por Luis Enrique Alcalá | Dic 4, 2003 | Cartas, Política |
Como era de esperarse, los resultados de la recolección de firmas para solicitar los distintos referendos revocatorios han causado algunos reacomodos en el panorama político nacional. El más ostensible de ellos es el protodeslave en las laderas del chavismo, obviamente ahora a la defensiva.
Pocos días antes del «reafirmazo» de la oposición, Chávez había consentido, por brevísimo lapso, en volver a hablar de diálogo. (Registramos el hecho en la anterior edición). Pero el ala dura del chavismo, reunida en la «sala situacional» de Miraflores, lo llamó al botón y le exigió la continuación del discurso duro y las acusaciones de fraude (mega) con la intención, por lo demás llamada al fracaso, de conformar una matriz de opinión que invalidase el esfuerzo opositor. Política de combate, como siempre.
La idea de que la política es esencialmente una pelea no es exclusiva de Chávez. Los militantes del MEP no se saludan como «compañeros» o «camaradas»; se llaman entre sí «combatientes». Una de las más repetidas oraciones de Rafael Caldera era aquella en la que decía no estar en «las alturas del poder, sino en las arenas de la lucha política». Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi se complacían en autodescribirse como «luchadores políticos».
Esa comprensión de la política como lucha, por tanto, no la inventó el chavismo. Chávez no es otra cosa que la exacerbación del concepto hasta sus últimas consecuencias. En Kalki: El Futuro de la Civilización, Sri Radhakrishnan se refería críticamente a las convenciones de Ginebra que proscriben armas químicas al tiempo que consideran de la mayor urbanidad guerrera trepanar un cráneo con una bayoneta o arrasar un pueblo con bombas incendiarias. Esto le parecía algo así como criticar a un lobo no porque se comiera al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos. Chávez no come con cubiertos, pero en esencia es un cultor serio del mismo paradigma político convencional: que la política es un asunto de obtener poder e impedir que el contrincante obtenga poder. Sólo que en su caso su fidelidad a la idea básica de la Realpolitik es total: el objetivo podría alcanzarse por cualquier medio. Por ejemplo, mediante el empleo sistemático de la mentira.
No otra cosa que una descarada mentira es la acusación de «megafraude» lanzada contra la recolección de firmas para convocar el referendo que puede revocarle su mandato. Su problema, sin embargo, es que esa mentira no se la cree nadie, ni siquiera los que la corean. A partir del «reafirmazo» Chávez ha resbalado de las arenas duras de la lucha política a la arena blanda y movediza en la que se hunde. Y cada pataleo, cada brazada agónica no hace otra cosa que hundirle más.
El impacto del «reafirmazo» ha sido tan grande que ya se siente el deslave. El discurso de Calixto Ortega en la Asamblea Nacional así lo demuestra. Poco característico, hablaba de «respeto democrático» a las firmas válidas para convocar al revocatorio, y ya el chavismo light regresa a viejos cálculos que prescinden de Chávez para no hundirse con él. Chavismo sin Chávez, si es que tal cosa es viable.
Lo que no significa que Chávez no continuará dando la pelea o que no la ofrecerá según su inescrupuloso estilo. No tendrá éxito, sin embargo. Los observadores del MVR en las mesas de recolección de firmas saben muy bien que ya no son mayoría, y hasta hubo entre ellos quienes optaron por firmar también el último día, vista la inocultable avalancha. (En Maracaibo).
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Pero también se mueve el piso por los lados de la Coordinadora Democrática, con el tema de la candidatura a la presidencia «de transición». Ya hay quienes proponen que sea «la dirigencia» de oposición la que determine de inmediato quién sería el candidato unitario.
Quienes así piensan razonan honestamente que la prioridad absoluta es salir de Chávez, y que la realización de, por ejemplo, unas primarias, podría «dividir» a la sociedad civil opositora. Este teorema, no obstante, no es sostenible. La población está clarísima sobre la necesidad de salir de Chávez, y en un referendo revocatorio de su mandato se expresaría con fuerza mayor aun que la del «reafirmazo». (Porque la votación es secreta, fundamentalmente). De hecho, esta mayoría de venezolanos conforma, aunque no formalmente, una verdadera «asociación de propósito único»: dejar cesante a Hugo Chávez. La discusión sobre candidaturas en nada debilitaría esa fuerza.
