por Luis Enrique Alcalá | Ene 12, 2006 | Cartas, Política |
En vano el suscrito ha buscado identificar al autor de una frase poderosa. Perdí su nombre hace ya varios años, y aunque he trasegado el Diccionario Oxford de Citas—sé, al menos, que el autor es inglés—y otras colecciones similares, no logro dar con su identidad. Por eso no puedo darle crédito por haber acuñado lo siguiente: «La propaganda del vencedor es la historia del vencido». Es una terrible frase y es un pensamiento muy certero. Quien cuenta la historia es quien ha ganado.
La frase es pertinente cuando todavía un núcleo irreductible de radicales recomienda, abierta o veladamente, «medidas drásticas» para este año de 2006—las elecciones no conducirían a nada—y después de siete años de propaganda gubernamental desmedida y abusiva. Por lo que respecta a la dirigida a justificar su rebelión del 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez inauguró esa propaganda en su improvisado discurso el día de su proclamación como Presidente Electo por el Consejo Nacional Electoral. En tal ocasión, de modo por lo demás inoportuno e inelegante, pretendió una vez más justificar lo injustificable y, de paso, en un acto que contó con la presencia del Presidente en ejercicio para esos momentos, expuso la tesis de que de alguna manera la asonada de aquel día había legitimado a Rafael Caldera. Luego, más adentrado en su período, y después de recibir en su contra el golpe de Estado presidido por Pedro Carmona, adelantaría la conveniente tesis de que el alzamiento que le lanzó a la fama no fue protagonizado por golpistas sino por revolucionarios.
El autor de estas líneas había pronosticado, en trabajo concluido en septiembre de 1987—Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela—algún intento de golpe de Estado en fechas cercanas a 1992. Decía en ese trabajo: «Así, la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabilidad de un golpe militar hacia 1991, o aún antes, sería considerable».
Hacia mediados de 1991 era evidente la conformación de una matriz de la opinión pública venezolana sobre un agudo e inconveniente dilema: «o Pérez o golpe». El desasosiego que tal situación causaba me llevó a escribir un artículo que fue publicado por El Diario de Caracas el domingo 21 de julio de ese año, unos seis meses antes del intento de Chávez Frías. Remataba el artículo del modo siguiente: «El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal».
¿Había verdaderamente la posibilidad de esa salida?
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Hipócrates produjo, en tiempos de la Grecia clásica, el primer código de ética profesional que registra la historia. En una de sus estipulaciones, Hipócrates produce una clara distinción entre el arte de los médicos y el de los cirujanos. De hecho, jura no «cortar» a sus pacientes y declara que dejará tal práctica a quienes desempeñen el arte de la intervención quirúrgica. (Todavía en épocas relativamente recientes, los cirujanos, los dentistas o sacamuelas y los barberos formaban un gremio distinto al de los médicos).
El equivalente político de la cirugía es el procedimiento violento del golpe de Estado y de la guerra, así como lo es el asesinato político. El político, como el médico, llegará a recomendar la intervención quirúrgica sólo como último y desesperado recurso. Es decir, el recurso del golpe de Estado o la intervención armada no tiene sentido mientras subsistan medios pacíficos para resolver los problemas que cause un mal gobierno, así como no es dado en derecho a nadie tomar justicia por su propia mano.
A partir de comienzos de 1991 había comenzado a gestarse una creciente presión cívica contra Carlos Andrés Pérez. Varias personalidades distinguidas del país hablaban claramente de la crisis de gobernabilidad del momento. Arturo Úslar Pietri, por ejemplo, entrevistado por Marcel Granier en su programa Primer Plano en diciembre de 1991, exponía su angustia y recomendaba su clásica receta de un «comando de crisis» ante la delicada situación. Por lo que respecta a mi caso, escribí cuatro artículos más sobre la conveniencia de que Pérez renunciara, en una serie que iba escalando la virulencia del planteamiento y culminaba el día 3 de febrero de 1992, un día escaso antes de la rebelión. Es decir, el estado de opinión contra la permanencia de Pérez en el poder se ampliaba con el correr de los días, y no es inconcebible que hubiera terminado en su salida de la Presidencia de la República como consecuencia de la presión cívico-legal, como de hecho ocurrió después en 1993.
Claro que no todo el mundo pensaba de ese modo. Pocos días después de la aparición del primero de mis artículos sobre el tema, Alberto Müller Rojas—el jefe de campaña del «Polo Patriótico», que parecía entonces el más fuerte candidato al cargo de Canciller—argumentaba, en el mismo Diario de Caracas, que era iluso pensar que Pérez se aviniera a renunciar. Diego Bautista Urbaneja opinaba, por su parte, que Carlos Andrés Pérez nos daría una «lección moral» renunciando, pero que los venezolanos no estaríamos en condiciones de asimilarla.
Igualmente, no puede discutirse que las intentonas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 agudizaron el proceso y aceleraron los procedimientos legales contra Pérez. ¿Es que no fue, entonces, legítimo el intento de golpe de Estado de Chávez Frías, como él ha repetido hasta la náusea desde que fuera electo en 1998? Parece mentira que todavía haya necesidad de explicar que su acto rebelde del 4 de febrero de 1992 constituyó un verdadero abuso de poder, dado que estaba armado en su condición de militar activo y comandante de tropas.
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La figura del derecho de rebelión es reconocida en la literatura jurídica, mientras que en la extensa obra de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, puede encontrarse una escolástica discusión del empleo de métodos violentos en la acción política. (Doctrina de la guerra justa). Uno de los documentos en el que se encuentra más claramente expresado el derecho de rebelión es la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776, tres semanas antes de la Declaración de Independencia norteamericana). En este texto se estipula que, cuando un gobierno sea inadecuado o contrario a los propósitos para los que ha sido establecido «una mayoría de la comunidad tiene un derecho indudable, inalienable e inanulable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, en tal forma que se juzgue más conducente al bienestar público».
