por Luis Enrique Alcalá | Sep 7, 1998 | Artículos, Política |
Era el año de 1989. Viví el 27 de febrero en Caracas, donde se sintió con más fuerza el efecto, de una parte tan sólo, del inmenso dolor social que ese día se expresó en destrucción, pillaje y represión. En muertes.
Maracaibo fue la ciudad más sensata del país ese día, y su angustia fue menor. Por suerte, entonces, poco después venía a quedarme en Maracaibo, el 10 de marzo. Trabajando aquí leí a los pocos días la proposición que luego repetiría muchas veces un grupo llamado “frente patriótico”, conducido por Juan Liscano. Convocar una asamblea constituyente.
En los siguientes años el movimiento de Liscano repitió la proposición con insistencia, hasta que en diciembre de 1991, cuando faltaba poco más de un mes para el alzamiento de Chávez y Arias Cárdenas, Juan Liscano escribió un artículo que le publicó el diario El Nacional. Se llamaba “Un proyecto totalizador”, y su argumento era que hacía falta en Venezuela un proyecto o visión de país, un esquema integrador. La conclusión del artículo era, por decir lo menos, muy curiosa, pues Liscano decía que ningún actor o movimiento político había proporcionado un proyecto totalizador, ¡ni siquiera el Frente Patriótico que solicitaba a voces la celebración de una constituyente! (Eco reciente en esta declaración de Henrique Salas Römer ante estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello: “En Venezuela hace falta un nuevo modelo político, pero yo no estoy muy seguro de cuál sea ese modelo”).
En 1989 y 1990 escribí para el diario La Columna de esta ciudad y en al menos una ocasión me referí a la proposición de la constituyente. Dije en esencia que una constituyente se justificaba en función de una visión constitucional. Es decir, cuando se tiene al menos un bosquejo de constitución distinta a la que se desea reemplazar por medio de una constituyente.
En estricto sentido racional, uno define primero qué negocio va a emprender, a qué se va a dedicar su organización, y luego piensa en la estructura de ésta. No se decide tener un departamento de diseño, o de mercadeo masivo, antes de saber si serán necesarios. Por tanto, en estricto sentido racional, uno debiera tener primero ese proyecto “totalizador” –expresión, por lo demás, demasiado cercana a la de “proyecto totalitario”– y luego pensar en la constitución; y sólo si el dibujo constitucional al que se arribe por este método resulta ser inobtenible por modificación de la constitución vigente se justifica entonces una constituyente.
Pero en el sentido más amplio la idea de una constituyente es ya irreversible, y allí tendrá que comprimirse en una sola asamblea la discusión de las visiones o proyectos de país y la de las constituciones posibles.
A su salida de Yare Chávez Frías se unió a un “frente amplio pro constituyente” del que formaba parte el “patriótico” de Liscano y otros, entre los que se encontraban Manuel Quijada y Luis Miquilena, hoy en el chavismo. Pero todavía no tenemos de este movimiento ni de ninguno de sus actores la expresión clara y completa de un proyecto de país o de constitución, ni siquiera de la constituyente que piden. Exigen la herramienta sin saber explicarnos qué producto fabricarán con ella.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 29, 1998 | Artículos, Política |
La confusión de la herramienta con el fin explica mucho de los resultados de la política nacional. La discusión pública venezolana se halla a punto de agotar los sinónimos castellanos del término conciliación. Acuerdo, pacto, concertación, entendimiento, consenso, son versiones sinónimas de una larga prédica que intenta convencernos de que la solución consiste en sentar alrededor de una mesa de discusión a los principales factores de poder de la sociedad. Nuevamente, no hay duda de que términos tales como el de conciliación o participación se refieren a muy recomendables métodos para la búsqueda de un acuerdo o pacto nacional. No debe caber duda, tampoco, que no son, en sí mismos, la solución.
