Transnacional de los socialcristianos

 

Un estimado y demócrata-cristiano amigo me ha hecho llegar el comunicado que transcribo de seguidas:

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA ODCA – (Comunicado 1)

Atendiendo el llamado que nos hace la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) en el Consejo Directivo celebrado en la ciudad de México el pasado 19 de septiembre de 2019, por el que nos exhorta a integrar una instancia política superior de la democracia cristiana para fortalecer el papel de esta corriente de pensamiento político universal en la lucha por la libertad de Venezuela;

Siendo ODCA la única organización internacional radicada en el continente americano y dentro de la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa, legitima y autoriza el uso instrumental con carácter partidario de la doctrina humanista cristiana para la transformación integral de los pueblos del continente;

Nosotros, abajo firmantes, convencidos de que la democracia cristiana constituye el mejor camino para lograr un mundo donde prevalezca la paz, la solidaridad y el desarrollo integral del hombre y de todos los hombres, fundado en la justicia social, nacional e internacional, la búsqueda del bien común universal y una conducta ética en los dirigentes políticos de todas las naciones;

Reafirmamos la posición sostenida a lo largo de la historia, de los demócrata-cristianos del mundo, en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, tanto en funciones de gobierno como en oposición, enfrentando dictaduras y regímenes autoritarios de cualquier signo ideológico, así como el uso de la violencia como instrumento de lucha política;

Destacamos la larga lucha de los dirigentes demócrata-cristianos en Venezuela para lograr el consenso que permitiera instaurar una democracia pluralista, con respeto a las diferentes ideologías y credos religiosos, con vigencia de la paz social y del estado de derecho, en la que se priorizó la educación, la salud y la vivienda—fundamentales para la movilidad social y la realización de la familia—, los derechos laborales y el ascenso de los trabajadores de la ciudad y del campo, la industrialización y lo “hecho en Venezuela”, la descentralización y la participación ciudadana, la solidaridad y la convivencia armónica, esenciales para lograr el desarrollo;

Ratificamos nuestro categórico rechazo a la usurpación que el señor Nicolás Maduro ha hecho de la Presidencia de la República a través de unas elecciones ilegítimas, viciadas de nulidad y desconocidas por la comunidad democrática mundial; a la violación sistemática del régimen usurpador del estado de derecho y de los derechos humanos; y a la entrega de la soberanía nacional a agentes extranjeros;

Exigimos al gobierno usurpador desistir de los métodos de violencia, represión, tortura y trato criminal que han sido ampliamente descritos y denunciados por la Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por los organismos interamericanos de derechos humanos, así como por las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Exhortamos a todos nuestros compatriotas social-cristianos, al igual que a todos los demócratas venezolanos, sea cual fuere su posición política, a respaldar unidos a la Asamblea Nacional, única representante de la soberanía nacional y a su presidente, el Diputado Juan Guaidó, a quien constitucionalmente corresponde ejercer las funciones de Jefe del Estado y al gobierno interino, para encontrar una salida a la tragedia en que se encuentra sumida Venezuela y restablecer la democracia, sus instituciones y el orden constitucional, mediante la ejecución de una política de amplitud, solidaridad y participación, ajena a sectarismos partidistas, que llame a los mejores venezolanos escogidos por su preparación y honestidad a colaborar en el proceso de transición, con miras a realizar un gobierno de unidad nacional;

Urgimos a la comunidad internacional a alcanzar pronto una unidad de criterio que ayude a Venezuela en una pronta salida a la usurpación que sufre, y que concluya en unas elecciones presidenciales limpias e internacionalmente observadas, ante el éxodo masivo de familias que tratan de escapar a una dura realidad de miseria y muerte;

Por último, convocamos al acto de instalación de este Consejo que será el próximo lunes 20 de enero de 2020, a las 11.00 am en la sede de El Nacional, avenida principal de Los Cortijos de Lourdes con 3ª. Transversal, en Caracas, para reafirmar nuestra posición unitaria de lucha, al lado de los demócratas de todas las corrientes políticas, en el propósito de reestablecer [sic] lo más pronto posible la democracia venezolana.

Caracas, enero de 2020.

Pedro Pablo Aguilar, Oswaldo Álvarez Paz, Humberto Calderón Berti, Andrés Caldera Pietri, José Curiel Rodríguez, Abdón Vivas Terán, Julio César Moreno, Román José Duque Corredor, José Rodríguez Iturbe, Gloria Capriles, Haroldo Romero, Nelson Maldonado, Ivonne Attas, Emilio López, Jesús “Chucho” Ganem y Guillermo Yepes Boscán.

Consultores: Gustavo Tarre Briceño y Asdrúbal Aguiar.

Por el COPEI legítimo: Roberto Enríquez, Robert García, Enrique Naime y Lorenzo Tovar.