En esa redacción se encuentra la clave para entender el abuso de Chávez Frías y los restantes conjurados de 1992. El sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. Los conjurados del 4 de febrero, que por propia admisión de Chávez Frías estaban juramentados como conspiradores nueve años antes, no eran, claramente, una mayoría de la comunidad. Después de la triste fecha escribí: «… ni necesitamos ni queremos otro intento militar para resolver esta crisis. La soberanía no reside en los generales, no reside en Fedecámaras, en la CTV, en las universidades, en la Causa R, en la iglesia católica, en las otras iglesias todas reunidas, en las asociaciones de vecinos. La soberanía reside en el pueblo. En el pueblo todo. Ningún segmento, por más lúcido, capacitado o bien intencionado que pueda ser, tiene derecho a suplantar al cuerpo social en su conjunto».
Ningún cirujano tiene derecho a intervenir a un paciente sin su consentimiento. En la única circunstancia de un herido grave que se halle inconsciente, y que requiere una operación para salvarle, podrá un cirujano abrir su cuerpo justificadamente. Venezuela no se hallaba inconsciente del problema de Pérez a comienzos de 1992. Por lo contrario, como he explicado, cada vez había más conciencia en torno al tema, a pesar de lo cual los venezolanos expresábamos reiterada y tercamente, en cada sondeo de opinión levantado por esas fechas, que no queríamos intervenciones armadas.
No fue pues que solamente Chávez Frías y sus socios conspiradores abusaron de un pueblo desprevenido: por encima de eso actuaron en flagrante y frontal contravención de expresos deseos de la mayoría de la comunidad.
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Hugo Chávez Frías es desde 1998 el legítimo Presidente de la República. Lo es no porque se hubiese alzado en 1992, sino porque obtuvo una mayoría de votos en las elecciones presidenciales de 1998 y de julio de 2000. El pueblo que lo eligió no salió a defender su acción durante el 4 de febrero—como tampoco, es cierto, salió a defender a Pérez, que fue lo que Caldera destacó en su famoso discurso de la tarde de ese día. Asimismo, no salió a defender al segundo tomo de la conjura el 27 de noviembre, ni siquiera cuando fue convocado explícitamente para eso por el inolvidable y corpulento señor de la camisa rosada.
El pueblo no le concedió a Chávez Frías mayor apoyo hasta comenzado el año de 1998, pues durante cinco años nunca estuvo en las encuestas por encima de un diez por ciento de la preferencia nacional. Su opción comenzó a ascender sólo después del desplome del primer cauce electoral del descontento venezolano: Irene Sáez, que abrió la boca en demasía y a quien se le cayó, como pudiera pasar a este gobierno con el Viaducto Uno, la estatua ecuestre de Bolívar en Chacao.
La legitimidad indudable de Chávez Frías, entonces, le vino de los votos y del enorme esfuerzo político de su campaña, justo es reconocérselo. De las varias vueltas que dio por el país, argumentando, discutiendo, convenciendo, aun a partir de su resentida violencia. Si Sáez no hubiera sido Sáez, si Salas no hubiera sido Salas o Alfaro no hubiera sido Alfaro; si hubiese sido posible la emergencia de un competidor verdaderamente sustancial y pertinente, Chávez Frías no habría sido nunca elegido Presidente. Ahora lo es, y del mismo modo que ahora escribo esto, condenaría cualquier intento parecido al suyo en su contra.
Porque es que la crítica esbozada arriba también tendría que aplicarse, por ejemplo, a un tal «Comando Nacional de Resistencia», que se ha autoungido para «coordinar acciones» distintas de la electoral. El puñado de personas que lo integra no tiene el más mínimo derecho de conspirar, de pretender que representa a los venezolanos, pues no cumplen con la regla de Virginia: no son la mayoría, ni tampoco han recibido delegación de poderes de una mayoría.
En estos tiempos de emergencia de candidaturas presidenciales, debiéramos destacar la incongruencia de candidatos que pretendan participar electoralmente luego de haber predicado constantemente que Venezuela no tiene salida electoral.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 10, 2006 | Fichas, Política |
LEA, por favor
El ilustre dermatólogo y ex embajador Francisco Kerdel Vegas, infatigable constructor de venezolanidad, fue quien me alertara sobre el concepto que Rudolf Virchow (1821-1902), el gran patólogo alemán que sirvió igualmente como parlamentario de su país, tenía de la política. La entendía como actividad de carácter médico. El contexto del inestimable dato fue una conversación en la que explicaba al Dr. Kerdel que ése era precisamente mi enfoque explícito a partir de 1984.
El nombre de Virchow es mencionado de entrada en un inusual artículo de diciembre de 2005 en la revista Scientific American, cuyo autor es Robert Sapolsky. De éste indica la revista que es profesor de biología y neurología de la Universidad de Stanford e investigador asociado de los Museos Nacionales de Kenya. La Ficha Semanal #80 de doctorpolítico consiste en la traducción de las tres primeras secciones de ese revelador artículo. (Sick of poverty).
No es un enfoque convencional de la relación entre pobreza y mala salud, que usualmente damos por sentada sin dedicarle más examen. Los terribles datos que Sapolsky ofrece tersa e implacablemente llaman a la vergüenza de que tantos congéneres de nuestra especie sufran el asedio crónico y abigarrado de la pobreza.
En uno de sus puntos el artículo presenta gráficamente, para los Estados Unidos, el llamado «índice de Robin Hood», que es una medida de la desigualdad en la distribución del ingreso. Es el porcentaje del ingreso total de la comunidad que debe tomarse de los ricos (aquellos con ingreso superior al promedio) y dado a los pobres (de ingreso inferior al promedio) para lograr una distribución igualitaria. Los estados que tienen un más alto índice de Robin Hood tienden asimismo a tener tasas mayores de mortalidad. (El peor, por cierto, es el estado de Luisiana).
En otra ocasión se registró acá (Ficha Semanal #51, 21 de julio de 2005) cómo Jeffrey Sachs, el experto internacional en economía de la pobreza propuso el año pasado una «economía clínica», a la que dedicó todo el capítulo cuarto de su libro The End of Poverty. (Penguin, 2005). Si es que no hubiera otras razones que no fueran las meramente metafóricas o metodológicas para aproximar la política y la medicina, el artículo de Sapolsky encuentra una conexión indisoluble entre ambas: la enfermedad de la pobreza. Es malo ser pobre.
