por Luis Enrique Alcalá | Oct 7, 2004 | Cartas, Política |
Así define Realpolitik el texto correspondiente de la Enciclopedia Británica: «…postula que los estados buscan el engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo y que la búsqueda de ese poder se basa en la amenaza y el empleo de la fuerza militar y la coerción económica». El término se ha extendido, más allá de la política internacional, para referirse al modelo de acción política general seguido en todos los países del planeta por la más variada colección de políticos profesionales. Algunos ejemplos han sido verdaderamente notables. En uno de los sistemas políticos más desarrollados del mundo, los nombres de Johnson, Nixon, Reagan, Bush, han descollado como fervientes practicantes de la Realpolitik.
Ayer nomás culminó la investigación de la Agencia Central de Inteligencia que George Bush había, en junio pasado, recomendado esperar: «Wait until Charlie gets back with the final report», había dicho. Pues bien, «Charlie» Duelfer, el inspector jefe de la CIA en Irak, acaba de presentar al Congreso norteamericano un informe de mil páginas en el que se establece definitivamente que Sadam Hussein no disponía de armas de destrucción masiva, cuya presunta amenaza fue la excusa para la invasión estadounidense. Aunado al reciente debate Bush-Kerry, en el que el candidato demócrata logró colocar en posición incómoda al presidente en campaña, el informe Duelfer ha significado que el protocolo de poder de la administración Bush ha quedado bastante al descubierto.
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En Venezuela no hemos dejado de tener ejemplos destacados de esta difundida corriente de «política realista». Cuando en nuestro país comenzaba a discutirse sobre la elección directa de gobernadores de estado (1988), entre sus oponentes se contaba a Manuel Peñalver, a la sazón Secretario General del partido Acción Democrática. En una ocasión fue fugazmente entrevistado por una reportera de televisión, quien le preguntó por qué no estaba a favor de esa elección directa. Peñalver miró directamente a la expectante periodista y, antes de darse vuelta y alejarse, le contestó así: «¡Porque no!»
Carlos Andrés Pérez, no hay duda, ha sido uno de los más notorios exponentes de la Realpolitik venezolana. Su caída, junto con la secuela de pérdida súbita del poder de personajes otrora poderosos y prepotentes, constituyó un proceso en principio sano para la sociedad venezolana. Sus excesos han encontrado una sanción social con efectos tan benéficos para Venezuela como los que tuviera el proceso de Watergate para los Estados Unidos.
En Kalki: El futuro de la Civilización, Sri Radhakrishnan postulaba una convergencia, si es que los Caldera me permiten el uso del término, entre la civilización oriental—de la que él era, por supuesto, un representante—y la civilización occidental, predicción que por cierto no habría satisfecho a Mohatmas Gandhi en sus momentos de mayor ironía, pues a éste le preguntó una vez un periodista: «¿Qué opina Ud. de la civilización occidental?» Gandhi replicó mordazmente: «Me parece una buena idea».
Radhakrishnan, en un pasaje del libro mencionado, discutía el fundamento ético del protocolo de Ginebra que proscribe el empleo de gases y armas bacteriológicas (1925) en los conflictos bélicos. No le parecía consistente que fuera permitido achicharrar a centenares de personas con bombas incendiarias o que fuese comme il faut atravesar el cerebro de alguien con una bayoneta, mientras se consideraba un atentado contra la urbanidad de la guerra el uso de un gas venenoso. Para Radhakrishnan esto equivalía a criticar a un lobo «no porque se comiese al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos». Es decir, opinaba que el protocolo de Ginebra no era otra cosa que un ejercicio de hipocresía.
Entre los críticos de las más aberrantes conductas políticas de la Realpolitik, es frecuente encontrar personas que incurren en prácticas cualitativamente muy parecidas, si no idénticas, a las de otras personas a quienes censuran con gran energía. Por referirnos a un caso venezolano, un prestigioso líder empresarial de medios de comunicación decía al autor de este artículo en agosto de 1990: «Lo que hay que hacer siempre es seleccionar y colocar a los hombres del Presidente, como lo hemos hecho con los del presidente Pérez». (Estaba refiriéndose a la «tarea» que habría que cumplir a futuro en relación con el presidente del siguiente período constitucional—que lo sería Caldera—pues ya «el mandado estaba hecho» con Carlos Andrés Pérez). O sea, admitía la utilidad de la influencia intervencionista del sector empresarial sobre la política, sólo que tal influencia «debía» ejercerse indirectamente, por interpuesta persona.