Tomemos el caso, por ejemplo, de la insistente proposición de una asamblea constituyente, bandera de lucha del llamado Frente Patriótico desde 1989, asumida como lema electoral de José Antonio Cova en 1993, repropuesta por Oswaldo Alvarez Paz al término de las elecciones, voceada por Eduardo Fernández después del 4 de febrero de 1992 y prediseñada por Allan Randolph Brewer-Carías en ese mismo año, admitida como posibilidad por Rafael Caldera en su «Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela» y defendida por Hugo Chávez a partir de 1995. El problema es que el Frente Patriótico nunca presentó un proyecto de constitución, y tampoco los demás actores mencionados. Es decir, se insiste en hablar de la herramienta sin hablar del producto que ésta debe construir.
Por otra parte, el método mismo tiende a ser ineficaz. Los ideales de democracia participativa, la realidad de la emergencia de nuevos factores de influencia y poder, han llevado, es cierto, a la ampliación de los interlocutores de las «mesas democráticas» de las que debe salir el ansiado «acuerdo nacional». Así fue diseñado, por ejemplo, el consejo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), al combinar en él la presencia tradicional de líderes empresariales y líderes sindicales, con representantes de partidos, de la iglesia, de las organizaciones vecinales, etcétera. Así buscó conformarse el «Encuentro Nacional de la Sociedad Civil» organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuando su rector tomó el reto que pareció recaer, a mediados de 1992, sobre la Iglesia Católica venezolana, en respuesta a un estado de opinión nacional de gran desasosiego, que buscaba en cualquier actor o institución que pudiera hacerlo la formulación de una salida a la aguda y profunda crisis política. Pro Venezuela, la Mesa Democrática de Matos Azócar, los encuentros que organizó José Antonio Cova, el “nuevo pacto” que hace unos meses pretendió obtener Luis Alfaro Ucero, la versión paralela de Eduardo Fernández, y la constante prédica de los partidos, todos han sido intentos de alcanzar ese ya mítico gran entendimiento nacional.
La evidencia es, pues, suficiente. La oposición de intereses en torno a una mesa de discusión difícilmente, sólo por carambola, conducirá a la formulación de un diseño coherente. Es preciso cambiar de método. Y es preciso cambiar el énfasis sobre la herramienta por el énfasis en el producto.
Si la Gobernación del Zulia se encontrase ante la necesidad de construir un nuevo hospital público, seguramente no convocaría a una masiva reunión de arquitectos, médicos, pacientes, enfermeros, administradores de salud, a celebrarse en un gran espacio como el Paseo del Lago para que, «participativamente», se pusieran de acuerdo sobre el diseño del hospital. En cambio, determinaría como primera cosa, técnicamente, los criterios de diseño: debe ser un hospital para 1.500 camas, debe cubrir las especialidades tales y cuales, no debe pasar de un costo de tanto, etcétera. Una vez con tales criterios en mano, procedería a llamar a licitación a unas cuantas oficinas de arquitectura demostradamente capaces. Las oficinas de arquitectos que participaran en la licitación desarrollarían, cada una por su lado, un proyecto completo y coherente. No serían admitidas, por ejemplo, proposiciones que sólo diseñaran la sala de partos o la admisión de emergencias. Cada oficina tendría que presentar un proyecto completo. Sólo así podrían competir, la una contra la otra, en una licitación que contrastaría una proposición coherente y de conjunto contra otras equivalentes.
Este es el mismo método que debe emplearse para la emergencia de una imagen-objetivo del país o de una nueva constitución. Lo que el espacio político nacional debe alojar es una licitación política con claras reglas para la contrastación de proposiciones de conjunto.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 24, 1998 | Artículos, Política |
Así define Realpolitik el texto de la Enciclopedia Británica: “…postula que los estados buscan el engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo y que la búsqueda de ese poder se basa en la amenaza y el empleo de la fuerza militar y la coerción económica”. El término se ha extendido, más allá de la política internacional, para referirse al modelo de acción política general seguido en todos los países del planeta por la más variada colección de políticos profesionales. Algunos ejemplos han sido verdaderamente notables. En uno de los sistemas políticos más desarrollados del mundo, los nombres de Johnson, Nixon, Reagan, Bush, han descollado como fervientes practicantes de la Realpolitik.