LEA
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Enfermo de pobreza
Rudolf Virchow, el neurocientífico alemán del siglo 19, médico y activista político, maduró con dos eventos dramáticos: una epidemia tifoidea en 1847 y las fracasadas revoluciones de 1848. De estas experiencias extrajo dos aprendizajes: primero, que la diseminación de la enfermedad tuvo mucho que ver con espantosas condiciones de vida y, segundo, que los que están en el poder tienen enormes medios para subyugar a aquellos que no lo tienen. Como sintetizó Virchow en su famoso epigrama, «Los médicos son los abogados naturales de los pobres».
Los médicos (y los científicos biomédicos) son los abogados de los desprivilegiados porque la pobreza y una salud pobre tienden a ir de la mano. La pobreza significa comida mala o insuficiente, condiciones de vida insalubres e innumerables factores adicionales que conducen a la enfermedad. Sin embargo, no se trata simplemente de que la gente pobre tiende a no ser saludable cuando los demás están bien. Cuando examinamos el status socioeconómico (SES), una medida compuesta que incluye ingreso, ocupación, educación y condiciones de la vivienda, es claro que, comenzando por el estrato más rico de la población, cada paso hacia abajo en el SES está correlacionado con una salud más pobre.
Este «gradiente SES» ha sido documentado en sociedades occidentalizadas para problemas que incluyen enfermedades respiratorias y cardiovasculares, úlceras, desórdenes reumatoides, enfermedades psiquiátricas y varios tipos de cáncer. No es un sutil fenómeno estadístico. Cuando se compara los escalones más altos del SES con los más bajos, el riesgo de algunas enfermedades varía por un factor de 10. Algunos países exhiben una diferencia de 5 a 10 años en la esperanza de vida a lo largo del espectro del SES. Entre las naciones occidentales, los Estados Unidos tienen el gradiente más pronunciado; por ejemplo, un estudio mostró que los hombres blancos más pobres en EEUU mueren alrededor de una década antes que los más ricos.
Entonces, ¿qué origina esta correlación entre SES y salud? Un SES más bajo puede dar origen a una salud más pobre, pero recíprocamente una salud más pobre puede también dar origen a un SES inferior. Después de todo, la enfermedad crónica puede comprometer la educación y la productividad en el trabajo, además de generar gastos enormes.
Sin embargo, el grueso de los hechos sugiere que la flecha va del estatus socioeconómico a la salud—que el SES en cierto punto de la vida predice posteriores mediciones de la salud. Entre las muchas demostraciones de este punto se encuentra un notable estudio de monjas norteamericanas de edad avanzada. Todas habían hecho sus votos como jóvenes adultas y después habían pasado muchos años compartiendo dieta, cuidado de la salud y vivienda, por lo que quedaban controlados estos factores del estilo de vida. Sin embargo, en su edad anciana, los patrones de enfermedad, la incidencia de demencia y su longevidad, todavía eran significativamente predichos por su SES de cuando se hicieron monjas, por lo menos con medio siglo de anticipación.
Explicaciones inadecuadas
Entonces, para usar una maravillosa frase común en este campo ¿cómo se mete «bajo la piel» el SES para influir sobre la salud? Resulta que las respuestas que parecen más obvias no se sostienen por mucho. Una de esas explicaciones, por ejemplo, postula que el cuidado de la salud es menos fácilmente accesible para los pobres y de menor calidad. Esta posibilidad parece creíble cuando uno considera que para el pobre en los Estados Unidos no existe el médico familiar, y el cuidado médico consiste únicamente de viajes a las salas de emergencias.
Pero esa explicación se cae por razones muy claramente expuestas en los afamados estudios Whitehall de Michael G. Marmot, del Colegio Universitario de Londres, durante las últimas tres décadas. Marmot y sus colegas han documentado un conjunto de dramáticos gradientes de SES en una población estratificada convenientemente, esto es, los miembros del servicio civil británico (que incluye desde obreros hasta ejecutivos de considerable poder). Los mensajeros y los porteros, por ejemplo, tienen tasas de mortalidad por enfermedad cardiaca crónica que son mucho mayores que las de los administradores y profesionales. La falta de acceso a la atención médica no puede explicar el fenómeno, por cuanto el Reino Unido, a diferencia de los Estados Unidos, tiene cuidado de salud universal. Gradientes de SES similares ocurren también en el paraíso sanitario escandinavo, y las diferencias siguen siendo significativas aun cuando los investigadores compensen la medida en la que los sujetos usan los servicios médicos en realidad.
Otro hallazgo decidor es que los gradientes de SES se evidencian en enfermedades para las que el acceso a los servicios de salud es irrelevante. Ningún número de chequeos médicos, exámenes de sangre o tomografías va a cambiar la probabilidad de que una persona desarrolle diabetes del tipo 1 (de emergencia juvenil) o artritis reumatoide, y sin embargo ambas condiciones son más comunes entre los pobres.
La siguiente explicación «obvia» se centra sobre estilos de vida malsanos. A medida que se desciende en la escala SES en sociedades occidentalizadas, es más probable que la gente fume, beba excesivamente, sea obesa y viva en un vecindario violento, contaminado o densamente poblado. La gente pobre también tendrá menor probabilidad de acceso al agua limpia, comida sana y clubes de salud, sin mencionar la calefacción adecuada en el invierno y aire acondicionado en el verano. Así, parece evidente que un menor SES se mete bajo la piel al aumentar los riesgos y disminuir los factores de protección. Robert G. Evans, de la Universidad de Columbia Británica lo ha expuesto con mordacidad: «No es probablemente sabio beber aguas negras, ni siquiera para Bill Gates».