En el penoso caso del fenecido Banco Latino, por ejemplo, no hay duda de que una buena parte de su depuesto liderazgo llegó a constituir un ejemplo patológico de Realpolitik. El más deplorable rasgo de esa patología tal vez venga expresado en la instalación de una capacidad de intervención—al decir del entonces diputado Pablo Medina—de mil teléfonos de red y cien teléfonos celulares en uno de los pisos del Centro Financiero Latino.
El principal accionista y presidente de una de las empresas que servía al Latino, en diciembre de 1992, había reunido a todos sus empleados en un hotel capitalino, confrontándoles con una persona a quien presentó como su abogado y con una caja de tamaño considerable llena de cintas de audio y de video. A continuación explicó que las cintas contenían grabaciones de sus empleados y que las mismas eran evidencia de faltas de clases diversas: consumo de drogas, negocios personales conducidos en tiempo debido a la compañía, hurtos y otras conductas reprobables. Luego declaró un receso de varios minutos, no sin antes expresar su esperanza de que las personas incursas en las conductas aludidas no regresasen al salón en el que se efectuaba la grotesca sesión intimidatoria.
El país debe saludar con satisfacción la terrible derrota que puedan sufrir los más conspicuos exponentes de esa política «realista». Debe poner su esperanza en que tan dañino código ético, predominante en la política venezolana, sea suplantado por un código ético saludable. Pero debe estar atento para que esa suplantación no sea efectuada por un código ético fundamentalista, por un código de ayatollahs. No debe permitirse a un grupo de personas erigirse en santones determinantes de quiénes irán al infierno y quiénes al purgatorio, sobre todo cuando entre ellas se encuentran algunas que comen cordero con cubiertos.
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Quien no come con cubiertos es, evidentemente, Hugo Rafael Chávez Frías, la exacerbación cancerosa de la Realpolitik en Venezuela. Si alguien procura el poder por cualquier medio disponible—abuso, ventajismo, extorsión, violencia directa de las leyes y la Constitución—es el actual Presidente de la República, el más fundamental de nuestros fundamentalistas.
El fundamentalismo es una postura realmente simplista y muy peligrosa socialmente. Es la postura de Khomeini, es la que lleva a decretar la muerte de Salman Rushdie, es la que MacCarthy asumía en los Estados Unidos de los años cincuenta, es la que personificó Robespierre durante la época del Terror durante la Revolución Francesa.
Los resultados de la política fundamentalista en esa fase de la Revolución Francesa configuran una lección histórica que no conviene olvidar. Aun cuando, en teoría, la Revolución era un movimiento a favor de las clases más bajas de la sociedad francesa de fines del siglo XVIII, la distribución por clases sociales de las víctimas del Terror arroja un resultado paradójico y terrible: el 7 y el 8% de los guillotinados provenían, respectivamente, del clero y de la nobleza, en tanto que 31% pertenecía a la clase trabajadora, 28% era de la clase de los campesinos y un 11% adicional correspondía a la clase media baja.
Los procesos sociales guiados por un código fundamentalista tienden a salirse de control con rapidez, y de hecho son iniciados, muchas veces, bajo el manto de imagen de sus moralistas postulados por actores sociales que en realidad emplean técnicas de Realpolitik de modo disimulado. El puño de hierro dentro del guante de seda de Metternich. No es éste, por cierto, el caso de Chávez, que ni come con cubiertos ni usa guantes. Su protocolo, por lo contrario, pareciera regodearse en el descaro.
La sociedad venezolana debe sustituir el malsano código ético de la política «realista» por un código mucho más maduro que el de los santones fundamentalistas. Un código clínico, que libre por todos, que reconcilie a todos, que castigue y expurgue lo que es debido, sin incurrir en los excesos destructivos e hipócritas de una inquisición que sería incapaz de dar de comer a los venezolanos.
Después de agotar gestos dramáticos, un gobierno que se conformase con un despliegue de actos justicieros, pronto se vería en graves problemas. Los Electores necesitamos justicia, no hay duda. Pero la justicia que necesitamos, más que la justicia en contra de algunos muy culpables delincuentes, es la justicia a favor de las necesidades del pueblo. Además de la guillotina, ¿tiene otra cosa que ofrecer al pueblo el más notorio demagogo de la política venezolana?
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Oct 7, 2004 | LEA, Política |
En su edición de ayer el diario Tal Cual hace referencia a un estudio auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer, de la democracia cristiana alemana y de larga presencia en Venezuela. (A lo largo de los años ha sido sostén importante de los esfuerzos copeyanos y, principalmente, de la acción docente del Instituto de Formación Demócrata Cristiana, IFEDEC). El estudio es de ámbito latinoamericano, y se contrae a medir la calidad de la democracia en nuestros países, mediante índice empleado por la sucursal argentina de la fundación, que fue el centro de elaboración del estudio.