En cambio, la indeterminación a este respecto sí puede influir determinantemente en el incentivo a votar en el revocatorio, puesto que también una mayoría desconfía de la Coordinadora Democrática. Hay quienes exigen saber de antemano qué sustituirá a la nociva y maltrecha «Quinta República».
Y por los predios de la Coordinadora continúa el debate sobre elecciones primarias. Es difícil que la sociedad civil acepte ahora que el candidato venga determinado por un arreglo de cúpulas, incluso de un «congreso» al estilo de los partidos en el pasado. La idea de las primarias ha calado ya con amplitud.
A este respecto hay en la Coordinadora quienes han argumentado que sólo debieran tener derecho a votar en tales elecciones primarias quienes hubiesen firmado durante el fin de semana pasada para pedir el revocatorio de Chávez. (Algunos, más restrictivos aún, sintieron que debía limitarse la participación a quienes firmaron el 2 de febrero sobre el «combo» de ofertas de ese día). Mala cosa sería que se pretendiera hacer imposiciones de este tenor desde una organización que, si bien organizó eficientemente el «reafirmazo», no representa a la mayoría de la opinión. No puede hablarse hacia un lado de una «política de inclusión» y al mismo tiempo excluir a quienes no hubieran firmado entre el 28 de noviembre y el 1º de diciembre.
Tal vez, sin embargo, el tema dominante en el seno de la Coordinadora sea otro: la negociación de una transferencia pacífica del poder. En esto andan algunos. Tanto del gobierno como de la oposición.
Y todo esto en un mar de rumores: que Carrasquero renuncia, que renuncia Chávez, que los veinte mil cubanos a las órdenes de Castro terminarán por imponer la dictadura abierta. La verdad es que vamos saliendo del problema, más aprendidos, más serenamente tenaces. La atención no puede decaer, menos cuando se aproxima la muy crítica fase de verificación de firmas, en la que el gobierno procurará ejercer cuanto truco sea capaz de recordar o inventar. Ya Francisco Carrasquero había adelantado opinión en el sentido de que la OEA y el Centro Carter no debieran observar la verificación, porque la «soberanía» quedaría en entredicho. (Como si la soberanía de unos accionistas fuese herida por la actuación de auditores externos). Pero el CNE acaba de decidir la contrario, y ambas organizaciones podrán ejercer su papel de observación. En la misma declaración en la que anunció tan buena noticia, Carrasquero insinuó que halaría las orejas al «Comando Ayacucho» y, para hacer una carantoña al gobierno, regañó a Julio Borges por su proposición de adelantar los referendos en lo posible.
La misma fórmula se empleará sobre las firmas contra Chávez. No se admitirá que fueron tres millones seiscientos mil—restarán setecientas mil, o algo así, para que no queden por sobre los tres millones y tranquilizar de este modo un poco al gobierno—pero declararán válido un número suficiente para la convocatoria. Chávez está perdido. Carrasquero tiene la contextura corporal adecuada para vestir las ropas de San Nicolás (ojo Rayma), y como Jorge Rodríguez aseveró que el CNE estaba en capacidad de procesar doce millones de firmas en quince días, los venezolanos esperamos que en el trineo venga, para Navidad, el anuncio del referendo revocatorio presidencial efectivamente convocado.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Nov 27, 2003 | LEA, Política |
No hay leyes para Hugo Chávez. No hay normas para él. A pesar de mencionarlas a cada rato, a pesar de que su acusación fundamental contra los que dice son sus enemigos es que violan las leyes que él mismo pisotea.
Anoche otra de sus notas de suicidio, otra de sus cadenas, constituyó una violación flagrante de las normas dictadas por el Consejo Nacional Electoral sobre propaganda. Anoche volvió a intentar su amedrentamiento, repitiendo por enésima vez que los que firmen para solicitar un referendo revocatorio de su mandato «en realidad» firman contra la patria, y que sus nombres, sus firmas y, sobre todo, sus huellas dactilares, quedarán registrados para la posteridad, para que la historia les cobre la infamia.