Lo que es sorprendente, sin embargo, es cuán poco del gradiente de SES explican estos factores de riesgo y protección. En los estudios Whitehall, el control de factores como el cigarrillo y el nivel de ejercicio indicaba que éstos sólo podían explicar alrededor de una tercera parte del gradiente. Este mismo punto fue establecido por estudios que comparaban riqueza y salud entre naciones, en vez de dentro de ellas. Es razonable suponer que mientras más rico es un país, más recursos financieros tienen sus ciudadanos para comprar protección y evitar riesgos. Si esto es así, la salud debiera mejorar incrementalmente a medida que nos movemos hacia arriba en el gradiente de riqueza entre las naciones, así como entre los ciudadanos dentro de naciones individuales. Pero éste no es el caso. En vez de esto, en el cuarto superior de las naciones más ricas, no hay relación entre la riqueza del país y la salud de su gente.
Así, el acceso a servicios de salud, la utilización de ellos y la exposición al riesgo o factores protectores no explican el gradiente SES/salud tan bien como pudiéramos suponer. Uno debe por tanto considerar si la mayor parte del gradiente surge de un conjunto distinto de consideraciones: las consecuencias psicosociales del SES.
Estrés psicosocial
Idealmente el cuerpo está en equilibrio homeostático, un estado en el que las medidas vitales de la función humana—pulso, tensión arterial, niveles sanguíneos de azúcar, etcétera—están dentro de sus rangos óptimos. Un «estresor» es cualquier cosa que amenaza con quebrar la homeostasis. Para la mayoría de los organismos un estresor es un reto físico agudo—por ejemplo, la necesidad de una gacela herida de saltar para salvar su vida o la de un depredador hambriento de cazar su alimento. El cuerpo está admirablemente adaptado para tratar con retos físicos instantáneos a la homeostasis. Se liberan entonces depósitos de energía, incluyendo la glucosa, y el tono cardiovascular aumenta para facilitar la distribución del combustible requerido por el ejercicio del músculo en el cuerpo. La digestión, el crecimiento, la reparación de tejidos, la reproducción y otros procesos fisiológicos no necesarios para sobrevivir son suprimidos. El sistema inmunitario se activa para impedir patógenos oportunistas. La memoria y los sentidos se aguzan momentáneamente.
Pero las especies cognitiva y socialmente sofisticadas, como los primates, habitan rutinariamente un reino de estrés diferente. Para nosotros, la mayoría de los estresores tiene que ver con interacciones dentro de nuestra misma especie, y pocos alteran físicamente la homeostasis. En vez de esto, tales estresores psicosociales involucran la anticipación (precisa o no) de un reto inminente. Y la característica resaltante de un estrés psicológico y social de esa clase es su cronicidad. Para la mayoría de los mamíferos, un estresor dura sólo unos pocos minutos. En contraste, nosotros los humanos podemos preocuparnos crónicamente por una hipoteca de 30 años.
Desafortunadamente, nuestra respuesta corporal, adaptativa para un estresor físico agudo, es patogénica para un estrés psicosocial prolongado. Un aumento crónico del tono cardiovascular trae consigo una hipertensión inducida por el estrés. La constante movilización de energía aumenta el riesgo de severidad de enfermedades como diabetes tipo 2 (de emergencia adulta). La inhibición prolongada de la digestión, el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción, aumenta el riesgo de varios desórdenes gastrointestinales, impedimentos del crecimiento en niños, fracaso de la ovulación en mujeres y disfunción eréctil en varones. Una respuesta inmune al estrés demasiado prolongada en último término suprime la inmunidad e impide las defensas contra la enfermedad. Y la activación crónica de la respuesta al estrés altera la cognición, así como la salud, el funcionamiento e incluso la supervivencia de algunos tipos de neuronas.
Una extensa literatura biomédica ha establecido que los individuos tienen más probabilidad de activar una respuesta al estrés y están en mayor riesgo de enfermedades sensitivas al estrés si (a) sienten que tienen mínimo control sobre los estresores, (b) sienten que no tienen información predictiva acerca de la duración e intensidad del estresor, (c) tienen pocos desahogos para la frustración causada por el estresor, (d) interpretan el estresor como una evidencia del empeoramiento de las circunstancias y (e) carecen de apoyo social para la opresión causada por los estresores.
Los estresores psicosociales no están distribuidos equitativamente en la sociedad. Así como los pobres tienen una participación desproporcionada de estresores físicos (hambre, trabajo manual, deprivación crónica de sueño por un segundo trabajo, el colchón dañado que no puede ser reemplazado), también tienen una cuota desproporcionada de estresores psicosociales. El entumecedor trabajo en una cadena de producción y toda una vida ocupacional recibiendo órdenes erosionan el sentido de control de los trabajadores. Autos en los que no se puede confiar pues pudieran no arrancar por la mañana y cheques de salario que pueden no durar el mes infligen impredecibilidad. La pobreza rara vez permite actividades liberadoras de estrés tales como pertenencia a clubes de salud, hobbies relajantes pero costosos o sabáticos para repensar prioridades. Y a pesar del cálido estereotipo de la «comunidad pobre pero amorosa», el trabajador pobre tiene típicamente menor apoyo social que las clases medias y superiores, gracias a los trabajos extra, largos viajes en transporte público y otras cargas.
Marmot ha mostrado que independientemente del SES, mientras menos autonomía tenga uno en el trabajo peor será su salud cardiovascular. Más aún, un bajo control en el sitio de trabajo es responsable por aproximadamente la mitad del gradiente SES de enfermedades cardiovasculares en sus poblaciones de Whitehall.
Robert Sapolsky
por Luis Enrique Alcalá | Ene 5, 2006 | LEA, Política |
Hace nada que Evo Morales, nuestro reciente visitante, era recibido con grandes honores en Cuba, país al que este gobierno ha enviado como embajador a un hermano del presidente Chávez, Adán. Es así como Fidel Castro se encontraba entre Adán y Evo.
En el Paraíso Terrenal sólo dos inteligencias podían colarse entre Adán y Eva: la del Creador y la de la satánica serpiente. El Creador ha dado el origen a la primera pareja del Génesis, la serpiente la ha unido en pecaminoso pacto. ¿Qué manzana habrá aceptado Adán de Evo en la isla del Mar de la Felicidad?