En Venezuela no hemos dejado de tener ejemplos destacados de esta difundida corriente. Cuando en nuestro país comenzaba a discutirse sobre la elección directa de gobernadores de estado, entre sus oponentes se contaba a Manuel Peñalver, a la sazón Secretario General del partido Acción Democrática. En una ocasión fue fugazmente entrevistado por una reportera de televisión, quien le preguntó por qué no estaba a favor de esa elección directa. Peñalver miró directamente a la expectante periodista y, antes de darse vuelta y alejarse, le contestó así: “¡Porque no!”
Carlos Andrés Pérez, no hay duda, ha sido el más notorio exponente de la Realpolitik venezolana. Su caída, junto con la secuela de pérdida súbita del poder de personajes otrora poderosos y prepotentes, constituyó un proceso en principio sano para la sociedad venezolana. Sus excesos han encontrado una sanción social con efectos tan benéficos para Venezuela como los que tuviera el proceso de Watergate para los Estados Unidos. Con tal de que no incurramos en un error y en una simplificación, en una exageración de signo contrario.
En Kalki: El futuro de la Civilización, Sri Radhakrishnna postulaba una convergencia, si se nos permite el uso del término, entre la civilización oriental—de la que él era, por supuesto, un representante—y la civilización occidental, predicción que por cierto no habría satisfecho a Mohatmas Gandhi en sus momentos de mayor ironía, pues a éste le preguntó una vez un periodista: “¿qué opina Ud. de la civilización occidental?” Gandhi replicó: “Me parece una buena idea”.
Radhakrishnan, en un pasaje del libro mencionado, discutía el fundamento ético del protocolo de Ginebra que proscribe el empleo de gases y armas bacteriológicas (1925) en los conflictos bélicos. No le parecía consistente que fuera permitido achicharrar a decenas de personas con bombas incendiarias o que fuese comme il faut atravesar el cerebro de alguien con una bayoneta, mientras se consideraba un atentado contra la urbanidad de la guerra el uso de un gas venenoso. Para Radhakrishnan esto equivalía a criticar a un lobo “no porque se comiese al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos”. Es decir, opinaba que el protocolo de Ginebra no era otra cosa que un ejercicio de hipocresía.
Casos recientes
Entre los críticos de las más aberrantes conductas políticas de la Realpolitik, es frecuente encontrar personas que incurren en prácticas cualitativamente muy parecidas, si no idénticas, a las de otras personas a quienes censuran con gran energía. Por referirnos a un caso venezolano, un prestigioso líder empresarial de medios de comunicación, muy elocuente censor de la presencia del fallecido Pedro R. Tinoco hijo en el Banco Central de Venezuela, decía al autor de este artículo en agosto de 1990: “Lo que hay que hacer es seleccionar y colocar a los hombres del Presidente, como lo hemos hecho con los del Presidente Pérez”. (Estaba refiriéndose a la “tarea” que habría que cumplir en relación con el presidente del actual período constitucional, pues ya “el mandado estaba hecho” con Carlos Andrés Pérez). O sea, admitía la utilidad de la influencia del sector empresarial sobre la política, sólo que tal influencia “debía” ejercerse indirectamente, por interpuesta persona.
En el penoso caso del Banco Latino, no hay duda, una buena parte de su depuesto liderazgo llegó a constituir un ejemplo patológico de Realpolitik. El más deplorable rasgo de esa patología tal vez venga expresado en la instalación de una capacidad de intervención—al decir del diputado Pablo Medina—de mil teléfonos de red y cien teléfonos celulares en uno de los pisos del Centro Financiero Latino.
El principal accionista y presidente de una de las empresas que servía al Latino, en diciembre de 1992, reunió a todos sus empleados en un hotel capitalino, a quienes confrontó con una persona a quien presentó como su abogado y con una caja de tamaño considerable llena de cassettes de audio y de video. A continuación explicó que los cassettes contenían grabaciones de sus empleados y que las mismas eran evidencia de faltas de clases diversas: consumo de drogas, negocios personales conducidos en tiempo debido a la compañía, hurtos y otras conductas reprobables. Luego declaró un receso de varios minutos, no sin antes expresar su esperanza de que las personas incursas en las conductas aludidas no regresasen al salón en el que se efectuaba la grotesca sesión intimidatoria.