No hacía nada que El Nacional registraba un diálogo telefónico y televisado entre él y Teodoro Petkoff, quien visitaba el Canal 8 de Venezolana de Televisión para ser entrevistado por Vladimir Villegas, presidente de esa televisora «pública». Petkoff pareció creer que Hugo Chávez podría dejarse convencer por sus argumentos, entre los que estaba la siguiente línea de hábil razonamiento: «Tú te alzaste en el 92. Tú te alzaste con el gobierno constituido, tuviste tus razones, estuviste preso, pagaste tu prisión, saliste, construiste un partido y ganaste las elecciones. Ahora, no se puede, toda la vida, estar con que Hugo Chávez el golpista, el hombre que se alzó, que desconoció las instituciones. No chico, eso fue un episodio de la vida del país, como fue un episodio la violencia de los sesenta, como fue un episodio el golpe de abril».
Petkoff intentaba así enredar a Chávez para que admitiera que si se le había «perdonado» al presidente su intentona del 4 de febrero de 1992, y a él mismo sus intervenciones violentas en los años sesenta, entonces había que perdonar a los «golpistas» de abril de 2003. Lo que habría que hacer, según Petkoff, es borrón y cuenta nueva, «mirar hacia delante».
Pero es que este argumento no funciona con Chávez, pues este señor no cree que fue un error su alzamiento de 1992. Por lo contrario, lo glorifica como gesta magnífica, lo celebra todos los años. Chávez no muestra el menor arrepentimiento por su abuso de 1992, y donde puede lo presenta como acto digno y heroico.
Hay, además, otro problema con el argumento de Petkoff: que pareciera que alzarse contra los poderes constitucionalmente establecidos, que emplear las armas y la violencia para imponer un determinado criterio político no es algo demasiado grave. Me alcé y ya está, ya pasó. No me sigan sacando eso, por favor, toda la vida.
La impunidad a este respecto es un refuerzo para que continúen intentándose acciones de ese tipo, para que se entienda que pocas cosas serían tan rentables políticamente como el abuso de fuerza. Chávez y sus compañeros de aquella madrugada criminal de febrero de 1992 han debido pagar la condena exacta que nuestras leyes prevén en materia de rebelión, leyes que debiéramos reformar para incluir la inhabilitación política de por vida a quien cometa tan grave delito. Nunca debió su causa ser sobreseída, porque de ese modo se anunciaba que esas cosas son peccata minuta, cosas sin importancia, gajes del oficio. Sobre todo si, como en el caso de Chávez, o el de Arias Cárdenas, si a ver vamos, los golpistas pretenden que se les reconozca como próceres, en lugar de arrepentirse de su abuso.
Menos mal que, casi al final, Petkoff hizo una salvedad: «Pero después, hay una parte de gente—que nunca cometió errores, por cierto, que estuvieron en desacuerdo con las opciones golpistas y las aventuras—que ha tratado de imponer y ha impuesto la agenda democrática. Esa gente no puede seguir siendo llamada golpista, traidores. Esto no tiene ningún sentido».
Esa «parte de gente» es nada menos que la inmensa mayoría de los que adversamos a Chávez. Los que estamos siendo llamados traidores por Chávez, porque en lugar de un fusil FAL blandimos un bolígrafo para solicitar un referendo revocatorio. El mismo Petkoff tuvo que admitir después desde su periódico que su prédica encontró en Chávez oídos sordos, en muy molesto texto publicado en el periódico que dirige. Es bueno que, por fin, una voz tan influyente y bien intencionada como la de Petkoff haya terminado de entender que Chávez es incapaz de diálogo, incapaz de rectificación, incapaz de democracia.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Nov 27, 2003 | Cartas, Política |
Parece ser que nuestros historiadores del futuro entenderán nuestra evolución como un proceso de enorme complejidad, de causación riquísima, de variedad que escapa a fórmulas explicativas simples. La política ya no será reducible a ciertas máximas tajantes, que además son muchas veces lógicamente falsas o incompletas.
