por Luis Enrique Alcalá | Sep 7, 2006 | Cartas, Política |
Ni siquiera tres meses nos separan de las elecciones presidenciales del 3 de diciembre próximo, y la campaña electoral, hasta ahora, es poco menos que dormitiva. La semana pasada se insertaba acá la siguiente evaluación: «Entretanto, el país espera de Rosales, de Rausseo y de Chávez, una explicación clara de lo que se proponen hacer desde Miraflores. Mientras esto no ocurra, tendremos una campaña mediocre, centrada exclusivamente en el desprestigio del contendor y su combate». Por supuesto, hace sólo una semana de la emisión de tal advertencia, pero no está de más repetirla, en vista de la ausencia de temas importantes en lo que va de campaña. Basta recapitular lo acontecido en los últimos siete días.
En primer término, el presidente Chávez regresó de su viaje de lobbying internacional en procura de un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU y el reforzamiento de su imagen de líder planetario de los pobres, opuesto al imperio norteamericano. Pero regresó igualito, con la aplicación de la receta que hasta ahora le ha funcionado: olvidando convenientemente referirse a las ejecutorias recientes de Juan Barreto—que han hecho un daño muy visible a su propia candidatura—creyó «picar adelante» con la amenaza de un referendo que decida sobre la posibilidad de reelegirse indefinidamente. Es lo mismo de siempre: una declaración atrevida para que la oposición muerda anzuelos, retos, agendas y nomenclaturas dispuestas por él, mientras procura galvanizar a sus partidarios en torno a una meta ambiciosa y agresiva.
Esta vez, sin embargo, un gigantesco bostezo ha sido la reacción de la opinión pública, que como un virus paciente ya ha aprendido a defenderse de la inmunología convencional y muta para hacerse inmune él mismo. Su amenaza referendaria ni ha causado el menor temor ni ha suscitado el menor entusiasmo, y aun cuando la oposición no se percibe como sólida e innovadora—y por ende parece incapaz de aprovechar la fastidiosa reiteración del protocolo chavista de intimidación—nadie está en realidad haciendo demasiado caso al ultimátum.
Claro que, por otra parte, la procesión va por dentro en el seno de las filas chavistas. El affaire Barreto no ha terminado su curso, aunque Chávez no lo mencione, y los recientes ajustes en cancillería reflejan otros problemas. Mari Pili Hernández ya no es la Vicecanciller para Norteamérica, luego de que escribiera un curioso artículo sobre los tres candidatos que pareciera concebido por un analista clínico que no estuviera comprometido con el proceso. Se dio el lujo de encontrar virtudes en Rausseo y Rosales y de criticar la reciente ausencia presidencial en momentos críticos. Entonces, o le cobraron estas posturas o ya ella sabía que Nicolás Maduro no la mantendría en el cargo que Alí Rodríguez le adjudicara, razón por la que habría procedido a curarse en salud, posicionándose como gente sensata.
Ya las encuestadoras comienzan a registrar, por tanto, una disminución de la intención de voto por el Presidente. Esto preocupa al comando chavista, y así se manifiesta en tonterías como los reclamos de Ameliach sobre propaganda subliminal por parte de Rosales. Parecen cosas de perdedores.
Si a estas cosas se suma que las misiones han perdido dinamismo y glamour y que los problemas principales—inseguridad y pobreza—no han podido ser reducidos, el efecto general es que el vector de la campaña de Chávez no lleva dirección ascendente. La inflación ha comenzado a salirse de los parámetros planificados—15% en vez de 10%—y ya se habla en la Asamblea Nacional de medidas para controlarla, incluyendo recortes presupuestarios para el año que viene. Hasta descensos recientes en el precio internacional del petróleo ha habido.
Así las cosas, un Chávez nada convincente dijo en el acto de su inscripción como candidato ante el Consejo Nacional Electoral que se lanzaba a la reelección para «continuar luchando contra la corrupción». No se ve como puede llamarse lucha contra la corrupción a estos siete años de estampida peculadora, que es de las cosas que más duele y avergüenza a un chavista de corazón. Aquí las tropelías de Barreto tienen un valor funcional a este respecto, pues los propietarios de inmuebles cercanos a las zonas asediadas por el menor alcalde (mayor en corpulencia, nada más) se atemorizan y ponen sus pertenencias a la venta a precios muy descontados, y los miembros de la nomenklatura chavista se aprovechan para hacerse fácilmente de mansiones y apetecibles terrenos. ¿No es una perversidad como ésta lo que los teóricos izquierdistas censuran al capitalismo salvaje? La revolución parece tener, por encima de todo, un sentido económico para los enchufados en negocios y negociados gubernamentales con avidez de status y riqueza.
Y esto quiere subsanarlo Chávez pidiendo «más ideología» en la campaña y que ninguno de los partidos que soportan su candidatura se considere superior a los demás, mientras adula descaradamente a los zulianos con un cursi panegírico de Rafael Urdaneta, justificando, una vez más, la importancia de los habitantes del estado Zulia sobre la base de hazañas de gente hace mucho tiempo muerta, y predicando que las prácticas «socialistas» de la etnia wayuú serán un gran aporte para las suyas, las «del siglo XXI».