El hecho de que el índice más alto (10.242 puntos) fuera adjudicado a Chile y el más bajo (1.552 puntos) a Venezuela, pareciera sugerir que se trata de un estudio «sesgado» a favor de los países en los que las reformas liberales se han asentado mejor, y en contra de aquellos que, como Venezuela, han adoptado un perfil de lucha contra el «neoliberalismo salvaje» y el liderazgo norteamericano. Chile es, por supuesto, el país en el que esas reformas a favor del libre mercado han tenido más éxito. Todos los indicadores de progreso económico y social muestran que la segunda patria de Andrés Bello marcha a la cabeza de sus hermanos de América Latina.
Pero tal impresión acerca de un posible sesgo liberal se desvanece al notar que el antepenúltimo país de la clasificación es Colombia (3.054 puntos), que ha forjado estrechísima alianza militar con los Estados Unidos, al menos desde la época Pastrana-Clinton, y que en general mantiene una política económica de corte liberal. Son otros, por tanto, los factores que determinan la clasificación.
En particular ha recibido gran peso la consideración de la seguridad, al elaborarse un indicador de «condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad». Es éste asunto el que llama la atención de la Fundación Adenauer. Así concluye: «la inseguridad se instala en la región como un elemento significativo de la valoración ciudadana del comportamiento de sus instituciones».
De modo más general el estudio observa: «Los países en crisis presentan un peligroso deterioro institucional, la democracia parece perder vitalidad; se la prefiere aunque se desconfía de su capacidad para mejorar las condiciones de vida; los partidos políticos están en el nivel más bajo de la estima pública; el Estado es mirado con expectativa y recelo a la vez y en algunos casos, el ímpetu democrático que caracterizó las últimas décadas del siglo pasado se debilita».
Como se trata de una evaluación genérica pudiéramos concluir que no somos los únicos—mal de muchos…—en exhibir una patología política tan preocupante, aunque no es nada estimulador conocer que si alguna vez fuimos paradigma de democracia en la región, ahora hemos conseguido la dudosa distinción del puesto 18, el último.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Oct 5, 2004 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En diciembre de 1990 pude completar un estudio sobre El problema de la calidad en la educación superior no vocacional en Venezuela, de donde he tomado el extracto que compone la Ficha Semanal #15 de doctorpolítico.
El estudio en cuestión abogaba por las ventajas que un esquema similar al del college norteamericano podía aportar a un primer ciclo de educación superior, siempre y cuando pudiera desplazar su atención de lo clásico o canónico al estudio de los pensadores más recientes. Así, argumentaba en la siguiente dirección: «Los norteamericanos tienen una estrategia de educación superior diferente a la de nuestras universidades, copiadas del estilo francés. Luego de lo que sería equivalente a nuestra escuela secundaria, su high school, el alumno norteamericano que ingresa a la universidad todavía debe pasar cuatro años de una educación de corte general. En sus colleges, pertenecientes a una universidad que también ofrece «estudios de graduados» (master en adelante), o en colleges independientes, los alumnos continúan en la exploración general del universo. Si bien ya se les facilita la expresión de intereses particulares, a través de un campo que enfatizan como un major, la salida es la de un grado de Bachellor in Science o de Bachellor in Arts, que refleja una gruesa división análoga a la de nuestros bachilleres en ciencias y en humanidades. Pero con una enorme diferencia. El tiempo dedicado al aprendizaje general es marcadamente superior en el bachellor estadounidense que en el bachiller venezolano. La edad en la que el bachellor debe escoger finalmente un campo de profesionalización es más madura que la que exhibe nuestro típico bachiller de 17 años. Luego, en dos años tan solo que toma el master de profesionalización, se obtiene un profesional capaz y más consciente de su papel general en la sociedad».
Pero la intención del estudio, que prescribía un cierto pénsum para una «licenciatura de estudios generales» en tres años, no se limitaba a la sola formación de una moderna y redonda concepción del mundo. De este modo adelantaba: «No nos es lícito asumir la postura del griego, que contemplaba al mundo, sino la del romano que lo transformó, según la comparación de Hegel, que en algunas clasificaciones ocurre como pensador ‘de derechas’. No nos será suficiente comprender la realidad, si no logramos transformarla, como destacó Marx, alumno de Hegel y a quien algunas clasificaciones ubican a la izquierda. En el fondo ambos se habían topado con lo mismo, con una dualidad tan resistente como la historia. El hombre de pensamiento no puede eximirse de cooperar en la acción, pero tampoco el hombre de acción puede abstenerse de pensar. Sobre todo en una época como la actual, en la que el propio recambio paradigmático y epistémico induce a la incertidumbre conceptual, es criminal que aquél que vea lo que se puede hacer no procure que se haga, como es altamente peligroso que el que puede hacer rechace contemplar y entender lo que hace».