Morales ha venido a Caracas, de donde se lleva una buena conversación con el Presidente de Venezuela y un convenio de asistencia petrolera por producto agrícola. Se ha retratado con Chávez y con el general retirado Ollanta Humala, candidato presidencial peruano, la más reciente incorporación a la ola izquierdista en América del Sur. ¿Puede esperarse de Evo Morales una conducta idéntica a la de Chávez?
No parece creer tal cosa Álvaro García Linera, quien es tenido por la eminencia gris del equipo de Morales. Con suave claridad ha declarado a la BBC: «Evo Morales, esta candidatura, este partido, ve con simpatía lo que pasa en América Latina en términos de gobiernos progresistas. Pero más allá de eso, no hay la búsqueda de imitar a nadie. Evo Morales no es chavista ni lulista, es evista. Aquí está surgiendo un proyecto distinto con fuerte contenido indígena. Estamos ante el surgimiento del ‘evismo’ como un fenómeno político continental, que así como recibe enseñanzas de otras partes de América Latina, seguramente va a enseñar, de manera humilde».
Igualmente, no parece ser un denunciador a ultranza del capitalismo salvaje, pues enumera así la oferta a las inversiones extranjeras de parte del nuevo gobierno boliviano: «Tres cosas: reglas duraderas, necesitan certidumbre y me parece correcto. Les garantizamos recuperación de sus inversiones. Pero inversiones certificadas, no inventadas. Y les garantizamos un ganancia promedio para sus accionistas».
Claro, no deja de observar: «Cuando Bolivia explotaba solita—sin inversión extranjera—sus propios recursos, en el año 95, le entregaba al Estado US$ 390 millones. Luego vinieron once empresas petroleras, dicen que invirtieron US$ 3.000 millones—veremos si lo han invertido—descubrieron 37 trillones de pies cúbicos, exportaron gas al Brasil, a la Argentina, y hasta enero de este año entregaban US$ 20 millones más que lo que entregaba el gobierno boliviano hace diez años. Que no nos vengan tampoco con cuentos».
Y corona—al descartar un culto a la personalidad de Evo Morales—con una observación sorprendente que refutaría la habitual caricatura de Bolivia: «No, los cultos a la personalidad surgen en sociedades con un tejido social relativamente débil, y si ustedes conocen un poco de Bolivia, ven a la sociedad más organizada de América Latina. Todo es organizado aquí, todos tienen gremio, sindicato, federación. Eso es muy bueno porque habla de un tejido social muy activo, muy autónomo. Esta pluralidad de la sociedad civil limita la formación de caudillismos excesivamente centralistas. Si bien hay el ‘evismo’ en términos de un liderazgo continental fuerte, nadie lo está imaginando como un caudillo en torno al cual hay que hacer un culto a la personalidad. Quizás aquí, con el tiempo, surgirán otros líderes indígenas con la capacidad de continuar la posta de lo que vaya a hacer Evo Morales».
Si García Linera tiene razón y no habla falazmente, quizás Morales termine ofreciendo una lección o dos a Hugo Chávez.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 5, 2006 | Cartas, Política |
Uno de los más agudos intérpretes del proceso político venezolano, Luis Vicente León, director de la prestigiosa firma encuestadora Datanálisis, ha declarado a El Universal, según reporta el periódico, «que todavía no se vislumbra ninguna figura de la oposición que pueda enfrentar con éxito al actual mandatario de cara a las elecciones de diciembre próximo».
Viniendo esto de León, que acaba de publicar en el mismo diario sendos artículos para la evaluación de cuatro posibles candidaturas (sin contar la de Chávez)—Borges, Petkoff, la doble de Salas «gallo» y Salas «pollo», Smith—tal aseveración pareciera ser un dictamen de desahucio para estos nombres, puesto que ellos sí son vislumbrados como candidatos, lo que le permitió justamente escribir sobre ellos. León no cree que ninguno de ellos puede ganarle a Chávez. (A menos que se renueven como un muñeco Pokemón, el juguete que posee una rudimentaria vida virtual que puede fácilmente extinguirse si no se le atiende, en metáfora empleada por el analista).
En otra vena diferente el economista Maxim Ross—antiguo simpatizante del MAS que hace no mucho acompañara a Oswaldo Álvarez Paz en Alianza «Popular»—ha sugerido la necesidad de que los precandidatos conocidos—su lista es más amplia: «Borges, Rosales, Teodoro, Roberto, Ojeda, Henry, Eduardo, Oswaldo y Antonio»—arriben a un acuerdo sobre el método de selección de un candidato único de oposición en el primer trimestre del año que comienza. En criterio de Ross «…se impone de nuevo un encuentro entre el liderazgo de la oposición para definir un plan de acción para el año 2006». En esto está en completo desacuerdo con León, quien cree que «ese líder nuevo o renovado no surgiría de un acuerdo de unidad de los partidos políticos de oposición.»
Todos sabemos que uno de los métodos propuestos para lograr la ansiada unidad opositora es el de unas elecciones primarias, similares a las que organizara COPEI en 1993 para optar por Fernández o Álvarez Paz. Es un método que despierta argumentaciones en pro y en contra.
El Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Luis Ugalde S.J., ha opinado que unas elecciones primarias serían contraproducentes, pues las opciones «democráticas» se harían daño las unas a las otras, y quien emergiera como triunfador en ellas lo haría lacerado, y Chávez no desaprovecharía la oportunidad de revolver las heridas que se le hubieran inflingido.
Teodoro Petkoff tampoco es partidario de primarias. Recuerda las del MAS, que afectaron grandemente la unidad del partido del que fue fundador. Ofrece, en cambio, un ejemplo que no deja de ser persuasivo para basar su recomendación de que los distintos candidatos y fuerzas se «inteligencien» para zanjar el asunto. Al término del régimen de Pinochet, como consecuencia del referendo en el que se le derrotara, los principales partidos de Chile encontraron en su interlocución que no podría sucederse un régimen de derecha por uno del extremo contrario—error que aquí se cometió, por cierto, con Carmona Estanga—y por tanto convendría buscarse una solución al centro derecha. De allí la candidatura de Aylwin, democristiano. Sólo después de su presidencia y la de Frei pudo llegar un socialista, Ricardo Lagos, a la Casa Rosada. (De hecho, Aylwin había sido originalmente partidario del golpe que derrocó a Allende, creyéndolo portador de un gobierno transitorio).