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El proceso descrito ocurre, sin embargo, en paralelo a la campaña de los candidatos opositores: Rausseo y Rosales. De estos dos, el aficionado de Musipán está desaparecido y desinflado; se dice que está en Miami buscando financiamiento para sus menesteres electorales, pero su orientadora palabra no se escucha, salvo para ocasionales ocurrencias más o menos chistosas que han perdido punch y no llevan valor agregado alguno.
Por su lado, el profesional de la política, Manuel Rosales, se distrae en asuntos relativamente nimios, como las acusaciones de subliminalidad de sus piezas publicitarias, cuya contestación ha debido dejar en un colaborador de tercer rango dentro de su comando de campaña, en vez de dedicar cinco o seis días a referirse a ellas. No debe ocuparse un candidato presidencial en estos asuntos colaterales.
De lo que sí ha debido ocuparse es de lo que fuera la noticia cumbre de los últimos días: las actuaciones de Juan Barreto, que lograron opacar por completo una campaña de por sí gris e intrascendente. No se vio al candidato Rosales en una posición frontal a este respecto, y las pocas veces que se dejó interrogar sobre el tema contestó con generalidades y sin fuerza o claridad. En lugar de atacar por el enorme boquete abierto en las murallas oficialistas por los dislates del alcalde metropolitano, prefirió hacer como que si esos problemas «municipales» no fueran con él. (Tan poco municipales son que el gobierno nacional, por boca del Vicepresidente, se sintió obligado a dejar sentada su posición en términos inequívocos). Y esto, este mango bajito, fue desaprovechado por quien se dice es el abanderado de la oposición.
También está el carácter mismo de la coalición que ha logrado armar, con no poca habilidad transaccional. El conglomerado huele a Coordinadora Democrática, donde sólo la ausencia de AD la diferencia de la antigua alianza inepta. Su candidatura había sido lograda, en contra del trapiche primarista de Súmate y su chiripero de precandidatos enanos, desde la plataforma fuerte del trío que formaba con Borges y Petkoff. Ahora parece, según apunte de un agudo observador, secuestrado por los otrora miniprecandidatos, entre quienes destacan los que no quieren dejar de declarar al medio de comunicación que se les ponga por delante.
De resto, se le escuchó a Rosales decir algo un poco más sustantivo, en estas dos semanas y media iniciales de campaña: que revisaría los contratos que la República ha firmado para repartir petróleo en condiciones especiales una vez que llegara a Miraflores. Ah, y también admitió por vez primera—enhorabuena—que a lo mejor fue un error que firmara el decreto indescifrable de Carmona Estanga, aunque moderó su aproximación al reconocimiento de su responsabilidad al reiterar que todo estaba muy confundido a partir de la declaración de Lucas Rincón en la temprana medianoche del 12 de abril de 2002. (El 27 de abril de este año la Carta Semanal #187 de doctorpolítico apuntaba: «Rosales esgrime en su defensa la tesis del vacío de poder que la famosa declaración del general Rincón habría creado en las pequeñas horas del 12 de abril de 2002. Esto, sin embargo, tal vez habría justificado la asunción del poder ejecutivo, dada la emergencia nacional, pero jamás podrá legitimar la clausura de los restantes poderes. Rosales va a tener que procurarse una mejor excusa»).
Lo último que ha hecho es ofrecer garantías de que su programa de gobierno será—aún no está listo, a pesar de que quiere el coroto desde hace mucho tiempo—un documento sin mentiras o promesas incumplibles. Tendrá, entonces, que comerse sus palabras, pues el día de su inscripción ofreció como promesa básica nada menos que la imposibilidad de «acabar con la pobreza».
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Los irredentos, finalmente, continúan en su terco abstencionismo. Se anuncia para mañana viernes la constitución en espacio del Ateneo de Caracas de un tal «Frente Patriótico», cuyos miembros suscribirán el «Acuerdo de Caracas». Una nómina deplorable da cuenta de que el «frente» estará integrado por Acción Democrática (Ramos Allup), Alianza Bravo Pueblo (Ledezma), Alianza Popular (Álvarez Paz), Bloque Democrático (Peña Esclusa, García Deffendini, Paniz) y el Comando Nacional de la Resistencia (Oscar Pérez y Patricia Poleo). A esta temible coalición—hay en ella también un Movimiento Federal cuya dirigencia hemos olvidado—se sumarán asimismo «personalidades» como Hermann Escarrá, Genaro Mosquera, Rhona Ottolina, Ítalo Luongo, Mohamed Merhi, Ezequiel Zamora y el asombroso William Dávila. Ésta es la ocurrente consigna de la liga: «No hace falta elecciones para salir de Chávez, sino salir de Chávez para que haya elecciones».
Habiendo fallecido el «Movimiento 4D»—el que aseguraba que la abstención de diciembre de 2005 se traducía en catorce mandatos específicos del pueblo venezolano a sí mismo—al que Súmate parecía sumarse a su constitución, una vez más, en el Ateneo de Caracas; no habiendo sido Súmate invitada a integrar la coalición de Rosales, ¿se inclinará la «organización de ciudadanos» hacia este mondongo abstencionista que está más cercano a sus tradicionales posiciones?