El trozo escogido para la ficha de esta semana corresponde a la parte final de la sección del estudio dedicada a los estudios sociales.
LEA
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Pensando la política
Desde el punto de vista político, esto es, desde la perspectiva de la actividad del hombre en la solución de problemas de carácter público, es importante llamar la atención al hecho crucial de una crisis en los paradigmas políticos operantes.
El texto de John R. Vásquez, The power of power politics (sin traducción castellana), destaca la crisis de ineficacia explicativa y predictiva del paradigma que concibe a la actividad política como proceso de adquisición, intercambio y aumento del poder detentado por un sujeto de cualquier escala. (Individuo, corporación, estado.) Aun cuando su investigación se centra sobre la inadecuación de esa visión en el campo académico de las ciencias políticas, este fenómeno tiene su correspondencia en el campo de la política práctica. (A fin de cuentas, lo que la baja capacidad predictiva de ese paradigma significa es que en la práctica política el estilo de la Realpolitik parece, al menos, haber entrado en una fase de rendimientos decrecientes.)
Yehezkel Dror ha aportado un enfoque diferente. Dejando de lado el enfoque tradicional de la ciencia política, su interés se desplaza al de las ciencias de las políticas (policy sciences en lugar de political sciences). Por este camino ha podido proporcionar un bien estructurado es-quema de los modos concretos de arribar, con una mayor racionalidad, a «mejores soluciones» para problemas de carácter público. Es recomendable, al menos, el estudio de su libro Design for policy sciences.
La crisis del paradigma de la Realpolitik, junto con el despliegue de nuevos métodos para el análisis y configuración de las decisiones públicas debe desembocar en una nueva conceptualización de la actividad política. A nuestro juicio, el crecimiento de la informatización de la sociedad en su conjunto, exigirá un cambio importante en el modo de legitimación de los actores políticos. Un caso ilustrativo es el de la crisis del Partido Demócrata de los Estados Unidos de Norteamérica. William Schneider, en «Para entender el neoliberalismo», describe el cambio de este modo: «…la división era entre dos maneras distintas de enfocar la política, y no entre dos diferentes ideologías.»… «La generación del 74 rechazó el concepto de una ideología fija»… «En The New American Politician el politólogo Burdett Loomis emplea el término empresarial para describir la generación del 74.»… «De una manera general, los nuevos políticos pasaron a ser empresarios de política que vincularon sus carreras a ideas, temas, problemas y soluciones en perspectiva.» … «Adoptaron el punto de vista de que las cuestiones políticas son problemas que tienen respuestas precisas, a la inversa de los conflictos de intereses que deben reconciliarse.»
En Venezuela el modelo de la reconciliación, de la negociación, del pacto social o de la concertación, resulta ser todavía el modelo político predominante. En análisis relativamente modernos, como en el caso del difundido trabajo del IESA—El Caso Venezuela: una ilusión de armonía—la recomendación implícita es la de continuar en el empleo de un modo político de concertación, al destacar como el problema más importante de la actual crisis el manejo del conflicto.
Tal vez porque la etapa democrática venezolana es de cuño tan reciente, haya una resistencia, por ejemplo, al planteamiento de una «reconstitución política». La Constitución de 1961 es un hecho cronológicamente reciente. Como tal se la percibe como si fuese un dechado de modernidad, cuando en verdad viene a ser la última expresión de un paradigma político agotado.
Es por esto que resulta aconsejable incluir en un programa de estudios superiores no vocacionales una discusión sobre las nuevas direcciones y concepciones del quehacer político. Entre éstas, valdrá la pena, a nuestro juicio, examinar el nacimiento de una concepción «médica» de la actividad política, cuyo antecedente más próximo es la afirmación de Dror: «Policy sciences are in part a clinical profession and craft».
La política no es una ciencia: es una profesión. Es un arte, un oficio. Como tal, puede aprenderse. Del mismo modo que la medicina es una profesión y no una ciencia, aunque de hecho se apoya en las llamadas «ciencias médicas», que no son otra cosa que las ciencias naturales enfocadas al tema de la salud y la enfermedad de la especie humana. Es así como la política debe ser entendida como profesión, aunque existan ciencias «políticas», como la sociología, exactamente en el mismo sentido en que el derecho es una ciencia y la abogacía es lo que resulta ser la profesión, el ejercicio práctico.