Tampoco ayatollahs
El país debe saludar con satisfacción la terrible derrota que puedan sufrir los más conspicuos exponentes de esa política “realista”. Debe poner su esperanza en que tan dañino código ético, predominante en la política venezolana, sea suplantado por un código ético saludable. Pero debe estar atento para que esa suplantación no sea efectuada por un código ético fundamentalista, por un código de ayatollahs. No debe permitirse a un grupo de personas erigirse en santones determinantes de quiénes irán al infierno y quiénes al purgatorio, sobre todo cuando entre ellas se encuentran algunas que comen cordero con cubiertos.
El fundamentalismo es una postura igualmente simplista y muy peligrosa socialmente. Es la postura de Khomeini, es la que lleva a decretar la muerte de Salman Rushdie, es la que MacCarthy asumía en los Estados Unidos de los años cincuenta, es la que personificó Robespierre durante la época del Terror durante la Revolución Francesa.
La época del macarthismo se caracterizó por excesos que afectaron a personas dignas y útiles a la sociedad norteamericana, en la caza de brujas desatada por aquellos años. Los resultados de la política fundamentalista en esa fase de la Revolución Francesa configuran una lección histórica que no conviene olvidar. Aun cuando, en teoría, la Revolución era un movimiento a favor de las clases más bajas de la sociedad francesa de fines del siglo XVIII, la distribución por clases sociales de las víctimas del Terror arroja un resultado paradójico y terrible: el 7 y el 8% de los ejecutados provenían, respectivamente, del clero y de la nobleza, en tanto que 31% pertenecía a la clase trabajadora, 28% era de la clase de los campesinos y un 11% adicional correspondía a la clase media baja.
Los procesos sociales guiados por un código fundamentalista tienden a salirse de control con rapidez, y de hecho son iniciados, muchas veces, bajo el manto de imagen de sus moralistas postulados por actores sociales que en realidad emplean técnicas de Realpolitik de modo disimulado. El puño de hierro dentro del guante de seda de Metternich.
Saludemos pues, el descalabro sufrido por una versión criolla de la Realpolitik y la posibilidad de que continuemos progresando en esa dirección. Evitemos, sin embargo, el ayatolismo. La sociedad venezolana debe sustituir el malsano código ético de la política “realista” por un código mucho más maduro que el de los santones fundamentalistas. Un código clínico, que libre por todos, que reconcilie a todos, que castigue y expurgue lo que es debido, sin incurrir en los excesos destructivos e hipócritas de una inquisición que sería incapaz de dar de comer a los venezolanos.
Después de agotar gestos dramáticos, un gobierno que se conformase con un despliegue de actos justicieros, pronto se vería en graves problemas. Los Electores necesitamos justicia, no hay duda. Pero la justicia que necesitamos, más que la justicia en contra de algunos muy culpables delincuentes, es la justicia a favor de las necesidades del pueblo. Además de la guillotina, ¿tiene otra cosa que ofrecer al pueblo el más notorio demagogo de la política venezolana?
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 22, 1998 | Artículos, Política |
Muy cerca nos encontramos del sexagésimo aniversario de uno de los más vergonzosos pactos políticos de la historia mundial. El 30 de septiembre de 1938 se firmó en la ciudad alemana de Munich un acuerdo entre los gobiernos de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania para consagrar, a espaldas del pueblo y el gobierno de Checoslovaquia, una amputación de población y territorio exigida por Adolfo Hitler, concedida por Chamberlain y Daladier, con el beneplácito de Mussolini, el líder de la Italia fascista. Por el acuerdo se concedía a la Alemania nazi el territorio de los sudeten, pobladores de Checoslovaquia de habla alemana.
La ceguera de los líderes occidentales ostentaba proporciones rayanas en la estupidez. Hitler acababa de “anexarse” a Austria, luego de una muy bien preparada campaña de terrorismo y amedrentamiento y había violado expresas prohibiciones del Tratado de Versalles con la remilitarización de la Renania y la reconstrucción de una fuerza aérea ofensiva que, ante los ojos del mundo, fue exhibida cruel y desvergonzadamente durante la Guerra Civil Española en 1937 y cuyas atrocidades proveyeron las atribuladas imágenes que el genio malagueño plasmó en el lienzo de Guernika.