Tomemos el caso de otra instancia presidencial de «mano segura no se tranca». Como receta no puede ser más difundida en el mundo del dominó, y Hugo Chávez volvió a usarla ahora para referirse a cómo se siente ante el eventual referendo revocatorio.
La receta es falsa, como sabe cualquier buen jugador de dominó. El objetivo del juego es el de obtener en cada mano ganadora el mayor número posible de puntos (y perder el menor posible en una mano perdedora), de modo que si se tiene una tranca segura debe trancarse, aunque no trancando se gane con seguridad, pues así se evita que algunos puntos puedan escapar. Así que Chávez debiera trancar. Una de dos: o Chávez es un mal jugador de dominó o no está seguro.
Pero esto no es el problema fundamental de la política de máximas: el punto es que la realidad social es demasiada compleja como para explicarla o manejarla por máximas o recetarios dogmáticos y elementales.
Una de las recetas más persistentes, favorita entre quienes pretenden ser entendidos como los más valientes patriotas que Venezuela haya tenido, se presenta en varias versiones. Una de las más vulgares reza: «no debemos pisarnos la manguera entre bomberos».
Se trata del rechazo que en ciertas cabezas encuentra cualquier crítica que se haga, por ejemplo, a la Coordinadora Democrática, al Bloque Democrático, a los militares de Altamira, a la Gente del Petróleo. «No debemos atacarnos entre nosotros mismos».
En la mayoría de los casos la prescripción parece contener una gran dosis de sentido común. Si hay base para presumir que la desunión puede conducir a la derrota, entonces parece suicida e irresponsable la crítica de «nosotros mismos». Tan claro como el récipe de no trancar una mano segura.
Pero ¿qué pasa si lo que se critica es precisamente la aparente sabiduría de una estrategia estúpida? En retrospectiva ¿no hubiera sido mejor que la crítica a la idea del paro de hace un año se hubiera dejado sentir con más fuerza, si hubiera terminado por imponerse?
En cambio, quienes se opusieron a tan demencial estrategia—excusa petrolera: «Chávez quería fregarnos en año y medio; nosotros le obligamos a quitarse la carreta y derrotarnos en tres meses»—fueron tenidos por poco menos que traidores o cobardes, aun cuando a pesar de su crítica sumaran su concurso final a una aventura que sabían condenada al fracaso.
Hay quienes, no obstante, emplean la excusa de la manguera para otra cosa distinta que preservar una unidad que no resiste la revisión: la usan para tapar su incompetencia. «Lo que tenemos es malo, tal vez lleno de defectos, pero es lo que tenemos».
No reaccionan como debiera hacerlo la gente responsable: «¿Encontraron un defecto? Gracias por decírnoslo. Vamos a corregirlo». Y entonces la condenación se proyecta de quien lo hace mal a quien se lo señala.
Otra receta elemental de la «política práctica», en buena medida de la misma clase que el pretexto anterior, es la sentencia que estipula: «el enemigo de mi enemigo es mi amigo». Sirve de refugio a los saltadores de talanquera, por ejemplo.
Y no es que el cielo no se alegre más por un pecador que se arrepiente que por cien justos. No se trata de esto. En verdad, congelar a alguien en su pasado es un grave atentado a su libertad, pues no puede a nadie prohibírsele que cambie para bien.
Eso es una cosa y otra muy distinta reconocer como gente tan clara y acertada que se les puede permitir guiarnos a quienes sostuvieron el error por mucho tiempo. Que vengan como soldados, con la humildad que debiera conferirles la conciencia de su reciente error. No es un mérito enmendar un error: es una obligación. Quienes hasta hace nada sostuvieron a Chávez y ahora entienden que estaban equivocados, están moralmente obligados a poner más denuedo que quien le adversó siempre, y no deben reivindicar título alguno a generalatos destacados.
La política de inclusión, por otra parte, no puede significar impunidad.