La informatización acelerada de la sociedad, con su consiguiente aumento de conciencia política de las poblaciones, está forzando cambios importantes en los estilos de operación política. El Glasnost, más que una intención, es una necesidad. El previo modelo de la Realpolitik requería, para su operación cabal, de la posibilidad de mantener discretamente oculta la mayoría de las decisiones políticas. Como hemos visto recientemente, hasta las operaciones que son intencionalmente diseñadas para ser administradas en secreto, son objeto de descubrimiento, casi instantáneo, por los medios de comunicación social.
Son condiciones muy diferentes aquellas que definen el contexto actual del actor político. El tiempo que separa la acción política de la evaluación política que de ella hacen los gobernados se ha acortado considerablemente, por señalar sólo uno de los cambios más determinantes. Es así como esta actividad humana atraviesa por un intenso período de reacomodo conceptual.
Si el paradigma médico puede servir para una reformulación de la actividad política, el concepto de qué es lo que puede ser descrito como una «sociedad normal» resulta ser noción central de todo el tema. Se trata de limpiar de carga ideológica y de pasión el acto evaluativo sobre el estado general de una sociedad determinada.
Por ejemplo, una definición de sociedad normal se verá expuesta a cambios de significado con el correr del tiempo, así como la definición de «hombre sano» ha variado en el curso de la historia. No puede ser la misma concepción de salud la prevaleciente en una sociedad en la que la esperanza de vida alcanzaba apenas a los treinta años, que la que es exigible en una que extiende la longevidad con las nuevas tecnologías médicas.
Del mismo modo, una cosa era la «sociedad normal» alcanzable a fines del siglo XVIII y otra muy distinta la asequible a las tecnologías políticas de hoy en día. Por ejemplo, es innegable el hecho de que la mayoría de las naciones del planeta exhiben una distribución del ingreso que dista bastante de lo que una «curva de distribución normal» describiría. Igualmente, la intensidad democrática promedio, aún en naciones desarrolladas, está bastante por debajo del grado de participación que las tecnologías de comunicación actuales permitirían.
Convendrá discutir, en el seno de este programa, sobre el tema de los límites psicológicos, tecnológicos y económicos de la democracia.
Psicológicos, porque no es dable pensar en una reedición literal de la asamblea griega clásica, en la que la agenda total de las decisiones públicas atenienses era manejada por la «totalidad» de los ciudadanos. Hay límites a la idoneidad del procedimiento democrático y hay decisiones, la mayoría de ellas técnicas, que son indudablemente mejor manejadas por los especialistas.
Tecnológicos, porque es la tecnología la que dibuja el borde de lo que es posible en principio. El avance de las redes de comunicación permite prever una mayor frecuencia de procedimientos de referéndum para una mayor gama de decisiones públicas. Y al entreverse la posibilidad la presión pública por acceder a ese grado de participación no se hará esperar.
Económicos, porque obviamente las instituciones políticas tienen un costo de inserción y un costo de operación. No es posible hacer todo.
Pero en cualquier caso, el cambio de paradigma político está en proceso. Retornamos a Schneider: «Los que solucionan problemas viven en una cultura política altamente intelectualizada que respeta la pericia y la competencia. Esto no significa que practiquen una política libre de valores. Varios miembros de la generación del 74 a los que entrevisté se sentían ofendidos cuando se les calificaba de tecnócratas, y prácticamente cada uno de ellos hacía demasiado hincapié en su compromiso con los valores liberales. Sin embargo, no los distinguen sus valores sino su manera de enfocar la política. Los que solucionan problemas practican una política de ideas. Los demócratas más tradicionales se consideran defensores; la suya es una política de intereses.»
Creemos que sería inconveniente enseñar, a los alumnos de un programa que aspira a ser distinguido por su contemporaneidad, una política que sólo se concibe como conciliación de intereses, cuando justamente esa política está dando paso a una política de ideas y soluciones.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Sep 30, 2004 | Cartas, Política |
Ha llegado a mis manos un indignado correo de Diego Arria Salicetti, el ex gobernador del Distrito Federal de Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, desde hace muchos años residente en los Estados Unidos. En su comunicación emite graves calificativos contra el ex presidente Carter, a raíz de artículo de éste en The Washington Post.