………

Procedo a comentarlo. Los primeros tres considerandos posicionan a ODCA en el anacronismo: “esta corriente de pensamiento político universal (…) dentro de la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa, legitima y autoriza el uso instrumental con carácter partidario de la doctrina humanista cristiana (..) la democracia cristiana constituye el mejor camino…”

No podía ser de otra manera; el nombre mismo de la asociación la define como “demócrata-cristiana”, es decir, como una entidad que obedece a una ideología. *

Las ideologías han perdido su poder de producir soluciones. El registro de la Organización Internacional del Trabajo hace tiempo que superó el millón de oficios diferentes en el mundo. ¿Cómo puede un partido representar en la única categoría de trabajadores una riqueza así, una complejidad de esa escala? Ya no vivimos la Revolución Industrial, cuando toda ideología se inventara; ahora vivimos la de la Internet, la telefonía móvil, las tabletas, las interacciones instantáneas, las enciclopedias democráticas, las apps. La de la biogenética, la cirugía mínimamente invasiva, la posibilidad de introducir al planeta especies vegetales o animales nuevas. La de una sonda espacial posada sobre un cometa, la comprobación experimental de la partícula de Dios o Bosón de Higgs, la fotografía cada vez más extensa y detallada de los componentes del cosmos, la materia oscura, la geometría fractal y las ciencias de la complejidad. La de la explosión de la diversidad cultural, la del referendo, del escrutinio inmisericorde de la privacidad de los políticos y el espionaje universal. La del hiperterrorismo, las agitaciones políticas a escala subcontinental, el cambio climático. Nada de esta incompleta enumeración cabe en una ideología, en la cabeza de Stuart Mill, Marx, Bernstein o León XIII. Cualquier ideología—la pretensión de que se conoce cuál debe ser la sociedad perfecta o preferible y quién tiene la culpa de que aún no lo sea—es un envoltorio conceptual enteramente incapaz de contener ese enorme despliegue de factores novísimos y revolucionarios. Ésta es una revolución de revoluciones. (El medio es el medio, 29 de abril de 2015).

León XIII

León XIII es el más reciente de los ideólogos allí mencionados; el 15 de mayo de 1891 se publicó la primera encíclica “social” de los papas, su Rerum novarum. Recordada y puesta al día por Pío XI en Quadragesimo anno (1931) y Juan XXIII en Mater et magistra (1961), señaló un “tercer camino” igualmente distanciado de la ideología liberal y el socialismo. Con esa doctrina, innovadora para su época, surgiría el Partido Popolare Italiano, creación del sacerdote Luigi Sturzo y antecesor de Democrazia Cristiana. (“Desde 1946 hasta 1994 la DC fue el partido más grande en el Parlamento, gobernando siempre en coalición. Al inicio apostaba por políticas liberal-conservadoras, para luego evolucionar hacia coaliciones de centroizquierda”. Wikipedia en Español).

Desde entonces, ha corrido mucha agua bajo el puente.

…es más fácil todavía postular un nuevo espacio político en el que se proscriba la función ideológica. Las ideologías, en sus variedades conocidas (inventadas en el siglo XIX para manejar los asuntos públicos en sociedades de complejidad mucho menor que las del siglo XXI), son obviamente obsoletas. El mismo día de la muerte de Carlos Fuentes (15 de mayo de 2012), se publicaba simultáneamente en Madrid y Ciudad de México su último artículo: Viva el socialismo, pero… En él preguntaba: “¿Cómo responderá François Hollande a este nuevo desafío, el de una sociedad que al cabo no se reconoce en ninguna de las tribus políticas tradicionales: izquierda, centro o derecha?” La ideología debe ser suplantada por la metodología, una metodología clínica para un oficio cuyo fin es resolver problemas de carácter público. (…) Los conceptos políticos del siglo XIX no pueden asir la compleja realidad de las sociedades del siglo XXI. El uno romano ha escapado del encierro de las equis. (Una especie política nueva, 11 de marzo de 2015).

Entre nosotros, Arturo Úslar Pietri asentaba en artículo publicado por el diario El Nacional el 30 de octubre de 1991 (más de seis años después de que alguien, en conversación en su biblioteca, le hubiera planteado lo mismo):

“…de pronto el discurso político tradicional se ha hecho obsoleto e ineficaz, aunque todavía muchos políticos no se den cuenta. Toda una retórica sacramentalizada, todo un vocabulario ha perdido de pronto significación y validez sin que se vea todavía cómo y con qué substituirlo… Hasta ahora no hemos encontrado las nuevas ideas para la nueva situación…”

Vamos en el siglo XXI, en el tercer milenio, a un mundo postideológico, transideológico, pero la ODCA no se ha percatado de esa profundísima búsqueda.

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Apartando ese asunto meramente principista pero fundamental, principalmente dos pasajes prescriptivos del comunicado son lamentables. En el primero asienta: “Ratificamos nuestro categórico rechazo a la usurpación que el señor Nicolás Maduro ha hecho de la Presidencia de la República a través de unas elecciones ilegítimas, viciadas de nulidad y desconocidas por la comunidad democrática mundial”. El presidente Maduro, independientemente de su obvia perniciosidad, no ha usurpado su cargo a nadie.

