impedido lo que en definitiva sucedió: que el Estado de facto gomecista, el Congreso gomecista; el Ejecutivo gomecista, los jueces gomecistas, recibieran una lechada de juridicidad mentirosa.
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En 1936, cuando acudió el Congreso a aquella fórmula socarrona de mitad y mitad para no autodisolverse, el mismo Congreso fijó en dos años el mandato de la mitad de los congresantes, el mandato de la mitad de los integrantes de ambas cámaras. La verdad es que esto es perfectamente realizable dentro del mecanismo constitucional de Venezuela, si no hubiera dentro de las dos fracciones del régimen lopecista y medinista el deseo de continuar perpetuándose en el gobierno contra la voluntad del pueblo y a espaldas del pueblo.
Podría argumentarse también que el pueblo de Venezuela no está capacitado para elegir un Presidente de la República mediante el sistema de sufragio universal y directo. Esto es lo que en el fondo piensan los mismos que andan prometiendo por allí en discursos y mensajes al Congreso que van a establecer el voto directo. Son tan socarrones y tan hipócritas como esos dueños de pulperías de lance, que colocan en las paredes de sus ventorrillos el consabido cartelito: “Hoy no fío, mañana sí».
Si se admitiera la tesis de que el pueblo venezolano no está capacitado para elegir su propio gobierno, tendríamos que admitir que sólo dos países de América son tan imbéciles colectivamente, son tan degenerados en su moralidad pública que no tienen capacidad para elegir Presidente, que son Haití y Venezuela, porque en el resto se hace la elección por sufragio universal directo y secreto, o bien mediante el sistema de delegados compromisarios, que también son auténtica expresión de la voluntad colectiva. Y si recorremos la historia constitucional de nuestro país, encontramos que desde la primera Constitución, la que hicieron los Padres de la Patria en 1811 hasta 1874, estaba establecido el principio de elección directa de Presidente de la República, que desapareció para ser sustituido por la fórmula de elección por el Consejo Federal hasta 1893, en que fue restablecido el primer sistema, el único realmente democrático. Y no fue sino en 1909, el año siguiente al golpe de Estado del 19 de diciembre, doce meses después de aquel día nefasto en que Venezuela comenzó a trajinar la etapa más bochornosa de su historia republicana, cuando se estableció el sistema de elección del Presidente de la República por el Congreso.
Rómulo Betancourt
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