Lo que es definitivamente triste es asistir a la defunción de Acción Democrática en las manos de Henry Ramos Allup, un dirigente que alcanzó su nivel de incompetencia cuando rebasó su condición de eficaz operador parlamentario. De un partido que tuvo raíces indudablemente marxistas y que hizo historia democrática crucial en Venezuela, hasta terminar en este contubernio protogolpista, separado de las corrientes principales de la política nacional. Es un signo emblemático de la mediocridad política de la hora, de una mediocridad mediocre.
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por Luis Enrique Alcalá | Sep 5, 2006 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Entre 1994 y 1998 el suscrito escribió y publicó un informe mensual sobre temas de política nacional, cuyo nombre era referéndum. Se presentaba como publicación de «análisis, interpretación y proposición» política. Era, si se quiere, la precursora de la Carta Semanal de doctorpolítico, cuando aún no existían las enormes facilidades que la Internet presta a la comunicación.
El primero de los números, aparecido en febrero de 1994, contenía como artículo principal el trabajo «Los rasgos del próximo paradigma político», una elaboración más desarrollada sobre conceptos adelantados formalmente nueve años antes, exactamente en febrero de 1985. Previamente, había diagnosticado que la «insuficiencia política» venezolana se debía no tanto a la presunta maldad de nuestros políticos, sino a su «esclerosis paradigmática». Así conté el asunto en KRISIS: Memorias Prematuras (Ex Libris, 1986), al relatar una reunión de comienzos de 1984:
«La primera parte de la exposición versó sobre mi teoría de la crisis paradigmática de la política venezolana. Tomé prestado ese agobiante término de las teorías de Tomás Kuhn sobre la evolución de la práctica científica. (La primera vez que empleé el término en público para referirme a un proceso venezolano fue en la reunión del «grupo Santa Lucía» en las Islas Bahamas, donde hablé de un «paradigma jurídico-militar»: desde la Primera República habían sido presidentes de Venezuela personas adiestradas en el dogmatismo de nuestro derecho latino deductivista o personas del campo militar, muy imbuidas de una forma catequística de pensar. Era notoria la excepción del médico José María Vargas, quien de todos modos no había durado mucho en el cargo. Más tarde la nueva excepción sería Jaime Lusinchi. Luego, y simultáneamente con personas como Ignacio Ávalos y Marcel Antonorsi, utilicé la expresión a mi paso por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, entre 1980 y 1981. Allí me referí a los «paradigmas» que soportaban las políticas científicas venezolanas y latinoamericanas). Tomás Kuhn se había dado al estudio de las revoluciones en la ciencia. De sus investigaciones concluyó que el desarrollo histórico de la ciencia podía entenderse como la sucesión de épocas en las que dominaba un cierto paradigma, una cierta concepción o teoría general, a las que una revolución o crisis del paradigma central ponía fin con la introducción de un paradigma distinto y más completo. Newton destronando a Aristóteles para ser destronado a su vez por Einstein. Un fenómeno análogo, argumenté, se estaba produciendo en política. Las concepciones fundamentales que daban sentido a la acción política de nuestros partidos ya no servían ni siquiera para describir la realidad social, afirmación que me apresuré a justificar. Esto significaba que era de crucial importancia el desarrollo de un nuevo enfoque de lo político y que a la vez, por no tratarse de un desarrollo académico, era asimismo importante que un movimiento social fuese el portador del nuevo paradigma. Si un movimiento existente quería asumir ese papel sería necesario que sufriera grandes cambios, inclusive cambios traumáticos, pues lo necesario era nada menos que sustituir el marco ideológico ya obsoleto por una nueva plataforma conceptual. Tales cambios llevarían implicadas modificaciones profundas en la estructura y modo habituales de conducirse del partido o movimiento que pretendiera ser el portador de las nuevas concepciones».
La Ficha Semanal #109 de doctorpolítico reproduce una sección—La metáfora cortical—de Los rasgos del próximo paradigma político, el trabajo de febrero de 1994.
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Metáfora cortical
Resulta científicamente válido estudiar la arquitectura de los sistemas biológicos para obtener claves que orienten el diseño de sistemas políticos viables. Desde la emergencia de la cibernética como cuerpo teórico consistente ha demostrado ser muy fructífero el análisis comparativo de sistemas de distintas clases, dado que a ellos subyace un conjunto de propiedades generales de los sistemas. El descubrimiento de la «autosimilaridad», en el campo de las matemáticas fractales, refuerza esta posibilidad de estudiar un sistema relativamente simple y extraer de él un conocimiento válido, al menos analógicamente, para sistemas más complejos. Esto dista mucho de la ingenua y ya periclitada postura del «organicismo social», que propugnaba una identidad casi absoluta entre lo biológico y lo social. Con esta salvedad, vale la pena extraer algunas lecciones del funcionamiento y la arquitectura del cerebro humano, el obvio órgano de dirección del organismo.
Para comenzar, el cerebro humano, a pesar de constituir el órgano nervioso más desarrollado de todo el reino de lo biológico, no regula directamente sino muy pocas cosas. Más específicamente, la corteza cerebral, asiento de los procesos conscientes y voluntarios de mayor elaboración, sólo regula directamente los movimientos de conjunto del organismo, a través de su conexión con el sistema músculo-esquelético. La gran mayoría de los procesos vitales son de regulación autónoma (muchos de ellos ni siquiera son regulados por el sistema nervioso no central, o sistema nervioso autónomo). La analogía con lo económico es inmediata. La economía, según la observamos, tiende a funcionar mejor dentro de un ambiente de baja intensidad de regulación.