El regreso de Chamberlain
A pesar de estas inconfundibles señales, Hitler se salió con la suya. Ya el solo hecho de que la apresurada conferencia se celebrase en suelo alemán era un signo clarísimo de la debilidad o la falta de carácter de los gobernantes inglés y francés. Un angustiado Edvard Benes, el presidente de Checoslovaquia, sufrió la humillación de hacer larguísima antesala sin que nunca se le permitiera entrar al quirófano de Munich, en el que los cirujanos de cuatro países más poderosos cercenaban una extensa porción de su república. Al culminar la quirúrgica cumbre Neville Chamberlain, el primer ministro inglés, abordó su bimotor Lockheed y regresó a Inglaterra. Descendió del aeroplano agitando su copia del acuerdo y ante una multitud aliviada indicó orgulloso que la reunión aseguraba largos años de paz para Europa, pues tenía la palabra de Hitler: “Never to go to war with one another again”. El acuerdo no llegó a cumplir siquiera un año: luego de otras astucias y duplicidades, Hitler invadió Polonia el 1º de septiembre de 1939. Fue sólo después de este injustificado acto de agresión que Francia e Inglaterra despertaron a la realidad: el 3 de septiembre se daba inicio a la II Guerra Mundial, con la declaración de hostilidades inglesa y francesa. La pusilánime transacción de Munich dejó como saldo seis años de guerra y cincuenta millones de cadáveres.
………
A escalas menores, pero no por eso menos preocupantes para nosotros, el efecto Munich empieza a hacer estragos en algunos empresarios y banqueros venezolanos y en algunos de sus consejeros, que atemorizados por lo que las encuestas de opinión registran respecto de la intención de voto—por ahora—han comenzado una cobarde capitulación ante la candidatura de Hugo Chávez Frías. Así, le adulan recomendándole un cambio de imagen y le compran decenas de trajes de precio millonario de un conocido sastre caraqueño; le ofrecen cenas íntimas quienes se dicen “hombres de números” que deben hacer caso de las encuestas; le entregan millones de bolívares; le ponen a su disposición aviones que lo trasladen en sus giras. He escuchado de labios de algún abogado que se mueve en “los mejores círculos” la peregrina idea de que hay que acercarse a Chávez con una “bolsa de real” y ofrecérsela a cambio de que consienta en nombrar tales y cuales ministros que asegurarían que el inefable sector privado venezolano permaneciese intocado. He oído que no hay que preocuparse mucho por Chávez porque él no querría tanto gobernar desde Miraflores como vivir en La Casona, y que por eso sería susceptible a la adulación que le domesticaría.
Y esa actitud no es menos ingenua que la de Chamberlain y Daladier. Como Hitler con el tristemente célebre putsch de la cervecería, Chávez marcó su origen político con un fracasado intento de tomar el poder por la fuerza. Como Hitler con sus camisas pardas, Chávez ha organizado fuerzas de choque a las que ha juramentado para combatir en caso de que su “inevitable” triunfo electoral le sea desconocido. Como Hitler ante el envejecido Hindenburg, ha querido adelantar las elecciones presidenciales para recortar el período de nuestro anciano presidente.
Los timoratos ricachones que pretenden salvarse de una previsible degollina chavista están ellos mismos anudándose la soga al cuello. Que sepan que entre los más íntimos colaboradores de Chávez se cuentan quienes opinan que “este país se arregla con tres mil entierros de primera clase”.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 17, 1998 | Artículos, Política |
De la miríada de acciones públicas que es preciso acometer en Venezuela—tal es la insuficiencia política que la aqueja, tan evidente y general es el deterioro de los asuntos públicos—quizás ninguna es tan fundamental como la de instalarle un nuevo sistema operativo al Estado. Hay una enfermedad sistémica y constitucional en el aparato político nacional, y esta condición afecta e impide prácticamente a todas las funciones del Estado. De allí que resulte ser crucial dotar a éste de una nueva Constitución, pues ésta es necesaria para un diseño metapolítico que venga a ser una verdadera metamorfosis en la arquitectura del Estado, que le convierta en un nuevo Estado capaz de digerir los gigantescos cambios—tecnológicos, políticos, perceptuales—acaecidos en el planeta en las últimas décadas, capaz de corregir las profundas distorsiones y malformaciones introducidas en la práctica política común en nuestra Nación, capaz de permitir la democracia que hoy es exigible, capaz de expresar un paradigma político que sustituya al muy insuficiente y ya claramente dañino paradigma prevaleciente.