Ahora que quedará activada la convocatoria al referendo revocatorio presidencial debiéramos asegurarnos de ganarlo. No es hora, por tanto, de repetir errores costosísimos. Debiera abrirse el espacio, entonces, para la consideración de varias posibles estrategias ganadoras, para escoger la mejor y más segura. No es el momento de aceptar sin más que la estrategia por la que pueda optar, digamos, la Coordinadora Democrática, o su novísimo «G5», debe ser la escogida, por aquello de que no debemos atacarnos «nosotros mismos».
Habrá que reconocer y saludar todo el esfuerzo que los principales factores de la Coordinadora habrán dedicado a la recolección de las firmas, pero tal cosa no equivale a merecer prebendas o acatamientos, pues se trató de su deber. Habrá que agradecer inmensamente su trabajo, y felicitarlos. Pero el referendo revocatorio es remedio genérico; no está patentado por Pfizer, por Lilly o por la Coordinadora Democrática. El referendo revocatorio es una prerrogativa de los ciudadanos.
Tampoco habrá de rechazarse sus proposiciones, por otra parte, si son capaces de formular una buena estrategia ante el referendo que ahora se convoca. La Coordinadora tiene todo el derecho del mundo al acierto. Tanto, como el deber de la apertura a la crítica y las proposiciones alternativas.
Por ejemplo, hay quienes, importantes dirigentes de la Coordinadora, han dicho que las primarias para escoger un candidato unitario a la presidencia «de transición» pudieran realizarse junto con el referendo revocatorio mismo, y aducen que en California se hacen revocaciones y elecciones en un mismo acto.
Pero ¿se creerá que los Electores quedarían bien servidos si se deja para última hora—el Artículo 233 obliga a elecciones presidenciales en un lapso de treinta días a partir de la revocación—el examen de posibles candidatos?
Al día siguiente de la certeza de la suficiencia de nuestras firmas, la Coordinadora Democrática debiera acometer la definición de las elecciones primarias que han venido mencionándose en su seno. Esto no debe diferirse demasiado, menos ante un gobierno en campaña, que ha cazado la batalla del revocatorio. Veremos entonces cuan democrática sería la solución de una Coordinadora de ese mismo nombre. Cuán abiertas serían verdaderamente esas primarias.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Nov 20, 2003 | LEA, Política |
¡Cómo cambia el mundo! En el fin de semana la plancha chavista ganó, por escasos votos, las elecciones de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, contando con la ayuda de dos cruciales factores: la desunión y la abstención. A fines de 1994, poco después del sobreseimiento de la causa por rebelión de Chávez y sus secuaces, el MBR 200 inscribía una plancha para los mismos fines. Llegó de última.
El impacto de estos resultados ha puesto a correr a los líderes de la Coordinadora Democrática, ya presionados por una sociedad civil no demasiado conforme con sus ejecutorias. Así, la semana arrancó por las proposiciones de Henry Ramos Allup para la búsqueda de un candidato oposicionista unitario que sea determinado por escogencia popular en mecanismo abierto a la participación de muy diversas figuras.
Hay que saludar esta claridad estratégica en Ramos Allup y Acción Democrática, aunque se manifieste largos meses después de que exactamente las mismas nociones hubieran corrido por la psiquis nacional y hubiesen conformado una creciente matriz de opinión. Así lo registraba, por ejemplo, esta carta en su edición del 11 de septiembre (Nº 53):
«Revocado el mandato de Chávez antes del 19 de agosto de 2004, tendremos que elegir un nuevo presidente en un lapso no mayor de treinta días posteriores a la falta absoluta del Presidente… Esta elección determinará quién, entre los ciudadanos postulados, deberá completar el período que concluye el 19 de agosto de 2006. Se trata, por consiguiente, de un lapso breve y extraordinario, conformado por los hechos con el carácter de un período de transición… Un amplio consenso ciudadano a este respecto se encuentra en construcción: además de los obvios rasgos de un perfil ideal—capacidad, honestidad, etcétera—los venezolanos estamos exigiendo que el presidente de la transición sea una persona sin ataduras partidistas—independiente, outsider—que no pretenda reelegirse en las elecciones de 2006, que sea un candidato único, que venga determinado por las bases y no por un cogollo, ni siquiera impuesto por el ampliado conciliábulo de una atribulada y dividida Coordi! nadora Democrática».