La corteza cerebral puede emitir órdenes incuestionables al organismo… por un tiempo limitado. Puede ordenar a los músculos respiratorios, por ejemplo, que se inmovilicen. Al cabo de un tiempo más bien breve esta orden es insostenible y el aparato respiratorio recupera su autonomía. Este hecho sugiere, por supuesto, más de una analogía útilmente aplicable para la comprensión de la relación entre gobierno y sociedad.
Más aún, es sólo una pequeña parte de la corteza cerebral la que emite estas órdenes ineludibles. (La circunvolución prerrolándica, o área piramidal, es la única zona del cerebro con función motora voluntaria, la única conectada directamente con los efectores músculo-esqueléticos). La corteza motora, la corteza de células piramidales, abarca la extensión aproximada de un dedo sobre toda la superficie de la corteza cerebral.
Un tercio de la corteza restante es corteza de naturaleza sensorial. A través de los cinco sentidos registra información acerca del estado ambiental o externo; a través de las vías sensoriales propioceptivas se informa acerca del estado del medio interno corporal.
La gran mayoría de la superficie cortical del cerebro humano es corteza asociativa. Emplea la información recibida por la corteza sensorial, coteja recuerdos almacenados en sus bancos de memoria, y es la que verdaderamente elabora el telos, la intencionalidad del organismo humano. Es interesante constatar este hecho: en la corteza cerebral hay más brujos que caciques.
En cambio, en nuestro aparato político la participación de actores de tipo asociativo es muy reducida, a pesar de que cada vez su necesidad sea mayor. (Úslar y Liscano, en los artículos citados en la introducción de este estudio, no estaban pidiendo caciques, ni conciliadores de intereses. Estaban expresando la necesidad de la asociación de ideas políticas, de la invención política). A fines de 1991, el presidente Pérez, no sin razón, se quejaba de las críticas a su «paquete» económico y retaba: «Bueno, si no es éste el paquete ¿entonces cuál es el que debemos aplicar?»
COPEI recogió el reto, anunciando que en breve presentaría un «paquete alternativo». La presentación anunciada se produjo a mediados de febrero del año siguiente, un tanto retrasada por los acontecimientos del día 4. La formulación alternativa consistió en propugnar una «economía con rostro humano» y en la proposición de constituir un «consejo consultivo» que debiera proponer soluciones. Como recogió el punto un periodista local, «En síntesis, el Dr. Fernández ha propuesto que otros propongan».
En el fondo, la proposición del consejo consultivo va en la dirección correcta. El político convencional se ocupa del exigente proceso de la conciliación de intereses, del delicado asunto piramidal de emitir instrucciones, y no tiene ni el tiempo ni el adiestramiento requerido por una función de corte asociativo. Que el Consejo Consultivo nombrado con alguna resistencia por el presidente Pérez no haya tenido mucho éxito se debe a otros factores. Por un lado, a la enorme presión y al acusado grado de inestabilidad del régimen en esos momentos, cuando la natural reacción del Presidente era la de sostener sus puntos de vista so pena de pérdida de autoridad. Por el otro, al método y al concepto empleados en la operación y la composición del consejo mismo. Se trató de un cuerpo de acción temporal que se dedicó a ensamblar una lista inorgánica de medidas puntuales, mediante el expediente de entrevistarse con un número reducido de notables personalidades de la vida nacional. Todavía el presidente Velásquez, que había formado parte del Consejo Consultivo de 1992, creyó que ésa era una fórmula correcta y que debía incluso ampliarla. Así, a las pocas horas de asumir la Presidencia de la República, anunció la formación de «cuatro o cinco» consejos consultivos—nunca fueron creados—e indicó su esperanza de que los futuros miembros de los mismos dedicaran un tiempo importante a su labor, «al menos unas dos horas semanales».
La necesidad de una «corteza asociativa» del Estado venezolano es evidente, pero su espacio debe ser determinado como permanente, y su composición y métodos establecidos según lo conocido ahora en materia de la disciplina denominada policy sciences (ciencias de las políticas, no ciencia política), luego de varias décadas de elaboración conceptual y metodológica a este respecto. He aquí un campo para que Venezuela logre distinguirse como pionera, a nivel mundial, en un rediseño de la arquitectura del Estado que aloje de modo permanente y adecuado, la función asociativa de la generación de políticas.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 31, 2006 | LEA, Política |
No hay ya ninguna duda; el gobierno ha sentido el devastador efecto causado por las recientes actuaciones del alcalde Barreto y se ha apresurado a distanciarse de sus ejecutorias. El demencial sujeto ha logrado rebajar en modo apreciable el atractivo electoral de su jefe último, y producir rechazo a su persona y sus decisiones en el seno mismo del chavismo. Tan evidente ha sido su locura que casi añorábamos la llegada de Chávez para que viniera a poner orden en su casa. El vicepresidente Rangel, en segura conexión y acuerdo con Chávez, optó por anticiparse con un comunicado urgente, en nombre del Gobierno Nacional, para expresar su desacuerdo con los decretos de expropiación de los terrenos destinados a la práctica del golf en la ciudad de Caracas. El costo político de Barreto se había hecho claramente excesivo.