Artículo 9 de la Constitución Nacional: “El idioma oficial es el castellano”.

 

Usurpar es, según el Diccionario de la Lengua Española: “1. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. 2. Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios”.

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Que un número significativo de países de “la comunidad democrática mundial” haya desconocido la presidencia de Nicolás Maduro no es argumento sustancial:

Que esas “tesis” proferidas por Guaidó hayan sido reconocidas por una cincuentena de países no las convierte en verdaderas de ningún modo. El “tecnicismo legal” que fundamenta la empresa del Ing. Guaidó, vendido como sacrosanto a cancillerías de países que lo dan por correcto sin examinar por sí mismas nuestra Constitución, es una patraña, y la solución a nuestros problemas debe provenir de nosotros mismos, como ha enfatizado el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea. El literal d del Art. 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos establece con gran claridad: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales”. (Je m’accuse, 23 de septiembre de 2019).

Y copio de la misma entrada:

Se ha dicho que la elección de Maduro es ilegítima, por diversas razones. La primera es que fue electo para su segundo período el 20 de mayo de 2018, en presunta contravención de lo constitucional y legalmente previsto; ciertamente, la fecha contravino la costumbre electoral venezolana, pero ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales prescriben una fecha específica a la elección de Presidente. Luego, la convocatoria misma, hecha por el Consejo Nacional Electoral, fue precedida por una decisión al respecto de la Asamblea Nacional Constituyente en funciones, pero nuestro CNE no podía objetarla, puesto que la Constitución establece en su Artículo 349: “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. (Cualquier decisión subconstitucional de este órgano debe ser acatada). Claro que la constituyente misma es objetada, sobre la errada tesis de que la elección de ella no puede ser decidida sino mediante un referendo popular, cuando el Artículo 348 se inicia diciendo: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…” Finalmente, se sostiene que no todas las organizaciones partidistas pudieron participar en la elección de mayo del año pasado por encontrarse inhabilitadas ventajistamente; nuestra legislación electoral obliga a cualquier partido que no haya participado en la elección inmediatamente anterior a un proceso de rehabilitación, y fueron esos mismos partidos los que decidieron no acogerse a ese procedimiento.

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Finalmente, no es cierto que el diputado Juan Guaidó sea “a quien constitucionalmente corresponde ejercer las funciones de Jefe del Estado”. Como puse en la entrada recién citada—una carta que dirigí al Presidente de Chile, Sebastián Piñera, hace cuatro meses—:

Nuestra Constitución contempla sólo un caso en el que el Presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia de la República; su Artículo 233 lo establece así en su segundo parágrafo:

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Como puede Ud. ver, no es la Asamblea Nacional el órgano que designa a su Presidente como encargado de la Presidencia de la República sino esa previsión constitucional, y ésta requiere la existencia previa de un Presidente electo cuya falta absoluta se haya producido, lo que no ha sido nunca el caso. José Ignacio Hernández, el  cuestionado “Procurador Especial” nombrado inconstitucionalmente por Guaidó, escribió el 11 de enero de este año: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego argumentaría falsamente que correspondería a la Asamblea Nacional interpretar ese artículo para “ajustarlo” a la situación real, cuando el Artículo 336 confiere inequívocamente esa potestad al Tribunal Supremo de Justicia.

Entre Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. El domingo 27 de enero me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación, porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar. Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”. Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Hasta ahora, no hay reacción ulterior de Hernández.

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En síntesis, no hay nada de original y muy poco de veraz en el pomposo comunicado de la Organización Demócrata Cristiana de América. No hay en él valor agregado alguno; por lo contrario, reitera los errores de la patraña contumaz, en grado de continuidad, de Juan Guaidó, y además llega con significativo retraso. Si de verdad fuera su propósito el de “restablecer lo más pronto posible la democracia venezolana”, invito a los firmantes del comunicado a considerar lo siguiente (en La médula del problema, 4 de octubre de 2019):

Propongo a los actores políticos nacionales esta ruta alterna, distinta de la promovida por Juan Guaidó: 1. cese de la usurpación de las ideas primitivas y obsoletas; 2. gobierno de transición mental; 3. elecciones libres que abran la puerta a políticos verdaderamente eficaces, transideológicos, clínicos. (Eso sí: obtenidas no de un acuerdo cupular constitucionalmente incompetente en Barbados o Barbuda, sino por mandato específico del Pueblo pronunciado en referendo).

Tienen los firmantes, unos cuantos entre ellos amigos del suscrito, cinco días para reflexionar sobre lo aquí puesto antes de su prevista reunión en la sede de El Nacional, el auditorio político de moda entre los opositores más vistosos. LEA

………

Uno de los directores generales del Instituto de Formación Demócrata Cristiana (IFEDEC) me confió una vez: “Acá enseñamos a los participantes en nuestros cursos los principios de la democracia cristiana, pero también les decimos en voz baja que en política hay que sacar sangre”.

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