He aquí lo que dice Arria (he arreglado una que otra obvia incorrección de su escritura y suprimido las ilegítimas comillas que emplea cuando «cita» a Carter, por cuanto así intenta hacer creer que ciertas frases son textuales del ex presidente cuando no es así): «En esta columna del domingo en el Washington Post, Jimmy Carter destaca lo imprescindible de contar con una autoridad electoral no partidista y confiable que conduzca el proceso—antes y después de la votación. Dice que las autoridades de la Florida han demostrado que son por lo contrario gente que sigue línea partidista violando así la condición universal de que la autoridad electoral sea confiable en el manejo de todo el proceso electoral
Esta declaración de Carter es obviamente correcta
pero lo incorrecto e inmoral de su parte es que sabiendo que en Venezuela la situación era bastante peor que en la Florida (donde existe un gobierno democrático) se haya olvidado de esta ‘condición universal’ de confianza que debe merecer un ente electoral
De un cinismo aún mayor—si se puede—es que destaca que en la elección del 2000 en Florida parece que los problemas de entonces van a repetirse… aun cuando en muchas otras naciones se están conduciendo elecciones internacionalmente certificadas como transparentes, honestas y justas… y cita aquí a Venezuela como uno de estos ejemplos
Me parece que todos debemos escribir cartas al Editor del Washington Post. Diego».
O Diego Arria ha olvidado su inglés o su sesgo particular le permite extrapolar interpretaciones absolutamente inexistentes en el texto de Carter. Para empezar, en ninguna parte Carter ha dicho que no supervisa las elecciones de Florida porque en ellas haya ausencia de una comisión electoral no partidista o un funcionario no partidista en quien se confíe («A nonpartisan electoral commission or a trusted and nonpartisan official»). Ha dicho que no atiende Florida porque concede su atención prioritaria a las demandas internacionales—es en este contexto que menciona a Venezuela junto con otros países—y en ningún instante califica al referendo celebrado en nuestro país como una de las elecciones «internacionalmente certificadas como transparentes, honestas y justas», calificación que Arria extrae del aire. Por lo contrario, Carter dice claramente que todas las más de 50 elecciones internacionales que ha observado han sido celebradas bajo condiciones protestadas, perturbadas o peligrosas. («The Carter Center has monitored more than 50 elections, all of them held under contentious, troubled or dangerous conditions»). Carter hace su comentario sobre Florida en respuesta a otra pregunta: «¿Cómo explica usted los serios problemas con las elecciones allí?» («How do you explain the serious problems with elections there?») La interpretación de Arria Salicetti es enteramente inexacta, a pesar de que primero reconoce que Carter tiene razón respecto de Florida y por tanto también es inconsistente.
Más aún, Carter deja constancia de que él, junto con el ex presidente Ford, lideró un grupo bipartidista de expertos que elevó recomendaciones al Presidente y el Congreso de los Estados Unidos, justamente a partir de las dificultades electorales de Florida en 2000, y apunta también que su trabajo motivó la ley «Ayuda a América a Votar» de 2002, muchas de cuyas recomendaciones, lamenta, no han sido llevadas a la práctica por causa de «financiamiento inadecuado o disputas políticas».
La verdad es que el Centro Carter y la misión de la OEA hubiesen excedido sus funciones de observador si se hubiesen retirado de la observación del referendo venezolano—que es lo que Arria parece añorar—cuando la oposición convencional y poderosa les suplicaba que estuvieran hasta el último minuto en un proceso con los inconvenientes que justamente Carter y Gaviria reportaron, por cuanto les tenía por la única garantía. Así declararon sus líderes con la mayor vehemencia que, como no confiaban mucho en el CNE, sólo aceptarían los resultados que esos observadores certificaran. Todos sabemos que semejante declaración no fue cumplida y, por lo contrario, se llena de denuesto a Carter y a la observación de la OEA.
Esta observación, debe recordarse, tuvo una posición mucho más clara y valiente que la de la Coordinadora Democrática el tristemente célebre martes de carnaval de este año. Ese día, se recordará, Francisco Carrasquero anunció el proceso de reparo de las llamadas firmas de caligrafía similar, lo que en minutos provocó la explosión de innumerables focos de protesta por todo el país.
Ya antes, en la fecha del fatídico martes de carnaval, la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter habían puesto en bandeja de plata, para uso de la oposición, su diplomática pero clarísima opinión de que lo decidido y anunciado minutos antes por Francisco Carrasquero estaba sustentado sobre criterio no compartido por los observadores internacionales. (Por absurdo).
Recordemos la secuencia. Primero Carrasquero leyó las cifras que reconocían como válidas solamente a un millón ochocientas mil firmas y separaban para posterior «reparo»—o examen de reparación—un poco más de 876 mil firmas por aquello de las planas.
En minutos la protesta espontánea hizo erupción en varios puntos del país, y es en ese clima de indignación ciudadana que Fernando Jaramillo y Jennifer McCoy deciden hacer su rueda de prensa. Ambos fueron claros: el criterio para no tener por válidas las firmas en «planillas planas» no les convencía, y su aplicación podía «afectar los resultados». También reiteraron su proposición de zanjar el asunto con el empleo de un procedimiento muestral.