La decisión expropiatoria, sin embargo, tenía tiempo preparándose. A escasas horas del primer ataque de Barreto contra los alcaldes López y Capriles, Mikel (antes de que llegara Chávez al poder se escribía Michael) Menéndez, Presidente del Instituto Metropolitano de Urbanismo, se complació en precisar que los estudios sobre el uso público de terrenos de La Lagunita Country Club, así como los del Caracas Country Club y los del Valle Arriba Golf Club, estaban en marcha. (El arquitecto Menéndez se busca unos jefes… A comienzos del octenio andaba empatado con Luis Vallenilla, el capo de Cavendes que huyó del país para evitar juicios en su contra por noticia críminis y por miles de demandas privadas que seguramente le caerían encima. Con él pretendía Menéndez ser contratado por el gobierno para encargarse ¡de la recuperación del estado Vargas!).
Así que todo estaba fríamente calculado.
Ahora bien, dirá Barreto, ¿no son sus actuaciones la más fiel de las aquiescencias a la ideología y el estilo del líder máximo de la revolución, por estos días ocupado en la altísima prioridad de firmar con Malasia un acuerdo contra la doble tributación?
Porque si a ver vamos, no ha sido otro que Chávez quien trajera a los discursos de la Primera Magistratura la procacidad más ramplona y agresiva, el chiste obsceno y la doctrina de que Venezuela—sus mejores haciendas y campos de golf especialmente—ahora es de todos. Y su mejor imitador había sido, hasta ahora que ha sido destronado por Barreto, justamente el vicepresidente Rangel, que ha perorado más de un discurso grosero y amenazante.
¿Cómo pudiera consistentemente castigarse a Barreto cuando no ha hecho otra cosa que arremeter contra representantes del imperialismo yanqui y la más rancia expresión de la oligarquía caraqueña? ¿No había dedicado la cloaca televisada que es «La Hojilla», una jocosa y aprobatoria entrevista a Barreto en el canal «de todos los venezolanos» para burlarse con él de los alcaldes de Chacao y Baruta? Si no se hubiera sentido la generalizada indignación ciudadana ¿habría habido contra Barreto la reconvención del Comando Táctico Nacional del MVR, la refutación de Calixto Ortega, la advertencia de Jesse Chacón y ahora el comunicado del vicepresidente como anticipación del juicio sumario del próximo Aló Presidente? ¿Es que no son los decretos de Barreto y Menéndez la más pura manifestación del socialismo del siglo XXI?
Rangel ha dicho que las expropiaciones decretadas por el antisocial alcalde sobre las bases proporcionadas por su asesor ni siquiera cuentan con financiamiento, y que probablemente coliden con disposiciones constitucionales respecto del derecho a la propiedad. Pero no hace nada que el ministro Giordani, que trabaja para la misma revolución de Rangel y Barreto, solicitara un ajuste de las normas constitucionales precisamente para adecuar la República al socialismo. (Artículo 2.021. Ser rico es malo).
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 31, 2006 | Cartas, Política |
Todos los candidatos presidenciales de las más recientes campañas electorales emitieron sus «programas» hacia la fase final de la misma. El 25 de abril de 1993, el mismo día en que Oswaldo Álvarez Paz resultara electo candidato presidencial de COPEI en elecciones primarias, el flamante candidato declaró en el programa Primer Plano que entonces se dedicaría a conformar los equipos que tendrían que elaborar su programa de gobierno. Esto es, admitió que hasta ese momento su preocupación política fundamental era polémica, y que su legitimación como candidato copeyano tenía origen en el combate a un adversario interno a través de la retórica, no un origen programático.
Para los partidos tradicionales, para sus candidatos, el asunto del programa ocupa un lugar secundario respecto del problema «práctico» de obtener la candidatura o la magistratura. Por esta razón es tan desproporcionadamente grande la porción de los recursos que se dedica a las actividades típicas del combate electoral: encuestas, movilizaciones, publicidad. En 1992, un importante precandidato partidista, aún reconociendo que programáticamente estaba muy débil, consideró excesivo destinar, para un año de trabajo de un equipo programático, una cantidad que por ese entonces se gastaba en menos de una semana de propaganda televisada. En su explicación de esta postura esgrimió que acababa de regresar de los Estados Unidos, una semana antes de sus últimas elecciones presidenciales, y que allí ganaría un candidato que no había presentado programa. No había considerado que el problema de ganar las elecciones era menos importante que el problema de gobernar.
En gran medida esta actitud se explica por la muy difundida noción que se expresaba en la introducción al famoso libro editado por Moisés Naím y Ramón Piñango en 1985: El caso Venezuela – Una ilusión de armonía. Que el «gran diseño» es imposible o inútil, y que los programas vienen a ser más bien la sumatoria de un cúmulo de proposiciones específicas, las que deben ser generadas por especialistas. Obviamente, los candidatos no son especialistas, y por tanto la labor del programa no les correspondería a ellos.
Así recomendaban los profesores del IESA: «El mejoramiento de la gestión diaria del país requiere que los grupos influyentes abandonen esa constante preocupación por lo grandioso, esa búsqueda de una solución histórica, en la forma del gran plan, la gran política, la idea, el hombre o el grupo salvador. Es urgente que se convenzan de que no hay una solución, que un país se construye ocupándose de soluciones aparentemente pequeñas que forman eso que, con cierto desprecio, se ha llamado ‘la carpintería’. Si bien no hay dudas de que la preocupación por lo cotidiano es mucho menos atractiva y seductora que la preocupación por el gran diseño del país, es imperativo que cambiemos nuestros enfoques». Es decir, el remedio propuesto era el de sustituir los estrategas por los tácticos, aunque hay bastante de razón en la advertencia precedente.