Es clara la conclusión: para Petkoff no debiera procurarse la sustitución de Chávez por alguien de derecha, sino por un presidente más parecido a Chávez en algunas cosas, por alguien de izquierda. De los candidatos asomados hasta ahora sólo William Ojeda y el propio Petkoff, el autor de Las dos izquierdas, cumplirían la condición.
En cambio, Julio Borges ha declarado a fin de año que estaría dispuesto a medirse en unas elecciones primarias que conferirían «fuerza, legitimidad, liderazgo, rostro y poder a quienes puedan representar esa alternativa que quiere el país». A Borges, por supuesto, le están reclamando primarias dentro de su propio partido para elegir sus autoridades y aun la candidatura, que pareciera pretender disputarle Leopoldo López Mendoza, quien consciente de haber calificado muy cerca de aquél en sondeo de Alfredo Keller (Borges 40%, López 39% en pregunta sobre percepción de liderazgo), hizo una campaña de cierre de año con cuñas que destacaban su gestión redistributiva. (Es decir, que también él da, no sólo Chávez). Borges ha maniobrado ágilmente al disponerse para primarias intrapartidistas en enero—lo que ofrecería poco tiempo a sus contendores—y al llamar la atención sobre las primarias extrapartidistas, de mayor interés para la población. (En la misma declaración anunció la realización de una extensa gira nacional, que llevaría el nombre «Primero Venezuela»—evocadora de Proyecto Venezuela— el que pareciera competir por una «marca» con Venezuela de Primera de Roberto Smith, que también anda de gira—peatonal—ofreciendo diez millones de diversas cosas, como pasos, empleos, votos y besos).
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En teoría la realización de unas primarias es la vía correcta, pues ofrece a los electores su participación directa en la selección de un abanderado. Pudiera, incluso, sujetárselas a las reglas de «elecciones por vaciado» (run-off election). Así explicaba esta publicación sus características el 17 de junio de 2004 (#91): «En una elección por vaciado uno puede seleccionar más de un candidato en orden de preferencia. Por ejemplo, si el Sindicato Único de Aspirantes a la Sucesión de Hugo Chávez (SUASHCH) terminara admitiendo diez—o veinte—candidatos en la elección ‘primaria’, los Electores podríamos señalar, digamos, tres nombres en orden de preferencia. Si el que recibe más votos no obtiene la mayoría absoluta, entonces se va pasando sucesivamente un colador que finalmente determinará el aspirante elegido. Quien queda de último en los votos que postulan como primera opción es eliminado. Pero quienes votaron por él no dejan de estar representados, porque su segunda opción será acumulada a los votos de los candidatos correspondientes. De nuevo se repite el proceso. Se elimina al último—los eliminados no pueden ya recibir las transferencias—y se adjudican sus segundas opciones. (En algunos casos muy apretados puede llegarse a las terceras opciones antes de arribar a un ganador). Llega un momento en que este proceso produce un ganador con suficiente mayoría. (Es muy fácil programar computadores para que hagan los cálculos con gran rapidez. Bastará iterar un algoritmo, diría un programador). No es un método perfecto, pero se le señalan dos ventajas. Los candidatos no pueden con facilidad transar apoyos entre sí y reciben menos ventaja de campañas de descrédito de oponentes, puesto que su suerte puede depender del apoyo secundario de quienes opten por sus contendores. Las campañas tenderán a ser más positivas y los aspirantes se respetarán más».
Si lo que preocupa, pues, a un formador de opinión como Luis Ugalde, es la carnicería que pudiera desatarse en unas primarias opositoras, el punto de ingeniería política estaría en impedirla, con condiciones como la de elección por vaciado u otras ulteriores. Por ejemplo, reglamentando que las descalificaciones mutuas entre los candidatos participantes en unas primarias no puedan construirse jamás sobre referencias a la negatividad de nadie, tan sólo a la insuficiencia de su positividad.
Los proponentes de las elecciones primarias deben resolver un espinoso asunto. Si esas elecciones estarían abiertas solamente a quienes quieren salir de Chávez o también lo estarían para quienes quisieran reelegirlo, esto es, a todos los electores. Los proponentes de la primera opción propugnan, en el fondo, una especie de lista de Tascón invertida. Pero si se admite a todo el mundo ¿cómo evitar que militantes pro Chávez acaten una línea oficialista para producir muchos votos nulos o para apoyar a un candidato opositor que les sea cómodo?
La manera de evitar este efecto sería muy sencillo: simplemente puede incluirse la opción de votar por Chávez, y el chavista que quisiera fastidiar votando, por ejemplo, por Antonio Ledezma, perdería la oportunidad de votar por su líder. Si, a pesar de todo, Chávez saliere de primero en una primaria así, ese resultado confirmaría que aún una mayoría nacional lo preferiría a los restantes candidatos.
Quedan aún dos problemas. El primero es que debe tomarse en cuenta que, según las disposiciones vigentes en materia de legislación de elecciones, el Consejo Nacional Electoral metería sus manos en las elecciones primarias planteadas. El segundo es el del ente llamado a organizarlas.
Es obvio que entre todos los actores del país la organización civil Súmate es la que dispone de la capacidad más idónea para la tarea. El problema con Súmate es que sobre ella pesan algunos cuestionamientos de monta considerable, los que pudieran ser transferidos, como calcomanía, al candidato que emergiera victorioso de las elecciones primarias: ¿aprobación del «carmonazo»? ¿Alianza con George W. Bush? Esta vulnerabilidad es remediable, sin embargo, si se permitiera que la labor de Súmate fuese observada por otras organizaciones. Por ejemplo, por Ojo Electoral.