Nuestros políticos han resucitado en los últimos años una noción que ya era de uso común en la ciencia política de la década de los años sesenta: el concepto de gobernabilidad. Y esto es una admisión de que las artes aprendidas por los actores políticos convencionales son cada vez menos eficaces, y que su capacidad para conducir el negocio público es cada vez menor.
En gran medida esa gobernabilidad añorada por políticos crecientemente confundidos es impedida por la camisa de fuerza de un concepto de Estado que ya no puede responder adecuadamente a las necesidades públicas. La Constitución vigente, elaborada y decretada en 1961 por un Congreso que no estaba facultado para esa tarea, probablemente era un admirable texto en muchos sentidos, aunque su carácter programático hubiera impuesto al Estado cargas y compromisos imposibles de cumplir. Pero en 1961 era bastante difícil prever la perestroika rusa, la emergencia de la civilización informática, la planetización de la economía, la búsqueda de la unión política europea, la explosión del tema ecológico, para citar sólo unos cuantos de los inmensos procesos que han cambiado la faz política del mundo. Así, la necesidad de una nueva Constitución no equivale a una crítica del constituyente no autorizado de 1961. Basta con reconocer que nuevos y enormes factores requieren que el Estado venezolano sea repensado.
No se trata, sin embargo, de que la solución a este problema crucial pueda darse mediante la mera reforma del texto constitucional. No se trata de remendar con modificaciones puntuales el concepto de Estado que fuera delineado en 1961. Se trata, en verdad, de concebir un nuevo Estado, de diseñar un Estado diferente.
Ahora bien, el Congreso de la República no está facultado para acometer esa tarea. El Dr. Angel Fajardo explica el punto con mucha claridad cuando nos dice que la facultad de reformar la Constitución no equivale a “la facultad de dar una nueva Constitución… pues esto sería función propia de un poder constituyente y el legislador ordinario no lo es”.
La doctrina constitucional generalmente aceptada establece que el poder supremo dentro de un Estado como el venezolano es el del poder constituyente original, básico, o primario. Este poder constituyente no es otro que el del conjunto de ciudadanos de la Nación. Se trata de un poder absoluto, verdaderamente dictatorial: “El poder constituyente es un derecho natural que tiene todo pueblo, ya que este derecho viene a ser un aspecto de la soberanía del Estado, es una consecuencia del hecho mismo del nacimiento del Estado, y el pueblo, cuando se constituye en poder constituyente, no se encuentra vinculado a ninguna norma constitucional anterior, su única vinculación la tiene el hecho de ser pueblo libre y soberano, y, por eso, es un derecho perpetuo que sigue subsistiendo después de ser creada la constitución”. (Esto escribe Fajardo en su “Compendio de Derecho Constitucional”, Caracas, 1987).
Además de este poder original y supremo, no sujeto ni siquiera a la Constitución vigente ni a ninguna anterior, el Congreso de la República es un poder constituyente constituido, y limitado en su función reformadora en dos sentidos.
Es decir, el Congreso de la República tiene el papel principal, según lo dispuesto en la Constitución vigente, para enmendarla o reformarla, sujeto, en primer término, a la aprobación de una mayoría calificada de las asambleas legislativas estatales (en el caso de enmiendas) o del pueblo mismo en referéndum (en el caso de reformas).