En Venezuela el modelo de la reconciliación, de la negociación, del pacto social o de la concertación, era hasta hace no mucho el modelo político predominante. En análisis relativamente modernos, como en el caso del mencionado trabajo de Naím y Piñango, la recomendación implícita era la de continuar en el empleo de un modo político de concertación, al destacar como el problema más importante de la política venezolana el manejo del conflicto. Y esto era antes de que la negociación tripartita—empresarios, trabajadores, gobierno—fuera con el gobierno actual suplantada radicalmente por el modelo exactamente opuesto: la agudización del conflicto.
Visto de otro modo, se trata aquí de la tensión entre dos conceptos acerca de la política. William Schneider en «Para entender el neoliberalismo», discutiendo una onda renovadora dentro de las filas demócratas en Estados Unidos, describe el punto de esta forma: «…la división era entre dos maneras distintas de enfocar la política, y no entre dos diferentes ideologías… La generación del 74 rechazó el concepto de una ideología fija… En The New American Politician el politólogo Burdett emplea el término empresarial para describir la generación del 74… De una manera general, los nuevos políticos pasaron a ser empresarios de política que vincularon sus carreras a ideas, temas, problemas y soluciones en perspectiva… Adoptaron el punto de vista de que las cuestiones políticas son problemas que tienen respuestas precisas, a la inversa de los conflictos de intereses que deben reconciliarse».
Esto es, se trata de una oposición entre la idea de que la política consiste en obtener el poder para conciliar intereses—o según Chávez, para aplastar al contendor—y la idea de que ésta consiste en imaginar soluciones a problemas de carácter público para llevarlas a cabo con el poder. Si la cuestión es formulada como oposición excluyente, el problema queda mal planteado y, en la práctica, domina la conciliación de intereses sobre la solución a los problemas.
¿Significa esto que el político tradicional no tiene el menor interés por lo programático? No, eso no es cierto. Lo que ocurre es que los políticos tradicionales piensan como Schneider describe la postura habitual de un presidente de los Estados Unidos: «Después de todo, siempre puede contratar a alguien que le solucione los problemas». El trabajo típico de un político tradicional es el de someterse a una agenda inmisericorde de reuniones y reuniones de conciliación de intereses. En esa agenda no hay espacio para el diseño de soluciones. Pero ésta es una situación que debe ser vista comprensivamente. Una vez más Schneider, refiriéndose a los demócratas en Estados Unidos: «…los miembros de la generación del 74, han emprendido la tarea de liberar al Partido Demócrata de la tenaza de los intereses especiales. Pero en su búsqueda de una política libre de intereses les ha faltado comprender una verdad básica: que los conflictos de intereses son parte legítima de la vida política».
La conciliación de intereses es un proceso ineludible, no hay duda; la equivocación reside más bien en haberla hecho predominante. El cambio más importante en el paradigma político, en el discurso político que una vez Úslar Pietri declarara obsoleto, deberá ser el de subordinar la conciliación de intereses a la solución de los problemas, el de adjudicarle su lugar correcto de herramienta, que no de finalidad, de la actividad política.
Entretanto, el país espera de Rosales, de Rausseo y de Chávez, una explicación clara de lo que se proponen hacer desde Miraflores. Mientras esto no ocurra, tendremos una campaña mediocre, centrada exclusivamente en el desprestigio del contendor y su combate.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 29, 2006 | Fichas, Política |
La prestigiosa Editorial Tecnos de Madrid publicó en 1978 un libro que sería un extraordinario aporte conceptual a la comprensión del sistema político venezolano. Era «El reto de las élites», obra del sociólogo venezolano José Antonio Gil Yepes. (Gil Yepes es, por supuesto, el fundador y Presidente de una de las más serias y reconocidas firmas encuestadoras del país: Datanálisis).
Muy orientado a estudiar el problema de las relaciones políticas del sector empresarial privado en Venezuela, el libro contenía, sin embargo, una buena cantidad de observaciones sociológicas acerca del país como conjunto, y estuvo sólidamente fundamentado en los más modernos hallazgos de la Sociología en general y de la Sociología Política en particular.
El estudio sistemático de las élites venezolanas había sido preocupación del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela, desde que su fundador-director, el inolvidable chileno Jorge Ahumada, publicara su trabajo-programa «Hipótesis del cambio social en Venezuela». En efecto, el breve ensayo de Ahumada, en su clarísima y pertinente teorización, fue el punto de partida de tres programas de investigación del instituto: VENUTOPIA (un modelo cuantitativo para el desarrollo venezolano), VENELITE (un estudio de las élites nacionales) y CONVEN, o estudio del conflicto y el consenso en Venezuela, manifestado a través de las posturas de sus élites.