Pero a Ojo Electoral debieran sumarse otros veedores, pues quienes le conforman pudiesen ser tenidos por más cercanos a la opción de Teodoro Petkoff. A fin de cuentas Petkoff estuvo entre sus fundadores, y además de José Virtuoso le conforman Ignacio Ávalos Gutiérrez (otrora cercano al MAS original), Carlos Genatios, ex ministro de Chávez y quien, como Ávalos, fue administrador del sector tecnológico, Eleazar Díaz Rangel, todos izquierdistas, y Francisco Layrisse, ejecutivo fundamental de la campaña de Petkoff y que junto con éste y Díaz Rangel tuvo participación destacada en el estado mayor de la Cadena Capriles. Si a Súmate se le tuviese por derechista y a Ojo Electoral por lo contrario, tal vez se logre un equilibrio sólo con ambas organizaciones, pero a lo mejor convendría conseguirse alguna conformación «centrista» para blindar la cosa.
Por último (last but not least, en absoluto), quienes han sido asomados como candidatos o posibles candidatos, ipso facto, conformarían un club de debates muy exclusivo. Ellos debieran debatir, a los ojos del país, qué creen que debiera hacerse desde la silla presidencial, pues es ese asiento el que buscan, y ninguna otra cosa que la aprobación de sus planes debiera legitimarles. Este club debiera permitir la entrada, por cierto, de Hugo Chávez Frías, que buscará su reelección. Ojalá consintiera, lo que probablemente no hará, en integrar una academia de candidatos en la que se discuta abiertamente lo que debe hacerse con el Poder Ejecutivo Nacional a partir de enero de 2007. Como escribiera el Día de la Inmaculada Concepción, «ninguna otra cosa sería responsable, ninguna otra admisible».
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 3, 2006 | Fichas, Política |
LEA, por favor
El martes 19 de enero de 1999 la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela hizo conocer su decisión sobre un recurso de interpretación del Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Un día antes El Diario de Caracas me publicaba un artículo largo sobre tema estrechamente relacionado. La Ficha Semanal #79 de doctorpolítico reproduce este último texto.
La decisión de la Corte establecía que podía emplearse el citado artículo para convocar un referendo en el que se preguntara a los electores venezolanos si era su deseo elegir una asamblea constituyente, a pesar de que esta última figura no estaba contemplada en la constitución de 1961, para entonces vigente. La Corte argumentó que el Pueblo es el Poder Constituyente Originario, que en virtud de esa potestad es un poder supraconstitucional que no está limitado por ninguna constitución. Tan democrática doctrina fue rechazada en conservadora postura por el hoy candidato presidencial Julio Borges, que la calificó de «terremoto». (A fines de 1998, cuatro meses antes de la decisión del Máximo Tribunal, el suscrito había publicado la siguiente opinión: «Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el ‘hilo constitucional’. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: ‘Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone’. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente»).
En aquel mismo enero de 1999 había aceptado una invitación de Ricardo Combellas a la instalación de la «Comisión Presidencial Constituyente», establecida por el Presidente Electo (Hugo Chávez) antes de su toma de posesión, y que aquél integraba junto con Luis Miquilena, Herman Escarrá, Oswaldo Álvarez Paz, Ernesto Mayz Vallenilla, Ángela Zago, entre otros. Mi artículo del 18 de enero alude al acto mencionado, celebrado en la residencia oficial de La Viñeta el viernes 8 de ese mismo mes. De algún modo describía un procedimiento constituyente bastante distinto del adoptado poco después para darnos la Constitución que hoy nos rige.
LEA
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Grados de libertad
El Presidente Electo, Hugo Chávez Frías, ha dicho que quiere oposición, que necesita oposición. Por eso le dije que no en el acto de instalación de su comisión constituyente, el viernes 8 en La Viñeta. Me tocó estar sentado muy cerca del podio de oradores desde el que el Presidente Electo habló largo y dijo cosas con las que no puedo estar de acuerdo, lo que manifesté corporal y verbalmente.
No puedo estar de acuerdo con su interpretación del 4 de febrero. Eso lo expliqué aquí el 21 de diciembre pasado. El derecho de rebelión es de una mayoría de la comunidad, no de un reducido grupo de militares que intentaron tomar el poder para decidir los asuntos públicos, en momentos cuando la mayoría de la comunidad rechazaba explícita y reiteradamente los golpes de Estado como modo de resolver nuestros problemas. Su legitimidad proviene del 6 de diciembre y no del 4 de febrero.
No puedo estar de acuerdo con su consideración de que las elecciones del 6 de diciembre le han conferido facultades constituyentes, lo que afirmó en la reunión de La Viñeta. A menos que él entienda por eso la facultad de ser un primer eslabón en una cadena constituyente, el convocante de un referéndum que ordena constituyente, pero no quien establece constitución.
Yo quiero tener libertad para decir cosas como ésas. Ese es el sentido convencional de la libertad. Pero hay otros sentidos más de la hora, más modernos de libertad. Hace tiempo ya que queremos una libertad más participativa, una libertad de elegir, una mayor libertad de elegir. Queremos tener más grados de libertad. Queremos tener opciones. Queremos menos representaciones y más ejercicio de las decisiones por nosotros mismos.
Como se sabe ya con bastante amplitud, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política permite la celebración de referenda consultivos para la consideración de «decisiones de especial trascendencia nacional». También se conoce que son tres las instancias que pueden generar una convocatoria inapelable a referéndum: el Presidente de la República en Consejo de Ministros; una mayoría de dos terceras partes del Congreso reunido en sesión conjunta de ambas Cámaras; un conjunto de Electores en número no menor a la décima parte de aquellos que estén inscritos en el Registro Electoral. (Hoy un poco más de un millón cien mil Electores).
Antes de que se completara la mitad del año electoral de 1998 el entonces candidato Hugo Chávez Frías había prometido recoger el número de firmas necesarias para que la convocatoria a referéndum proviniese de un origen popular y pudiese celebrarse junto con las elecciones regionales o presidenciales del año pasado. La oferta nunca se concretó, o porque en aquel momento las organizaciones que le apoyaban no tuvieron la capacidad de levantar un apoyo de esa magnitud, o porque el candidato creyó, con toda razón, que iba a ganar las elecciones y transformarse en Presidente, circunstancia en la que ya no necesitaría a los Electores.