Pero hubo más. El discurso inicial de Jaramillo mostraba un inequívoco carácter de despedida, pues comenzó a agradecer a los amigos de la Comunidad Europea por el apoyo brindado a la misión de observación y asimismo agradeció a los más de trescientos funcionarios de la OEA y el Centro Carter que habían trabajado en la observación, durante «estos meses». Es decir, Jaramillo emitía la señal de que estaba listo para dar informe definitivo de desaprobación al CNE en caso de que la Coordinadora Democrática optara por resonar con el país y dar, ella, la proverbial patada a la mesa.
Y es entonces, cuando el humo de los neumáticos quemados clamaba al cielo desde cientos de puntos del país, como habla a la Nación, en nombre de la CD, Julio Borges, flanqueado por el nuevo héroe nacional Antonio Ledezma. (Porque—»en aras de la unidad»—recientemente ha sabido capitalizar su «renuncia» a «legítimas» aspiraciones a cargo de alcalde, cuando no hace demasiados meses volantes que adelantaban su postulación como candidato presidencial tapizaban los suelos recorridos por alguna marcha cívica. Es ese cargo sobre el que sus miras están verdaderamente puestas).
Lo primero que dijo Borges fue que la CD «no estaba negociando nada». ¿Por qué creyó necesario la CD—o al menos su vocero de esa noche—arrancar su alocución al país con tal aclaratoria? Lo cierto es que los observadores internacionales no podían ir más allá de lo que declararon, y después debieron admitir el guión negociador de los coordinadores de la oposición.
Es así como la CD, inmersa ahora, además, en el tráfago de las elecciones regionales y municipales, pareciera insistir en líneas que a la larga relegitiman el régimen como gobierno democrático. ¿No están todos yendo a unas elecciones? ¿Cómo se puede argumentar—se preguntará, por ejemplo, un atareado Jacques Chirac—que el gobierno de Chávez es autocrático, si todos los partidos han inscrito candidatos a esas elecciones? (La cita en cursivas es de la Carta Semanal #80 de doctorpolítico, del 1o. de abril de 2004).
Fue la Coordinadora Democrática, la misma que dio la espalda a Martini Urdaneta, la que insistió en la ruta pompeyista de «la rendija» de los reparos, y convirtió a Quirós Corradi, ahora pendiente de las consecuencias de su solidaria firma en el decreto horrible de Carmona, en el negociador estrella de «la oposición».
Yo recomendaría a Diego Arria que revisara su lectura del artículo de Carter, porque las acusaciones de inmoralidad y cinismo que arroja sobre éste son tan graves como infundadas e injustas. El país debe una enormidad al ex presidente Carter y al ex secretario general Gaviria, y es una vergüenza nacional que se les ataque de modo tan irresponsable.
LEA
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apéndice: texto en inglés de artículo de James Carter en The Washington Post
Still Seeking a Fair Florida Vote
By Jimmy Carter
Monday, September 27, 2004; Page A19
After the debacle in Florida four years ago, former president Gerald Ford and I were asked to lead a blue-ribbon commission to recommend changes in the American electoral process. After months of concerted effort by a dedicated and bipartisan group of experts, we presented unanimous recommendations to the president and Congress. The government responded with the Help America Vote Act of October 2002. Unfortunately, however, many of the act’s key provisions have not been implemented because of inadequate funding or political disputes.
The Carter Center has monitored more than 50 elections, all of them held under contentious, troubled or dangerous conditions. When I describe these activities, either in the United States or in foreign forums, the almost inevitable questions are: «Why don’t you observe the election in Florida?» and «How do you explain the serious problems with elections there?»
The answer to the first question is that we can monitor only about five elections each year, and meeting crucial needs in other nations is our top priority. (Our most recent ones were in Venezuela and Indonesia, and the next will be in Mozambique.)
A partial answer to the other question is that some basic international requirements for a fair election are missing in Florida.
The most significant of these requirements are:
—A nonpartisan electoral commission or a trusted and nonpartisan official who will be responsible for organizing and conducting the electoral process before, during and after the actual voting takes place.
Although rarely perfect in their objectivity, such top administrators are at least subject to public scrutiny and responsible for the integrity of their decisions. Florida voting officials have proved to be highly partisan, brazenly violating a basic need for an unbiased and universally trusted authority to manage all elements of the electoral process.
—Uniformity in voting procedures, so that all citizens, regardless of their social or financial status, have equal assurance that their votes are cast in the same way and will be tabulated with equal accuracy.