José Antonio Gil escribe justo al comienzo de la introducción a su libro: «El reto de las élites consiste en acelerar el desarrollo, eliminando distorsiones que ellas mismas han introducido en los procesos de formación de las políticas económicas. Estas distorsiones se deben principalmente a los dogmatismos ideológicos tanto de políticos como de empresarios. Los primeros empeñados en ver el mundo a través de un exagerado populismo e intervencionismo estatal y los segundos en función de sus intereses económicos». Es obvio que una observación como ésa mantiene plena vigencia en nuestros días.
La Ficha Semanal #108 de doctorpolítico reproduce la sección cuarta (Los partidos Políticos y el Sector Empresarial) del segundo capítulo (El Sistema de Partidos y el Sistema Político) de «El reto de las élites» de José Antonio Gil Yepes, egresado en 1967 de la Universidad Central de Venezuela y Ph. D. de Northwestern University en 1971. Esta escueta mención de algunos entre sus logros académicos es injusta presentación de su importancia como pensador del proceso político venezolano.
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El reto de Gil
La organización política de sectores tradicionales y marginales en partidos democráticos y reformistas, y el poco éxito de los partidos revolucionarios en organizar a las masas, han permitido al sistema político cierta estabilidad, a la vez que se ha ido mejorando la condición de los menos favorecidos. Sin embargo, el hecho de que el sector político más activo en la función de comunicación política sea la izquierda revolucionaria y la misma inspiración marxista que caracterizó a la mayoría de los jóvenes de la generación de 1928, han permitido que prevalezca la interpretación de que la marginalidad se debe, en su mayor parte, al imperialismo y al capitalismo o, según la versión popular tradicional en Venezuela, a la existencia de pobres y ricos y, en menor grado, a la deficiente acción del gobierno en no eliminar dichos problemas. Ya señalamos que esta interpretación simplista, si bien incluye reclamos en parte válidos, no se ajusta a la realidad ni como explicación ni como solución de los problemas, pero es la principal fuente de inspiración para interpretar la situación social venezolana. Esta interpretación pone en tela de juicio la legitimidad del fundamento más importante de dicho sistema, el pluralismo, al proponer como solución la eliminación de las relativas libertades económicas existentes y la eliminación de la posibilidad de que cada sector social pueda organizarse, mantener su autonomía, presionar al gobierno y reflejar sus intereses en la conducción de la política pública.
En el capítulo introductorio indicamos que la actividad económica y la repartición de cargos públicos son los focos primordiales de atención de la política en Venezuela. Las principales orientaciones de la política pública: el nacionalismo, el populismo, el estatismo y el desarrollismo, se manifiestan principalmente en programas económicos que afectan al sector empresarial, ya que todas las ideologías políticas predominantes: socialdemocracia, democracia cristiana y marxismo, definen un papel importante para el Estado, el cual en materia económica resulta francamente intervencionista. Desde este punto de vista común, los partidos presentan diferentes posiciones con respecto a la medida en que debería existir la empresa privada, las condiciones en que debe operar y las facilidades que deben o no dársele.
En realidad, para ser más precisos, debería decirse que todos los partidos explotan la lucha de clases, y más específicamente las diferencias entre pobres y ricos, como enfoque principal para el análisis de los problemas sociales, la formulación de la política pública y para la movilización electoral. Esta posición de los partidos, evidentemente, pone al sector empresarial en una situación problemática dentro del sistema político, pues los tiende a utilizar para explicar todos los males del país, los hace políticamente embarazosos y, por ende, limita su participación en los canales de acceso para la formación de la política pública.
Las fracciones fundamentales dentro de cada partido están formadas por trabajadores, estudiantes, campesinos y profesionales. Los empresarios no tienen ninguna fracción organizada dentro de ningún partido y sería políticamente embarazoso que la tuvieran, así como lo es para cualquier partido aparecer públicamente en términos amigables con el empresariado. Con la excepción del Movimiento Desarrollista, no existe un partido que refleje los intereses empresariales. Y este movimiento no ha logrado apoyo popular y en la actualidad se encuentra en estado latente.
No existe ningún partido conservador o de derecha que equilibre las opiniones anticapitalistas y antiempresariales de los sectores de izquierda, que sí se encuentran presentes en todos los partidos de importancia electoral. Además, la mayoría de los líderes empresariales tampoco tienden a manifestar preferencias partidistas.
Desde su formación, el partido socialdemócrata AD se ha hecho cada vez más tolerante con respecto a la empresa privada. Los líderes del partido no sólo parecen haber deducido de su experiencia de gobierno de 1945 a 1948 la lección de evitar conflictos sin restricciones, sino que también mientras estuvieron en el poder desde 1959 hasta 1969 el partido se dividió tres veces, y en cada división el partido perdió su facción más revolucionaria, de izquierda y, por ende, antiempresarial (MIR, 1961; AD-ARS, 1963, y MEP, 1968). Este proceso ha homogeneizado AD hacia una posición centrista y pragmática. Esto no ha significado que el partido no haya ido realizando muchos de los cambios de estructuras que se propuso desde su fundación, inclusive la transformación del sector empresarial, sólo que lo ha hecho paso a paso, sin las estridencias del pasado, y en un proceso de negociaciones con los diferentes sectores nacionales que, a su vez, parece asegurar una mayor estabilidad e institucionalización de los cambios que se han realizado.