Pero ahora ha aparecido en la prensa el facsímil de una boleta para la recolección de firmas de apoyo para que se haga la constituyente que quiere Hugo Chávez Frías. Esto no puede confundirse con una convocatoria popular a referéndum. Ni siquiera diez millones de firmas sobre una boleta tal serían una convocatoria a referéndum. Esto se parece más bien al uso referencial, simbólico, que una vez se hizo, a fines de los ochenta, de la posibilidad constitucional de iniciativa legal, la facultad de electores reunidos en número no menor de veinte mil de introducir a discusión del Congreso un proyecto de ley. Se recogió más de veinte mil firmas para solicitar al Congreso que legislara la uninominalidad, y no para introducir un proyecto de ley que la introdujera. En este caso los Electores no estaríamos ordenando el referéndum, sino expresando un apoyo al Presidente Electo para que lo convoque él. Ése es el más bajo grado de libertad.
Y es un grado de libertad que está a un paso de aquel grado temido por John Stuart Mill: «Así, un pueblo puede preferir un gobierno libre, pero si por indolencia, descuido, cobardía o falta de espíritu público, se muestra incapaz de los trabajos necesarios para preservarlo; si no pelea por él cuando es directamente atacado; si puede ser engañado por los artificios empleados para robárselo; si por desmoralización momentánea, o pánico temporal, o un arranque de entusiasmo por un individuo, ese pueblo puede ser inducido a entregar sus libertades a los pies de incluso un gran hombre, o le confía poderes que le permiten subvertir sus instituciones; en todos estos casos es más o menos incapaz de libertad: y aunque pueda serle beneficioso tenerlo así sea por corto tiempo, es improbable que lo disfrute por mucho».
Y aunque todavía no hay definición clara respecto de la composición y forma de elegir a los miembros de una Asamblea Constituyente, ya parece que el camino trazado es igualmente poco libertario, en el sentido de ofrecer muy pocos grados de libertad.
Según parece, los venezolanos tendríamos que optar por la aceptación o el rechazo de un único proyecto de constitución, luego de que una Asamblea Constituyente lo aprobara sobre la base de discutir un único proyecto elaborado a su vez por la «comisión presidencial constituyente» recién nombrada por el Presidente Electo. Es una situación de tómelo o déjelo. No se diferencia mucho de la opción presentada a un parroquiano que deseaba desayunar en su hotel. Preguntó si podía elegir su desayuno y le dijeron que sí. Preguntó qué opciones había y le contestaron solamente huevos fritos. Preguntó entonces que cuáles eran sus opciones y le dijeron que podía optar por comerlo o no comerlo.
En momentos cuando nos aprestamos a discutir un nuevo modelo de Estado, un nuevo concepto constitucional, es importante permitir la contrastación de conceptos diferentes, no un único concepto. Por ejemplo, la nueva Constitución pudiera caracterizarse por ser un documento más escueto y simple que el texto que ahora nos rige. Podría ser mucho más flexible, y permitir mayor grado de libertad, mayor respeto por el futuro. Pudiera ser, además, mucho menos programática que la actual. Pensada más para limitar los poderes del Estado ante el ciudadano, especificando con claridad lo que el Estado no puede hacer, que imponiendo sobre éste una carga de compromisos inmanejables. Sobre este punto Nicomedes Zuloaga ha emitido una clara opinión, en su trabajo «Crítica constitucional» de 1991: «Si regresamos a la comparación crítica de las disposiciones de la Constitución venezolana con la norteamericana nos encontramos que la americana protege derechos de sentido negativo al establecer lo que el Estado no puede hacer porque constituiría una violación de los derechos de los ciudadanos. Esa es una Constitución coherente donde el Poder Judicial puede ejercer lógicamente su facultad contralora de revisión examinando si una disposición emanada del Poder Legislativo o una medida tomada por el Poder Ejecutivo violan las garantías constitucionales. La Constitución venezolana, en cambio, otorga tanto derechos individuales en sentido negativo como derechos individuales en sentido positivo, y una constitución así resulta incoherente y sus disposiciones son de muy difícil interpretación por el Poder Judicial… La eliminación que propongo de todo el Capítulo IV de la Constitución Nacional, que establece los llamados derechos sociales no producirá una disminución de la actividad social del Estado ni de la beneficencia pública, como no produjo su inclusión un aumento de esa actividad del poder público. Esas actividades se seguirán cumpliendo al través del Ejecutivo y del Legislativo, con el destino político de los ingresos fiscales decididos por el Congreso y por el Presidente de la República siguiendo el resultado de las discusiones políticas, y el poder electoral relativo de las diversas ideologías de las organizaciones políticas en el poder».
Ese es un concepto constitucional francamente distinto al de 1961, y seguramente distinto del que parece perfilarse en cabeza de los más notorios protagonistas del actual proceso constituyente.
Si en vez de tener una Asamblea Constituyente restringida, que aun en las mejores condiciones de representatividad arribaría al entubamiento de un único proyecto constitucional, tuviésemos una Asamblea Constituyente máxima, coextensiva al conjunto total de los Electores, y presentásemos a éstos varios proyectos constitucionales, estaríamos ante un proceso más democrático y transparente y mucho más libre.
Una licitación constitucional, en la que los Electores pudiésemos comparar proyectos constitucionales varios y distintos, es un camino ciertamente preferible al concepto convencional de Asamblea Constituyente, el que a fin de cuentas es un concepto del siglo XVIII. Hoy en día una tecnología comunicacional más poderosa y un mayor nivel de conciencia cívica de los Electores permiten ampliar los criterios constituyentes. Ya hemos probado el camino con la reciente aplicación de una votación procesada electrónicamente con las máquinas de votar del Consejo Nacional Electoral.
Luis Enrique Alcalá
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