Ahora falta que el más determinante de los actuales factores de poder compre el estado de conciencia que llegó ya a Ramos Allup y, según la prensa, a Enrique Mendoza: los medios de comunicación social. Es a éstos a quienes primordialmente toca abrir las compuertas, sin pretender erigirse en kingmakers.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Nov 20, 2003 | Cartas, Política |
El año de 1991 fue un año pivote para el sistema político venezolano. No habían pasado cuarenta y ocho horas del acostumbrado saludo de año nuevo cuando reventaba el escándalo cetevista del edificio Florida Cristal. A partir de este hecho se extendió una desmoralizante secuencia de hechos, a cual más escandaloso. Grabaciones comprometedoras al almirante Larrazábal, el descubrimiento de los manejos de Gardenia Martínez—amante del jefe de seguridad del presidente Pérez, quien debió ser «despedido» a causa de las revelaciones—en la venta de armamento al ejército, la extorsión televisada al empresario Lamaletto por un socio del dirigente copeyano Douglas Dáger (hasta hacía poco Presidente de la Comisión de Contraloría del Congreso Nacional), el asesinato-suicidio de Lorena Márquez en Maracay…
A mediados de año el segundo gobierno de Pérez ya parecía más putrefacto que el primero, lo que tal vez ofrecía garantías al Presidente del BCCI (Banco de Crédito y Comercio Internacional, colapsado al evidenciarse como el mayor lavador institucional de dólares del mundo), quien visitaba a Pérez en La Orchila en yate privado de algún empresario local. Tanto era el descrédito que en la Asamblea de Fedecámaras de ese año, celebrada en Margarita, el anuncio de la restitución de las garantías económicas—suspendidas desde que la Constitución de 1961 fuese promulgada—no logró arrancar más de cuatro segundos de dispersos y misericordiosos aplausos, a pesar de que tal cosa había sido necesidad sentida del empresariado venezolano por más de treinta años. Acción Democrática, por su parte, hacía tiempo que resistía a la aplicación del «paquete económico» de Pérez. (En esencia, una versión «IESA boys» del «Consenso de Washington», el simplista y rígido catecismo económico del Fondo Monetario Internacional).
Es en ese contexto que el presidente Pérez se quejaba de las críticas a su «paquete» económico y retaba: «Bueno, si no es éste el paquete que sirve ¿entonces cuál es el paquete que debemos aplicar?» COPEI recogió el reto, anunciando que en breve presentaría un «paquete alternativo». La presentación anunciada se produjo a mediados de febrero del año siguiente, en 1992, un tanto retrasada por los acontecimientos del día 4. La formulación alternativa, presentada por el entonces Secretario General de ese partido, consistió en propugnar una «¡economía con rostro humano!» (Para no ser mezquinos, habrá que reconocer que en la misma presentación—en el hotel Eurobuilding—Eduardo Fernández hizo la proposición de constituir un «consejo consultivo» que debiera proponer soluciones. Como recogió el punto un periodista local, «En síntesis, el Dr. Fernández ha propuesto que otros propongan»).
Pero es que antes, en la campaña de 1988, Fernández había intentado vendernos el jarabe de la «Democracia Nueva», y aun antes Jaime Lusinchi había logrado ganar unas elecciones al mismísimo Rafael Caldera con su promoción del elíxir del «Pacto Social». (Por ese entonces Marco Tulio Bruni Celli escribió y editó un folleto que llevaba justamente como título «El Pacto Social», por el que intentaba explicarnos en que consistía la nueva panacea. Pero su docena de páginas se extendía en afirmaciones como las siguientes: «No debemos entender por Pacto Social la…» «Es importante no confundir al Pacto Social con…», etc. Es decir, no acertó a proveer una formulación sustantiva de lo que era el bendito pacto).