Pero hay todavía una limitación más básica, como explica Angel Fajardo en la obra citada: “El órgano cuya función consiste en reformar la Constitución, es el denominado poder constituyente constituido, derivado, etc., y cuya facultad le viene de la misma Constitución al ser incluido este poder en la ley fundamental por el poder constituyente; de modo, que la facultad de reformar la Constitución contiene, pues, tan sólo la facultad de practicar en las prescripciones legal-constitucionales, reformas, adiciones, refundiciones, supresiones…; pero manteniendo la Constitución; no la facultad de dar una nueva Constitución, ni tampoco la de reformar, ensanchar o sustituir por otro el propio fundamento de esta competencia de revisión constitucional, pues esto sería función propia de un poder constituyente y el legislador ordinario no lo es, él sólo tiene una función extraordinaria para reformar lo que está hecho, no para cambiar sus principios y aún menos para seguir un procedimiento distinto al establecido por el poder constituyente”.
Esto significa que de aceptarse la tesis de que se requiere una nueva constitución, el Congreso de la República no es el órgano llamado a producirla, puesto que excedería sus facultades. En este caso la única forma admisible de proveernos de una constitución nueva, urgentemente necesaria, sería la de convocar una Asamblea Constituyente.
El punto ha sido levantado insistentemente en los últimos ocho a diez años, y es sólo ahora que uno de los aspirantes a la Primera Magistratura Nacional pareciera querer apropiarse de la idea. Dicho sea de paso, los proponentes consuetudinarios de una Asamblea Constituyente nunca han esbozado siquiera el dibujo general de una nueva constitución, principalmente porque entienden a aquélla más como un modo de sustituir actores políticos tradicionales que como el medio sereno de arribar a un nuevo diseño del Estado.
Pero la necesidad está allí, y la capacidad de un trabajo serio y sistemático para dotarnos de un nuevo Estado también. Basta que formulemos reglas sensatas para la conformación y elección de los miembros de esa asamblea. Elegidos uninominalmente, reclutados no sólo entre expertos en derecho público e historiadores sino dando cabida al conocimiento de organizaciones y sistemas y de tendencias gruesas en la evolución de la humanidad y sus naciones, y exigidos de exhibir como su legitimación su idea de constitución preferible, conformaríamos con ellos un cuerpo constituyente con mayores probabilidades de producir el trabajo que se requiere.
Negar que esto sea posible en Venezuela es, una vez más, incurrir en el sempiterno error de subestimar a la Nación. Tenerle miedo a una constituyente es desconfiar injustificadamente de nuestras capacidades. Tenerle miedo a una constituyente es creer que abogar por ella equivale a apoyar a un golpista fracasado y radical.
La apelación a una Asamblea Constituyente se produciría de un modo más
democrático si tuviese su origen en un referéndum positivo. Y la nueva Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política establece la figura del referéndum y también establece que éste puede ser convocado irrecusablemente, por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por el Congreso de la República en sesión conjunta por una mayoría de dos tercios, y por 10% de los Electores registrados.
Una de las raíces de la aprensión expresada por muchos políticos ante la posibilidad de una Asamblea o Convención Constituyente es la confusión entre estos órganos y el poder constituyente mismo. Se trata de dos cosas distintas. El poder constituyente somos los Electores mismos. Los miembros de un órgano constituyente elegido, llámese asamblea o convención (distinción de Bunimov Parra) son, en cambio, unos apoderados, y como tales pueden recibir de nosotros un poder estrictamente limitado a la redacción de un nuevo proyecto constitucional en amplia consulta con los propios Electores y las muchas organizaciones del país. El riesgo de arbitrariedad sólo ocurriría si los Electores fuésemos tan necios como para dar a los diputados constituyentes poderes ilimitados.
No hay excusas para oponerse a la necesidad fundamental de la Constituyente. El presidente Rafael Caldera, uno de los padres de la actual Constitución, tiene en sus manos la facultad de convocar el referéndum consultivo que la ponga en marcha. En 1983 el suscrito proponía un tratamiento al “desfase entre el mayor desarrollo político del pueblo y el estancamiento de las instituciones políticas diseñadas en 1961”: “Más que la apremiante situación económica, a la que, naturalmente, había que buscar solución, era necesario acometer reformas constitucionales de gran vuelo, y yo suponía que Caldera, redactor principal de la Constitución de ese año, podría ser el indicado para liderizar una reconstitución nacional”. Ahora que concluye su último mandato constitucional, tiene la concreta posibilidad de abrir el camino a los nuevos constituyentes.
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