Los socialcristianos (COPEI) contrastan con AD en el sentido de que su evolución los ha hecho menos tolerantes del sector privado de lo que eran al momento de su fundación. Originalmente, COPEI recibió el apoyo de la clase media alta, de los empresarios y de la Iglesia católica. Pero en sus esfuerzos por conseguir partidarios en los segmentos más populares, en la juventud y el sector obrero, han tenido que competir por el apoyo de masas ya politizadas por los grupos de izquierda, y ello ha significado no sólo la utilización de la misma retórica de sus competidores, sino que en este proceso COPEI se ha hecho cada vez menos pragmático, más dogmático y con un ala de izquierda cada vez más fuerte. También, en contraste con AD, a medida que COPEI ha ido desarrollando esta ala de izquierda, ha evitado su separación del partido.
Los partidos marxistas han concentrado sus esfuerzos en construir organizaciones verticales y disciplinadas entre los trabajadores, estudiantes, profesores y profesionales de la comunicación. Esto implica que sus recursos han sido concentrados en la producción y transmisión de la cultura política, en la penetración cultural de la población, y no en la organización directa de sus masas.
La izquierda trata de difundir las siguientes actitudes en la cultura política venezolana: a) El «sistema» es una especie de conspiración de «los pocos» en contra de «los muchos». b) El sector privado controla la nación. c) Los partidos políticos demócrata-reformistas son simples títeres de los intereses empresariales. d) Los empresarios son responsables por los problemas económicos y sociales del país. e) El capitalismo y el incentivo de lucro son moralmente malos. f) El exigir disciplina y productividad en el trabajo son síntomas del sistema de explotación imperante. Si a esto sumamos que los demás partidos no tienen interés en legitimizar al capitalismo ni el principio de iniciativa privada y que la empresa hace muy poco por legitimarse a sí misma, es lógico encontrar una tendencia creciente a rechazar la actividad empresarial privada y, sobre todo, a propugnar la estatización de múltiples áreas de actividad social, económica, cultural, etc. Pero la izquierda no ha enfatizado la organización política en los estratos socioeconómicos más bajos. Por el contrario, la izquierda se ha comunicado con las masas principalmente a través de campañas de opinión pública mediante los medios de comunicación y, tal como predicen las teorías de comunicación y difusión de innovaciones, los contactos impersonales resultan poco efectivos para cambiar actitudes y comportamientos. Así, en una encuesta sobre actitudes realizada en 1967 solamente un 3 por ciento de los entrevistados pensaban que «el capitalismo era la fuente de todos los males», tal como el dogma marxista supone. Sin embargo, la mitad de los entrevistados consideraba que el gobierno era el responsable de corregir todos los males, y un 59 por ciento opinó que «Venezuela estaría mejor si el gobierno tuviera un control absoluto sobre todo lo que ocurre en el país». Solamente un 11 por ciento consideró que el país estaría en una situación peor si el gobierno lo controlara todo.
Las respuestas anteriores reflejan una orientación actitudinal importante en la cultura política venezolana hacia lo que se ha denominado «paternalismo», para indicar que el pueblo necesita una figura fuerte o de padre para resolver sus problemas. Los principios de la izquierda moderna refuerzan esta actitud, pero históricamente esta actitud los precede.
El paternalismo está relacionado con una baja motivación al logro y una elevada necesidad de poder, que también han sido encontradas como rasgos actitudinales del venezolano. Dichos rasgos no sólo señalan limitaciones en el civismo y la autonomía requeridos para institucionalizar y consolidar la democracia y el capitalismo, sino que también constituyen un terreno sobre el cual se pueden promover totalitarismos mesiánicos y paternalistas, tanto de derecha como de izquierda. Así, la misma encuesta antes mencionada revela que un 62 por ciento de los entrevistados prefería a un «hombre fuerte» para presidente, y un 45 por ciento afirmó que aquellos que son responsables (las autoridades) deberían «ocuparse de ellos». Es interesante notar que de las personas que tendían a dar estas respuestas, el 64 por ciento se autodenominaban «izquierdistas», el 61 por ciento se autodenominaba «activistas sociales» y el 54 por ciento «pobres».
La profusión y la falta de contraposición bajo las cuales se difunden actitudes y opiniones en contra del sistema democrático y del capitalismo reducen progresivamente la capacidad de supervivencia de dicho sistema. Este tendrá cada vez más que reclutar el personal de sus organizaciones entre jóvenes con serias dudas morales acerca del trabajo en la empresa privada, en el gobierno o como empresario mismo, ya que éstas son supuestas formas de explotación. Como hay pocas otras alternativas para ganarse la vida y las organizaciones convencionales del sistema hacen muy poco por legitimarse a sí mismas, el cinismo y el oportunismo deberán tender cada vez más a sustituir el entusiasmo y la solidaridad social como patrones de orientación de conducta. Si bien la izquierda contribuye, en el sentido antes descrito, a promover el cinismo y la ambivalencia moral hacia el sistema venezolano, estos atavismos tienen también otros orígenes, anteriores y más importantes. Una de estas otras causas es el canibalismo entre los partidos políticos convencionales y su efecto de estancar la formación de la política pública y, por ende, el desarrollo del país. La indiferencia del empresariado ante los problemas sociales, la corrupción de políticos y empresarios convencionales, también alimentan la ambivalencia o el rechazo hacia el sistema y son bases que sirven de argumento a los críticos del primero.
José Antonio Gil
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