Innumerables veces se ha creído en esta ilusión desprovista de eficacia. Los ideales de democracia participativa, la realidad de la emergencia de nuevos factores de influencia y poder, han llevado, es cierto, a la ampliación de los interlocutores de las «mesas democráticas» de las que debe salir el ansiado «acuerdo nacional». Así fue diseñado, por ejemplo, el consejo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), al combinar en él la presencia tradicional de líderes empresariales y líderes sindicales, con representantes de partidos, de la iglesia, de las organizaciones vecinales, etcétera. Así buscó conformarse el «Encuentro Nacional de la Sociedad Civil» organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuando su rector tomó el reto que pareció recaer, a mediados de 1992, sobre la Iglesia Católica venezolana, en respuesta a un estado de opinión nacional de gran desasosiego, que buscaba en cualquier actor o institución que pudiera hacerlo la formulación de una salida a la aguda y profunda crisis política. Pro Venezuela, las Mesas Democráticas de Matos Azócar, los encuentros que organizó José Antonio Cova, y la constante prédica de los partidos, todos fueron intentos de alcanzar ese ya mítico gran entendimiento nacional. Se cree sinceramente que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. No hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, de que no son, en sí mismos, la solución.
Estas consideraciones vienen al caso en momentos cuando, una vez más, después del evidente fracaso de numerosas iniciativas tan ilusas e ineficaces como bien intencionadas, ahora se pone no poca fe en un tal «consenso-país» auspiciado por la Coordinadora Democrática. (www.consensopais.com).
Los documentos del «consenso-país»—que incurre desde su propio nombre en la usurpación, pues «el país» no lo ha elaborado, como tampoco la Nación elaboró nuestros vetustos y ya olvidados planes «de la Nación»—indican una clase particular de proposiciones en su contenido: la de las «seudoproposiciones». Son afirmaciones tan generales como las de que hay que «reactivar la economía», «combatir la pobreza» o «eliminar el desempleo».
Era práctica ritual de muchos economistas venezolanos reunirse en diciembre de cada año durante el segundo período de Caldera—usualmente en el IESA—para echar predicciones sobre la inflación y la tasa de cambio del año siguiente. Los periodistas hacían su agosto, pues cada economista de alguno de estos «paneles de expertos» estaba muy dispuesto a conceder declaraciones. La declaración estándar era algo más o menos como lo siguiente: «Lo que propongo es un verdadero programa económico integral, armónico, coherente y creíble».
Ya el mero hecho de que tal afirmación se compusiera de un solo sustantivo y cinco adjetivos debía llamar a la sospecha. Pero, por otra parte, una sencilla prueba podía evidenciar que se trataba, en realidad, de una seudoproposición. La prueba consiste, sencillamente, en construir la proposición contraria, la que en este caso rezaría así: «Propongo un falso programa económico desintegrado, inarmónico, incoherente e increíble». Resulta evidentísimo que nadie en su sano juicio se levantaría en ningún salón a proponer tal desaguisado. Ergo, la proposición original no propone, en realidad, absolutamente nada.
Tomemos algunos casos concretos del documento base del so called «consenso-país». Por ejemplo esta seudoproposición: «Se reiniciarán o se reforzarán programas de becas, de alimentación y de dotación de útiles para los niños». (Página 39). ¿Querrá alguien oponerse proponiendo lo siguiente: «Se clausurarán o debilitarán programas de becas, de alimentación y de dotación de útiles para los niños»?
O esta otra: «Asegurar mecanismos de coordinación entre las diferentes organizaciones con responsabilidad sobre la seguridad ciudadana a nivel nacional» (Página 33). O ésta: «Establecer formas de financiamiento de largo, mediano y corto plazo, con fondos públicos y privados, en las modalidades necesarias para garantizar la eficiencia del crédito y para atender el especial perfil de riesgos de esta actividad». (Página 27).
¿Qué espera la Coordinadora Democrática? ¿Qué Chávez se oponga prometiendo formalmente mecanismos de descoordinación o modalidades innecesarias para garantizar la ineficiencia del crédito a corto, mediano y largo plazo? LEA
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