Modern technology is already in use that makes electronic voting possible, with accurate and almost immediate tabulation and with paper ballot printouts so all voters can have confidence in the integrity of the process. There is no reason these proven techniques, used overseas and in some U.S. states, could not be used in Florida.
It was obvious that in 2000 these basic standards were not met in Florida, and there are disturbing signs that once again, as we prepare for a presidential election, some of the state’s leading officials hold strong political biases that prevent necessary reforms.
Four years ago, the top election official, Florida Secretary of State Catherine Harris, was also the co-chair of the Bush-Cheney state campaign committee. The same strong bias has become evident in her successor, Glenda Hood, who was a highly partisan elector for George W. Bush in 2000. Several thousand ballots of African Americans were thrown out on technicalities in 2000, and a fumbling attempt has been made recently to disqualify 22,000 African Americans (likely Democrats), but only 61 Hispanics (likely Republicans), as alleged felons.
The top election official has also played a leading role in qualifying Ralph Nader as a candidate, knowing that two-thirds of his votes in the previous election came at the expense of Al Gore. She ordered Nader’s name be included on absentee ballots even before the state Supreme Court ruled on the controversial issue.
Florida’s governor, Jeb Bush, naturally a strong supporter of his brother, has taken no steps to correct these departures from principles of fair and equal treatment or to prevent them in the future.
It is unconscionable to perpetuate fraudulent or biased electoral practices in any nation. It is especially objectionable among us Americans, who have prided ourselves on setting a global example for pure democracy. With reforms unlikely at this late stage of the election, perhaps the only recourse will be to focus maximum public scrutiny on the suspicious process in Florida.
Former president Carter is chairman of the Carter Center in Atlanta.
© Copyright 1996-2004 The Washington Post Company
por Luis Enrique Alcalá | Sep 30, 2004 | LEA, Política |
El argumento definitivo de quienes piensan que el 15 de agosto hubo más «Síes» que «Noes», su postulado final, una vez que se les expone que era muy posible que el gobierno ganara el referendo, es del tenor siguiente: «Yo estoy convencido de que hubo fraude». Con esto saldan cualquier discusión.
Así declara Pompeyo Márquez la semana pasada, y así lo recoge El Universal: «En la rueda de prensa ofrecida en la Quinta La Unidad, Márquez aseguró que los opositores están convencidos de que el 15 de agosto ‘no hubo derrota electoral, sino un robo electoral’.»
La rueda de prensa es toda una pieza de surrealismo inconsistente, corriente literaria que viene a superar el ya añejo realismo mágico. Dos declaraciones de Márquez, ejecutivo principal de una Coordinadora Democrática que se deshace en jirones, son especialmente sorprendentes.
La primera es la siguiente lamentable admisión: «No pusimos énfasis específico en la previsión y combate del fraude electrónico. No se construyó un repertorio de conductas para enfrentar el fraude desde el punto de vista técnico, jurídico y en la calle. Reconocemos públicamente tales errores, carencias y omisiones». Por esto tituló, aun más escuetamente, El Universal: «Incurrimos en errores que impidieron detectar el fraude». (El Caballero Blanco de Lewis Carroll: «Estaba pensando en un plan de teñirme los bigotes de verde, y usar luego un tan grande abanico, que no pudieran ser vistos»).
Uno debe recordar la profusa colección de advertencias que se hicieron llegar a la Coordinadora Democrática sobre el carácter ventajista y abusivo del gobierno, manifestado especialmente de manera obvia en una larga serie de acciones del CNE en contra de la ciudadanía y que todos sabemos, más o menos, de memoria. Uno puede recordar cómo fue que por ese entonces se despreció el valiente esfuerzo de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, cuando la CD insistió en participar en el proceso, y Pompeyo Márquez fue el vocero más enérgico, el defensor más denodado de la «rendija» de los reparos, el que explicaba en regaño a los ciudadanos que «político que no negocia no es político».
Pero asimismo Márquez dio pie, desde la desunida Quinta La Unidad, para que El Universal reportara que los miembros de la CD «Destacaron también sus logros, tales como el haberle impuesto al Gobierno el referendo revocatorio ‘que acorraló al régimen’ por lo que no tuvo otro camino que acometer ‘el fraude electoral’.» Ya no recuerda que en la difunta Mesa de Negociación y Acuerdos la CD quiso «imponer» más bien una enmienda constitucional para el recorte del período, y que en todo caso habrá sido el gobierno el que se acorraló a sí mismo, que llevó a esa mesa justamente la opción del referendo revocatorio.
Surrealismo político, definitivamente.
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